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Derecho Internacional Privado

 


HECTOR RODRIGUEZ ESPINOZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

CASOS RELEVANTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO
Pág.

Ensayo de Víctor Carlos García Moreno ………............................           6
Art. 121 Constitucional comentado. Jaime Cárdenas García. ..........      77
                Víctor Carlos García Moreno ………….............................       85
Material del texto de Leonel Péreznieto Castro. ................................     89
Casos relevantes ……………………………………………………..….   105  


Viven 12 millones de personas como esclavos: OIT. LA GRAN MAYORÍA DE LOS TRABAJOS FORZADOS -CASI 10 MILLONES- OCURREN EN ASIA Y LA REGIÓN DEL PACÍFICO, DONDE EL TRÁFICO DE PERSONAS CON FINES SEXUALES VA EN AUMENTO
HOLANDA RECHAZA LA CONSTITUCIÓN EUROPEA CON MÁS DE 60% DE VOTOS. El primer ministro se declara "decepcionado", pero asegura que se respetará la decisión. Crecen preferencias por el no en Luxemburgo; la UE seguirá con el proceso de ratificación
Editorial, La Constitución Europea se deshoja
Prevé el Banco México que este año las remesas serán por 20 mil
millones de dólares. HISPANOS, OBJETIVO DE LA BANCA DE EU; ABRIERON 400 MIL CUENTAS EN 18 MESES. Cada año son expulsados del país cientos de miles de trabajadores ante el desempleo

Aprueba Suiza derechos a homosexuales
Divulgan los resultados del referéndum que los suizos aprueban el ingreso a la zona europea libre de pasaportes para el 2007 y se declaran a favor de ampliar las leyes a los gays en materia impositiva y jubilatoria
El Estado laico.
Fomenta el respeto de derechos laborales en empresas. SE SUMA EL GOBIERNO MEXICANO AL PACTO MUNDIAL DE LA ONU

Castañeda hará denuncia ante CIDH a fin de mes
Miguel Carbonell/ La batalla por la Suprema Corte
Le impide ser candidato. CASTAÑEDA ACUSA ANTE LA CIDH AL ESTADO MEXICANO
 La niña de Pataya. Mario Vargas Llosa ................................................
Deportados. Carmen Hernáiz. ................................................................
Otorga un juez la propiedad a Columbia Pictures. Pierde Mario Moreno Ivanova los derechos de 34 películas de Cantinflas..........................................
Desechan jueces argumentos estadunidenses: Davidow. Peligroso, que se impida a EU juzgar delincuentes mexicanos. .............................................  Detienen en Tailandia a pederasta estadunidense. Tenía en México una supuesta casa hogar donde atendía a menores en situación de calle. ............
Crímenes en Guatemala serán investigados por Corte española. Menchú pidió a la Corte Nacional de España en 1999 que investigará miles de asesinatos y desapariciones en Guatemala. ....................................................
Secuestradores de avión cubano serán juzgados por EU. .................... Congreso belga a favor de cambiar ley que paralizaría proceso a Sharon
Gana 'narco' lotería; impide en EU cobro. Resuelve Corte que la esposa de Rafael Quiroz, condenado a cadena perpetua, no podrá cobrar 350 mil dólares por una orden de embargo.  ................................................................
Sentencian en EU a Hussein y Bin Laden por atentados de 11-s. Determina juez que existieron vínculos entre el ex dirigente iraquí y la red al-qaeda; de ser capturados tendrían que indemnizar a las familias de dos víctimas
Demandan a Franks en un tribunal belga. ............................................
La justicia transnacional en la S. Corte de EU. Luis Peraza Parga. ......
Escándalo en EU por el soborno de TMM. Presumen que corrompió a un juez para postergar pagos; congelan compra-venta de acciones en México; caen 7.66% en NY. ...........................................................................................
 Rechaza el TSJ de Veracruz elevar de 16 a 18 años la edad penal. No violamos ningún Tratado, sostiene su titular. ....................................................
Jueza de EU rechaza a mujer usar velo en foto de carnet. ...................
Solicitarán a México extradite a Ariz. A presunto sacerdote pederasta.
Detiene cuba a estadunidense que mantenía retenidos a dos hijos. Cuba enjuiciará a padre secuestrador. Comparan el caso con el del balserito Elián González. ..........................................................................................................
Desde las entrañas del monstruo. ¿Necesitará México una ley de acción de afirmativa? ...................................................................................................
Muere actriz francesa golpeada por novio. ..........................................
 Declara esposa de Arjona. Leslie Torres acude al juzgado 30 de lo familiar del tribunal superior de justicia del DF. ..............................................
Denuncian a Pavarotti por incumplir contrato en Gro. .........................
Atraerá la Unión Europea el litigio entre la holandesa ING y la empresa Fertinal. ...........................................................................................................
Caso ESTADOS UNIDOS VS. HUMBERTO ALVAREZ MACHAIN" Ny 91 – 712. CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS. Argumentada el le de abril de 1992. Decidida el 15 de junio de 1992. En relación al Writ de Certiorari de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito.
Autorizan a Alvarez Machain demandar a gobierno de EU. Podrá exigir una indemnización monetaria por los daños que sufrió después que la DEA ordenó en 1990 secuestrarlo y trasladarlo a EU, donde fue encarcelado
El gobierno de EU pide anular fallo sobre el secuestro. El caso Alvarez Machain reaparece en la polémica sobre lucha antiterrorista. .......................
Accionistas de TV azteca demandan a Salinas Pliego en un Tribunal de EU. La televisora y su propietario negaron vínculos con inversionistas que salvaron a Unefon. En cuestión, la operación de deuda en la que el magnate ganó 200 millones de dólares. ........................................................................
 Los Salinas. Carmen Aristegui F. .........................................................
MÁS CASOS
 Anuncia Profepa sanción a barco de EU. ..................................................
 Merrill Lynch recomienda a inversionistas vender esos títulos y
los de Electra. ............................................................................................................
Cuestionan competencia en caso Caballo. ................................................
EU se retira de protocolo de Viena y aclara que no afecta casos de 51 mexicanos
Busca Pentágono maniobra para eludir la ley. Destino: La tortura
La firma estadunidense alega sobrepago y su contraparte exige 5.2 mdd de regalías. ROMPIÓ TELEVISA CON UNIVISIÓN Y LA DEMANDA ANTE CORTE DE NUEVA YORK. La televisora mexicana prevé seguir como el principal proveedor de contenidos
Princesa saudita pasaría 70 años presa por tener esclavas en EU.
Un grupo de empresas madereras estadounidenses reta la legalidad del TLC
Por el bloqueo, caen a la mitad los viajes a la isla de cubanos
residentes en EU. NIEGA JUEZ EXTRADICIÓN DE POSADA CARRILES A VENEZUELA O A CUBA. P. 153.

Lo custodiará la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos
Funcionaria de la embajada de EU en México es reclamada por Italia; la acusan de un secuestro 2005-10-02 )
Le impide ser candidato. CASTAÑEDA ACUSA ANTE LA CIDH AL ESTADO MEXICANO
DETIENEN A PAREJA HOLANDESA; COMPRARON BEBÉ EN COLOMBIA
Trágico destino de niños rusos en EU. Violentos padres adoptivos
Deben dar pensión alimenticia aún en EU. Cuentan 21 estados de EU con reconocimientos de reciprocidad de las leyes mexicanas, lo que permite ejecutar en sus territorios las pensiones ya determinadas en México

Solicita la UNAM al INM explicar las razones de la súbita expulsión de Miguel Ángel Beltrán. En 2001 hizo aquí su examen para el doctorado en estudios latinoamericanos, con mención honorífica

Reversa en California a matrimonios gays. La Corte avala votación que los prohíbe; mantienen derechos quienes se casaron antes de la consulta

 

 NOTA: La fórmula IRAC para analizar los casos consiste en:
 Issue: Asunto, problema, caso.
 Rule: Regla aplicable al caso.
 Application: Análisis y/o Aplicación de la regla al caso.
 Conclusión. Conclusión del alumno sobre la correcta o incorrecta aplicación de la regla aplicable al caso.

FÓRMULA IRAC
Esta es una herramienta útil para exposiciones y argumentación jurídica, y al mismo tiempo encontrarse con una cuestión de actualidad que, vista desde las frías normas, es muy interesante.
El modelo IRAC -parte del folklore académico del derecho norteamericano-es una sigla que alude a lo siguiente: Issue, Rules, Analysis, Conclusions.
En orden sucesivo, se trataría de plantear y abordar el tratamiento de un tema jurídico conforme a la secuencia pautada por esos rótulos, analizando en orden sucesivo:
-I. La cuestión o asunto sobre que versa esencialmente el caso.
-R. Las normas o reglas que se pueden relacionar con él.
-A. (Hay problemas con la “A”: algunos le llaman también “application”, y otros “alternatives”.
Independientemente de ello, consiste en una mezcla de todo: analizar la aplicación de las reglas plausibles al caso, cómo sería el funcionamiento de las mismas en orden a la solución, y explicar por qué hay determinadas soluciones que resultan incorrectas/inconvenientes.
-C. La conclusión puede ser simple (la resolución del caso) o más comprensiva (la identificación de una regla o principio general que funciona para resolver cierta familia de casos).
Aunque hay otros métodos similares, la estructura del IRAC es la más difundida en universidades norteamericanas. Algunos hablan de FIRAC, pues incluyen como fase previa la identificación de los hechos (Facts) para después determinar sobre esa base material las “Issues” o asuntos jurídicos relevantes.
Así, podríamos pensar en
(F) la descripción de un accidente que causó lesión –dentro de esto tendremos algunos hechos relevantes y otros irrelevantes–;
(I) la cuestión jurídica sería la responsabilidad refleja del dueño de la cosa riesgosa;
(R) las reglas aplicables serían las del Código Penal o del Código Civil;
(A) el análisis del caso nos debe persuadir de que no existe culpa de la víctima o alguna razón que obste a la aplicación de la responsabilidad objetiva;
(C) la conclusión estará dada por nuestro corolario legal acerca del caso que, como se ha dicho, puede ser “generalizable”.

Para no abogados: Comentario del caso según la percepción y experiencia profesional del estudiante.
 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHO CONFLICTUAL

Víctor Carlos GARCÍA MORENO

SUMARIO: 1. Objeto y contenido del derecho internacional privado (DIPr). II. Fuentes del derecho de los conflictos de leyes. III. Reformas de 1988 a la legislación civil en materia de derecho internacional privado. IV. Proyectos de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado. V. Contenido de las reformas de 1988 en materia civil. VI. Contenido de las reformas de 1988 en materia procesal civil. VII. Reformas al Código de Comercio en lo relativo a Derecho Internacional Privado. VIII. El Estado federal y los conflictos de leyes. IX. Las diversas fracciones del artículo 121 constitucional. Anexos. 1. Decreto por el que se reforma y adiciona el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal. II. Decreto por el que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles. III. Reformas al Código de Comercio del 4 de enero de 1989. IV. Concordancias entre los artículos reformados y adicionados del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles. V. Relación de conventos de las CIDIP firmados México. Bibliografía.
I. OBJETO Y CONTENIDO DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (DIPr)

El estudio que cada individuo puede hacer de su marco de vida, por su propia cuenta o a través de terceros, prensa, radio, televisión, etcétera, le enseña que las personas integrantes de las poblaciones constitutivas de los diferentes Estados tienen entre sí numerosas relaciones de tipo jurídico; el desarrollo de las comunicaciones, de todo tipo, las aspiraciones de los hombres para conocer nuevos mundos, nuevos horizontes y las necesidades del comercio internacional son factores que, entre otros, han provocado un acercamiento y una intercomunicación cada vez más gran de, tanto cuantitativa como cualitativamente, entre personas físicas y morales, pertenecientes a sistemas jurídicos diferentes. En efecto, podemos comprobar que nuestra época se caracteriza por una actividad económica, política, social, cultural y jurídica que constantemente rebasa fronteras.

Jurídicamente este hecho adquiere una importancia capital en el sentido de que una relación jurídica, un acto o un hecho jurídico, podrá estar vinculado con varios ordenamientos jurídicos a la vez.
¿Cuál es la ley que se aplicará para resolver el problema de responsabilidad civil planteado por el accidente de un avión DC-10 de una línea aérea turca, en París, en el cual viajaban personas de diferentes nacionalidades, mismo que fue construido por una empresa norteamericana?

¿Cuál es la ley que regirá, en México, el divorcio entre un boliviano y una norteamericana residentes en el estado de Nueva York?
¿Cuál, es la ley que regirá la adopción de un niño vietnamita por un matrimonio francés -realizada en los Estados Unidos de América?
Podríamos multiplicar los ejemplos en materia de contratos, matrimonio, filiación, comercio, etcétera, y también podríamos decir que han sido varias -las respuestas -a estas preguntas a lo largo de la historia del derecho.  Pero por ahora nos interesa saber, ante todo, cuál es el objeto de la materia que nos ocupa y cuál el contenido jurídico que cubre.

1. El objeto del derecho internacional privado
Si partimos del principio según el, cual las actividades humanas son el fundamento de cualquier sistema jurídico podemos entonces decir, a partir del estudio de los ejemplos arriba mencionados, que se trata de un cierto tipo de relaciones jurídicas cuyos elementos constitutivos pertenecen a sistemas jurídicos diferentes en el espacio, es decir, sistemas susceptibles de aplicarse al mismo tiempo para resolver el mismo problema jurídico en virtud de que los elementos constitutivos de la relación, objeto del problema, están vinculados con uno y otro de estos ordenamientos jurídicos.
Cabe señalar, también, que la mayoría de dichas relaciones se ubican generalmente en el campo del derecho privado: civil y mercantil, sobre todo; lo que hizo sostener a varios autores que el objeto o el fin del DIPr era la reglamentación de las relaciones privadas entre personas en el marco internacional, personas físicas o morales, lo que lo diferencia del derecho internacional público, cuyos sujetos Son los Estados actuando como tales, y cuyo objeto es la regulación de las relaciones entre dichos Estados. 

Sin embargo, podemos comprobar que en nuestra época, ciertas relaciones jurídicas que anteriormente pertenecían estrictamente al derecho privado ahora están reguladas por normas de derecho público debido a la intervención cada vez más frecuente de los Estados en las relaciones entre particulares, La terminología misma, “derecho internacional privado”, que empezó a ser utilizada durante el siglo pasado (Story; Foelix: 1843) es muy seriamente cuestionada en nuestra época. En efecto, podríamos decir, siguiendo a Niboyet, que el derecho objeto de la materia no es “ni internacional ni privado”. Comprobamos, por un lado, que la casi totalidad de las soluciones a los problemas planteados se resuelven por medio de las legislaciones internas de cada país y que, por otro lado, el objeto mismo de la materia rebasa ya, en una amplia medida, las fronteras del derecho privado. En otro orden de argumentos, se puede también objetar que la distinción entre derecho público y derecho privado sea totalmente obsoleta, y que en realidad no existen criterios seguros y universales que nos permitan afirmar que una materia jurídica pertenece bien al derecho público, bien al derecho privado.
Con base en estos argumentos, una corriente moderna ha vuelto a plantear el problema del objeto del derecho internacional privado, y ha llegado a difundir tal objeto como “la reglamentación de la vida internacional de los individuos.” Comprobamos que se trata de una definición mucho más amplia que la anterior, puesto que no reduce el campo del derecho internacional privado a las relaciones jurídicas de estricto derecho privado, sino que engloba cualquier tipo de relación aun cuando deba ser regida por una norma jurídica del llamado derecho público.

2. ¿El derecho de los conflictos de leves como parte del DIPr?
En México se considera, generalmente, que el contenido de la materia jurídica llamada derecho internacional privado se divide en cuatro partes según el modelo francés de enseñanza en las universidades. Estas cuatro partes son: nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, conflictos de leyes y conflictos de competencia judicial o conflictos de jurisdicciones. Muchos países en el mundo, por motivos propios o sin motivo, han adoptado este contenido del DIPr, y así se enseña en sus facultades y escuelas de derecho. Sin embargo, otros países han adoptado un contenido diferente; así, por ejemplo, los países anglosajones reducen el con tenido del DrPr a los conflictos de leyes y a los conflictos de competencia judicial, y lo denominan conflict of laws o choice of law. Otros, como Italia o Alemania, contemplan única y exclusivamente a los conflictos de leyes como contenido del DIPr; las otras partes como nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros y conflictos de competencia judicial pertenecen y son enseñadas en otras materias jurídicas.

Comprobamos, una vez más que la denominación “derecho internacional privado” no es verdaderamente la adecuada en virtud de que cubre realidades diversas, según los diferentes sistemas jurídicos en vigor en el mundo. Sin embargo, nos damos cuenta que existe un punto común entre ellos, a saber: la presencia de la parte llamada “conflictos de leyes”. Pensamos entonces que la terminología derecho internacional privado se ha seguido utilizando por razones prácticas o porque no se ha encontrado una mejor, en el entendimiento de que todos los estudiosos de la materia saben perfectamente bien que dicha denominación cubre un contenido diferente según el país en el cual se esté utilizando. No obstante, somos de la opinión que se debería seguir buscando un término más adecuado tomando en consideración que la esencia misma de lo que hasta ahora se ha denominado derecho internacional privado es en realidad el conflicto de leyes, parte común a todos los sistemas, y que las demás partes podrían ser estudiadas y comprendidas en otras materias jurídicas tales como el derecho constitucional y el derecho administrativo, entre otras, y en México, consideramos que con más razón, en virtud de que la nacionalidad es un principio que figura en la Constitución Política y que es poco probable que sea tomada en consideración por nuestro sistema jurídicos para resolver un problema planteado por un conflicto de leyes. En Italia, que es probablemente el país en el cual se utiliza con más frecuencia la nacionalidad como punto de control, el estudio del DIPr no incluye a la nacionalidad.

El propósito de este trabajo es entonces llevar a cabo un estudio bastante somero de los problemas que plantean las relaciones jurídicas vinculadas con varios sistemas jurídicos a la vez y. las diferentes maneras de solucionarlos, desde el momento en que se trata de saber cuál es el juez competente para conocer el asunto hasta la ejecución de la sentencia dictada por dicho juez en su propio país y en los demás países en los cuales las partes del juicio tienen interés en que dicha sentencia sea ejecutada o reconocida; entre estas dos fases se plantea para el juez el problema de saber qué ley o cuáles leyes van a aplicar para resolver el problema planteado, porque según el sistema jurídico, la solución variará quedando entendido que la propia lev nacional del juez (lex fori) no será forzosamente la que se aplicará en todos los casos, por lo menos en la parte sustantiva. El juez tratará de determinar la ley aplicable con base en ciertas normas que integran su sistema jurídico, y son precisamente dichas normas, tanto en su interpretación como en su aplicación, las que suscitan los principales problemas estudiados en la materia de conflictos de leyes. La lógica debería normalmente llevarnos a estudiar primero la cuestión de la competencia en virtud de que para nosotros es el primer problema que se plantea a cualquier abogado encargado de un caso de conflicto de leyes y que además reviste una importancia capital en el momento de pedir la ejecución de una sentencia o de un laudo en cualquier otro país diferente de aquel en el cual se ha dictado dicho fallo. Pero, por razones prácticas y didácticas, preferimos reagrupar bajo el mismo rubro todo lo que se refiere a los conflictos de competencia judicial.
Para facilitar el entendimiento de lo que sigue, daremos a continuación un pequeño vocabulario de los términos más usuales en la materia que podrían representar alguna dificultad de comprensión en virtud de que son términos de poco uso fuera de estos temas.

1. Lex fori: ley nacional del juez ante el cual se plantea el conflicto de leyes.
2. Lex loci executionis: principio jurídico según el cual es aplicable del derecho del lugar de ejecución de una obligación o de un acto jurídico.
3. Lex loci delicti: principio jurídico según el cual es aplicable el derecho del lugar donde se comete un delito.

4. Lex rei sitae: principio jurídico según el cual el derecho aplicable a los bienes es aquel del lugar donde éstos se encuentran ubicados.
5. Ley de autonomía: ley escogida por las partes en un contrato.
6. Ley local: ley del lugar donde ocurre un hecho o donde se realiza un acto jurídico.

7. Ley personal: se trata de la ley que puede ser determinada en virtud de su domicilio (ley del domicilio).

8. Locus regit actum: principio jurídico según el cual es derecho aplicable a la forma de los actos jurídicos el derecho del lugar donde éstos se realizan.

9. Puntos de contacto: elementos que vinculan una cierta relación jurídica con algún sistema jurídico. Ejemplos: nacionalidad, domicilio, lugar de ejecución, etcétera.

10. Reglas de conflicto bilaterales: son normas conflictuales que permiten designar la ley aplicable a una relación jurídica de tipo internacional contemplando la posible aplicación tanto del derecho nacional como de un derecho extranjero y que tienen por objeto una categoría o figura jurídica y no la ley. Ejemplo: “el estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio” (actual artículo 13, fracción II del Código Civil).
11. Reglas de conflicto unilaterales: son normas conflictuales que definen al ámbito de aplicación de las normas sustantivas del derecho positivo nacional; no contemplan una posible aplicación del derecho extranjero; su objeto es la ley nacional misma. Ejemplo: artículo 12 del Código Civil, ya derogado, para el Distrito Federal: vigencia personal y territorial de la ley nacional: “Las leyes mexicanas, incluyendo las que se refieren al estado y capacidad de las personas, se aplican a todos los habitantes de la República, ya sean nacionales o extranjeros, estén domiciliados en ella o sean transeúntes.”

II. FUENTES DEL DERECHO DE LOS CONFLICTOS DE LEYES
Si bien es verdad que la mayoría de los casos de conflictos de leyes se resuelven con base en las legislaciones internas de cada país, también es cierto que las fuentes internacionales no pueden ser ignoradas en virtud de que en ciertas épocas de la evolución de la materia han tenido un gran auge, y que en la época actual existe de nuevo la tendencia a querer solucionar los problemas derivados del tráfico jurídico internacional por medio de tratados y convenios. Dividiremos entonces esta parte en dos: las fuentes nacionales en primer término, y después las fuentes internacionales.

I.- Fuentes nacionales

Deben considerarse como fuentes nacionales la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina.

A.    La ley

Es obviamente la fuente de derecho que ocupa el primer lugar en cualquier sistema jurídico; por ley podemos entender varios tipos de normas jurídicas; en efecto, comprobamos que los ordenamientos jurídicos se componen de diferentes tipos de reglas jurídicas a las que por el momento nos limitaremos a mencionar, y que son: las reglas sustantivas, las reglas adjetivas, las reglas conflictuales, las reglas de aplicación inmediata y las reglas materiales. El conjunto de dichas normas entra en la composición de un ordenamiento jurídico normal; sin embargo, se ha acostumbrado decir que las verdaderas normas del DIPr son las normas conflictuales y solamente ellas. No estamos de acuerdo con este punto de vista, ya que en realidad se deben tomar en consideración otros tipos de normas en la elaboración de un sistema conflictual.
En materia de conflictos de leyes, la fuente formal denominada ley, no siempre tiene la importancia que puede tener en las demás materias jurídicas. Podemos comprobar en algunos sistemas jurídicos, actualmente vigentes, que las disposiciones legislativas referentes al de de los conflictos de leyes, ocupan un lugar muy reducido, y que en otros, por el contrario, dicha materia se encuentra reglamentada muy en detalle. En el primer caso, podríamos citar el ejemplo de Francia, cuya fuente legislativa en la materia se reduce a un artículo del Código Civil, el 3 y en el segundo caso, los ejemplos muy recientes de España (decreto-ley del 31-V-1974, Diario Oficial del Estado Español, 9-VIII-1974), Austria (15-VT-1978, entrada en vigor el 1-1-1979) y del proyecto suizo, que aunque todavía sigue siendo un proyecto, pero que sin duda tendrá aplicación dentro de poco tiempo y que es el que contiene probablemente la reglamentación más elaborada, más detallada y más completa de la materia hasta la fecha. Por lo que se refiera a México, podemos decir que se encuentra más bien en el primer caso, en virtud de que no existen sino algunas disposiciones dispersas entre todos los textos legislativos que componen su sistema jurídico; en particular, y sobre todo los artículos 12 a 15 del Código Civil para el Distrito Federal. En Francia, a pesar de varios proyectos de codificación, no se ha podido llegar a la adopción de un texto legislativo en la materia; los juristas franceses prefirieron, por lo visto, el sistema más flexible y más dinámico de reglas de jurisprudencia a la rigidez de una ley. Sin embargo, el caso francés parece cada vez más aislado, porque se puede comprobar que existe indudablemente en nuestra época un gran movimiento codificador de las normas del DIPr (países latinoamericanos, países africanos y países socialistas de Europa del Este).

Por otro lado, conviene señalar que el lugar de ubicación de los textos legislativos relativos a los conflictos de leyes varía también según los sistemas; en general, dichos textos están incorporados al código civil del país, en un título preliminar o especial; pero a veces figura en un texto especial llamado simplemente Ley de. .. o Código de... En sí, dicho lugar de ubicación no tiene mayor relevancia, pero se podría interpretar como una cierta expresión de la voluntad de legislador el hacer figurar dichos textos en tal lugar y no en otro; por ejemplo, el hecho de colocar las normas de conflictos de leyes en un capítulo de un código civil podría dar a entender que la materia se considera como eminentemente privada y de alguna manera como un cierto “derecho civil internacional”, lo que, a nuestro juicio, constituye una visión demasiado estrecha del derecho de los conflictos de leyes.

B.    La jurisprudencia

Ha sido probablemente la fuente de derecho más importante en la evolución del derecho de los conflictos de leyes y sigue jugando un papel capital en el fortalecimiento y desarrollo de dicha materia. Sin hablar de los países de common law, para los cuales la jurisprudencia constituye la fuente de derecho más importante en todos los campos, podemos afirmar que, aun en los países de derecho escrito, dotados de una legislación importante en materia de conflictos de leves, la jurisprudencia tiene un lugar preponderante en la vida de la materia, más aún en países como Francia, que no tienen legislación afín y que han construido una teoría completa de los conflictos de leyes con base en las cortes y tribunales. En el caso de México, podemos afirmar que el sistema territorialista instaurado por el artículo 12 del Código Civil de 1933 hizo desaparecer una jurisprudencia interesante y abundante que había florecido a partir de la publicación del Código Civil de 1870.
Cabe destacar el hecho de que algunas revistas especializadas en la materia publican periódicamente decisiones importantes de los tribunales de su país de origen y aun de países extranjeros cuando estas decisiones son susceptibles de tener un impacto internacional. Esta publicidad contribuye en forma muy importante a la difusión y al desarrollo del derecho de los conflictos de leyes.

C. La costumbre

Durante muchos siglos, la costumbre ha jugado un papel considerable como fuente formal del derecho; al parecer ya no ocupa el lugar que ocupó en el derecho antiguo, y en lo que se refiere a los conflictos de leyes, podemos afirmar, más bien, que la gran mayoría de las reglas consuetudinarias han sido absorbidas, bien por la ley, bien por la jurisprudencia; es decir, que dichas reglas han sido integradas a textos legislativos o han pasado a formar parte de las innumerables reglas de jurisprudencia que han aparecido en el transcurso del siglo pasado y que siguen siendo respetadas y aplicadas; tal es el caso, por ejemplo, de la famosa regla locus regit actum, que encontramos en nuestra época en las legislaciones relativas a los conflictos de leyes y que ha sido consagrada por las jurisprudencias de una gran mayoría de Estados. En el caso de México dicha regla se encuentra formulada en el artículo 13, fracción IV del Código Civil para el Distrito Federal.

D. La doctrina

Aunque no esté reconocida como fuente formal en todos los sistemas jurídicos, la doctrina es considerada como el motor del derecho de los conflictos de leyes. En efecto, de la lectura de las revistas especializadas en la materia aparece claramente que el pensamiento de los autores de artículos, crónicas y comentarios a la jurisprudencia, es un elemento que trasmite mucha vitalidad al derecho de los conflictos de leyes y que al mismo tiempo lo fortalece.

Pensamos que seria muy difícil hacer una diferencia entre la doctrina como fuente nacional y la doctrina como fuente internacional. En efecto, el pensamiento de muchos estudiosos del DIPr tiene alcances tanto nacionales como internacionales, en la medida en que sus obras son leídas en todo el mundo, aunque cuando ellos mismos escriben para un público nacional; más aún, pensamos que en lo que se refiere a la llamada “parte general” de muchos tratados o manuales del DIPr, lo escrito por estos autores va dirigido a la comunidad internacional de los estudiosos de la materia. 
Cabe destacar el papel que ha jugado la doctrina en la evolución de los conflictos de leyes y comprobar la influencia que ha tenido y que sigue teniendo, tanto sobre los legisladores, como en los jueces. Existen casos conocidos en los cuales la opinión de un autor influyó decisiva mente sobre un cambio de jurisprudencia de una suprema corte; en ciertos sistemas los propios jueces y abogados consultan a los especialistas en la materia, y en otros la doctrina de tal o cual autor figura con su nombre en las sentencias y ejecutorias de los tribunales (Suiza y Alemania, por ejemplo). En cuanto a los legisladores, no es raro verlos con fiar un proyecto de codificación o de ley en materia de conflictos de leyes a los especialistas en la materia, lo que nos parece el camino más adecuado, siendo el derecho de los conflictos de leyes una materia jurídica que requiere de conocimientos muy específicos.
Desgraciadamente, la materia no tiene el mismo auge en todos los países del mundo, lo que la hace todavía difícil de entender; sin embargo, comprobamos que recibe cada vez más difusión y que su conocimiento se va a volver cada vez más necesario por la multiplicación acelerada de las relaciones entre los individuos y las necesidades del comercio internacional.
A nivel internacional podríamos citar un gran número de autores importantes cuyas enseñanzas son difundidas en todos los que propagan estas enseñanzas a saber: las publicaciones bibliográficas y periódicas.  Entre los textos hemos de mencionar, en primer lugar, los tratados y manuales de DIPr o de conflict of laws, y, en segundo lugar, los estudios monográficos sobre algún punto en particular de la historia o de la teoría de los conflictos de leyes. En cuanto a las publicaciones periódicas, existen algunas exclusivamente dedicadas al DIPr, como la revista francesa titulada Revue Critique de Droit International Privé, otras cuyo contenido se refiere tanto al DI Público como al DIPr, como a la Revista Española de Derecho Internacional, y finalmente, revistas generales, en las cuales podemos encontrar, catre otros, temas de DIPr. Debemos dar un lugar especial a la Recueil des Cours, en la cual encontramos los textos de los cursos dictados en el seno de la Academia de Derecho Internacional en la ciudad de La Haya, cada año.

En cuanto a la doctrina mexicana, la jurisprudencia ha asentado que aquélla no sea reconocida como fuente formal del derecho en México:“ ...] porque para les tribunales de derecho sólo es obligatoria la ley, la jurisprudencia y, cuando aquélla lo prevé, los principios generales del derecho [ (S.J.F. Sexta época, Segunda parte, vol. CXXXVIII, p. 16).

2. Fuentes internacionales

A. Los tratados y convenios

Los tratados y convenios son, a nivel internacional, lo que representa la ley a nivel internacional.  Sin embargo, su importancia como fuente de derecho es mucho menor en virtud del poco número de instrumentos jurídicos existentes a nivel internacional; aún más, consideramos que en materia de conflictos de leyes no se puede encontrar ningún tratado unilateral que haya sido ratificado por todos los países del mundo. Su importancia se sitúa más bien a nivel regional. Otro elemento importante que conviene señalar, es que la mayoría de dichos tratados y convenios han sido, y siguen siendo, adoptados en el seno de conferencias, congresos, etcétera. A lo largo de la historia del derecho de los conflictos podemos darnos cuenta de que existió, en diferentes épocas, el deseo de encontrar, a nivel internacional, soluciones a los problemas planteados por los conflictos de leyes; pero que aun a nivel regional, dichas tentativas no recibieron las respuestas que se hubiera podido esperar; las más importantes de ellas se sitúan a nivel americano y europeo.

A nivel americano, los tratados más importantes fueron adoptados en Montevideo (Congreso de Montevideo de 1889 y 1940-1941); en Cuba (Sexta Conferencia Internacional Americana, 1928, durante la cual se adoptó el Código Bustamante cuyo principal autor es justamente el jurista cubano Sánchez de Bustamente) en Panamá (CIDIP 1, Conferencia Interamericana sobre DIPr 1975); en Montevideo (CIBIP II, 1979); La Paz Bolivia (CIDIp III, 1984) y en Montevideo nuevamente en 1989 (CJDJp IV). Tanto los tratados de Montevideo de 1989 y 1940 como el Código Bustamante, Son obras importantes por su magnitud, en virtud de que tratan de abarcar casi todos los aspectos del derecho de los conflictos de leyes, probable razón de su fracaso, relativo, sin embargo, en virtud de que los primeros fueron ratificados únicamente por seis Esta dos, y el segundo por diez.

Las convenciones adoptadas en el seno de las CIDIp 1, II, III y IV, bajo los auspicios de la OEA, demuestran un espíritu y una política de elaboración totalmente diferentes, en virtud de que en estos casos, las metas a alcanzar fueron mucho más modestas en comparación con los trabajos de Montevideo (1889-1941) y de Cuba (1928). En Panamá (1975) se adoptaron seis convenciones; en Montevideo (1979) siete convenciones y un protocolo; en La Paz (1984) tres convenciones y un protocolo, y en Montevideo (1989) tres convenios,
Sin embargo, solamente enlistaremos aquí aquellas convenciones y protocolos aprobados en las CIDIP que han sido ratificados por México.

CIDIP 1 (Panamá)

a) Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias:
b) Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero;

c) Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y Cheques, y
d) Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional.

CIDJP II (Montevideo)

a)    Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Sociedades Mercantiles;

b)    Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero, y

c)    Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado.

CIDIP III (La Paz, Bolivia)

a)    Protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero;

b)    Convención interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Adopción de Menores;

c)    Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado, y
d) Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras.

CIDIP IV (Montevideo, Uruguay, 1989)

a)    Restitución internacional de menores;

b)    Obligaciones alimentarias;

c)    Contrato de transporte internacional de mercadería por carretera.

Cabe aclarar que México aún no deposita el instrumento de ratificación de los tratados emanados de la CIDIP TV.

Sin embargo, pensamos que los auspiciadores de tales eventos quieren ir demasiado rápido y que los objetivos inmediatos siguen siendo demasiado ambiciosos. En Montevideo (1989), por ejemplo, los representantes de los países asistentes discutieron, revisaron y adoptaron en una semana los textos de tres convenciones, lo que nos parece demasiado ambicioso para tan poco tiempo.

Por lo que se refiere a México, sabemos que en virtud del artículo 133 constitucional, los tratados que estén de acuerdo con la Constitución “(...) celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del senado, serán la Ley Suprema  (…).

Conviene subrayar que a nivel latinoamericano la solución a los problemas planteados por los conflictos de leyes presenta una gran dificultad porque se tiene que tomar en consideración la situación siguiente: algunos países no han ratificado ningún instrumento internacional, otros han ratificado varios de ellos y otros los han ratificado todos, por lo menos los celebrados hasta 1984.

En cuanto a lo que sucede en el mundo, podemos afirmar que la labor más importante que se ha realizado a nivel internacional en el campo de los conflictos de leyes, ha sido la de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Dicho organismo, que nació en 1893,  tuvo una vida esporádica hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y es solamente desde 1951 a partir de cuando se ha transformado en un organismo permanente. (Su estatuto entró en vigor el 15 de julio de 1955). A finales del año de 1989 sus miembros eran 36 países, entre ellos los de Europa Occidental, algunos países socialistas de Europa Oriental y ciertos países latinoamericanos. En 1985, México participó, como país miembro, por primera vez, con lo cual rompe con su aislacionismo en la materia.

Hasta la fecha se han firmado en el seno de la Conferencia de La Haya 32 convenciones de desigual importancia; pero que representan un gran esfuerzo, a nivel internacional, para llegar a una unificación del derecho en la materia (ver anexo IX).

A nivel europeo debemos mencionar también dos convenciones importantes adoptadas en el seno de la Comunidad Económica Europea. Se trata de la Convención sobre Conflictos de Jurisdicciones (Bruselas 27- IX-1968), revisada por el ingreso del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca al Mercomún Europeo y aprobado definitivamente el 9-X-1978, y la Convención sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales (Roma, 19 junio de 1980).

B. La jurisprudencia internacional

En materia de conflictos de leyes. la jurisprudencia internacional es realmente muy escasa. En efecto, solamente algunas decisiones aisladas tanto de la Corte Internacional de Justicia como la Corte Europea pueden llamar la atención de los especialistas en la materia, y no todas referentes a los conflictos de leyes, sino también a problemas de nacionalidad y condición jurídica de los extranjeros. Conviene, sin embargo, mencionar dos decisiones importantes: una, de la Corte Internacional de Justicia en el caso “Boll” (1958), interesante porque involucra normas de aplicación inmediata, y, otra de la Corte Europea referente a un problema de responsabilidad en materia de contaminación de las aguas del río Rhin por una empresa francesa llamada Mines de Potasse d’Alsace.

La escasez de la jurisprudencia internacional es de fácil entendimiento si se considera, por un lado, que los sujetos del derecho de los conflictos de leyes son las personas y no los Estados y, por otro, si recordamos que son las legislaciones internas de cada país las que se aplican para resolver la gran mayoría de los conflictos.

C. La costumbre internacional

No existe, a nivel internacional, ningún derecho consuetudinario relativo al derecho de los conflictos de leyes; los tribunales internacionales se han referido, más bien, en los casos en los cuales han intervenido en materia de DIPr, a la “simple práctica internacional” o a los principios generales de derecho.

 

 

III. REFORMAS DE 1988 A LA LEGISLACIÓN CIVIL EN MATERIA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

I. Introducción

El día 7 de enero de 1988 se publicaron dos decretos en el Diario Oficial:

1) Por el que se reforma y adiciona el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, y

2) Por el que se reforma y adiciona el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Así mismo, el día 12 de enero de 1988 en el Diario Oficial se publicó un decreto por el que se reforma y adiciona el Código Federal de Procedimientos Civiles.

El día 4 de enero de 1989 se publicaron en el Diario Oficial las re formas, adiciones y derogación de varias disposiciones del Código de Comercio, algunas de las cuales se refieren al conflicto de leyes y a la cooperación procesal internacional.

Cabe señalar que las reformas a que se alude se refieren a modificaciones en materia de derecho internacional privado.

De acuerdo con la breve exposición de motivos de las reformas tanto del Código Civil como del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, se lee que:

El derecho, entendido como un promotor del cambio social, no puede permanecer estático frente a las transformaciones que presente la dinámica social. Las crecientes relaciones económicas, políticas, sociales y culturales que se establecen diariamente entre las personas que integran nuestra sociedad y aquellas que pertenecen a otros estados que conforman el con cierto internacional, han mostrado la necesidad de buscar soluciones más acordes con la época actual.
Se agrega, después de mencionar algunas de las convenciones de as CIDIP 1, II y III, que se procede a reformar la legislación nacional para ajustarla a “los principios enmarcados de las convenciones” referidas. Así pues, las reformas

tienen como propósito la adecuación de nuestras leyes [ respecto de las disposiciones contenidas en las citadas convenciones, pues no obstante que éstas constituyen derecho vigente en nuestro país. al haber sido legal mente celebradas, aprobadas y promulgadas, es conveniente que su cono cimiento y cumplimiento se propicie por su incorporación a nuestros ordenamientos de aplicación cotidiana.

2. Breves antecedentes

Siempre ha existido el desideratum, entre los diversos países de la comunidad internacional, de concertar tratados y convenios en materia de derecho internacional privado a fin de resolver los problemas concernientes a los conflictos de leyes que se presenten entre los mismos. Sin embargo, a nivel mundial puede decirse que el esfuerzo es relativo pues no es posible afirmar que exista un tratado multilateral que haya sido ratificado por todos los países del orbe. Más bien su importancia se puede ubicar a nivel regional, por lo que los esfuerzos más importantes se han realizado en los continentes europeo y americano.

A nivel americano se puede mencionar como los tratados más importantes en materia de derecho internacional privado los adoptados en Montevideo (Congreso de 1889 y 1940-1941) y en Cuba (Sexta Conferencia Internacional Americana), en 1928, en la cual se firmó el Código de Bustamante, cuyo principal autor fue justamente el jurista cubano Antonio Sánchez de Bustamante.

Sin embargo, el esfuerzo codificador más reciente lo representa la celebración de las cuatro Conferencias Interamericanas Especializadas de Derecho Internacional Privado (que se conocen por sus siglas CIDIP 1, II, III y IV) que se celebran en 1975 (Panamá), 1979 (Montevideo), 1984 (La Paz, Bolivia) y 1989 (Montevideo).

México se había mostrado reticente al movimiento codificador y, por ende, a la firma de tratados en la materia, seguramente por el excesivo territorialismo que permeaba en toda su legislación especialmente en el artículo 12 derogado del Código Civil para el Distrito Federal.

Pero a partir de 1965, México empezó a participar muy activamente en las C]DIP, habiendo firmado y ratificado las convenciones y protocolos mencionados antes (vid supra).

Por otro lado, los maestros de la materia decidieron fundar, hace más de tres lustros, la Academia de Derecho Internacional Privado, que hasta la fecha ha realizado doce seminarios de carácter nacional sobre derecho internacional privado, coadyuvando con ci gobierno mexicano a fin de participar en el movimiento mundial y americano sobre la codificación del derecho internacional privado. Así mismo, ha colaborado con el propósito de modernizar y poner al día la tan anticuada y obsoleta legislación conflictual nacional.

Después de firmar y ratificar las convenciones interamericanas en materia de conflictos de leyes se le planteó al gobierno mexicano la forma de incorporar sus normas a la legislación nacional, aunque cabe recordar que el artículo 133 constitucional establece que los tratados “(…) celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema (…).  No obstante lo anterior, el gobierno mexicano, con una sólida colaboración de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, se dio a la enorme tarea de preparar las reformas y adiciones a la legislación mexicana a fin de hacer operativas las disposiciones de los instrumentos conflictuales interamericanos.

Sin embargo, cabe aclarar que fue política del gobierno mexicano tocar el menor número posible de artículos a reformar y no agregar capítulos o libros nuevos a la legislación, cuando menos a la civil, como aconseja una buena técnica legislativa.

La Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado había dedicado varios de sus seminarios anuales a preparar un anteproyecto de reformas al Código Civil, in anteproyecto de reformas tanto al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal como al Código Federal de Procedimientos Civiles, y un anteproyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, quedando pendiente un anteproyecto de reformas a la legislación mercantil. (Del Décimo Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado. v los trabajos de Leonel Pereznielo, José Luis Siqueiros, Ricardo Abarca Landeros y Laura Trigueros, publicados en la Revista Mexicana de Justicia, Procuraduría General de la República, vol. 1, núm. 1. enero-marzo 1987. Del Decimoprimero Seminario de Derecho Nacional. consúltense las ponencias de Pereznieto, García Moreno y Vázquez Pando, en la Memoria, publicada por la UNAM, 1989.)

Sin embargo, el gobierno mexicano retomó la idea de reformar el Código Civil del Distrito Federal, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y, aun en las modificaciones a estos tres ordenamientos se decidió, por el gobierno mexicano, adicionar unos cuantos artículos, no considerar los proyectos completos de la Academia mencionada y tomar en consideración solamente algunas de las convenciones interamericanas, y no en su integridad.

En resumen, puede afirmarse que las reformas de 1988 solamente tratan de instrumentar, aunque sea parcialmente, a las siguientes convenciones y protocolos americanos.

A. En materia general y derecho civil

a) Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado (Montevideo, 1979);
b) Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado (La Paz, 1984), Y
c) Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado (Montevideo, 1979).

B. En materia procesal civil

a) Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias (Panamá, 1975);
b) Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero (Panamá, 1975), y su Protocolo adicional (La Paz, 1984);
c) Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca de Derecho Extranjero (Montevideo, 1979);
d) Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras (La Paz, 1984).
e) Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para ser Utilizados en el Extranjero, y
f) Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros.

Es menester aclarar que en materia civil, de los instrumentos americanos firmados y ratificados por México se excluyó la Convención sobre Adopción, y que en lo relativo a la materia mercantil se atendieron algunos compromisos internacionales adquiridos por México, sobre todo en lo atinente a arbitraje privado y cooperación procesal internacional.

IV. PROYECTOS DE LA ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Conscientes de la gran cantidad de instrumentos internacionales que había que incorporar a la legislación doméstica, la Academia preparó cuatro proyectos de reformas y adiciones. Baste mencionar que en lo relativo a la materia civil se proponía adicionar un libro quinto al Código Civil del Distrito Federal, con cerca de 35 artículos, quedando única mente en once preceptos los reformados y adicionados.
Los conflictos de leyes se presentan en materia mercantil, laboral, fiscal, monetaria, materias que muchas de ellas difícilmente se pueden catalogar como derecho privado. Además, el que una relación sea de derecho privado constituye, en última instancia, una cuestión de mera calificación.

La tendencia moderna es reglamentar muy detalladamente la materia conflictual; así, tenemos los casos muy recientes de España (1974), Austria (1979), Perú (1984), Checoslovaquia (1965), República Democrática Alemana (1975), Suiza, etcétera.

En el caso mexicano no es del todo desatinado la inclusión de las normas conflictuales en el título relativo a las “Disposiciones preliminares” ya que en ellas se contienen reglas sobre el orden público, observancia de las leyes, entrada en vigor, etcétera, tema que son comunes a todas las materias y no estrictamente restringidas a la materia civil.

Decíamos antes que la Academia propuso una reglamentación bastante prolija que comprendía diversos y variados temas, pero el gobierno mexicano consideró que no era conveniente reformar demasiados preceptos, ni permitió agregar un nuevo capítulo al Código Civil, por lo que única mente se reformaron los artículos 12 al 15; 29 al 31 y 2736 al 2738 del  Código Civil; total: 11 artículos reformados. La síntesis que se hizo tuvo como consecuencia que ciertos numerales, 13, 15 y 30, resultaran demasiado extensos.

V. CONTENJDO DE LAS REFORMAS DE 1988 EN MATERIA CIVIL

El artículo 12 del Código Civil, antes de la reforma, sostenía que “Las leyes mexicanas, incluyendo las que se refieren al estado y capacidad de las personas, se aplican a todos los habitantes de la República, ya sean nacionales o extranjeros, estén domiciliados en ellas o sean transeúntes.”

La doctrina mexicana estaba consciente de que el mayor obstáculo para una modernización del derecho internacional privado nacional lo constituía precisamente e] territorialismo “a ultranza” ínsito en dicho precepto.

El ahora reformado texto del artículo 12 citado establece que

las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuentren en la República así como los actos y hechos ocurridos en su territorio o jurisdicción y aquellos que se someten a dichas leyes; salvo, cuando éstas prevean la aplicación de un derecho extranjero y salvo, además, lo previsto en los tratados y convenciones de que México sea parte.

En la primera parte del precepto se observa que se sigue conservando el territorialismo a que nos referíamos antes, puesto que las leyes mexicanas son las que rigen en la República, pero también se abre la posibilidad de aplicar el derecho extranjero cuando las mismas leyes nacionales así lo prevean y cuando así lo dispongan los tratados firmados y ratificados por México.

Cabe destacar que se elimina la posibilidad de aplicar el derecho extranjero cuando así lo aconseje la doctrina, ya que ésta no está reconocida, en México, como fuente formal de derecho (S.J.F. 6a. época, 2a. parte, vol. CXXXVIII, p. 16). También es menester destacar que tampoco es posible aplicar una norma extranjera por disposición de los jueces, aunque es de recordarse que en ciertos países, como Francia, el enorme desarrollo del derecho conflictual se debe a la extraordinaria labor de las cortes, de los tribunales.

Pero, en fin, se logró que entrara el derecho extranjero por la vía convencional, es decir, los tratados; y esto era la mayor preocupación de los autores de las reformas, pues al momento de realizar las adiciones México había firmado una batería de más de veinte convenciones en materia de derecho internacional privado.

El nuevo artículo 13 dice a la letra: “La determinación del derecho —se entiende que extranjero— aplicable se hará conforme a las siguientes reglas:”

Cabe aclarar que esta parte o encabezado es una copia del artículo 10 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, suscrita en Montevideo, en 1969, ratificada por nuestro país, sólo que el instrumento uruguayo se refiere a “norma jurídica aplicable” y no a “derecho” como impropiamente lo hace reiterada mente la reforma.

La fracción 1 del mismo artículo 13 establece que “las situaciones jurídicas válidas en las entidades de la República o en un estado extranjero conforme a su derecho deberán ser reconocidas”.

Lo anterior es una transcripción parcial del artículo 7 del instrumento interamericano citado, siendo una adopción de la teoría de los derechos adquiridos o de los vested rights, doctrina norteamericana muy en boga hace algunos decenios.

Sin embargo, ¿hasta dónde un Código Civil, local, como lo es el del Distrito Federal, puede regular conflictos de leyes entre entidades de la República, materia que - indudablemente pertenece al orden federal?

Se concluye, pues, que un derecho o una situación que se adquiere válidamente no se tiene por qué cuestionar, salvo que atente contra el orden público local.

“El estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio”, se afirma en la fracción II del mismo numeral. Seguramente esta es una de las reformas más importantes, ya que anteriormente el estado y capacidad de las personas se regían por las leyes mexicanas, en consonancia con los estrictos principios de la territorialidad. Nótese cómo a partir de aquí casi todo el derecho conflictual va a tener como eje el punto de contacto del domicilio, que es la tendencia  más moderna y más generalizada.

La fracción III dice que: “La constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, así como los contratos sobre arrendamiento y de uso temporal de tales bienes, y los bienes muebles, se regirán por el derecho del lugar de su ubicación, aunque sus titulares sean - extranjeros.”

En esta parte se sigue la regla conflictual lex rei sitae, que es reconocida casi universalmente para el caso de los bienes inmuebles y las acciones reales sobre los mismos. Así lo confirma el artículo 1 sección C, de la Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras, aun que para las acciones reales sobre bienes muebles corporales se exige que dichas cosas estén o se encuentren en la República para que puedan ser regidas por nuestras leyes.

Esta reforma confirma lo contenido en la fracción II y primera parte de la fracción III, del artículo 121 de la Constitución Política mexicana.

Así mismo, la reforma viene a ratificar lo que ya estaba contenido en el artículo 14, derogado, del propio Código Civil del Distrito Federal.

Asienta la fracción 1V del mismo artículo 13 reformado:

La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas en este Código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal o en la República [ entiende mexicana] tratándose de materia federal.

Esta parte se acoge a la regla locus regit actum, principio jurídico según el cual es derecho aplicable a la forma de los actos jurídicos el derecho del lugar donde éstos se realizan, aunque se da la posibilidad de que las partes se acojan a las formas mexicanas cuando el acto vaya a tener efectos en el Distrito Federal o en México. Puede afirmarse que en esta materia no se dieron cambios sustanciales, pues iguales principios establecía el derogado artículo 15 del C.C.

La última fracción de este mismo artículo, la V, establece que “salvo lo previsto en las fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar en donde deban ejecutarse, a menos que las partes hubieran designado válidamente la aplicabilidad de otro derecho”.

En esta fracción se adopta el principio conflictual lex loci executionis, según el cual es aplicable el derecho del lugar de ejecución de una obligación o de un acto jurídico, regla que en cierta forma ya contenía el artículo 13 derogado.

El artículo 14, también reformado en enero de 1988, establece: “En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente:

I.- Se aplicará como lo haría el juez extranjero correspondiente, para lo cual el juez podrá allegarse la información necesaria acerca del texto, vigencia, sentido y alcance legal de dicho derecho.”

La reforma corresponde a lo ordenado por el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales, que a la letra dice: “Los jueces y autoridades de los Estados partes estarán obligados a aplicar el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia y contenido de la ley extranjera invocada.”

A su vez, y en plena concordancia con lo anterior, el artículo 284 reformado del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establece que “sólo los hechos estarán sujetos a prueba [ lo que implica que la norma extranjera sí debe ser aprobada, aunque la carga de su prueba ya no recae exclusivamente en la parte que la invoca, sino que, de acuerdo con la corriente más moderna, si el juez la conoce puede hacerla valer oficiosamente (vid infra). En el mismo sentido se pronuncia el nuevo texto del artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Además de que el juez local podrá allegarse, por sus propios medios y conductos, la información probatoria acerca de la misma, deberá hacer un esfuerzo y tratar de ubicarse en el sistema jurídico extranjero, como si estuviera actuando en él. Esta es la única forma de aplicar el derecho extranjero de una manera coherente y lógica.

“Se aplicará el derecho sustantivo extranjero, salvo cuando dadas las especiales circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta con carácter excepcional, las normas conflictuales de ese derecho, que hagan aplicables las normas sustantivas mexicanas o de un tercer estado.”

Lo anterior, que corresponde al contenido de la fracción II del artículo 14, significa que se acepta la aplicación de la norma, que no el derecho, extranjera, siempre y cuando sea la sustantiva, no la conflictual, a fin de evitar, hasta donde sea posible, el llamado reenvío. El reenvío, o juego de la raquette internationale, tiene sus defensores y sus detracto res. Aquí se trata de evitar, salvo que las circunstancias muy especiales del caso así lo ameriten, que a su vez se remita otra vez a las normas mexicanas o de un tercer Estado.

La fracción 111 del mismo numeral, el 14, establece que: “no será impedimento para la aplicación del derecho extranjero, que el derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable, si existen instituciones o procedimientos análogos”.

Si se lee detenidamente el artículo 3 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales, a que nos hemos venido refiriendo, observamos una exacta coincidencia en cuanto al contenido de ambos preceptos, aunque su redacción sea ligeramente distinta.

Con lo anterior se pretende que se aplique una norma extranjera siempre y cuando exista una institución idéntica o, al menos, análoga en el derecho mexicano. A esta figura se le denomina, en la legislación y jurisprudencia de otros países, especialmente europeos, la “institución desconocida”, con la cual los jueces y juristas mexicanos están poco familia rizados. Lo anterior se hace para evitar, hasta donde ello sea posible, una denegación de justicia.

“Las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir con motivo de una cuestión principal, no deberán resolverse necesaria mente de acuerdo con el derecho que regule a esta última”, asienta la fracción IV del mismo artículo. Lo anterior es una mera transcripción del artículo 8 de la citada Convención sobre Normas Generales.

En relación con la cuestión previa, en el derecho internacional priva do caben dos alternativas: o se resuelve de acuerdo con la cuestión principal o se resuelve en forma autónoma o separada. Se pueden abonar razones y argumentos en favor de una y otra solución, sin embargo, tanto el Código Civil mexicano como la Convención Interamericana han adoptado la teoría de la independencia de ambas cuestiones en virtud de que se trata de reglas de conflicto diferentes.

En la fracción y del mismo artículo 14 se afirma que:

cuando diversos aspectos de una misma relación jurídica estén regulados por diversos derechos, estos serán aplicados armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales derechos. Las dificultades causadas por la aplicación simultánea de tales derechos, se resolverán tomando en cuenta las exigencias de la equidad en el caso concreto.

Así mismo, lo establecido en esta fracción corresponde al contenido del artículo 9 de la Convención sobre Normas Generales, tantas veces citada.

Lo anterior se conoce, en la teoría y práctica conflictuales, con el nombre de “armonización del derecho”, lo cual implica una gran voluntad de aplicar la norma extranjera a fin de que todas las normas involucradas alcancen sus propósitos, presidiendo todo el proceso la equidad. Lo que se pretende es, pues, lograr una correcta y ordenada coordinación entre todas las normas que confluyen en el caso concreto (Batiffol, Carrillo Salcedo, Miaja de la Muela, etcétera).

Al final del artículo 14 se establece que lo dispuesto por el mismo “se observará cuando resultare aplicable el derecho de otra entidad de la Federación”, lo cual significa que todos los principios ínsitos en dicho numeral se aplicarán a los conflictos de leyes entre las entidades federativas. La duda es: ¿hasta donde un Código Civil local, como lo es el del Distrito Federal, es aplicable a conflictos de leyes entre los estados de la Federación?

El artículo 15 reformado del Código Civil que se comenta establece que “No se aplicará el derecho extranjero:

I.- Cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales del derecho mexicano, debiendo el juez determinar la intención fraudulenta de tal evaluación.”

Al igual que en otros casos, este precepto es una copia fiel del artículo 6 de la multicitada Convención sobre Normas Generales, y lo que se intenta es tipificar al fraude a la ley como una excepción a la ley normalmente aplicable, a fin de preservar los “principios fundamentales” del derecho nacional.

El fraude a la ley, igual que el reenvío, es una institución muy discutible en el derecho internacional privado, porque contiene elementos muy subjetivos: “artificiosamente”, “intención fraudulenta”, “principios fundamentales”, etcétera, sin embargo, es un remedio que rara vez falta en leyes y convenciones conflictuales para evitar la aplicación de normas extranjeras cuando exista intención dolosa de por medio.

Por último, la fracción II del mismo artículo 15 establece la otra excepción a la ley normalmente aplicable: el orden público, al establecer que no se aplicará el derecho extranjero “cuando el derecho extranjero o el resultado de su aplicación sean contrarios a principios o instituciones fundamentales del orden público mexicano”.

Los artículos 6 y 7 de la tantas veces citada Convención Interamericana consagran al orden público, aunque para que éste opere se necesita que la norma extranjera sea manifiestamente contraria a los principios de su orden público; Es decir, prevalece el orden público sobre la ley aplicable pero debe existir una obvia y manifiesta contradicción con el mismo. A nuestro entender, la contradicción es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier juez o persona que proceda en la materia conforme a la práctica usual y la buena fe.

El artículo 29 reformado del Código Civil establece que

el domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitual mente, y, a falta de éste, el lugar del centro principal de sus negocios; en ausencia de éstos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde se encontraren. Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses.

El artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Domicilio de las personas Físicas en el Derecho Internacional Privado, suscrita en Montevideo, en 1979, y ratificada por México, establece que el domicilio de las personas físicas será, alternativamente:

a) la residencia habitual;
b) el centro principal de sus negocios;
c) la simple residencia, o
d) el lugar donde se encontrare.

Como es bien sabido, antes de la reforma el domicilio de una persona física constaba de dos elementos: uno, objetivo, lugar de residencia, y otro, el elemento subjetivo, propósito de establecerse en él.  A partir de las modificaciones se elimina el elemento subjetivo, ánimo de permanecer en el lugar, atendiendo a las tendencias más modernas y a los compromisos convencionales contraídos por México.

El artículo 29 establece el domicilio legal de las personas físicas, lo que no merece mayor comentario.

A su vez, el artículo 31, reformado también, establece los domicilios legales de los menores, incapacitados, cónyuges, militares, diplomáticos, empleados públicos, funcionarios. Vale la pena tener muy en cuenta la reserva declarativa que formuló México en relación con los casos de abandono de incapaces por parte de sus representantes legales.

Atendiendo al artículo 6 de la Convención Interamericana, el artículo 32 reformado establece que cuando una persona tenga dos o más domicilios se le considerará domiciliada en aquel donde tenga la simple residencia, y si viviese en varias partes, en donde se encontrare.

El capítulo VI del título decimoprimero cambió su nombre por el siguiente: “De las personas morales extranjeras de naturaleza privada”, para obsequiar, en parte, los compromisos contraídos por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana sobre Personalidad Y Capacidad de las Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado, suscrita en La Paz, Bolivia, en 1984, y ratificada por México.

Así las cosas, el artículo 2736 establece que:

La existencia, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, funcionamiento, transformación, disolución, liquidación fusión de las personas morales extranjeras de naturaleza privada se regirán por el derecho de su constitución, entendiéndose por tal, aquel dc Estado en que se cumplan los requisitos para la creación de dichas personas.

En ningún caso el reconocimiento de la capacidad de una persona moral extranjera excederá a la que le otorgue el derecho conforme al cual se constituyó.

Cuando alguna persona extranjera de naturaleza privada actúe por medio de algún representante, o quien lo sustituya, está autorizado para responder a las reclamaciones y demandas que se intente en contra de dicha persona con motivo de los actos en cuestión.

Los párrafos anteriores son una apretada síntesis de lo dispuesto por la Convención Interamericana sobre Personas Jurídicas, de 1984, aunque únicamente en lo relativo a las personas morales de carácter privado, especialmente del contenido de sus artículos 2, 3 segundo párrafo, y 6.

Cabe remarcar que se excluye a las personas de carácter público y a los organismos intergubarnamentales que sí están incluidos en la Convención citada antes. Por otra parte, debe tenerse en cuenta lo contenido en la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Sociedades Mercantiles, suscrita en Montevideo, en 1979, y también ratificada por México. (Para un estudio más completo de estos instrumentos interamericanos véase: García Moreno, Víctor Carlos. “La Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles; derecho positivo norteamericano y mexicano”, Estudios jurídicos en memoria de Roberto L. Mantilla Molina. México, Porrúa, 1984. pp. 337-352, y “La Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de las Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado”, ponencia. XI Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado. 15, 16 y 17 de octubre de 1987. Querétaro, Qro. Memoria, publicada por la UNAM, 1989, p. 149.)

Así mismo, se reformaron los artículos 2737 y 2738, y la fracción VII del artículo 25, y se agregó el artículo 28-bis, todos del Código Civil para el Distrito Federal, pero dichas enmiendas no merecen mayor comentario.

VI. CONTENIDO DE LAS REFORMAS DE 1988 EN MATERIA
PROCESAL CIVIL

Conscientes de la gran cantidad de instrumentos internacionales, especialmente interamericanos, que había que incorporar a la legislación nacional, la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado preparó, en materia procesal, dos proyectos: uno de reformas y adiciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (CPC) y otro de reformas y adiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC). Como antes se afirmó, la Academia mencionada dedicó su Décimo (Facultad de Derecho, C.U., México) y Undécimo (Querétaro) Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado a discutir y analizar dichos anteproyectos (Véase la nota número 1 de este ensayo.). Las ponencias básicas fueron las de Siqueiros y Abarca en el Décimo Seminario, y las de Abarca y Vázquez Pando en el Decimoprimero, en materia procesal internacional.

Como se afirmaba antes, se trató de ajustar la legislación nacional a los principios contenidos en las convenciones interamericanas sobre exhortos o cartas rogatorias (Panamá, 1979); sobre recepción de pruebas en el extranjero (Panamá, 1979); y sus protocolos adicionales (Monte video, 1979, y La Paz, 1984, respectivamente); información acerca del derecho extranjero (Montevideo, 1979); sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras (La Paz, 1984); sobre régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero (Panamá, 1974) y sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros (Montevideo, 1979). Cabe mencionar que existe también la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias en materia civil y comercial (de la Comunidad Económica Europea, 27 de septiembre de 1968); la Convención sobre la notificación en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y comercial (La Haya, 1965) y la Convención sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial (La Haya, 1970), instrumentos en los que México no es aún parte, y que sirvieron de inspiración a los autores de las reformas.

En el caso del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (CPC), se reformaron los artículos 40, 108, 198 y 244; se reformó la denominación de la sección IV, y se agregó un capítulo V al título VII; se agregó un capítulo, el VI, al mismo título séptimo, con la denominación “De la cooperación procesal internacional”, que abarca los artículos 604 a 608. Así mismo, se adicionaron los artículos 193, 244-bis, 337-bis, 362-bis y 893.

Decíamos en otra parte (vid supra) que en el caso del Código Civil del Distrito Federal no se permitió reformar demasiados preceptos ni agregar un nuevo capítulo. Tratándose del Código Federal de Procedimientos Civiles, se reformaron los artículos 72, 86 y 86-bis, y se agregó un nuevo libro IV, con un título único, integrado por 6 capítulos, que abarca los artículos 543 y 577, inclusive, y que se denomina “De la cooperación procesal internacional.”

En virtud deque las reformas fueron paralelas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (CPC) y al Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC), solamente haremos aquí el análisis de este último ordenamiento nacional para el caso de la cooperación judicial internacional, que es la que nos interesa, haciendo una breve referencia al Código del Distrito Federal, únicamente en aquellos casos en que sea estrictamente indispensable (véase anexo V).

1. Reformas y adiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC)

Cabe advertir que en realidad se trata de reglamentar en forma racional y detallada la cooperación judicial internacional, dentro de ésta la llamada cooperación procesal para el reconocimiento y ejecución de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, con el fin de obsequiar todos los compromisos que México ha firmado en el plano internacional, especialmente latinoamericano.

En virtud de la creciente interdependencia existente entre los sistemas judiciales de los diversos países y con objeto de que la justicia logre sus fines, es menester la cooperación en materia procesal internacional.

Para remediar lo anterior, los países suelen firmar tratados y convenciones internacionales, pero el mayor obstáculo sigue siendo el compatibilizar sistemas procesales tan distintos como lo serían el de México y el de los Estados Unidos.

Al respecto cabe remarcar que la legislación procesal mexicana: el Código federal, el Código para el Distrito Federal y los códigos de las entidades federativas, se encontraban extremadamente atrasados , por lo que el legislador consideró impostergable modernizarlo y ponerlos al corriente con los tratados y las tendencias más actualizadas.

En efecto, el artículo 86 del CFPC se reformó en el sentido de que “sólo los hechos están sujetos a prueba, así como los usos y costumbres en que se funde el derecho”; en el mismo sentido fue enmendado el artículo 284 del CPC, lo cual implica que la norma extranjera, que no el derecho, sí debe ser probada, aunque la carga de su prueba ya no recae exclusivamente en la parte que lo invoca, sino que, de acuerdo con las corrientes más modernas, el juez puede tener conocimiento de su existencia y contenido, y lo puede hacer valer oficiosamente, pues así lo establece el artículo 86-bis, también reformado:

El tribunal aplicará el derecho [decir la norma] extranjero tal como lo harían los jueces y tribunales del Estado cuyo derecho resultare aplicable sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho extranjero. Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance del derecho extranjero, el tribunal podrá valerse de informes oficiales al respecto, los que podrá Solicitar al Ser vicio Exterior Mexicano, así como disponer y admitir las diligencias probatorias que considere necesarias o que ofrezcan las partes.

Las reformas a los dos artículos mencionados corresponden al artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, firmada en Montevideo, en 1979, y ratificada por México.

Hablando de otro tema, al final del artículo 72 se agregó una breve frase indicando: “la acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero”.

2, La cooperación procesal internacional

Decíamos antes que se agregó un nuevo libro al GFPC que trata de la cooperación procesal internacional, y que es aplicable únicamente para asuntos del orden federal, según reza el artículo 543 agregado. Asimismo, se aplicarán los tratados y convenciones que México haya firmado sobre la materia, los cuales ya forman un número sustancial. Del mismo modo, el mencionado libro es aplicable cuando México sea parte de algún litigio internacional, entendiendo por México la Federación y las entidades federativas.

La diligenciación por parte de tribunales mexicanos de notificaciones. recepción de pruebas u otros actos de mero procedimiento, solicitados para surtir efectos en el extranjero no implicará en definitiva el reconocimiento de la competencia asumida por el tribunal extranjero ni el compromiso de ejecutar la sentencia que se dictare en el procedimiento correspondiente,

 dice el artículo 645 añadido.

Lo anterior es un resumen de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, y su protocolo, especialmente en sus artículos 2 y 9, respectivamente, y de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, y su protocolo, en su artículo 8.

Dice el artículo 546 que:

para que hagan fe en la República [los documentos públicos extranjeros, deberán presentarse legalizados por las autoridades consulares mexicanas competentes conforme a las leyes aplicables. Las que fueren transmitidas internacionalmente por conducto oficial para surtir efectos legales, no requerirán de legalización.

Lo anterior concuerda con el artículo 5, fracción a, y el 6, de la Convención sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, y los artículos 10, fracción 1. y 13, de la Convención sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero.

“Las diligencias de notificaciones y de recepción de pruebas en territorio nacional para surtir efectos en el extranjero, podrán llevarse a cabo a solicitud de parte”, dice el artículo 547.

A su vez, el nuevo artículo 548 establece que la práctica de diligencias en país extranjero que deban surtir efectos en los tribunales nacionales podrán encomendarse a los miembros del Servicio Exterior Mexicano, quienes a su vez solicitarán su cooperación a las autoridades extranjeras competentes.

Los exhortos que vayan al extranjero o que se reciban se rigen por los artículos siguientes y, desde luego, por las convenciones en que México sea parte (artículo 549).

El artículo 550 define a los exhortos al establecer que son “comunicaciones oficiales escritas que contendrán la petición de realización de las actuaciones necesarias en el proceso en que se expidan”.

Los artículos 4, de la Convención sobre Exhortos, y 11, de la Convención de Recepción de Pruebas en el Extranjero, establecen que los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos por:
1) Las propias partes interesadas;
2) La vía judicial;
3) Los funcionarios diplomáticos o consulares, y
4) La autoridad central (en el caso de México. la Secretaría de Relaciones Exteriores).

El nuevo artículo 551 ratifica lo establecido por las dos convenciones interamericanas antes citadas. Lo más interesante es que se instituye una autoridad central, que es el órgano encargado de tramitar los exhortos, siguiendo una práctica establecida en Europa.

Decíamos antes que los exhortos que provengan del extranjero y que sean transmitidos por conductos oficiales no necesitan legalización alguna (artículo 552).

Los dos instrumentos interamericanos aludidos (artículos 5-b y 10-2, respectivamente) establecen que los exhortos deberán ser acompañados de su correspondiente traducción; en el caso de México, al castellano (artículo 553).

Se entiende que los exhortos a que nos hemos venido refiriendo son para asuntos de mero trámite, pues aquellos que se refieren a actos que impliquen ejecución coactiva requieren de homologación, además de ser regidos por otras reglas, que se verán más adelante (artículo 554).

Los exhortos que reciba México serán diligenciados de acuerdo con las leyes nacionales, dice el artículo 555, en consonancia con los artículos 10 y 5, y 12 de las Convenciones sobre Exhortos y Pruebas, respectivamente, que consagran la regla lex fon, según la cual es aplicable a la diligenciación la ley del Estado requerido. Sin embargo, dichas formalidades se podrán obviar si ello no resulta lesivo al orden público local y, “especialmente, a las garantías individuales”.

El juez competente para llevar a cabo las diligencias procesales será el del domicilio de quien vaya a ser notificado (artículo 558).

Uno de los vicios o abusos que con más frecuencia se venía dando es que en muchos juicios en contra del gobierno mexicano o empresas paraestatales, que se ventilaban ante cortes norteamericanas, se requería a aquéllos para que exhibieran archivos enteros o demasiadas copias de documentos que se encontraban en archivos públicos, y como la mayoría d las veces era imposible acceder a tan absurda petición, el resultado era una sentencia condenatoria. El nuevo artículo 559 trata de evitar tal abuso prohibiendo la exhibición de lo que se encuentre en archivos oficiales, salvo raras excepciones. Asimismo, el artículo 562 establece que no se exhibirán documentos identificados por características muy genéricas, ni procederá tampoco la inspección general de archivos que no sean de acceso al público.

La prueba testimonial podrá ser desahogada en forma oral, siempre y cuando los hechos materia del interrogatorio estén relacionados con el proceso y así lo hayan pedido las partes o la autoridad que libró el exhorto (artículo 562).

Se les prohíbe a los funcionarios mexicanos que rindan declaraciones en procedimientos judiciales o que desahoguen pruebas testimoniales concernientes a su calidad oficial, dice el artículo 563.

3. Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras

Una de las grandes lagunas que presentaba la legislación procesal mexicana era la omisión de que para que se ejecutara una sentencia o un laudo extranjero en nuestro país era menester que el Juez que la dictó hubiera tenido competencia para conocer el asunto en cuestión.

Precisamente el nuevo artículo 564 establece que México reconocerá una sentencia o resolución judicial extranjera siempre y cuando el tribunal que la emitió haya asumido competencia en forma compatible o análoga a la del derecho mexicano. Sin embargo, si la competencia se asumió con el fin de evitar denegación de justicia, aunque no sea compatible con la competencia establecida por legislación nacional, dicho fallo será reconocido y ejecutado en México (artículo 565). Lo anterior coincide con lo dispuesto por el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre la Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras, firmada en mayo de 1984, en La Paz, Bolivia, y ratificada por México, instrumento que, por otra parte, contiene las reglas para considerar si un juez ha asumido competencia en forma correcta de acuerdo con el derecho internacional.

Para darnos una ligera idea del contenido de la Convención Interamericana sobre Competencia, baste mencionar el artículo 1°, que establece que se presume que un órgano jurisdiccional ha asumido competencia en forma correcta, si se sujeta a las siguientes disposiciones:

A. En materia de acciones personales, de naturaleza patrimonial, debe satisfacerse cualquiera de los siguientes supuestos, salvo lo previsto en la sección D de este artículo:

1. Que el demandado al momento de entablarse la demanda, haya tenido su domicilio o residencia habitual en el territorio el Estado Par te donde fue pronunciada la sentencia si se tratare de personas físicas, o que haya tenido su establecimiento principal en dicho territorio en el caso de personas jurídicas;

2. En el caso de acciones contra sociedades civiles o mercantiles de carácter privado, que éstas hayan tenido su establecimiento principal en el Estado Parte donde fue pronunciada la sentencia al momento de entablarse la demanda o bien hubiera sido constituida en dicho Estado Parte;

3. Respecto de acciones contra sucursales, agencias o filiales de sociedades civiles o mercantiles de carácter privado, que las actividades base de las respectivas demandas se hayan realizado en el Estado Parte donde fue pronunciada la sentencia; o

4. En materia de fueros renunciables, que la parte demandada hubiere consentido por escrito la competencia del órgano jurisdiccional que pronunció la sentencia; o sí, a pesar de haber comparecido en el juicio, no hubiera cuestionado oportunamente la competencia de dicho órgano.

B. En el caso de acciones reales sobre bienes muebles corporales:

1) Que los bienes se hubieran encontrado situados, al momento de entablarse la demanda, en el territorio del Estado Parte donde fue pronunciada la sentencia; o

2) Que se diere cualquiera de los supuestos previsto en la sección A de este artículo.

C. En el caso de acciones reales sobre bienes inmuebles, que éstos se hayan encontrado situados, al momento de entablarse la demanda, en el territorio del Estado Parte donde fue pronunciada la sentencia.

D. Respecto de acciones derivadas de contratos mercantiles celebrados en la esfera internacional, si las Partes hubieran acordado por escrito someterse a la jurisdicción del Estado Parte que pronunció la sentencia, siempre y cuando tal competencia no haya sido establecida en forma abusiva y haya existido una conexión razonable con el objeto de la controversia.

En relación con lo anterior, el artículo 566 establece que estará bien asumida la competencia de un tribunal extranjero designado por las partes si dicha elección no implica de hecho impedimento o denegación de acceso a la justicia; tampoco se considerará v la elección del foro cuando opere en beneficio exclusivo de alguna de las partes pero no de todas (artículo 567), lo cual, si no coincide exactamente con la Convención Interamericana citada, sí está dentro de su espíritu, especialmente del parágrafo D del artículo 1 antes transcrito.

El artículo 4 de la Convención Interamericana que se comenta establece que “podrá negarse eficacia extraterritorial a la sentencia [entiende que extranjera] si hubiere sido dictada invadiendo la competencia exclusiva del Estado Parte ante la cual se invoca”.

Así, el artículo 568 establece la competencia exclusiva de los tribunales nacionales:

I.- Tierras y aguas ubicadas en el Territorio Nacional, incluyendo el subsuelo, espacio aéreo, mar territorial y plataforma continental, ya sea que se trate de derechos reales, de derechos derivados de concesiones de uso, exploración, explotación o aprovechamiento, o arrendamiento de dichos bienes;

II. Recursos de la zona económica exclusiva o que se relacione con cualquiera de los derechos de soberanía de dicha zona, en los términos de la Ley Federal del Mar;

III. Actos de autoridad o atinentes al régimen interno del Estado y de las dependencias de la Federación y de las entidades federativas;

IV. Régimen interno de las embajadas y consulados de México en el extranjero y sus actuaciones oficiales; y

V. En los casos que lo dispongan así otras leyes.

Cabe recordar que México es signatario de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de Naciones Unidas, de 1958, y de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, firmada en Montevideo, en 1979, por lo que los siguientes preceptos intentan ser la reglamentación de sendas convenciones internacionales.

En efecto, el nuevo artículo 569 del CFPC establece:

Las sentencias, laudos arbitrales privados y demás restricciones jurisdiccionales extranjeras tendrán eficacia y serán reconocidos en la Re pública, en todo lo que no sea contrario al orden público interno en los términos de este Código y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que México sea parte.

Tratándose de sentencias, laudos o resoluciones jurisdiccionales que sólo vayan a utilizarse como prueba ante tribunales mexicanos, será suficiente que los mismos llenen los requisitos necesarios para ser considerados como auténticos.

Los efectos que las sentencias o resoluciones jurisdiccionales y laudos arbitrales privados extranjeros produzcan en el territorio nacional, estarán regidos por lo dispuesto en el Código Civil, por este Código demás leyes aplicables.

En la primera parte del anterior precepto se expresa que una sentencia o laudo arbitral será reconocido y ejecutado en México siempre y cuando no se lesione el orden público nacional, reserva que es aceptada por la Convención Interamericana, en su artículo 2, inciso H, así como por la Convención de La Haya y la Convención de la Comunidad Económica Europea.

De acuerdo con la Convención Interamericana, para que opere el orden público es menester que la sentencia o laudo extranjero sea manifiestamente contrario a aquél, es decir, al orden público mexicano. Prevalece, pues. el orden público sobre el laudo o sentencia foránea, pero debe existir una contradicción obvia y manifiesta.

A nuestro entender, la contradicción es manifiesta si resulta objetiva mente evidente para cualquier juez o persona que proceda en la materia conforme a la práctica usual y la buena fe.

Si se trata de un fallo que solamente va a ser reconocido, mas no ejecutado, en México, o sea que solamente va a ser utilizado como prueba ante tribunales mexicanos, no necesitará homologación, es decir, de mayores formalidades para ser considerado como auténtico.

Sin embargo, aquellas sentencias y laudos que requieran de un cumplimiento coactivo dentro de la República es indispensable que sean homologados por el juez mexicano y de acuerdo con nuestras leyes, según lo prescribe el artículo 570.

El siguiente numeral, el 571, establece las condiciones para que una sentencia extranjera tenga fuerza de ejecución:

L Que se hayan satisfecho las formalidades previstas en este Código en materia de exhortos provenientes del extranjero;

II. Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción real;

III. Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en la esfera internacional que sean compatibles con las adoptadas por este Código;

IV. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas;

V. Que tengan el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados, o que no exista recurso ordinario en su contra;

VI. Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieren sido tramitados y entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores o las autoridades del estado donde deba practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicará cuando se hubiera dictado sentencia definitiva;

VII. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea contraria al orden público en México; y

VIII. Que llenen los requisitos para ser considerados como auténticos. No obstante el cumplimiento de anteriores condiciones, el tribunal podrá negar la ejecución si se probara que en el país de origen no se ejecutan sentencias o laudos extranjeros en casos análogos.

De los requisitos anteriores solamente destacaremos los más importantes. La fracción II establece como indispensable para ejecutar un fallo extranjero el que no haya sido dictado como consecuencia de una acción real, es decir, solamente se le dará eficacia a las resoluciones derivadas de las llamadas acciones personales. Nada se dice acerca de las deriva das de alguna acción mixta, aun cuando será el juez nacional quien califique y decida.

Acerca de que el juez sentenciador haya sido el componente nos remitimos a lo asentado arriba (vid supra).

En relación con la notificación o emplazamiento personal a efecto de asegurarle al demandado “la garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas”, es una cuestión completamente usual en todas las convenciones sobre la materia. El artículo 2, inciso e, de la Convención Interamericana así lo establece. Al decir de Siqueiros,

no es preciso que el emplazamiento se haya realizado estrictamente en los términos previstos en la legislación procesal mexicana, con el cumplimiento íntegro de las formalidades que señala la última; bastará comprobar en forma indubitable, que la parte demandada fue notificada del proceso instaurado en su contra y de que se le concedió un término prudente para el ejercicio de sus defensas (Siqueiros, José Luis, “Ejecución de sentencias extranjeras”, Revista Mexicana de Justicia, 87, México, núm. 1, vol. V, enero-marzo de 1987, p. 198.).

Una sentencia o fallo arbitral tiene fuerza de cosa juzgada cuando va no es susceptible de ser apelado, es decir, cuando el fallo se considera irrevocable e inmutable.

Una de las novedades introducidas por el artículo 571 que se comenta, es lo contenido en la fracción VI, es decir, que no exista litispendencia con un juicio que las mismas partes lleven ante un juez mexicano y del que ya hubiere prevención por parte del tribunal nacional. Aunque reconocemos que la litispendencia es uno de los problemas más arduos dentro del derecho internacional privado, consideramos que la solución dada al respecto por los autores de la reforma fue la más atinada. En relación con el orden público, nos remitimos a los comentarios ya formulados (vid supra).

No obstante que se satisfagan todos los requisitos anteriores, si se llegara a comprobar que en el país de origen del fallo no se ejecutan sentencias en casos análogos no se otorgará la ejecución a la sentencia o al laudo extranjero. Al decir de Siqueiros, “la doctrina moderna se inclina a eliminar la condición d reciprocidad E...] ni la Convención de La Haya ni la Convención Europea, ni la Convención Interamericana mencionan este requisito”. Tampoco la convención de Nueva York lo menciona pero establece la posibilidad de que todo Estado, al momento de firmar, ratificar o adherirse a la misma, podrá condicionar el reconocimiento y ejecución de los fallos extranjeros a la reciprocidad, aunque México, al momento de su adhesión, no invocó dicha reserva (Siqueiros, op. cit., pp. 188 y 189.).

El artículo 572 establece:

El exhorto del juez o tribunal requirente deberá acompañarse de la siguiente documentación:

1. Copia auténtica de la sentencia, laudo o resolución jurisdiccional;
II. Copia auténtica de las constancias que acrediten que se cumplió con las condiciones previstas en las fracciones IV y V del artículo anterior:
III. Las traducciones al idioma español que sean necesarias al efecto, y
IV. Que el ejecutante haya señalado domicilio para oir notificaciones en el lugar del tribunal de la homologación.

Los requisitos anteriores son los que más o menos se exigen en todas las legislaciones procesales de los diferentes países y en las convenciones sobre la materia.
Es tribunal competente para ejecutar una sentencia foránea es el del domicilio del ejecutado, o, en su defecto, el de la ubicación de los bienes en la República, dice el numeral 573.

El siguiente artículo, 574, prescribe que:

El incidente de homologación de sentencia, laudo o resolución extranjera se abrirá con citación personal al ejecutante y al ejecutado, a quienes se concederá término individual de nueve días hábiles para exponer defensas y para ejercitar los derechos que le correspondieren y en el caso que ofrecieren pruebas que fueren pertinentes se fijará fecha para recibir las que fueren admitidas, cuya preparación correrá exclusivamente a cargo del oferente salvo razón fundada. En todos los casos se dará intervención al Ministerio Público para que ejercite los derechos que le correspondiere.

La resolución que se dicte será apelable en ambos efectos si se le negare la ejecución, y en el efecto devolutivo si se concediere.

En todos los tratados y convenciones que hemos venido citando se establece la regla de que el tribunal requerido no puede ni debe examinar sobre el fondo del fallo judicial a ejecutar y así lo ratifica el artículo 575 al estatuir:

Ni el Tribunal de primera instancia ni el de apelación podrán examinar ni decidir sobre la justicia o injusticia del fallo, ni sobre las motivaciones o fundamentos de hecho o de derecho en que se apoyan, limitándose a examinar su autenticidad y si deba o no ejecutarse con forme a los previstos en el derecho nacional.

A su vez, el artículo 576 prescribe:

Todas las cuestiones relativas a embargo, secuestro, depositaría, avalúo, remate y demás relacionadas con la liquidación y ejecución coactiva de sentencia directa por tribunal extranjera serán resueltas por el tribunal de la homologación.

La distribución de los fondos resultantes del remate quedará a disposición del juez sentenciador extranjero.

Entre otras, la Convención Interamericana establece la posibilidad de dar eficacia parcial al fallo o decisión extranjera objeto de ejecución, por lo que el artículo 577 del CFPC confirma el principio anterior en los siguientes términos:

“Si una sentencia, laudo o resolución jurisdiccional extranjera no pudiera tener eficacia en su totalidad, el tribunal podrá emitir su eficacia parcial a petición de parte interesada.”

Para finalizar, el decreto de reformas y adiciones deroga los artículos 131, 302 y 428 dei CFPC.

VII. REFORMAS AL CODIGO DE COMERCIO EN LO RELATIVO A
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

El Diario Oficial del 4 de enero de 1989 publicó un decreto de reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código de Comercio. Las enmiendas a que se refiere el decreto no son exclusivamente referidas al derecho conflictual y a la cooperación procesal internacional, sino a di versas materias. Sin embargo, aquí solamente haremos el análisis de aquellas adiciones que se refieren al derecho internacional privado.
El artículo 1051 reformado establece que: “El procedimiento mercantil preferente a todos es el que libremente convengan las partes (..) pudiendo ser un procedimiento convencional ante Tribunales o un procedimiento arbitral [ El procedimiento arbitral se rige por las disposiciones del título cuarto de libro respectivo del propio Código de Comercio.

Así, el nuevo artículo 1073 establece que:

La práctica de diligencias en país extranjero para surtir efectos en juicios que se tramiten ante tribunales nacionales, podrán encomendarse a través de los miembros del Servicio Exterior Mexicano por los tribunales que conozcan del asunto, caso en el cual dichas diligencias deberán practicarse conforme a las disposiciones de este libro dentro de los límites que permita el derecho internacional.

Los miembros del Servicio Exterior Mexicano podrán solicitar a las autoridades extranjeras competentes, en los casos en que así proceda, su cooperación en la práctica de las diligencias encomendadas.

En realidad el precepto anterior es una copia exacta del artículo 548 del CFPC (vid supra).

Indudablemente que uno de los artículos más importantes para el auxilio judicial internacional lo es el número 1074, que dice:

Los exhortos que se remitan al extranjero o que se reciban de él, salvo lo dispuesto por los tratados o convenciones de los que México sea parte, se sujetarán a las siguientes disposiciones:
I. Los exhortos que se remitan al extranjero serán comunicaciones oficiales escritas que contendrán la petición de realizar las actuaciones necesarias en el juicio en que expidan; dichas comunicaciones contendrán los datos informativos necesarios y las copias certificadas, cédulas, copias de traslado y demás anexos procedentes según sea el caso;
II. Los exhortos que provengan del extranjero deberán satisfacer los requisitos a que se refiere la fracción anterior, sin que se exijan requisitos de forma adicionales;
III. Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos al órgano requerido por las propias partes interesadas, por vía judicial, por intermedio de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos o por la autoridad competente del Estado requirente o requerido, según sea el caso;
1V. Los exhortos provenientes del extranjero que sean transmitidos por conductos oficiales no requerirán legalización y los que se remitan al extranjero sólo necesitarán de la legalización exigida por las leyes del país en donde se deban diligenciar;
V. Todo exhorto que se reciba del extranjero en idioma distinto del español deberá acompañarse de su traducción, a la cual se estará, salvo deficiencia evidente u objeción de parte;
VI. Los exhortos que se reciban del extranjero sólo requerirán homologación cuando impliquen ejecución coactiva sobre personas, bienes o derechos; los relativos a notificaciones, recepción de pruebas y otros asuntos de mero trámite, se diligenciarán sin forma incidente;
VII. Los exhortos que se reciban del extranjero serán diligenciados conforme a las leyes nacionales, pero el tribunal exhortado podrá con ceder excepcionalmente la simplificación de formalidades distintas a las nacionales, a solicitud del juez exhortante o de la parte interesada, si esto no resulta lesivo al orden público y especialmente a las garantías individuales; la petición deberá contener la descripción de las formalidades cuya aplicación se solicite para la diligenciación del exhorto;
VIII. Los tribunales que remitan exhortos al extranjero o los reciban de él, los tramitarán por duplicado y conservarán un ejemplar constancia de lo enviado, recibido y actuado.

El artículo anterior concuerda con los artículos 550, 551, 552, 553, 554, 555 y 556, que integran el capítulo II, denominados “De los exhortos o cartas rogatorias internacionales”, del CFPC. A su vez, estos preceptos obsequian las obligaciones contraídas por México en la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias, firmada en Panamá, en 1975, y la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, firmada en el mismo año y lugar. Ambos instrumentos, así como sus respectivos protocolos, han sido ratificados por México.

Para su análisis nos remitimos a los comentarios que hemos formulado al CFPC (vid supra).

A su vez los artículos 1248 y 1249 establecen: “Artículo 1248. Para que haga fé en la República los documentos que fueron transmitidos internacionalmente, por conducto oficial, para surtir efectos legales, no requerirán de legalización.”

Ambos preceptos están sintetizados en el artículo 546 del CFPC, que a su vez concuerdan con los artículos 5, fracción A, y 6 de la Convención sobre Exhortos y Cartas Rogatorias y los artículos 10, fracción 1, y 13 de la Convención sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, mencionadas (vid supra).

Es incuestionable que las reformas más importantes se refieren al procedimiento arbitral a fin de cumplimentar la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, firmada en Panamá, en 1975, y la Convención de Naciones Unidas, firmada en Nueva York. en 1958.

El artículo 1347-A establece:

Las sentencias, laudos y resoluciones dictadas en el extranjero podrán tener fuerza de ejecución si se cumplen las siguientes condiciones:

I. Que se hayan cumplido las formalidades establecidas en los tratados y convenios en que México sea parte, en materia de exhortos provenientes del extranjero; en el caso de ejecución de laudos no se requerirá exhorto;
II. Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción real;
III. Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en el derecho internacional que sean compatibles con las adoptadas por este Código;
IV. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el ejercicio
de sus defensas;
V. Que tenga el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados, o que no exista recurso ordinario en su contra;
VI. Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el Tribunal Mexicano o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieren sido tramitados y entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a las autoridades del Estado donde deba practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicará cuando se hubiere dictado sentencia definitiva;
VII. Que la obligación para c cumplimiento se haya procedido no sea contraria al orden público en México, y
VIII. Que llenen los requisitos para ser considerados como auténticos.
No obstante el cumplimiento de las anteriores condiciones el juez podrá negar la ejecución si se probara que en el país de origen no se ejecutan sentencias, resolu7ciones jurisdiccionales o laudos extranjeros en casos análogos.

Este precepto coincide plenamente con lo establecido en el artículo 571 del CFPC, por lo que nos remitimos a lo comentado en relación con dicho precepto (vid infra).

El título cuarto del Código de Comercio se denomina “Del procedimiento arbitral”, incluyendo los artículos 1415 a 1437.

Inicia el título cuarto, el artículo 1415, que a la letra dice:

Cuando las partes sean comerciantes podrán convenir en someter a decisión arbitral las diferencias que surjan de sus relaciones comerciales. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la fórmula de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de acuerdo independiente.

El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito, pudiendo consistir en un canje de cartas, télex, telegramas o cualquier otro medio semejante.

Lo anterior es coincidente con el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional:

Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a so meter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil. El acuerdo respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en el canje de cartas, telegramas o comunicaciones por télex.

Como se observó, se reconoce la validez del acuerdo mediante el cual las partes se comprometen a someter a arbitraje las diferencias que surjan con motive de sus relaciones comerciales o mercantiles.

Solamente las personas capaces pueden someter a árbitros sus diferencias (artículo 1416), y deberá precisarse el negocio o negocios a arbitrar, así como los nombres de los árbitros o el procedimiento para su designación, so pena de nulidad (artículo 1417).

El arbitraje podrá ser nacional o internacional; las disposiciones de este Código se aplicarán en los dos ámbitos, salvo en lo previsto por los convenios y tratados internacionales en que México sea parte. Si el arbitraje se llevare a cabo en México, a falta de acuerdo expreso de las partes y de las reglas del procedimiento acordadas por éstas en los términos de los artículos siguientes, se observarán las disposiciones del presente Código, o en su defecto del Código de Procedimientos Civiles de la entidad federativa donde se realice el arbitraje, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial,

dice el artículo 1421.

A su vez, los artículos 2 y 3 de la Convención 1ntereramericana expresan, respectivamente:

Artículo 2. El nombramiento de los árbitros se hará en la forma con venida por las partes. Su designación podrá delegarse a un tercero sea éste persona natural o jurídica.

Los árbitros podrán ser nacionales o extranjeros.

Artículo 3. A falta de acuerdo expreso entre las partes el arbitra se llevará a cabo conforme a las reglas de procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial.

El artículo 1426, reformado, establece:

Las partes podrán elegir la ley que deba regir en cuanto al fondo del litigio, a menos que dicha elección no fuere válida por disposición de orden público. En caso de ausencia o invalidez de dicha elección, el árbitro o, en su caso, el tribunal arbitral, tomando en cuenta las características y conexiones del caso, determinará el derecho aplicable al fondo.

El artículo 4 de la Convención estatuye:

Las sentencias o laudos arbitrales no impugnables según la ley o reglas procesales aplicables, tendrán fuerza de sentencia judicial ejecutoria da. Su ejecución o reconocimiento podrá exigirse en la misma forma que la de las sentencias dictadas por tribunales ordinarios nacionales o extranjeros, según las leyes procesales del país donde se ejecuten, y lo que establezcan al respecto los tratados internacionales.

Tratando de obsequiar dicha obligación internacional contraida por México, el artículo 1437, reformado, del Código de Comercio, establece:

La ejecución en el país de laudas arbitrales extranjeros, salvo lo dispuesto en los tratados y convenios de los que México sea parte, se regirán por las disposiciones de este Código o por lo previsto en el acuerdo de arbitraje y en el Código de Procedimientos locales respectivo. aplicándose supletoriamente  el Código Federal de Procedimientos Civiles,
Enseguida reproduciremos in extenso el artículo 5 de la Convención Interamericana tantas veces citada, dada su importancia:

Artículo 1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la 3entencia a solicitud de la parte contra la cual es invocada, si ésta prueba ante la autoridad competente del Estado en que se pide el reconocimiento y la ejecución:

OJO… AQUÍ FALTA UNA HOJA EN LAS COPIAS….
caso particular sus disposiciones son contradictorias, una o la otra es nula; cualquier legislación estatal que se oponga a una ley federal es nula” (Cooley, Thomas M., The General Principles of Constitutional Law in the United Status of America, Boston, Little, Brown and Co., 1880. Reimpresión; Littleton, Colorado, Fred. B. Rothman and Co., 1981, pp. 178-1993.).

En la sección primera del artículo IV de la Constitución Federal de los Estados Unidos aparece una disposición conocida comúnmente con el nombre de Full faith and credit clause (cláusula de la entera fe y crédito). El texto vigente de este artículo es el siguiente:

“Full faith and credit shall be given in each State to the public acts, records. and judicial proceedings of every other State. And the Congress may by general laws prescribe the manner in which such acts, records, and proceedings shall be proved, and the effect thereof.”

Siendo nuestro artículo 121 constitucional una pésima copia de la cláusula de la entera fe y crédito conviene analizar el contenido de dicha disposición en los Estados Unidos.

El primer elemento que encontramos en este precepto es el de public acts, defectuosamente traducido como “actos públicos”. Es pertinente recordar que en la propuesta de Morris, en 1776-1777, la expresión publict acts se refiere a los public legislative acts (Para una crítica amplia a la mala traducción ínsita en el artículo 121 de la Constitución Política mexicana, véanse Trigueros, op. cit., y Siqueiros, Josa Luis, Los conflictos de leyes en el sistema constitucional mexicano, Universidad de Chi huahua, 1957, especialmente las pp. 30 y SS. ), o sea a los actos de las legislaturas locales. En el derecho anglosajón, public acts no significa “actos públicos”. No basta traducir literalmente los conceptos sin analizar el verdadero sentido que tienen; public act significa, entre otras cosas, “Una ley escrita, formalmente ordenada y aprobada por la legislatura de un Estado, llamada en Inglaterra acto del parlamento y en los Estados Unidos, acto del Congreso o de la Legislatura o estatuto.” Las palabras bill y law son usadas frecuentemente como sinónimos de act, pero incorrectamente. El primer vocablo es sólo un proyecto de ley, pero que no ha sido aprobado todavía (Idem.).
Con estas ideas, se ve que es obligación de los estados dar entera fe y crédito a los actos legislativos de los demás estados; estos actos material mente legislativos deberán, de acuerdo con los cambios introducidos en la Ley de 1790 y en la Ley de 1804, tener la fe y crédito de que gozan en el Estado de donde emanan.

En efecto, la ley reglamentaria del 26 de mayo de 1790 fijó un modo de autenticar los registros y procedimientos judiciales, al disponer que en todos los tribunales que existen en los Estados Unidos se les debe dar l misma entera fe y crédito que tienen por ley o por costumbre en el Estado donde se produjeron. A su vez, la ley del 27 de marzo de 1804 declaró que las prevenciones contenidas en la Ley de 1790 eran aplicables a los territorios y a los países sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos (Kent, James, Comentarios a la Constitución de los Estados Unidos de América, tr. J. Carlos Mexia, México, Impr. Políglota de Carlos Ramiro, 1878, p. 75 y la nota a pie de página.). Como se colige de lo anterior, la reglamentación a la disposición constitucional es muy relativa y, por lo tanto, incompleta.

En conclusión, la cláusula de entera fe y crédito en los Estados Unidos, tratándose de los efectos de los actos legislativos o public acts, es autoaplicativa cuando el interés público del foro no es afectado adversa mente. En cambio, cuando hay un verdadero conflicto se requiere la reglamentación por parte del Congreso Federal, pues por virtud del sistema jurídico imperante, la aplicación extraterritorial de las leyes no puede llevarse a cabo. Debemos aclarar que al hablar de actos legislativos nos referimos exclusivamente a los actos material y formalmente Legislativos y no a lo que se podría considerar como “derecho judicial”, de acuerdo con el sistema de common law. Esto a pesar del pensamiento de Leflar (Leflar, Robert. The Law of Conflict of Laws, Nueva Cork, Bobbs Cerril, 1959, 0. 154.). Creemos que es indudable que los creadores de la cláusula de entera fe y crédito nunca quisieron incluir bajo el concepto de public acts las decisiones de los tribunales que forman el common law norteamericano.

Siguiendo con el análisis del contenido de la cláusula de entera fe y crédito, estudiemos ahora lo relativo a las palabras records y judicial proceedings, que han sido traducidas en nuestro artículo 121 constitucional como “registros” y “procedimientos judiciales”, respectivamente; aquí tampoco ha correspondido la traducción literal con el verdadero sentido de las palabras. Trigueros (Trigueros, op. Cit. p. 167.) explica que la verdadera connotación de las palabras proceedings es la siguiente: “un acto que es hecho por la autoridad expresa o implícita de la Corte”. En otras palabras, todas las resoluciones judiciales son proceedings en el lenguaje jurídico norteamericano.
Siguiendo a Trigueros, veamos las ideas que extrajo del Diccionario de Black’s en lo relativo a la palabra records: “Es la relación escrita de algún acto, transacción o instrumento otorgado por orden de la Ley (under authority of law) por una autoridad competente y destinado a quedar como recuerdo a prueba permanente de los asuntos con que se relaciona.” Esta idea se acerca más a nuestro concepto de acto administrativo que al término “registros” (Trigueros, op. dr., p. 168, y Black’s op. cit., p. 1437, voz: record.).

Lo que más nos interesa es analizar cómo tienen efectos las sentencias dictadas en un estado ante los tribunales de otro. En cuanto a competencia se refiere, una resolución puede ser válida en el estado de donde surgió, aun sin tener efecto alguno en otros estados. Y aunque no hay en la Constitución de los Estados Unidos una disposición que expresamente se refiera a la “jurisdicción”, la Suprema Corte ha establecido que tal concepto está incluido en la garantía del debido proceso legal (due process of law).

En conclusión, para que un tribunal dicte válidamente una sentencia se requiere que tenga “jurisdicción” o competencia, y sólo así será susceptible dicha sentencia de ser reconocida en el exterior. En general, los criterios que han servido para considerar que un tribunal tiene jurisdiction entre otros: la presencia del sujeto demandado en el Estado, el domicilio y el consentimiento (Stumberg. George Wilfred, Principles of Conflict of Laws, 3a.  ed., Brooklin, The Foundation Press, 1963, p. 69.). Deliberadamente hemos suprimido la nacionalidad por tener relativamente poca importancia en los conflictos interestaduales.

Respecto a cosas, la jurisdiction se ha entendido como “una expresión que indica facultad para crear situaciones legales relativas a ellas, reconocidas en otros Estados” (  Ibidem. P. 102.).

Estas son algunas de las nociones esenciales que se deben tener presente para el estudio del reconocimiento y ejecución de sentencias de un Estado en otro u otros. La situación en los Estados Unidos es que, debido a la cláusula de la entera fe y crédito, la Suprema Corte de Justicia es la que decide sobre los efectos de las sentencias de una entidad federativa ante los tribunales de otra entidad hermana.

IX. LAS DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 121 CONSTITUCIONAL

La fracción I de este precepto establece que “Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio, y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él”. Se confirma el principio territorialista que anima a nuestra legislación, y se concuerda en lo fundamental con el parágrafo 1 del primer Restatement of the Law of Conflicto of Laws:

No state can make a law which by its own force is operative in another state; the only law in force in the sovereign state is its own law, but by the law of each state rights or other interests in that state ma in certain cases, depend upon the law in force in some other state or states (American Law Institute, Restatement of the Law of Conflict of Laws. 1934, P. 1. Sin embargo, en el Restatement of the law second conflict of laws 2a. American Law Institute (de 1969), St. Paul Minn., 1971, vol. I, par. 2, p. 2, ya no aparece la regla como anteriormente estaba redactada.).

Desde luego, es superior la técnica legislativa del Restatement pues se establece la única excepción al principio de territorialidad de las leyes o sea el caso de que la ley estatal acepta la aplicación de la ley extranjera.

Por otra parte, la fracción 1 se contradice con el preámbulo del artículo 121, pues es imposible dar entera fe y crédito a las leyes de un estado si éstas sólo tienen efectos dentro del territorio de ese Estado.

Fracción II. “Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley de su ubicación.” Con esto se confirma el antiguo principio estatutario que señalaba la regla lex rei sitae. Pero se hace extensivo para los bienes muebles que, de acuerdo con la misma escuela estatutaria, seguían a la persona (mobilia sequuntur personam). Siendo los bienes muebles los que se puedan trasladar de un lugar a otro por sí o por fuerza externa, muchas veces es difícil determinar con precisión su ubicación. El Restatement contiene una serie de disposiciones destinadas a regular las diferentes situaciones que en la práctica se presentan, sin establecer una regla general.

En efecto, el parágrafo 208 dice: “Whether an interest in a tangible thing is clasified as real or personal property is determined by the law of the state where the thing is.” Aquí también se reconoce que la cali ficación se rige por la lex fori.
El 238 consagra los mismos principios. El parágrafo 249 dispone: “The validity and effect of a will of an inte rest in land are determined by the law of the state where the land is”.( Ibidem, p. 208. Esta regla cambia en el 2d Restatement, par. 222. p. 3., vol. II, pues todo depende si la cosa es mueble o inmueble.)

La fracción III del artículo que venimos comentando contiene dos párrafos. La primera parte establece que las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en éste, cuando así lo dispongan sus propias leyes. Es de lamentar la absoluta falta de técnica jurídica pues aparentemente parece establecerse que cada Estado ejecutará las sentencias así lo ordenen su propias leyes. Además de que la interpretación anterior contradiría la parte preambular del artículo 121 constitucional y la misma fracción II del mismo precepto, consideramos que lo que quiso establecer es simplemente una regla de competencia. Por nuestra parte consideramos que un juez puede conocer de controversias sobre bienes situados en un estado distinto, si guarda un punto de contacto con dicha jurisdicción. Sin embargo, la ejecución de la sentencia la hará o la rechazará el juez competente de la entidad donde están ubicados los bienes.

En el estudio de esta fracción III, resta analizar la parte segunda que se refiere a la ejecución de sentencias sobre derechos personales. Sobre todo se ha dicho que en realidad no establece nada distinto de lo que señala el artículo 14 constitucional en su párrafo segundo que asienta:
“Nadie podrá ser privado de la vida, de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esencia les del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.” El legislador sólo deseaba proteger a los particulares contra los juicios seguidos en estados distintos de donde tienen su residencia permanente —y la interpretación de la Suprema Corte de Justicia ha sido correcta sobre este punto.

En relación con esta fracción del 121 constitucional, recordemos lo que establece el artículo 606 del Código de Procedimientos Civiles para e Distrito Federal:

Las sentencias, laudos y resoluciones dictados en el extranjero podrán tener fuerza de ejecución si se cumplen las siguientes condiciones:
I. (...)
II. (…)
III. (…)
IV. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y ejercicio de sus defensas;
V. (…)
Etcétera.
Por su parte, el 2d. Restatement en su parágrafo 47 establece que:

A State has jurisdiction over a person:

1) If he is within the territory of the state;
2) If he sis domiciled in the state although not present there;
3) If he has consented or subjected himself to the exercise of jurisdiction over him either before or after the exercise of jurisdictjon (Ibídem, p. 54.
En el 2d Restalement el par, 24, frac. 1, se refiere a , exista una relación entre el Estado y la persona que haga el ejercicio de la jurisdicción “razonable”, y el par. 27 menciona una serie de presunciones básicas para establecer dicha jurisdicción, entre otras, cuando se da uno o más de los siguientes factores; presencia (física), domicilio, residencia, nacionalidad, consentimiento, comparecencia personal, efectuar negocios en el Estado, un acto realizado en el Estado, etcétera. Véanse pp. 105 y 120, del tomo I.)

Tenemos aquí tres criterios para atribuir la competencia de un tribunal: por estar dentro del territorio del Estado, por razón de domicilio y por lo que se conoce en derecho procesal como prórroga de la jurisdicción.

La fracción IV del artículo 121 dispone que: “Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un estado tendrán validez en los otros.” Esta fracción es de gran importancia por lo que debería estar en un artículo por separado; sin embargo, es una muestra más de la falta de precisión legislativa. Si el Congreso debe prescribir la manera de probar los actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las siguientes bases: IV. Que los actos del estado civil ajustados a las leyes de un estado tendrán validez en los otros, por lo que en estricta lógica jurídica sólo se puede llegar a dos conclusiones:

Primera: el Congreso Federal tendrá facultad para dictar leyes a las cuales se deben sujetar los actos del estado civil y por consiguiente no podrá llegarse a lo que dispone la fracción IV puesto que los estados no podrán regular la manera de probar los actos del estado civil, y sus leyes sobre estado civil tendrán que estar de acuerdo con las leyes federales, y

Segunda: si los actos del estado civil quedan al arbitrio de las leyes de los estados, deben ser estos los que prescriban, por medio de leyes generales, la manera de probar tales actos y sus fectos, siendo por con siguiente ilógico el enunciado de la parte segunda del cuerpo principal de este artículo.

Relacionados con esta fracción, encontramos en el Restatement los siguientes párrafos: el 54 en su parte primera establece “A state which creates any status other than a domestic status has jurisdiction. over it.”  (  Ibídem, p. 60. El 2d. Restatement modifica las cosas, pues establece en su par. 69 que  un Estado no podrá ejercer su jurisdicción (competencia) judicial en relación con el estado y capacidad de una persona a menos que se asegure su notificación o emplazamiento y la garantía de audiencia, mediante un método razonable. Véase p. 214 del primer volumen. )

El 55 añade: “A state has jurisdiction over ah acts done or events occurring within the territory of the state, and over all fail res to act in cases where there is a legal duty to act within the state.”(   Loc. Cit. Véase la nota anterior, con respecto al 2nd. Restatement.) En el 121 encontramos el enunciado de un importante principio: “Except as stated in numbers 131 and 132, a marriage is valid everywhere if the require ments of the marriage law of the state where the contract of marriage takes place are complied with.” (  Ibidem, p. 129. El 2d. Restatement prescribe que la validez de un matrimonio que satisfaga todos los requisitos de la ley del lugar de su celebración será reconocido como válido en todos los demás Estados a menos que lesione el orden público de otro Estado con el vínculo o relación más relevante y significativo. Véase  el par. 283. p. 233, del vol. II.)

En cuanto a la última fracción del 121, la doctrina está de acuerdo en que se debería de haber incluido en el capítulo correspondiente (concretamente en el artículo 59 de la Constitución) o en su ley reglamentaria.
A N E X O    I

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAL EL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL.

(Diario Oficial del día 7 de enero de 1988).

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: SE REFORMA Y ADICIONA EL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN, Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL.

ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos 12, 13, 14, 15, 29, 30, 31, y 32, así como la denominación del capítulo VI, del título décimo primero de la segunda parte del libro cuarto, y los artículos 2736, primer párrafo del artículo 2737 y 2738 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, para quedar en los siguientes términos:
ART. 12. Las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuentren en la República, así como los actos y hechos ocurridos en su territorio o jurisdicción y aquellos que se sometan a dichas leyes, salvo cuando éstas prevean la aplicación de un derecho extranjero y salvo, además, lo previsto en los tratados y convenciones de que México sea parte.
ART. 13. La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas:
I.- Las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un Estado extranjero conforme a su derecho, deberán ser reconocidas;
II.- El estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio;
III.- La constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes y los bienes muebles, se regirán por el derecho del lugar de su ubicación, aunque sus titulares sean extranjeros:
IV.- La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas en este código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal, o en la República tratándose de materia federal, y
V.-  Salvo lo previsto en las fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar en donde deban ejecutarse, a menos de que las partes hubieran designado válidamente la aplicabilidad de otro derecho."
ART. 14. En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente:
I.- Se aplicará como lo haría el juez extranjero correspondiente, para lo cual el juez podrá allegarse la información necesaria acerca del texto, vigencia, sentido y alcance legal de dicho derecho;
II. Se aplicará el derecho sustantivo extranjero, salvo cuando dadas las especiales circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta, con carácter excepcional, las normas conflictuales de ese derecho, que hagan aplicables las normas sustantivas mexicanas o de un tercer Estado;
III. No será impedimento para la aplicación del derecho extranjero, que el derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable, si existen instituciones o procedimientos análogos;
IV. Las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir con motivo de una cuestión principal, no deberán resolverse necesariamente de acuerdo con el derecho que regule a esta última, y
V. Cuando diversos aspectos de una misma relación jurídica estén regulados por diversos derechos, éstos serán aplicados armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales derechos. Las dificultades causadas por la aplicación simultánea de tales derechos se resolverán tomando en cuenta las exigencias de la equidad en el caso concreto.
Lo dispuesto en el presente artículo se observará cuando resultare aplicable el derecho de otra entidad de la Federación."
ART. 15. No se aplicará el derecho extranjero:
I.- Cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales del derecho mexicano, debiendo el juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión, y
II.- Cuando las disposiciones del derecho extranjero o en resultado de su aplicación sean contrarios a principios o instituciones fundamentales del orden público mexicano.
ART. 30. El domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente, y a falta de éste, el lugar del centro principal de sus negocios; en ausencia de éstos, en lugar donde simplemente residan y en su defecto, el lugar donde se encontraren.
Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses.
ART. 30. El domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente.
ART. 31. Se reputa domicilio legal:
I.- Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad está sujeto;
II. Del menor de edad que no esté bajo la patria potestad, y del mayor incapacitado, el de su tutor;
III. En el caso de menores o incapaces abandonados, el que resulte conforme a las circunstancias previstas en el artículo 29;
IV. De los cónyuges, aquél en el cual éstos vivan de consumo, sin perjuicio del derecho de cada cónyuge de fijar su domicilio en la forma prevista en el artículo 29;
V. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados;
VI. De los servidores públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por más de seis meses;
VII. De los funcionarios diplomáticos, el último que hayan tenido en el territorio del estado acreditante, salvo con respecto a las obligaciones contraídas localmente.
VIII. De las personas que residan temporalmente en el país en el desempeño de una comisión o empleo de su gobierno o de un organismo internacional, será el del Estado que los haya designado o el que hubiera tenido antes de dicha designación, respectivamente, salvo con respecto a obligaciones contraídas localmente, y
IX. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de seis meses, la población en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena; en cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido."
ART. 32. Cuando una persona tenga dos o más domicilios, se le considerará domiciliada en el lugar que simplemente resida, y si viviere en varios, aquél en que se encontrare.
CAPITULO VI

DE LAS PERSONAS MORALES EXTRANJERAS DE
NATURALEZA PRIVADA

ART. 2736. La existencia, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, funcionamiento, transformación, disolución, liquidación y fusión de las personas morales extranjeras de naturaleza privada, se regirán por el derecho de su constitución, entendiéndose por tal aquel del estado en que se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas.
En ningún caso el reconocimiento de la capacidad de una persona moral extranjera excederá a la que le otorgue el derecho conforme al cual se constituyó.
Cuando alguna persona extranjera de naturaleza privada actúe por medio de algún representante, se considerará que tal representante, o quien lo sustituya, está autorizado para responder a las reclamaciones y demandas que se intenten en contra de dicha persona con motivo de los actos en cuestión.
ART. 2737. La autorización a que se refiere el artículo 28 - bis no se concederá a menos de que las personas morales extranjeras prueben:
I y II…

ART. 2738. Concedida la autorización por la Secretaría de Relaciones Exteriores, se inscribirán en el registro los estatutos de las personas morales extranjeras de naturaleza privada.
ARTICULO SEGUNDO. Se adiciona la fracción VII al artículo 25 y el artículo 28 bis, al Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, en los siguientes términos:
Art. 25.-
I. a VII…

VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736.
ART. 28 - bis. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada no regidas por otras leyes, solamente podrán establecerse en el territorio de la República cumpliendo con las disposiciones legales aplicables y previa autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
ARTICULO TRANSITORIO UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 
ANEXO II
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar en los siguientes términos:

Art. 86. Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como lós usos o costumbres en que se funde el derecho.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 72, el artículo 86 bis, y el libro cuarto con un título único integrado por seis artículos que contienen los artículos 543 al 577, al Código Federal de Procedimientos Civiles, en los siguientes términos:

Art. 72.

La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero.

Art. 86 bis. El tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces o tribunales del Estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y con tenido del derecho extranjero.

Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance del derecho extranjero, el tribunal podrá valerse de informes oficiales al respecto, los que podrá solicitar al Servicio Exterior Mexicano, así como disponer y admitir las diligencias probatorias que considere necesarias o que ofrezcan las partes.

LIBRO CUARTO

DE LA COOPERACIÓN PROCESAL INTERNACIONAL.

TITULO UNICO.

CAPITULO I

Disposiciones generales.

Art. 543. En los asuntos del orden federal, la cooperación judicial internacional se regirá por las disposiciones de este libro y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que México sea parte.
Art. 544. En materia de litigio internacional, las dependencias de la Federación y de las entidades federativas estarán sujetas a las reglas especiales previstas en este libro.

Art. 545. La diligenciación por parte de tribunales mexicanos de notificaciones, recepción de pruebas u otros actos de mero procedimiento, solicitados para surtir efectos en el extranjero, no implicará en definitiva el reconocimiento de la competencia asumida por el tribunal extranjero, ni el compromiso de ejecutar la sentencia que se dictare en el procedimiento correspondiente.

Art. 546. Para que hagan fe en la República los documentos públicos extranjeros, deberán presentarse legalizados por las autoridades consulares mexicanas competentes conforme a las leyes aplicables. Los que fueren transmitidos internacionalmente por conducto oficial para surtir efectos legales, no requerirán de legalización.

Art. 547. Las diligencias de notificaciones y de recepción de pruebas en territorio nacional, para surtir efectos en el extranjero, podrán llevarse a cabo a solicitud de parte.

Art. 548. La práctica de diligencias en país extranjero para surtir efectos en juicios que se tramiten ante tribunales nacionales, podrá encomendarse a los miembros del Servicio Exterior Mexicano por los tribunales que conozcan del asunto, caso en el cual dichas diligencias deberán practicarse conforme a las disposiciones de este Código dentro de los límites que permita el derecho internacional.

En los casos en que así proceda, dichos miembros podrán solicitar a las autoridades extranjeras competentes, su cooperación en la práctica de las diligencias encomendadas.

Capítulo II
De los exhortos o cartas rogatorias internacionales

Art. 549. Los exhortos que se remitan al extranjero o que se reciban de él se ajustarán a lo dispuesto por los artículos siguientes, salvo o dispuesto por los tratados y convenciones de los que México sea parte.

Art. 550. Los exhortos que se remitan al extranjero serán comunica clones oficiales escritas que contendrán la petición de realización de las actuaciones necesarias en el proceso en que se expidan. Dichas comunicaciones contendrán los datos informativos necesarios y las copias calificadas cédulas, copias de traslado y demás anexos procedentes, según sea el caso.

No se exigirán requisitos de forma adicionales respecto de los exhortos que provengan del extranjero.

Art. 551. Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos al órgano requerido por las propias partes interesadas, por vía judicial, por intermedio de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos o por a autoridad competente del Estado requirente o requerido, se sea el caso.

Art. 552. Los exhortos provenientes del extranjero que sean transmitidos por conductos oficiales no requerirán legalización y los que se remitan al extranjero sólo necesitarán de la legalización exigida por l leyes del país en donde se deban de diligenciar.

Art. 553. Todo exhorto Internacional que se reciba del extranjero en idioma distinto del español deberá acompañarse  de su traducción. Salvo deficiencia evidente u objeción de parte, se estará al texto de la misma.

Art. 554. Los exhortos internacionales que se reciban sólo requerirán homologación cuando implique ejecución coactiva sobre personas, bienes o derechos, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto por el capítulo Sexto de este libro. Los exhortos relativos a notificaciones, recepción de pruebas y a otros asuntos de mero trámite se diligenciarán sin formar incidente.

Art. 555. Los exhortos internacionales que se reciban serán diligenciados conforme a las leyes nacionales.
Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal exhortado podrá conceder excepcionalmente la simplificación de formalidades o la observancia de formalidades distintas a las nacionales, a solicitud del juez exhortante o de la parte interesada, si esto no resulta lesivo al orden público y especialmente a las garantías individuales; la petición deberá contener la descripción de las formalidades cuya aplicación se solicite para la diligenciación del exhorto.

Art. 556. Los tribunales que remitan al extranjero o reciban de él, exhortos internacionales, los trasmitirán por duplicado y conservarán un ejemplar para constancia de lo enviado, recibido y actuado.

Capítulo III
Competencia en materia de actos procesales

Art. 557. Las notificaciones, citaciones y emplazamientos a las dependencias de la Federación y de la entidades federativas, provenientes del extranjero, se harán par conducto de las autoridades federales que resulten competentes por razón del domicilio de aquéllas.

Art. 558. Las diligencias a que se refiere el artículo anterior y el artículo 545 se llevarán a cabo por el tribunal del domicilio da quien vaya a ser notificado, de quien vaya a recibirse la prueba o donde se encuentre la cosa, según sea el caso.

Capítulo IV
De la recepción de las pruebas

Art. 559. Las dependencias de la Federación y de las entidades federativas y sus servidores públicos, estarán impedidos de llevar a cabo la exhibición de documentos o copias de documentos existentes en archivos oficiales bajo su control en México; se exceptúan los casos en que tratándose de asuntos particulares, documentos o archivos personales lo permita la ley y cuando a través del desahogo de un exhorto o carta rogatoria así lo ordene el tribunal mexicano.

Art. 560. En materia de recepción de prueba en litigios que se ventilen en el extranjero, las embajad2s, consulados y miembros del Servicio Exterior Mexicano estarán a lo dispuesto en los tratados y convenciones de los que México sea parte y a lo dispuesto en Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Art. 561. La obligación de exhibir documentos y cosas en procesos que se sigan en el extranjero no comprenderá la de exhibir documentos copias de documentos identificados por características genéricas.

En ningún caso podrá un tribunal nacional ordenar ni llevar a cabo la inspección general de archivos que no sean de acceso al público, salvo en los casos permitidos por las leyes nacionales.

Art. 562. Cuando se solicitare el desahogo de prueba testimonial o de declaración de parte para surtir efectos en un proceso extranjero, los declarantes podrán ser interrogados verbal y directamente en los términos del artículo 173 de este Código.

Para ello será necesario que se acredite ante el tribunal del desahogo,  que los hechos materiales del interrogatorio están  relacionados con el proceso pendiente y que medie solicitud de parte o de la autoridad exhortante.

Art. 563. Para los efectos del artículo 543, los servidores públicos de las dependencias de la Federación y de las entidades federativas, estarán impedidos de rendir declaraciones en procedimientos judiciales y desahogar prueba testimonial con respecto a sus actuaciones en su calidad de tales. Dichas declaraciones deberán hacerse por escrito cuando se trate de asuntos privados, y cuando así lo ordene el juez nacional competente.

Capítulo V
Competencia en materia de ejecución de sentencias.

Art. 564. Será reconocida en México la competencia asumida por un tribunal extranjero para los erectos de la ejecución de sentencias, cuando dicha competencia haya sido asumida por razones que resulten compatibles o análogas con el derecho nacional, salvo que se trate de asuntos de la competencia exclusiva de los tribunales mexicanos.

Art. 565. No obstante lo previsto en el artículo anterior, el tribunal nacional reconocerá la competencia asumida por el extranjero si a su juicio éste hubiera asumido dicha competencia para evitar una denegación de justicia, por no existir órgano jurisdiccional competente. El tribunal mexicano podrá asumir competencia en casos análogo.

Art. 566. También será reconocida la competencia asumida por un órgano jurisdiccional extranjero designado por convenio de las parles antes del juicio, si dadas las circunstancias y relaciones de las mismas, dicha elección no implica de hecho impedimento o denegación de acceso a la justicia.

Art. 567. No se considerará válida a cláusula o convenio de elección de foro, cuando la facultad de elegirlo opere en beneficio exclusivo de alguna parte pero no de todas.

Art. 568. Los tribunales nacionales tendrán competencia exclusiva para conocer de los asuntos que versen sobre las siguientes materias:

I.-  Tierras y aguas ubicadas en el territorio nacional, incluyendo el subsuelo, espacio aéreo, mar territorial y plataforma continental, ya sea que se trate de derechos reales, de derechos derivados de concesiones de uso, exploración, explotación o aprovechamiento, o de arrendamiento de dichos bienes;

II.- Recursos de la zona económica exclusiva o que se relacionen con cualquiera de los derechos de soberanía sobre dicha zona, en los términos de la Ley Federal del Mar;

III.- Actos de autoridad o atinentes al régimen  interno del Estado y de las dependencias de la Federación y de las entidades federativas;

IV. Régimen interno de las embajadas y consulados de México en el extranjero y sus actuaciones oficiales, y

V. En los casos en que lo dispongan así otras leyes.

Capítulo VI
Ejecución de sentencias

Art. 569. Las sentencias, laudos arbitrales privados y demás resoluciones jurisdiccionales extranjeras tendrán eficacia y serán reconocidos en la República en todo lo que no Sea contrario al orden público interno en los términos de este Código y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que México sea parte.

Tratándose de sentencias, laudos o resoluciones jurisdiccionales que sólo vayan a utilizarse como prueba ante tribunales mexicanos, será suficiente que los mismos llenen los requisitos necesarios para ser considerados como auténticos.

Los efectos que las sentencias o resoluciones jurisdiccionales y laudos arbitrales privados extranjeros produzcan en el territorio nacional, estarán regidos por lo dispuesto en el Código Civil, por este Código y demás leyes aplicables.

Art. 570. Las sentencias, resoluciones jurisdiccionales y laudos arbitrales privados extranjeros se cumplirán coactivamente en la República mediante homologación en los términos de este Código y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados convenciones de los que México sea parte.

Art. 571. Las sentencias, laudos arbitrales privados y resoluciones jurisdiccionales dietados en el extranjero, podrán tener fuerza de ejecución si cumplen con las siguientes condiciones:
I. Que se hayan satisfecho las formalidades previstas en este Código en materia de exhortos provenientes del extranjero;
II. Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción real;
III. Que e juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar el - asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en la esfera internacional que sean compatibles con las adoptadas por este Código;
IV. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia el ejercicio de sus defensas; -
V. Que tengan el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados, e que no exista recurso ordinario en su contra:
VI. Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano cuando  menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieren sido tramitados y entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a las autoridades del Estado donde deba practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicará cuando se hubiera dictado sentencia definitiva;
VII. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea contraria al orden público en México, y
VIII. Que llenen los requisitos para ser considerados como auténticos.
No obstante el cumplimiento de las anteriores condiciones el tribunal podrá negar la ejecución si se probara que en el país de origen no se ejecutan sentencias o laudos extranjeros en casos análogos.

Art. 572. El exhorto del juez o tribunal requirente deberá acompañarse de la siguiente documentación:
I.- Copia auténtica de la sentencia, laudo o resolución jurisdiccional;
II.-. Copia auténtica de las constancias que acrediten que se cumplió con las condiciones previstas en las fracciones IV y y del artículo anterior;
III.- Las traducciones al idioma español que sean necesarias al efecto, y
IV.- Que el ejecutante haya señalado domicilio para oír notificaciones en el lugar del tribunal de la homologación.

Art. 573. Es tribunal competente para ejecutar una sentencia, laudo o resolución jurisdiccional proveniente del extranjero el del domicilio del ejecutado o en su defecto, el de la ubicación de sus bienes en la República.

Art. 574. En incidente de homologación de sentencia, laudo o resolución extranjera se abrirá con citación personal al ejecutante y al ejecutado, a quienes se conceder término individual de nueve días hábiles para exponer defensas y para ejercitar los derechos que les correspondieren; y en el caso de que ofrecieren pruebas que fueren pertinentes se fijará fecha para recibir las que fueren admitidas, cuya preparación correrá exclusivamente a cargo del oferente, salvo y razón fundada. En todos los casos se dará intervención al Ministerio Público para que ejercite los derechos que le correspondiere.

La resolución que se dicte será apelable en ambos efectos si se denegare la ejecución, y en el efecto devolutivo si se concediere.

Art. 575. Ni el tribunal de primera instancia ni el de apelación podrán examinar ni decidir sobre la justicia o injusticia del fallo, ni sobre las motivaciones o fundamentos de hecho o de derecho en que se apoye, limitándose a examinar su autenticidad y si deba o no ejecutarse con forme a lo previsto en el derecho nacional.

Art. 576 Todas las cuestiones relativas a embargo, secuestro, depositaría, avalúo, remate y demás relacionadas con la liquidación y ejecución coactiva de sentencia dictada por tribunal extranjero, serán resueltas por el tribunal de la homologación.

La distribución de los fondos resultantes del remate quedará a disposición del juez sentenciador extranjero.

Art. 577. Si una sentencia, laudo o resolución jurisdiccional extranjera no pudiera tener eficacia en su totalidad el tribunal podrá admitir su eficacia parcial a petición de parte interesada.

ARTÍCULO TERCERO Se derogan los artículos 131, 302 y 428 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Los procedimientos relativos a las materias a que se refiere el presente decreto que se encuentre en trámite al momento de su entrada en vigor, continuarán substanciándose conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

Diario Oficial, 12 de enero, 1988.
 

ANEXO III
REFORMAS AL CODIGO DEL 4 DE ENERO DE 1989

(Solamente se enlistan los artículos reformados y adicionados que tengan
relación con los conflictos de leyes, cooperación procesal internacional y
arbitraje comercial internacional)

Art. 1051. El procedimiento mercantil preferente a todos es el que libremente convengan las partes con las limitaciones que se señalan en este libro, pudiendo ser un procedimiento arbitral.

Art. 1073. La práctica de diligencias en país extranjero para surtir efectos en juicios que se tramiten ante tribunales nacionales, podrán encomendar-ge a través de los miembros del Servicio Exterior Mexicano por los tribunales que conozcan del asunto, caso en el cual dichas diligencias deberán practicarse conforme a las disposiciones de este libro dentro de los límites que permita el derecho internacional.

Art. 1074. Los exhortos que se remitan al extranjero o que se reciban de él, salvo lo dispuesto por los tratados o convenciones de los que México sea parte, se sujetarán a las siguientes disposiciones:

I. Los exhortos que se remitan al extranjero serán comunicaciones oficiales escritas que contendrán la petición de realizar las actuaciones necesarias en el juicio en que se expidan; dichas comunicaciones contendrán los datos informativos necesarios y las copias certificadas, cédulas, copias de traslado y de demás anexos procedentes, se sea el caso;

II. Los exhortos que provengan del extranjero deberán satisfacer los requisitos a que se refiere la fracción anterior, sin que se exijan requisitos de forma adicionales;

III. Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos al órgano requerido por las propias partes interesadas, por vía judicial, por intermedio de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos o por la autoridad competente del Estado requirente o requerido, según sea el caso:

IV. Los exhortos provenientes del extranjero que sean transmitidos por conductos oficiales no requerirán legalización y los que se remitan al extranjero sólo necesitarán de la legalización exigida por las leves del país en donde se deban diligenciar.
V. Todo exhorto que se reciba del extranjero en idioma distinto del español, deberá acompañarse de su traducción, a la cual se estará, salvo deficiencia evidente u objeción de parte;

VI. Los exhortos que se reciban del extranjero sólo requerirán homologación cuando impliquen ejecución coactiva sobre personas, bienes o derechos; los relativos a notificaciones, recepción de pruebas y otros asuntos de mero trámite, se diligenciarán sin formar incidente;

VII. Los exhortos que se reciban del extranjero serán diligenciados conforme a las leyes nacionales, pero el tribunal exhortado podrá con ceder excepcionalmente la simplificación de formalidades o la observan da de formalidades distintas a las nacionales, a solicitud del juez exhortante o de la parte interesada, si esto no resulta lesivo al orden público especialmente a las garantías individuales; la petición deberá contener la descripción de las formalidades cuya aplicación se solicite para la diligenciación del exhorto;

VIII. Los tribunales que remitan exhortos al extranjero o los reciban de él, los tramitarán por duplicado y consonarán un ejemplar para constancia de lo enviado, recibido y actuado.

Art. 1248. Para que hagan fe en la República los documentos públicas extranjeros deberán presentarse legalizados por las autoridades consulares mexicanas competentes conforme a las leyes aplicables.

Art. 1249, Los documentos que fueren transmitidos internacionalmente, por conducto oficial, para surtir efectos legales, no requerirán de legalización.

Art. 1347-A. Las sentencias, laudos y resoluciones dictadas en el extranjero podrán tener fuerza de ejecución si se cumplen las siguientes condiciones:

I. Que se hayan cumplido las formalidades establecidas en los tratados convenios en que México sea parte en materia de exhortos provenientes del extranjero: en el caso de ejecución de laudos no se requerirá exhorto;

II. Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción real;

III. Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en el derecho internacional que sean compatibles con las adoptadas por este Código:

IV. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas:

V. Que tenga el carácter de cosa juzgada  en el país en que fueron dictados, o que no exista recurso ordinario en su contra;

VI. Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que está pendiente entre las mismas panes ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieren sido tramitados y entre gados a la Secretaria de Relaciones Exteriores o a las autoridades del Estado donde deba practicarse el emplazamiento.

La misma regia se aplicará cuando se hubiera dictado sentencia definitiva;

VII. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea contraria al orden público en México, y

VIII. Que llenen los requisitos para ser considerados como auténticos.

No obstante e! cumplimiento de las anteriores condiciones, el juez podrá negar la ejecución si se probara que en el país de origen no se eje cutan sentencias, resoluciones jurisdiccionales o laudos extranjero en casos análogos.

TITULO CUARTO
DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL

Art. 1415. Cuando las partes sean comerciantes podrán convenir en someter a decisión arbitral las diferencias que surjan de sus relaciones comerciales. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la fórmula de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de acuerdo independiente.

El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito, pudiendo consistir en un canje de cartas, télex, telegramas o cualquier otro medio semejante.

Art. 1416. Solamente las personas capaces pueden comprometer en árbitros sus negocios.

Art. 1417. En el acuerdo de arbitraje se designará el negocio o los negocios que serán sometidos a juicio arbitral, así cono el nombre del o de los árbitros o el procedimiento para su designación. Si falta la mención del negocio materia del acuerdo, éste será nulo de pleno derecho sin necesidad de previa declaración judicial.

Art. 1418. Cuando por cualquiera de los medios citados en el artículo 1415 conste que los interesados sometieren sus diferencias a la decisión arbitral y no estén nombrados el o los árbitros, ni convenida la forma de su designación, debe prepararse el juicio arbitral para que el nombra miento sea hecho por el juez.

Una vez que se haya presentado ante el juez el documento en que conste el acuerdo, por cualquiera de los interesados, se citará a la junta dentro del tercer día para que éstos se presenten a elegir árbitro, apercibiéndolos de que, en caso de no hacerlo, lo hará en su rebeldía.

En caso de que la cláusula compromisoria forme parte de documento privado, al citar a la otra parte a la junta a que se refiere el párrafo anterior, se le re previamente para que reconozca el documento; si se rehusare a contestar o no compareciere, se tendrá por reconocido.

Durante la junta el juez exhortará a las partes para que elijan árbitro de común acuerdo y en caso de no conseguirlo, será el juez quien lo de signe, procurando que dicho nombramiento recaiga en persona idónea atendiendo a sus cualidades personales.

Con el acta de la junta a que se refiere este artículo se iniciarán las labores del árbitro, emplazando a las partes como se determina en este Código.

Art. 419. E acuerdo arbitral será válido aun cuando no se haya establecido el término del juicio arbitral, pero en este caso, dicho término será de sesenta días hábiles, contándose el plazo desde la iniciación del procedimiento arbitral.

Art. 1420. Durante el plazo del arbitraje el nombramiento de los árbitros no podrá ser revocado sino por el consentimiento unánime de las partes.

Art. 1421. El arbitraje podrá ser nacional o internacional; las disposiciones de este Código se aplicarán en los dos ámbitos, salvo en lo previsto por los convenios y tratados internacionales en que México sea parte. Si el arbitraje se llevare a cabo en México. A  falta de acuerdo expreso de las partes y de las reglas del procedimiento acordadas por éstas en los términos de los artículos siguientes. se observarán las disposiciones del presente Código, o en su defecto de! Código de Procedimientos Civiles de la entidad federativa donde se realice el arbitraje, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial.

Art. 1422. En el acuerdo de arbitraje las partes podrán pactar expresamente las reglas procesales que se han de observar, siempre y cuando en ellas se respeten las formalidades esenciales del procedimiento. Asi mismo, podrán convenir que el arbitraje se regulará por los reglamentos aprobados o utilizados por instituciones que administren procedimientos arbitrales.

Art. 1423. En el acuerdo de arbitraje las partes podrán convenir en:

I. El número de árbitros y el procedimiento para su designación que podrá encomendarse a un tercero, el cual podrá ser una institución ad ministradora de procedimientos arbitrales;
II. El lugar donde se llevará a cabo el arbitraje:
III. El idioma o idiomas que deberán utilizarse en las actuaciones, pero en juicios que se ventilen en territorio nacional, necesariamente se usará el español, sin perjuicio de otro;
IV. Renunciar al recurso de apelación, y
V. Cualquier otra estipulación que estimen conveniente incluyendo las normas que habrán de aplicarse en cuanto al fondo y al procedimiento sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 1424. Los árbitros estarán siempre obligados a recibir pruebas oír alegatos, si cualquiera de las partes lo pidiere. Cualquier pacto en contrario se tendrá por no puesto.

Art. 1425. Cuando el compromiso en árbitros se celebre respecto de un negocio en grado de apelación, el laudo arbitral será definitivo, sin ulterior recurso.

Art. 1426. Las partes podrán elegir la ley que deba regir en cuanto al fondo del litigio, a menos que dicha elección no fuere válida por disposición de orden público. En caso de ausencia o invalidez de dicha elección, el árbitro o en su caso, el tribunal arbitral, tomando en cuenta las características y conexiones del caso, determinará el derecho - aplicable al fondo.

Art. 1427. El acuerdo arbitral produce las excepciones de incompetencia y litispendencia, si encontrándose vigente se promueve el negocio ante un tribunal ordinario.

Art. 1428, El arbitraje termina:

I. Por muerte del árbitro elegido en el compromiso o en cláusula compromisoria, si no se hubiere designado sustituto o si en un plazo de treinta días naturales no se pusieren de acuerdo las partes en Uno nuevo o no se hubiese previsto procedimiento para sustituirlo. En caso de que no hubieren las partes designado el árbitro, si no por intervención judicial, el compromiso no se extinguirá y se proveerá a! nombra miento de sustituto en la misma forma que para el primero.
II. Por excusa del árbitro o árbitros designados por las partes, por causa justificada que les impida desempeñar su oficio si las partes en un plazo de treinta días naturales, no se pusieren de acuerdo en la designación con intervención judicial se proveerá al nombramiento del sustituto en la misma forma que para el primero. Si el árbitro designado en segundo término se excusa del conocimiento del asunto,  por causa justificada, el compromiso se entenderá extinguido;

III. Por recusación, con causa declarada procedente cuando el árbitro hubiere sido designado por segunda vez por el juez, pues al nombrado de común acuerdo no se le puede recusar;

IV. Por nombramiento recaído en el árbitro designado por las partes para el desempeño por más de tres meses, de cualquier cargo de la administración de justicia, que impida de hecho o de derecho la función de arbitraje. En caso de árbitro designado por el juez, se proveerá a una nueva designación y

V. Por la expiración del plazo a que se refiere el artículo 1419 salvo que las partes convengan expresamente en prorrogarlo.

Si las partes transigen en cuanto al fondo del litigio el árbitro dará por concluido el procedimiento y, si no es contraria a las normas de orden público aprobará la transacción dándole efectos de laudo definitivo.

Art. 1429. Siempre que haya de designarse un árbitro sustituto se suspenderán los términos durante e] tiempo necesario para hacer el nuevo nombramiento

Art. 1430. El laudo arbitral será firmado por todos los árbitros, pero en caso de haber más de das, si la minoría rehusare hacerlo, los otros lo harán constar y dicho laudo tendrá el mismo efecto que si hubiese sido firmado por todos.

Art. 1431. Si los árbitros estuviesen autorizados a designar un tercero en discordia, y no lograsen ponerse de acuerdo sobre en quien ha de recaer dicha designación acudirán el juez de primera instancia.

Art. 1432. Los árbitros decidirán, según las reglas del derecho a menos que, en el  compromiso o en la cláusula se les encomendare la amigable composición o el fallo en conciencia.

Art. 1433. Los árbitros sólo sen recusables por las mismas causas que lo fueres los jueces; de las recusaciones y excusas de los árbitros conocerá el Juez de primera instancia, conforme a las leyes y sin ulterior recurso.

Art. 1434. Los árbitros pueden conocer de los incidentes, sin cuya resolución no fuere posible decidir el negocio principal. También pueden conocer de as excepciones perentorias, pero no de la reconvención, sino en el caso en que se oponga como compensación hasta la cantidad que importe la demanda, o cuando así se haya pactado expresamente.

Art. 1435. Los árbitros pueden condenar a las partes en costas, daños  perjuicios. Para emplear los medios de apremio se debe acudir ante el juez de primera instancia.

Art. 1436. Una vez que haya sido notificado el laudo arbitral, se pasarán los autos al juez de primera instancia.

Si hubiere lugar a algún recurso que fuere admisible, lo admitirá el juez que recibió los autos y remitirá éstos al tribunal superior, sujetándose en todos sus procedimientos a lo dispuesto para los juicios comunes.

Art. 1437. La ejecución en el país de laudos arbitrales extranjeros, salvo lo dispuesto en los tratados y convenios de los que México sea parte, se regirán por las disposiciones de este Código o por lo previsto en el acuerdo de arbitraje y en el Código de Procedimientos local respectivo, aplicándose supletoriamente el Código Federalde Procedimientos Civiles.
 
ANEXO IV
CONCORDANCIAS ENTRE LOS ARTÍCULOS REFORMADOS y
ADICIONADOS DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL DISTRITO FEDERAL (CPC) Y EL CÓDIGO FEDERAL
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES (CFPC)

Fue reformado el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (CPC) en el mismo sentido que el Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC), pero para evitar la duplicidad en los comentarios solamente haremos las concordancias de las reformas en ambos ordenamientos, es decir, transcribiremos el artículo del CPC y se anotará a final su correspondiente numeral en el CFFC. Únicamente se hace la concordancia de los artículos reformados o adicionados.

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal

Art. 40.

I. …
II.- Cuando los juzgados que conozcan respectivamente de los juicios pertenezcan a tribunales de alzada diferente, y
III. Cuando se trate de un proceso que se ventile en el extranjero.

Véase art. 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC).

Art. 108. Los exhortos que se remitan al extranjero o que se reciban de él. en cuanto a sus formalidades y en general a la cooperación procesal internacional, se sujetarán a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de que México sea parte.

Véase arts. 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549. 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558,  559, 560, 561, 562 y 563 del CFPC.

Art. 198. Las diligencias preparatorias de que se trata en las fracciones II a IV y VII a IX del artículo 193 se practicarán con citación de la parte contraria, a quien se correrá traslado de la solicitud por el término de tres días. y se aplicarán las reglas establecidas para  la práctica de la prueba testimonial.

Véase arts. 559, 560, 561, 562 y 563 del CFPC.

Art. 281. Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, asÍ como los usos y costumbres en que se funde el derecho.

Véase arts. 86 y 86—bis del CFPC y art. 14, fracción 1, del Código Civil para el D. F. (reformado).

Capítulo VI
De la cooperación procesal internacional

Art. 604 Los exhortos internacionales que se reciban sólo requerirán de homologación cuando impliquen ejecución coactiva sobre personas, bienes o derechos. Los exhortos relativos a notificaciones, recepción de pruebas y a olios asuntos de mero trámite se diligenciarán cuando proceda. sin formar inciden y de acuerdo con las siguientes reglas

I. La diligenciación de exhortos o el obsequio de otras solicitudes de mera cooperación procesal internacional se llevará a cabo por tribunales del Distrito Federal, en los términos y dentro de los límites de este Código y demás leyes aplicables;

II. Sin perjuicio de lo anterior el tribunal exhortado podrá conceder simplificación de formalidades o la observancia de formalidades distintas a las nacionales, si esto no resulta lesivo al orden público y especialmente a las garantías individuales;

III. A solicitud de parte legítima, podrán llevarse a cabo actos de notificación o de emplazamiento, o de recepción de pruebas, para ser utilizados en procesos en el extranjero en la vía de jurisdicción voluntaria o de diligencias preparatorias previstas en este Código, y

IV. Los tribunales que remitan al extranjero exhortos internacionales o que los reciban, los tramitarán por duplicado y conservarán éste para constancia de lo enviado, o de lo recibido y de lo actuado.

Véase arts. 549. 550, 551. 552, 553. 554, 555 y 556 del CFPC.

Art. 605. Las sentencias y demás resoluciones extranjeras tendrán eficacia y serán reconocidas en la República en todo lo que no sea contrario al orden público interno en los t4rminos de este Código del Código Federal de Procedimientos Civiles y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de que México sea parte.

Tratándose de sentencias o resoluciones jurisdiccionales que sola mente vayan a utilizarse como prueba, será suficiente que las mismas llenen los requisitos necesarios para ser consideradas como documentos públicos auténticos.

Los efectos que las sentencias o laudos arbitrales extranjeros produzcan en el Distrito Federal estarán regidos por el Código Civil, por este Código y el Código Federal de Procedimientos Civiles y demás leyes aplicables.

Véase el art. 569 del CFPC.

Art. 606. Las sentencias, laudos y resoluciones dictados en el extranjero podrán tener fuerza do ejecución si se cumplen las siguientes condiciones:

I. Que se hayan satisfecho las fon previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles en materia exhortos provenientes del extranjero;

II. Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción real;

III. Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en a esfera internacional que sean compatibles con las adoptadas por este Código o en el Código Federal de Procedimientos Civiles;

IV. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas;

V. Que tengan el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictadas, o que no exista recurso ordinario en su contra;

VI. Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieren sido tramitados y entregados a las Secretaría de Relaciones Exteriores del estado donde deba practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplica cuando se hubiera dictado sentencia definitiva.

VII. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea contraria al orden público en México. Y

VIII. Que llenen los requisitos para ser considerados como auténticos.

No obstante el cumplimiento de las anteriores condiciones el juez podrá negar a ejecución si se probara que en el país de origen no  ejecutan sentencias, resoluciones jurisdiccionales o laudos extranjeros análogos.

Véase el art. 571 de! CFPC.

Art. 607. El exhorto del juez o tribunal requirente deberá acompañarse de la siguiente documentación:

I. Copia auténtica de la sentencia, laudo o resolución jurisdiccional.

II. Copia auténtica de las constancias que acrediten que se cumplió con las condiciones previstas en las fracciones IV y V del artículo anterior;

III. Las traducciones al español que sean necesarias al efecto, y

IV. Que e! ejecutante haya señalado domicilio para oír notificaciones en el lugar de la homologación.

Véase el art. 572 del CFPC.

Art. 608. El reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera se sujetará a las siguientes reglas:

I.- El Tribunal competente para ejecutar una sentencia, laudo o resolución jurisdiccional proveniente del extranjero, será el del domicilio del ejecutado;

II.- El incidente de homologación de sentencia, laudo o resolución extranjera se abrirá con citación personal al ejecutante y al ejecutado, a quienes se concederá término individual de nueve días hábiles para exponer defensas y para ejercitar los derechos que les correspondieren; y en el caso de que ofrecieren pruebas que fueren pertinentes, se fijará fecha para recibir las que fueren admitidas, cuya preparación correrá exclusivamente a cargo del oferente salvo razón fundada. En todos los casos se dará intervención al Ministerio Público para Que ejercite los derechos que le correspondiere.

La resolución que se dicte será apelable en ambos efectos se denegare la ejecución, y en el efecto devolutivo si se concediere;

III.-  Todas las resoluciones relativas a depositaría, avalúo, remate y demás relacionadas con la liquidación y ejecución coactiva de sentencia dictada por tribunal extranjero serán resueltas por el tribunal de la homologación.

La distribución de los fondos resultantes del remate quedará a disposición del juez sentenciador extranjero;

IV. Ni el tribunal de primera instancia ni el de apelación podrán examinar ni decidir sobre la justicia o injusticia del fallo, ni sobre los fundamentos de hecho o de derecho en que se apoyen, limitándose sólo a examinar su autenticidad y si deba o no ejecutarse conforme a lo previsto en los artículos anteriores, y

V. Si una sentencia, laudo o resolución jurisdiccional extranjera no pudiera tener eficacia en su totalidad, el tribunal podrá admitir su eficacia parcial a petición de parte interesada.

Véase los art.  558, 573, 574, 575 y 577 del CFPC.

Art 193.

I a VIII

IX. Pidiendo el examen de testigos u otras declaraciones que se requieran en un proceso extranjero.

Véase art. 72 del CFPC.

Art. 484-bis. El Tribunal aplicará el derecho extranjero tal como o harían los jueces del estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho extranjero invocado.

Para informarse del texto, vigencia, sentido y alcance legal del derecho extranjero, el tribunal podrá valerse de informes oficiales respecto, pudiendo solicitarlos al Servicio Exterior mexicano, o bien ordenar o admitir las diligencias probatorias que consideren necesarias o que ofrezcan las partes.

Véase arts. 86 y 86-bis del CFPC, y art. 14, fracción 1, del Código Civil para D.F.

Art. 337-bis. La obligación de exhibir documentos y cosas en procesos que se sigan en el extranjero, no comprenderá la de exhibir documentos o copias de documentos identificados por características genéricas.

En ningún caso podrá un tribunal nacional ordenar ni llevar a cabo la inspección de archivos que no sean de acceso público, salvo en los casos permitidos por las leyes nacionales.

Véase art. 559 y 561 del CFPC.

Art. 362-bis. Cuando se solicitare el desahogo de prueba testimonial o declaración de parte para surtir efectos en un proceso extranjero, los declarantes podrán ser interrogados verbal y directamente en los términos del artículo 360 de este Código.

Para ello será necesario que se acredite ante el tribunal del desahogo, que los hechos materia del interrogatorio están relacionados con el proceso pendiente y que medie solicitud de parte o de la autoridad exhortante.

Véase art. 562 del CPFC.

Art. 893.
A solicitud de parte legítima podrán practicarse en esta vía las notificaciones o emplazamientos necesarios con proceso extranjero.

Este artículo no cuenta con su correspondiente en el CFPC.

Los artículos 567 (elección de foro en beneficio de una de las partes). 568 (competencia exclusiva de los tribunales mexicanos) 548 (auxilio del Servicio Exterior Mexicano en la práctica de diligencias) del CFPC. no cuentan con su correspondiente en el CPC del D. F.

No obstante las concordancias entre el Código de Procedimientos Civiles para el D. E. y el Código Federal de Procedimientos Civiles es indispensable realizar las concordancias necesarias con las convenciones y tratados que México ha firmado y ratificado a nivel internacional, muy especialmente con las diversas convenciones de las CIDIP  I, II y III relacionadas con el auxilio judicial internacional, así como las reservas formuladas por el gobierno mexicano.
 
ANEXO V
RELACIÓN DE CONVENIOS DE LAS CIDIP FIRMADOS POR
MEXICO

1. Decreto de Promulgación de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, firmada en la ciudad de Panamá. el treinta de enero de mil novecientos setenta y cinco Diario Oficial del 25 de abril de 1978.
2. Decreto de Promulgación de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas, firmado en la ciudad de Panamá el treinta de enero de de mil novecientos setenta y cinco. Diario Oficial del 25 de abril de 1978.
3. Decreto de Promulgación del Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, hecho en Montevideo, Uruguay, el día 8 de mayo de 1979. Diario Oficial del 28 de abril de 1983.
4. Decreto de Promulgación de la Convención interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles, hecha en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979. Diario Oficio! del 28 de abril de 1983.
5. Decreto de Promulgación de la Convención interamericana sobre prueba e Información acerca del Derecho Extranjero hecha en Montevideo, Uruguay. el día 8 de mayo de 1979. Diario Oficial del 29 de abril de 1983.
6. Decreto de Promulgación de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, formulado en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979. Diario Oficial del 21 de septiembre de 1984.
7. Fe de erratas al Decreto de Promulgación de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, hecha en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979. Diario Oficial del 10 de octubre de 1984.
8. Decreto de Promulgación de la Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para ser Utilizados en el Extranjero, efectuada en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el 30 de enero de 1975. Diario Oficial del 19 de agosto de 1987.

 

 

 

 

 

 

 


ART, 121 CONSTITUCIONAL
Comentado

Jaime CARDENAS GRACIA.

Artículo 121.- En cada Estado de la Federación se dará fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:
I. Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.
II.  Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la Ley del lugar de su ubicación.
III. Las sentencias pronunciadas por los Tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en éste, cuando así lo dispongan sus propias leyes.
Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otro Estado, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio, a la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio.
IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez, en los otros.
V. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, con sujeción a sus leyes, serán respetados en los otros.


COMENTARIO: Este artículo ha sido poco explorado por los constitucionalistas mexicanos; sin embargo, es conveniente reafirmar su importancia para el derecho constitucional, ya que sus disposiciones complementan y perfeccionan el sistema federal.
La razón por la cual ha escapado al ámbito de estudio de los constitucionalistas se debe a que su contenido se integra por preceptos en su mayoría extraídos del derecho internacional privado.
Impone a cada estado de la Federación, la obligación de dar entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de los otros. Tena Ramírez: mientras entre naciones soberanas esa obligación no existe, si no es porque la acepten voluntariamente y en virtud de alguna convención internacional o por expresión espontánea de sus propias leyes, los estados de la Federación la tienen como obligación impuesta por el Constituyente.
Marco teórico e histórico. El desarrollo del marco teórico en el cual se enmarca al artículo tiene estrecha referencia con el sistema jurídico federal, consagrado en el artículo 40 constitucional. Este se integra por dos tipos de derechos positivos: el de índole federal, cuya aplicación se realiza en toda la República, en virtud del principio de supremacía que el orden constitucional le otorga; y el de índole estatal, cuya aplicación está restringida debido a la existencia de ciertas reglas que lo regulan. Así, dentro de un estado miembro, rigen su derecho y el derecho federal, en diferentes ámbitos de normatividad establecidos.
Autores advierten que conforme al primer párrafo del artículo 41 constitucional, en nuestro país operan los dos órdenes jurídicos, y de acuerdo con el artículo 133, la hegemonía normativa le corresponde a la Constitución Federal, al igual que a la legislación secundaria de la Federación y a los tratados internacionales. En aras de ella, ya se analizó en el artículo 120 constitucional comentado, al afirmarse que los gobernadores de los estados federados tienen la obligación de publicar y hacer cumplir las leyes federales.
Burgoa considera que dentro del sistema jurídico mexicano, la pirámide normativa está formada jerárquicamente por: a) Constitución Federal; b) Leyes Federales y Tratados Internacionales que no se opongan a ella; c) Reglamentos heterónomos federales; d) Constituciones locales; e) leyes locales y f) reglamentos locales.
Precisamente, estas dos ultimas disposiciones, y en concreto las leyes locales, tienen un ámbito espacial de validez sujeto al principio de territorialidad de la ley, mismo que, como regla general, cuenta con sus propias excepciones. La doctrina ha considerado estos aspectos dentro de lo que se denomina conflicto de leyes, que debe ser motivo de una regulación cuidadosa, en virtud de que por la naturaleza del contenido, coexisten en el territorio de un mismo país, diversas legislaciones, que son las de los estados federados.
Trigueros: el federalismo sólo se concibe cuando los estados de la Federación tienen un mínimo de autonomía para la creación de su propio orden jurídico. Por ello, la facultad de los estados para legislar con absoluta autonomía en las materias que le están constitucionalmente reservadas, es característica propia del sistema federal, que sólo puede estar supeditada a la propia Constitución. Asimismo, la pluralidad de estados con idénticas funciones genéricas en el sistema federal hace indispensable la coordinación de tales funciones para obtener de la unión el resultado que en ella se busca. La Constitución debe proveer normas que regulen el ejercicio del poder autónomo de los estados miembros, con vistas a obtener un resultado armónico, manifestaciones de unidad, garantía de equilibrio y base de seguridad y facilidad en las relaciones en que varios estados intervienen.
Se ha considerado que el poder federal no podría encargarse de esa coordinación que implica la existencia de normas restrictivas de la autonomía local, por lo que dichas normas sólo pueden localizarse en la ley fundamento de un Estado Federal.
Por lo tanto, las normas de coordinación de sistemas locales son necesarias en toda organización federal. Tal es el caso del artículo constitucional en comento.
La posibilidad de que el contenido normativo de la legislación local, así como los hechos, actos y negocios jurídicos que de él deriven, provoquen ciertos efectos no sólo en su territorio sino además en el territorio de las demás entidades federativas, ha provocado gran preocupación al momento de su regulación en cualquier sistema constitucional.
La Constitución de los Estados Unidos de América establece, sección 1 del Artículo IV, que se dará entera fe y crédito en cada estado a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales a todos los demás. El Congreso podrá prescribir, mediante leyes generales, la forma en que dichos actos, registros y procedimientos se probarán y el efecto que producirán.
Se habla a su vez de dos antecedentes que inspiraron al Constituyente norteamericano: el artículo VIII de la Confederación de Nueva Inglaterra de 1643, como antecedente lejano, e inmediato, el artículo IV del acta de la Confederación de Filadelfia.
El anterior es el antecedente inmediato que el Constituyente mexicano va a considerar para la regulación de los efectos que fuera de las fronteras de un estado miembro del sistema federal pueden tener ciertos hechos, actos o negocios jurídicos.
El artículo 145 de nuestra Constitución Federal de 1824 estableció un precepto idéntico al regulado en la Norteamericana.
Para la Constitución centralista de 1842, el primer proyecto consideró que en cada uno de los departamentos se prestara entera fe y créditos a los actos, registros y procedimientos de los jueces y otras autoridades de los otros departamentos. Mediante su voto particular, la minoría constituyente propuso como obligación de los estados, observar estrictamente el principio de que en cada estado debe prestarse entera fe y crédito todos los actos públicos de las autoridades de los demás. La propuesta provocó que la mayoría hiciera suya la redacción y contenido sugeridos por la minoría, con la salvedad de que la Constitución sería de corte centralista.
El Constituyente de 1857 adoptó íntegramente el contenido de la Constitución de 1824, aun cuando no textualmente. Se excluyó el concepto relativo a que el Congreso de la Unión uniformara las leyes, lo cual ha sido considerado por autores como expresión ambigua y difícil de poner en práctica. En su lugar se previó que el Congreso, mediante leyes generales, debería señalar la forma como deben probarse los actos correspondientes.
En la 62ª sesión ordinaria del Constituyente de Querétaro, de 25 de Enero de 1917, sin discusión y por unanimidad, fue aprobado con el numeral 121 el proyecto presentado por Venustiano Carranza, que hasta la fecha no ha sufrido ninguna modificación.
Estructura y contenido del artículo 121 constitucional. Se compone de un párrafo y cinco fracciones. De manera resumida se puede afirmar que tal disposición instituye la obligación de cada una de las entidades federativas de dar entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras, y encomienda al Congreso de la Unión la expedición de leyes que prescriben la forma de probar dichas actuaciones y señalen los efectos que éstas produzcan, de acuerdo con las bases que se consignan en el propio precepto. Estas bases son lo que hace distinto este texto a los otros aprobados por los Constituyentes de 1824 y 1857.
El primer párrafo establece que en cada estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases enumeradas de la fracción I a la fracción V.
Este párrafo tiene una gran influencia de la Constitución norteamericana, incluso autores señalan que se ha tomado su texto de una traducción excesivamente literal; además, que no recogió el verdadero sentido técnico-jurídico de las expresiones empleadas en el precepto estadounidense. Es de destacar el concepto norteamericano de public act, que se tradujo por el Constituyente en la noción de actos públicos. Trigueros: dicha expresión norteamericana significa, entre otras cosas, una ley escrita formalmente ordenada y aprobada por la legislatura de un estado, llamada en Inglaterra de Parlamento, y en los Estados Unidos, acta del Congreso o de la Legislatura o estatuto. Así, los actos son públicos cuando se relacionan con toda la comunidad o establecen reglas universales de gobierno para todo el cuerpo político; que conciernen a toda la comunidad y a los cuales los tribunales están obligados a tener en cuenta. A diferencia de las palabras bill o law, que son usadas incorrectamente como sinónimos de act, la primera es sólo un proyecto o forma del act  presentado a la legislatura, pero no aprobado. Act  no incluye ordenanzas y reglamentos derivados de las autoridades locales.
A mayor abundamiento, Trigueros considera que la significación legal de la obligación que la Constitución de los Estados Unidos impone a los estados bajo la expresión dar entera fe y crédito de los actos de los demás, implica la obligación de aceptar las leyes de los demás estados, las cuales deberán tener efecto en los otros estados, efecto cuya regulación se efectuará por la Ley del Congreso.
Todas nuestras Constituciones han traducido la expresión comentada, por actos públicos, cuya significación no coincide con la que da el derecho norteamericano.
La doctrina mexicana ha tratado de superar esa dificultad interpretando dicho concepto como “actas públicas”, o incluso como “ley”. Autores insisten en la versión de actos públicos. Sugiere Trigueros la traducción de “leyes” y “actos públicos”.
La expresión “actos públicos” subsume la de ley: inclusive se debe entender que un acto público no necesariamente tiene que ser una ley, ya que existen múltiples expresiones de lo que como tal debe ser considerado. Lo anterior nos lleva a concluir que independientemente de la imprecisión técnica de nuestras Constituciones, el artículo 121 incluye tanto a las leyes como a los diversos actos de naturaleza pública a los que se le incluye en la obligación por parte de los estados de la Federación de dar entera fe y crédito. Todo acto pasado ante la autoridad de un estado es válido para todos los demás.
También el concepto “registro” es motivo de múltiples comentarios, todos ellos encaminados a objetar su traducción que del texto norteamericano hicieron los constituyentes, al significar la palabra records. Algunos prefieren el concepto de “inscripción”. Independientemente de dichas objeciones, el antecedente implica la existencia de la relación escrita de algún acto, transacción o instrumento otorgado por orden de la ley, por una autoridad competente y destinado a quedar como recuerdo o prueba permanente en los asuntos con que se relaciona. La palabra “registro” no contraviene el significado que originalmente se le dio en la Constitución norteamericana.
La ultima parte del párrafo señala que el Congreso de la Unión deberá sujetarse a las bases señaladas en las siguientes cinco fracciones, con el propósito de que expida la ley reglamentaria que prescriba la manera de probar en un estado, los actos verificados en otros, así como señalar en tales casos el efecto de los mismos actos de acuerdo con las bases consignadas en el precepto.
La primera base menciona que las leyes de un estado solo tendrán efecto en su propio territorio, y por consiguiente no podrán ser obligatorias fuera de él. Se circunscribe la legislación al principio de territorialidad para su vigencia. La aplicación de esta fracción indica que para colocarse bajo el supuesto de una legislación estatal determinada se requiere estar en territorio de la entidad federativa que expidió esa legislación, aun en el supuesto de que no sea vecino de dicho estado.
Situación diferente es la de que a una persona no radicada en ese estado se le pretenda aplicar la ley de su estado propio, sin encontrarse en él, territorialmente hablando, situación que no puede permitirse. Esta apreciación es avalada por diversos criterios de la Suprema Corte y los tribunales colegiados. Uno de los casos sometidos a la consideración de la primera se presenta cuando a una persona nacida en el estado de Puebla se le pretendió sancionar por la comisión de un delito cometido fuera de dicho estado y cuyos efectos también se produjeron fuera del mismo.
Por otra parte, los actos públicos, registros y procedimientos judiciales pasados bajo la autoridad de un estado deben ser reconocidos como válidos por los demás estados. La opinión contraria no es sostenible, ya que es sumamente radical al considerar que los actos públicos, registros y procedimientos sólo podrán ser válidos en el territorio bajo el cual, por medio de una ley expedida en dicho territorio, fueron regulados.
La Fracción II, al igual que la primera parte de la III, hace mención a las bases relativas a cierto tipo de bienes. Así, la II señala que los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. La III, en su primera parte, consigna que las sentencias pronunciadas por los tribunales de un estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro estado, solo tendrán fuerza ejecutoria en éste, cuando así lo dispongan sus propias leyes.
La fracción II es un complemento a lo dispuesto en la I, al circunscribir a los límites de una entidad, los efectos de las leyes que ésta emite. Dicha fracción excluye la posibilidad de que de un derecho ajeno al estado regule los bienes que se encuentran en su territorio, al disponer que la única norma aplicable es la local. También regula esa fracción el otorgamiento de facultades expresas a los estados para regular, con excepción de lo confiado a la Federación, lo relativo a su territorio.
Arteaga: la fracción II contiene un principio solo aparentemente general, pues otros artículos de la Constitución se encargan de limitar sus alcances. Tal es el caso del artículo 27.
En virtud del Artículo 121, Fr. II, de la Constitución, se ha atribuido a los estados la función de determinar que se debe entender por bienes muebles y bienes inmuebles, ya que dispone que ambos se regirán por la Ley del lugar de su ubicación, el regir comprende el regularlos y, con las limitaciones que marque la Constitución, el definirlos. Los códigos civiles de los estados son lo que se encargan de definir la naturaleza de los bienes muebles e inmuebles.
La formula general “se regirán”, comprende todas las relaciones a que pudiera estar sujeto un bien, por lo que no admite excepciones, salvo las expresamente señaladas. Comprende fondo y forma; atribuye a la entidad federativa una competencia general, al ratificar la Fracción III, primera parte, lo dispuesto en la Fracción II. La ejecución de una sentencia queda condicionada a lo que al respecto resuelvan las leyes del estado en donde el bien se encuentra ubicado. En tales condiciones, por economía procesal, independientemente de las procedencias que toma la parte actora al estudiar y plantear su demanda, la autoridad judicial debería cerciorarse de que su Sentencia, llegado el caso, será ejecutable cuando afecte a bienes que se encuentran fuera de su estado.
La segunda parte de la Fracción III establece que las sentencias sobre derechos personales solo serán ejecutadas en otro estado, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio, a la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido citado personalmente  para ocurrir al juicio. En este caso, el sometimiento a una jurisdicción puede ser por dos razones, como lo plantea esta parte de la Fracción III, es decir, expresamente cuando por manifestación ante el Tribunal, o bien con base en el documento fundatorio de la acción, se establezca dicho sometimiento, o por razón de su domicilio que es la forma más común de sometimiento jurisdiccional en virtud de que la competencia se fija también de conformidad con el domicilio del demandado. El cambio de domicilio puede implicar, en principio, alguna dificultad para la ejecución de sentencia, sin embargo, si existe la aceptación de sometimiento jurisdiccional en un principio, éste debe extenderse hacia el demandado fuera del territorio donde se inició el juicio.
Lo que se debe respetar de manera indubitable, es la garantía de audiencia, en caso del sometimiento jurisdiccional.
La fracción IV establece que los actos del estado civil ajustados a las leyes de un estado, tendrán validez en los otros.
Arellano García: esta base cuarte merece comentarios:
a). El estado civil se caracteriza por su permanencia, de ahí que sus efectos jurídicos se prolonguen en el tiempo. Por ello se justifica que el traslado del individuo de uno a otro estado de la República no afecte la situación jurídica derivada de los actos del estado civil de las personas y que tengan validez en los demás estados los actos del estado civil.
b). El único requisito que condiciona la validez de los actos del estado civil es que se hayan ajustado esos actos a las leyes del estado en que surgieron. Este es un indiscutible efecto extraterritorial concedido a las leyes de un estado en el territorio de otro estado.
c). Se considera que no es necesario probar la existencia y contenido de la norma jurídica de otra entidad federativa, ni tampoco es necesario certificar su texto; es suficiente con invocarla en atención a que, por disposición legal, solo el derecho extranjero está sujeto a prueba.
Muy comentado fue el anterior artículo 70 del Código Civil de Tamaulipas, que señalaba el matrimonio por equiparación: “La unión sexual continuada de un solo hombre y una sola mujer, constituye matrimonio.” Siqueiros: la Suprema Corte de Justicia emitió un primer criterio en donde por equidad aceptó tal dispositivo, pero en otras dos resoluciones posteriores, concluyó su inconstitucionalidad por ir en contra de la Fracción IV del Artículo 121 de la Constitución, al no poder tenerse por acto relativo al estado civil un matrimonio por equiparación.
Otro caso conoció la Corte, relativo a un menor que adquirió en el Distrito Federal el carácter de hijo adoptivo, calidad que hizo valer en Hidalgo, en donde su legislación civil no regulaba la adopción. En primera instancia, el Juez consideró al hijo adoptivo una persona extraña al autor de la herencia. La Corte rectificó el criterio del Juez y consideró la participación del hijo adoptivo en el juicio sucesorio respectivo.
Situación similar se puede presentar en el caso del divorcio de dos chihuahuenses efectúen por vía administrativa en el D.F., cuya regulación no se establece en la legislación civil de Chihuahua. Los efectos de la disolución deben ser reconocidos en territorio chihuahuense aun cuando esa manera de disolver el matrimonio no esté regulada por su legislación.
La Fracción V establece que los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un estado, con sujeción a sus leyes, serán respetados en los otros.
Arellano García:
a). Este precepto hace una remisión a las leyes de los estados. Por ello, en un conglomerado de estados, surge la duda de si las reglas que rebasen los límites de uno de ellos deben tener rango superior a la legislación estatal. Se considera acertado que se respeten los títulos profesionales expedidos por un estado en el territorio de otro, pero las reglas sobre los títulos que deben producir efectos más allá de un territorio de un estado debieran ser federales. A últimas fechas la Secretaría de Educación Pública ha intensificado las actividades tendientes a homologar, vía planeación educativa, lo relativo a las carreras profesionales para cuya validez se requiere la expedición de título profesional. Asimismo, las disposiciones federales han exigido para su ejercicio la cédula profesional que se expide reconociendo los estudios profesionales cursados y por consiguiente el título expedido conforme a las leyes locales.
b). Las exigencias federales y los excesos en las leyes locales relativas a los estudios profesionales, han provocado que las entidades federativas exijan, de una manera inconstitucional, que se comprueben los estudios preparatorios y profesiones a satisfacción del estado donde pretende ejercer el profesional, de suerte que, como señala Tena Ramírez, si falta dicha comprobación, el título no es respetado, a pesar, como queda expuesto, de estar de acuerdo con las leyes del estado que lo expidió. A este respecto, la Corte, en varias ejecutorias, ha sancionado la tendencia de la legislación de los estados a defenderse contra la invasión de profesionales de otros estados que exhiben títulos apócrifos, sin que el adquiriente haya demostrado en forma adecuada sus estudios y preparación. Por ello, e independientemente de que algunos autores argumenten su inconstitucionalidad, la Corte ha considerado aceptables las exigencias de los estados, tendientes a comprobar los estudios preparatorios y profesionales a satisfacción del estado donde se pretende ejercer la profesión.

BIBLIOGRAFIA: Arellano García, Carlos, Derecho Internacional Privado, México, Porrúa, 1974; Arteaga Naga, Elisur, Derecho Constitucional Estatal, México, Porrúa, 1988; Burgoa Orihuela, Ignacio, Derecho Constitucional Mexicano, México, Porrúa, 1973; Congreso de la Unión, Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones, México, Miguel Angel Porrúa. 1985; Hamilton A., Madison J. y Jay., El Federalista, México, FCE, 1987; Parejo, Luciano, La Prevalencia del Derecho Estatal sobre el Regional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1981; Sequeiros, José Luis, Síntesis del derecho internacional privado, México, UNAM, 1971; Tena Ramírez, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, México, Porrúa, 1983; Trigueros Sarabia, Eduardo, “El Artículo 121 de la Constitución”, Revista de Investigaciones Jurídicas, México, Tomo I, Número 8, 1984.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 121 CONSTITUCIONAL

 La fracción I de este precepto establece que "Las leyes de un Estado
sólo tendrán efecto en su propio territorio, y, por consiguiente, no
podrán ser obligatorias fuera de él".
Se confirma el principio
territorialista que anima a nuestra legislación, y se concuerda en lo
fundamental con el parágrafo 1 del primer Restatement of the Law of
Conflicto of Laws:
 
No state can make a law which by its own force is operative in another
state; the only law in force in the sovereign state is its own law,
but by the law of each state rights or other interests in that state
ma in certain cases, depend upon the law in force in some other state
or states (American Law Institute, Restatement of the Law of Conflict
of Laws. 1934, P. 1. Sin embargo, en el Restatement of the law second
conflict of laws 2a.
American Law Institute (de 1969), St. Paul Minn.,
1971, vol. I, par. 2, p. 2, ya no aparece la regla como anteriormente
estaba redactada.).
 
Desde luego, es superior la técnica legislativa del Restatement pues
se establece la única excepción al principio de territorialidad de las
leyes o sea el caso de que la ley estatal acepta la aplicación de la
ley extranjera.
 
Por otra parte, la fracción 1 se contradice con el preámbulo del
artículo 121, pues es imposible dar entera fe y crédito a las leyes de
un estado si éstas sólo tienen efectos dentro del territorio de ese
Estado.
 
Fracción II. "Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley de
su ubicación." Con esto se confirma el antiguo principio estatutario
que señalaba la regla lex rei sitae. Pero se hace extensivo para los
bienes muebles que, de acuerdo con la misma escuela estatutaria,
seguían a la persona (mobilia sequuntur personam). Siendo los bienes
muebles los que se puedan trasladar de un lugar a otro por sí o por
fuerza externa, muchas veces es difícil determinar con precisión su
ubicación. El Restatement contiene una serie de disposiciones
destinadas a regular las diferentes situaciones que en la práctica se
presentan, sin establecer una regla general.
 
En efecto, el parágrafo 208 dice: "Whether an interest in a tangible
thing is clasified as real or personal property is determined by the
law of the state where the thing is."
Aquí también se reconoce que la
cali ficación se rige por la lex fori.
El 238 consagra los mismos principios. El parágrafo 249 dispone: "The
validity and effect of a will of an inte rest in land are determined
by the law of the state where the land is".(
Ibidem, p. 208. Esta
regla cambia en el 2d Restatement, par. 222. p. 3., vol. II, pues todo
depende si la cosa es mueble o inmueble.)
La fracción III del artículo que venimos comentando contiene dos
párrafos. La primera parte establece que las sentencias pronunciadas
por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes
inmuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en
éste, cuando así lo dispongan sus propias leyes. Es de lamentar la
absoluta falta de técnica jurídica pues aparentemente parece
establecerse que cada Estado ejecutará las sentencias así lo ordenen
su propias leyes. Además de que la interpretación anterior contradiría
la parte preambular del artículo 121 constitucional y la misma
fracción II del mismo precepto, consideramos que lo que quiso
establecer es simplemente una regla de competencia. Por nuestra parte
consideramos que un juez puede conocer de controversias sobre bienes
situados en un estado distinto, si guarda un punto de contacto con
dicha jurisdicción. Sin embargo, la ejecución de la sentencia la hará
o la rechazará el juez competente de la entidad donde están ubicados
los bienes.
 
En el estudio de esta fracción III, resta analizar la parte segunda
que se refiere a la ejecución de sentencias sobre derechos personales.
Sobre todo se ha dicho que en realidad no establece nada distinto de
lo que señala el artículo 14 constitucional en su párrafo segundo que
asienta:
"Nadie podrá ser privado de la vida, de su libertad o de sus
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante
los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las
formalidades esencia les del procedimiento y conforme a las leyes
expedidas con anterioridad al hecho." El legislador sólo deseaba
proteger a los particulares contra los juicios seguidos en estados
distintos de donde tienen su residencia permanente —y la
interpretación de la Suprema Corte de Justicia ha sido correcta sobre
este punto.
 
En relación con esta fracción del 121 constitucional, recordemos lo
que establece el artículo 606 del Código de Procedimientos Civiles
para e Distrito Federal:
 
Las sentencias, laudos y resoluciones dictados en el extranjero podrán
tener fuerza de ejecución si se cumplen las siguientes condiciones:
I. (...)
II. (…)
III. (…)
IV. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma
personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y ejercicio
de sus defensas;
V. (…)
Etcétera.
Por su parte, el 2d. Restatement en su parágrafo 47 establece que:
 
A State has jurisdiction over a person:
1)If he is within the territory of the state;
2)If he sis domiciled in the state although not present there;
3)If he has consented or subjected himself to the exercise of jurisdiction over him either before or after the exercise of jurisdictjon (Ibídem, p. 54.
En el 2d Restalement el par, 24, frac. 1, se refiere a , exista una relación entre el Estado y la persona que haga el ejercicio de la jurisdicción "razonable", y el par. 27
menciona una serie de presunciones básicas para establecer dicha jurisdicción, entre otras, cuando se da uno o más de los siguientes factores; presencia (física), domicilio, residencia, nacionalidad, consentimiento, comparecencia personal, efectuar negocios en el Estado, un acto realizado en el Estado, etcétera. Véanse pp. 105 y 120, del tomo I.)
 
Tenemos aquí tres criterios para atribuir la competencia de un
tribunal: por estar dentro del territorio del Estado, por razón de
domicilio y por lo que se conoce en derecho procesal como prórroga de
la jurisdicción.
 
La fracción IV del artículo 121 dispone que: "Los actos del estado
civil ajustados a las leyes de un estado tendrán validez en los
otros." Esta fracción es de gran importancia por lo que debería estar
en un artículo por separado; sin embargo, es una muestra más de la
falta de precisión legislativa. Si el Congreso debe prescribir la
manera de probar los actos, registros y procedimientos, y el efecto de
ellos, sujetándose a las siguientes bases: IV. Que los actos del
estado civil ajustados a las leyes de un estado tendrán validez en los
otros, por lo que en estricta lógica jurídica sólo se puede llegar a
dos conclusiones:
 
Primera: el Congreso Federal tendrá facultad para dictar leyes a las
cuales se deben sujetar los actos del estado civil y por consiguiente
no podrá llegarse a lo que dispone la fracción IV puesto que los
estados no podrán regular la manera de probar los actos del estado
civil, y sus leyes sobre estado civil tendrán que estar de acuerdo con
las leyes federales, y
 
Segunda: si los actos del estado civil quedan al arbitrio de las leyes
de los estados, deben ser estos los que prescriban, por medio de leyes
generales, la manera de probar tales actos y sus fectos, siendo por
con siguiente ilógico el enunciado de la parte segunda del cuerpo
principal de este artículo.
 
Relacionados con esta fracción, encontramos en el Restatement los
siguientes párrafos: el 54 en su parte primera establece "A state
which creates any status other than a domestic status has
jurisdiction. over it." ( [1] Ibídem, p. 60. El 2d. Restatement
modifica las cosas, pues establece en su par. 69 que un Estado no
podrá ejercer su jurisdicción (competencia) judicial en relación con
el estado y capacidad de una persona a menos que se asegure su
notificación o emplazamiento y la garantía de audiencia, mediante un
método razonable.
Véase p. 214 del primer volumen. )
 
El 55 añade: "A state has jurisdiction over ah acts done or events
occurring within the territory of the state, and over all fail res to
act in cases where there is a legal duty to act within the state."(
[1] Loc. Cit. Véase la nota anterior, con respecto al 2nd.
Restatement.) En el 121 encontramos el enunciado de un importante
principio: "Except as stated in numbers 131 and 132, a marriage is
valid everywhere if the require ments of the marriage law of the state
where the contract of marriage takes place are complied with."
( [1]
Ibidem, p. 129. El 2d. Restatement prescribe que la validez de un
matrimonio que satisfaga todos los requisitos de la ley del lugar de
su celebración será reconocido como válido en todos los demás Estados
a menos que lesione el orden público de otro Estado con el vínculo o
relación más relevante y significativo. Véase el par. 283. p. 233,
del vol. II.)
 
En cuanto a la última fracción del 121, la doctrina está de acuerdo en
que se debería de haber incluido en el capítulo correspondiente
(concretamente en el artículo 59 de la Constitución) o en su ley
reglamentaria.

 

 

 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
LEONEL PÉREZ NIETO CASTRO

CAPITULO I

1.      Cuales son las diferentes propuestas de contenido del DIPr?
En Inglaterra, Italia  y Estados Unidos estudian los métodos de los conflictos de competencia judicial y de leyes. En Alemania además de estos estudian el derecho de la nacionalidad y la condición jurídica de extranjeros. En América latina adoptaron el plan de las Universidades francesas y se divide en 4 temas que son: derecho de la nacionalidad, condición jurídica de extranjeros, método de conflicto de leyes, método de los conflictos de competencia judicial. En México se incluyo la pluralidad de métodos para resolver problemas del tráfico jurídico internacional y temas relacionados con el TLC.

2.     Cuales son los métodos para resolver los problemas derivados del tráfico jurídico internacional?

Son varios. El conflictual, el de normas de aplicación inmediata, de normas materiales, de lex mercatoria, de derecho uniforme y de competencia judicial.

3.     Mencione al menos cuatro de los aspectos sobresalientes del DIPr en América Latina y en México.

Que en América Latina hay un interés por el DIPr desde hace muchos anos,  Argentina y Uruguay han  destacado en su producción bibliohemerografica en la materia, se dio la primera convención de DIPr, hay en Latinoamérica una tendencia a romper esquemas tradicionales del DIPr y se estudian temas internacionales reales.

4.     Cual es el objeto del DIPr?

El estudio de los diversos métodos que se emplean para resolver problemas derivados de tráfico jurídico internacional  cuando el tráfico se refiere a relaciones de carácter privado.

5.     Señale las diferencias formales entre el derecho interno y el derecho internacional.

Estas características no existen en el derecho internacional pero si en el derecho interno: Cada Estado tiene su conjunto de normas que constituyen un sistema jurídico y esas normas se derivan de una Constitución; casi siempre cada sistema jurídico interno tiene prevista la existencia de un legislador o cuerpo legislativo que elabora y emite las leyes y un cuerpo judicial que interpreta las leyes y juzga de acuerdo a ellas; existe en cada sistema jurídico un órgano o persona para aplicar leyes que emite el legislador; el sistema jurídico de cada Estado tiene un ámbito material limitado y definido de aplicación coactiva que se circunscribe al territorio de dicho Estado. El derecho internacional tiene las siguientes características: Las normas no dependen de una constitución, sino de la Carta de las Naciones Unidas pero muchas veces no se cumplen pero existe un Consejo de Seguridad que se rige mas bien por intereses políticos y esta encargado de sancionar a los países que no cumplan; La Carta de las UN establece a la Asamblea General como el órgano Supremo y este aprueba la normatividad internacional, pero estas normas no son obligatorias para los países miembros; el Consejo de Seguridad se encarga en casos extremos de aplicar normas internacionales peor en este órgano solo están representados siempre los países mas fuertes y a veces otros no tan fuertes. Este órgano solo ejecuta normas internacionales cuando el interés político de alguno de los miembros permanentes prevalece, y por ultimo, el hecho de que las normas de derecho internacional tienen como ámbito de aplicaron los territorios de aquellos países que las acepten y espacios comunes de los Estados.
6. Explique brevemente los criterios  de distinción entre el DIP y el DIPr.

Criterio Subjetivo: los sujetos del Derecho Internacional Publico son los Estados y los organismos internacionales. Existen las Organizaciones No Gubernamentales que participan en ciertos temas de interés social y no buscan reconocimiento internacional. Las personas físicas en lo individual también son sujetos del derecho internacional en cuando se trata de defender los derechos humanos. Criterio Objetivo: El origen de las normas del Derecho Internacional Publico es internacional y excepcionalmente nacional y en el Derecho Internacional Privado el origen de las normas es nacional y excepcionalmente internacional.

7. Como explica el fenómeno de pluralidad de las leyes?
Es cuando hay la posibilidad de aplicar diferentes leyes al mismo caso.

8. En que consiste a personalidad de las leyes?
Consiste en aplicar la ley en razón de la calidad de la persona, o de su personalidad.

9. Que es el territorialismo de las leyes?

Consiste en aplicar la misma ley a todas las personas que se encuentren en un territorio determinado si tomar en cuenta su origen  o la calidad de la persona.

10. Cuales son los rasgos más significativos de las escuelas de la Edad Media (glosadores y posglosadores)?

Escuela de los glosadores, se establecieron as bases de los estatutos, y el principio conforme el cual la ley debe tener un ámbito de aplicación en el espacio, y se establece también una distinción importante que fue la de en materia de procedimientos el juez debe aplicar su propia ley y de manera contractual, la del lugar donde se celebre el contrato. Escuela de los posglosadores: Tradujeron los estatutos en principios que regirían en el futuro, relativos al tráfico jurídico internacional. Se hizo la distinción entre derechos reales y personales.
11. Cuales son y en que consisten las dos tendencias que se desarrollan en el seno de la escuela francesa del siglo XVI?
La de Charles Dumolin, en la que se desarrollaron las ideas de los posglosadores  y estableció las bases para el surgimiento de las ideas supranacionalcitas. La de Bertrand d’Argentre que delineó el método dogmático y la idea sistemática del territorialismo. “Los bienes inmuebles se rigen por la ley del lugar donde estén y las personas por la ley de su domicilio.

12. Cuales son los rasgos más distintivos de la escuela holandesa del siglo XVII?

Desarrollaron las ideas de territorialismo de D’Argenetre, y desarrollan ideas como la que dice que la ley holandesa debe aplicarse de manera general a toda persona y a todo acto jurídico en territorio holandés y también desarrollan ideas sobre derechos adquiridos fuera del territorio holandés, y la aplicación de la ley extranjera.

13. Mencione y describa brevemente las tres grandes tendencias principales en el DIPr.

La que considera que el DIPr debe integrarse por una actividad supranacional, la que ubica al DIP en un orden jurídico interno y la que le atribuye una posición autónoma en el marco general del derecho. Tendencias supranacionalcitas, internistas y territorialistas y teorías autónomas.

14. Describa brevemente el papel de la ley y de la jurisprudencia como fuente nacional de DIPr y en especial en América Latina.

La ley varía según el sistema jurídico de que se trate. En nuestro las leyes que rigen el DIPr se encuentran en la Constitución, Código Civil, y de procedimientos civiles, Código de Comercio, LGTYOC, Código Fiscal, LPI, etc. La jurisprudencia es importante en el DIPr porque permite a los jueces  ampliar los supuestos de las normas jurídicas.

15. Que importancia tiene la doctrina como fuente nacional del DIPr?
Que la interpretación de la ley es tomada como fuente del derecho.
16. Explique los rasgos más relevantes de los tratados y las convenciones como fuentes internacionales del DIPr y, en especial, en América Latina.

Los estados establecen derechos y obligaciones a si cargo sobre temas como la nacionalidad, la migración, el comercio, la codificación en materia de derecho internacional, etc.
17. En que consiste la costumbre internacional como fuente del DIPr?
El uso reiterado de ciertos principios provoca que se incorporen a las diversas legislaciones o que se tomen en cuenta por los jueces.

18. Describa brevemente el impacto que ha tenido la jurisprudencia internacional como fuente del DIPr.
Significa un precedente en un nivel donde no se dan muchos juicios. Y es por eso que se toman en cuenta.

19. Cual es el papel de la doctrina como fuente internacional del DIPr?

Es lo mismo que en el ámbito nacional.

20. Cuales son las principales conferencias diplomáticas y congresos en el DIPr?

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la Conferencia Permanente de la Haya sobre derecho Internacional Privado, Instituto Internacional para la Unificación del derecho Privado y la Conferencia Americana Especializada sobre Derecho Internacional privado.

 

CAPITULO II

1.      Defina el concepto de nación.

Nación es la voluntad de un grupo de individuos de permanecer unidos, de desarrollar un proyecto de vida social que iran construyendo de acuerdo con épocas y circunstancias, y a lo largo de ese camino surgirá la conciencia nacional que será el vinculo que profundice su vida en común y le de el sentido definido de trascendencia.

2.     Cuales son los principales elementos que configuran a la nación?
Conjunto de individuos que hablan el mismo idioma, una raza, un territorio, tradiciones, costumbres, religión, orden jurídico, conciencia nacional.

3.     Mencione los diferentes enfoques del concepto de Estado.
Rousseau: la determinación de un grupo de individuos de permanecer juntos y alcanzar objetivos comunes. Morente: Aquello a que nos adherimos por encima de la pluralidad de instantes en el tiempo, algo que liga pasado, presente y futuro en una unidad de esencia. Manzini: Una sociedad de hombres creada por la unidad de territorio, costumbres e idioma.
4. Defina el concepto de nacionalidad y los elementos que lo componen.
La pertenencia jurídica de una persona a la población constitutiva de un Estado y la calidad de una persona en razón del nexo político y jurídico que la une a la población constitutiva de un Estado. Elementos: el Estado que otorga la nacionalidad, el individuo que la recibe y el nexo de la nacionalidad.
5. En que consiste el nexo de la nacionalidad?
Las necesidades del Estado son sufragables con el concurso de sus nacionales, y se da únicamente a partir del Estado. Todo individuo debe poseer una nacionalidad.

6.     Mencione los elementos históricos más relevantes de la nacionalidad mexicana.

Han existido leyes a través de los anos que han establecido lo que es la nacionalidad mexicana, el establecimiento de la doble nacionalidad y de la no perdida de la nacionalidad mexicana al adquirir otra.

7.     Cuales son las dos formas únicas de adquisición de la nacionalidad mexicana de acuerdo con el art. 30 constitucional.
Por nacimiento y por naturalización.

8.    Indique los dos supuestos de la adquisición de la nacionalidad mexicana por nacimiento.

Por nacimiento en territorio nacional y por nacimiento fuera del territorio nacional pero cuyos padres, padre o madre, sean mexicanos.
9. En que consiste la adquisición mexicana por naturalización?
Por vía ordinaria, cuando por medio de la SER obtengan su Carta de Naturalización, por vía especial que es por medio del matrimonio con un mexicano, personas descendientes de mexicanos en línea recta, extranjeros que tengan hijos mexicanos por nacimiento, personas de Latinoamérica o España y personas que hayan realizado obras destacadas en beneficio de México, y por  vía automática, de los adoptados o descendientes hasta segundo grado, de personas mexicanas.
10. Explique brevemente en que consisten las 4 vías o supuestos de adquisición de la nacionalidad mexicana por naturalización.
Incluida en respuesta anterior.

11. En que consiste el derecho de opción?
Es el derecho de las personas a quien dos o más estados le atribuyen su nacionalidad para que a su mayoría de edad pueda decidir con cual nacionalidad se queda.

12. A partir de que momento se adquiere la nacionalidad mexicana?
A partir del día siguiente a aquel en que se expide la Carta de Naturalización.
13. Explique brevemente los efectos jurídicos de la obtención de la nacionalidad mexicana por naturalización.

Es de carácter personal, determina derechos y obligaciones de los mexicanos con sus excepciones.

14. En que consiste la prueba de la nacionalidad?
Se divide en 2, prueba de nacionalidad en el nivel interno, que son las disposiciones que el derecho positivo establece para llevar a cabo la prueba de la nacionalidad, por nacimiento (con el acta de nacimiento, certificado de nacionalidad, etc.., y la prueba de la nacionalidad mexicana por naturalización, prueba de nacionalidad extranjera.

15. Mencione los cuatro supuestos conforme a los cuales puede perderse la nacionalidad mexicana.

Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad, la nacionalidad mexicana adquirida por vía de naturalización puede perderse por adquirir una nacionalidad extranjera voluntariamente, por hacerse pasar en cualquier instrumento publico como extranjero, por usar un pasaporte extranjero o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a otro Estado, residir por 5 anos continuos en el extranjero.

16. Explique brevemente el concepto de nacionalidad de personas morales.

Se determina dependiendo de la nacionalidad de la sociedad el acceso a ciertos factores reservados de la economía.

17. Cual es el régimen de la nacionalidad de personas morales en el derecho mexicano?

Son personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyen conforme a las leyes de la Republica y tengan en ella si domicilio legal

CAPITULO III

1.      Cuales son los aspectos más relevantes en la historia de la condición jurídica de los extranjeros?

Los extranjeros en la Grecia antigua se encontraban bajo la protección de los ciudadanos, durante el imperio romano tenían leyes para los de ahí y otras para los peregrinos o extranjeros, en Roma después de la caída del imperio se otorgo personalidad de las leyes, de acuerdo a la calidad de la persona; en la edad media se dio el territorialismo de las leyes, entre los señores feudales y los vasallos. Después de crearon las cartas de naturalización  y el testamento de los peregrinos. Después vino la igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros, y luego se reforzaron los beneficios después de la primera guerra mundial con una conferencia sobre la condición de los extranjeros y luego se le dieron derechos a los extranjeros con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
2. Mencione los aspectos más relevantes de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Se aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, y expresa que todas las personas tienen todos los derechos y libertades proclamadas e la Declaración sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición.

3. Señale los aspectos más importantes de la evolución de la condición jurídica de los extranjeros en México.
Se dio la distinción entre naturales y extranjeros durante la colonia, se daban cartas de naturaleza a los extranjeros que quisieran disfrutar de los privilegios de ciudadano americano, se plasmaron las ideas de la condición jurídica de los extranjeros.
4. Explique en que consiste la internación y estancia del extranjero en México.

La S de G fija el numero de extranjeros cuya internación puede permitirse al país, y sujetara la inmigración de extranjeros a las modalidades que juzguen pertinentes, y la internación y residencia en México se hace bajo las calidades de no inmigrante y de inmigrante.

5. Defina la calidad migratoria de no inmigrante.

Que no vienen a quedarse, sino por un tiempo determinado y se divide en 10 esta calidad migratoria,

6. Cuales son los rasgos más importantes de la característica migratoria de turista?

Como turista, las actividades que efectuara no son ni lucrativas ni serán remuneradas. Y su temporalidad se limita a 6 meses.

7. Cual es la diferencia entre la característica migratoria de transmigrante y la de visitante?

Como transmigrarte (cuando pueden permanecer por transito a otro país, hasta 30 días), como visitante (para dedicarse a alguna actividad lucrativa o no, legal), la diferencia es que el trasmigrante quiere llegar a otro lugar y esta aquí solo mientras llega.

8. Defina la característica migratoria de consejero.
Entra como visitante, podría permanecer en el país hasta por 5 anos, necesita hacer una solicitud la institución que pretenda utilizar sus servicios, están obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros.

9. Cuales son los rasgos que diferencian la característica migratoria de asilado político y la de refugiado.

Como asilado político, es la persona que se interna en el país para proteger su libertad o su vida de las persecuciones políticas de su país, la S de G decide cuanto tiempo permitirá su estancia, y puede desarrollar actividades pasa subsistir y le permiten que se ausente del país. Como refugiado,  cuando su vida, libertad o seguridad sean amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violaciones de derechos humanos u otras circunstancias que perturben el orden publico de su país.

10. Mencione las diferencias más importantes entre las características de visitante distinguido, visitante local y visitante provisional.

Visitante distinguido (científico o humanista de prestigio internacional), 
Visitante local (menos de tres días y solo en puertos o ciudades fronterizas), visitante provisional cuando su documentación carece de algún requisito secundario, se le permite estancia hasta por 30 días, y probar que tiene los medios para volver a su país.

11. En que consiste la calidad migratoria de inmigrante?
Es el extranjero que se interna legalmente en el país con el propósito de radicar en el en tanto que adquiere la calidad de inmigrado.
12. Cuales son los rasgos distintivos de la característica migratoria de científico y de técnico.

Debe acreditar ante la S de G que cuenta con los depósitos provenientes del exterior  y que obtiene ingresos por 400 días de salario mínimo y si viene su familia 200 días por cada miembro.
13. Cuales son las diferencias entre las características migratorias de profesional y de cargo de confianza?

El profesionista ingresa para ejercer una profesión y los que vienen con cargo de confianza vienen como directores, administradores únicos u otros cargos de absoluta confianza.

14. Cual es la diferencia entre la característica migratoria de científico y de técnico?

El científico dirige investigaciones, realiza la investigación, difunde los conocimientos, prepara a los investigadores y efectúa labores de docencia; el técnico realiza investigación aplicada en la producción o desempeña funciones técnicas o especializadas que no pueden ser prestadas por residentes.

15. Señale los elementos más relevantes de la característica migratoria de familiares.

Los que vienen a vivir bajo la dependencia económica del cónyuge o pariente consanguíneo en línea recta.

 

CAPITULO IV

1.      Cual es la finalidad de establecer métodos que resuelvan los problemas que plantea el tráfico jurídico internacional?
Para obtener un mínimo posible de seguridad, certeza, igualdad, libertad es necesario el establecimiento de dichos métodos orientados a la solución de problemas que se derivan del tráfico jurídico internacional.

2.     En el sistema conflictual tradicional, porque se afirma que se trata de un método de naturaleza indirecto?
Porque es un procedimiento mediante el cual se trata de resolver un problema derivado del tráfico jurídico internacional de manera indirecta,  con la aplicación del derecho que dará la respuesta directa.
3. Porque la norma de aplicación inmediata deroga una relación jurídica internacional?

3.     Porque se aplica con mayor fuerza  el derecho nacional puesto que a veces las normas extranjeras no se pueden aplicar.
4. Que es lo que da significado a una norma material?
El hecho de que el legislador pueda decidir si se aplican las normas materiales nacionales  o a si no se puede se acudirá a las normas conflicto.

4.     Porque se genera internacionalmente la ley mercatoria?
Porque los comerciantes necesitaban un método para atender sus necesidades en las transacciones que superaban las fronteras nacionales.

5.     Cual es el objeto del derecho uniforme?
Regular relaciones jurídicas que los particulares desarrollan entre Estados.

6.     Que se trata de resolver mediante el método de los conflictos de competencia judicial?

7.     Se intenta determinar directamente la competencia de un juez o tribunal frente a un problema derivado del tráfico jurídico internacional con la aplicación de normas nacionales.

CAPITULO V

1. Cual es la diferencia entre las tendencias supranacionalista, internista o territorialista y autónoma?

La supranacionalista considera que los conflictos de leyes deben estar inscritos en un orden jurídico superior al de los estados, la materia debe ser descrita como de carácter supranacional. La internista o territorialista considera que se debe estudiar a partir del derecho interno de los estados y la autónoma dice que se le debe atribuir una posición autónoma dentro del marco general del derecho.
2. Por que consideramos a Federico Carlos de Savigny como el precursor de la tendencia supranacionalista?

Porque de sus ideas partió el considerar que a partir de situaciones concretas pretende derivar o deriva de estas ciertas características particulares para determinar las normas jurídicas que le son aplicables. El pensaba que a medida que la persona realiza actividades sus relaciones se expanden.

3. Cuales son los aspectos que tienen en común las ideas de John Austin y de Joseph Store?

En que ambos piensan que las decisiones del soberano o del grupo de gente que realiza los mandatos deben ser tomadas y acatadas por las demás personas, no siempre por obediencia, sino a veces por temor o por la necesidad el bien publico.

4. Cual es la diferencia entre las tendencias de internacionalistas y universalistas?
Los Internacionalistas toman en cuenta las normas de origen internacional con los destinatarios que son los Estados y las normas de origen nacional que se expide para solucionar problemas del trafico internacional,  y los universalistas toman mas en cuenta al Estado como parte de una comunidad internacional, y a la soberanía legislativa estatal como el poder del estado como representante local del poder publico de la humanidad.

5. Según Niboyet, cuando una ley es territorial?

Cuando rige todos los hechos realizados en un determinado territorio o que interesan al mismo.

6. Que diferencias existen entre las ideas de Beale y las de Lorenzen y Cook?

De que el primero retoma de los principios de las jurisprudencias para resolver y si no existe, se debe de tomar de la interpretación de los ya hallados y los segundos opinan que se debe dejar al juez toda la libertad sin que se le puedan poner limitaciones fundamentadas en principios generales.

7. Mencione las 3 tendencias territorialistas habidas en Latinoamérica.
El territorialismo español, el territorialismo relativo y el territorialismo absoluto.

8. Que significa para Edmundo Trigueros la potestad normativa de cada Estado?

Dice que cada Estado es independiente y soberano en los límites de su territorio y que al aplicarse la norma extranjera se da por la norma en conflicto y ahí se crea una nueva norma que forma parte del sistema jurídico nacional.

9. De Acuerdo con las ideas de Rabel como se debe interpretar el juez las normas de conflicto?

De manera diferente, sin desvincularse del proceso interpretativo que se les aplica.

10. Cuales son los rasgos definitorios de la tendencia autónoma?
Las leyes que sean competentes para regular aspectos diferentes de una misma relación jurídica se aplicaran armónicamente para realizar finalidades de cada una de las legislaciones;

11. En que consiste la localización objetiva de las relaciones de derecho privado según Battifol?

Se deben considerar los elementos que normalmente constituyen las relaciones de derecho privado, los sujetos, el objeto, la fuente jurídica y la conexión de dichos elementos con uno o más sistemas jurídicos positivos.

12. En que consiste la triple perspectiva de análisis que propone Werner Goldschmidt?

Es conforme al cual se enfocan los problemas derivados del trafico jurídico: en estudiarlo desde un enfoque sociológico, uno morfológico y uno axiológico o dikelógico.

 

CAPITULO VI

1. Cual es la diferencia entre una norma sustantiva y una norma de conflicto?
Las normas conflicto son aquellas cuya función y objeto inmediato es posibilitar la aplicación de ese derecho que da la respuesta correcta y las  normas sustantivas parten de un supuesto que representa una condición humana,

2. Cual es la clasificación de normas de conflicto que propone Hans Lewald?
Las que designan la norma que rige las condiciones constitutivas de una relación, las que designan la norma que debe regir los efectos o consecuencias de esa relación y las que designan al mismo tiempo las normas que rigen tanto las condiciones constitutivas como los efectos.
3. En que consiste el punto de contacto o el punto de conexión?
Consiste en la relación que  las personas, las cosas o los actos tienen con determinado sistema jurídico.

4. Cual es la diferencia entre una norma d conflicto unilateral y una norma de conflicto bilateral?

Conforme al planteamiento unilateral se pretende que la norma se limite a determinar el ámbito de aplicación de las normas internas y en el bilateral hay equivalencia e igualdad de trato al distribuir las competencias entre las leyes nacionales y extranjeras.

5. Explique en que consiste la calificación lex fori.
Consiste en que para interpretar los conceptos establecidos por la norma de  conflicto hay que recurrir al derecho interno.
6. Cuales son las características principales de la calificación lege causae?
Que la calificación debe hacerse con base en el derecho extranjero designado aplicable, incluyendo sus conceptos o categorías para interpretar correctamente.

7. Cual es el tipo de calificación que establece el art. 14 frac. I del CC?
Se aplicara lo que haría el juez extranjero para lo cual el juez podrá hacerse llegar de la información necesaria del texto, vigencia, sentido y alcance legal de dicho derecho.

8. En que consiste el método comparativo?
Parte de las lex forti y lex causae y se propone que la norma de conflicto poseyera conceptos propios. Dice que la norma conflictual debe elaborarse de manera que prevea la aplicación de cualquier derecho ya sea nacional o extranjero.

9. Explique en que consiste el reenvío.

El juez del foro sabe cual es el derecho que debe aplicar y como hacerlo. Si la remisión que hace la norma conflictual del foro es a la norma sustantiva extranjera se aplicara esta, remisión simple.

10. En que consiste la cuestión previa?

Cuando ya ha decidido el juez que ley aplicar, y se le presenta una cuestión que debe resolver para seguir adelante y debe saber si esa cuestión previa debe ser resuelta con la aplicación de la ley designada aplicable o con la aplicación de otra ley.

11. Cual es la diferencia entre el concepto del orden publico en derecho interno y en DIPr?

En el nivel interno mexicano es la voluntad de los particulares no se puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Solo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten el interés público cuando la renuncia no perjudique derechos de terceros. En el DIPr se trata de un medio de que se vale el órgano aplicador del derecho normalmente el juez, para impedir la aplicación en el foro de la norma jurídica extranjera correspondiente.
12. Por que no es posible establecer una definición del concepto del orden público en el DIPr?

Porque lo que es contrario hoy podría no serlo mañana. Y no se aplica cuando es contrario al derecho mexicano, por ejemplo.
13. En que consiste el concepto de fraude de ley?
Es un medio utilizado por el órgano aplicador del derecho para impedir la aplicación en el foro de una norma extranjera. Consiste en emplear el mecanismo conflictual para lograr un resultado que de otra manera, normalmente no seria posible, mediante el cambio voluntario de los puntos de contacto en determinada relación jurídica, se provoca, la aplicación de una norma diferente con resultados distintos.

14. Describa las características principales del concepto de la institución desconocida.

Cuando se aplica un ley extranjera puede ser que contenga una institución jurídica desconocida por su sistema jurídico, puede ser que no se pueda aplicar dicha ley, o de instituciones que simplemente no están previstas e el orden jurídico interno, la decisión es del juez de aplicar una ley que contenga una institución desconocida, y debe aplicarse el derecho comparado.
15. Cuales son las dos variantes en la doctrina italiana respecto de la interpretación acerca de la aplicación de la ley extranjera y en que consiste cada una de ellas?

Una dice que la norma de conflicto del foro al designar la norma extranjera aplicable cumple con otra función, y la norma extranjera se convierte en norma nacional; la otra niega que la norma de conflicto incorpore o nacionalice la norma jurídica extranjera. La función de la norma de conflicto es crear una nueva norma jurídica en el sistema, es una fuente de creación normativa.
16. Cual es el sistema vigente establecido por el art. 14 frac. I del CC para regular la aplicación de la ley extranjera?

El derecho extranjero se aplicara como lo haría el juez extranjero correspondiente., y le juez se hará llegar de la información necesaria para tal efecto.

 

CAPITULO VII

1. Diga cuales son los rasgos distintivos de las normas de aplicación inmediata
.Reflejan Determinadas políticas legislativas estatales con diferentes objetivos pero que son normas que deben ser aplicadas obligatoriamente y evitando, cualquier otro medio de aplicación de derecho extranjero o el legislador ha decidido que un cierto tipo de su normatividad deba tener aplicación sistemática en todo el territorio. Deben ser aplicadas inmediatamente. La solución esta condicionada por una obligatoriedad determinada.

2. Por que se dice que las normas materiales tienen vocación internacional?
Porque resuelven el fondo de un asunto derivado del trafico jurídico internacional y la  solución esta condicionada por razones de certeza o seguridad jurídica.

3. Como se caracterizaría a las normas materiales de origen internacional y cual seria la diferencia con la normatividad conocida de derecho uniforme.

Se logra prever y solucionar problemas que se presentan fuera del ámbito regular el carácter internacional no es el resultado de una relación necesaria entre el sistema nacional y el extranjero  sino que sea adopta un régimen jurídico material directo, distinto y contrario al del foro; se trata de la normatividad que las partes han acordado que sea aplicada a sus convenios y puede ser distinta o contraria a sus ordenamientos, y las de derecho uniforme, la norma material se establece en el tratado o convención internacional y no hay obligación de incorporarlas a su derecho interno.
4. Cual es la naturaleza del derecho uniforme y cuales son sus objetivos?
Se logra una verdadera armonización internacional de conceptos y soluciones sobre un tema especifico para un determinado numero de estados y se unifican los criterios; de acuerdo a la interpretación que hagan los tribunales se sabe la posición que guardan sobre el tema  y cera una mayor estabilidad jurídica; Esto unifica a los países en materia económica y comercial y este sistema tiende a sustituir al sistema conflictual por uno mas definido.

5. Por que se habla de lex mercatoria y que reglas la conforman?
Porque se ha creado desde hace siglos una ley o reglas que las partes hacen suyas en sus relaciones jurídicas y las convierten en obligatorias entre ellas  o son aceptadas por organizaciones de comerciantes. La conforman las regalas creadas por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, y elaboran tratados y convenciones,  un modelo de Ley, el Instituto para la Unificación del Derecho Privado también realiza tratados y estudios para crear leyes y armonizar objetivos internacionales.
6. Por que se dice que la lex mercatoria es una nueva concepción  de creación normativa o, en todo caso, un medio novedoso de reconocimiento de la costumbre como fuente de creación del derecho?
Porque se toma de los criterios obtenidos de la interpretación  de dichas, convenciones y reglas, y van creando un especie de Jurisprudencia Internacional,  que de la costumbre, se vuelve obligatoria.
7. Que es la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional?
Es un organismo que desarrolla una labor amplia en el comercio internacional, elabora convenciones y tratados internacionales y leyes modelo.

 

CAPITULO VIII

1. En que consiste la competencia directa?

Es el ejercicio de la jurisdicción por el juez en el momento de aplicar la norma general al caso concreto.

2. Mencione al menos cinco principios establecidos por el derecho mexicano en materia de competencia territorial.
El principio de la forum loci executonis, el de la lex rei sitae, el derivado de la mobilia sequntur personam, lex rei sitae,  y el establecimiento de competencia en función del único interés en presencia que es el promoverte respecto a juicio de jurisdicción voluntaria.
4. En que consiste la competencia indirecta?

Es el ejercicio de la jurisdicción por el juez o tribunal para llevar a cabo el reconocimiento de la validez jurídica y en su caso ejecucion de una sentencia emitida por juez diferente.

5. Describa tres reglas que regulan en el nivel nterno el reconocimiento de sentencias extranjeras.

El carácter probatorio, ser considerada cosa juzgada y en cuanto a sus efectos ejecutorios.

6. Cual es la finalidad de la cooperación judicial?

Ayudar por medio de las notificaciones, emplazamientos y recepción de pruebas en el extranjero.

7. Cuales son las principales convenciones internacionales de las que México forma parte y que se refieren a la cooperación judicial?

Convención Interamericana sobre exhortos o Cartas Rogatorias, la convención que suprime la Exigencia de la Legalización de Actos Públicos Extranjeros, La convención sobre el Emplazamiento y Notificación en el Extranjero de Actos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil y Comercial, convención sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero en materia civil o Comercial.

8. En que consiste el proceso exequatur?

Es el examen del juez del foro sobre la sentencia extranjera.
9. Cuales son los principios que rigen al juez para determinar si el extranjero tuvo competencia para dictar su sentencia, de acuerdo con el CFPC? Para operar la cosa juzgada respecto a sentencias extranjeras, estas deben ser reconocidas por los tribunales mexicanos. En México cada entidad federativa ha establecido sus reglas correspondientes. Y se ayudan por medio de la cooperación judicial.
10. En que consiste el concepto de competencia exclusiva?

Es el límite a  la competencia por juez extranjero, la reservada para los tribunales mexicanos, y esto depende de la materia sobre la que versen.
11. Mencione al menos 4 de los principios generales que norman el reconocimiento y la ejecución de sentencias de acuerdo con el CFPC.
Tienen como limite la no contrariedad con el orden público mexicano; respecto a resoluciones judiciales y laudos arbitrales que se pretendan utilizar como prueba ante tribunales mexicanos, solo se necesita que cubran los requisitos para considerarse auténticos.

 

CAPITULO IX

1. Cual es el significado de los principios contenidos e el art. 12 del CCDF?
Se trata de un sistema mixto, con una formulación general de orden territorialista, establece el permiso o la aplicación del derecho extranjero.
2. En que consiste el principio de los derechos adquiridos, previsto por el art. 13 del CCDF frac. I?

En que el juez solo constatara que determinada situación jurídica ha sido creada validamente tanto en la forma como en el fondo de acuerdo a un sistema jurídico diverso del suyo para luego reconocerla conforme a su propio derecho.

3. Por que se dice que la ley personal de las personas domiciliadas en el D.F. se rige por las leyes de esta entidad federativas?

Porque el derecho aplicable para las personas será el de la ubicación de su domicilio.

4. Porque se hace regir a los títulos valor conforme a la ley del lugar de su ubicación?

Porque se toma en cuenta su ubicación debido a su inmovilidad.

5. Cual es el sentido de la palabra validamente, establecida en la última parte de la frac. V del art. 13 del CCDF?

Que las partes en pleno uso de la autonomía de su voluntad hayan decidido como aplicable su acto o contrato cualquier derecho.

6. Que quiere decir que el juez del D.F. debe aplicar derecho sustantivo extranjero?

Que aplicara el derecho como lo haría el juez del lugar de donde proviene el extranjero.

7. Por que la frac. II del art. 14 del CCDF ordena aplicar derecho  sustantivo extranjero?

Que se aplicara el derecho que el juez extranjero hubiese aplicado en el lugar, pero cuando el juez mexicano considere, las normas conflicto.
8. Porque la frac. III del art. 14 del CCDF obliga al juez del D.F. a aplicar su ley por analogía?

Porque lo puede hacer aun cuando no existen instituciones o procedimientos que no prevea el derecho extranjero, si es que existen instituciones o procedimientos análogos.

9. En la frac IV del art. 14 del CCDF se abre la posibilidad de una conexión autónoma? Por que?

Si. Porque se pueden resolver independientemente de la forma en que se resuelva la cuestión principal, las cuestiones previas o incidentales.
10. Que significa que el juez deba aplicar los diversos derechos en presencia de forma armónica de acuerdo con lo establecido en la frac V del Art. 14 del CCDF?

Que si se resuelven de acuerdo a derechos diferentes, ambos deben realizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales derechos.
11. En que consiste el concepto de fraude a la ley según la frac. I del art. 15 del CCDF?

Cuando se pretende evadir el efecto de una ley o norma, intentando lograr objetivos de una manera fraudulenta o en otro lugar donde sea permitido, se considera fraude a la ley.

12. Describa los aspectos más relevantes del concepto del orden público tal como esta planteado por la frac. II del art. 15 del CCDF.
Afectar el orden publico seria según este articulo, una acción que sea contraria a principios o instituciones fundamentales del orden publico o prohibida por le derecho mexicano.

13. Cual es la diferencia entre el concepto del domicilio en el nivel interno y en el ámbito internacional?

El nivel interno cada derecho establece de manera distinta una serie de regulaciones que deben cumplirse para obtener el domicilio, y en el ámbito internacional es suficiente cierta integración del individuo en el país donde se encuentre establecido.

14. Cuales son los elementos definitorios del concepto del domicilio de acuerdo con el CCDF?

La simple constatación de su residencia y la presuncial temporal de su intención de residir habitualmente en un lugar, el elemento de hecho.
15. Cual es el objeto de las disposiciones establecidas en el CCDF respecto de las personas morales extranjeras de naturaleza privada?
Reconocer la continuidad jurídica de los actos que crearon a estos entes o sociedades en países fuera de México.

16. Cual es la característica del art. 1593 del CCDF en materia de testamentos?
Que surtirán efectos solo cuando se hayan formulado de acuerdo con las leyes del país en que se otorgaron.

17. Describa los elementos contenidos en el art. 252 de la LGTOC.
El de locus regit actum.

 

CAPITULO X

1. Describa los elementos que componen el art. 133 constitucional.
Que la constitución, Leyes que emanen del congreso y los tratados que se celebren por el Presidente serán la Ley suprema, los jueces de cada Estado se arreglaran a la Constitución, leyes y tratados  a pesar de las leyes contrarios en las constituciones o leyes de los Estados.

2. En que consiste la teoría dualista?

En que  el derecho interno no esta supeditado al derecho internacional pero se reconoce la existencia de este.

3. Cual es la interpretación de Oscar Rabasa sobre la modificación al art. 133 de 1934?

Que se deja en claro la superioridad de la Constitución sobre los tratados y si estos están de acuerdo con la Constitución serán ley suprema.
4. Cuales son las cinco etapas de la Conferencia Especializada Interamericana?
La de 1945 donde se ratificaron 5 convenciones, la de 1979, se aprobaron 8, en 1984 se aprobaron 4,  en julio de 1989 y se aprobaron 3, y la ultima fue en marzo de 1994 y se aprobaron 2 convenciones.
5. Cuales son los principios generales que siguen las relaciones comerciales entre países en un tratado de libre comercio?
Trato nacional, desgravación arancelaria, cláusula de la nación mas favorecida, el principio de información, el nivel de trato, el principio de trato mínimo, la libertad para la transferencia de fondos, promoción de las condiciones de competencia y libre concurrencia de área, incremento sustancial de las oportunidades de inversión, salvaguarda de los derechos de propiedad industrial e intelectual, y la creación de procedimientos efectivos para la cabal aplicación de dichos tratados.

6. Mencione los métodos para la solución de controversias en el TLC y comente en que consiste cada uno de ellos.

Método de remisión a otros acuerdos internacionales, método de consultas, procedimientos de impugnación internos, mecanismo de solución de controversias.

7. Cuales son los procedimientos para la selección de controversias establecidas en el capitulo XI, Sec. B del TLC?

Conforme al CIADI para el caso de los países que son miembros de este acuerdo como lo son Canadá y Estados Unidos de América; el establecimiento por las reglas del mecanismo complementario del CIADI cuando un Estado no sea parte del CIADI; procedimiento accesible a las 3 partes por igual, conforme a las reglas arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional, UNCITRAL.

8. Señale los 3 procedimientos principales para la selección de controversias según el capitulo XIX del TLC y describe cada uno de ellos.
Revisión de las reformas legislativas; revisión de resoluciones definitivas sobre antidumping y cuotas compensatorias e impugnación extraordinaria.

9. Comente al menos uno de los efectos del sistema de solución de controversias del TLC en el sistema jurídico mexicano.
Se trata de un procedimiento que acordado entre Estados por un tratado internacional solo tiene efecto entre estos y no internacionalmente.
10. Considera usted que es conveniente para México ser parte de acuerdos de libre comercio?

Si considero que es muy importante para nuestro país el ser parte de acuerdos como el TLC,  es muy conveniente establecer lazos comerciales con otros países pero es importante hacer una buena revisión de todos los aspectos que estos contengan.

 

 

 


CASOS RELEVANTES


Viven 12 millones de personas como esclavos: OIT. LA GRAN MAYORÍA DE LOS TRABAJOS FORZADOS -CASI 10 MILLONES- OCURREN EN ASIA Y LA REGIÓN DEL PACÍFICO, DONDE EL TRÁFICO DE PERSONAS CON FINES SEXUALES VA EN AUMENTO
Más de 12 millones de personas son víctimas del trabajo forzado en el mundo y casi la mitad de ellas son niños, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado este miércoles en Ginebra.
La gran mayoría de los trabajos forzados -casi 10 millones- ocurren en Asia y la región del Pacífico, donde el tráfico de personas con fines sexuales va en aumento, dijo la OIT, un organismo de la ONU, en un informe de 87 páginas.
"El trabajo forzado representa la otra cara de la globalización y niega a las personas su dignidad y derechos básicos", dijo el director general de la OIT Juan Somavia.
"La OIT pide una alianza global contra los trabajos forzados en la que participen gobiernos, organizaciones patronales y sindicales".
Unos 9.8 millones de personas en todo el mundo son explotadas por empresas privadas, mientras que 2.5 millones son obligadas a trabajar por los estados o por grupos militares rebeldes, según la OIT. Un quinto del total es sometido al tráfico de personas de un país a otro.
El organismo laboral destacó a Mianmar como ejemplo del problema, pero se negó a dar el número total de personas obligadas a ejercer trabajos forzados ni siquiera en un solo país.
La OIT ha criticado desde hace tiempo los trabajos forzados en Mianmar (antigua Birmania) -un "destacado caso contemporáneo" -y en el 2000 dio el paso sin precedente de pedir a sus miembros la imposición de sanciones contra los gobiernos militares.
Posteriormente retiró sus pedidos de sanciones, pero el año pasado, la OIT dijo que Mianmar no ha logrado esos avances y sugirió que a menos que la junta adopte medidas urgentes, el pedido de sanciones será reactivado.
"Es imposible lograr un avance efectivo contra los trabajos forzados cuando existe un clima de impunidad y represión", indicó el informe. "Si los lugareños se niegan a cumplir las órdenes, pueden ser amenazados, encarcelados y físicamente maltratados".
"El azote del tráfico humano ha llamado ahora la atención del mundo", dijo el informe.
"Ha colocado las preocupaciones de los trabajos forzados a los pies de los países industrializados".
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Los holandeses estiman que la integración va muy rápido y temen
injerencias: sondeo
HOLANDA RECHAZA LA CONSTITUCIÓN EUROPEA CON MÁS DE 60% DE VOTOS. El primer ministro se declara "decepcionado", pero asegura que se respetará la decisión. Crecen preferencias por el no en Luxemburgo; la UE seguirá con el proceso de ratificación
AFP, DPA Y REUTERS
Amsterdam, 1º de junio. Tres días después de Francia, Holanda se
convirtió este miércoles en el segundo país fundador de la Unión Europea (UE) que rechaza la Constitución continental, en un referéndum en el que el no se impuso con más de 61 por ciento de los votos, lo que agudiza la crisis en el bloque de 25 países y podría condenar al tratado a la ruina.
La tasa de participación en el referéndum, el primero a escala nacional en los casi 200 años de historia moderna del reino, fue de 62.8 por ciento, según resultados preliminares oficiales.
Esto es más del doble del umbral de 30 por ciento que los principales partidos fijaron para tomar en cuenta el resultado de la consulta no vinculante legalmente, y muy por encima del 39 por ciento registrado en las elecciones al Parlamento europeo del año pasado.
Según datos definitivos, aunque no oficiales, 61.6 por ciento se pronunció por el nee (no), contra 38.4 por el sí.
El primer ministro holandés, Jan Peter Balkenende, dijo que se sentía "decepcionado" por la amplia victoria del no, pero prometió respetar el resultado, mientras el presidente del opositor partido socialdemócrata (PvdA) Ruud Koole, también partidario del sí, sostuvo que pese a todo la consulta fue "una
fiesta para la democracia".
"Nos complace que los holandeses no se hayan inclinado ante el espantapájaros agitado por el gobierno", afirmó de su lado Mat Herben, diputado  del antiinmigrante Lista Pim Fortuyn (LPF, populistas de oposición), uno de los más fervientes militantes por el no.
En Holanda, "más de 40 por ciento de la gente estima que Europa va demasiado rápido con el euro, la ampliación hacia los países del Este y luego a Turquía. El no es una señal que dice a los políticos: 'deténganse y escúchennos'", consideró Maurice de Hond, director de uno de los principales institutos de encuestas de Holanda.
Según los sondeos, los holandeses temen una injerencia de Bruselas en cuestiones como su política liberal en materia de drogas blandas o eutanasia, o en su política de seguridad social.
En una Europa de 25 países y que se ampliaría a Turquía, Ucrania
y países balcánicos, muchos holandeses temen además que su posición se diluya en beneficio de los "grandes".
"He votado no porque no tengo confianza en el gobierno", declaró un jubilado de 65 años que prefirió no identificarse. También dijo estar descontento por la ampliación de la UE a 25 países.
Patricia Nederveld, gerente de un coffee shop -tienda donde se vende legalmente mariguana y hachís- votó no porque "todo ha subido con el euro".
Luxemburgo, el próximo país en someter la Constitución europea a referéndum el 10 de julio, en tanto asiste a un ascenso de los partidarios del no, ante lo cual el primer ministro Jean Claude Juncker manifestó su "preocupación".
Según el último sondeo, de principios de mayo, el sí cayó al 59 por ciento contra 41 por ciento del no. El sondeo anterior, de octubre de 2004, daba al sí 75 por ciento contra apenas 24 por ciento del no.
En Bruselas, la UE solicitó la continuación del proceso de ratificación de la Constitución europea, y "pido a todos los dirigentes evitar decisiones unilaterales antes del Consejo europeo" del 16 y 17 de junio próximo en Bruselas, dijo el presidente de la Comisión Europea, el neoliberal José Manuel Durao Barroso.
En la misma conferencia de prensa, Juncker -presidente en ejercicio de la UE- insistió también en que el proceso de ratificación debe continuar, pues "quisiéramos que los otros países tengan la posibilidad de librar con la misma  intensidad el mismo debate".
Luego de Luxemburgo, Dinamarca en septiembre y Portugal y Polonia en octubre serían los próximos países en pronunciarse sobre la Constitución, ratificada hasta el momento por nueve de los 25 Estados miembros de la UE, entre ellos España.
También el canciller federal alemán, Gerhard Schroeder, declaró que el proceso de ratificación debe continuar, al igual que el gobierno sueco.
En teoría, los rechazos de Holanda y Francia no deben detener el proceso de ratificación. En caso de que hasta octubre de 2006 la Constitución haya sido aprobada por cuatro quintas partes, es decir 20, pero "uno o varios estados miembros hubieran experimentado dificultades para proceder a dicha ratificación", el texto prevé en un protocolo que se celebre una cumbre para analizar el procedimiento a seguir, dice la agencia de prensa alemana Dpa.
Sin embargo, existen cada vez más dudas. La prensa británica ha sugerido que el primer ministro Tony Blair podría cancelar el llamado a referéndum en el Reino Unido, donde son mayoría los partidarios del no.
El no de los holandeses presenta "serias interrogantes sobre la dirección que debe tomar la Unión Europea", declaró hoy el ministro británico de Relaciones Exteriores, Jack Straw.
Por su lado, el presidente francés, Jacques Chirac, cuyos compatriotas rechazaron con más del 55 por ciento de los votos la Constitución, afirmó que el resultado holandés refleja "grandes expectativas, interrogantes y preocupaciones acerca del desarrollo del proyecto europeo".
El gobierno español dijo estar preparado para desempeñar "un papel activo en la búsqueda de soluciones a la situación creada" por el doble rechazo franco holandés.
Proponen consulta general
El vicecanciller austriaco Hubert Gorbach insistió a su vez en que se realice un "referéndum general europeo".
Por lo pronto, el Europarlamento convocó a una sesión extraordinaria mañana jueves, en la que participarán representantes de las legislaturas de los 25 Estados miembros.
Mientras, el euro cayó a su nivel más bajo frente al dólar en ocho meses, ubicándose en 1.22 por dólar.
En Francia, por otro lado, el primer ministro Dominique de Villepin, designado ayer por Chirac en sustitución de Jean Pierre Raffarin, primera víctima política del rotundo no al tratado, anunció que la batalla contra el desempleo será la prioridad del nuevo gobierno.
"No podemos aceptar un país con más de 10 por ciento de desempleados", aseguró Villepin, quien dijo que la presencia en el gobierno de su rival, el neoliberal y proestadunidense Nicolás Sarkozy como ministro de Estado (una especie de número dos), es "buena (...) me alegro de contar con su talento".
Sin embargo, expertos creen que "se avecinan problemas" en la cohabitación de Villepin, un intelectual con porte aristócrata, fiel a Chirac, contra el noeliberal y pragmático Sarkozy.

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Editorial, La Constitución Europea se deshoja
Jornada, 2 junio 2005. Con más contundencia que los votantes franceses, quienes el domingo pasado rechazaron mayoritariamente el Tratado de la Constitución Europea, ayer los holandeses hicieron otro tanto en un referendo que logró alta participación: del 63 por ciento de los ciudadanos holandeses que sufragaron, más de 61 por ciento votaron por el no. De inmediato, los estadistas del viejo continente salieron a declarar que el proceso de integración debe continuar y que lo ocurrido en los Países Bajos no implica una crisis para la institucionalidad comunitaria europea.
Tales declaraciones son sólo una manera de tapar el sol con un dedo, porque, a raíz de los rechazos francés y holandés a la Carta Magna continental, todo el procedimiento de aprobación se torna impreciso, difuso e incierto, y porque es lógico suponer que ambas negativas tendrán fuerte impacto en los referendos próximos: el británico, programado para principios del año entrante, y el checo, que debería realizarse, si no hay cambio de planes, en junio de 2006. Ha de señalarse que en las sociedades correspondientes el euroescepticismo, es decir, el rechazo a la profundización de la integración europea tenía desde mucho antes de las consultas francesa y holandesa presencia fuerte y posiblemente mayoritaria que, razonablemente, se verá consolidada.
En la derrota experimentada en Holanda por la propuesta constitucional multinacional es posible percibir varios factores: el legítimo temor a una afectación del bienestar social, el rechazo a las políticas del gobierno centroderechista del premier Jan-Peter Balkenende, así como un ominoso componente xenófobo y hasta racista de temor a que la promulgación de una constitución continental incremente los flujos migratorios procedentes de Africa, Europa Oriental y Asia. Pero en la negativa francesa y holandesa, así como en el euroescepticismo presente en mayor o menor medida en todos los países miembros de la Unión Europea, debe percibirse, también, el rechazo ciudadano a un proceso integrador conducido con insensibilidad y hasta con arrogancia por las clases políticas y los grupos de interés económico.
Es claro el sentido autocrítico en las declaraciones del propio Balkenende de que "Europa ha sido en años recientes de los políticos y no de los ciudadanos", así como en el comunicado conjunto de los presidentes de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y del Parlamento Europeo, Josep Borrell: "los temores de los europeos frente a una Europa que hoy da más miedo que esperanza".
Si los políticos actuaran en congruencia con sus propias apreciaciones, tendrían que concluir que la aprobación del texto constitucional propuesto no va más, y que es necesario sentarse a reformularlo con mayor sentido social y con más respeto a las sensibilidades nacionales y comunitarias. En lo inmediato, los resultados de los referendos realizados en Francia y Holanda con diferencia de tres días introducen factores negativos, si no es que catastróficos, en la economía de la Unión Europea y en su proyección política y diplomática ante el mundo. Después de tales votaciones, las instituciones del viejo continente difícilmente podrán adoptar posturas comunes y coherentes en temas globales como la seguridad y la lucha contra el terrorismo, la exasperante necesidad de reducir la brecha entre países ricos y países pobres, el impulso al desarrollo, la agenda ambiental y la cooperación científica, tecnológica y cultural, entre muchos otros.
Finalmente, la debilidad europea no es, ni de lejos, una buena noticia, habida cuenta de que, hoy por hoy, y con todas sus limitaciones y sus factores de parálisis, Europa es el único contrapeso posible al poderío estadunidense en plena ofensiva (militar, diplomática, propagandística y económica) contra el resto del mundo.
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Prevé el Banco México que este año las remesas serán por 20 mil
millones de dólares. HISPANOS, OBJETIVO DE LA BANCA DE EU; ABRIERON 400 MIL CUENTAS EN 18 MESES. Cada año son expulsados del país cientos de miles de trabajadores ante el desempleo
En sólo 18 meses, los hispanos que viven en Estados Unidos
abrieron 400 mil cuentas bancarias en aquel país, hasta
convertirse en la comunidad objeto de deseo de los estrategas de
los grupos financieros que ven en ellos el futuro del crecimiento
de su negocio. Cruzando la frontera, en México, la economía logra
remontar el letargo de tres años con el impulso del gasto en el
consumo, que en su mayor parte tiene que ver con los dólares que
llegan del otro lado. Se trata de dos caras de un mismo fenómeno.
Mientras cada año cientos de miles de trabajadores son expulsados
del país, las remesas -que este año alcanzarán 20 mil millones de
dólares, según el Banco de México- ya duplican en valor a las
exportaciones agrícolas mexicanas. Es cosa de ver el auge de la
construcción de viviendas, o de las ventas de bienes de consumo y
materiales de construcción. Gran parte del dinero que mueve esa
maquinaria tiene la misma fuente.
Años de crecimiento en los montos de remesas familiares que
ingresan al país han convertido a esa masa de recursos en uno de
los pilares de la estabilidad económica y social de México. Pero
son tan constantes que quizá ya no llama a sorpresa saber que
crecen y crecen cada año.
Según el Banco de México, cada año se realizan desde Estados
Unidos 51 millones de transferencias de remesas, cada una por un
monto promedio de 326 dólares. Las personas que envían esos 50 o
100 dólares a la semana a sus familiares en México están
transformando la economía y la sociedad mexicana, según coinciden
varios expertos. Sobre todo porque se trata de un país en el que
el ingreso promedio de quienes tienen un empleo es de 120 pesos,
menos de 12 dólares, diarios y el ingreso mínimo legal de 45
pesos, alrededor de cuatro dólares al día.
Con un desempleo rampante, que el mes pasado alcanzó una tasa de
4.20 por ciento, la segunda más alta en ocho años, según informó
el viernes anterior el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI), las remesas han cambiado el
panorama del consumo en el país. Un estudio del Pew Hispanic
Center (PHC), un organismo especializado en temas de migración
con sede en Miami, documentó que una cuarta parte de los 24
millones de hogares mexicanos recibe remesas.
"El dinero de las remesas está detrás del crecimiento en la
demanda de bienes de consumo y del boom en la industria de la
construcción", señala un reporte. Este mes el gobierno mexicano
lanzó una iniciativa para financiar hipotecas en México que serán
financiadas con las remesas.
El precio del dinero
Un reporte difundido este mes por el Consejo Nacional de la Raza
(NCLR, por sus siglas en inglés) documentó que 78 por ciento de
las remesas captadas en México, 16 mil 600 millones de dólares en
2004, fueron empleadas por las familias receptoras para financiar
gastos domésticos inmediatos; mientras, sólo 8 por ciento fue
canalizado al ahorro; 1 por ciento en inversiones; 1 por ciento
para la compra de terrenos o casas; 7 por ciento para educación;
y 5 por ciento para bienes de consumo no necesario.
Aunque en México es cada vez mayor la utilización del sistema
financiero para la movilización de las remesas, los bancos
mexicanos consideran que su posibilidad de expansión en las
ciudades de Estados Unidos puede ser una apuesta segura al
crecimiento de sus negocios.
En una entrevista reciente con La Jornada, Luis Peña Kegel,
director general del Grupo Financiero Banorte, la única
institución financiera de las que operan aquí que son de capital
100 por ciento mexicano, dijo que esa firma está avanzando en el
proyecto de adquirir un banco y una empresa de remesas en alguna
ciudad de Estados Unidos. Los estrategas de Banorte esperan tener
concluido el proceso este año.
Se trata sólo del más reciente de los planes de expansión en
Estados Unidos de bancos que operan en México. Una vez que
Banamex y Bancomer fueron adquiridos por Citigroup y BBVA,
respectivamente, el primer paso que dieron los nuevos dueños fue
afianzar sus operaciones en Estados Unidos.
"Durante un periodo de 18 meses contados a partir de mediados de
2002, productos relacionados con remesas hicieron posible la
apertura de 400 mil nuevas cuentas en los bancos más importantes
que ofrecen estos productos en Estados Unidos", indicó el reporte
del NCLR.
Así como el dinero que envían se está convirtiendo en uno de los
soportes de la economía mexicana, las transferencias asociadas
con la remisión de fondos que se hacen desde Estados Unidos
significan un gran negocio para las instituciones encargadas del
manejo de los recursos.
El reporte del NCLR expone que el precio cobrado en Estados
Unidos por una remesa a México u otra nación latinoamericana
excede en al menos un 20 por ciento el costo de transacción. Este
costo es transferido al consumidor a través del cobro de tarifas y
manipulaciones en el tipo de cambio.

05-06-2005
Aprueba Suiza derechos a homosexuales
Divulgan los resultados del referéndum que los suizos aprueban el ingreso a la zona europea libre de pasaportes para el 2007 y se declaran a favor de ampliar las leyes a los gays en materia impositiva y jubilatoria
Una estrecha mayoría de votantes suizos aprobó el ingreso a la zona europea libre de pasaportes para el 2007, y otra más amplia se declaró a favor de ampliar los derechos de las parejas homosexuales, según los resultados de un referendo nacional.
Es la primera vez que el tema de las parejas homosexuales es sometido a votación en un país europeo, pero los derechos son menos amplios que en otras naciones.
El 55% -1.5 millones de votantes- sufragó a favor de ingresar a la zona Schengen, libre de pasaportes, indicio de que los suizos quieren una integración más estrecha con la UE, de la cual el país no es miembro.
Esto es contrario a la tendencia prevaleciente en la UE luego del rechazo francés y holandés al proyecto de constitución para el bloque de 25 naciones.
El 58% de los votantes -1.6 millones- votaron a favor de que las parejas homosexuales reciban los mismos derechos que las heterosexuales en materia impositiva y jubilatoria.
Antes del referendo, los especialistas habían pronosticado que el rechazo a la constitución alentaría a los adversarios de Schengen. Las encuestas indicaban que una clara mayoría a favor de la zona se había reducido rápidamente antes del día de la votación.
El gobierno de coalición se ha mostrado partidario del ingreso a la UE y la zona Schengen, pero la mayoría de los ciudadanos de habla alemana -dos tercios de la población- se oponían a la integración.
El ingreso a la zona Schengen no eliminará los controles de aduana, ya que el país seguirá fuera de la Unión Europea.
Se acentuarían las medidas de seguridad para sucesos tales como el Foro Económico Mundial anual en Davos y la Copa Europea de fútbol 2008, de la cual Suiza y Austria comparten la sede.
Las parejas integradas por personas del mismo sexo se beneficiarán con las mismas leyes impositivas y jubilatorias que los matrimonios. Pero no se les permitirá adoptar niños ni recibir tratamientos de fertilidad.
Es la primera votación nacional en un país europeo sobre este asunto, aunque Alemania, entre otros países, ha aprobado leyes que permiten la inscripción legal de parejas homosexuales.
El sistema de democracia directa suizo requiere consultar al pueblo sobre todo asunto importante, incluida la mayor integración con el resto de Europa.

07 de junio de 2005
El Estado laico


A decir de una encuesta realizada por la empresa Ipsos para la agencia de noticias The Associated Press , la estricta separación de la Iglesia y el Estado todavía disfruta de un amplio apoyo en México, ya que a pesar de que 80% de los encuestados se declaró católico, sólo 20% dijo que los líderes religiosos deberían influir en las decisiones gubernamentales, en tanto que 77% se opuso a cualquier intento del clero por inmiscuirse en los asuntos del Estado.
El estudio concluye que dicha tendencia confirma lo que sucede en otros países como Alemania, Italia, Estados Unidos o España, donde la separación Iglesia-Estado es concebida como sana por la mayoría de la población.
Por lo que respecta a México, la historia es la que ha determinado dicho estado de cosas, pues desde el siglo XIX Benito Juárez anuló, vía leyes de Reforma, el poder eclesiástico en la vida pública. En la segunda década del siglo pasado, el derramamiento de sangre producido en el país por la Guerra Cristera (1926-1929) también determinó el desconocimiento oficial de la Iglesia y sus jerarcas, que fue revertido hasta los años 90, durante el régimen del presidente Carlos Salinas de Gortari, quien abrió las puertas al reconocimiento oficial de los diferentes cultos y sus sacerdotes, lo cual derivó en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el Estado vaticano.
Esta historia de desencuentros, guerra, enfriamiento de relaciones y reconocimiento no ha hecho mella, sin embargo, en el ánimo de la sociedad. Al paso de los años y la encuesta de AP es contundente los mexicanos reconocen la importancia de la fe en su vida personal, pero distinguen con precisión lo que debe ser un gobierno laico de uno guiado por valores religiosos que nos podría llevar a lo que para algunos es un Estado fundamentalista.
El respeto a la libertad de credos ha hecho de México un país tolerante y secular en dicha materia. Sin la potestad para intervenir en asuntos de Estado, los representantes de todas las iglesias gozan ahora de mayor libertad para el culto y de oportunidades otrora impensables para ejercer sus respectivos ministerios de fe. Es decir, la separación IglesiaEstado no ha sido una fractura dentro de nuestra sociedad, sino que, por el contrario, ha servido como catalizador para evitar discordias.
Vale considerar que, según la encuesta, 89% de los mexicanos aseguró creer en Dios y 4% indicó que tiene fe "en un poder superior de algún tipo", lo cual habla de un importante nivel de religiosidad que no puede ser ignorado.
Todo indica que México ha de seguir por ese camino, porque así conviene a todos: de un lado, un Estado fuerte que represente a todos los mexicanos; y, por otro, iglesias concentradas en difundir sus creencias y valores con toda libertad y sin cortapisas.
La sabiduría popular ha colocado en su justa dimensión los alcances y limitaciones de cada uno de los ámbitos, lo que augura un futuro con más tolerancia que la que vivimos en la actualidad, en la que incluso ha alcanzado el grado de ley.
Las otras experiencias internacionales, de las que da cuenta la encuesta de AP, responden a las características propias de cada nación, a su idiosincrasia y a sus respectivos trayectos históricos, los cuales son, en gran medida, diferentes a los de México. Los mexicanos no quieren repetir la vieja historia de enfrentamientos entre Iglesia y Estado y, por tanto, a cada uno le ha dado su lugar en su proceso histórico.


Fomenta el respeto de derechos laborales en empresas. SE SUMA EL GOBIERNO MEXICANO AL PACTO MUNDIAL DE LA ONU
El presidente Vicente Fox anunció que su gobierno se sumará al Pacto Mundial, una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que empresas e instituciones se comprometan a promover 10 principios básicos relacionados con derechos humanos, protección al medio ambiente, trabajo en condiciones dignas y combate a la corrupción.
En una ceremonia en el Polyfórum Cultural Siqueiros, en la que el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana suscribieron el compromiso ante representantes de la ONU, Fox llamó a los gobiernos estatales y municipales y las empresas mexicanas a sumarse al proyecto, impulsado por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, en el que ya participan mil negocios de todo el mundo.
Thierry Lemaresquier, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el país, comentó que México es el primer país que se suma al Pacto Mundial, y anunció que trabajará con las autoridades mexicanas en el diseño de un sistema de indicadores para evaluar el cumplimiento de los 10 compromisos.
Los firmantes se comprometen a desterrar toda forma de violación a las garantías individuales, respetar y alentar la libertad de asociación y de negociación colectiva, eliminar el trabajo forzado, abolir el trabajo infantil y eliminar la discriminación laboral.
Los empresarios también pugnarán por un enfoque preventivo en los problemas ambientales y a trabajar en contra de todas las formas de corrupción. El buen juez...
Ante Lemaresquier, Georg Kell, director ejecutivo de la Oficina del Pacto Mundial, y empresarios mexicanos, Fox aseguró que su gobierno es "humanista" y que sus preocupaciones centrales son "las personas, su dignidad y la vida".
En cuanto a la explotación de menores, el Presidente tiene trabajo pendiente. El 11 de abril La Jornada dio a conocer que en campos de la empresa El Cerrito, propiedad de sus hermanos, se cometen abusos laborales: se emplea a menores, no hay seguridad social ni fondo de retiro y se imponen jornadas superiores a ocho horas, de acuerdo con Eladio Abúndiz, integrante del Frente Auténtico del Trabajo. Señalamientos similares se han formulado contra empresas del secretario de Agricultura, Javier Usabiaga.


Castañeda hará denuncia ante CIDH a fin de mes
Lilia Saúl
El Universal
Domingo 04 de septiembre de 2005
Nación, página 10

Jorge G. Castañeda presentará el próximo 26 de septiembre una petición de demanda contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para buscar protección internacional a sus derechos políticos.
En conferencia de prensa en Iztapalapa, Jorge Castañeda, quien busca ser candidato ciudadano en las próximas elecciones de 2006, dijo que en México ya no tiene ningún recurso para continuar con su defensa de participar sin partido en la contienda electoral.
"Nosotros planteamos que íbamos a agotar todos los recursos legales, que íbamos a luchar hasta el final... ahora vamos a instancias internacionales", dijo Castañeda, quien reconoció que el fallo de la comisión podría recibirse después de las elecciones de 2006.
Agregó que cualquier otra persona, como sus simpatizantes, se podrán adherir a la demanda, al firmarla, ya que también les fueron violados sus derechos a poder votar por un ciudadano.
Santiago Corcuera, abogado de Castañeda, explicó que en México se violó la Convención Americana de Derechos Humanos. Se tomó esta decisión, dijo, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le negara el amparo que le permitiría registrarse ante el IFE como candidato presidencial.
Al preguntarle sobre su posible participación en las próximas elecciones bajo el emblema de algún partido político, Castañeda reconoció que ha sostenido pláticas con Convergencia y recientemente con el PAN, que evalúa ofrecerle la candidatura de la jefatura de Gobierno del Distrito Federal. "Ha habido desde hace mucho tiempo pláticas con ellos, con Convergencia, con Nueva Alianza, con otros más, para ver qué posibilidades existen. Hasta el momento no se ha concretizado nada y por tanto nosotros vamos a concentrar todos nuestros esfuerzos en este tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", explicó.

Miguel Carbonell

La batalla por la Suprema Corte

Los conservadores de Estados Unidos estaban esperando que hubiera una vacante en la Corte para que el segundo presidente Bush pudiera nombrar a un juez que derribara de una vez los precedentes judiciales que tanto los irritan

La súbita e imprevista renuncia de Sandra Day O'Connor a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos abrirá sin lugar a dudas un largo debate no solamente sobre la integración de la Corte misma, sino sobre el modelo de país que Estados Unidos será en las próximas décadas. Aunque Day O'Connor fue propuesta para el cargo por el presidente Reagan, lo cierto es que en su desempeño mostró un talante moderado, inclinándose en asuntos relevantes por puntos de vista más cercanos al Partido Demócrata que al Partido Republicano de Reagan y Bush.
Los conservadores de Estados Unidos estaban esperando que hubiera una vacante en la Corte para que el segundo presidente Bush, guiado por su mística religiosa y su ultrafundamentalismo de derecha, pudiera nombrar a un juez que derribara de una vez los precedentes judiciales que tanto los irritan; el primero de todos sería el precedente sentado en 1973 en el caso Roe vs. Wade a partir del cual se reconoció como un derecho constitucional la libertad de la mujer para interrumpir voluntariamente su embarazo. Cuando el tema volvió a ser presentado años después a la consideración de la Corte el voto de Day O'Connor fue decisivo para mantener a salvo el precedente y, por tanto, salvaguardar esa esfera de decisión a favor de la mujer.
Además del caso del aborto, el nombramiento de un nuevo integrante de la Corte les permitiría a los conservadores cerrar cualquier posibilidad a los programas de acción afirmativa para lograr la igualdad de oportunidades de las minorías étnicas, al matrimonio entre personas del mismo sexo, a la experimentación con células madre, etcétera. Pero en sentido inverso, es probable que la renovación de la Corte pueda suponer un respaldo a las tesis de Bush sobre la pena de muerte; hay que recordar que Bush, siendo gobernador de Texas, otorgó su visto bueno para que fueran ejecutadas 152 sentencias de muerte. En 1997 Bush autorizó la ejecución de un hombre de 33 años a pesar de que todos los estudios psiquiátricos que se le practicaron habían demostrado que tenía la capacidad intelectual de un niño de siete años. También es probable que salga reforzado su punto de vista sobre la legalidad de las detenciones sin oportunidad de defensa que el gobierno de los Estados Unidos practica en Guantánamo, Afganistán y otros países, así como su permisión respecto a las "técnicas invasivas" para realizar interrogatorios de personas detenidas por sospechar que han realizado actos terroristas o que han colaborado con presuntos terroristas.
Las convicciones fundamentalistas de Bush en temas de justicia quedaron reflejadas meridianamente con el nombramiento de John Ashcroft como fiscal general durante su primer periodo como Presidente. Ashcroft se había destacado en los años precedentes por ser un enemigo a muerte del aborto, del homosexualismo y del feminismo, lo que no era obstáculo para que fuera un firme defensor de la pena de muerte. Durante los primeros días del segundo mandato de Bush, Ashcroft renunció al cargo, aunque no admitió ningún error en su gestión, a la que defendió diciendo que había hecho todo lo posible por preservar la seguridad del pueblo americano. En su lugar Bush propuso a Alberto Gonzales, quien había sido -en su calidad de jefe de los servicios jurídicos de la Casa Blanca- el responsable de los informes que entendían que la práctica de "interrogatorios con presión" realizados en Afganistán e Iraq no podía considerarse como tortura. Ahora Gonzales suena como uno de los favoritos para entrar a la Corte en sustitución de Day O'Connor.
Además, durante sus primeros cuatro años como Presidente, Bush llenó la judicatura federal de jueces ultraconservadores que compartieran sus puntos de vista sobre los temas básicos; algunos de esos jueces, a juicio de reconocidos intelectuales como Ronald Dworkin, no llenaban ni de lejos el nivel de competencia profesional necesario para el puesto, pero eso no importaba si habían prometido que una vez en el cargo iban a defender las tesis de Bush.
Lo peor de todo es que al nombramiento del sustituto de Day O'Connor seguirá muy pronto algún otro, pues es probable que se presente otra vacante en la Corte antes de que Bush termine su segundo mandato presidencial. Uno de los actuales jueces, John Paul Stevens, tiene 85 años (fue nombrado para la Corte en 1975, por el presidente Gerald Ford). El propio presidente de la Corte, William Rehnquist, alcanza los 81 años; ha sido juez en la Corte desde 1973, cuando fue propuesto por Richard Nixon para el puesto. Otros cuatro jueces cumplirán más de 70 años antes de que Bush termine su periodo al frente del gobierno. La posibilidad de que se presente una vacante no es nada remota en este contexto.
Como quiera que sea el amplio debate que se espera para la renovación de la Corte de los Estados Unidos debería ser también una lección para México, en donde los nombramientos de los integrantes de nuestra Suprema Corte no despiertan mayor interés, a pesar de que se trata de cargos de gran relevancia para la configuración de temas centrales del quehacer político y social del país. El proceso mismo de nombramiento en México no ha cumplido con sus objetivos, pues no ha permitido discutir con serenidad y apertura acerca del perfil que deben reunir las personas que ocuparán un cargo por el que se perciben más de 300 mil pesos al mes durante 15 años y una jubilación vitalicia con los mismos ingresos y muchos otros beneficios. La discusión colectiva y democrática de tan importantes nombramientos es lo que podríamos aprender en México de la gran batalla que está a punto de librarse en Estados Unidos para reconfigurar a su Corte Suprema.

 

Le impide ser candidato. CASTAÑEDA ACUSA ANTE LA CIDH AL ESTADO MEXICANO
AFP, Washington, 12 de octubre. El ex canciller mexicano Jorge G. Castañeda presentó este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no permitirle presentar su candidatura independiente a la Presidencia y pidió medidas cautelares.
"Venimos a presentar nuestra petición de demanda contra el Estado mexicano para que se respeten los artículos pertinentes (...) de la Convención Americana de Derechos Humanos, a propósito de las candidaturas sin registro de partido en las elecciones en México", afirmó a la prensa antes de reunirse con la CIDH.
También "estamos solicitando que (...) se dicten medidas cautelares para conservar y proteger mis derechos de aquí" a que la CIDH tome una decisión sobre el asunto, agregó el ex canciller del presidente Vicente Fox.
Castañeda solicitó como medida cautelar que "se me inscriba como candidato provisional en el Instituto Federal Electoral, y se me otorgue la posibilidad de tener un representante" ante dicha entidad.
También pidió que "los medios de comunicación en México me den el mismo trato que a los demás candidatos a la Presidencia, mientras se resuelve este tema".
Según el ex secretario, la CIDH debería tomar una decisión sobre las medidas cautelares durante el periodo de sesiones que comenzó oficialmente el martes pasado y concluirá el 28 de este mes.
Las elecciones presidenciales se celebrarán en julio en México. El plazo para el registro de candidaturas a la Presidencia vence el próximo 15 de enero.

 

 

 

 

 

 

LA NIÑA DE PATAYA

El "turismo sexual" es una industria floreciente en los países del Tercer Mundo; lo más reprobable: La explotación infantil

Por Mario Vargas Llosa

Empleado modelo de los transportes públicos franceses según sus jefes y compañeros de trabajo, el parisino Amnon Chemouil, solterón de 48 años, descubrió en 1992 los encantos de Tailandia. No los de su bravío paisaje tropical, ni los de su antiquísima civilización y sus templos budistas, sino los del sexo fácil y barato, una de las industrias florecientes del país. En el balneario de Pataya, a poca distancia de Bangkok, pudo hacer el amor con prostitutas muy jóvenes, por las que siempre sintió predilección. Desde entonces, decidió pasar sus vacaciones en aquel paraíso exótico, al que volvió en 1993 y 1994.
En el tercero de sus viajes, conoció en un bar de Pataya a otro turista sexual, el suizo Víktor Michel, también un entusiasta, en materia amorosa, de la juventud, o, más bien, de la niñez, principalmente masculina. Incitado por su flamante y experimentado amigo a iniciarse en los placeres de la pedofilia, Amnon Chemouil consintió. Víktor se encargó de todo: Encontró a la celestina y tomó un cuarto de hotel. Aquélla compareció a la cita con una sobrinita de once años y desplegó ante los clientes el abanico de servicios que la niña podía ofrecer, con las correspondientes tarifas. Amnon escogió la felación, que era una verdadera ganga: Apenas el equivalente de 125 francos (unas 3,100 pesetas). Pese a que la niña lloriqueó un poco al principio, porque quería ver la televisión en vez de trabajar, el parisino quedó tan satisfecho, que, además de pagar lo pactado a la tía-alcahueta, dio a la pequeña una propina de 25 francos. Todo lo sucedido en aquel cuartito de hotel de Pataya quedó filmado por una cámara portátil del exquisito Víktor Michel, que, además de pedófilo, es también voyeur. A poco de regresar a París y reintegrarse a sus juiciosas labores de servidor público en la RATP, Amnon recibió una copia de aquel video, que le envió desde Suiza su amigo Michel, como recuerdo de aquella excitante travesura.
El parisino lo incorporó a su colección de películas pornográficas, que rayaba ya el centenar.
Meses o años después, Víktor Michel, debido a su debilidad por la puericia, se vio en problemas con la Policía suiza, bastante menos tolerante que la tailandesa en materia sexual (¡Ah, manes de Calvino y Rousseau!). Al registrar su domicilio, aquélla encontró, entre otras delicadezas, el video que documentaba las eyaculaciones de Amnon Chemouil (tres, al parecer) en aquel hotelito de la esplendorosa Pataya. Interrogado, el cineasta reveló las circunstancias en que filmó aquel documento y la identidad del héroe del filme. Los gendarmes helvéticos constituyeron un expediente y lo enviaron a la Policía francesa. Esta, después de examinarlo, lo puso en manos de un juez de instrucción.
Aquí, debo abrir un paréntesis en mi relato, para declarar mi admiración por la Justicia francesa. Muchas cosas andan mal en Francia y merecen ser criticadas -yo lo hago, a veces, en esta columna-, pero hay una que anda muy bien, y es la Justicia, pilar de la democracia y garantía máxima de la convivencia social y el funcionamiento de las instituciones. Los tribunales y jueces franceses actúan con una independencia y valentía que son un ejemplo para todas las demás democracias. Su actuación ha servido para sacar a la luz innumerables casos de corrupción en las más altas esferas económicas, administrativas y políticas y para sentar en el banquillo de los acusados -y, si hay lugar, poner entre rejas- a personajes que por su riqueza o influencia serían, en otras sociedades, intocables. Sea en materia de derechos humanos, de discriminación racial, sexual, o de subversión y terrorismo, la Justicia suele mostrar en Francia una eficacia y prontitud para intervenir, y una solvencia para enmendar los yerros, que dan al ciudadano de a pie, aquí, esa tranquila y rara presunción de que, en el medio en que vive, por lo menos hay una institución pública, el juez, que está allí no para perjudicarlo sino servirlo.
No fue ésta, seguramente, la impresión que tuvo el sorprendido Amnon Chemouil, cuando, años después de aquel episodio tailandés, se vio detenido y enfrentado a un tribunal parisino, que le tomaba cuentas por haber transgredido el Código Penal de 1994, perpetrando una violación sexual a una menor. La ley penal francesa es aplicable a todo delito cometido por un francés "dentro o fuera" del territorio de la República, y una ley aprobada el 17 de junio de 1998 autoriza a los tribunales a juzgar las "agresiones sexuales cometidas en el extranjero" aun cuando los hechos imputados al acusado no sean considerados delitos en el país donde se cometieron.
El proceso de Amnon Chemouil ante la Corte Superior de París concitó considerable atención, pues sentaba un precedente. Era la primera vez que se ventilaba ante los tribunales un caso de "turismo sexual" delictuoso. Varias organizaciones, nacionales e internacionales, que combaten la explotación sexual de los niños, se habían constituido parte civil en el juicio, entre ellas la Unicef, Ecpat (End Child Prostitution in Asian Tourism), y varias ONG, incluida una tailandesa cuyo empeño permitió localizar en Bangkok, siete años después, a la tía y la niña de la historia. Esta, ahora una joven de 18 años, vino a París y prestó declaración, en privado, ante los jueces, quienes, además, pudieron ver la copia del video de Víktor Michel, encontrado en el registro de la vivienda de Chemouil. El acusado, que, en los ocho meses que pasó en prisión antes del juicio, dice haber experimentado un verdadero cataclismo psíquico, reconoció los hechos imputados, pidió perdón a su víctima y reclamó al tribunal un castigo. La sentencia fue de siete años de cárcel, en lugar de los diez que había pedido la fiscal.
Muchas conclusiones se pueden sacar de esta historia. La primera es que, si siguen el ejemplo de Francia países como España, Alemania, el Reino Unido, Italia, Estados Unidos y los países nórdicos, que, debido a sus altos niveles de vida, figuran entre los principales practicantes del "turismo sexual", es posible que los delitos que al amparo de esta práctica se cometen a diario y por millares en países del tercer mundo, y que conciernen sobre todo a la explotación sexual de los niños, puede que al menos disminuyan, y que algunos de los delincuentes sean sancionados. El precedente que ha establecido Francia es impecable: Una democracia moderna no puede aceptar que, salvadas las fronteras nacionales, sus ciudadanos queden exonerados de responsabilidad legal y delincan alegremente porque, en el país forastero, no haya normas jurídicas que prohíban aquel delito o porque, si las hay, no se acatan, son letra muerta. No sé qué ocurre en Tailandia en materia legal con los crímenes sexuales. Pero estoy seguro de que, en Cuba, otro de los "paraísos sexuales" del planeta para turistas con divisas, hay una puntillosa legislación prohibiendo la prostitución infantil. (Siempre recordaré las náuseas que me provocó, en un viaje de avión, mi vecino de asiento, un comerciante mallorquín, eufórico consumidor de "jineteras" habaneras, que, me contó, se disponía a llevar a su hijo a Cuba ese verano, para que lo desvirgaran allá esas mulatas deliciosas, tan jovencitas, tan baratas, y "tan limpitas").
Que por hambre, por la urgencia de divisas, por la extendida corrupción o ineficacia de las instituciones, en muchos países del Tercer Mundo la prostitución infantil prospere de manera espectacular ante la indiferencia (o con la abierta complicidad) de las autoridades, es una realidad innegable. Lo cierto es que, según las publicaciones de Unicef y Ecpat al respecto que se han dado a conocer con motivo de este juicio, el problema tiene contornos multitudinarios y crecientes. Todo ello debería ser un aliciente para que los gobiernos de las democracias desarrolladas, tal como acaba de hacerlo Francia, contribuyan a la lucha contra la industrialización sexual de los niños y niñas en los países pobres, persiguiendo legalmente a sus ciudadanos que practican el turismo a la manera de Víktor Michel y Amnon Chemouil, pues, en buena medida, ellos y sus congéneres son responsables de la existencia de aquel innoble mercado.
No hay que hacerse muchas ilusiones, desde luego, porque la pobreza y la miseria que están detrás de la prostitución infantil en los países subdesarrollados constituyen un obstáculo casi infranqueable para su erradicación, o, al menos, drástica reducción. Quienes se interesen por conocer los niveles dramáticos a que esto puede llegar, aconsejo leer un librito que publicaron en 1963 dos escritores norteamericanos, Allen Ginsberg y William S. Burroughs, The Yage Letters, con las cartas que se escribieron, recíprocamente, desde Lima y dos ciudades de la selva peruana, Tingo María y Pucallpa, en los años cincuenta, contándose sus experiencias sexuales y con cocimientos alucinógenos en el país de los Incas. Recuerdo haber leído con verdadera estupefacción estos textos, donde aparecía una cara de Lima que yo no sospechaba siquiera que existía: La de los niñitos homosexuales de los barrios de La Victoria y El Porvenir, que indistintamente hacían de lustrabotas, mendigos o meretrices para aficionados como los beatniks susodichos. Uno de ellos, Ginsberg creo, elogiaba en una carta la destreza sexual de esos niños limeños, aunque lamentaba que tuvieran tantos piojos.
Pero, quizás, la conclusión más importante del reciente juicio de París, sea que muestra una cara positiva de esa nueva bestia negra fabricada por los enemigos irredentos de la modernidad: La globalización. Si las fronteras no se hubieran ido adelgazando, y, en muchos campos, desapareciendo, Amnon Chemouil jamás hubiera llegado a comparecer ante el tribunal que lo juzgó y condenó, y es seguro que hubiera pasado muchas otras vacaciones en Pataya, disfrutando de los cómodos precios y la variedad de oportunidades para la fantasía y los deseos que ofrecen a los turistas con divisas las niñas y niños tailandeses. Gracias a que ese concepto rígido, de camisa de fuerza, que tenía la soberanía nacional, se va disolviendo en una entidad más ancha y profunda que abarca todos los contornos de la humanidad, los legisladores franceses decidieron extender la jurisdicción de las leyes y códigos a esa sociedad globalizada de nuestro tiempo, lo que ha permitido sentar un precedente y un ejemplo, como ocurrió, ya no en el campo de los delitos sexuales, sino en el de los crímenes contra la humanidad, con el general Pinochet en España e Inglaterra. Es verdad que aquél se libró de comparecer ante el tribunal para responder por sus crímenes, pero no por defectos de los jueces británicos, que cumplieron con su deber, sino por el feo enjuague político a que se prestó el Gobierno inglés devolviendo al ex dictador a Chile por "motivos de salud". De todas maneras, otro precedente quedó sentado, que, desde entonces, hace correr escalofríos a los tiranuelos y sátrapas en ejercicio. La globalización no es sólo la creación de mercados mundiales y de compañías trasnacionales; es, también, una interdependencia planetaria que puede permitir extender la justicia y los valores democráticos a las regiones donde todavía imperan la barbarie y la impunidad para los crímenes sexuales y políticos.


DEPORTADOS
Carmen Hernáiz
La discriminación que hay en USA me revuelve el estómago. Uno no puede dejar de pensar en casos personales, y revivir situaciones espantosas. Ya no se trata sólo de los deportados, sino de la cantidad de injusticias a las que se somete a los no cuidadanos en ese país.
Y la verdad es que me puedo dar por afortunada, porque ciertas cosas que me ocurrieron a mí, dentro de un marco de indefensión e injusticias increíbles, hubieran llegado a extremos inimaginables si en lugar de ser ciudadana española, lo hubiera sido mexicana, por ejemplo. Para que te hagas una idea, mi entonces marido, americano, es hijo de una familia con poder y dinero.
El matrimonio se hundió al segundo bebé por mil causas distintas. Cuando mi esposo comenzó a ejercer la violencia física (cuidándose de que no hubiera rastro, por supuesto) y llegar a la maestría en la psíquica, todos mis intentos por conseguir un abogado fueron vanos. Hispana contra americano rico y de buen nombre.
Hubo incluso quien me lo señaló así de claro. Intento de denuncia a la policía, tras un episodio que puedes leer en forma de relato en este foro, y la respuesta de la policía: Usted es una mujer hispana contra un ciudadano americano de buen nombre. Y además no sé si sabrá, que según la ley de NY la negativa de la esposa a tener sexo con su marido, es una de las pocas causales de divorcio en este estado.
Cuando después de soportar un año una situación de tensión increíble, conseguí que alguien me prestara el dineral suficiente para pagar a una abogada y al menos poderme divorciar, fue cuestión de meses que mi propia abogada trabajara claramente en beneficio de la otra parte. Mi único objetivo era recuperar mi libertad y poder regresar a España, mi país, con mis tres hijos, con los cuales su padre apenas había tenido contacto, por no hablar de su falta de interés total en cualquier tema
referente a ellos.
Me metió en una trampa dándome un permiso para venirme, después de tres años de jugar con esa posibilidad. Una vez aquí, tanto los niños como yo, me puso una denuncia internacional por rapto de mis propios hijos. Su idea era que si me quitaba a los niños y los llevaba de vuelta a USA, yo volvería también y podría disponer de mí de nuevo. Llegó a proponerme un divorcio "amistoso", en donde él conservaría todo el capital del matrimonio, a cambio de vivir con el y cuidar de mis hijos, cuya custodia, desde mi viaje, le había sido otorgada por un tribunal neoyorquino, un mes después de que el tribunal de La Haya me la concediera a mí. Cualquier otra libertad, como viajar a mi país, me era vetada.
El hecho de tener un papel firmado por el, no servía de nada a los tribunales americanos. Un ciudadano americano puede cambiar de opinión en sus decisiones, y más si puede pagar ese cambio. Ha costado un año más conseguir poderme quedar legalmente con mis hijos en España. Todavía no hay reconocimiento oficial de los tribunales norteamericanos. Eso es algo que está en trámite, aún a pesar de que el Tribunal Internacional de La Haya acepta que mis hijos están aquí legalmente, que son españoles, y que el padre firmó un acuerdo respecto a la legalidad de la situación.
Vivo en España con mis hijos, que se sienten felices. Recibo continuamente notas de gente que es objeto de injusticias por no ser ciudadanos norteamericanos, a manos de las leyes de USA, o de sus nacionales.
Sé perfectamente que no hay país alguno en donde la libertad sea auténtica, pero sé también que ninguno más hace publicidad masiva de poseer aquello de lo que más carece. En USA no se sabe qué es la libertad, ni los derechos humanos. En USA, realmente, no se sabe muy bien qué es ser Humano.
Conozco algún caso a la inversa, en donde el oprimido/a era un norteamericano, pero por supuesto no ha llegado a durar meses, puesto que la defensa era obvia, clara, y la justicia se impuso.
Perdona por este largo desahogo. Es sólo que de vez en cuando me tocan una cuerda desafinada y no puedo evitar intentar tensarla un poco...

OTORGA UN JUEZ LA PROPIEDAD A COLUMBIA PICTURES. PIERDE MARIO MORENO IVANOVA LOS DERECHOS DE 34 PELÍCULAS DE CANTINFLAS
NOTIMEX. Los Angeles, 14 de junio 2002. Un juez federal de Los Angeles decidió, tras nueve años de disputa legal, que 34 películas de Mario Moreno Cantinflas son propiedad de Columbia Pictures, y no del hijo del comediante, Mario Moreno Ivanova.
El juez de la corte federal de distrito en Los Angeles, William J. Rea, emitió su veredicto sobre las producciones fílmicas en disputa, algunas de ellas de hasta 60 años, que aún generan millones de dólares en ventas cada año, publicó Los Angeles Times.  Rea ordenó que Moreno Ivanova, quien vive en México, deberá entregar a la corporación Sony, propietaria de la Columbia Pictures, con sede en Culver City, cualquier negativo que la familia tenga en su poder. Con esta determinación la empresa podrá recuperar cuatro millones 600 mil dólares en pago de derechos de autor que habían sido congelados en una cuenta, mientras el caso se resolvía. "Nuestra posición fue reivindicada", declaró David A DeJute, consejero general de Sony Pictures, quien indicó que "desde el principio el objetivo fue defender que Cantinflas había firmado un contrato que había de ser respetado y cumplido con nosotros".
El origen de la disputa. En 1946 Cantinflas firmó un contrato con Columbia Pictures para que el estudio realizara la distribución de producciones fílmicas en México. Según Los Angeles Times, la cinta más popular en Estados Unidos fue la Vuelta al mundo en 80 días, que ganó el Oscar a la mejor película, en 1956. Cantinflas es tan popular que Sony gastó millones de dólares en abogados con el propósito de aclarar las dudas que se cernían sobre la disputa de los derechos cinematográficos. Ahora esta compañía será libre para continuar distribuyendo las cintas.
Desde la muerte del popular mimo mexicano, hace nueve años, la disputa legal por la posesión de derechos de autor se ha mantenido. En México aún no se determina si la propiedad de éstos le corresponde a Mario Moreno Ivanova o a un familiar que asegura haber firmado un acuerdo dos meses antes de la muerte de Cantinflas.


Desechan jueces argumentos estadunidenses: Davidow. Peligroso, que se impida a EU juzgar delincuentes mexicanos. También podemos soslayar garantías de este país, advierte
La Jornada, 23 junio 2002. El embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, dijo que su gobierno considera peligroso que jueces de distrito y magistrados de circuito nacionales no acepten las garantías que ofrece el gobierno estadunidense para que se le permita juzgar a delincuentes mexicanos.
Entrevistado tras reunirse con el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, el diplomático puntualizó que su gobierno ha ofrecido a los jueces no aplicar cadena perpetua, y sin embargo sus argumentos han sido desechados.
"Me parece algo inédito, y quizá tenemos que trabajar con las autoridades para ver qué se puede hacer, porque si los jueces mexicanos no están dispuestos a aceptar las declaraciones del gobierno de Estados Unidos, entonces vamos a ver una situación en la cual la corte estadunidense no va a aceptar las garantías de su contraparte mexicana o del gobierno, y eso sí es muy peligroso", dijo.
La declaraciones de Jeffrey Davidow se refieren a que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no acepta que ningún mexicano o extranjero susceptible de ser sentenciado a cadena perpetua sea extraditado, el gobierno de Estados Unidos ha buscado que se le permita juzgar a quienes han cometido delitos en aquel país, aun a costa de no aplicar esa sanción.
Resaltó que en la actualidad la PGR ha obtenido "éxitos enormes" en el combate al narcotráfico, y la cooperación e intercambio de información han alcanzado niveles que dejan "muy satisfechas" a las autoridades estadunidenses.
Finalmente, el embajador dijo que su gobierno está dispuesto a trabajar y responder a cualquier petición que le formulen las autoridades mexicanas, no sólo en el caso Pemex, sino en cualquier otro.


TENÍA EN MÉXICO UNA SUPUESTA CASA HOGAR DONDE ATENDÍA A MENORES EN SITUACIÓN DE CALLE. DETIENEN EN TAILANDIA A PEDERASTA ESTADUNIDENSE
La Jornada, 14 febrero 2003, Puerto Vallarta, Jal. El empresario estadunidense Thomas Frank White, quien tiene dos órdenes de aprehensión por abuso sexual contra 14 niños, fue detenido en Tailandia por la policía de ese país, informó el delegado de la Procuraduría de Justicia en la costa norte de Jalisco, Marco Roberto Juárez González.
White, de 67 años, era dueño del albergue Casa Blanca en la zona turística de Mismaloya. El asilo era manejado por la asociación civil Por Nuestros Niños, que supuestamente brindaba ayuda a menores en condición de calle.
Sin embargo, el 23 de febrero y el 8 de marzo de 2002, seis y ocho menores, respectivamente, interpusieron denuncias penales contra Thomas White, a raíz de las cuales le fueron giradas dos órdenes de aprehensión por un juez penal de esta ciudad y otro de Guadalajara, por delitos contra la salud, corrupción de niños, pornografía infantil y prostitución de menores.
La procuraduría añade que los ilícitos de violación y corrupción de menores son de su competencia, en tanto que los de salud, corrupción de menores, prostitución sexual y pornografía infantil son del fueron federal.
La captura de White, socio de la corporación Merrill Lynch, se efectuó el 11 de febrero en Pattaya, a unos 110 kilómetros de Bangkok, en Tailandia, por la policía de ese lugar, y de inmediato fue trasladado a una cárcel de alta seguridad.
La detención, agrega, se debió a una solicitud del gobierno mexicano al de Tailandia mediante la nota diplomática TAI01874/2002, de fecha 4 de diciembre pasado. El siguiente paso es que la oficina de asuntos legales internacionales de la Procuraduría General de la República inicie los trámites de extradición por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Nicolasa Reynoso, quien preside la Comisión Pro Derechos Humanos y quien mediante videos denunció el caso, dijo que ojalá las autoridades agilicen la extradición y apliquen el máximo castigo al presunto corruptor de menores.
En la zona turística de Mismaloya la gente menciona que White rescató la iglesia del poblado y ayudó a pescadores a adquirir lanchas y motores. También hacía constantes aportaciones para obras de carácter social. Tanto, que diarios locales y estatales exhibieron este jueves fotos tomadas en 2001 donde Thomas White departe en una mesa con el alcalde, el panista Pedro Rioz Higuera.


CRÍMENES EN GUATEMALA SERÁN INVESTIGADOS POR CORTE ESPAÑOLA
Menchú pidió a la Corte Nacional de España en 1999 que investigara miles de asesinatos y desapariciones en Guatemala.
MADRID. 3-Mar-03La Corte Suprema aceptó parcialmente una apelación presentada por la activista por los derechos humanos Rigoberta Menchú y ordenó a un tribunal inferior que investigue presuntos crímenes cometidos contra españoles en Guatemala, informó el lunes la prensa.
Menchú presentó la petición ante la Corte Nacional de España en 1999 para que investigara miles de asesinatos y desapariciones durante la guerra civil en Guatemala. Un año después, el mismo tribunal rechazó el caso, señalando que los presuntos crímenes podrían ser juzgados más adecuadamente en tribunales guatemaltecos.
Menchú apeló, y el lunes la Corte Suprema aceptó su disputa, pero sólo para los casos de españoles, dijo Radio Nacional. Ocho jueces votaron a favor y siete instaron a que el tribunal investigara todos los crímenes, lo que Menchú buscó desde un principio.
Menchú recurrió a la Corte Suprema española luego que ésta intentó procesar al ex presidente chileno general Augusto Pinochet y a miembros de la dictadura militar argentina por crímenes similares en sus países.
Menchú, que ganó el premio Nobel de la paz en 1992 por la promoción de los derechos indígenas, ha acusado a Efraín Ríos Montt, ex gobernante de Guatemala y actual presidente del Senado, así como a otros funcionarios, por genocidio, terrorismo y abusos de los derechos humanos por su presunta participación en atrocidades cometidas entre 1976 y 1984.
El caso original presentado por Menchú estuvo centrado en el incendio de la embajada española en la Ciudad de Guatemala, en 1981, en el que murieron 37 personas, en el asesinato de tres sacerdotes españoles a manos de fuerzas gubernamentales en el oeste de Guatemala y la muerte de dos familiares de ella.
El caso cuenta con el apoyo del grupo de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres, y de la Comisión Internacional de Juristas.


SECUESTRADORES DE AVIÓN CUBANO SERÁN JUZGADOS POR LA JUSTICIA DE EE.UU.
CAYO HUESO, Florida (CNN) 20 de marzo, 2003. Seis hombres cubanos enfrentarán cargos por haber secuestrado el miércoles un avión DC-3 cubano con 37 personas a bordo según el FBI.
El avión fue interceptado por dos aviones de las fuerza militares estadounidenses la tarde del miércoles y aterrizó sin inconvenientes en Cayo Hueso.
La portavoz del FBI en Miami, Judy Orihuela, dijo que los seis sospechosos, todos hombres, "irrumpieron en la cabina del avión".
"Cinco de los seis tenían cuchillos, luego tomaron a cuatro de los miembros de la tripulación y los amarraron con cuerdas y cinta, y les exigieron que los llevaran a Estados Unidos", dijo.
Orihuela aseguró que no había recibido información sobre si se habían presentado hechos violentos o heridos durante el incidente.
A excepción de uno, los otros 25 pasajeros son de nacionalidad cubana y fueron llevados al centro de detención Krome del Servicio de Inmigración y Naturalización en Miami. Todos ellos pudieron solicitar asilo en los Estados Unidos, pero no se ha confirmado si alguno lo hizo. Aún no se sabe cuándo ni cómo serán regresados a Cuba.
Orihuela dijo que se cree que uno de los pasajeros es italiano y podría ser entregado a las autoridades de su país, pero tampoco pudo confirmar esta información.
La funcionaria dijo que el secuestro sucedió durante un vuelo de la aerolínea doméstica Aero Taxi, que cubría la ruta de Isla de la Juventud a La Habana. Esta isla es popular entre los turistas y los busos principiantes.
A las 7:42 p.m. del miércoles los controladores del tráfico aéreo en Miami "observaron una nave no identificada que se acercaba a los Estados Unidos desde Cuba", dijo Kathleen Bergen, portavoz de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). "No pudieron establecer contacto por radio con la tripulación", agregó.
Los controladores de Estados Unidos llamaron al control de tráfico aéreo de La Habana, según un portavoz de la FAA, Greg Martin. Los funcionarios cubanos dijeron que se trataba de un vuelo doméstico que posiblemente había sido secuestrado.
Dos cazas F-15, que forman parte de la Base Aérea de Homestead en Florida, escoltaron al DC-3 hasta el aeropuerto internacional de Cayo Hueso, en donde la aeronave aterrizó sin problemas hacia las 8:06 p.m.


GANA 'NARCO' LOTERÍA; IMPIDE EN EU COBRO. RESUELVE CORTE ESTADOUNIDENSE QUE LA ESPOSA DE RAFAEL QUIROZ, QUIEN FUE
CONDENADO A CADENA PERPETUA, NO PODRÁ COBRAR 350 MIL DÓLARES POR UNA ORDEN DE EMBARGO
Grupo Reforma, 6 abril 2003. En uno de los casos más extraños en la historia del narcotráfico, una Corte Federal de California falló este viernes contra un traficante mexicano que buscaba cobrar lo que se le debe de un premio de lotería que ganó en 1989, y que usó para financiar su propia organización de tráfico de metanfetaminas.
Tres magistrados federales resolvieron que la esposa del colimense Rafael Quiroz Montejano no podrá cobrar por lo menos 350 mil dólares que todavía se le deben del premio de un millón de dólares que ganó en la Lotería Big Spin de California, y que le sería pagado en un plazo de 20 años.
Quiroz fue acusado en el 2000 por establecer y dirigir entre 1992 y 1998 una organización criminal dedicada a la fabricación y venta de metanfetaminas desde la ciudad de Fresno, en la zona centro-este de California, hacia el resto de Estados Unidos.
El 8 de septiembre del 2002 un jurado federal declaró culpable al mexicano, quien fue condenado a cadena perpetua y al decomiso de bienes hasta por 4.3 millones de dólares, el monto aproximado de las ganancias que obtuvo.
La actividad de Quiroz a mediados de los 90 coincidió con el momento de mayor apogeo del Cártel de Colima, presuntamente encabezado por los hermanos Amezcua Contreras y considerado el principal introductor de metanfetaminas al territorio estadounidense.
Fiscales federales de ese país acusaron a Quiroz de haber dirigido una organización que fabricó y distribuyó por lo menos mil 035 kilos de metanfetaminas durante seis años.
Amarran cobro. Una orden de decomiso impide que la familia del narcotraficante Rafael Quiroz Montejano cobre el dinero que el colimense ganó en un concurso por televisión en California:
Rafael Quiroz Montejano fue acusado en el 2000 de establecer y dirigir entre 1992 y 1998 una organización criminal dedicada a la fabricación y venta de metanfetaminas desde la ciudad de Fresno, California, hacia el resto de Estados Unidos.
Durante este tiempo presuntamente distribuyó mil 035 kilos de pastillas.
En el 2002, el mexicano fue condenado a cadena perpetua y al decomiso de bienes por 4.3 millones de dólares.
Se le relaciona con el Cártel de Colima, principal introductor de metanfetaminas a territorio estadounidense, dirigido por los hermanos Amezcua Contreras.
Cinco de sus cómplices recibieron sentencias de hasta 30 años de cárcel.
Sin fortuna El Big Spin es uno de los varios juegos de la Lotería de California. Se trata de un programa de la televisión local, en que los concursantes le dan vuelta a una rueda de la fortuna y pueden ganar hasta dos millones de dólares. Otros cinco cómplices recibieron sentencias de hasta 30 años de cárcel, pero solo Quiroz, en su calidad de jefe del grupo, fue condenado a cadena perpetua cuando apenas tenía 37 años de edad.
Un caso desapercibido. Aunque no es común que un mexicano sea condenado por ser dirigente de un Cártel que opera únicamente en Estados Unidos, el caso de Quiroz ha pasado prácticamente desapercibido en México en los dos años y medio desde que fue detenido.
El litigio judicial revivió cuando Lorena Chávez Posada, la esposa mexicana de Quiroz, buscó ejercer su derecho a seguir cobrando el premio de lotería, con el argumento de que no tiene ingresos con qué mantener a sus hijos.La base de su alegato fue un poder que su marido le otorgó en Colima en 1997, dos meses después de su boda, como beneficiaria de los recursos de la lotería si algo le pasaba a él.
"Yo, Rafael Quiroz Montejano, en pleno uso de mis facultades mentales, hago el presente escrito para que en caso de fallecimiento o cualquier otro impedimento legal de común acuerdo cedo a mi esposa Lorena Chávez Posada todos los derechos de beneficiaria para reclamar los beneficios que tengo del premio que obtuve de la Lottery Big Spin el 4 del Febrero de 1989 en el estado de California", dice el poder notarial fechado el 25 de Octubre de 1997 en Tecomán, Colima.
El Big Spin es uno de los varios juegos de la Lotería de California. Se trata de un programa de la televisión local, en que los concursantes le dan vuelta a una rueda de la fortuna y pueden ganar hasta dos millones de dólares.
El reclamo de Lorena Chávez fue tramitado en primera instancia por el juez federal Robert E. Coyle, quien negó la petición, lo que motivó la intervención de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, máxima instancia judicial estadounidense con excepción de la Suprema Corte.
El pasado viernes 28 de marzo, los jueces John Noonan, Sidney Thomas y Richard Clifton resolvieron que Chávez no podrá cobrar el dinero, porque la sentencia contra Quiroz incluyó un apartado especial para el decomiso de sus bienes.
"La orden de embargo emitida por la corte de distrito el 13 de Noviembre de 2000--cuando Quiroz fue acusado por el Departamento de Justicia--, designó como beneficiario de los pagos de la lotería al gobierno de los Estados Unidos", dice la sentencia de la corte de apelaciones, con sede en San Francisco.
La orden de embargo contra los bienes de Quiroz fue aplicada cuando dichos bienes todavía le pertenecían, antes de que pudiera concretarse la transferencia a su esposa, quien por tanto ya no tendrá derecho a reclamarlos.


DEMANDAN A FRANKS EN UN TRIBUNAL BELGA
15-May-03. Un abogado de 19 afectados acusa al general estadunidense de crímenes de guerra por el papel de sus tropas en Irak.
Una demanda por crímenes de guerra fue interpuesta ayer en los tribunales belgas contra el general Tommy Franks, comandante en jefe de las fuerzas anglo-estadunidenses en Irak. La queja fue depuesta ante el tribunal federal de Bruselas por el abogado Me Jan Fermon, quien representando a un grupo de ciudadanos iraquíes apeló a la ley de competencia universal con la que cuenta este país del norte europeo.
Según declaraciones de Fermon a la salida del Palacio de Justicia, la queja involucra a 19 demandantes, 17 de ellos iraquíes que permanecen en su país de origen y dos jordanos, la viuda y el padre del corresponsal de la cadena árabe de noticias Al Jazira, Tarek Ayoub, muerto el 8 de abril por un misil estadunidense en Bagdad.
El representante legal aseguró que “como comandante en jefe, el general Franks es responsable de cómo actuaron sus fuerzas sobre el terreno”. Por ejemplo, señaló, “el uso de bombas de fragmentación contra zonas civiles es un crimen contra la humanidad”. Una vez entregada la demanda, el procurador federal asignado deberá decidir en un periodo máximo de un mes si designa, o no, a un juez de instrucción que comience el procedimiento.
También se incluye en la acusación al teniente coronel Brian McCoy, responsable de los marines, a quien varios testigos acusan de haber declarado que las ambulancias podían ser consideradas “blancos legítimos” pues podrían ocultar hombres armados. Dentro de las acciones consignadas se encuentran el ametrallamiento de tres ambulancias y el asalto de un centro cultural en la capital iraquí en el transcurso de la toma estadunidense de Bagdad.
Otra de las acciones acusadas ante la ley belga es el uso de bombas de fragmentación por parte de las tropas de la coalición, lo cual habría sido testificado por la organización belga “Médicos por el Tercer Mundo”, quienes se encontraban realizando labor humanitaria en Bagdad. La Liga belga por los Derechos Humanos expresó ayer que “si Estados Unidos se asume como el gendarme del mundo, debe entonces también asumir las consecuencias de serlo”.
La ley belga de competencia universal, en vigor desde 1993 y reforzada en 1999, permite juzgar en sus tribunales a los criminales que violen el derecho internacional humanitario, sin importar el lugar donde se hayan cometido los abusos, la nacionalidad de los autores o las de sus víctimas.
Sin embargo, debido a la crisis diplomática que Bélgica enfrentó hace menos de un año luego de ser acusado ante sus cortes el primer ministro israelí, Ariel Sharon, el Parlamento nacional le concedió al gobierno de Guy Verhofstadt en abril pasado, bajo ciertas condiciones, que pueda reenviar el caso contra un residente extranjero a su país de origen. Es por eso que la queja contra el general Franks fue turnada al Ministerio belga de Justicia para que éste pueda turnarlo, si así lo decide, a la justicia estadunidense, que en teoría deberá juzgarle al considerar que se trata de tribunales democrático.
Advertencias de EU. Según varias organizaciones de derechos humanos, Washington está presionando a Bruselas para que no profundice más el malestar diplomático abierto a partir de la oposición de Bélgica a la intervención en Irak.
La Casa Blanca ha incluso insistido en sus amenazas. El general Richard Myers, jefe del Estado Mayor estadunidense, declaró este martes en la sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Bruselas, que la entrega de esa demanda tendría “un grave impacto” en las relaciones de su país, con Bélgica.
 Según él, se trata de un asunto “muy serio”, que podría tener “un enorme impacto sobre el lugar donde nos reunimos”, dijo Richard Myers en referencia a la sede de la OTAN, la cual podría mudarse a alguna capital de Europa del Este, de acuerdo a rumores esparcidos por oficiales estadunidenses.


ESCÁNDALO EN EU POR EL SOBORNO DE TMM
Presumen que corrompió a un juez para postergar pagos; congelan compra-venta de acciones en México; caen 7.66% en NY
El Universal online, 28 mayo 2003. Transportación Marítima Mexicana (TMM) la empresa de transporte terrestre y marítimo más grande del país se tambalea. A sus problemas económicos se suma ahora un escándalo que ha derrumbado su credibilidad y ha sorprendido a sus principales socios y clientes de Estados Unidos.
La empresa se encuentra inmersa en un caso de presunta corrupción judicial que ayer le valió dejar de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores y le provocó que sus acciones en Nueva York se desplomaran 7.66 por ciento .
Ello también desató el desconcierto de sus socios, entre ellos la firma Kansas City Southern futura dueña de Transportación Ferroviaria Mexicana, y de Mellon Investor Services, compañía encargada de reestructurar la deuda de la firma mexicana.
A su vez, el departamento legal de Bank of America anunció que iniciará una investigación sobre el escándalo iniciado el 12 de mayo, cuando TMM llegó al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en busca de un recurso que le permitiera retrasar el pago de 177 millones de dólares que la empresa debía entregar a sus acreedores a más tardar el 15 de mayo.
Ese mismo día, en lo que se ha considerado como un excepcional caso de justicia pronta, el juez 14 de lo civil, Hugo Muñiz Arreola, concedió a la firma el recurso que solicitaba y le dio un plazo de un año para cumplir con sus deudas.
Sin embargo, autoridades judiciales han descubierto que la empresa podría haber maquinado un engaño para obtener la protección de la justicia.
Se detectó que representantes de la empresa entregaron al Tribunal un expediente alterado: con una carátula falsa fingieron que el caso era del fuero común y una demanda entre los particulares "Salgado Pedroza Rubén vs. Carrillo López José Luis".
No obstante, una vez que el expediente fue aceptado en el órgano judicial, alguien le cambió la carátula falsa por una que indicaba: "Grupo Transportación Marítima Mexicana SA División Puertos vs. City Bank, The Bank of New York, Maple Trade Finance Inc. y otros", lo cual convertía al caso en un asunto del fuero federal.
El cambio de carátulas fue interpretado como una maniobra para asegurarse de que quien tomaría el asunto sería el juez Muñiz Arreola, a pesar de que él no tenía competencia para resolverlo.
Anoche, Muñiz rechazó hablar del caso, al tiempo que TMM se deslindó de lo ocurrido con el expediente y aseguró que el encargado del trámite judicial fue "un reconocido despacho jurídico".
Antes, la Bolsa Mexicana había suspendido la cotización de la empresa y le había exigido que aclarara o negara la acusación.
¿QUÉ ES TMM? Fundada en 1958, Transportación Marítima Mexicana es la compañía de logística y transporte integral más grande de México. Su director es Javier Segovia Serrano. Transporta 40 por ciento de la carga ferroviaria que se mueve en el país. Reportó ingresos por 215.5 millones de dólares de enero a marzo de 2003. Ya vendió su división de puertos a Stevedoring Services y está por vender la de ferrocarriles, ante su falta de capital.


NO VIOLAMOS NINGÚN TRATADO, SOSTIENE SU TITULAR. RECHAZA EL TSJ DE VERACRUZ ELEVAR DE 16 A 18 AÑOS LA EDAD PENAL
Jornada, México D.F. Martes 3 de junio de 2003, Jalapa. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Miguel Manzanilla Pavón, se manifestó en contra de que en Veracruz se eleve la edad penal de los menores de 16 a 18 años, como se pretende hacer en la iniciativa de reforma al Código Penal del estado y que se encuentra en el Congreso local, ya que, dijo, no se está violando ningún tratado internacional, porque "los jóvenes de 16 a 18 años ya saben perfectamente lo que hacen".
Señaló que algunos magistrados se han estado reuniendo con la Comisión de Justicia de la Legislatura estatal que tiene a su cargo la iniciativa de reforma penal, para informarse bien de todo el proyecto y hacer las observaciones que tenga que hacer el Poder Judicial, porque no todo se resuelve con incremento de penas y de sanciones, afirmó.
Entre otras cosas, ejemplificó, "el incremento de la edad penal a 18 años no nos parece adecuado, seguimos pensando que tal como está (16 años) es correcto y no se viola ninguna norma, como se dice, porque los mismos tratados internacionales permiten que los estados participantes fijen una edad mínima a partir de la cual el menor puede ser juzgado penalmente; no dicen que a los 18".
Además, advirtió, "no tenemos la infraestructura en el estado; en tres meses, el Consejo Tutelar, que es el único que existe en toda la entidad, se va a ver saturado, y ¿qué van a hacer con todos los jóvenes de 16 a 18 años?
¿Adónde los van a poner? Primero que construyan la infraestructura y después que reformen las leyes", sostuvo.


JUEZA DE EE.UU. RECHAZA PEDIDO DE MUJER DE USAR VELO EN FOTO DE CARNET
9 de junio, 2003, CNN. Un jueza federal rechazó el viernes el pedido de una mujer musulmana de usar un velo que le cubre casi todo el rostro en la fotografía de su permiso de conducir, dijo la oficina del fiscal general del estado de Florida.
El fallo de 18 páginas fue presentado por la jueza Janet C. Thorpe de la corte del circuito de Orlando. 
Sultaana Freeman, quien antes de convertirse al Islam se llamaba Sandra Kellar, había testificado que una orden estatal que le exigía quitarse su velo -- una niqab, que le cubre toda la cara menos los ojos -- violaba su derecho a la libertad religiosa.
La jueza Thorpe falló que, aunque Freeman tenía una sincera creencia religiosa de que debía llevar el velo ante todo desconocido,, no demostró que "el requisito de la foto sea una carga substancial para su derecho de libertad religiosa", o que quitarse momentáneamente el velo en una habitación privada para una fotografía tomada por una agente fuerta tal carga.
Por otra parte, la juez dijo que en el fallo que el estado demostró que "tener acceso a una identificación con fotografía es esencial para promover el interés del estado en proteger al público".
En un principio, Freeman recibió autorización para llevar el velo en su fotografía de licencia, al igual que en otra foto que se tomó para el mismo fin cuando vivía en el estado de Illinois, pero posteriormente se le pidió que volviera a tomarse la foto mostrando su cara. Al negarse, el estado le revocó la licencia.
Los abogados del estado argumentaron que el caso tocaba temas de seguridad pública, ya que, según ellos, un permiso de conducción que muestra una cara cubierta obstaculizaría la labor de los agentes del orden.
La agencia de noticias The Associated Press informó que el fiscal general adjunto de Florida, Json Vail, afirmó que tener una foto fácilmente identificable en una licencia de manejo es un tema de seguridad pública.
"Es el principal método de identificación en Florida y en el país", dijo Vail en un informe de AP. "No creo que nadie pueda dudar de que hay un tema de interés público", agregó.
Por su parte, los abogados de Freeman argumentaron que a las autoridades de Florida no les importó que su cliente llevara velo en la foto hasta después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, algo que el estado niega, según AP


Solicitarán a México extradite a Arizona presunto sacerdote pederasta
Crónica/NTX en Phoenix, 11 Junio 2003. La Procuraduría de Justicia del Condado de Maricopa, Arizona, indicó que solicitará a autoridades mexicanas la extradición de un presunto sacerdote católico, acusado de pederastia, que oficiaba misas en Mexicali, Baja California.
El portavoz de la dependencia municipal, Bill FitzGerald, dijo el martes a Notimex que "tenemos toda la intención de presentar esa petición y estamos en las etapas iniciales del proceso", para buscar extraditar a Arizona a Joseph Cervantes Briceño.
"Tenemos entendido, por reportes de medios de información que hemos visto, que esta persona se encuentra actualmente en Mexicali oficiando misas y queremos traerlo aquí (a Maricopa) para que enfrente a la justicia", señaló.
Cervantes, quien al parecer es ciudadano estadunidense de origen mexicano, está acusado de seis cargos relacionados a abuso sexual perpetrados entre 1982 y 1983 contra del hispano Joaquín Bustamante, cuando éste era menor de edad.
Asimismo, enfrenta otro cargo adicional por hostigamiento sexual tras haber tocado de manera indebida el busto de Herminia, hermana de Joaquín, quien en el momento del incidente contaba con alrededor de 15 años de edad.
De acuerdo a la fiscalía, Cervantes Briceño fue destituido como sacerdote de la diócesis de Phoenix, en 1992 por el obispo Thomas O'Brien después de que Bustamante reveló que el cura lo obligó a tener relaciones sexuales.
Empero el obispo José Ulises Macías Salcedo, de la ciudad de Mexicali, en el estado mexicano de Baja California, designó a Cervantes Briceño sacerdote adjunto de la Parroquia de Cristo Rey en San Luis Río Colorado, Sonora.
De manera posterior el acusado se trasladó a Mexicali, donde continuaría oficiando misas.
En abril pasado dos ex sacerdotes católicos, Juan Guillén (58), originario de Peruban de Ramos, Michoacán, y el español Julián Sánz (53), fundador de la Casa Hogar San Judas Tadeo en San Luis Río Colorado, se declararon culpables de intento y/o abuso sexual de menores.
Antes de ser destituido Guillén, nacionalizado estadunidense, oficiaba misas en las iglesias de la Inmaculada Concepción y La Misión de Nuestro Señora de Guadalupe en Yuma, Arizona mientras que Sánz en la Parroquia de Inmaculada Concepción en Douglas.
Bárbara Blaine, presidenta de la Red de Sobrevivientes Abusados por Sacerdotes (SNAP), dijo a Notimex que "generalmente las víctimas tardan muchos años en animarse a denunciar el crimen del que fueron objeto, debido a que desarrollan un sentimiento de culpabilidad.
"Creemos que este fenómeno (de no denunciar el crimen) podría incluso ser más común en la comunidad hispana de Estados Unidos debido a aspectos culturales, sobre todo entre hombres que guardan una actitud más machista que otros grupos étnicos en el país".
Blaine, quien fue abusada de forma sexual por un sacerdote católico en su niñez, consideró que "es casi imposible saber cuántos sacerdotes han cometido actos de abuso sexual en Estados Unidos y cuántos entre ellos son de origen hispano o de otras minorías".
Recordó que de acuerdo a la versión oficial de la iglesia católica sólo el uno o dos por ciento de representantes eclesiásticos cometen actos de pederastia o abuso sexual, pero otros estudios privados estiman que la cifra podría alcanzar el seis por ciento.
SNAP es la organización más grande de su tipo en Estados Unidos y cuenta con filiales en todo el país así como con cuatro mil 500 miembros de los cuales 98 por ciento fueron abusados u hostigados por miembros de la iglesia, sobre todo católicos


Comparan el caso con el del balserito Elián González. Detiene Cuba a estadunidense que mantenía retenidos a dos hijos
 Jornada, México D.F. Viernes 27 de junio de 2003. La Habana, 26 de junio. En un caso que se comparó con el del balserito Elián González, el gobierno de Cuba anunció hoy el arresto de un estadunidense que mantenía retenidos aquí a sus dos hijos menores, en contra de sendos fallos judiciales, en Estados Unidos y en Egipto, que otorgaron la custodia a la madre tras el divorcio de la pareja.
Aunque el episodio parece puramente judicial y privado, el gobierno de Fidel Castro le asignó un rango de interés público al difundir un amplio comunicado por radio y televisión, que ocupó hoy la mitad de la portada del diario oficial Granma.
La detención en La Habana el miércoles frenó de golpe la huida itinerante que había emprendido el estadunidense Anwar Wissa hace casi dos años, junto con sus hijos, a través de Egipto, España y Cuba.
En ese lapso la ex esposa y madre de los niños, la también estadunidense Cornelia Streeter, ganó la custodia y logró que su ex marido fuera acusado formalmente en Estados Unidos de secuestro, fuga y extorsión, indicó el informe cubano.
Tras el relato de la historia, el comunicado mostró el prisma político con que las autoridades observan el caso:
"Cuba no puede olvidar que cuando el niño Elián González, con sólo cinco años de edad, fue secuestrado por familiares que no tenían derecho alguno a su custodia, más de 80 por ciento de los estadunidenses apoyó su regreso a Cuba, donde residían el padre y sus familiares más allegados. A ese pueblo le debemos, por tanto, gratitud y respeto".
Elián sobrevivió al naufragio en el que murió su madre en noviembre de 1999, cerca de Florida. Retenido por familiares en Miami, el niño fue reclamado por su padre y regresó a la isla.
El episodio consumió cinco meses de dura contienda política, judicial y propagandística y reveló para La Habana la fuerza de la opinión pública estadunidense en su diferendo histórico con Washington y la derecha anticastrista radicada en Florida.
Cornelia Streeter llegó en la noche del miércoles a La Habana y se reencontró con sus hijos, que estaban custodiados por las autoridades, dijo un segundo informe oficial.
El gobierno cubano no precisó la situación jurídica del detenido, aunque dijo que investigará el caso. También reveló que la mujer se había comunicado el martes con Castro "a través de un amigo" del mandatario.
La versión de Streeter indicó que al divorciarse de Wissa en 2001, en Estados Unidos, donde residían los hijos de ambos, Henry de 10 años y Victoria de ocho, quedaron bajo custodia conjunta pero viviendo con la madre. La disputa se inició cuando Wissa viajó a Egipto con los niños en agosto de 2001.
En contraste con el despliegue publicitario al caso anterior, el gobierno cubano se mantenía hermético ante el reclamo de una familia cubana residente en Miami, que reveló la víspera que la pareja formada por Arcel Cardoso, de 38 años y su esposa María Angulo, de 45, fue arrestada el pasado 8 de abril en el aeropuerto de Camagüey (oriente de la isla), cuando regresaba a esa ciudad estadunidense al concluir una visita a sus parientes.
Según la versión del médico Enrique Angulo, hermano de María, la mujer fue detenida bajo sospecha de espionaje, pero no hay testimonio oficial disponible de que se hayan fincado cargos contra los arrestados desde su aprehensión hace más de dos meses.
Angulo dijo que su hermano Omelio, residente en Cuba y aparentemente autor de una carta que originó las detenciones, también fue arrestado, y permanece en esa situación sin acusaciones formales por las autoridades.

Cuba enjuiciará a padre secuestrador
28-Jun-03. Milenio, Wissa será sometido a juicio en La Habana por “los delitos que se le imputan y por el grave y ultrajante hecho de usar a Cuba.
La estadunidense Cornelia Streeter, quien desde hace varios años buscaba a sus dos hijos, regresó ayer a la ciudad de Boston con los muchachos, luego de que la policía cubana detuviera en la isla a su ex esposo Anwar Wissa, quien había “secuestrado” a los niños e ingresado al país como turista.
Wissa será sometido a juicio en La Habana por “los delitos que se le imputan y por el grave y ultrajante hecho de usar a Cuba como pretexto para seguir adelante con el secuestro de los niños”, dijo el gobierno cubano.
Wissa ingresó a la isla con Henry y Victoria de diez y ocho años de edad, respectivamente, huyendo de la madre, quien los había detectado en Egipto tras un fallido intento de éste de legalizar allí la custodia de los muchachos, luego de huir también con ellos de Estados Unidos.
El gobierno cubano consideró que “no existe la más mínima duda” de la veracidad de los cargos que pesan contra Wissa, quien privó a la madre “de prerrogativas y derechos sagrados” y sometió a los muchachos a “una vida azarosa y llena de peligros para su salud física y mental”.
Streeter agradeció “enormemente la forma rápida, efectiva y sensible con que las autoridades cubanas manejaron este asunto”.
El año pasado, un tribunal federal estadunidense dictó cargos contra Wissa por el delito de “secuestro internacional”, después de que el 23 de agosto de 2001 el hombre pidiera a la madre “un millón de dólares a cambio de los niños”.
El capítulo cubano del singular incidente fue abierto por una carta que Streeter hizo llegar en la mañana del miércoles al presidente Fidel Castro. En la tarde de ese día, la policía cubana detuvo a Wissa, estadunidense de origen egipcio, llevó a los dos muchachos a un lugar seguro y alertó a la madre, quien en la noche del mismo día desembarcó en la capital del país.
Las autoridades cubanas alegaron que su intervención en este hecho era en respuesta a la “solidaridad del pueblo estadunidense” con la batalla legal que libró desde 1999 el padre del niño cubano Elián González, llevado ilegalmente a Estados Unidos por su madre, quien murió ahogada en el intento. El “niño náufrago”, como se le bautizó entonces, fue devuelto a su padre en abril de 2000, tras una tensa batalla legal, con la intervención oficial de Washington y La Habana.


Muere actriz francesa golpeada por novio
PARÍS, Francia (NTX), 01 de Agosto de 2003. La actriz francesa Marie Trintignant murió hoy a causa de una hemorragia cerebral después dos días de estar en coma, estado en el que quedó a consecuencia de los golpes que le dio su novio, el cantante de rock Bertrand Cantant.
Trintignant, de 41 años e hija del conocido actor de la película "Un hombre, una mujer", Jean Louis Trintignant, murió la mañana de este viernes en una clínica parisina en la que fue ingresada la víspera, procedente de Lituania, el país donde ocurrieron los hechos.
El pasado fin de semana, la actriz y su novio, el cantante del famoso grupo francés "Noir Désir" (Deseo Negro), tuvieron una fuerte discusión en un hotel de la capital lituana, Vilnius, durante la cual Marie sufrió un golpe en la cabeza, causado al parecer por Cantant.
Según los primeros datos de la investigación, Cantant habría ingerido un cocktail de fármacos y alcohol que hizo que hasta la mañana siguiente no recordara lo que había ocurrido la noche anterior y que su novia, que se encontraba inconsciente, no fuese atendida.
La actriz, en estado de "coma profundo e irreversible", según el parte médico, fue intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones por un neurocirujano lituano y por un francés, quien fue trasladado por la familia de Marie hasta Lituania.
Al término de la segunda operación, los médicos aseguraron que las oportunidades de vida de la actriz eran mínimas debido a que "en este tipo de casos, la tasa de mortalidad asciende hasta el 90 o 95 por cierto".
El jueves por la noche la actriz, cuyo estado de salud había ido empeorando de manera progresiva en los últimos días, fue trasladada a París, donde falleció este viernes.
Por otra parte, fuentes judiciales iniciaron el pasado miércoles la investigación de los hechos para tratar de esclarecer qué es lo que realmente ocurrió en la habitación del hotel de Vilnius la noche en la que Marie sufrió las lesiones que le provocaron la muerte.
El mismo miércoles, el cantante de Noir Désir fue puesto bajo arresto y el jueves pasado declaró ante un juez lituano que lo acusa de "golpes", "heridas voluntarias" y "crimen grave".
En su comparecencia ante el juez, en la que estuvieron presentes la madre de la actriz y uno de sus hijos, Cantat admitió los dos primero cargos, pero negó el de "crimen grave", al señalar que "fue un accidente después de una lucha enloquecida".
El rockero francés mostró su deseo de ser repatriado a Francia para ser juzgado en este país.


Declara esposa de Arjona. Leslie Torres acude al Juzgado 30 de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del DF
Reforma, Ciudad de México, 3 septiembre 2003. Leslie Torres, aún esposa de Ricardo Arjona, acudió la mañana de ayer al Juzgado 30 de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para dar seguimiento al trámite de la demanda de divorcio que el cantante interpuso en su contra.
La ex Miss Puerto Rico, quien asistió acompañada de sus abogados alrededor de las 10:00 horas, se negó a dar detalles del proceso que lleva la querella, y sólo se limitó a decir que le dolía mucho que el intérprete guatemalteco la estuviera difamando.
"Agradezco a todos (los representantes de los medios de comunicación) que estén aquí. Les pido que por favor me entiendan. Estoy pasando por un momento muy difícil.
"Me duele mucho que ese hombre que amé tanto me esté difamando, me esté haciendo tanto daño y diciendo tantas mentiras y cosas injustas de mi. Les pido sus oraciones por favor y su buena voluntad, disculpen", expresó Torres.
Inmediatamente después y cerca de las 13:00 horas, la ex reina de belleza salió del juzgado acompañada de sus abogados, dos amigas, las cuales llevaba como testigos, quienes tampoco quisieron hacer alguna declaración.
En la audiencia, que tuvo una duración de poco casi tres horas, no estuvo presente Ricardo Arjona, si no sólo su abogado, el cual, igualmente se negó a testificar.
"Tengo trabajo, sí. Déjenme pasar", fueron las palabras del abogado defensor de Arjona y quien se negó a dar su nombre.
El intérprete de "Señora de las Cuatro Décadas" y Leslie Torres contrajeron matrimonio en julio de 1992 y procrearon a dos hijos; Adria y Ricardo.
En agosto del año pasado, Torres interpuso una demanda de divorcio en Miami por abuso físico y emocional, además de amenazas de muerte.
Un mes después, Arjona presentó una demanda de divorcio ante un juez de familia en la Ciudad México, donde asentaba que su esposa era incapaz física, mental y emocionalmente para cuidar a sus hijos, por lo que pedía la custodia de los mismos.
Sin embargo, en diciembre de ese mismo año Arjona perdió la custodia provisional de los pequeños, luego de que un juez mexicano les preguntara con quién les gustaría vivir, a lo que respondieron que con su madre.
En una entrevista a una revista mexicana, Torres expresó que Arjona la acusaba de no atender a sus hijos, de ser alcohólica, tomar pastillas para los nervios y de estar enloqueciendo.


Atraerá la Unión Europea el litigio entre la holandesa ING y la empresa Fertinal
Crónica. Holanda incluyó en la agenda de trabajo de la Unión Europea el litigio legal que enfrenta la firma ING con la empresa Fertinal en México, conflicto que ha generado que en los mercados internacionales se cuestione el estado de Derecho que se ejerce en el país.
José Luis Llamosas y Ricaredo Arias, presidente y director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), indicaron lo anterior y explicaron que esta situación eleva el riesgo del país para que firmas trasnacionales puedan invertir aquí, sobre todo en un ambiente de fuerte competencia por inversión.
Arias indicó que el gobierno de Holanda ya ha enviado a su homólogo en México extrañamientos respecto a que un litigio mercantil se dirima en un proceso penal.
Agregó que si bien el problema no ha significado aún un aumento en el costo de las primas de seguros, sí podría afectar en el futuro.
Llamosas indicó que en el proceso que enfrentan ING y Fertinal -derivado de los daños ocasionados hace dos años en una mina de ésta última por el huracán Juliette—, se han cometido varias irregularidades, como el que un juez penal del estado de Morelos determinara congelar 300 millones de dólares a ING y posteriormente fuera removido de ese juzgado.
Agregó que un problema de esa naturaleza afecta particularmente a las firmas trasnacionales que “no entienden”, como las empresas mexicanas, cómo manejar la situación. ING, dijo, ha invertido 2 mil millones de dólares en el país. Llamosas hizo un llamado a que la situación se resuelva en forma justa.
Caen primas. Por otra parte, Arias indicó que el sector asegurador registró en el tercer trimestre del año un descenso de 8.3% en sus primas respecto al mismo periodo del año anterior, pues vendió 7 mil 735 millones de pesos menos que en 2002 en ese lapso. Las primas alcanzaron, así, en el tercer trimestre 85 mil 917 millones de pesos.
Las primas que crecieron en el trimestre fueron el ramo de automóviles —aún con la caída de 2.2% de la venta de autos nuevos—, daños, accidentes y enfermedades. El ramo de vida cayó 11.1% aunque, a su interior, el seguro individual creció 24.5% —aumentó 3 mil millones de pesos—, mientras que el de grupo y colectivo cayeron 23.1 y 32.7%, respectivamente.

 

Los Salinas
Carmen Aristegui F.
El asesinato de Enrique Salinas de Gortari, hermano menor de uno de los ex presidentes más controvertidos en la historia de México, obliga a cumplir la vieja máxima de quienes se dedican al periodismo: seguirle la pista al dinero. No necesariamente la explicación de su muerte está relacionada con la intrincada red de relaciones financieras entre los Salinas, pero no encuentro razón para no explorar un tema ampliamente documentado en el extranjero y escasamente tratado en México.
El más discreto de los Salinas fue hallado el lunes pasado muerto con una bolsa de plástico en la cabeza. El cuerpo fue encontrado en un lugar que suena, cada vez más fuerte, a paradoja: el terreno comprendido entre la avenida Contabilidad esquina con ampliación Empresarios. En Huixquilucan, estado de México.
Fuentes cercanas a la investigación insisten en descartar cualquier vinculación entre el asesinato de Enrique y las imputaciones que sobre narcotráfico, lavado de dinero y desvíos de fondos públicos se les han hecho a los Salinas a lo largo de los últimos años. Resulta muy difícil aceptar el deslinde por varias razones. La propia PGR -sin ser la responsable en ese momento de las investigaciones- informó, pocas horas después de encontrado el cadáver, sobre una solicitud girada días antes por la Interpol Francia para localizar a Enrique Salinas de Gortari en territorio mexicano. Queriéndolo o no, de esta manera asoció la muerte con el tema de las investigaciones en torno a la inmensa fortuna de los Salinas. Se supo después de la carta que traía consigo Salinas. Un mensaje -sin fecha ni remitente- escrito, de puño y letra por la víctima. Texto que a lo largo de sus confusas líneas nos muestra a un Salinas acorralado. Con conflictos de dinero y temores acerca de su seguridad. En el decía que "las filtraciones recientes y amigos me han puesto en una situación extremadamente crítica y desesperada...". Esta frase ha obligado a remitirnos al reportaje de María Scherer publicado por Proceso (28 de noviembre) titulado "La fortuna oculta del clan Salinas". Revisarlo en estos momentos resulta indispensable. De hecho, el trabajo de María ha sido incorporado formalmente dentro de los elementos de la investigación. En él se presenta, entre otras cosas, la revisión de expedientes judiciales en Europa de las investigaciones en contra de los Salinas pero, sobre todo, se muestran los términos del convenio de divorcio entre Enrique Salinas de Gortari y Adriana Leonor Lagarde Lozano. Ahí se muestran las millonarias obligaciones de Salinas con Lagarde a partir de este divorcio voluntario en un régimen de separación de bienes. Lo más relevante es saber que varias de estas obligaciones quedaron condicionadas a que las autoridades de Suiza liberaran los recursos depositados en la banca de ese país. El convenio dice, por ejemplo, en la segunda cláusula que: "... de la cuenta denominada Tegra que se encuentra en el banco Kan Kaku, una vez que sea liberada por las autoridades locales, Enrique entregara a Adriana 2 millones de dólares en el entendido de que todos los gastos que se han generado y se eroguen en lo futuro para lograr su liberación... serán pagados por Enrique". Hoy se sabe que la pesquisa francesa inició en 1996 en contra de Raúl y Enrique Salinas y de Adriana Lagarde con una denuncia por lavado de dinero. Se realizaron varios interrogatorios incluyendo el del ex presidente Salinas en marzo de 98 realizado en Irlanda por el juez Patrick Fiévet. En junio de 2004 terminó la investigación de ocho años encabezada por el juez Henri Pons y, a principios de diciembre de este mismo año, el procurador de Justicia de Francia recibió el requerimiento de juicio contra los hermanos Salinas. Reforma también reporta que con la firma del procurador iniciaría el juicio. La inminencia del asunto es un tema que debe considerarse dentro de las investigaciones sobre todo cuando la Procuraduría del Estado de México ha dicho que la indagatoria se centra en cuestiones económicas y financieras.
La fortuna de los Salinas ha sido largamente investigada por diferentes instancias judiciales. Ya se mencionó el caso de Francia, pero también Inglaterra y Suiza han hecho largas pesquisas en los últimos años. En Suiza el juez Paul Perraudin investigó durante siete años el origen de los fondos de Raúl Salinas de Gortari depositados en una amplia red de 30 cuentas colocadas en seis bancos y vinculadas directamente a los Salinas. El periodista argentino Juan Gasparini, radicado en Ginebra, ha documentado ampliamente las investigaciones suizas. Conversé telefónicamente con él esta semana, antes de que una jueza en México exonerara a Raúl Salinas del delito de peculado, y recordó que la investigación terminó en junio del 2002. Ahí se estableció que había una responsabilidad penal de Raúl Salinas y Paulina Castañón, en cuanto a la titularidad, última y definitiva, de alrededor de 105 millones de dólares más los intereses acumulados. Explicó lo que él mismo había publicado en 2002. "Hasta tanto la PGR determine fehacientemente cómo Raúl Salinas se procuró los 130 millones de dólares localizados en la banca suiza... los fondos seguirán congelados bajo control judicial en Suiza... guardando que los tribunales mexicanos sancionen judicialmente si su procedencia es legal o ilegal. De confirmarse en México que Raúl Salinas no cometió delitos al reunir los capitales que llevó a Suiza, quedará habilitado a reclamar la restitución del dinero." Gasparini agregó: "todo el expediente esta en México... fue un avión lleno de papeles".
En las cuentas de Raúl y Paulina se hallan incluidos como apoderados y beneficiarios una larga lista de conocidos y familiares, entre ellos el propio Enrique Salinas.
Nos queda, pues, esperar si a partir del asesinato del menor de los Salinas y por los primeros indicios vinculados a cuestiones financieras y económicas se activan investigaciones pendientes en México que podrían derivar o no en una explicación del asesinato pero que, por lo menos, atenderían un viejo reclamo de los mexicanos: ¿Cuál es el origen y explicación de la inmensa fortuna de los Salinas?
Reforma, 10 Dic. 04.


MÁS CASOS

Anuncia Profepa sanción a barco de EU. Aún no determinan a cuánto ascienden los daños ocasionados a bancos coralinos en costa de Yucatán
 Mérida, Yuc. El procurador federal de protección al ambiente (Profepa), José Luis Luege Tamargo, advirtió que la empresa que opera la embarcación científica Maurice Ewing , de bandera estadounidense y que encalló el lunes pasado en un arrecife de la zona del puerto de Sisal, será sancionada en tanto se cuantifican los daños ocasionados a los bancos coralinos.
 Asimismo, manifestó que el buque tiene permiso para navegar en el litoral yucateco hasta el 31 de marzo próximo, pero que los reportes que tienen es que "prácticamente ya terminó de recabar información", por lo que podría retirarse antes del tiempo previsto.
 Como se dio a conocer, miembros del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán revelaron que el accidente demostró que las cartas náuticas con las que operaba el buque son erróneas, porque no señalaba la ubicación de un arrecife.
 Mientras la Profepa elabora el expediente que permitirá establecer la sanción económica y administrativa a la embarcación, el procurador federal de protección al ambiente aseguró que todavía no es posible cuantificar los daños ocasionados a los bancos coralinos de la zona costera de Yucatán.
Sin embargo, la presidenta de la Asociación para la Defensa de los Animales en Yucatán (ADAY), Rosario Sosa Parra, manifestó que el encallamiento de la embarcación demuestra uno de los tantos daños que está ocasionando a la flora y fauna marina.
Señaló que el encallamiento pudo destrozar los bancos coralinos, y comentó la gravedad de esto, ya que ese recurso natural tarda hasta 25 años en formarse.


Merrill Lynch recomienda a inversionistas vender esos títulos y
los de Electra. Caen acciones de TvAzteca por bajas utilidades y gastos legales. La televisora gastó 72% más en asesorías por juicios y demandas a sus principales funcionarios. A la empresa ''ya le están pegando las decisiones de su presidente'', dice ING Financial Markets
Jornada 18 Feb. 05. Un débil reporte financiero correspondiente al cuarto trimestre de 2004, fuertes gastos en asesorías legales por los juicios y demandas que enfrenta Televisión Azteca (TvAzteca) y sus principales funcionarios, provocaron que sus acciones cayeran más de 4 por ciento en México y Nueva York, junto con una recomendación a los inversionistas para desprenderse de esos títulos.
La televisora registró una caída de 7 por ciento en la utilidad neta durante el último trimestre del año pasado, así como un crecimiento de 72 por ciento en los costos de asesorías legales, ambos registros comparados con los obtenidos en el mismo periodo
de 2003.
El fuerte revés de ayer en los mercados fue registrado luego de que Merrill Lynch recomendara a los inversionistas la venta de las acciones de TvAzteca, con el argumento de que los fundamentales de la empresa se deterioran y le preocupan los costos relacionados con el proceso legal en contra de la cadena televisiva por parte de la Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, por una polémica operación de deuda con Unefón, Nortel y Codisco y en la que el presidente de la televisora, Ricardo B. Salinas Pliego, habría obtenido un ingreso personal irregular por 109 millones de dólares.
Merrill Lynch también recomendó a los inversionistas deshacerse de las acciones de Elektra, otro grupo del consorcio comercial encabezado por Salinas Pliego, porque su reporte contiene algunos aspectos ''preocupantes'', pero en particular porque reportó ganancias menores a las esperadas, dijo Robert Ford, analista de la calificadora.
De acuerdo con el informe financiero correspondiente al último trimestre de 2004, TvAzteca reportó ganancias netas por 113.3 millones de pesos, menores a los mil 657.7 millones del mismo periodo del año anterior, así como una reducción en sus activos de 3 mil 614.6 millones de pesos (16 por ciento).
Pero no sólo eso, sino que para el concepto de ''otros gastos'' en 2004 destinó 208.3 millones de pesos más que el año anterior por concepto de ''otros gastos'', lo que representó 54 por ciento más. En ese apartado del reporte financiero destacan en particular el renglón de ''amortizaciones'', que no existía en el ejercicio anterior, por 84.3 millones; el concepto de ''donativos'' creció 57 por ciento al pasar de 61.2 millones a 108 millones de pesos; el ''resultado en venta y baja de activo fijo'' se disparó en 3 mil 333 por ciento al pasar de 2.7 millones en 2003, a 93.9 millones al cierre de 2004. Otro despegue significativo fue el renglón de ''no deducibles'', que se elevó 120 por ciento: 26.5 millones de pesos más, al pasar de 22 millones a 48.5 millones de pesos.
La empresa tuvo, además, otros gastos financieros por 251 millones de pesos, en los que se incluyen pérdidas en su portal de Internet, Todito, y los resultados de su equipo de fútbol Monarcas.
El peso en pesos de los tribunales
Para el analista de ING Financial Markets, Rogelio Urrutia, ''el reporte es malo por muchas cosas'' y a la empresa ''ya le están pegando las decisiones de su presidente''. De esa forma, el estilo personal de conducirse en los negocios de Ricardo Benjamín Salinas Pliego se tradujo en que el gasto por asesorías legales se elevara 72 por ciento. Durante 2003 la televisora gastó 106.7 millones de pesos por este concepto, pero un año después se elevó a 183.9 millones. Aun con las incertidumbres de cualquier proceso judicial, TvAzteca ha manifestado su confianza en hacer valer su razón en cada uno de los litigios que enfrenta en tribunales y las investigaciones emprendidas tanto por la SEC, como por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México por el ''caso Codisco''.
Información de la propia televisora señala que en el caso de la demanda por fraude presentada el pasado enero por la SEC en contra de TvAzteca, Azteca Holdings, así como de Salinas Pliego, Pedro Padilla Longoria y Luis Echarte Fernández, y donde se reclama la devolución de las ganancias obtenidas en la compra de la deuda de Unefon por medio de Codisco, la empresa explicó: ''A la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, ni la compañía ni las personas físicas han sido notificadas y por tanto el plazo para contestar la demanda todavía no ha iniciado. La administración de la compañía considera que las acusaciones de la SEC son improcedentes, por lo que ha decidido defenderse legalmente''. Y aunque no precisa si habrá algún impacto, tampoco se ha preocupado por realizar algún ajuste o abrir una reserva en caso de requerirse como parte de la controversia legal.
Sobre el mismo ''caso Codisco'', el pasado 25 de enero la CNBV requirió a TvAzteca para manifestar lo que a su derecho convenga. Con la investigación abierta por esta institución, TvAzteca calcula que ''la sanción máxima a la que se pudiera condenar a la compañía sería el pago de una multa que será determinada conforme a las disposiciones legales''.
Explicó que ''debido a lo prematuro del proceso, la administración de la compañía no puede determinar las posibles contingencias o responsabilidades que este procedimiento pudiese conllevar a la compañía''.
Otro frente abierto por la misma transacción de deuda de Unefón son tres demandas civiles presentadas por accionistas minoritarios, pero en este caso afirmó que no ha recibido ninguna notificación y por tanto el plazo para contestar las demandas no ha iniciado y tampoco se puede cuantificar el monto reclamado.
Entre otras controversias en tribunales se encuentra el reclamo de la estadunidense Echostar, la cual acusa a Televisión Azteca de violar un contrato de exclusividad para transmitir programación de Azteca 13 al ofrecerla entre operadores de cable y satélite.
En este caso la televisora no se presenta tan optimista como en los demás y considera que ''si el juicio de Echostar fuera resuelto adversamente para la compañía, esto podría tener un efecto adverso sobre la capacidad de la misma para proporcionar a las estaciones filiales de Azteca International y a los operadores de cable, programación de Azteca America que contiene programación de Azteca 13 y, por consiguiente, su capacidad para expandir Azteca America en Estados Unidos antes del vencimiento de este contrato (17 de marzo de 2005). Un resultado adverso en este juicio podría también sujetar a la compañía al pago de daños por pérdida de abonados incurrida por Echostar''


Cuestionan competencia en caso Cavallo
Reforma, 17 Feb. 05. Madrid, España (16 febrero 2004).- La fiscalía de la Audiencia Nacional y el abogado defensor del ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, insistieron el lunes en que esa instancia penal española carece de competencia para juzgarlo y solicitaron la anulación del auto de procesamiento y prisión del acusado.
Así lo indicaron fuentes judiciales, precisando que el letrado que defiende al ex represor encarcelado en España desde fines de junio de 2002, Julio Antonio Ferrer Sala, se basó en la decisión de la Audiencia Nacional sobre Guatemala y en la anulación de las leyes argentinas de Punto Final y Obediencia Debida, pues ello abriría paso a su posible juzgamiento en su país de origen.
El fiscal Pedro Rubira reiteró la posición que mantiene el ministerio público en el caso de los juicios por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura argentina (1976-83).
No obstante admitió que no es posible modificar la decisión que en octubre de 1998 adoptaron los 12 jueces de la sala de lo penal, al acordar jurisdicción a la justicia española para juzgar los crímenes contra la humanidad perpetrados en la Argentina.
Los abogados de la acusación popular contra Cavallo, acusado de los delitos de genocidio y terrorismo durante la dictadura, afirmaron que la jurisdicción de los tribunales españoles es un asunto "resuelto". Subrayaron que la posibilidad de que se inicien juicios en Argentina son "precarias", pues la Corte Suprema aún no confirmó la derogación de las leyes de amnistía decidida en agosto pasado por el Congreso argentino.
Apodado en la ESMA como "Marcelo" o "Sérpico", Cavallo está acusado ante los tribunales españoles de la desaparición forzada de 227 personas y del secuestro de 110.


EU se retira de protocolo de Viena y aclara que no afecta casos de 51 mexicanos
Crónica, 10 Mar. 05. La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, confirmó este jueves la retirada parcial de Estados Unidos de un protocolo de la Convención de Viena y precisó que ello no afecta una orden de la Corte Internacional de Justicia de revisar los casos pendientes de 51 mexicanos condenados a muerte.
"Vamos a seguir cumpliendo el fallo de la CIJ y el presidente ordenó que se revisaran los casos de 51" mexicanos condenados a muerte sin asistencia consular en Estados Unidos, dijo Rice en el avión que la condujo a México.
Rice explicó que su país se había retirado únicamente de un protocolo que daba jurisdiccción a la CIJ, algo que calificó de inadecuado para un sistema donde hay una "cuestión jurisdiccional entre el gobierno federal y los estados".
Rice aseguró que Estados Unidos seguirá respetando la convención de Viena y que el principio de asistencia consular es "extremadamente importante".
"Seguimos comprometidos y seguimos siendo miembros de la Convención de Viena, que incluye notificación consular", señaló a los periodistas.
El primer paso
En una sentencia histórica por ser la primera que se emite en relación al caso, un juzgado del Distrito Este de California declaró culpable del asesinato --ocurrido el 24 de marzo de 1980-- de monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, a Álvaro Rafael Saravia, excapitán de la Fuerza Aérea de El Salvador, reporta Proceso en su edición de este domingo 20 de marzo.
La sentencia –dictada el pasado 3 de septiembre— obliga al acusado a pagar 10 millones de dólares a la familia de monseñor Romero por concepto de daños compensatorios y punitivos.
El militar salvadoreño fue juzgado en ausencia, ya que su paradero es desconocido. El proceso civil se realizó al amparo de dos leyes federales: la Ley de Demandas para Extranjeros (Alien Tort Claims Act) de 1789, y la Ley para la Protección de Víctimas de Tortura (Torture Victim Protection Act) de 1991.
Saravia ha radicado en Estados Unidos desde 1987. En septiembre del año pasado recibió el anuncio de la demanda legal en su contra, después de lo cual huyó.
El abogado Matthew Eisenbrandt, director de Litigios del Center for Justice and Accountability, y quien, de manera gratuita, llevó el caso con el despacho de abogados Heller, Ehrman, White y McAuliffe, señala no tener idea de dónde está el sentenciado, pero espera que el Servicio de Inmigración lo investigue, detenga y deporte, lo cual constituirá otro castigo, destaca en la edición de Proceso que circula a partir de este domingo 20 de marzo.
Busca Pentágono maniobra para eludir la ley
Destino: La tortura
Washington habría acordado enviar prisioneros de la Base Naval de Guantánamo a naciones como Yemen, Arabia Saudita y Paquistán, donde el abuso es una práctica generalizada
SAN FRANCISCO, California (APRO).
Con el fin de evitar las leyes estadounidenses que protegen los derechos de los presos, el Pentágono pretende enviar a terceros países a la mitad de los 540 prisioneros de la Base Naval de Guantánamo.
Washington habría acordado con los gobiernos de tales países practicar interrogatorios y enjuiciar a los detenidos. Pero en muchos de esas naciones –como Yemen, Arabia Saudita y Paquistán- la tortura es una práctica generalizada. La denuncia la hace el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés), organización que interpuso una petición judicial para impedir dichos traslados.
El pasado 13 de marzo, la juez Rosemary Collier dictó una sentencia histórica: Prohibió al Gobierno estadounidense enviar a Yemen a 13 ciudadanos de ese país detenidos en Guantánamo, en tanto no se celebre una audiencia para analizar el caso, que es llevado por los abogados del CCR.
Los presos habían expresado su temor a ser torturados en Yemen. En los últimos dos años, el Pentágono ha transferido a 65 prisioneros de la base naval de Guantánamo a sus países de origen.
En algunos casos, pasó por alto la Convención en Contra de la Tortura que Estados Unidos ha ratificado. Esta convención prohíbe mandar detenidos a países donde corran riesgo de sufrir torturas.
De los 65 presos transferidos, 29 fueron enviados a Paquistán, nueve a Gran Bretaña, siete a Francia, siete a Rusia, cinco a Marruecos, cuatro a Arabia Saudita, y uno a Australia, Kuwait, España y Suecia, respectivamente.
La batalla legal
El gobierno de George W. Bush creó comisiones militares para procesar a los detenidos de Guantánamo.
Dichos juicios serían secretos y –según denuncias de abogados y de varias ONG no garantizaban el debido proceso legal y violaban los derechos de los presos.
En junio del 2004 la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que los detenidos en Guantánamo tienen derecho a una defensa legal civil, no militar.
Luego, en febrero pasado, la juez federal Joyce Green dictaminó que las comisiones militares son inconstitucionales y consideró que los prisioneros tienen derecho a la protección de la Convención de Ginebra, que prohíbe la tortura y garantiza los servicios de un abogado defensor.
Muchos de los presos no cuentan con dicho abogado. De hecho, a varios de ellos no se les ha fincado cargo alguno después de tres años de detención.
Fueron duros reveses para el gobierno de Bush, y ahora pretende evitar tales procesos judiciales en su país. La solución: Entregar a los presos a sus países de origen.
El pasado 13 de marzo, el Pentágono envió a otros tres presos de Guantánamo a Afganistán, Paquistán y Maldivas. Lo hizo antes de que llegara la petición judicial interpuesta por el CCR para impedir dichos traslados.
“Si el Gobierno de Estados Unidos cuenta con evidencias sobre los detenidos, ¿qué miedo tiene para imputarles cargos y someterlos a un juicio justo?”, se pregunta Michael Ratner, presidente del CCR.
Existen más de 100 procesos judiciales en tribunales estadounidenses interpuestos por abogados que representan a presos de Guantánamo.
Buscan que les sea otorgado el habeas corpus. Estos procesos también pueden eludirse si dichos reclusos son enviados a sus países de origen.
El pasado 11 de marzo, el diario The New York Times reveló planes del Pentágono para transferir prisioneros de Guantánamo a otras naciones.
Dio a conocer un memorándum firmado por el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, en el que solicita apoyo de las agencias de inteligencia para realizar dicho plan.
Éste iniciaría con la transferencia de prisioneros a Afganistán, donde continuaría su detención. El objetivo oficial: Bajar el índice de población de la prisión en la base naval cubana.
Guantánamo se ha convertido en una prisión demasiado visible y “es obvio que el paisaje legal ha cambiado. Éstos son factores que hay que tomar en consideración”, dijo un alto funcionario de la Secretaría de Defensa citado por el periódico estadounidense.
“Para nosotros -señaló el funcionario-, lo ideal seria ganar la ‘guerra contra el terror’, darla por finalizada y repatriar a todo el mundo.
“Como eso no es posible, nuestra siguiente opción es trabajar con los gobiernos de los países de procedencia de los detenidos para conseguir que tomen las medidas necesarias a fin de mitigar la amenaza que estos individuos suponen”.
A la pregunta de cómo el Gobierno de Estados Unidos se iba a cerciorar de que los presos no serían maltratados una vez entregados a países como Arabia Saudita o Paquistán –donde la propia Secretaría de Estado asegura que la tortura es común-, el funcionario descargó la responsabilidad en los diplomáticos estadounidenses asignados a dichos países, quienes se encargarían de “monitorear” los acuerdos suscritos con Washington para realizar los traslados.
Michael Scheuer –agente de la CIA que encabezó la unidad especializada para capturar a Bin Laden y quien renunció a la agencia en noviembre pasado- sostuvo que el sistema de entregas de presos a terceros países fue creado por la CIA en 1995.
El objetivo: Evitar el trabajo sucio de las torturas a Estados Unidos.
En una entrevista publicada por The New York Times, Scheuer dijo que él inició el envío de detenidos al exterior.
Estas operaciones, afirmó, son controladas por el director de la CIA y por el Consejo de Seguridad Nacional, que depende directamente del Presidente estadounidense.
A la pregunta de si los responsables políticos saben que esos presos serán trasladados a países donde la tortura es habitual, contestó: “Cada vez que se tomaba la decisión de un traslado, recordábamos a los abogados y políticos que Egipto era Egipto… Entonces, escuchaban, asentían y luego insertaban el típico legalismo por el que se insistía que cada Gobierno lo trataría con arreglo a las leyes de su país”.
El Pentágono quiere mantener el estatus de “combatientes enemigos” a los detenidos de Guantánamo, en lugar del de “prisioneros de guerra”: “No hay justificación legal para lo que hacen. (En realidad), poco importa cómo se nombre a los presos”, dice el abogado Ratner, quien afirma que 146 de los presos de Guantánamo liberados hasta ahora eran inocentes.
Los desaparecidos
La CIA captura “sospechosos de terrorismo” en diversas partes del mundo, que luego son enviados a países “colaboradores” donde se aplican torturas. Así se desprende de tres investigaciones realizadas por fiscales en Italia, Alemania y Suecia.
La CIA captura “sospechosos de terrorismo” en diversas partes del mundo, que luego son enviados a países “colaboradores” donde se aplican torturas. Así se desprende de tres investigaciones realizadas por fiscales en Italia, Alemania y Suecia.
El 17 de febrero de 2003, agentes de la CIA secuestraron en Milán a Hassan Mustafá Osama Nasr, clérigo musulmán, de nacionalidad egipcia y residente en Italia.
El plagio se produjo al mediodía y participaron en él al menos 12 personas. Según testigos presenciales, lo rociaron con un spray en el rostro y luego lo introdujeron en una camioneta.
Desde entonces se encuentra en calidad de “desaparecido”.
Según la investigación de la Fiscalía de Milán, encabezada por el fiscal contraterrorista Armando Spataro, el ciudadano egipcio, sospechoso de simpatizar con el fundamentalismo islámico, fue trasladado a la base estadounidense italiana de Aviano: Una instalación de la OTAN, situada al Norte del país.
Al seguir el rastro de las llamadas telefónicas que realizaron los secuestradores, una se hizo a la sede central la CIA, en Virginia, y otra al Consulado de Estados Unidos en Milán.
Una fuente de la CIA informó luego al Gobierno italiano que el detenido había sido trasladado a los Balcanes.
El fiscal Spataro exigió los registros de vuelo y de entrada y salida de vehículos de la base de Aviano. Sospechaba que el “desaparecido” fue víctima de una de las operaciones encubiertas de la CIA conocidas como Renditions.
Consiste en detener a “sospechosos de terrorismo” en cualquier parte del mundo y luego entregarlos a países donde se practica la tortura para realizar los interrogatorios.
Unos meses después –el 20 de abril de ese año-, Osama Nars llamó por teléfono a su esposa desde Alejandría, Egipto.

 

Acusado de homicidio, fue secuestrado por autoridades en Guadalajara y llevado a Texas

Suprema Corte de EU: el mexicano Alvarez Machain no será indemnizado

Permitir esas demandas inhibiría la persecución de delincuentes, plantea el fallo

Washington, 29 de junio. La Suprema Corte de Estados Unidos dijo este martes que un médico mexicano absuelto en 1995 de la muerte y tortura de un agente antidrogas estadunidense no puede demandar al gobierno de este país o a su secuestrador para que lo indemnice.

El fallo fue una victoria para la administración del presidente George W. Bush, quien advirtió que permitir ese tipo de demandas podría inhibir la persecución de delincuentes fuera del territorio de Estados Unidos y dañar los esfuerzos para combatir el terrorismo, el crimen internacional y el tráfico de drogas.

Los jueces votaron de manera unánime contra Humberto Alvarez Machain en la demanda de éste por su secuestro, en 1990, de su oficina ubicada en la ciudad de Guadalajara por mexicanos que actuaron a petición de autoridades antidrogas de Estados Unidos.

Después de su secuestro, Alvarez Machain fue trasladado en un avión privado a El Paso, Texas, donde lo esperaban agentes de la DEA para arrestarlo. Posteriormente, fue llevado a Los Angeles para ser sometido a juicio.

El médico fue absuelto de la muerte en México del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, pero demandó al gobierno de Estados Unidos y a José Sosa, un ex policía mexicano, quien llevó a cabo el plagio.

Una corte de apelaciones en California falló que un arresto en una nación extranjera podría provocar una demanda contra el gobierno por falsa detención en caso de que la aprehensión fuera planeada en Estados Unidos.

La corte de apelaciones fijó una indemnización por daños en contra de Sosa y falló que el gobierno de Estados Unidos podría ser demandado porque la DEA no tenía autoridad para instigar el arresto y detención en México.

La Suprema Corte, en opinión del juez David Souter, revirtió la decisión de la corte de apelaciones.

Souter señaló que los dos puntos que se trataron fueron si el argumento de Alvarez Machain de que la DEA instigó su secuestro soporta una queja contra el gobierno bajo una ley federal de quejas por agravios y si él puede ser indemnizado bajo otra norma federal.

"Sostenemos que él no es susceptible de una indemnización bajo ninguno de los dos estatutos", aseveró Souter.

El arresto de Alvarez Machain provocó fuertes protestas de México, que dijo que su soberanía había sido violada.

 

La firma estadunidense alega sobrepago y su contraparte exige 5.2 mdd de regalías. ROMPIÓ TELEVISA CON UNIVISIÓN Y LA DEMANDA ANTE CORTE DE NUEVA YORK. La televisora mexicana prevé seguir como el principal proveedor de contenidos
Jornada, 11 mayo 2005. La televisora mexicana Televisa rompió con la cadena Univisión, por disputas en la designación de miembros del consejo de administración y, además, presentó una demanda ante una corte de Nueva York por el pago de 5.2 millones de dólares de regalías y derechos de transmisión de programas establecidos en las licencias correspondientes.
Emilio Azcárraga Jean, junto con Alfonso de Angoitia, presidente del consejo de administración y vicepresidente del comité de Finanzas de Televisa, respectivamente, anunciaron que la renuncia a sus cargos en la junta directiva de Univisión, sería efectiva a partir del pasado lunes. Junto con Jerrold Perenchio, presidente de la televisora estadunidense, el presidente de Televisa compartía asientos en la junta directiva de Univisión con Alan F. Horn, de Warner Bros, con el multimillonario venezolano Gustavo Cisneros, presidente de Cisneros Group of Company, y Anthony Cassara, de Chartwell Partners LLC, entre otros.
La renuncia de Azcárraga Jean a la junta directiva de Univisión, donde tiene una participación de 15 por ciento, comenzó a gestarse desde hace tres meses cuando se presentaron diferencias con el presidente de la televisora estadunidense, Jerrold Perenchio, luego de que éste se encaprichó en designar a Ray Rodríguez como presidente y director ejecutivo de operaciones y lo hizo sin consultar a su socio mexicano.
La situación se tensó aún más a partir del pasado 4 de mayo, cuando Univisión presentó sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2005. Al parecer, allí la televisora mexicana se dio cuenta de que no se le habían pagado correctamente las utilidades derivadas del ejercicio, las regalías por la programación proveída y los derechos de transmisión de diversos programas de habla hispana con el mayor rating en Estados Unidos.
Hasta donde se sabe, de acuerdo con versiones de fuentes bien informadas, Univisión "está afirmando falsamente que Televisa tuvo un sobrepago" entre 1996 y 2004 y no se justifican sus intenciones por recuperar regalías pasadas calculadas en unos 3 millones de dólares.
Además de esas regalías, Televisa exigió en su demanda el pago de 1.5 millones de dólares derivados de la transmisión durante el primer cuarto de 2005 del programa de concurso Premio lo Nuestro, mismos que según los convenios establecidos, deben hacerse en los últimos 45 días del trimestre que corresponda. Televisa también acusó a Univisión de haber violado acuerdos de licencias con otras dos compañías al editar diversas emisiones de programas como Otro Rollo y Nuestra Casa.
De acuerdo con las fuentes de Televisa, a pesar de la demanda y la renuncia de sus funcionarios al consejo de Univisión, esa televisora se mantendrá como el principal proveedor de contenidos y se mantendrá la inversión de 15 por ciento en el capital social de la estadunidense.
Princesa saudita pasaría 70 años presa por tener esclavas en EU
Por tener sometidas como esclavas a dos mujeres a las que retenía bajo amenazas de que serían golpeadas y en condiciones humillantes, una princesa de origen saudita podría pasar 70 años en una prisión de Estados Unidos y obligada a pagar multas por 2 millones 500 mil dólares, por vivir con lujos, poseer dos mansiones sin cubrir los impuestos por ello.
Hana F. Al Jader, una princesa saudita de 39 años de edad y madre de seis hijos, saltó como noticia de los principales periódicos de Boston en los primeros días de abril pasado al ventilarse parte de su turbio historial. En principio la morosidad por no pagar los impuestos respectivos por tener dos mansiones en lugares exclusivos de Winchester y Arlington, en Boston, además de tener algunas limosinas y autos lujosos a su servicio llevaron a las autoridades a solicitar su presencia para cubrir sus contribuciones.
Al ser requerida para aclarar la ausencia en el pago de sus contribuciones, vecinos de la princesa denunciaron a agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), que Al Jader tenía a dos mujeres trabajando como sus esclavas, las que incluso sufrían humillantes y agresiones físicas por parte de todos los miembros de la familia.
Con conocimiento del asunto el caso fue adoptado por las autoridades de un tribunal federal en Boston, que tras las primeras diligencias constató que efectivamente dos mujeres de origen indonesio identificadas como “Tri” y “Ro” , fueron retenidas en contra de su voluntad.
Testimonios aportadas por ambas mujeres revelan que la princesa Al Jader, quien está casada con Al Saud Turki, un primo del rey saudita Mohamed Bin Turli Alsaud, les escondió sus pasaportes y visados, y amenazó con castigarlas físicamente si no hacían lo que les indicara.
FALSEDAD. De acuerdo las indagatorias, la fiscalía indicó que la princesa, para tener bajo su tutela a las dos indonesias, a las que en principio contrató como domésticas, envió contratos falsos de trabajo a los servicios de inmigración para extender los visados de ambas empleadas, sin embargo, quedó registrado que la documentación no fue avalada, ya que las dos empleadas pasaron la mayor parte del 2004 sin papeles y en calidad de ilegales.
En los documentos que Al Jader tramitó en Inmigración, aseguró que pagaba a las empleadas mil 500 dólares al mes y que sus jornadas de trabajo eran de menos de ocho horas. En realidad cobraban 300 dólares al mes y sus labores consistían en cuidar a los seis hijos y al esposo enfermo, así como realizar los quehaceres de las casas a la hora que se requiriera y sin tener permiso para salir.
DETENCIÓN. Con estos antecedentes, las autoridades ordenaron la aprehensión de Al Jader, quien fue arrestada por agentes del FBI en su mansión de Winchester.
Ante el jurado federal en un tribunal de Boston, la princesa llegó esposada y con grilletes, donde le fueron presentados 10 cargos en su contra, y uno de ellos, tal vez el más grave, el haber retenido con calidad de secuestro y sometidas a trabajos forzosos a las dos mujeres indonesias entre febrero del 2003 y noviembre del 2004. Otros cargos son los referentes a esclavitud doméstica, falsificación de documentos y emplear a indocumentados.
En referencia a la adquisición de sus propiedades, de las que no ha pagado impuestos, indagatorias de las autoridades señalan que Al Jader compró en 2001 su residencia del número 62 de St. Cambridge, en Winchester, en 635 mil dólares, y también posee una mansión próxima a Arlington valorada en 1.2 millones de dólares.
TESTIMONIOS. A estos cargos se suman denuncias de vecinos de la princesa, quienes al ser cuestionados por la fiscalía señalaron que en ocasiones observaron como los niños de la familia maltrataban a las dos mujeres, las golpeaban y las escupían sin ser reprendidos por ello. Un vecino, del que se omitió su nombre por seguridad, aseguró que había visto a los menores maltratar a las empleadas indonesias. “Les pregunté por qué las trataban tan mal —dijo— y dijeron que porque eran mujeres”.
ANTECEDENTES. Por su parte, el abogado defensor de la princesa, Saher Macarius, refirió que la princesa es una buena mujer, caritativa y que sólo piensa en el bienestar de su familia y en las mejores atenciones para su esposo enfermo. A decir de Macarius, la familia de Al Jader, quien busca apoyar al prójimo, llegó a Estados Unidos hace varios años para someter a tratamiento a su esposo en el hospital de rehabilitación de Spaulding, tras haber quedado paralizado al sufrir un accidente automovilístico hace 12 años, lo que le impide caminar y hablar, por lo que desde antes del año 2000 se establecieron en forma oficial en Boston.
Con los cargos formulados en su contra, la princesa Hanna F. Al Jader fue advertida que durante el proceso que se le sigue y mientras se desarrollan las diligencias no contará con la garantía del pago de una fianza, esto, para evitar algún intento de fuga y otro, por tratarse de delitos graves.
Si es condenada, Al Jader deberá sumar los 20 años en prisión que amerita haber sometido a la dos mujeres a trabajo forzados; más 5 años por tener a su servicio a dos indocumentadas; 20 años más por falsificación de expedientes de ambas mujeres; más 15 años por cometer fraude y ocultar los visados de las domésticas a su servicio y 10 años más por evadir impuestos de acuerdo con el valor de las propiedades con que cuenta en Estados Unidos.
(Informacion de Boston Herald, Solomonia.com y Ministerio de Justicia de Estados Unidos)
Un grupo de empresas madereras estadounidenses reta la legalidad del TLC
14 septiembre 2005. Un grupo de empresas madereras estadounidenses decidieron retar la legalidad del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, argumentando que los páneles para resolver las controversias comerciales que permite el tratado violan la Constitución de Estados Unidos, reportó la agencia de noticias Bloomberg News. Coalition for Fair Lumber Imports dijo en la demanda presentada en el tribunal de apelación U.S. Court of Appeals for the District of Columbia que los páneles que se conforman bajo el auspicio del tratado no deberían gozar de mayor poder que la decisiones adoptadas por el Departamento de Comercio estadounidense o por U.S. International Trade Commission en materia comercial. La coalición solicitó a la corte desechar las resoluciones que se hayan adoptado en casos anteriores bajo esa modalidad. “La Constitución no permite que estos páneles sean los árbitros finales sobre” si las leyes estadounidenses ofrecen protección o no por prácticas comerciales injustas, dijo Steve Swanson, presidente de la coalición. En juego están las decisiones de algunos páneles que determinaron que los procesos que siguió el gobierno de Estados Unidos para aplicar tarifas a la madera importada de Canadá violaron las reglas del tratado, por lo que el gobierno estadounidense debía rehacer su planteamiento o revocar las tarifas, dijo la agencia de noticias. Sentido Común

 

Por el bloqueo, caen a la mitad los viajes a la isla de cubanos
residentes en EU. NIEGA JUEZ EXTRADICIÓN DE POSADA CARRILES A VENEZUELA O A CUBA. Lo custodiará la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos
AFP. El Paso, 27 de septiembre. Un juez estadunidense determinó que el anticastrista Luis Posada Carriles no sea deportado ni
extraditado a Cuba o Venezuela y quede por tiempo indefinido bajo
custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), informó
este martes una portavoz del organismo.
El pasado 13 de mayo, Venezuela pidió el arresto e inició así en
Estados Unidos los trámites para la extradición de Posada
Carriles, acusado del atentado a un avión cubano en 1976 que
provocado la muerte de 73 personas.
No se informó de reacción alguna del gobierno venezolano, que
tiene un acuerdo de extradición vigente con Estados Unidos.
Leticia Zamarripa, portavoz del ICE, dijo hoy que "el juez de
migración determinó ayer (lunes) en una decisión escrita que
Posada no será removido a Cuba o a Venezuela, y citó la
Convención contra la Tortura".
La decisión del juez no descartó el traslado de Posada a otro
país. "Estamos revisando cuidadosamente la decisión para
determinar cómo procederemos en la aplicación de este fallo.
Mientras tanto, el señor Posada permanecerá bajo custodia del
ICE", agregó.
EL ICE pudo rechazar esta decisión en una audiencia celebrada el
lunes, pero no puso reparos. La fiscalía, a la que el juez había
dado 14 días de plazo para manifestar su oposición a que
permaneciera en el país, se abstuvo.
Posada Carriles, de 77 años, está detenido en El Paso (Texas)
desde su captura el pasado mayo en Miami, donde reapareció tras
retirar una solicitud de asilo político, ofrecer una rueda de
prensa y pedir la ciudadanía estadunidense.
Tras ser indultado en agosto de 2004 por la presidenta panameña
Mireya Moscoso, salió del país donde purgaba una condena por
planificar un complot para asesinar a Fidel Castro en la cumbre
Iberoamericana, en 2000.
Posada Carriles ingresó en marzo pasado sin documentos a Estados
Unidos, supuestamente por la frontera con México, y las
autoridades estadunidenses solicitaron la deportación por
encontrarse ilegalmente en el país.
Sus abogados intentaron entonces detener o retrasar la
deportación, aunque no fuera elegible para quedarse en el país,
amparado por la Convención Internacional contra la Tortura y
alegando que sería torturado si era enviado a Venezuela, y
pidieron asilo político.
Documentos secretos de la CIA divulgados en junio corroboraron
que Posada habló del complot para volar un avión cubano días
antes del bombazo al vuelo 455 de Cubana de Aviación, el 6 de
octubre de 1976, que Orlando Bosch caracterizó como acto seguido
al asesinato de Orlando Letelier, publicó entonces en La Jornada
nuestro corresponsal David Brooks.
Los documentos brindaron más precisiones sobre el trabajo de
Posada Carriles, nacido en Cuba en 1928 y naturalizado
venezolano, en la operación clandestina de apoyo estadunidense a
la contra nicaragüense, y su larga relación con actividades
"terroristas" del grupo de cubanos de Bosch.
El anticastrista vivió en Venezuela, donde era comisario de la
inteligencia local cuando en 1976 estalló la bomba en el avión de
Cubana de Aviación.
Una corte en Caracas determinó que Posada y Bosch fueron
coautores del atentado, y desde ese momento el primero estuvo en
prisión hasta que se fugó en 1985, mientras esperaba una
apelación por el atentado.

Exonera jurado al anticastrista Posada Carriles de 11 cargos en EU

Tras varios meses de juicio, el veredicto fue alcanzado en unas horas de este viernes en una corte de Texas por los cargos de entrada ilegal al país, aunque Cuba y Venezuela lo reclaman por delitos de terrorismo.

Dpa
08/04/2011 14:39

Washington. Un jurado de Texas declaró este viernes inocente a Luis Posada Carriles de 11 cargos por fraude migratorio y perjurio que pesaban sobre el anticastrista, confirmó su equipo de abogados.

La decisión fue tomada tras 13 semanas de un juicio celebrado con gran seguimiento mediático en una corte de distrito de El Paso, Texas, hasta donde tuvo que desplazarse desde Miami Posada Carriles, de 83 años.

De acuerdo con reportes de prensa, el veredicto fue unánime y fue alcanzado en tan sólo unas pocas horas, ya que el jurado había iniciado las deliberaciones este mismo viernes, después de que la jueza a cargo del proceso, Kathleen Cardone, concluyera las sesiones del juicio la víspera.

Según el diario El Nuevo Herald, el veredicto de inocencia fue una "sorpresa" para muchos de los observadores que, señaló el rotativo, esperaban que las deliberaciones del jurado duraran "varios días" y que encontraran a Posada Carriles culpable de "por lo menos algunos de los cargos".

"Nadie había previsto la absolución a los 11 cargos por perjurio y fraude", destacó.

De acuerdo con la edición digital del periódico de Miami, cuando la jueza encargada del caso leyó el veredicto "unánime" del jurado, Posada Carriles y sus abogados "se fusionaron en un apretado abrazo de varios segundos".

Aunque Cuba y Venezuela lo reclaman por cargos de terrorismo, el juicio que se le siguió en una corte de distrito de El Paso, Texas, se limitó solamente a los cargos relacionados con su entrada ilegal en Estados Unidos en 2005.

POLÉMICA EN LA ISLA

Considera Cuba una farsa el juicio a Posada Carriles

Afirma Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional, que la juez no dejó al jurado escuchar todas las pruebas

La Habana, Cuba.- El presidente de la Asamblea Nacional de Cuba dijo que el juicio a Luis Posada Carriles fue una farsa y criticó a la juez Kathleeen Cardone por no haber dejado al jurado escuchar pruebas de la culpabilidad del acusado.
Ricardo Alarcón expresó ayer que acabó la farsa torpe y vergonzosa que era el juicio del cubano Posada Carriles en El Paso, Estados Unidos.

Explicó que el jurado de Texas no tuvo conocimiento de todos los elementos. El viernes el anticastrista fue declarado inocente de los once cargos de perjurio, obstrucción de la justicia y fraude migratorio presentados en su contra.
El “jurado hay cosas que no las puede conocer, el jurado no se enteró de que Posada Carriles es prófugo de la justicia... sobre todo cuando la juez prohíbe que se lo diga”, afirmó Alarcón.

El jurado necesitó sólo tres horas para deliberar tras trece semanas de testimonios, la mayoría de las veces presentados con retrasos.

TODO UN CASO

Posada Carriles, un ex agente de la CIA de 83 años, es considerado el enemigo público número uno por el Gobierno de Cuba y archirrival del ex presidente Fidel Castro.

“El Gobierno de Estados Unidos estuvo usando todos los trucos para evitar que Posada Carriles sea juzgado como terrorista, quería presentar a un viejito como un mentiroso, pero el Gobierno de Estados Unidos es tan mentiroso como él porque (Posada Carriles) es un asesino buscado desde hace varias décadas”, afirmó Alarcón.

En una entrevista con el New York Times, Posada Carriles dijo en 1998 que había planeado los ataques dinamiteros en Cuba en 1997, que dejaron un muerto y doce heridos. Posteriormente se retractó.

También es acusado por Venezuela de ser el responsable del ataque con bomba a un avión de pasajeros cubano en 1976 que dejó 73 muertos.
AP
Protege EU a “terrorista”: Venezuela Caracas, Venezuela.- Venezuela acusó a Estados Unidos de proteger al “terrorista” Luis Posada Carriles, expresando indignación porque fue absuelto en un caso de perjurio en Texas.
Venezuela quiere juzgar al ex agente cubano de la CIA por el ataque con bomba a un avión de pasajeros cubano en 1976 que dejó 73 muertos.
En un comunicado el ministerio de Relaciones Exteriores calificó el juicio de Posada Carriles en El Paso de “teatro (...) para continuar protegiendo al terrorista”.
“La protección de Posada Carriles por el Gobierno norteamericano se ha convertido en un caso emblemático de la doble moral estadounidense en la lucha internacional contra el terrorismo”, dice el comunicado. Añade que convocó al encargado de negocios de la Embajada estadounidense en Caracas a la Cancillería mañana para reiterarle la solicitud de extradición de Posada Carriles.

 

Funcionaria de la embajada de EU en México es reclamada por Italia; la acusan de un secuestro 2005-10-02 )
La justicia italiana emitió una orden de arresto contra Betnie Medero-Navedo, primera secretaria de la embajada de Estados Unidos en México, por su presunta relación con el secuestro del imán Osama Mustafá Hassan en la ciudad italiana de Milán el 17 de febrero de 2003.
Medero-Navedo está registrada como primera secretaria en la embajada de Estados Unidos en México, según señala la página web de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La prófuga de la justicia italiana era segunda secretaria de la embajada de Estados Unidos en Italia cuando tuvo lugar el secuestro de Mustafá Hassan, conocido con el nombre de Abu Omar.
Omar, quien había sido el líder religioso de una importante mezquita de la ciudad, estaba siendo vigilado desde los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos.
Después del secuestro, los agentes condujeron al imán a la base estadunidense de Aviano, en el norte de Italia, de donde lo trasladaron a Egipto, para ser interrogado en una prisión de ese país.
Por ello, la Justicia italiana ordenó antier el arresto de tres supuestos miembros de la CIA, entre ellos Medero, por el secuestro de Omar, según reveló el diario “Corriere della Sera”.
Con las nuevas órdenes de arresto se elevan a 22 los agentes estadunidenses buscados por las autoridades italianas relacionadas con el caso de Omar.
El fiscal de Milán Armando Spataro acusa Medero de haber participado en el transporte del rehén hasta la base estadunidense de Aviano, en el norte de Italia, desde donde fue trasladado con un vuelo militar a la base alemana de Ramstein antes de ser deportado a Egipto.

Le impide ser candidato. CASTAÑEDA ACUSA ANTE LA CIDH AL ESTADO MEXICANO
AFP, Washington, 12 de octubre 2005. El ex canciller mexicano Jorge G. Castañeda presentó este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no permitirle presentar su candidatura independiente a la Presidencia y pidió medidas cautelares.
"Venimos a presentar nuestra petición de demanda contra el Estado mexicano para que se respeten los artículos pertinentes (...) de la Convención Americana de Derechos Humanos, a propósito de las candidaturas sin registro de partido en las elecciones en México", afirmó a la prensa antes de reunirse con la CIDH.
También "estamos solicitando que (...) se dicten medidas cautelares para conservar y proteger mis derechos de aquí" a que la CIDH tome una decisión sobre el asunto, agregó el ex canciller del presidente Vicente Fox.
Castañeda solicitó como medida cautelar que "se me inscriba como candidato provisional en el Instituto Federal Electoral, y se me otorgue la posibilidad de tener un representante" ante dicha entidad.
También pidió que "los medios de comunicación en México me den el mismo trato que a los demás candidatos a la Presidencia, mientras se resuelve este tema".
Según el ex secretario, la CIDH debería tomar una decisión sobre las medidas cautelares durante el periodo de sesiones que comenzó oficialmente el martes pasado y concluirá el 28 de este mes.
Las elecciones presidenciales se celebrarán en julio en México. El plazo para el registro de candidaturas a la Presidencia vence el próximo 15 de enero.

DETIENEN A PAREJA HOLANDESA; COMPRARON BEBÉ EN COLOMBIA AFP
Bogotá, 21 de octubre . La policía colombiana detuvo a una pareja holandesa por comprar un bebé recién nacido e intentar llevarlo a los Países Bajos, informó este jueves la corporación.
Arthur Broxterman, de 37 años, y su esposa, Luz Trujillo, de 44, fueron detenidos en el aeropuerto El dorado, de Bogotá, junto con la madre del niño y un hombre presuntamente involucrado en el hecho, según un comunicado oficial.
Broxterman y Trujillo –quien también tiene nacionalidad colombiana- se disponían a viajar a Holanda cuando fueron sorprendidos por los policías, que realizaban un seguimiento del caso. La pareja habría pagado 150 millones de pesos (unos 60 mil dólares) por el bebé.

Trágico destino de niños rusos en EU
Violentos padres adoptivos
Alexander Serikov
 El procurador general de Rusia Vladimir Ustinov solicitó al gobierno de su país que suscribiera acuerdos bilaterales con otros países a fin de controlar los destinos de los niños adoptados, con tal de evitar otras tragedias.
Los ciudadanos norteamericanos adoptan anualmente más de cinco mil niños rusos lo que constituye el 62 por ciento de todos los huérfanos de Rusia adoptados anualmente. Muchos de ellos encuentran en Estados Unidos buen hogar y maravillosos padres adoptivos. Sin embargo, han sido registrados catorce casos en que los padres adoptivos estadounidenses habían asesinado a los niños rusos adoptados, hechos trágicos basados en la información obtenida en las páginas de Internet www.bbc.com.uc del 12 de julio 2005, www.izvestia.ru del 11 de julio de 2005, www.mosnews.com del 5 de mayo del 2005 y del 11 de julio del 2005.
El caso más reciente sucedió en el estado de Carolina del Norte en verano del año en curso. Fue el 1 de julio cuando la niña rusa de nombre Victoria Bazhénova a quien los padres adoptivos pusieron el nombre de Nina Victoria Hilt fue maltratada hasta la muerte por su nueva madre Peggy Sue Hilt de 33 años. La niña tenía apenas 2 años y medio de edad, no tenía la nacionalidad estadounidense por lo que era rusa. La infanticida confesó que aquel día estaba muy enfurecida, agarró fuertemente a la niña, la arrojó sobre el piso, la golpeó en el vientre con su pie, luego la levantó, puso en la cama y siguió golpeándola con el puño de su mano derecha asestando los golpes sobre su espalda y vientre. El día siguiente la niña dejó de respirar. En un hospital a donde fue trasladada la niña, los médicos la encontraron sin vida. Pero el día siguiente la asesina cambió sus declaraciones y dijo que su hija adoptiva resultó víctima de un accidente casero. Sin embargo, presionada por los agentes de la policía local, se vio obligada a confesar que había golpeado fuertemente a la chiquilla. Los médicos encontraron en el cuerpecito de la pequeña fallecida varios hematomas en la cara, en el pecho, en el hombro, en la espalda así como una equimosis en la cadera derecha y una excoriación en la barbilla. Conforme a las leyes estadounidenses, la asesina puede ser condenada a unos cuarenta años de prisión por el delito.
Un caso anterior semejante a éste, ocurrió en mayo del año corriente cuando fue condenada a 12 años de prisión la norteamericana Irma Pavlis por haber asesinado a su hijo adoptado Alexei, originario de Rusia. Ella le asestó un fuerte golpe en la cabeza que fue la causa de su fallecimiento el día siguiente en un hospital local. La infanticida confesó que el niño era muy rebelde, desobediente por lo que la mujer tuvo que aplicar su fuerza física para apaciguarlo. Hasta tal grado que lo mató. El jurado calificó este crimen como un asesinato impremeditado y la pena fue mínima. El procurador Mikle Gerber considera injustificado el veredicto del jurado y muy leve la condena por lo que quiere conseguir la pena máxima para la asesina, que podría ser de 45 años de encarcelamiento.
Una serie de escándalos relacionados con los asesinatos de niños rusos en Estados Unidos por sus padres adoptivos, provocó la preocupación de las autoridades rusas. El procurador general de Rusia Vladimir Ustinov solicitó al gobierno de su país que suscribiera acuerdos bilaterales con otros países a fin de controlar los destinos de los niños adoptados, con tal de evitar otras tragedias. El vice procurador general de Rusia Serguei Fridinsky tuvo un encuentro con el presidente del consejo nacional estadounidense de adopción Tomas Etwood quien pidió perdón al pueblo ruso por los trágicos hechos ocurridos en su país con los niños adoptados rusos. El representante de la procuraduría rusa pidió a las autoridades estadounidenses cooperar abiertamente con sus homólogos rusos subrayando que hasta el momento no hubo suficiente cooperación por parte de las estructuras análogas norteamericanas en el intento de las autoridades rusas de investigar los crímenes cometidos en Estados Unidos contra los niños de Rusia.


Deben dar pensión alimenticia aún en EU
Cuentan 21 estados de EU con reconocimientos de reciprocidad de las leyes mexicanas, lo que permite ejecutar en sus territorios las pensiones ya determinadas en México
Grupo Reforma, Ciudad de México (4 noviembre 2005).- Padres y esposos mexicanos que emigran a Estados Unidos y dejan de cumplir las obligaciones hacia su familia ahora pueden estar obligados a pagar pensión alimenticia a sus hijos y cónyuges.
El programa Ley Uniforme Interestatal de Apoyo Familiar (UIFSA, por sus siglas en inglés), creada para facilitar la ejecución de pensiones entre los 50 estados de Estados Unidos, ha extendido su jurisdicción para abarcar casos planteados desde otros países, entre ellos México.
Hasta ahora, 21 estados de la Unión Americana tienen reconocimientos de reciprocidad de las leyes mexicanas, lo que permite ejecutar en sus territorios las pensiones ya determinadas en nuestro País, o en su defecto, solicitar a un juez local que fije esa obligación.
A Everardo Villaseñor, un migrante mexicanos radicado legalmente en Minnesota, esta medida ya lo alcanzó: el 10 de febrero de 2004 recibió un citatorio inesperado.
La remitente era Maria K. Pastoor, magistrada de la Corte del Condado de Scott, para informarle la existencia de una demanda de pensión alimenticia en favor de un menor de edad.
Mónica Sánchez, quien procreó un hijo con Villaseñor en 1995, había presentado desde marzo de 2002 la solicitud de pensión al amparo de la UIFSA ante la delegación de la SRE en Guadalajara.
Villaseñor tiene esposa e hijos con los que vive en Estados Unidos. Trabaja en el corporativo de la cadena comercial Best Buy en Richfield, un suburbio de Minneapolis. Un mes después de recibir el citatorio, Villaseñor respondió que él siempre había cumplido con las obligaciones alimentarias hacia su hijo.
Según las constancias judiciales, comenzó a hacer depósitos de 138 dólares mensuales en un juzgado de Guadalajara en septiembre de 2003, pero Sánchez no los aceptó por considerar que tenía derecho a más. Fue hasta marzo de 2004 cuando recogió 10 mil 500 pesos que se habían acumulado.
Luego de una audiencia ante la juez se fijó al mexicano la obligación de pagar una pensión alimenticia mensual de 855 dólares, además de 19 mil 440 dólares por pensiones vencidas.
Best Buy comenzó a descontar la pensión del salario de Villaseñor para su depósito en el consulado mexicano en Chicago. El afectado se inconformó ante la Corte de Apelaciones de Minnesota, y además presentó una una demanda de amparo ante la justicia mexicana.
Ante lo inusual del caso, la Corte de Apelaciones de Minnesota pidió explicaciones al procurador estatal sobre la operación de la UIFSA.
En una sentencia dictada el pasado 7 de junio, tres jueces de esta corte resolvieron que la magistrada de Minnesota sí tenía jurisdicción para conocer del litigio. Sin embargo, la Corte ordenó reabrir el juicio para que Villaseñor tenga más tiempo de aportar documentos que permitan determinar si el procedimiento que inició en Guadalajara "es de tal naturaleza y extensión" que hacen innecesario un proceso paralelo en Minnesota.
"No pudimos encontrar precedentes de alguna corte estadounidense que hubiera aplicado las leyes de uno de nuestros estados, para establecer la pensión de un menor que es residente y nacional de otro país, donde los estándares de vida pudieran ser diferentes", mencionaron los jueces David Minge, Wilhelmina Wright y Doris Huspeni.

Impulsan espacio judicial único de divorcios en la UE
Jornada, 6 diciembre 2006. De acuerdo con un estudio estadístico de 2003, anualmente en la Unión Europea (UE) se producen 2 millones 200 mil matrimonios y se presentan 875 mil demandas de divorcio. Unos 350 mil enlaces son internacionales (es decir, entre personas de distinta nacionalidad) y de éstos 170 mil parejas se separan, informó Beatriz Campuzano Díaz, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, España, quien ofreció una perspectiva de derecho comparado en el espacio de la integración europea que actualmente vincula a 25 estados.
Al participar en el seminario-taller internacional Familia, Inmigración y Multiculturalidad, realizado ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México, la experta española sostuvo que la aspiración de los 25 estados miembros que conforman la UE es que tengan un espacio judicial único y que se elimine el problema de que las sentencias dictadas en un país tengan luego que solicitarse, aceptarse y adecuarse en otro, con los trámites adicionales que eso conlleva.
Por ello, dijo la catedrática, se impulsa un programa de reconocimiento mutuo para que, a partir de determinadas resoluciones judiciales dictadas en estados miembros, se pueda ejecutar en otro sin necesidad de procedimiento alguno, "en esa consecución del espacio judicial al que aspiramos".
Este reglamento se ocupa de determinar la competencia judicial internacional, toda vez que nos encontramos con las dificultades que generan las disfunciones por la gran diversidad de tradiciones históricas y culturales de los 25 estados miembros que conforman la UE.
Por su parte, Jorge Adame Goddard, del IIJ, señaló que ante un mundo globalizado y multicultural, con diferentes maneras de pensar, el legislador debe reconocer esa diversidad y asegurar que los cónyuges se unan con las expectativas que corresponden a su propia voluntad.
El matrimonio es, ante todo dijo una realidad social y personal. La definición del matrimonio, de sus efectos, fuerza y validez, depende básicamente de la ciencia del comportamiento humano, esto es, de la ética y de la antropología filosófica.

Pena capital y justicia
Fernando Serrano Migallón
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/37939.html


MÁS DEL CASO DELCHINO $$$
Lozano no es el único. Abogado de Zhenli. Relata defensor que 'gente' del PAN pidió a su cliente guardar armamento
Nueva York,  Estados Unidos (04 de julio de 2007).-   Javier Lozano Alarcón no fue el funcionario de mayor rango que tuvo relación con Zhenli Ye Gon, aseguró ayer Ning Ye, abogado en Estados Unidos del empresario chino-mexicano.
Además del actual Secretario de Trabajo, señaló, otros personajes del PAN pidieron a su cliente guardar armamento militar.
Ye reiteró en entrevista las acusaciones contra Lozano Alarcón, al afirmar que solicitó a Ye Gon guardar parte de los cientos de millones de dólares que fueron hallados en su casa de Las Lomas.
"Déjeme decirle que mi cliente sabe mucho y que (el de 'Javier Alarcón') no es un caso aislado.
"Como usted bien sabe, en muchos países de América latina y Asia la corrupción gubernamental es muy común. El señor Javier Alarcón no es la única persona que mi cliente conoce en el gobierno mexicano, ni es la de mayor rango.
"Además, el dinero no es todo el asunto; también quisieron que él custodiara lanzaderas portátiles de misiles antiaéreos y otras cosas peligrosas como esas", destacó Ning Ye desde su oficina en el distrito de Flushing, en Queens.
--¿Lozano Alarcón fue el que le pidió eso u otra gente que dijo ser parte del gobierno?, se le preguntó.
"No fue Alarcón personalmente, pero sí gente que dijo ser parte de su grupo, del PAN. Pero él mismo fue quien le dijo a mi cliente que si guardaba este dinero, su casa estaría vigilada por policía uniformada", aseguró.
De acuerdo con Ning Ye, un socio de Ye Gon --cuyo nombre se negó a revelar-- le pidió a su cliente que conociera a Lozano Alarcón.
El panista se habría presentado en su oficina con otras personas --incluida una mujer-- y un tal "Luis", que acudió a todas las reuniones entre mayo y septiembre de 2006, cuando Lozano Alarcón era parte del equipo de campaña de Felipe Calderón.
Con descripciones de los encuentros, el abogado contó que Lozano Alarcón le dijo a Ye Gon que como empresario debía involucrarse activamente en la política mexicana y apoyar al PAN guardando ese dinero.
"Le dijo que o cooperaba como amigos o sería asesinado. Le aseguraron que todo era legal, que era dinero limpio que pertenecía al PAN y que él era solamente el custodio. Había incluso un carro de policía afuera", subrayó el abogado.

En esa primera reunión, a Ye Gon le entregaron unos 6 millones de dólares en una maleta, dijo. El resto aparecería en entregas posteriores.
Indicó a que desde hace varias semanas ha intentado concertar una entrevista entre su cliente y las autoridades mexicanas en Washington.
"Contacté al señor Carlos Quesnel (encargado de Asuntos Legales de la Embajada de México en Washington), con quien tuvimos frecuentes comunicaciones desde entonces. Fue él quien me dijo que, según le habían dicho sus superiores, el gobierno mexicano estaba extremadamente interesado en reunirse con nosotros y platicar", afirmó Ning Ye.
Aseguró que se establecieron varias fechas para el encuentro, pero fueron pospuestas y finalmente canceladas esta semana.
Y negó que la carta que envió a la Embajada mexicana, en la que detalla la falta de evidencias contra su cliente y reitera que es de interés para todas las partes llegar a un acuerdo "en este asunto de naturaleza política tan sensible", sea una forma de chantaje.
"El texto de la carta en ningún momento está pidiendo nada más que sentarnos a hablar amistosamente de los cargos de los que se acusa a mi cliente", dijo el abogado, quien se negó a develar el paradero de Ye Gon.
"Mi cliente sabe demasiado, y como no lo pueden callar, creemos que su vida está en peligro en México", advirtió.

El extraño caso de Zhenli Ye Gon
Miguel Ángel Granados Chapa
Ya era complicado e insólito el caso de un empresario que acumula en su casa 205 millones de dólares en billetes y huye al ser localizada esa fortuna. Ahora la situación se enreda más todavía pues el prófugo de la justicia señala que ese dinero era del Partido Acción Nacional

Ya era extrañísimo el extraño caso de Zhenli Ye Gon. Y desde el domingo se ha vuelto más que superlativamente extraño. Es una complicada trama en que al partido en el gobierno se le involucra en lavado de millonarias sumas de dinero en dólares y un secretario de Estado no mencionado por su nombre se pone el saco y sale a responder el señalamiento de que obligó a un empresario dedicado a actividades lícitas a guardar millones de dólares, el año pasado, destinado a la campaña de Felipe Calderón.
El domingo pasado la Procuraduría General de la República dio a conocer la presentación de una extraña carta del abogado en Estados Unidos del empresario prófugo, destinada "a buscar un arreglo que beneficie a su cliente". El documento insinúa, dice la PGR, que el dinero hallado en su casa en marzo pasado "había sido eventualmente destinado a la pasada campaña del Partido Acción Nacional".
Como se recuerda, porque el asunto es inolvidable, el 15 de marzo fue hallada en un domicilio de las Lomas de Chapultepec una suma inmensa en billetes cuidadosamente empacados: 205 millones de dólares y sumas menores de euros y pesos. La PGR difundió fotografías que permitieron saber que no eran 150 mil pesos los hallados sino 17 millones. Pero eso, siendo importante, era lo de menos. Lo de más es que en apariencia la enorme fortuna provenía del narcotráfico: a través de su empresa, legalmente establecida, Zhenli Ye Gon importaba precursores químicos que eran vendidos a productores de anfetaminas, una droga ilegal. El empresario no fue detenido, pero sí quienes fueron reputados como sus cómplices, incluida su esposa y cuñado, que están siendo procesados a partir del 23 de junio.
En la siguiente semana el abogado del prófugo de la justicia presentó una propuesta de negociación, supongo que dentro de la cultura jurídica norteamericana de lograr un deal entre la acusación y la defensa. La promoción disgustó a la Procuraduría mexicana que la calificó de "inescrupulosa" destinada "inútilmente a chantajear al gobierno de México con afirmaciones absurdas e inverosímiles". Carente de lógica, el relato de Zhenli Ye Gon puede parecer fantasioso. Pero eso puede decirlo cualquier persona, no la autoridad ministerial encargada de perseguir los delitos, cuando quien lo formula es un presunto delincuente. En vez de decir que atribuir el dinero al PAN "es una afirmación no sólo falsa, sino ridícula", la PGR tendría la obligación de urgir la captura del empresario, que se presume está en México, para indagar su dicho y concluir si es verdadero o falso. Pero la PGR se apresuró a desmentir expresiones no dichas. Se habló del PAN, no del gobierno de la República, por lo que carece de sentido afirmar que ese gobierno "que nada tiene que ocultar ni temer al respecto, rechazó de inmediato y de manera enérgica dicho intento de chantaje perverso".
Igual apresuramiento y error cometió el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. Una persona llamada Javier Alarcón fue citada por Zhenli Ye Gon y por lo tanto el neoneopanista -apenas la semana pasada se afilió al partido- pudo legítimamente rechazar las interpretaciones que lo involucran, ya que no es el suyo sino otro nombre el implicado. Pero emitió un comunicado de prensa como si se le involucrara y dio varias entrevistas de prensa en igual sentido. Se mostró irritadísimo ante "acusaciones... falsas, absurdas, inverosímiles, tramposas y perversas". Tanto él personalmente, como el gobierno según dijo la PGR, se reservaron "el derecho de acudir a los tribunales de México y de Estados Unidos de América para denunciar al señor Zhenli Ye Gon y a sus abogados por las aseveraciones difamatorias y calumniosas que le fueron dolosamente imputadas".
Aguzado su sentido de la oportunidad periodística ante la emisión del comunicado de la PGR, la agencia The Associated Press, AP, difundió una entrevista de televisión realizada en Nueva York el 17 de mayo con el propio Zhenli Ye Gon, y que estaba embargada en espera de concluir una investigación más amplia sobre el tema. Aunque su mal español podría prestarse a interpretaciones, es inequívoco que el empresario relata la presión ejercida sobre él por "Javier Alarcón" para obligarlo a guardar millonarias sumas de dinero.
Rogelio de la Garza -abogado en México de Zhenli Ye Gon, que lo fue también de Vicente Carrillo Fuentes y de otros presuntos narcotraficantes eminentes- apareció en la escena con versiones extrañas sobre su cliente y su abogado en Estados Unidos. Acaso porque estorba su estrategia local, asegura que la propuesta de Ning Ye a la representación mexicana en Washington fue hecha sin anuencia ni conocimiento del empresario, y que no necesariamente dice lo que aparece diciendo a AP. Asegura que Zhenli Ye Gon habría preferido hablar en inglés y no en español, que mal utiliza. Y ofreció una información relevante que debimos conocer no por su boca sino por el gobierno mexicano: los 205 millones de dólares fueron enviados al Bank of America, en Estados Unidos, siendo que están bajo el régimen de bienes asegurados y oficialmente se les trasladó a la sede principal del Banco Nacional del Ejército y la Armada. El Servicio de Administración y Enajenación de bienes (SAE) supone que están en la reserva federal norteamericana, lo que de ser cierto es un nuevo factor extraño, extrañísimo en el extraño caso del señor Zhenli Ye Gon, extrañamente prófugo siendo que una agencia periodística es capaz de hallarlo.
 
Cajón de Sastre

Terco en introducir un régimen de economía de mercado en el campo mexicano, aun en cultivos como el de la caña de azúcar que se realiza con resabios feudales, el presidente Fox sigue mostrando, siete meses después de haberse marchado, que su terquedad ha sido y es gravosa para el país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está discutiendo una acción de inconstitucionalidad emprendida por la Procuraduría General de la República en septiembre de 2005 para frenar la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Impulsada por los legisladores cañeros, esa ley iba a ser vetada por Fox, pero lo impidieron numerosas marchas de cultivadores del dulce. Ante la presión, Fox publicó la ley el 22 de agosto de aquel año, en el entendido de que serían reformados posteriormente los pasajes que le incomodaban. Como los legisladores cañeros no cumplieron su palabra, Fox pidió a la PGR iniciar esta acción de inconstitucionalidad que busca impedir la fijación del precio de la caña, pues se le supone contrario a la Constitución.

Demandan PRD y PRI indagatoria sobre las declaraciones de Ye Gon
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/04/index.php?section=politica&article=005n1pol

Exculpa abogado de Zhenli Ye Gon a Lozano y al PAN; ''el dinero, lícito''
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/04/index.php?section=politica&article=003n1pol

Contextos de un escándalo
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/04/index.php?section=opinion&article=002a1edi

Lozano Alarcón no fue el único que se relacionó con Ye Gon: Ning Ye.
http://www.radioformula.com.mx/notas/notasp.asp?ID=3667

Preguntitas a Dios
Guadalupe Loaeza

Reforma, 5 julio 07.Si el cantante y compositor argentino Atahualpa Yupanqui viviera y se hubiera enterado del misterioso caso de Zhenli Ye Gon, seguramente hubiera cambiado la letra de su maravillosa canción Preguntitas a Dios por Preguntitas a Confucio. Porque hasta el filósofo chino, Confucio, se hubiera confundido con toda esta confusión a propósito de este personaje mexicano de origen oriental que no habla español y que solía guardar más de 200 millones de dólares en billetes en la sala de su residencia en Las Lomas. Sin duda todo esto es un enredo que ni el detective Charlie Chan, de la serie del cine estadounidense de los cuarenta hubiera podido desentrañar.

Permítanme mis queridos y queridas lectoras compartir con ustedes esta lista de "preguntitas" que me han estado dando vueltas en la cabeza desde que me enteré por segunda vez del caso (la primera fue cuando encontraron la billetiza en su casa).

¿Por qué todos los diarios, conductores y analistas políticos se refieren peyorativa y racistamente al señor Zhenli Ye Gon como el "chino"? ¿Cómo es que la Interpol, a pesar de la ficha roja (como juego de Parchis), no ha podido dar con él? ¿Por qué la AP sí ha podido? ¿Dónde se encuentra en realidad el señor Zhenli Ye Gon? Si salió de México, ¿cómo es que no hay registro de su salida y de su entrada a otro país? ¿Cómo consiguió tan rápido pasaporte mexicano si apenas habla español? ¿Cómo ha manejado cantidades tan grandes de productos químicos, supuestamente controlados, sin que hubiera despertado sospechas? ¿Tuvo algo que ver la DEA (Drug Enforcement Administration) en la localización de los dólares que se encontraron en su casa? ¿Por qué cuando contaron los fajos de billetes reportaron una cifra inferior? ¿Cuántos cientos de maletas entraron a esa casa sin que nadie se diera cuenta? ¿A quiénes tratan de implicar los abogados del señor Zhenli Ye Gon, al PAN en tiempos de campaña, o al gobierno federal en funciones? ¿Por qué la Secretaría de Salud nunca registró irregularidades en las cuatro operaciones de importación de pseudoefedrina que realizó Unimed Pharm Chem de México, propiedad del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon? ¿Por qué no se tienen datos sobre sanciones, a pesar de que ingresó legalmente a México, casi 30 toneladas de este precursor químico? ¿Por qué la Secretaría de Economía no consideró necesario explicar lo que pasaba en sus registros con las importaciones realizadas, entre otras, por la empresa cuyas operaciones eran tan jugosas? ¿Por deficiencias exclusivamente informáticas, o por otras razones? ¿Qué más habrá entrado al país al mismo tiempo que la pseudoefedrina, armas, otras sustancias, papelería apócrifa, qué más? ¿Será cierto que el gobierno del PAN no tiene nada que ocultar, ni temer respecto a este "chantaje perverso"? ¿Por qué si AP (The Associated Press) tenía la entrevista desde mediados de mayo, la sacó 45 días después, sin haber entrevistado el secretario del Trabajo, Javier Lozano?

Las de arriba son las preguntas que todo el mundo se hace acerca de este caso tan enigmático. Ahora quiero expresar aquellas que me parecen todavía más enredadas.

¿Es el señor Zhenli un testigo protegido por Estados Unidos? ¿Por qué si es supuestamente "protegido" de nuestros vecinos ha estado tan expuesto a los medios? Si así fuera, ¿cuál es realmente el mensaje que está enviando el gobierno gringo al gobierno mexicano? ¿Por qué el diputado Larios consideró que no se puede dar credibilidad a "un malandrín" que ha sido acusado de ser narcotraficante si todavía no le han probado nada al susodicho "malandrín"? ¿No habrá querido decir más bien "mandarín" en lugar de "malandrín"? ¿Por qué Televisa le ha dado tanto espacio a un asunto que perjudica negativamente al PAN? ¿Será está actitud una respuesta a la frustrada Ley Televisa? ¿Por qué querría el abogado estadounidense "chantajear al gobierno de México con afirmaciones absurdas e inverosímiles, como dijera la Procuraduría mexicana?

Y en otro orden de ideas, siempre alrededor de este embrollo tan complejo: ¿Por qué se ve tan pulcro y tan bien aliñado el señor Zhenli, en estos momentos donde debería lucir más bien cansado, ojeroso y hasta deprimido? ¿Qué quiere decir el implicado con la palabra "cuello", que lo van a matar, a secuestrar, o a encerrar? ¿Qué pensará el gobierno chino de todo esto? ¿Qué tanto sabrá Tomoyi Mars Yu, esposa de Zhenli, de todos los negocios de su marido? ¿En qué pensará en su celda? ¿No le dará coraje estar encerrada mientras su marido se pasea quién sabe por qué ciudad? ¿Querrá divorciarse lo más pronto que pueda? ¿Cuánto le pedirá de pensión sabiendo todo el dinero que tiene? ¿Qué opinará el cuñado del señor Zhenli Ye, quien también se encuentra preso? ¿Perderá a su cliente el abogado mexicano Rogelio de la Garza, (abogado también de Vicente Carrillo Fuentes y otros presuntos narcotraficantes) por haberlo desmentido en sus dichos y por su total despiste? ¿Cuántos blocks de fichas de depósito se requirieron para depositar en el Bank of America más de 200 millones de dólares? ¿Por qué no depositaron el dinero en un banco mexicano? ¿Por falta de confianza? Si así fuera, ¿por qué mejor no lo dejaron en el Banco Nacional del Ejército? ¿Por falta de confianza? Y por último nos preguntamos, si las autoridades mexicanas no llegan a probar que efectivamente el señor Zhenli Ye acumuló toda esa fortuna de manera malhabida, ¿se le regresarán sus 205 millones de dólares como sucedió hace seis años con el caso de Rigoberto Gaxiola, de Hermosillo, Sonora, a quien le regresaron 190 millones de dólares que le habían sido decomisados porque nadie en el gobierno mexicano le pudo probar que eran malhabidos?

No, me temo que ni Dios Padre podría responder a este listado de preguntas tan misteriosas. Es más, ni el Espíritu Santo... nadie podría contestarlas. Para mí que el señor Zhenli Ye se hizo bolas entre su abogado gringo y el mexicano. Ya se hizo bolas entre el partido y el gobierno del PAN. Y ya se hizo bolas entre tantos supuestos "arreglos" a los que quiere llegar con el gobierno de Felipe Calderón para que las cosas se compongan y vuelvan a estar como antes...

Elude responder 13 de 14 preguntas sobre el tema
Germán Martínez afirma que se investigará a funcionarios
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/05/index.php?section=politica&article=008n2pol
SAE: los fondos están depositados en el Bank of America y generan intereses
Hacienda dice que tiene pleno control sobre el dinero incautado a Ye Gon
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/05/index.php?section=politica&article=009n1pol

La pesadilla
jorge carrasco araizaga
http://www.proceso.com.mx/analisis_int.html?an=52210

“Los niños: La luz de nuestras vidas”
leonardo boix
http://www.proceso.com.mx/prisma.html?sec=3&nta=52007

Se busca lavar los 205 millones de dólares
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/10/index.php?section=politica&article=003n2pol

Razones
Por: Jorge Fernández Menéndez
Ye Gon: preguntas sin respuesta

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/27_3605.htm

¿De quién es el chantaje?
Por: Jesús Ortega Martínez
http://www.nuevoexcelsior.com.mx/27_1859.htm

Corrupción: Pena de muerte!

Mientras China se ve envuelta en un escándalo internacional por la proliferación de peligrosos medicamentos y alimentos falsificados, el régimen comunista intenta tomar drásticas medidas para atajar estos casos que están minando su imagen en todo el mundo.
En lo que se considera una sentencia ejemplar, el anterior máximo responsable de la seguridad alimentaria y farmacéutica del país, Zheng Xiaoyu, fue condenado ayer a muerte por corrupción. El ex director de la Administración para los Alimentos y las Medicinas fue acusado de haber aceptado cerca de 616.000 euros en sobornos para dar su visto bueno a unos medicamentos que no cumplían las normas básicas de seguridad.

“Zheng no llevó a cabo las medidas adecuadas para supervisar la producción de medicinas, lo que es sumamente importante para la vida de las personas”, reza en el fallo judicial del Tribunal Popular Intermedio número 1 de Pekín, según informó la agencia estatal de noticias Xinhua. La resolución también explica que, con la connivencia de Zheng Xiaoyu, “seis tipos de medicamentos aprobados eran falsos y las compañías farmacéuticas obtuvieron autorización usando documentos fraudulentos”. Entre ellos, destaca un antiobiótico que mató, al menos, a diez personas en el sur de China el año pasado, pero también podrían figurar los productos que recientemente han provocado sendas crisis alimentarias y sanitarias tanto en Panamá como en EE. UU.
En el país centroamericano, 365 personas han fallecido desde octubre (51 reconocidas oficialmente) tras tomar un jarabe para el resfriado elaborado con un producto procedente de China que no resultó ser glicerina, su componente habitual, sino dietileno glicol. Dicho disolvente industrial, prohibido para el consumo humano, es utilizado de manera fraudulenta para reemplazar a la glicerina por parte de empresas farmacéuticas sin licencia que aumentan así sus beneficios por su bajo precio. Según un reportaje de investigación del diario The New York Times, dicho veneno procedía de compañías chinas y había pasado por varios exportadores, entre ellos uno de Barcelona, que lo habían trasladado a Panamá sin realizar los pertinentes controles sanitarios.
Comida para animales
En Estados Unidos han muerto también miles de mascotas, sobre todo perros y gatos, tras ingerir comida para animales que había sido elaborada con sustancias que provenían del coloso oriental. Al parecer, desaprensivas empresas fraudulentas habrían cambiado el gluten de trigo empleado en dichos alimentos por un componente industrial usado en la producción de fertilizantes y plásticos. Por ese motivo, la sentencia contra Zheng Xiaoyu no ha dudado en justificar la condena a muerte al recordar que “la gran cantidad de sobornos aceptados ha provocado un gran daño al país y al público”.
Mientras el funcionario caído en desgracia, un técnico farmacéutico de 62 años, decide si apela ante otros tribunales superiores, Pekín continúa con su campaña para frenar la falsificación de medicamentos y alimentos.
Durante las dos próximas semanas, noventa inspectores serán enviados a quince provincias para investigar a las industrias implicadas.
Según un estudio de la revista Outlook Weekly , un tercio de los 450.000 fabricantes chinos de comida preparada carece de licencia y el 60% de esas compañías no realiza controles de sanidad.

Zheng Xiaoyu ha sido condenado en China a la pena de muerte, se le acusa de aceptar sobornos para que otorgara licencias para las benditas pastas dentales fabricadas con un químico buenisimo para líquidos de frenos y usarlo como coolant, era el ministro de salud. China de una manera
hipócrita o no, le pide perdon al mundo, reconoce su error y mandará a la
guillotina o a una camara llena de puercos cimarrones a un funcionario que
pensó que eso no era nada.

Paises como el nuestro, de manera hipócrita o no, deberian tomar el
ejemplo. Yo propongo que al secretario de Salud Pública que dijo que en el
país no habia epidemia de dengue, mientras mil niños habian muerto,
deberian condenarlo a trabajos comunitarios; Todos los días saldrá a matar
mosquitos con las manos tal como él lo sugirió, hasta que en el país no
esten todos los mosquitos muertos, no quedará libre. También podemos
proponer al Militar que deja pasar de contrabando cientos de mercancias
por la frontera, incluyendo Jeepetas y algunas sustancias con la capacidad
de hacernos ver estrellitas y duendes.

Otro caso puede ser para los que desfalcan instituciones como el Seguro
Social y luego van a los restaurantes de moda a gastar papeletas pidiendo
platos que le causan diarrea y bebidas dificil de pronunciar. A estos se
le condenará al pago de las cuentas de todos las personas presentes en los
lugares que ellos visiten, si se quedan en casa, les pagaran las facturas
eléctricas de los que se queden en casa, una manera de retribuir a
aquellos que con sus bolsillos engordaron las cuentas de tan simpático
funcionario.

Escribiendo esto se me ha ocurrido que a todos los Funcionarios que usen
su puesto para afectar o incidir en el desarrollo de los pueblos,
favoreciendo con permisos a unos, desgraciando esperanzas a otros,
invitarlos a la plaza de la Bandera y cepillarles los dientes con la
bendita pasta esa del diablo, a ver si se le pudre la maldita creencia de
que si se llega a un puesto público es a hacerse rico a costilla de sus
funciones. Para nosotros los que trabajamos dia a dia, para los
empresarios que tienen sus cojones puestos en el pais, que creen en el
desarrollo, a aquellos que dia a dia se montan en una guagua y cruzan la
ciudad para ir a ganarse el sueldo minimo, a ellos, a todos, nos daria
mucha satisfacción.

Comentarios:

No solo eso, deberian de cortarle con una tijera oxidada algunas
cosas, orejas, nariz, no se, un poco mas drasticos, como las culturas que
si roban le cortaban las manos, creo que los arabes verdad? corrijanme.
 
Uno cree en un país como este, pero a veces dan ganas de simplemente no
invertir aquí, con cosas como un deficiente manejo de la salud o con
personas como el Presidente, haciendo alocuciones que distan mucho de ser
prioridad nacional.

 Yo diria que arranquen el ripio, primero exitarlo con una jeva y después darle lija con una pulidora no sin antes rocearle un poco de fogarate.

Fusilamiento publico en la feria, frente a las oficinas del gobierno, en
particular el senado. mejor que cepillen a un caballo de los que andan vendiendo platano en la calle y hacerle beber el agua del enjuague de esa cepillada... y no es
necesariamente los dientes que le van a cepillar!!

China ejecutará a un alto cargo por aprobar medicamentos que han causado decenas de muertos
Zheng Xiaoyu aceptó más de 600.000 euros en sobornos por dar su visto bueno a las compañías farmacéuticas.

China ejecuta a Zheng Xiaoyu por corrupción
Zheng Xiaoyu aprobó un medicamento que ha causado la muerte de al menos 10 personas. China ha querido hoy dar una imagen ejemplarizante contra la corrupción de sus funcionarios. Ha sido ejecutado Zheng Xiaoyu, el ex jefe de la Agencia del Medicamento, un cargo que es equiparable al de un ministro.
Un tribunal le condenó hace un mes por aceptar sobornos y por aprobar un medicamento que ha causado la muerte de al menos 10 personas.

Caso Zhenli Ye Gon: un tropiezo tras otro
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/14/index.php?section=opinion&article=002a1edi&portal_status_message=Correo%20enviado.

Razones de una sentencia

Salvador O. Nava Gomar
Reforma, 14 Jul. 07
El pasado 6 de julio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió diversos juicios relacionados con el registro de candidatos para ser electos en los comicios a celebrarse en Baja California. Algunas de las consideraciones expresadas por el tribunal en la sentencia emitida en el juicio promovido por Jorge Hank Rhon han sido destacadas por la prensa nacional. Por ello, y para efecto de contribuir a una mayor deliberación pública y razonada del asunto, a continuación expongo algunos aspectos relevantes considerados tanto por el pleno de la Sala Superior como por el autor de estas líneas, en su voto concurrente a dicha sentencia.

En los asuntos relacionados con la elección de gobernador, la cuestión principal era dilucidar el alcance de las restricciones al derecho a ser votado previstas en la legislación local, que en la prensa y en el argot político se han denominado, en conjunto, como "ley antichapulín" y que suponen que un ciudadano que desempeña un cargo de elección popular no podrá ser electo para otro cargo de igual naturaleza, aunque se separe del mismo meses antes de la elección.

Para ello, era preciso determinar si la interpretación gramatical del artículo 42, párrafo tercero, de la Constitución estatal hecha por el tribunal electoral local (que había revocado el registro de los candidatos postulados por dos coaliciones), era acorde o no con el conjunto del ordenamiento jurídico vigente. Dicha disposición señala, en lo sustancial, que no podrán ser electos gobernador, entre otros, los diputados federales y los presidentes municipales, durante el periodo para el que fueron electos, aun cuando se separen de sus cargos; mientras que el artículo 41, fracción VI, del mismo ordenamiento, dispone al respecto que podrán ser electos quienes ocupen un cargo de elección popular siempre que se separen, en forma provisional, 90 días antes de los comicios.

La Sala Superior concluyó que, en conformidad con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 41, por ser la disposición que permite la maximización del derecho a ser votado, de acuerdo con los tratados que, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, forman parte de la ley suprema de la unión y, según lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen una jerarquía superior a las leyes federales y locales, por debajo de la Constitución general y, en consecuencia, tienen validez en todo el territorio nacional.

Tal control de legalidad, que permite armonizar el conjunto del ordenamiento jurídico, constituye un paso significativo y previsible si se atiende a la evolución jurisprudencial que ha desarrollado la propia Sala Superior y constituye la reiteración de un principio fundamental en todo Estado constitucional y democrático, según el cual las restricciones a los derechos fundamentales de carácter político-electoral deben interpretarse limitativamente (por lo que no resultaba aplicable al caso lo previsto en el artículo 55 de la Constitución federal) y no deben ser irracionales, injustificadas, desproporcionadas o que se traduzcan en la privación de su contenido esencial.

En su oportunidad, formulé un voto concurrente a la sentencia comentada, con el objeto de dejar constancia de mis consideraciones respecto de la importancia no sólo de realizar una interpretación de la ley conforme con los tratados sino también de garantizar la coherencia plena del ordenamiento jurídico y la no redundancia de sus disposiciones. Además, destaqué el hecho de que los jueces, en virtud del principio de certeza y seguridad jurídica, están obligados a razonar y justificar el cambio de criterio en sus sentencias, siendo que, en el caso, el tribunal electoral local había sostenido sin justificación alguna dos criterios diversos respecto del citado artículo 42. Ello, estimo, es contrario al principio de previsibilidad y coherencia en la administración de justicia, así como del deber de fundamentación y motivación consagrado en el artículo 16 constitucional, que obliga a los juzgadores a justificar plenamente el sentido de sus resoluciones, así como a asumir la carga de la argumentación cuando decidan cambiar un criterio en casos sustancialmente iguales.

Ello contribuye a la formación de un sistema judicial coherente, previsible y confiable, en donde las sentencias adquieren un sentido pedagógico que orienta la conducta de los particulares en una forma de didáctica constitucional que se construye a partir de la deliberación colectiva y abierta de todo aquello que, como la justicia, es de interés general.

El autor es magistrado de la Sala Superior del TEPJF.


Pide defensa intervención del Departamento de Justicia de EU
http://www.milenio.com/index.php/2007/07/18/94940/

Los 205 mdd de Zhenli ya son del gobierno: PGR
http://www.eluniversal.com.mx/notas/437858.html

Ni nombres ni fotos ni videos
http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=530455

Agenda del debate
José Carreño Carlón
http://www.eluniversal.com.mx/columnas/66286.html

Cavallo será juzgado en España por terrorismo y genocidio
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/19/index.php?section=mundo&article=026n1mun

A lo que olía aquello
Carmen Aristegui F.

Reforma, 20 julio 07. Cuando uno de los abogados de Zhenli Ye Gon narraba esta semana su versión sobre cómo se fueron acumulando en la casa de Las Lomas los billetes de los 205 millones de dólares que han sido incautados y apropiados por el gobierno mexicano, soltó que aquello olía a pescado podrido. Era la primera alusión directa que se hacía a la experiencia física vivida -presumiblemente por meses- por los habitantes de aquella mansión. Apenas una pincelada para imaginar la coexistencia de la gente con aquella monstruosidad. Ni idea si habrá sido verdad, pero la frase se aprecia por lo sugerente. De hecho la historia entera se la merece. El miércoles se realizó la conferencia de prensa en Washington, con los abogados Martin McMahon y Ning Ye, representantes legales de Ye Gon, el mexicano prófugo acusado de narcotráfico. Él mismo participó por casi una de las tres horas que duró este encuentro, según dijo desde un teléfono público en algún lugar de Estados Unidos. La expectativa generada hizo pensar que podían mostrarse videos, fotos o evidencias contundentes para sostener sus acusaciones. No hubo nada de eso, ya se sabe. Aunque, a estas alturas, tendríamos que reconocer que era una gran ingenuidad suponer que -en la peor circunstancia de Ye Gon- iba a mostrar, en caso de tenerlas, tales evidencias. Serían, por supuesto, la carta más poderosa de una negociación a la que ha apostado todo el tiempo. Por lo pronto, lo que queda es la extraordinaria confusión provocada por la barrera de los idiomas, las inverosímiles situaciones descritas y las audaces, erráticas y deliberadamente contradictorias prácticas de sus abogados en México y Estados Unidos que incluyen difundir, luego negar la autoría y después simplemente dejar la duda sobre el origen y veracidad de la famosa carta de 17 cuartillas que difundió El Universal esta semana o bien presentar una cara esquizofrénica de su cuerpo de defensa. Los planteamientos de sus abogados en Estados Unidos son diametralmente distintos a lo que hace su representación legal en México. Es claro que la estrategia radica en navegar por las procelosas aguas de la confusión. La prensa publicó titulares demoledores: "Sin pruebas, se desinfla el globo del chinogate" (La Jornada); "Ni nombres ni fotos ni videos" (Milenio); "Sin pruebas, Zhenli acusa de fraude al gobierno" (Crónica) o "Petardo, la bomba que anunció Zhenli Ye Gon" (Ovaciones). Reforma optó por no darle su principal y consignar: "Hacen en Washington show de enredo chino". En las coberturas se destacó mucho más la declaración de McMahon diciendo que no es ningún mago y que él no podría sacar de un sombrero tales evidencias. Que las tiene la PGR. Contrasta la poca difusión sobre el dicho de Ning Ye, quien dijo ahí mismo que su cliente está amenazado de muerte; que tiene 38 DVD's en 35 lugares confidenciales; que ya está preparado y que hizo su testamento. Que si lo matan ya les dijo a sus abogados que en 24 horas darán a conocer todo. Tampoco se le dio importancia al momento en que Ning Ye presentó "la prueba más dramática y emocionante" en donde, de forma más bien confusa, relató un hecho que habría ocurrido en Las Vegas, tres días después del pasado 2 de julio, día en que se difundió la entrevista de Ye Gon con la agencia AP. Dijo que cuatro agentes presuntamente antinarcóticos atentaron contra alguien de nombre John pero, al parecer, no iban contra él "sino que iban por nuestro cliente". Alegaron nuevamente que se había engañado a todo el mundo con la historia de la efedrina y acusaron a la PGR de fabricar y destruir evidencia para hacerlo pasar como narcotraficante. "Ese dinero no es de la droga. Son fondos ocultos para financiamiento de campañas", insistieron. Ye Gon deja -con una credibilidad maltrecha- la información de que un amigo suyo tiene videos y fotos, que hay más personas relacionadas con los 205 millones de dólares y que tiene vínculos con políticos que no es momento de revelar, ahora que está acusado de narcotraficante. Veremos. Los datos duros hablan de la incautación de dinero más grande de la historia y del decomiso de 19 toneladas de efedrina, que Ye Gon alega que no era tal, sino una sustancia intermedia ahora permitida por la ley y cuya prueba forense habría sido alterada para hacerla pasar como prohibida, y convertir a Zhenli en narcotraficante. Prueba de ello es que provenía de Long Beach. No deja de llamar la atención el silencio mostrado por Estados Unidos hasta el momento sobre este caso. Lo más que se ha visto fue una extraña incursión de un fiscal antinarcóticos a las instalaciones de CNN en Atlanta para preguntar si estaba ahí el famoso Zhenli. Por lo pronto, me quedo con un punto que surge con fuerza planteado por el especialista Samuel González: ¿quiénes permitieron durante los últimos cuatro años el ingreso legal a México de volúmenes de efedrina que excedían notablemente las necesidades reales de la industria farmacéutica, a pesar de que existían numerosos llamados de atención de organismos internacionales por este fenómeno? ¿Quién permitió la llegada legal de esta sustancia que no sólo se convertía en antigripales sino en cantidades enormes de metanfetaminas? La Secretaría de la Función Pública promete investigar. Veremos qué resulta y hasta dónde llegan.

Ye Gon, verdad y justicia
Manuel Camacho Solís
23 de julio de 2007
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/38157.html

No hay ''ninguna posibilidad'' de que EU reclame el dinero decomisado a Ye Gon. PGR, Ssa y Poder Judicial ''ya tienen'' los 205 millones
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/27/index.php?section=politica&article=003n1pol
Fidel Castro Ruz
La repugnante compraventa de atletas
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/29/index.php?section=opinion&article=021a1pol

El caso 'Hazleton'
Jorge A. Bustamante
Reforma, 31 julio 2007. Para variar, esta vez comentaré sobre una buena noticia. Algo que ocurre muy de vez en cuando en favor de los paisanos indocumentados. Lo que voy a comentar no cambia de inmediato nada de las condiciones que les hacen pasarla mal allá. Pero sí algo que las cambiará a mediano plazo y quizá a largo plazo. Se trata de una decisión del juez James M. Munley, del distrito central de Pennsylvania, que declaró ilegales, el jueves de la semana pasada, las ordenanzas de la ciudad de Hazleton de ese estado, que el alcalde, Louis J. Barletta, había promovido y puesto en vigor para castigar a los indocumentados que trataran de vivir y trabajar en esa ciudad y a los patrones y caseros que les dieran trabajo y les rentaran un espacio para vivir. Este alcalde Barletta ganó notoriedad nacional luego de aprobar ordenanzas con las que presumió que su ciudad se convertiría en "el peor lugar para vivir o trabajar para los inmigrantes indocumentados de todo Estados Unidos".
La decisión del juez Munley tendrá consecuencias en muchas de esas partes de Estados Unidos donde los políticos locales del Partido Republicano estaban esperando esta decisión sobre el caso Hazleton para imitar las propuestas antiinmigrantes que le dieron lugar. Los gobiernos de más de 100 ciudades de Estados Unidos habían ya emitido ordenanzas semejantes a las que el juez Munley ha declarado ilegales. Gracias a la demanda que interpuso la American Civil Liberties Union (ACLU) en contra de las ordenanzas de Hazleton, triunfó su alegato principal que fue tomado para fundamentar su decisión por el juez Munley, que fue que la materia de inmigración es de competencia federal, exclusivamente. La Constitución de Estados Unidos así lo establece. Los gobiernos estatales y locales están expresamente excluidos de producir normatividades en materia de inmigración. Esto era sabido por el alcalde Barletta y por el resto de los políticos que promovieron medidas semejantes, con el principal objetivo de ganar notoriedad ante el electorado antiinmigrante, aunque luego un juez declarara nulas o ilegales sus propuestas. Es decir, su objetivo era aparecer como campeones de la antiinmigración, aunque fuera por un corto tiempo, que supusieron sería suficiente para proyectarlos como tales. Lo que ahora queda en evidencia con la sentencia del juez Munley es que los proponentes de esas medidas trataban de aprovechar en su favor la ola antiinmigrante que abarca a gran parte del país. Para un político joven del Partido Republicano resultaba muy atractivo emular el éxito político de Pete Wilson quien, para reelegirse en 1994, se dirigió al electorado más prejuiciado y racista buscando su voto al apoyar a la infamante Propuesta 187, a sabiendas de la existencia muy generalizada en California de prejuicios antimexicanos. Algo análogo ha sido el supuesto de que la ola antiinmigrante de la actualidad incluye a toda la población de Estados Unidos. Por cierto, bajo este supuesto fue derrotada en el Senado estadounidense la opción de legalizar a una parte de los indocumentados que ya estuvieran dentro del país y de hacer "trabajadores huéspedes" a los que entraran en el futuro. Nada les importaron a los antiinmigrantes, como el alcalde Barletta, las manifestaciones de protesta de más de 2 millones de marchistas en la primavera de 2006. Simplemente las ignoraron. Cuando yo escribí sobre el caso Hazleton como emblemático de un nuevo patrón antiinmigrante en crecimiento en Estados Unidos, un lector simpatizante del alcalde Barletta me comentó que, dado el clima antiinmigrante que dominaba en Estados Unidos, "era seguro" que el juez bajo el cual se litigaban las ordenanzas antiinmigrantes de esa ciudad decidiría apoyarlas. Pues bien, la noticia de la semana pasada fue que no fue así. Prevaleció lo establecido por la Constitución que allá se conoce como "cláusula de exclusión". Quizá esta decisión se convierta en un parteaguas a partir del cual cambie la ceguera antiinmigrante, por un reconocimiento de los beneficios que de verdad les acarrea la presencia de los indocumentados.

La consecuencia de esta decisión será que quede establecido, para efectos legales, lo que en el sistema judicial estadounidense se entiende por "precedente", que fijará la suerte de las decisiones judiciales de las ordenanzas de otros gobiernos locales que se hubieran emitido en el mismo sentido de las de Hazleton. Ya anunció el alcalde Barletta que apelará esta decisión; pero está tan bien fundada que es muy poco probable que sea modificada por un tribunal de apelación. En este sentido fue comentada la decisión del juez Munley por un editorial del diario New York Times del pasado 28 de julio, bajo el encabezado "Humanity vs. Hazleton".


Sospechan que el empresario preso tiene otros 200 millones de dólares
http://www.jornada.unam.mx/2007/08/03/index.php?section=politica&article=010n2pol

Rechaza juez liberar bajo fianza a Ye Gon
http://www.eluniversal.com.mx/notas/440752.html

Lo 'confiesan' más de 9 horas
El prelado mexicano negó estar relacionado con el caso de pederastia presuntamente cometido por el sacerdote Nicolás Aguilar
 
Reforma, 09 de agosto de 2007. El Cardenal Norberto Rivera Carrera fue sometido ayer durante nueve horas a un interrogatorio voluntario que le hicieron representantes de la Corte Superior de Los Ángeles y que permitirá determinar a un juez estadounidense si existe o no jurisdicción de esa instancia judicial para procesarlo en aquel País.

En sus respuestas, el prelado mexicano aseguró que no tiene ningún vínculo con algún caso de pederastia presuntamente cometido por el sacerdote, también de origen mexicano, Nicolás Aguilar.

Rivera Carrera respondió así a los cuestionamientos que elaboraron previamente David Drivon y Robert Waters, representantes de su acusador, Joaquín Aguilar.

El Arzobispado Mexicano confirmó que los representantes legales del prelado, Steven Selsberg y Bernardo Fernández, argumentaron que no existen motivos para que esa instancia estadounidense juzgue a un ciudadano mexicano por un delito que se cometió en México.

La Corte Superior de Los Ángeles, responsable del interrogatorio, sólo autorizó la presencia de dos representantes de ambas partes, un camarógrafo, un traductor y una representante de la instancia judicial, que por seguridad, pidió a los involucrados no revelar su nombre.

El vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, descartó que el Cardenal Rivera contemple algún tipo de negociación económica con la presunta víctima.

En entrevista sostuvo que Rivera Carrera es inocente y que por ello, estuvo "muy sereno y tranquilo" durante el tiempo que duró la sesión.

Los cuestionamientos al Cardenal se realizaron dentro de la Curia Metropolitana, en Durango 90, de la Colonia Roma, lugar al que Rivera Carrera arribó a las 8:30 horas en una camioneta con vidrios polarizados.

''Bienvenido, Dios te bendiga'', dijo a Joaquín Aguilar, su acusador
Insólito interrogatorio judicial a Rivera Carrera
http://www.jornada.unam.mx/2007/08/09/index.php?section=politica&article=003n1pol

Fidel Castro Ruz
La constancia escrita
http://www.jornada.unam.mx/2007/08/09/index.php?section=opinion&article=031a1mun
Reflexión sobre duras y evidentes realidades
http://www.jornada.unam.mx/2007/08/09/index.php?section=opinion&article=031a2mun

Aprueba juez de EU extraditar a Francia al ex general Manuel Antonio Noriega
http://www.jornada.unam.mx/2007/08/29/index.php?section=mundo&article=032n1mun

Noriega pierde batalla contra su extradición a Francia
http://www.jornada.unam.mx/2007/09/08/index.php?section=mundo&article=022n1mun

También se recibirán solicitudes de todo Estados Unidos
Celebran las primeras bodas legales de gays en California
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=sociedad&article=050n1soc

Prosigue el litigio de ese país contra firma estadunidense por la propiedad de un pecio
Dicta juez resolución favorable a España en el caso Odyssey
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=cultura&article=a04n1cul

Florence Cassez fue sentenciada a 96 años de cárcel
Suprema Corte de Justicia de la Nación

Los padres de Florence, Charlotte (izquierda) y Bernard Cassez
aseguran que su hija es inocente. Foto: EFE
Buscan que Corte revise caso de francesa acusada de secuestro
Franck Berton, abogado de Florence, recluida por secuestro, llevará el
caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en busca de la
liberación de su cliente
CIUDAD DE MÉXICO.- Han transcurrido 30 meses desde que la francesa
Florence Cassez fue detenida en México en el rancho "Las Chinitas".
Franck Berton, abogado de Florence, recluida por secuestro, llevará el
caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en busca de la
liberación de su cliente.
El abogado, que cuenta con el respaldo del presidente francés Nicolás
Sarkozy, reveló que el próximo 11 de junio habrá una audiencia de
apelación y pese al desmarque de la embajada de Francia en México, el
defensor atajó: el presidente Sarkozy está brindando "todo su apoyo en
el caso de Florence Cassez". Dijo que cuando regrese a Francia le
informará del asunto.
Es el mediodía del sábado. Por teléfono, la voz de Florence Cassez,
sentenciada a 96 años de cárcel, se escucha fuerte, animosa, ansiosa
por ser escuchada. Se dice una y otra vez inocente. No abunda más.
Luego, la ciudadana francesa, en una breve plática, solicita una
entrevista con su abogado.
Habla desde el penal femenil de Tepepan. "Hola, soy Florence Cassez,
me pide mi abogado que traduzca para solicitarle que lo vea por la
tarde, que le interesa hablar con su diario (El Universal); queremos
hablar del proceso pero no de especulaciones", señala.
Los padres
Se habló también con los padres de la ciudadana francesa. Charlotte es
una mujer menudita, demacrada, de ojos claros y cabello corto. No usa
ropa cara y prefiere el transporte público. Camina nerviosa de un lado
a otro del hotel Suites San Marino. Voltea para todas partes y luego
se lleva la mano al rostro.
Acepta: Florence enfrentará aquí a la justicia mexicana y no se irá a
Francia para purgar su condena. Ella es inocente.
Bernard Cassez es un hombre extrovertido, que se ve seguro de sí…
Tiene el cabello blanco. Usa el suéter amarrado a la cintura, pantalón
de mezclilla y tenis blancos. No habla español y no se esfuerza por
comunicarse con un reportero español y otro mexicano. "Mi hija es
inocente", concluye.
Estos ancianos enfrentan en soledad a la justicia mexicana desde hace
más de dos años. El 7 de mayo pasado lograron reunirse durante 45
minutos con el presidente Nicolás Sarkozy y le arrancaron su "apoyo
moral" y el compromiso de seguir de cerca el asunto.
La embajada de Francia en México recalcó la víspera que no intervendrá
en este asunto y que el apoyo que brindó el presidente Sarkozy es
"estrictamente moral". Asentaron que su Gobierno no intervendrá y que
dejará el asunto en manos de la justicia mexicana.
Pero Berton insiste en que tiene "todo el respaldo del presidente"
Sarkozy. Dice que espera una solución judicial al caso, que éste no se
transforme en un "conflicto político" ni que conlleve un "problema
diplomático" entre México y Francia.
Mientras, la familia Cassez se sienta en una mesa del lujoso hotel,
que da a la calle Río Tíber, cerca de la embajada estadounidense;
beben agua embotellada y la angustia se ha vuelto parte de su rostro.
La plática con unos amigos se centra en su salida de México el próximo
miércoles.
Berton
La noche del sábado, Frank Berton habló para medios de comunicación
que despachan desde México. Un traductor enlaza la charla e inicia con
fuerza: "Se ha cometido un error judicial sobre Florence. Trabajaremos
en una apelación".
Berton es uno de los abogados más famosos de Francia. Asistió el 7 de
mayo al Palacio de Elíseo para exponer al presidente Sarkozy el caso.
Recibió el apoyo y respaldo moral del mandatario. Ese día el
presidente francés se comprometió a dar seguimiento al asunto.
Según la madre de Florence, el abogado —que salió ayer por la tarde de
México— se reunió con personal de la embajada francesa. Berton aclaró
que si la apelación ante un juez federal no prospera, impulsará un
recurso, con apoyo de abogados mexicanos —entre ellos Horacio García—,
ante la Suprema Corte de Justicia.
Confía en que la apelación procederá y su cliente será declarada
inocente. Insistió en que el proceso está lleno de irregularidades y
falsedades que se han llevado al expediente.
TELÓN DE FONDO
El apoyo "moral" de Sarkozy
La mirada y el compromiso del presidente francés Nicolas Sarkozy se
han colocado sobre un caso rodeado de asesinatos, sospechas, supuestos
intereses políticos y económicos, violaciones a los derechos humanos y
venganzas. El escenario: México; la protagonista: Florence Cassez.
El abogado Franck Berton, avalado por el presidente de Francia, está
en México para buscar la liberación de Florence Cassez, sentenciada a
96 años de prisión por su participación en varios secuestros
perpetrados por la banda de Los Zodiaco.
Cassez, una bella ejecutiva, de andar exquisito, cabello rubio y
sonrisa de cielo... está presa en la Ciudad de México. Hace un mes fue
condenada a 96 años de cárcel por su supuesta participación en varios
plagios consumados por una banda liderada por el mexicano Israel
Vallarta, la de Los Zodiaco.
El 7 de mayo Charlotte y Bernard Cassez, padres de Florence, fueron al
Palacio del Elíseo. Se reunieron durante 40 minutos con el presidente
Sarkozy. El mandatario había terminado una junta con su equipo y
estaba por recibir a los diputados del oficialista UMP, su partido.
El diputado Thierry Lazaro, cercano a Sarkozy, cuajó esa reunión en la
que —según reportes de prensa— Sarkozy se comprometió a seguir de
cerca el caso. El abogado de la familia Cassez, Franck Berton, famoso
en Francia por evidenciar irregularidades en procesos judiciales,
llevará el caso en México.
La decisión de Sarkozy para apoyar "moralmente" a la familia de
Florence se da luego de sus posiciones esgrimidas en torno a la
liberación de la colombiana Ingrid Betancourt y a casi un mes de que
asuma la presidencia de la Unión Europea el 1 de julio.
La historia de Florence inició el 28 de agosto de 2003 cuando llegó a
la Ciudad de México. Tenía 28 años y venía de Béthune, Pas-de-Calais,
una región enclavada en el Norte de Francia. Declaró que era turista,
pero poco después pasó al carácter de no inmigrante con actividades
lucrativas.
Comenzó a trabajar en la empresa Marketing and Technologys Imported y
luego en Servi Bosque. Para 2005 trabajaba para el hotelero Grupo
Posadas. Vivía en el departamento 601 de Kelvin 8, en la colonia
Anzures. En el hotel Grand Chapultepec, Florence era quien recibía y
despedía a empresarios, deportistas, artistas y políticos que se
alojaban en el área VIP.
El 9 de diciembre la PGR anunció que había desmantelado a la banda de
Los Zodiaco

Un juez de ese país ordena entregar los fondos al gobierno mexicano y a Carlos Peralta. Imposible, que Raúl Salinas reciba un peso del dinero que Suiza le congeló, según PGR
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=politica&article=024n1pol
Suiza devolverá 150 millones de dólares del caso Salinas
El país helvético entrega a México dinero de Salinas; no determinan origen. Autoridades suizas señalan que los recursos no provienen del narco. La próxima semana se depositarán a la Tesorería de la Federación
http://www.eluniversal.com.mx/primera/31177.html

Acusa México a EU de ignorar a la CIJ
La Corte Internacional de Justicia ordenó revisar los procesos de 51 mexicanos condenados a muerte pues, dijo, no recibieron atención consular
La Haya,  Holanda (19 de junio de 2008).-   México acusó a Estados Unidos el jueves de no cumplir con sus obligaciones internacionales y de ignorar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya de revisar las sentencias de muerte de 51 mexicanos.
"Nos enfrentamos a actos que ponen de manifiesto que Estados Unidos no cumple con sus obligaciones internacionales", dijo ante el tribunal con sede en La Haya Juan Manuel Gómez-Robledo, subsecretario de asuntos multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En marzo de 2004, la más alta instancia de justicia de la ONU ordenó que se revisaran los procesos de 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos con el argumento de que no fueron informados a tiempo y en su debida forma de su derecho a tener asistencia consular.
Según señaló el jueves la parte mexicana, cinco de los sentenciados están en "inminente peligro" de ser ejecutados en el estado estadounidense de Texas si no se lleva a cabo la revisión pedida por el CIJ.
Uno de los condenados mexicanos, José Medellin, de 33 años y condenado por haber violado y matado presuntamente a dos adolescentes en Texas en 1993, tiene ya fecha de ejecución para el 5 de agosto.
Gómez-Robledo dijo a los 12 jueces de la CIJ que México intentó varias veces obligar a su potente vecino del norte a acatar la sentencia de la Corte de La Haya.
El subsecretario mexicano precisó que, contrariamente a lo que sostiene el Gobierno estadounidense, ese país puede poner en marcha una serie de medidas para satisfacer la sentencia de la CIJ.
"Cinco mexicanos pueden ser ejecutados sin que sus sentencias y casos hayan sido revisados, como es su derecho", recordó.
México ha solicitado que las ejecuciones de los 51 condenados sean temporalmente suspendidas hasta que la CIJ pronuncie su veredicto final.

Evitan jueces usar leyes internacionales
De 224 jueces y magistrados entrevistados, sólo 64 afirmaron haber usado tratados internacionales al dictar sentencias.
Al emitir sus sentencias, los impartidores de justicia locales prácticamente no utilizan los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) señala que sólo el 28 por ciento de los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) usan este tipo de instrumentos.
"No recuerdo, como juez, haber aplicado un tratado internacional sobre derechos humanos", y "No tengo más experiencia que por la cuestión de la comunicación procesal", fueron algunas de las respuestas que dieron los funcionarios judiciales.
Flacso concluyó que los jueces y magistrados asumen un papel de aplicadores irrestrictos de la norma, pero sólo cuando se trata de leyes, estatutos o reglamentos locales.
Esto se debe, agrega el informe, a que ellos consideran que no deben interpretar o aplicar las normas internacionales, incluso aquellas que establecen los derechos del debido proceso.
De los pocos tratados mencionados están la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.
El Diagnóstico de Derechos Humanos del DF 2008 señala que la importancia de usar estos instrumentos radica en la sensibilización para aplicar la perspectiva de género, y evitar así una doble victimización a los demandados o denunciados.
De los 224 jueces y magistrados que entrevistó Flacso, sólo 64 afirmaron haber usado tratados internacionales; de éstos, 37 eran impartidores de la materia penal, 21 de la familiar, y sólo 6 de la civil.
"El derecho internacional de los derechos humanos poco ha dicho sobre el derecho civil sustantivo, de ahí que resulte lógico que jueces y tribunales de la materia reconozcan no aplicar tratados internacionales en sus resoluciones.
"Sin embargo, sí hay tratados que marcan pautas sobre el debido proceso, por lo que sería muy útil que los juzgadores conocieran esas normas y las aplicaran para fundamentar sus actuaciones", indica el Diagnóstico.
Jueces Penales de los reclusorios Norte y Oriente reconocieron que sólo en algunos casos de corrupción de menores, pornografía infantil o violencia contra la mujer, usan este tipo de tratados.
En el resto, dijeron, son aplicadas principalmente las normas locales, e incluso las federales cuando se trata de alguna jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
"Los jueces estamos en constante actualización, porque prácticamente todas las semanas hay alguna reforma legal, entonces tenemos la obligación de conocerla para no incurrir en alguna violación a la ley.
"Pero es un hecho que tenemos tantas leyes, tantas normas, tanto qué cuidar en una sentencia, que perdemos de vista lo que a nivel internacional se ha escrito al respecto", comentó un juez del Reclusorio Norte.
Para contrarrestar esta tendencia, el Instituto de Estudios Judiciales del TSJDF impulsará en breve un programa editorial denominado "Compilación de Tratados Internacionales".
El proyecto consiste en elaborar tres libros con los instrumentos internacionales de las materias penal, civil y familiar. De cada uno se tirarán mil ejemplares, que inicialmente serán distribuidos sólo entre magistrados, jueces y secretarios de acuerdos.
El Instituto, que se encargará de seleccionar los textos, prevé que cada tomo conste de 300 páginas tamaño carta.

Dinero
Enrique Galván Ochoa
24 jun 08.
El muro Fox-Bush
Cuando no es la Suprema Corte de Justicia de México la que pega un garrotazo a los mexicanos –como en el caso de la Ley del ISSSTE– es la de Estados Unidos la que nos lleva al baile. La Corte de Washington dictó ayer un fallo que afecta en forma directa a México. Rechazó la apelación de grupos civiles que se inconformaron con los poderes extraordinarios que el Congreso otorgó al gobierno del presidente Bush para brincarse a la torera las leyes ambientales que pudieran obstaculizar la construcción del muro fronterizo, al que el autor de esta sección bautizó como muro Fox-Bush, ya que constituye una infausta herencia de ambos. Varios grupos se opusieron, recurrieron a la Suprema Corte, pero falló en su contra. El expediente que acaba de resolverse tiene que ver con una sección de tres kilómetros de extensión en una reserva natural cercana a Naco, Arizona, en la frontera con México, muy próxima a Agua Prieta, Sonora. La construcción del muro pone en peligro la flora y la fauna, muy escasas en el desierto. Ayer estuve en Yuma, Arizona –Naco se encuentra al Este–: quise ver cómo va la construcción del muro. Es impresionante el enrejado de hierro y al mediodía no puede ni tocarse porque el sol lo ha calentado tanto que quema la piel. Lo que podría decirles a todos los paisanos que tienen planes de brincar la frontera sin papeles es que estos meses de verano son los peores. El termómetro está en los 50 grados centígrados, y más allá de las zonas urbanas, sólo hay desierto, no hay agua, no hay comida, no hay una mano compasiva que vaya a ayudarlos. Han muerto millares de mexicanos en el desierto de Arizona.

PLAZA PÚBLICA/ Miguel Ángel Granados Chapa
Justicia internacional en México

Una petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede salvaguardar de la destrucción los paquetes electorales de 2006 para su eventual consulta, como también puede hacerlo la justicia mexicana si protege el derecho de Sergio Aguayo a conocer su contenido

Ayer se iniciaron excavaciones en un antiguo cuartel militar en Guerrero, en busca de restos de personas (de Rosendo Radilla en particular) a las que el Estado mexicano hizo desaparecer en la guerra sucia de los años setenta. La tardía diligencia judicial es posible por una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en otro caso relevante solicitó la semana pasada al gobierno de México que evite la destrucción de las boletas utilizadas en la elección presidencial de 2006. De ese modo, a contracorriente, se aplica la justicia internacional en nuestro país.

Como muchas otras personas en Atoyac de Álvarez, centro del embate gubernamental contra la insurgencia armada en Guerrero, el señor Rosendo Radilla Pacheco fue detenido por militares el 25 de agosto de 1974. Acusado de tener ligas de la guerrilla de Lucio Cabañas, fue conducido al cuartel federal en ese municipio. Al cabo de un mes de cautiverio allí, al parecer fue trasladado al campo militar número uno en la Ciudad de México. Nunca se supo más de él.

Años después, porque inmediatamente era imposible dado el clima de represión que impedía la denuncia penal de ese género de hechos, la familia de ese desaparecido inició trámites ministeriales para provocar su presentación con vida o una notificación sobre su muerte. Agotadas a lo largo de los años las instancias nacionales, sin ningún resultado, Tita Radilla, hija de la víctima, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representada por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). El caso fue presentado en noviembre de 2001 y admitido sólo en octubre de 2005. Tras un lento proceso, el año pasado la Comisión Interamericana emplazó al gobierno de México a activar la búsqueda de los restos de Radilla.

La familia había aportado información de que probablemente había sido sepultado en el cuartel militar, como quizá centenares de personas más, detenidos en los años setenta, de modo que hacía allá se orientó, perezosamente, la actividad del gobierno conforme a las decisiones de la Comisión Interamericana. En abril pasado la Procuraduría General de la República dispuso la aplicación del georadar en los terrenos que fueron del enclave castrense y con sus resultados ayer comenzaron excavaciones, atestiguadas por familiares de desaparecidos, que se han hecho auxiliar por una experta argentina en antropología forense. Se trata sólo de un paso hacia el establecimiento de lo ocurrido a las personas reprimidas en ese lugar por el gobierno de Echeverría, y podría carecer de efectos. Pero importa tenerlo presente porque deriva de un acto de la jurisdicción internacional en derechos humanos a que tan renuente es el gobierno mexicano.

El miércoles pasado se inició otro acto de presencia de esa jurisdicción en nuestro país. Ese día la Comisión Interamericana pidió al Ejecutivo federal "suspender la destrucción de las boletas de la elección del dos de julio de 2006 hasta que el organismo se pronuncie sobre la petición presentada en relación con una presunta violación al derecho de acceso a la información pública contemplado en el artículo 13.1 de la Convención americana" de derechos humanos, vigente en México desde 1982.

En septiembre de 2006, una vez concluido el proceso electoral de aquel año y por lo tanto sin guardar relación con esa formalidad, el semanario Proceso solicitó al Instituto Federal Electoral acceso a los paquetes electorales para que un equipo de académicos revisara las papeletas cruzadas por los ciudadanos el 2 de julio de aquel año. El sentido de la petición se reforzaría meses después con la publicación del libro 2006: hablan las urnas, del investigador José Antonio Crespo, que mostró las numerosas y graves irregularidades aparecidas en las actas de escrutinio y cómputo, que el Tribunal Electoral Federal desestimó en vez de ordenar la apertura de los paquetes electorales para corroborar la coincidencia entre las actas y los votos.

El IFE negó al semanario el acceso solicitado, por lo que Proceso demandó amparo ante la justicia federal. Un juez de distrito no comprendió que se trataba de una violación al derecho a la información y no era un asunto electoral, por lo que negó el amparo demandado. El mismo criterio fue expresado por seis de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 11 de marzo, con lo que se confirmó la negativa asestada a la revista por el órgano electoral. Agotadas de ese modo las instancias nacionales (requisito para la introducción del caso ante la CIDH), Proceso acudió a la jurisdicción interamericana, que la semana pasada dictó medidas cautelares. Dado que la legislación mexicana prevé la destrucción de los paquetes electorales al terminar el proceso, la principal de esas medidas busca evitar que así ocurra, ya que el IFE sólo espera para ordenarla que se cierren los episodios judiciales respectivos.

Otro de ellos es el juicio de amparo promovido por el investigador y activista Sergio Aguayo, también contra la negativa del IFE a darle acceso a las boletas. Un juez federal le concedió la suspensión provisional y en vista de que el martes pasado se realizó la audiencia constitucional, se espera ya la resolución de fondo. Si el juzgador se atiene al criterio de la Corte, negará el amparo y sólo quedará el recurso internacional.
 
Cajón de Sastre
 
El boletín de la Procuraduría General de la República sobre las excavaciones iniciadas ayer prefirió no hacer referencia a la presencia de la jurisdicción internacional. Prefirió fuentes locales al decir que "en concordancia" con la "Recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) a través de la Coordinación General de Investigación ha realizado todas las diligencias relacionadas con la integración de esta averiguación previa en el marco de la ley, con rectitud y apego pleno a la legalidad e imparcialidad, principios fundamentales para el desempeño del Representante social". La indagatoria a que se refiere se inició apenas el año pasado como lo indica su número: SIEDF/CG/454/2007

Fallo a favor de indocumentados
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este lunes un fallo que le facilitaría a algunos extranjeros indocumentados buscar la forma de permanecer en el país legalmente
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_7458000/7458219.stm

 JAQUE MATE
Derechos de Joe

Sergio Sarmiento


21 Jul. 08

"Hay algunos crímenes tan espantosos que no puede haber un castigo más apropiado para ellos que la pena de muerte".

Charlene may

ENSENADA.- No tengo duda de que los derechos consulares de Joe Medellín fueron violados. Estados Unidos y México, los dos, son signatarios de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, la cual determina que los ciudadanos de un país, al ser detenidos por un crimen en otro país, deben ser informados de su derecho a ponerse en contacto con su consulado. Nadie le dijo a Medellín, quien nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, aunque vivió en Estados Unidos desde niño, que tenía derecho a pedir el apoyo del consulado mexicano cuando fue detenido en Houston por homicidio en 1993.

Por eso la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, ha solicitado al gobierno de Estados Unidos que ordene la suspensión de la ejecución de Medellín programada para el próximo 5 de agosto en Texas. También por eso el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, que no es precisamente un crítico de la pena de muerte, ha solicitado a los tribunales estadounidenses que acaten la petición de la Corte Internacional de Justicia. Si Washington acepta que se violen los derechos consulares de ciudadanos de otros países en territorio estadounidense, también los derechos consulares de los estadounidenses podrían ser violados en otros países; en otras palabras, los ciudadanos estadounidenses podrían ser procesados sin que se les dé oportunidad de buscar el apoyo de sus cónsules.

No hay duda de que los derechos consulares de Joe Medellín fueron violados cuando se le arrestó sin informarle que tenía el derecho de acudir al cónsul mexicano. Poco importa que se le hayan respetado todos los derechos que le correspondían como detenido en Estados Unidos, los cuales muchas veces son inexistentes en México. A Joe Medellín, efectivamente, se le comunicaron sus derechos como acusado. Se le proporcionó también un abogado defensor en el juicio, a pesar de que técnicamente había sido un extranjero ilegal desde su arribo a Estados Unidos cuando era niño.

No fueron violados, en cambio, los derechos consulares de Jennifer Ertman, de 14 años de edad, y de Elizabeth Peña, de 16. Es verdad que estas niñas, alumnas de la Waltrip High School de Houston, fueron repetidamente violadas, golpeadas y torturadas por Joe Medellín y otros cómplices la noche del 24 de junio de 1993. Pero eso no le importa a la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país. Sólo le competen las violaciones a los derechos consulares. Las violaciones a unas niñas sin derechos no son de su incumbencia. Además, sólo una de ellas era de ascendencia mexicana.

Esa noche de verano de 1993 seis jóvenes, entre los que se encontraba Medellín, habían estado bebiendo cerveza y participando en un rito de iniciación de un nuevo miembro de su pandilla, los Black and Whites. Las dos niñas que se cruzaron en su camino se convirtieron en ideales víctimas para probar su hombría. Por eso las secuestraron y las golpearon de manera tan salvaje. Por eso las violaron repetidas veces durante más de una hora y se vanagloriaron de arrancarles "sangre virgen".

Cuando ya no tuvieron el vigor sexual para violarlas más, empezaron a ahorcar a Jennifer con su propio cinturón. Pero, como declararía el propio Medellín, "La puta no se moría...". El cinturón con el que trataban de ahogar a Jennifer -del cual jalaba un joven de cada lado- se rompió. Por eso tuvieron que ahorcarla con sus propias agujetas. Después saltaron encima de ella y le rompieron las costillas. Querían asegurarse de que realmente esta niña de 14 años estuviera muerta.

La otra niña, Elizabeth, severamente golpeada, les suplicó que la dejaran ir. Les prometió que se dejaría violar en el futuro si la dejaban con vida. Pero ellos la mataron también con sus agujetas. Afortunadamente, nadie violó sus derechos consulares ni los de Jennifer.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha usado dinero de los contribuyentes nacionales para defender a Medellín y a otros mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos. Después de todo, sus derechos consulares, bajo la Convención de Viena de 1963, fueron violados. La Corte Internacional de Justicia ha avalado la posición mexicana. Al no haberle informado a Medellín que tenía derecho de llamar al cónsul mexicano, se violaron sus derechos. No se le debería por lo tanto ejecutar el 5 de agosto. Podría incluso dejársele en libertad, porque el proceso estaba viciado de origen.

¿Y Elizabeth Peña y Jennifer Ertman? ¿A quién le importan? Seguramente ellas mismas provocaron lo que les hicieron. Además, nadie violó sus derechos consulares.

ANTIMEXICANO

"El gobierno mexicano pudo haber escogido algún caso mejor para promover su oposición a la aplicación de la pena de muerte a mexicanos en Estados Unidos -me dice un diplomático estadounidense-. Pero el caso de Medellín es quizá el peor de todos". Lo que es más lamentable es que la defensa de Medellín, confeso en un caso que conmocionó a Texas y a toda la Unión Americana, enfatiza la idea de que el gobierno mexicano busca la impunidad para los mexicanos que cometen crímenes en Estados Unidos. Si eres estadounidense, tienes que pagar por tu crimen, me dicen; si eres mexicano, te defiende el gobierno mexicano. Con esta política el gobierno mexicano fortalece el sentimiento antimexicano que ya es tan común en Estados Unidos.

PORTUGAL CIERRA EL CASO MADELINE

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/internacional/005753/portugal-cierra-caso-madeline

Envían a La Haya a Karadzic

http://www.eluniversal.com.mx/notas/524272.html

Liberan plagiados tras queja de Seúl

Aunque el Procurador de Tamaulipas dijo que un operativo libró a las víctimas, la Policía Ministerial señaló que éstas fueron dejadas en un hotel

Reynosa,  México (23 de julio de 2008).- Menos de 12 horas bastaron para que un grupo de surcoreanos secuestrados en esta Ciudad fuera liberado después de que el Presidente de su País, Li Myung-bak pidiera que se hicieran los esfuerzos posibles para su rápida liberación.

Ayer por la mañana, autoridades de la Embajada de Corea del Sur en México informaron que cinco de sus ciudadanos, entre ellos una mujer, fue secuestrado el 14 de julio.

Por la tarde, el Procurador estatal, José Herrera Bustamante, dio a conocer que, en un operativo conjunto de la Policía Ministerial de Tamaulipas y Fuerzas Federales, los plagiados fueron liberados.

Sin embargo, posteriormente, el Comandante de la Policía Ministerial en Reynosa, Noé Hinojosa Villarreal, precisó que los surcoreanos fueron abandonados en el hotel Plaza y encontrados cerca de las 16:00 horas.

"Alguien fue y los dejó ahí (en el hotel), y dieron aviso al servicio de emergencia", dijo.

Los plagiados fueron identificados como Lee Sang Hoon, de 31 años; Park Bum Joon, de 40; Lee Youncs Seok, de 42; Bang Shian Hee, de 34, y Yoy Bong Nam, la mujer, de 42.

Todos presentaron golpes en el tórax, rostro y ojos. Además, estaban hambrientos y asustados, de acuerdo con las autoridades locales.

El ministro de Asuntos Políticos de la Embajada Coreana en México, Kim Byong Seop, responsable de negociar con los plagiarios, informó que intervinieron luego de que dos de los detenidos lograran hacer contacto con sus familias, las cuales pidieron apoyo.

Los secuestradores habrían pedido 30 mil dólares por las cinco víctimas. La negociación se realizaba a través de un teléfono celular de esta Ciudad, al que se podían comunicar los funcionarios de la Embajada.

Autoridades locales consideran que los surcoreanos fueron víctimas de los polleros, quienes los retuvieron para garantizar el pago por haberlos cruzado por todo México y, posteriormente, introducirlos a Estados Unidos.

Anoche, las víctimas fueron trasladadas a la PGR en Tamaulipas para presentar su denuncia.

 

Confirman que llamada de consulado alertó sobre plagio de surcoreanos

http://www2.milenio.com/node/51284

 

CASO IDA WHITE. EQUIDAD APLICADA

NUEVA PERSPECTIVA DE LA EQUIDAD

Luis Recasens Siches

SUMARIO: 1. Revaloración de la doctrina aristotélica sobre la equidad.

2. Análisis del problema que se plantea cuando  la norma en apariencia

aplicable produciría efectos indebidos en el caso concreto: solución

de este problema.

  1. Revalorización de la doctrina aristotélica sobre la equidad

Es curioso que, a pesar del carácter meramente rudimentario que en términos generales tiene la filosofía jurídica de Aristóteles, en cambio sus páginas sobre la equidad no sólo conservan un perenne valor, sino que, leídas cuidadosamente, pueden servir para desenredar a mediados del siglo XX una maraña en la que había caído la realidad del Derecho desde comienzos del siglo XIX, frente a la cual en los últimos cincuenta años muchos autores han hecho intentos de aclaración, pero tal vez ninguno con el decisivo alcance que en este punto tiene el pensamiento de Aristóteles.

            Una aclaración sobre el viejo problema de la equidad servirá:

Para iluminar en términos generales la función del juez y poner en evidencia que esta función entraña siempre necesariamente el ejercicio de una actividad estimativa y, por lo tanto, la realización implícita o explícita de una serie de valoraciones.

            Para descubrir la índole de la situación en que se encuentra el juez, cuando la norma positiva en apariencia aplicable al caso concreto llevaría a una solución injusta; y para enseñar qué es lo que el juez debe hacer en este caso.

Para orientar al juez cuando tenga que suplir o llenar lagunas o vacíos.

Empieza Aristóteles a tratar de este tema con una alabanza a la equidad. Después de ellos, dice que la equidad no es exactamente lo mismo que la justicia –pero entiende aquí por justicia no una idea, sino aquello que ha sido establecido como justo por la ley positiva-. La equidad no es idéntica a los justo legal, pero, sin embargo, no es de un género diferente al de la justicia. Por el contrario, la equidad parece de la misma índole que la justicia, es decir, que lo justo legal, sólo que, bien examinada, vemos que es superior a los justo legal, porque la equidad es la expresión de lo justo natural en relación con el caso concreto. Es decir, la equidad es lo justo, pero no lo justo legal tal y como se desprendería de las palabras de la ley, sino lo auténticamente justo respecto del caso particular.

Observa Aristóteles que el Derecho positivo está formulado verbalmente en reglas universales. Pero sobre ciertas cosas no es posible formular una norma universal, que sea correcta para todos los casos habidos y por haber. En los casos en los que es necesario formular una norma universal, pero esto no es posible hacerlos correctamente de un modo absoluto, la ley positiva toma en consideración el caso usual, corriente, aquél que suele presentarse de ordinario; aunque no por eso la ley ignora la posibilidad de que su fórmula general resulte errónea o inadecuada para  otros tipos de casos diferentes del caso típico habitual, que ella tomó en cuenta. Sin embrago, la ley, al formular la norma para el tipo usual o corriente de casos, procede correctamente. El error que resultase de aplicar esa fórmula a tipos diferentes de casos no es un error que esté en la ley, ni un error que haya cometido el legislador; sino que es algo que está en la índole misma de las cosas, pues la materia de los asuntos prácticos es de tal índole (diversa, varia) desde un comienzo –es decir, la discrepancia está en el caso, y no en la ley-. Cuando la ley habla universalmente, esto es, en términos generales, y después surge un caso relativo a su materia, el cual, sin embargo, no está cubierto por lo que la ley dice, entonces es justo allí donde el legislador falló, allí donde su fórmula general erró por excesiva simplicidad, se corrija la omisión, y entonces es justo decir lo que el legislador mismo habría dicho si se hubiera enfrentado efectivamente con el pensamiento de ese caso, y formular lo que el legislador habría formulado en su ley, si él hubiera previsto tal caso. Consiguientemente, lo equitativo es lo justo, y aun es mejor que una determinada clase de justicia (la depositada o formulada en las leyes positivas); aunque, en cambio, no se pueda decir que la equidad es mejor que la justicia absoluta; pero ciertamente es mejor que el error que se deriva del carácter universal de la formulación que la ley adopta. Así, pues, la naturaleza de lo equitativo consiste en ser una corrección de la ley positiva, cuando la formulación de ésta resulta defectuosa por causa de su universalidad.

A continuación Aristóteles lanza una idea sobre la cual bien vale la pena de prestar mucha atención, porque seguramente se la pueda tomar como criterio para los casos en que la aplicación de una determinada ley, formulada en términos generales, a un determinado caso concreto produciría para éste una conclusión disparatada o injusta. Dice Aristóteles: “De hecho ésta es la razón por la cual no todas las cosas están determinadas por la ley, es decir, que sobre ciertas cosas no es posible formular una ley, y, por tanto, cuando se plantean deben ser resueltas por medio de un fallo singular” (Aristóteles, Ética Nicomaquea, Libro V, cap. 10.) parece que aquí Aristóteles implícitamente insinúa que cuando la ley general notoriamente no previó la peculiaridad de un caso singular, que surge después, entonces habría que tratar esta situación como si no hubiese norma formulada aplicable a dicho caso. Y parece también que el criterio para afirmar que la ley no previó aquel caso es precisamente el darnos cuenta de que si la ley se aplicase a ese caso produciría un resultado injusto, y desde luego contrario a los resultados que la ley se propuso respecto de los casos que tuvo en cuenta. Considero que tal modo de entender las concurrencias implícitas en este párrafo de Aristóteles es correcto, a pesar de que, en realidad, expresamente el párrafo se limite sólo a decir que hay materias sobre las cuales no cabe, o por lo menos no es prudente, formular de antemano una norma general.

Añade Aristóteles, en su estudio sobre la equidad, la siguiente consideración: “Pues cuando la cosa está indeterminada o indefinida, entonces la norma debe estar también indeterminada, de modo similar a la regla de plomo usada para hacer el molde lésbico: la regla se adapta a la figura de la piedra y no es rígida; así, de modo similar, el fallo se adapta a los hechos.”

Lo que obviamente parece deducirse de los razonamientos de Aristóteles sobre la equidad es lo siguiente. El legislador dicta sus normas generales teniendo a la vista determinado tipo de casos: los casos habituales.

Al dictar la norma, el legislador quiere que con ella se produzcan determinados efectos jurídicos respecto de los casos cuyo tipo ha previsto.

El legislador dicta la norma que precisamente dicta y no otra, porque, anticipado mentalmente el efecto que ella va a producir sobre el tipo de cosas que él ha previsto, estima que ese efecto es justo.

Ahora bien, si después resulta que la vida plantea nuevos casos, respecto de los cuales la aplicación de aquella norma general produciría efectos no sólo diferentes sino contrarios a aquellos efectos a los que la norma da lugar cuando se aplica a los casos que el legislador tuvo a la vista, entonces notoriamente no procede aplicar la norma en cuestión a los nuevos casos que se presentaron, que son de un tipo diferente del tipo previsto por el legislador.

Hasta aquí, la interpretación y sistematización del pensamiento de Aristóteles sobre este punto. Permítaseme desarrollar a continuación ese pensamiento, dándole todo el alcance que entiendo debe tener, analizando sus supuestos, y añadiéndole más rigurosas precisiones.

Adviértase ante todo que el contenido de una norma legislativa no es una proposición válida en sí y por sí, como los son, por ejemplo, las proposiciones  de la lógica o de la matemática. El contenido de una regla legislativa es un determinación de voluntad, encaminada a producir en la práctica, es decir, sobre la vida real, determinados efectos, efectos que son considerados justos por el autor de la ley.

 Un principio matemático es válido sean cuales fueren las consecuencias que vaya a producir sobre la realidad. Por el contrario, el autor de la ley adopta una norma jurídica, porque piensa que el resultado que esta norma produciría, al ser aplicada a los casos que tiene in mente, será justo, representará la realización de lo que él considera como valores adecuados para regir tales situaciones.

La norma legislativa se formula en términos generales, pero quien la formula tiene a la vista en su mente un determinado tipo de casos, bien reales de los que tuvo experiencia, o bien mentalmente anticipados por su imaginación, respecto de los cuales quiere que se produzca un determinado resultado, precisamente porque considera que ese resultado es el más justo.

Entonces resulta evidente que el juez, ante cualquier cosa que se le plantee, tiene ante todo que verificar mentalmente si la aplicación de la norma, que en apariencia cubre dicho caso, producirá el tipo de resultado justo en el que se inspiró la valoración que es la base de aquella norma.

Cuando se trata de un caso que pertenece al tipo de las situaciones que estuvieron en la mente del autor de la ley, o, expresando lo mismo en términos objetivos, que aparecen claramente como la motivación de la norma, entonces la tarea del juez será fácil. Lo será después de haber verificado mentalmente esa comprobación. Resuelto este problema, el juez tendrá que limitarse a conjugar el sentido general y abstracto de la norma con la significación concreta del caso singular. Esto lo deberían hacer siempre, porque incluso esos casos, que notoriamente caen dentro de lo claramente previsto por la norma general, tienen cada uno matices peculiares de sentido.

Sí, por el contrario, el caso que se plantea ante el juez es de un tipo diferente al de aquellos que sirvieron como motivación para establecer la norma, y si la aplicación de ésta a ese caso produciría resultados opuestos a aquellos que se propuso la norma, u opuestos a las consecuencias de las valoraciones en que la norma se inspiró, entonces yo entiendo que se debe considerar que aquella norma no es aplicable a dicho caso. Y si en el complejo del orden jurídico positivo no hay otra norma que sirva para resolver satisfactoriamente ese caso, entonces  nos hallamos ante una laguna. Pero estos puntos serán analizados detalladamente bajo el epígrafe siguiente.

 

2. Análisis del problema que se plantea cuando  la norma en apariencia aplicable produciría efectos indebidos en el caso concreto: solución de este problema

Uno de los tipos  de situación en que a veces se encuentra el juez es el siguiente. Si se deja llevar por la influencia que sobre él pueda ejercer el nombre de la institución o materia jurídica que a primera vista parezca cubrir el caso planteado y consiguientemente busca los preceptos jurídico-positivos que aparentemente regulan las situaciones que llevan tal nombre, puede creer por de pronto, antes de un ulterior examen, que ésos son los preceptos aplicables para la resolución de la controversia o litigio que tiene ante sí. Pero cuando al anticipar mentalmente con su imaginación cuál sería el resultado de aplicar aquellos preceptos al caso controvertido, se da cuenta de que tal resultado sería notoriamente injusto, disparatado, indebido, tomando para esta apreciación no un personal criterio suyo, sino las pautas estimativas que informan al mismo orden jurídico positivo, y que están además vigentes en las convicciones sociales de la comunidad popular en ese momento.

            El problema suscitado por una situación tal habitualmente era considerado como un caso en el que se debía emplear un criterio de equidad para corregir lo que solía llamarse excesivo rigor de la norma legislativa o reglamentaria. En contra de esta opinión, he apuntado ya que entiendo que el tipo de caso aquí analizado requiere un tratamiento diferente, a saber: requiere que se repute que aquellos preceptos legislativos, que darían lugar a efectos notoriamente indebidos, no constituyen la norma en verdad aplicable a dicha controversia particular; y que entonces se debe averiguar si en el orden jurídico positivo hay otras normas que pudiesen ser consideradas como las pertinentes para resolver el caso en cuestión; y si tal búsqueda diese resultado negativo, se debe entender que el juez se encuentra ante una laguna, que habrá de rellenar por cuenta propia.

            Entiendo que es razón suficiente para estimar que una norma no es aplicable a determinado caso singular el hecho de que produciría sobre éste efectos divergentes de las valoraciones que inspiraron aquella norma, o de las que inspiran en general el orden jurídico positivo.

            El problema de dilucidar si una norma es o no aplicable a determinado caso concreto no se puede resolver por procedimientos de lógica deductiva. No es un problema de extraer, por vía de inferencia, conclusiones de determinados conceptos jurídicos. Por el contrario, es un problema que se puede resolver solamente ponderando, comprendiendo y estimando los resultados prácticos que la aplicación de la norma produciría en determinadas situaciones reales. Si esos resultados prácticos concuerdan con las valoraciones que inspiran el orden jurídico positivo y sobre las cuales éste se haya fundado efectivamente, entonces la norma en cuestión es sin duda aplicable. Si, por el contrario, dicha norma, de ser aplicada a ciertos casos singulares, produciría en éstos efectos que vendrían a contradecir rotundamente las valoraciones de acuerdo con la cuales se ha modelado el orden jurídico positivo, entonces, también sin duda, tal norma no es aplicable a esa situación concreta.

            Voy a ilustrar mi doctrina, que acabo de exponer, mediante el ejemplo de un famoso pleito que se desenvolvió hace algunos años en los Estados Unidos. (Cfr. Fred. L. Gross, What is the Veredict? Nueva York, MacMillan, 1944, págs. 115-161.) El mero relato de este caso sería suficiente para mostrar con relieve la justificación de esta doctrina. Pero a mayor abundamiento, después de exponer ese caso, pasaré a analizarlo en detalle. Tal análisis evidenciará que el punto de vista que sostengo es el correcto.

Había en una ciudad del Estado de Nueva York un próspero hombre de negocios, Wesley Moore, cuyas florecientes empresas habían sido no sólo fuente de pingües ingresos para él y sus socios, uno de su propia familia y otro ajenos a ésta, sino también causa de formidables mejoras en los servicios públicos de aquella ciudad. Aquel hombre de negocios empleó como taquígrafa a su servicio a una joven, Ida White, sobrina de su mujer. El trabajo de Ida White se mostró tan eficiente, que en seguida ésta fue ascendida a secretaria particular del señor Moore; y poco tiempo después la señorita White pasaba de hecho a compartir las principales responsabilidades no sólo en la gerencia de las empresas de su jefe, sino también en la administración del patrimonio privado de éste, conquistándose la admiración, el respeto y la estima de todos, dentro y fuera del círculo familiar y de la esfera de los negocios en que actuaba.

La señorita White conocía al dedillo todos los detalles de los asuntos del señor Moore, con excepción de uno solo: el contenido de las cláusulas del testamento que su jefe había otorgado. Así, pues, ignoraba que el señor Moore en su testamento había instituido a favor de ella un legado de todas las acciones que poseía de la Compañía de Luz, que el dirigía y en la que tenía parte principal.

Como efecto del profundo pesar que le produjo a Wesley Moore la misteriosa desaparición de su mujer, empezó a darse a la bebida, a perder interés en sus negocios y, finalmente, a mostrar signos de grave enfermedad mental.

Entre tanto, su fiel auxiliar Ida White siguió cuidando de sus intereses y prácticamente actuando en su representación en la gerencia de sus empresas.

Poco tiempo después la dolencia mental del señor Moore se hizo tan grave, que fue necesario internarlo en un manicomio, y proceder a incapacitarlo mediante los debidos trámites judiciales, y, en consecuencia, a nombrarle un tutor. El consejo de familia resolvió por unanimidad que ese nombramiento recayese en la señorita White, competente en tal alto grado, perfectamente conocedora de todos los asuntos del señor Moore, y persona que inspiraba plena confianza a todos los interesados en dichos asuntos.

Al poco tiempo, se produjo la tremenda crisis económica de 1929, con la subsecuente depresión que se extendió en todo el país. Casi todas las inversiones del señor Moore dejaron de producir dividendos. Como resultado de la desocupación o desempleo general, un gran número de propietarios de inmuebles sobre cuyas propiedades Moore tenía hipotecas dejaron de pagar intereses; y las leyes de emergencia otorgaron una moratoria. De ese modo los ingresos de Moore fueron disminuyendo rápidamente.

Ida White, en sus funciones de tutora, quiso reducir gastos en el mantenimiento de la residencia de los Moore. Pero los miembros de la familia se opusieron a ese plan, pues temían que cualquier signo externo de debilidad económica pudiese producir efectos desastrosos en toda la ciudad, y, además, que su propio orgullo quedase lastimado. Ida White se avino a esos deseos de la familia Moore; y las apariencias de bienestar fueron mantenidas incólumes.

Pero los ingresos de Moore seguían disminuyendo. Entonces Ida White, de acuerdo con la familia Moore, resolvió que era necesario vender algunas acciones para poder seguir con el mismo tren de vida. Las únicas acciones que podían ser vendidas sin quebranto eran las de la Compañía de Luz. Esas acciones podían ser vendidas no sólo sin quebrando, sino con ventaja, porque otro grupo financiero deseaba ávidamente adquirirlas. Ida White gestionó con superlativa habilidad esta venta, que fue efectuada en condiciones muy favorables, precisamente al precio más alto que ella había puesto: 220,000 dólares.

Seis meses después Wesley Moore murió. Se procedió entonces a abrir su testamento, en el cual figuraba una cláusula por la que el testador instituía un legado de todas sus acciones de la Compañía de Luz que poseyese en el momento de su muerte a favor de Ida White. El caudal relicto era muy cuantioso, precisamente como efecto de la inteligente administración de Ida White, quien había logrado reponer con excesos en los últimos meses las pérdidas antes experimentadas. El balance del caudal relicto alcanzaba la suma limpia de 1.000,000 de dólares, gran parte de ella en numerario. Hay que advertir que de los 220,000 dólares, que habían sido obtenidos por la venta de las acciones de la Compañía de Luz, Ida White en sus funciones de tutora había gastado solamente 20,000 dólares para las atenciones de la residencia familiar, ya había depositado el resto en un banco.

Ida White pensando razonablemente supuso, cuando se enteró del legado instituido en su favor, que del caudal relicto se le pagaría a ella el precio por el  cual se habían vendido las acciones que le habían sido legadas, o sea la suma de 220,000 dólares.

Pero el albacea de la herencia de Moore le hizo saber que el legado instituido en su favor era lo que en Derecho se llama legado de cosa determinada; y que según el Derecho del Estado de Nueva York –siguiendo en eso la tradición del Derecho romano- se consideraba nulo el legado sobre cosa determinada, cuando ésta es su singular individualidad había desaparecido del patrimonio relicto, con anterioridad al fallecimiento del testador. El legado a favor de Ida White no era un legado de una cierta cantidad de dinero, sino que era un legado precisamente de unas determinadas acciones, las cuales ya no figuraban en el patrimonio del causante al morir éste.

Los herederos del señor Moore, aconsejados por sus abogados se atuvieron al punto de vista de que Ida White no tenía derecho alguno al legado, pues siendo éste de cosa determinada, y habiendo ésta desaparecido cuando el testador murió, quedaba automáticamente nulo, o mejor dicho inexistente. Y, por tanto, se fue a un pleito.

En este caso no había discusión sobre los hechos ni sobre el sentido de la cláusula testamentaria. Wesley Moore había sido el propietario de las acciones de la Compañía de Luz. Más tarde fue incapacitado por razón de su demencia. Ida White fue nombrada tutora de su persona y de su patrimonio. Ida White no sabía que el señor Moore le había legado a ella en su testamento las acciones de la Compañía de Luz. Nadie ponía en duda la capacidad jurídica de Ida White, para realizar toda clase de negocios con el fin de suministrar la debida atención al señor Moore y a su familia, y de proveer a las necesidades de su familia. A mayor abundamiento, los hijos del señor Moore habían asentido a todos los actos realizados por Ida White. Nadie disputaba que fuese necesario vender algunas de las acciones del señor Moore para proveer  a las conveniencias de su familia. Y cuando Ida White escogió vender, entre todas las acciones de las que era propietario el señor Moore, las de la Compañía de Luz, por las que obtuvo el ventajoso precio de 220,000 dólares, recibió las felicitaciones de todos los miembros de la familia y de los amigos y conocidos de ésta. Era también un hecho indiscutido que de los 220,000 dólares, que se obtuvieron por aquellas acciones, Ida White gastó solamente 20,000 para servir las necesidades de la familia Moore; y que los restantes 200,000 dólares, del precio recibido por aquella venta de las acciones, quedaron y seguían disponibles después de la muerte del señor Moore.

Se discutía tan sólo el problema jurídico de ¿qué efecto debiera tener el acto inocente de Ida White de vender las acciones sobre los derechos que se le habían conferido a ella en el testamento?

Primero, ¿tenía Ida White derecho a los 200,000 dólares, remanente del precio de la venta, más otros 20,000 del caudal hereditario, de modo que se completase el valor de las  acciones de la Compañía de Luz legadas a ella, y vendidas por ella ignorando la existencia del tal legado?

Segundo, ¿tenía derecho Ida White solamente a los 200, 000 dólares todavía disponibles, parte no gastada del precio que se obtuvo por la venta de las acciones?

Tercer, ¿o no tenía Ida White derecho ninguno a nada, porque las acciones no pertenecían ya al patrimonio del señor Moore cuando éste murió?

 

EXPRESA TU INTERPRETACIÓN EN FUNCIÓN DE LA EQUIDAD

 

°°°

OPINIÓN DE LUIS RECASENS SICHES

El Tribunal de Primera Instancia consideró que la tercera de las proposiciones enunciadas era la que cumplía con la norma jurídica aplicable al caso, y, por lo tanto, falló que Ida White no tenía derecho a nada.

Ida White recurrió en apelación. Cuatro de los cinco magistrados del tribunal decidieron que la sentencia del Juez de Primea Instancia era errónea. Razonaron su fallo como sigue: Si el señor Moore no se hubiese vuelto loco ni hubiera sido incapacitado, habría podido administrar sus negocios, hasta el momento de su muerte. Se reconocía que la norma general era la de que si una persona en su testamento instituye un legado de cosa determinada de su propiedad, y el testador dispone más tarde de esa cosa determinada antes de morir, resulta que por este acto suyo voluntario, desprendiéndose de la propiedad de dicha cosa, demuestra que cambió aquella intención que había expresado en su testamento de que esa cosa pasara al legatario instituido. Pero en este caso, dijo el tribunal, el señor Moore había perdido sus facultades mentales y había sido declarado incapaz, careciendo, por tanto, de la facultad jurídica de revocar o cambiar su testamento. Por tanto, quedaba viva y válida su intención de que Ida White recibiese las acciones del la Compañía de Luz. El señor Moore no realizó ningún acto personalmente que determinase la venta de aquellas acciones. Si las deudas contraídas por el señor Moore durante su período de incapacitación no hubiesen sido pagadas por Ida White, los acreedores habrían sido pagados por el albacea, quien para ello habría empleado fondos disponibles del caudal hereditario, sin que el albacea tuviese ningún derecho a vender las acciones de la Compañía de Luz específicamente legadas a Ida, para obtener dinero con qué pagar las deudas, a menos que en el caudal hereditario no hubiese habido fondos suficientes para satisfacer aquellos créditos – pero no era éste el caso-. Estas consideraciones no debían quedar anuladas meramente por el hecho de que Ida White, como tutora, vendió las acciones, desconociendo que la intención del señor Moore era que pasaran a la propiedad de ella después de su muerte. El tribunal falló, por tanto, lo siguiente: “Consideramos que el legado de cosa determinada no quedó nulo. El tutor de un testador que ha sido declarado incapaz por enfermedad mental y que siguió en tal estado hasta su muerte, al atender el fin de procurar fondos para satisfacer las necesidades del testador, puede no vender el objeto de un legado de cosa determinada cuando hay en el patrimonio suficientes disponibilidades libres, que no fueron legadas específicamente a nadie...El tutor no tenía el poder de cambiar o hacer a un lado el testamento de su pupilo incapacitado. La disposición que una persona incapacitada hizo de una cosa de su propiedad por un testamento válido otorgado cuando era capaz, a igual que no puede ser dejada de lado por su tutor, tampoco puede ser desobedecida por su albacea. Se debe mantener el derecho de un testador a disponer de su propiedad de acuerdo con su deseo personal, salvo cuando caiga en conflicto con intereses ajenos que tengan prioridad reconocida.” En su sentencia, el tribunal ordenó al albacea que pagara 220,000 dólares a Ida White, como una suma equivalente de las acciones de la Compañía de Luz.

Los abogados del albacea y de los herederos aconsejaron recurrir contra esta sentencia ante la Suprema Corte del Estado. Ésta revocó la sentencia del Tribunal de Apelación, diciendo: “El legado de las acciones de la Compañía de Luz a Ida White fue un legado de cosa determinada. Como las acciones ya no existían en el patrimonio del causante cuando el testamento tenía que ser ejecutado, ni siquiera en el momento de su muerte, hay que considerar que se produjo una anulación, extinción o revocación del legado. –La cosa exacta que fue legada a Ida White por el testamento no podía serle entregada materialmente. Por virtud de la índole del caso y de la donación, el legado quedó extinguido. En ausencia de una ley, los tribunales no tienen el poder de transformar un legado de cosa determinada en un legado de numerario, ni de mandar que se entregue al legatario el balance del precio obtenido por la venta de aquella cosa, en lugar de la cosa determinada, que es lo que se le había legado. Del dinero obtenido de la venta de las acciones por el autor, después de haberse satisfecho los gastos necesarios en beneficio del incapaz, quedó intacto un remanente de 200,000 dólares, que fue entregado al albacea de la herencia como parte del activo de ésta. Dar esa cantidad a Ida White en lugar de las acciones que le fueron legadas podría parecer equitativo, pero no estaría de acuerdo con las disposiciones del testamento del señor Moore. Éste donó a Ida White las acciones, y no la cantidad de dinero producida por la venta de éstas; y de acuerdo con toda la jurisprudencia, cuando la cosa determinada que fue legada deja de existir, entonces el legado desaparece; y éste no puede ser revivido haciéndolo recaer sobre bienes de la herencia-. La prudencia de adherirse a esta norma de nulidad, en ausencia de una ley que diga lo contrario, es obvia, sobre todo si reflexionamos que Wesley Moore, cuando otorgó su testamento probablemente nunca tuvo presente la posibilidad de que él cayese en el futuro en incapacidad física y mental y se le nombrara un tutor para administrar sus negocios. Difícilmente  se puede imaginar una intención de conservar aquellas acciones de la Compañía de Luz en beneficio de una persona extraña, y tener para ello que gastar otros bienes de su patrimonio –que habrían de ir a parar naturalmente a sus hijos- para pagar las facturas de médicos, enfermeras y del mantenimiento de su casa. Por lo menos un tribunal no debiera decir que una persona en el uso de sus facultades mentales no habría modificado su testamento ante esa nueva situación. Por consiguiente, el tribunal falla que debe revocar y revoca la sentencia dictada por la Corte de Apelación, y declara...que el legado de las acciones a Ida White quedó extinguido por la venta de éstas en el tiempo en que Wesley Moore todavía estaba vivo; y que ningunos otros bienes ni dinero del caudal hereditario pueden ser tomados en sustitución de aquel legado.”

Analicemos ahora este famoso caso. Creo que el lector habrá reaccionado frente a él considerando que tanto la sentencia dictada por el tribunal de primera instancia, como la sentencia pronunciada por la Suprema Corte fueron descabelladas y monstruosas. Pero no nos contentemos con esa primera reacción del ánimo. Conviene examinar cuidadosamente las razones por las cuales aquellas sentencias no sólo injustas en términos generales sino, además, notoriamente contrarias al orden jurídico positivo.

¿Cuál es la razón que determina la validez de un legado, así como de cualquiera otra disposición testamentaria que no esté prohibida por la ley? Es decir, ¿cuál es la valoración por virtud de la cual se considera que debe ser válido un legado o cualquiera otra disposición testamentaria lícita? Evidentemente es la valoración por la cual se considera que se debe respetar la voluntad del testador y se debe proceder a cumplirla, dentro de los límites legales en que dicha voluntad sea tenida como norma válida para regular la sucesión.

¿Por qué hay normas según las cuales debe considerarse nulo el legado de cosa determinada, cuando dicha cosa desaparece del patrimonio del testador después de otorgado el testamento y antes de su muerte? Porque lo que se legó fue una cosa determinada y no el valor de ésta en numerario. Si la cosa desaparece después de establecida la manda y antes de la muerte del testador, y éste no hace nuevo testamento instituyendo una nueva manda a favor de la misma persona, esto se interpreta como una revocación tácita de aquel legado. En efecto, si el testador no hace nada después de la desaparición de la cosa determinada que legó a cierta persona, sabiendo que esa cosa ya no existe en su patrimonio, y que, por lo tanto, no podrá ir a parar después de su muerte al legatario instituido con anterioridad, es evidente que de modo tácito consiente a la anulación del legado.

Pero claro es que el razonamiento expuesto en el párrafo precedente presupone que la cosa desaparecida fue conocida por el testador.

Ahora bien, nótese que ese supuesto no se dio en el caso analizado. Por el contrario, el testador, que había caído en un estado de total demencia y se hallaba recluido en un manicomio, no sabía ni podía saber que la cosa determinada que había legado a Ida White había dejado de pertenecer a su patrimonio.

¿Cuáles son las valoraciones y cuál es el sentido de la norma, que estamos analizando, de que el legado de cosa determinada deber ser tenido por írrito, cuando esa cosa determinada dejó de pertenecer al patrimonio del causante, después de otorgado su testamento y antes de su muerte?

En primer lugar esa norma contiene un juicio axiológico: es bueno, es justo que se cumpla la voluntad del testador dentro del ámbito declarado como lícito por la ley.

La norma en cuestión contiene además una apreciación de los medios eficaces para obtener la consecución de aquella finalidad: la apreciación de que hay que tomar en cuenta no sólo la voluntad formulada expresamente en el testamento, sino también una voluntad tácita, pero indudable e inequívoca, para que de hecho resulte efectivamente respetada la voluntad del testador.

¿Qué es lo que hizo el tribunal inferior y lo que hizo la Suprema Corte? Lo que hicieron fue tomar la regla en cuestión como si fuese un principio absoluto, con validez universal y necesaria, desconectada del contexto situacional concreto. Se tomó esa norma como si su contenido tuviese una validez absoluta, una validez incondicionada, de por sí, en sí mismo, y como si no respondiese a ninguna consideración axiológica, ni a ninguna estimación de finalidad, ni a ninguna apreciación sobre la bondad y eficacia de los medios al servicio de una determinada finalidad.

El fallo aquí criticado incurrió además en otro dislate superlativamente grave: consideró que la situación era como si el testador supiese que la cosa fue enajenada por el representante legal del testador, entendiéndose que la persona del representante legal equivale a los efectos jurídicos a la misma persona por él representada.

Con toda claridad se ve que lo que ocurrió aquí fue que un precepto, que tiene solamente un sentido funcional limitado, es decir, que tiene un sentido dentro de las situaciones previstas por la norma, fue indebidamente absolutizado hasta convertirlo en un pseudo principio abstracto, con supuesta validez necesaria, independientemente de cuáles sean los casos a los que se aplique.

La índole del Derecho positivo no consiste en constituir un reino de ideas puras, válidas en sí mismas, válidas por sí solas, con abstracción de toda aplicación real a situaciones concretas de la vida. Por el contrario, la índole del Derecho positivo consiste en constituir unos pensamientos humanos, concebidos al conjunto de determinadas necesidades prácticas en la vida social, y destinados a moldear normativamente unas ciertas situaciones reales de esa vida de relación: a moldear precisamente las situaciones que suscitaron la elaboración de esas normas. Dependen de la circunstancia; son circunstanciales.

Así, pues, no tiene sentido tratar las normas del Derecho positivo desconectándolo de las situaciones en que se originaron, y de las situaciones para las cuales fueron destinadas.

Las normas del Derecho positivo son la respuesta que el legislador, la sociedad, o el juez da para satisfacer determinadas necesidades o urgencias sociales, para resolver ciertos problemas humanos, tal y como ellos se presentan en un lugar y en un tiempo determinados, inspirándose para eso en las valoraciones que considera correctas. Con esas normas positivas, sus autores se proponen la realización de un fin, cuyo cumplimiento representa precisamente el medio que se entendió como correcto para satisfacer aquellas necesidades o para resolver aquellos conflictos. Y, además, las normas jurídico-positivas contienen los medios que se estiman adecuados y eficaces para la obtención de aquellos fines.

Resulta, pues, bien claro que la validez de las normas jurídico-positivas está necesariamente condicionada por el contexto situacional en el que se produjeron y para el cual se produjeron.

El pecado original, fuente de todos los demás errores y de todos los demás desaguisados que se cometieron por la manía logicista, por las jurisprudencias conceptualistas, fue convertir lo que sólo es un producto humano, con una validez y alcance meramente limitados a ciertas situaciones históricas, en principios supuestamente ideales de validez absoluta.

Vuelvo a recordar aquí, para evitar toda confusión o cualquier equívoco, que lo que estoy exponiendo se refiere única y exclusivamente a los contenidos del Derecho, y no se refiere en modo alguno a las formas o esencias a priori de lo jurídico. El concepto de norma, las nociones de derecho subjetivo, deber jurídico, sujeto de Derecho, supuesto, consecuencia, etc., son esencias de carácter formal, pertenecientes a todo orden jurídico, válidas para todos los Derechos que en el mundo han sido, que hoy son y que pueden ser en el futuro. Lo mismo puede decirse de todos los principios de la lógica y de la ontología formales del Derecho. Ahora bien, aquellas esencias y estos principios son elementos generales, para entender las condiciones formales de toda situación jurídica, y para conseguir un conocimiento científico de cualquier Derecho. Pero de aquellas esencias y de estos principios formales no es posible, no lo es en absoluto, el deducir normas de conducta, mandatos, prohibiciones, y permisos.

La crítica contra la acción terriblemente perturbadora del logicismo o del conceptualismo, o del deductivismo, en el tratamiento de los contenidos jurídicos, no afecta a nada, absolutamente en nada la legitimidad y la necesidad de la Teoría General o Fundamental del Derecho, ni afecta tampoco a los trabajos de Lógica y Ontología jurídicas formales. No puede afectarlas. Y si alguien quisiese aplicar dicha crítica a aquellos ámbitos, cometería una incongruencia, intentaría una empresa sin sentido.

Lo que la crítica contra el conceptualismo y el deductivismo quiere demoler de una vez y para siempre es el error consistente en haber olvidado que las normas de Derecho positivo, aunque formuladas verbalmente en términos generales, no son principios a priori  con validez absoluta, esto es, universal y necesaria, sino que son tan sólo expresión de unos propósitos humanos de alcance limitado, es decir, con sentido solamente dentro de la situación real en que surgieron y para la situación a la cual se los destinó. Esto es, son circunstanciales.

Éste es seguramente el sentido que intuyeron los romanos al establecer el aforismo ex ipso oritur ius. Esto no quiere decir precisamente que el Derecho, como norma jurídica, sea engendrado directamente por los hechos –salvo en el caso del Derecho consuetudinario, pero aun respecto de éste sería discutible, porque la normatividad nace no de los meros hechos, sino que nace de la intención o propósito expresado por éstos-. Pero, en cambio, esto quiere decir que las normas jurídico-positivas nacen  como respuestas al estímulo que producen determinados hechos; quiere decir que el hecho de que en la sociedad de determinada época las gentes sientan una cierta urgencia, estén alentadas por determinados ideales y aspiraciones, y tengan que afrontar especiales conflictos, induce al órgano productor de Derecho a buscar reglas que constituyan una respuesta adecuada a aquellas necesidades o que reconozcan esos ideales o aspiraciones, o que resuelvan del mejor modo posible estos conflictos.

Puesto que el Derecho nace de la vida humana social y está destinado a la vida humana social, habrá de reflejar los caracteres de esa vida humana.

En definitiva, una norma jurídica es un pedazo de vida humana objetivada, que en la medida en que esté vigente es revivida de modo actual por las personas que la cumplen y por las personas que la aplican, y que al ser revivida debe experimentar modificaciones para ajustarse a las nuevas realidades en que es revivida y para las cuales es revivida.

Quieren detener ejecuciones de reos mexicanos en EU

http://www.kioscomayor.com/vernoticias.php?artid=16088

Recomienda Washington Post a EU aplazar ejecución de mexicano

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/006599/recomienda-washington-post-eu-aplazar-ejecucion-mexicano

Intelectuales, activistas y políticos protestan por la "cacería
de migrantes" en Europa
http://www.jornada.unam.mx/2008/07/24/index.php?section=politica&article=013n1pol

Ejecutan a mexicano en Texas

Principios vs. resultados

Jorge G. Castañeda

6 Ago. 08

Une fois n'est pas coutume: con un par de excepciones -volver al Consejo de Seguridad de la ONU, proponer candidatos a altos cargos multilaterales como el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, aunque pierdan- encuentro pocos puntos de acuerdo con la política exterior de restauración priista de Felipe Calderón. Pero sería injusto regatearle un gran acierto: respecto a la ejecución de mexicanos en Estados Unidos, y en particular la de José Medellín, el régimen ha actuado de manera imaginativa, ejemplar y valiente, con independencia de los resultados.

Para entender el trasfondo del tema conviene ver los antecedentes. Después del restablecimiento de la pena de muerte en EU en 1976, la primera ejecución de un mexicano fue la de Ramón Montoya, en Texas, el 25 de marzo de 1993. La ejecución de Montoya, acusado de la muerte de un policía en Dallas, indignó a parte de la sociedad mexicana y afectó las relaciones de los dos países. El presidente Salinas criticó a EU, al señalar que "en México estamos a favor de la vida. En México estamos contra la aplicación de la pena de muerte porque consideramos la rehabilitación como la cosa más importante". Tres años después, el 18 de junio de 1996, Texas aplicó la pena a Irineo Montoya. La ejecución despertó indignación en México y protestas aisladas en el vecino país. Meses después, el 17 de septiembre de 1996, fue ejecutado en Virginia el mexicano Benjamín M. Murphy, a quien siguió el 9 de noviembre de 2000, en Texas, Miguel A. Flores. Las ejecuciones de Murphy y Flores fueron causa también de protestas formales por parte de México. No provocaron mayor controversia, aunque dieron lugar a reclamaciones por parte del gobierno de Zedillo. Sin embargo, la quinta ejecución, de Javier Suárez, efectuada en Texas el 14 de agosto de 2002, causó un revuelo mayor, llevando a Fox a suspender una visita al estado. Por último, Ángel M. Reséndiz pasó a ser el sexto mexicano ejecutado en EU al recibir la inyección en Texas el 27 de junio de 2006. El episodio pasó casi desapercibido en México; las autoridades mexicanas hicieron esfuerzos por salvar la vida del connacional, pero éste optó por dejar las apelaciones y someterse al castigo (Milenio, 03/08/08).

Justamente por la repercusión de dichas ejecuciones en el seno de la sociedad mexicana, y por la existencia de más de 50 mexicanos condenados a muerte en EU, el gobierno decidió, después de una consulta con casi la totalidad de los ex cancilleres, tomar una medida sin precedentes: demandar a EU ante la Corte de La Haya por violar la Convención de Viena sobre derechos consulares, y en particular el de notificación consular. Dicho artículo establece que cuando un extranjero es detenido en un país signatario de la Convención, las autoridades deben avisar a la oficina consular más cercana del país del detenido, para que dichas autoridades entren en contacto con su connacional y puedan asistirlo.

México procedió por la vía de la demanda por una razón, que no es necesariamente la que lleva a muchos mexicanos a oponerse a estas ejecuciones, y a otros a apoyarlas. Cada quien posee sus convicciones íntimas sobre el tema: Fox y un servidor, cuando decidimos demandar a EU, compartíamos un rechazo total a la pena de muerte por principio. Pero la razón para demandar a Washington no era ésa, sino la plena conciencia de que en ausencia de funcionarios o de abogados consulares que asistieran a los mexicanos en EU, a veces por crímenes, como en el caso de Medellín, realmente espantosos, difícilmente recibirían un juicio justo. Por un motivo: en el sistema penal norteamericano, conocido como "adversarial", la presencia de un buen abogado, y no sólo un defensor de oficio, juega un papel determinante en el desenlace del juicio. Se pensó que muchos de los mexicanos hoy condenados a muerte quizás hubieran sido declarados inocentes o no hubieran sido sentenciados a la pena máxima, de haber contado con una defensa profesional. Pero ya muertos, ni cómo rectificar un error judicial.

Se sabe el resto de la historia. México ganó el llamado "caso Avena" en La Haya; el gobierno de Bush aceptó en principio el fallo y en los hechos evitó la ejecución de cualquier mexicano hasta el 2006; pero el gobierno de Texas rechazó la decisión de la CIJ y la Suprema Corte de EU resolvió que las obligaciones contraídas por Washington a través de tratados internacionales no eran vinculantes para los estados de la Unión, hasta que se legisle explícitamente en ese sentido.

Al acercarse la ejecución de Medellín, México, ya bajo Calderón, con toda razón solicitó a la CIJ medidas cautelares o provisionales para detener la ejecución; la Corte las obsequió; el gobernador Perry de Texas hizo caso omiso de ellas; Bush no supo, no pudo, o no quiso hacer algo para obligar a su estado de origen a respetar la decisión de la CIJ, y Medellín recibió anoche la inyección fatal luego de que la Suprema Corte rechazara la última apelación. El gobierno de México hizo todo lo que pudo para evitar la ejecución, incluso maniobrando para que se aprobara en el Congreso de EU una ley que justamente obligara a los estados de la Unión a aceptar las obligaciones de los tratados firmados por el Ejecutivo y ratificados por el Legislativo. Por el momento, nada de lo que se ha hecho, y bien hecho, ha redundado en una victoria concreta, pero no por ello debe abandonarse el esfuerzo.

Enseñanza: el mejor camino es el de las instituciones internacionales, aun cuando no prospera del todo; en materia internacional (y nacional, por cierto), a veces el criterio de la obtención de resultados mínimos y mediáticos no es la mejor vía, y sí lo es la gran ambición visionaria. A veces la mejor vía es la vía correcta, aunque no logre su cometido: se gana perdiendo, porque se hubiera perdido de todas maneras. Y en una de ésas, se gana.

Sergio Sarmiento

El Cónsul molesto

"Aquel que no castiga el mal ordena que se haga".

Leonardo da Vinci

 
Obviamente molesto me escribe por segunda ocasión Edgar Rebollar, cónsul de protección en el consulado mexicano de Omaha, Nebraska, en Estados Unidos. Su molestia procede de mis artículos del 9 de abril, "Las víctimas", y del 21 de julio, "Derechos de Joe".


"Una vez más -escribe- le manifiesto mi más profundo desacuerdo con los mismos. En mi opinión, es muy fácil manipular a los lectores de su columna apelando a la sensación de disgusto provocada por los crímenes atroces cometidos por José Ernesto Medellín y su pandilla. La idea con la que el lector podría quedarse, después de haber leído sus artículos, es que el gobierno mexicano se gasta el dinero de los impuestos de sus conciudadanos en la defensa de criminales. Una vez más se lo repito, señor Sarmiento, el gobierno mexicano NO defiende criminales ni pide que sean exonerados. Como usted debería saber, en nuestro país NO se aplica la pena de muerte y eso es lo único que nuestro gobierno solicitó a su contraparte de Estados Unidos".


La furia del cónsul es quizá comprensible. El primero de mis artículos describía el salvajismo con el que Medellín y sus cómplices violaron, torturaron y mataron a dos adolescentes, de 14 y 16 años de edad, el 24 de junio de 1993 en Houston. Muchos mexicanos, la mayoría, no conocían los detalles del crimen que conmocionó a Texas y por el que se condenó a muerte a Medellín. El segundo artículo registraba la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de pedir una suspensión de las ejecuciones, señalaba que no había duda de que se violaron los derechos consulares de Medellín y añadía con ironía que, afortunadamente, nadie había violado los derechos consulares de Elizabeth Peña y Jennifer Ertman.


"Incluso -continúa el cónsul-, en una parte de 'Los derechos de Joe' usted afirma que 'Podría incluso dejársele en libertad, porque el proceso estaba viciado de origen.' Por favor, señor Sarmiento, usted bien sabe que ése NO es nuestro objetivo. Una vez más le pido que deje de utilizar la lógica a su antojo con el propósito de dejarnos en una posición difícilmente defendible ante la opinión pública".


Cualquiera que conozca el sistema de justicia de Estados Unidos sabe que los abogados utilizarán la violación a los derechos consulares de Medellín como argumento jurídico para buscar la declaratoria de invalidez del proceso. Los abogados, de hecho, serían omisos en su responsabilidad si no lo hicieran.


"Por otra parte, me llama mucho la atención que usted insista en llamar Joe a José. Será porque, en su opinión, el señor Medellín dejó de ser mexicano por haber vivido casi toda su vida en los Estados Unidos. Lo que sucede en la realidad, señor Sarmiento, es que los inmigrantes que se encuentran viviendo en los Estados Unidos de forma indocumentada, como es el caso de José Ernesto Medellín o Joe Medellín como usted lo llama, NO dejan de ser mexicanos aunque mueran en los Estados Unidos".


La razón por la que me refiero a Medellín como Joe es porque así se llamaba él mismo y porque así lo llamaban sus amigos, como consta en las declaraciones del caso. Su hermano, sentenciado a 40 años por violación, es Vinnie y no Venancio. Peter Cantú, el tercer sentenciado a muerte por el caso, también se llama a sí mismo Peter y no Pedro.


"Por último, usted afirma que un diplomático norteamericano le comentó que el gobierno mexicano bien pudo haber escogido otro caso para defender su oposición a la pena de muerte. Qué lástima que a usted le interese más lo que piensen los diplomáticos norteamericanos que los que representan a su gobierno. Si usted le preguntara a un diplomático mexicano quizá él podría ilustrarlo un poco más sobre la política de nuestro gobierno en relación con los mexicanos condenados a la pena capital".


Extraño me parecería un patriotismo que me impidiera hablar con diplomáticos extranjeros para hacer mi trabajo y ciertamente no estoy dispuesto a practicar un perio- dismo que se limite a repetir la línea del gobierno mexicano en cualquier tema.


El cónsul Rebollar concluye: "Quizá esté de más pero le comunico que lo expresado es a título personal". Por supuesto. Quién podría dudarlo.


No me sorprende, de hecho, la molestia del cónsul. Conocer la violencia con la que Medellín y sus cómplices violaron, torturaron y mataron a dos niñas hace que tiemble cualquier intento de defensa. Por eso la Junta de Perdones de Texas decidió por unanimidad no presentar una petición de clemencia al gobernador Rick Perry. El crimen que cometieron Medellín y sus cómplices fue uno de los más salvajes en la historia de Texas.


Presento aquí con gusto la opinión del cónsul Rebollar. Lo único que lamento es que en ninguno de sus dos correos haya mencionado siquiera los nombres de Elizabeth Peña y Jennifer Ertman. Quizá para los diplo- máticos mexicanos hay condenados a muer- te, pero no víctimas de sus crímenes.

Dorantes

Roberto Zamarrita

11 Ago. 08

"Soy víctima de una fabricación ya probada. Considero que debo de hacer públicos los abusos y violaciones a la ley cometidos por aquellos que están constitucionalmente encargados de cumplirla y proteger a los ciudadanos. No de culparlos con fabricaciones de evidencia y testigos.

"Insisto, a pesar del gran riesgo que enfrento, yo y mi familia, al denunciar abiertamente la verdadera 'delincuencia organizada' en la PGJDF, es mi deber exponer a los corruptos para el beneficio propio y del resto de los capitalinos.

"Mi intención es lograr un precedente legal y que así las fabricaciones de testigos terminen.

"Solicito a la PGJDF que reabra mi caso. Estoy dispuesto a ser investigado (sin fabricaciones) y aun a estar bajo arresto domiciliario durante la investigación. Considero que una investigación honesta revelaría al verdadero asesino y así se le castigaría por el asesinato de mi ex esposa.

"Ahora con el trágico secuestro del niño Fernando Martí, se debe exponer a los elementos podridos en la PGJDF. Yo fui secuestrado en 1989, así que sé lo que es ser torturado".

Lo anterior lo escribe Sergio Dorantes, sujeto a un juicio de extradición en California, para ser presentado ante las autoridades capitalinas como presunto responsable del asesinato de su ex esposa Alejandra Dehesa.

Su caso es conocido y ha sido tratado en medios mexicanos, estadounidenses y europeos. Sergio Dorantes y Alejandra Dehesa se casaron en diciembre del año 2000 y se separaron dos años después. Ambos mantenían comunicación toda vez que Dehesa laboraba como asistente en corresponsalía en México de la revista Newsweek. Dorantes, fotoperiodista de profesión, trabajaba para la revista.

El 4 de julio del 2003 Dehesa apareció muerta en las oficinas de la revista en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. La habían acuchillado.

Un mes después del crimen apareció un testigo que, según la averiguación previa, se había presentado de manera voluntaria para dar su testimonio.

El compareciente, de nombre Luis Eduardo Sánchez, dijo haber visto a Sergio Dorantes salir de la oficina de manera apresurada y tomar un auto rojo para escapar. La Procuraduría de Justicia capitalina consignó como culpable del homicidio a Dorantes y la juez 24 de lo penal giró orden de aprehensión en contra del fotógrafo.

Aunque del caso hay dos expedientes. En uno, Luis Sánchez inculpa, en otro se arrepiente. Esto fue constatado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que ya emitió una recomendación para que la Procuraduría capitalina revise el procedimiento. Un testigo extraño con una dudosa autenticidad en su dicho que hace tambalear una investigación de por sí deficiente.

Dorantes, quien desde un inicio se dijo inocente, salió del país. El 20 de febrero de 2007 fue detenido en San Francisco, debido a una petición de extradición de la Procuraduría capitalina.

Cuenta Dorantes: "el 24 de agosto (del 2007) fui liberado bajo fianza de la prisión de máxima seguridad North County en Oakland, California. Estuve detenido por 6 meses y 3 días. El 24 de julio el magistrado federal Joseph Spero resolvió la libertad bajo fianza, el fiscal apeló y el 22 de agosto el juez federal Martín Jenkins acordó con el veredicto del magistrado Spero. Ellos coincidieron que en mi caso hay 'varias serias irregularidades y la fabricación de evidencia' cometidas por la autoridad".

El juez Spero volvió a diferir su decisión para emitir un veredicto sobre la solicitud de extradición que el gobierno de México hizo a Estados Unidos porque solicitó al gobierno mexicano aportar nuevas pruebas, ya que no puede dictar sentencia basado en el testimonio de una persona que se retractó.

No parece ser una historia extraordinaria. No, si nos atenemos a la sucesión de testimonios de miles de personas que dicen haber sido acusadas injustamente y con pruebas deficientes.

Seguramente hay personal probado y capacitado, honesto y competente en el aparato de justicia. En las policías preventivas, en las áreas investigadoras, en los ministerios públicos, e incluso en los juzgados. Aunque son sometidos y hundidos por la articulación de los intereses delictivos. Se hace trampa para ser premiados (ahora resulta que los policías galardonados son los capitanes de las bandas de delincuencia organizada), se tima para obtener bonos de desempeño, se inculpa a inocentes para lo- grar incentivos económicos. De cinco casos se resuelven tres para acrecentar el récord y dos se dejan al mejor postor de la corrupción, de la complicidad, de la transa.

La administración del delito, que no de la justicia, construye la ficción.

Dorantes alega inocencia. Está dispuesto a presentarse en México a enfrentar su caso. Pide ser juzgado de manera imparcial, sin fabricación de pruebas. Quiere, de todas formas, sentar un precedente de denuncia y de determinación. ¿Alguien le tomará la palabra?

 

Solicita la UNAM al INM explicar las razones de la súbita expulsión de Miguel Ángel Beltrán. En 2001 hizo aquí su examen para el doctorado en estudios latinoamericanos, con mención honorífica

http://www.jornada.unam.mx/2009/05/27/index.php?section=politica&article=019n1pol

Reversa en California a matrimonios gays. La Corte avala votación que los prohíbe; mantienen derechos quienes se casaron antes de la consulta

http://www.jornada.unam.mx/2009/05/27/index.php?section=sociedad&article=044n1soc

Facebook reúne a una madre con su hijo tras 27 años. Una mujer británica contacta por medio de la red social con su primogénito, a quien no veía desde que su ex marido lo secuestró

ELPAÍS.com - Madrid - 29/05/2009

Avril Grube pidió ayuda hasta a la primera ministra Margaret Thatcher para intentar recuperar a su hijo, Gavin Paros, 'secuestrado' por el padre, de nacionalidad húngara, en 1982. Pero ni las súplicas a las autoridades ni las búsquedas que Grube dice que emprendió por sus propios medios llegaron a buen puerto. Hasta que, esta semana, detectó a Paros en Facebook. El intercambio de dos mensajes fue suficiente para acabar con 27 años de separación, según informa este viernes el portal de la BBC.

Beryl Wilson, hermana de Grube, que padece de diabetes y otras enfermedades crónicas, ha comentado al medio británico que el padre de Paros tenía sólo derechos de visita sobre el niño, que permanecía bajo la custodia de su hermana. "Un día dijo que llevaría a Gavin al zoológico y nunca más lo vimos. Después descubrimos que lo escondía en Hungría", ha relatado Wilson. Y ha añadido: "mi hermana quedó devastada y su salud comenzó a deteriorarse. Intenté recuperar a su hijo de todas las formas posibles, pero nunca pude concretarlo".

En marzo de este año, Wilson tecleó el nombre de su sobrino en un motor de búsqueda de Internet y descubrió, para su asombro, que Gavin Paros tenía un perfil activo en Facebook. En la cuenta constaba que el dueño había nacido en Liverpool y el nombre de su hermana. "Me sentí muy aliviada: me llevó 27 años pero jamás me dí por vencida", ha confesado Wilson.

Madre e hijo están felices por el reencuentro. Paros, que cumplirá 30 años mañana, está casado y tiene tres hijos. Su padre, el 'secuestrador de la historia', falleció en 2006. Wilson comentó que Grube está muy mal de salud:"En la Navidad tuvo un paro cardíaco, por eso es muy importante que justo ahora pueda pasar algún tiempo con su hijo".

 

Dan a Madonna adopción de niña malawi. La Reina del Pop no estuvo presente durante el fallo en su favor del juez

Blantyre,  Malawi (12 junio 2009).-   La Corte Suprema de Malawi autorizó este viernes a Madonna adoptar a Mercy, una niña de 3 años, en este país del sur de África, aunque la Reina del Pop no estuvo presente en la audiencia.

Los recursos financieros de la cantante le permiten ocuparse de otro niño por lo cual se le otorgó la adopción, declaró el juez Lovemore Munro.

La Corte Suprema aceptó el viernes la apelación presentada por Madonna, después de que un tribunal de primera instancia hubiera rechazado su petición de adopción de la niña.

Un tribunal de Lilongwe había justificado su decisión alegando que Mercy ya no vivía en la pobreza y que si la justicia aceptaba el caso, se corría el riesgo de favorecer el tráfico de niños.

Para adoptar a un menor, las leyes de Malawi exigen para los extranjeros que hayan residido al menos 18 meses en el país, condición que Madonna no cumplió.

Juez de EU otorga a Odyssey más tiempo para objetar entrega de tesoro a España

La firma sustrajo de un barco hundido en un punto del Océano Atlántico monedas de plata y objetos de oro, los cuales son reclamados por el gobierno español.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2009/06/11/juez-de-eu-otorga-a-odyssey-mas-tiempo-para-objetar-entrega-de-tesoro-a-espana

Miguel Ángel Granados Chapa

Cassez no será repatriada

Reforma, 24 junio 09. Pudieron más los apremios coyunturales del presidente Calderón que su voluntad y necesidad de anudar los lazos de su gobierno con el de Francia. Por eso, de modo unilateral que le fue reprochado de inmediato, anunció en cadena televisiva la decisión de no conceder a Florence Cassez su traslado a un penal francés. Los medios franceses coincidieron ayer en señalar que el anuncio tenía propósitos electorales, para reforzar la campaña propagandística del PAN respecto de la delincuencia organizada. Observadores perspicaces en México añadieron que la posición presidencial en este caso, grata a un sector de la opinión pública, fue dada a conocer el día en que falleció la víctima número 47 de la matanza de niñas y niños a que no resulta ajeno el gobierno federal. Por ello se estimó preciso que el propio Presidente, de un modo inusual y que no corresponde a la dimensión del caso, notificara intempestivamente el desenlace.

El 9 de marzo los presidentes Calderón y Sarkozy, de visita en México este último, anunciaron la creación de una comisión binacional cuyos delegados estudiaran la aplicabilidad al caso Cassez de la Convención de Estrasburgo, pactada en 1983 y a la que México se adhirió años después, sin formular ninguna reserva (como ha hecho, por ejemplo, a otros instrumentos internacionales para evitar la enjuiciabilidad de militares en tribunales civiles). Se dijo que el grupo de trabajo concluiría su labor en tres semanas, y para subrayar la prisa de las partes y la importancia que Francia concedía al tema, el canciller Bernard Kouchner permaneció en México algunos días tras la partida del matrimonio Sarkozy. El asunto había dominado la agenda en la breve visita del presidente francés: nubló asuntos de importancia económica como la eventual cooperación de los dos países en materia aeronáutica, que comenzaría con la compra de helicópteros franceses y acaso concluiría con la instalación en México de una fábrica de aviones en nuestro país. También se restó importancia a la manifestación de Sarkozy sobre los nuevos deberes internacionales de México, como su participación en misiones de paz de la ONU y en general de una presencia mundial acorde con su importancia, nueva presencia en que contaría con la solidaridad francesa.

El grupo binacional tuvo "entrada de caballito ligero", como se decía antes en los pueblos; inició sus labores al día siguiente del anuncio de su creación, el 10 de marzo. Luego su paso fue cansino, pues la segunda reunión ocurrió el 25 de ese mes y después se caminó con extrema lentitud, pues transcurrieron los meses de abril y mayo y la tercera y última reunión tuvo lugar sólo el 8 de junio. Fue subrayándose en esas reuniones que el principal obstáculo al traslado de Florence Cassez es que su condena se vería reducida a la mitad: de 60 a 30 años, que es la pena máxima para el secuestro en la legislación francesa. Según el reproche emitido ayer por el Ministerio francés de Asuntos Exteriores y Europeos, al "confirmar el estado en que se encontraban las cosas, las autoridades francesas transmitieron a las autoridades mexicanas un informe de la parte francesa presentando el balance de los trabajos del grupo. Este documento proponía a México una mediación, tal como está previsto en el artículo 23 de la Convención de Estrasburgo".

Esa propuesta fue rechazada por el gobierno de México y de modo imprevisto el propio presidente Calderón anunció en la tarde del lunes, en cadena de televisión y durante ocho minutos que el "Gobierno de la República ha llegado a la determinación de que no existen las condiciones que permitan otorgar su consentimiento para el traslado de la ciudadana Florence Cassez a Francia, su país de origen, y al cual hace referencia el Convenio (sic, por Convención) de Estrasburgo". Este tratado internacional prescribe que la pena impuesta en el país remitente del reo trasladado puede no ser la misma que cumpla en el país destinatario, donde se aplicará su propia legislación. En el caso particular, implicaría que Cassez estuviera presa la mitad del tiempo previsto por su condena, de 60 años, pues en la ley francesa el máximo aplicable a quien secuestra es de 30 años.

"Para México esto resulta inaceptable -dijo Calderón; el Gobierno de México tiene el deber irrenunciable de asegurarse de que la sentencia impuesta por un juez sea cumplida en todo momento. El caso de la señora Florence Cassez no puede ser una excepción".

Desde que se planteó el caso era previsible que cualquiera posición que tomara México generaría inconformidades. La que adoptó finalmente suscitó el descontento francés, manifiesto en un comunicado en que sin ambages se reprocha la unilateralidad de la decisión y el incumplimiento de las reglas que normaron la creación y el funcionamiento de la comisión:

"Francia expresa su profunda decepción con respecto a la decisión de la parte mexicana de terminar los trabajos sin que un informe conjunto, solicitado por los Presidentes, haya podido establecerse". El comunicado del Quai d'Orsay hace notar también "por un lado, que la asimetría de las penas francesa y mexicana era conocida por la parte mexicana antes incluso del inicio de los trabajos del grupo de especialistas y, por otro lado, que México no había formulado ninguna reserva en cuanto a la adaptación de las penas, cuando decidió su adhesión a la Convención de Estrasburgo".

El precio diplomático de la decisión presidencial será alto. Acaso se espera que su rendimiento político sea mayor.

Cajón de Sastre

A las diez de la mañana de hoy, en su domicilio de camino al Ajusco, realizará El Colegio de México un coloquio sobre las elecciones legislativas del 5 de julio. Son cuatro mesas redondas en donde María Amparo Casar, José Woldenberg y Jaime Sánchez Susarrey hablarán de La reforma de 2007 y la contienda de 2009; Silvia Gómez Tagle, Rogelio Hernández, Reynaldo Ortega y Francisco Reveles, sobre Los partidos y sus campañas; Roy Campos, Ricardo de la Peña y Alejandro Moreno, sobre La participación y las preferencias electorales; y Ulises Beltrán, René Delgado y Leo Zuckermann, sobre Los medios y la cobertura de la campaña. Serán moderadores Jean Francois Prud'homme, José Luis Reyna, Fernando Somuano y Sergio Aguayo, respectivamente. Clausurara el coloquio el presidente del IFE, Leonardo Valdés. A las 19:30, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el libro coordinado por John M. Ackerman sobre Los retos de la reforma electoral 2007-2008, será presentado por Javier Corral, Mauricio Merino, Porfirio Muñoz Ledo y Santiago Nieto.

Zhenli Ye Gon: la pesadilla de Calderón

http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=70045

Enjuiciar a México

Carmen Aristegui F.

A Rosario Ibarra.

Reforma, Julio 2009. El próximo 7 de julio México enfrentará un juicio, no sólo ante la historia, sino ante el máximo tribunal de justicia continental: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Será el juicio de un caso paradigmático cuya resolución será trascendente. México aceptó someterse a la jurisdicción de esta Corte, desde 1998, y por lo tanto está obligado a cumplir sus sentencias. Será ésta la primera vez que nuestro país será juzgado por un tribunal internacional por lo ocurrido durante la década de los setenta. El tiempo de la Guerra Sucia. Aquel periodo, que no se puede olvidar, en el que por más de una década fueron desaparecidas más de mil 200 personas, casi la mitad en el estado de Guerrero y 473 de ellas sólo en el municipio de Atoyac. México deberá responder por la desaparición de una de estas personas. Se trata de Rosendo Radilla Pacheco, quien fuera presidente municipal de Atoyac de Álvarez en 1955. Recordado como líder social destacado por su trabajo a favor de la educación y la salud de la comunidad. Era también compositor de corridos, muchos de ellos sobre Lucio Cabañas.

El 25 de agosto de 1974, Rosendo fue detenido de forma ilegal en un retén militar y visto por última vez en el ex cuartel militar de Atoyac. Treinta y cinco años después, nada se sabe de él y nadie ha respondido por su desaparición. Cuenta su hijo Rosendo, con 11 años de edad entonces y quien lo acompañaba de regreso a Atoyac después de haber llevado a su familia -con 12 hijos- a un lugar más seguro, que cuando vio que los militares iban a detenerlo les preguntó: -¿De qué se me acusa? -Tú compones corridos, le dijeron. -¿Y eso es delito? -No, pero mientras ya te chingaste. Y se lo llevaron. Apenas alcanzó a darle un dinero al pequeño para que se regresara. Nunca más se supo de él. Como ocurrió con tantos otros. Como sigue ocurriendo hoy en día. El Estado mexicano tendrá que responder ante este tribunal qué fue lo que pasó con Rosendo y al responder por él estará respondiendo, de alguna manera, por lo que ocurrió con todos los demás.

Hasta hoy, el Estado mexicano -a diferencia de otros países que han procesado delitos cometidos desde el poder en contra de la población, en periodos de dictadura y autoritarismo, de forma mucho más decidida- ha sido renuente a reconocer con amplitud sus responsabilidades en estos delitos y, en consecuencia, hacerse cargo de lo que le toca. Los representantes del Estado mexicano han sido, en este sentido, no sólo omisos, sino mezquinos frente a la injusticia, el dolor y el luto continuado que significa para familiares, amigos y compañeros que no han sabido, por décadas, si a los que se llevaron se les mató, se les mantiene recluidos en alguna cárcel clandestina o viven -¿quién lo sabrá?- en algún lugar desconocido. Nadie que haya escuchado la narración de un hijo, de una esposa, de un hermano o de un amigo de algún desaparecido puede quedar indiferente sobre lo que esto significa. Viven siempre con un hilo de amargura. Con el dolor inmenso de la pérdida. Con el abismo de la incertidumbre. Y, sin embargo, desarrollan también, porque conozco a varios, una fuerza que los vincula y que los hace luchar por un anhelo infinito: que vuelvan, que regresen, que se haga justicia y que no se repita lo que ocurrió. Los que perdieron a alguien por la acción criminal de gobiernos que persiguieron, torturaron, asesinaron y silenciaron a los disidentes, a los críticos o a los insurrectos del régimen autoritario abrigan ahora una pálida expectativa con este juicio internacional. El resultado de la sentencia podría tener implicaciones para las miles de personas que en este país deben ser consideradas como víctimas de la brutal represión que marcó ese periodo en la historia de nuestro país.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos presentaron junto con la familia de Radilla una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue admitida en 2005. En 2008 la CIDH presentó la demanda ante la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano, que estará representado por el ex procurador Daniel Cabeza de Vaca y por el embajador Juan Manuel Gómez Robledo.

Concluye proceso criminal contra Ye Gon en EU
Rechaza juez la acusación contra el empresario por delito de tráfico de drogas; Zhenli no fue liberado porque sigue pendiente la solicitud formal de extradición del gobierno mexicano

http://www.eluniversal.com.mx/notas/622952.html

Define juez regreso de Asarco a GMéxico La propuesta de GMéxico alcanzó 2 mil 480 millones de dólares, mientras que la de Sterlite llegó a 2 mil 700 millones

Reforma, 1 sept. 09. Ciudad de México  (1 septiembre 2009).-   La minera estadounidense Asarco debe regresar bajo el control de su propietario, Grupo México (GMéxico), recomendó un juez de quiebras en Texas.

Con ello, se pone fin a una batalla legal por el control de la firma entre el corporativo que controla Germán Larrea y la minera india Sterlite, del grupo Vedanta.
El juez Richard Schmidt señaló que el plan de GMéxico es más viable para pagar en su totalidad a los acreedores de la empresa, ya que tendría una mayor cantidad de efectivo en el momento en que la empresa salga de la protección del Capítulo 11, como se conoce a la bancarrota en el derecho estadounidense.

El plan de Sterlite dependía, en gran medida, de que la compañía obtuviera un pago por otro litigio en contra de GMéxico, afirmó el juez en su fallo.

Durante la fase final del juicio ambas empresas aumentaron repetidamente sus ofertas. Finalmente, la propuesta de GMéxico alcanzó 2 mil 480 millones de dólares, mientras que la de Sterlite llegó a 2 mil 170 millones.

Según analistas, si bien la recomendación a favor de GMéxico no es vinculante sí deberá servir de guía para una instancia superior que dará el falló final.

Rodrigo Heredia, analista de IXE Grupo Financiero, dijo que la recomendación del juez Schmidt pasará a la sala del juez federal Andrew Hanen, quien tendrá la última palabra sobre el proceso de bancarrota y la apelación de un fallo sobre la transferencia de acciones de Southern Copper Corporation (SCC).

En abril de este año, el juez Hanen señaló en otro juicio que GMéxico hizo en 2003 una "transferencia fraudulenta" cuando desincorporó 54 por ciento de la participación de Asarco en SCC, para pasarla a otra subsidiaria.

Grupo México quedó obligado a devolverle acciones con valor de 6 mil 700 millones de dólares y mil 900 millones de dólares en efectivo a Asarco por daños y perjuicios.

Un ejecutivo de GMéxico señaló que de recuperar Asarco, este segundo juicio queda sin materia, ya que estaría regresando las acciones a una empresa bajo su control.
El corporativo mexicano apeló la decisión de Hanen, pero la resolución de este juicio podría tomar hasta un año, de acuerdo con la fuente.

Durante el juicio, los abogados de Grupo México señalaron que en caso de no serles favorable la decisión podrían llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de EU.

Antes de la decisión judicial, la acción de Grupo México cerró 5.15 por ciento a la baja a 19.20 pesos, arrastrado por una caída en el precio del cobre.

Espera justicia española que mexicano prófugo cumpla condena en ese país

Alejandro Ordaz Moreno es señalado como presunto responsable del delito de atentado con instrumento peligroso y lesiones, así como de un doble homicidio en grado de tentativa en contra de dichos agentes.

Tomado de internet / Milenio. 2009-09-08

http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=63021&relacion=dossierpolitico&mas=4

Huyó de injusticia: mamá. SALAMANCA, Gto.— Alejandro permanece en Europa. Salió de España y se refugió en otro país. “¡Está prófugo de la injusticia española! No íbamos a permitir que nos lo metieran ocho años a la cárcel”, dijo Isabel Moreno, madre del joven guanajuatense que es buscado por la Interpol. La familia está consciente de la situación de Alejandro tras su huida. La madre aseguró que se tomó la decisión (de apoyarlo) porque en el juicio no aplicaron la justicia, “y lo vamos a demostrar con video... Van a ver que nadie lo acusa; nadie dijo que Alejandro portara el arma, nadie dijo que Alejandro quiso matar a los policías, y a pesar de eso lo sentenciaron”, dijo. Isabel recordó que cuando Alejandro fue detenido, “los policías le dijeron ‘de aquí, perro indio mexicano, no sales; y si sales, sales muerto.

 

España: atraparemos a Alejandro donde esté. MADRID.— “Atraparemos a Alejandro Ordaz esté donde esté”. Así de contundente se mostró una vocera del Cuerpo Nacional de la Policía de Sevilla, cuestionada ayer, sobre la fuga del estudiante mexicano acusado de golpear a dos policías. “Sin pausa, pero sin prisa, como siempre actúa la policía, lo encontraremos; pediremos la extradición en el caso de que se haya ido a México, y volverá a la cárcel de Sevilla”, añadió en referencia al joven que se encuentra en paradero desconocido y sobre el que pesa una orden de búsqueda y de captura. Dicha fuente, que prefirió guardar el anonimato, reconoció que no les extrañó que Alejandro se fugara durante su libertad condicional, ya que es algo “habitual” en este tipo de presos. “Tiene una condena de más de ocho años de cárcel, así que nos imaginábamos que podría irse, pero lo detendremos”, reconoció. “No es la primera vez que encontramos a alguien fuera de España. Ya ocurrió una vez con un ciudadano argentino acusado de un homicidio aquí, que con la colaboración de la policía argentina detuvimos en Buenos Aires y extraditamos. En el caso de Alejandro, si está en España, lo detendremos nosotros, y si ya se ha ido a México, confiamos plenamente en la policía mexicana para que lo encuentre”, añadió.

 

La francesa Florence Cassez publica libro

La francesa Florence Cassez, encarcelada en México donde cumple una condena de 60 años, va a pedir un nuevo proceso sobre la base de elementos de un libro publicado este jueves que ha escrito, y del que dice temer que desencadene represalias contra ella del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
“Espero lo peor” de García Luna, declaró Cassez en una entrevista hecha desde la cárcel y difundida por la emisora de radio France Info con motivo de la salida a la venta en Francia de su libro “A l’ombre de ma vie” (En la sombra de mi vida).
Preguntada si teme represalias por el contenido de esa obra, donde carga contra las autoridades mexicanas, y en particular contra el titular del departamento de Seguridad Pública, que era el responsable policial que dirigió la acusación contra ella, respondió que “por supuesto que tengo miedo porque son capaces de todo”, pero “he calculado ese riesgo”.

Pese a todo, consideró que se justifica la publicación -el libro debe salir traducido en México en uno o dos meses- porque “para mí es vital contar mi historia” porque “lo último que me queda, mi última riqueza es mi inocencia”, señaló antes de recordar que le quedan por cumplir 56 de los 60 años a que fue condenada por participar en secuestros con una banda criminal.
Cassez dijo confiar en que el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, lea el libro -que ha escrito a escondidas en la prisión-, lo que “le permitirá entender quién soy”.

A su juicio, Sarkozy no sólo “está motivado” con su caso sino que “hace lo máximo” y no sabe “qué más puede hacer”.

El abogado francés de esta mujer, Franck Berton, explicó que con este libro su clienta quiere dar cuenta del “ensañamiento de García Luna contra ella”, y precisó cómo van a explotar su contenido, en primer lugar con un recurso ante el Tribunal Supremo de México para solicitar un nuevo proceso en el que se puedan aportar lo que para él son nuevos elementos.

Berton, no obstante, manifestó sus dudas sobre esa iniciativa porque conociendo “el estado de la justicia mexicana, tenemos una confianza más que limitada en los jueces del Supremo”.

El letrado señaló que también espera que la justicia francesa abra una investigación sobre la actuación en el caso de Cassez de García Luna como responsable policial: “este hombre debe responder de sus actuaciones”.
Además, señaló que hay que utilizar los mecanismos internacionales, por ejemplo para repatriarla a Francia.

Comentarfio de MAGranados Chapa, Reforma, 5 febrero 10.

La aparición del libro escrito por Florence Cassez y un reportero de la región donde nació, en Francia, reinstalará de nuevo ante la opinión pública francesa el escandaloso caso de una mujer condenada a larga pena de prisión al cabo de un proceso que revela las debilidades de nuestro sistema judicial y, sobre todo, las de la indagación ministerial, encargada en 2005 a la Agencia Federal de Investigación, dirigida entonces por Genaro García Luna. Se evidenciará otra vez la grave contradicción que resulta de premiar con un cargo en el gabinete presidencial a quien llegó al extremo de fingir para las cámaras de televisión la detención de la mujer acusada de secuestro, amén de otras muchas insuficiencias en la indagación y el proceso, por llamarlas de un modo benévolo.


La Iglesia ante la justicia

Carmen Aristegui F.

 

Reforma, 7 may. 10. La publicación del insólito comunicado del Vaticano sobre Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo, en donde -finalmente- califica al sacerdote como delincuente sin escrúpulos, carente de un auténtico sentimiento religioso y artífice de un sistema de relaciones que "le permitió ser inatacable durante mucho tiempo" marca, ya en definitiva, la ruta de extinción de la congregación creada por el "satán de Cotija" como se le ha llegado a llamar en algunas notas de prensa en los últimos días. El reconocimiento oficial del Vaticano de las monstruosas conductas de Maciel y de la existencia de redes de poder e influencia que impidieron que las denuncias en su contra prosperaran durante décadas representa una válvula de escape ante la actual presión internacional en torno al Vaticano. El caso Maciel es el putrefacto botón de muestra que exhibe no sólo la perversidad individual de Maciel y el funcionamiento de la organización que él mismo creó, sino es ahora el referente más claro dentro de esta crisis mundial. La condena abierta y pública de la Santa Sede en contra de Maciel, utilizando un lenguaje duro e inusual, se enmarca en medio del peor cuestionamiento y crisis de credibilidad por el que haya atravesado la Iglesia Católica en siglos. Tal vez sin un contexto de crisis profunda como éste, jamás hubiéramos visto un comunicado como el que se escribió sobre Maciel y sus legionarios. Se da en medio del fragor de una batalla vaticana por sortear, acusaciones y procesos judiciales que nadie sabe dónde van a parar. El cruce de fuego incluye disculpas públicas en el caso de Irlanda; reunión con víctimas en el caso Malta; renuncias forzadas de obispos implicados en casos de abusos de menores en Miami, Irlanda y Alemania; un nuevo proceso judicial en contra de los cardenales Norberto Rivera y Roger Mahony por encubrimiento y, por supuesto, la denuncia ante una Corte Federal de los Estados Unidos en contra de Benedicto XVI y otros jerarcas religiosos por un hombre de Illinois que afirma haber sufrido, cuando era niño, abusos de un sacerdote al interior de la escuela para niños sordos de St. John. La demanda pide la entrega de archivos confidenciales del Vaticano con denuncias de abusos por parte de clérigos y una compensación monetaria. La demanda afirma que Ratzinger -entonces cardenal-, Tarcisio Bertone y Angelo Sodano conocían las denuncias en contra del presunto depredador que violó a cerca de 200 niños sordos y "se asociaron para mantenerlas en secreto". Se deja entrever en la denuncia que el sacerdote señalado como responsable de abusos reiterados contra esos menores, Lawrence Murphy, era un "hábil recaudador de fondos", filón indudable que lo emparenta con el caso Maciel. El asunto ha colocado, por primera vez, a un Santo Padre ante la posibilidad de ser enjuiciado por una Corte Federal estadounidense. No será ésta la primera ocasión que en ese país se procese judicialmente una demanda de esta naturaleza. La novedad es que ahora quien está imputado es el máximo jerarca. En 2002 el mundo se cimbró por las denuncias en Boston por lo que el fiscal del caso, llamaba "el encubrimiento masivo" de la Iglesia para los más de mil sacerdotes que habían cometido actos criminales en contra de menores. El cardenal Bernard Law, por cierto, salió del país, rumbo a Roma -de donde no ha salido- horas antes de que la policía le entregara un citatorio para presentarse ante el Gran Jurado. En Los Ángeles la Iglesia tuvo que hacer fuertes erogaciones por procesos masivos en contra de sacerdotes por abusos a menores. Hay noticia reciente de que en Kentucky también se presentó otra demanda que exige que el Papa comparezca ante las cortes. En Alemania, la canciller Merkel ha dicho que la autoridad civil intervendrá ante las denuncias masivas que se han presentado en su país. Diferentes organizaciones hacen gestiones ante la Corte Europea de Derechos Humanos y ante la Corte Penal Internacional alegando que el Vaticano se autodefine como Estado Nación y debe también comparecer en la materia. Lo de Maciel no sólo puede ser un simple despresurizador para el Vaticano. Debe también abrirse con él la puerta para la justicia y la transparencia. Ya ni el Vaticano se atreve a hablar de una actuación en solitario del personaje. Habla ya, por primera vez, de "sistema de relaciones" y de "haber creado a su alrededor un mecanismo de defensa... que lo hizo inatacable". De esas conductas están llenas las demandas judiciales en otras partes del mundo. ¿Alguien levanta la mano para la justicia en México?

 

Sarkozy insiste a Calderón extraditar a Cassez

El gobierno mexicano reitera que no la entregará; le garantiza un trato justo

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/177791.html

 

Demanda Pemex a empresas en EU por robo

La demanda interpuesta por Pemex es la primera en su tipo en Estados Unidos

Ciudad de México  (7 junio 2010).- Pemex Exploración y Producción presentó por primera vez en la historia de la empresa una demanda en Estados Unidos, ante la Corte Federal del Distrito de Houston, Texas, como parte de su plan de combate al robo y contrabando de condensados que se extraen de forma ilícita en las instalaciones de la Cuenca de Burgos, ubicada el norte de México.

De acuerdo con la investigación realizada por Pemex, las empresas BASF Corporation y Murphy Energy Corporation han participado y alentado el tráfico ilícito en EU del condensado robado.

Otras empresas involucradas son Trammo Petroleum Inc., Valley Fuels y US Petroleum Depot, Inc., junto con otras personas.

En los últimos años, grupos delictivos se han centrado en el robo de este hidrocarburo proveniente de los campos de la región de Burgos, con un alto valor en el mercado, explicó la subsidiaria en un comunicado.

La demanda interpuesta por Pemex es la primera en su tipo en Estados Unidos y es resultado de una investigación que se realiza en colaboración con el Gobierno norteamericano, en la que existen señales de complicidad de algunas empresas.

En la demanda se deja claro cómo la delincuencia organizada utiliza la amenaza contra los trabajadores de Pemex Exploración y Producción para sustraer de las instalaciones de almacenamiento o mediante el secuestro de camiones de transporte, para posteriormente pasar de contrabando el condensado a Estados Unidos, en donde es adquirido por diversas empresas.

Como resultado del trabajo de investigación conjunto han sido detenidos cinco individuos, quienes han aceptado su culpabilidad y están en proceso de ser sentenciados.

Demandan 3 estados de México a BP ante corte de Texas por derrame

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2010/09/29/interponen-3-estados-mexicanos-demanda-contra-bp-por-derrame-diario

Caso exgobernador Villanueva

http://www.eluniversal.com.mx/notas/716613.html

Comienza en Alemania juicio inédito contra piratas somalíes

Es el primer proceso de este tipo en 400 años. Los diez hombres están acusados de ataque al tráfico marítimo y tentativa de secuestro.

Afp, Jornada 22/11/2010. 

Hamburgo. El primer juicio por piratería en 400 años se inició este lunes en Alemania, donde 10 somalíes, juzgados por haber atacado en abril de 2010 un buque de carga alemán frente a las costas del Cuerno de África, pueden ser condenados a hasta 15 años de cárcel.

Los diez hombres, detenidos por la marina holandesa, son juzgados por los cargos de ataque al tráfico marítimo y tentativa de secuestro para obtener el pago de un rescate. Se enfrentan a una pena de entre 10 y 15 años de cárcel. Hace cuatro siglos se exponían a la pena de muerte.

Comparecen ante un tribunal para menores, dado que algunos afirman tener menos de 18 años.

La defensa explicó en un comunicado que los actos de piratería eran la consecuencia de disturbios en Somalia y de la sobrepesca practicada en la región por los occidentales.

La piratería "sólo se puede resolver con una solución política", estimaron. "Un juicio de este tribunal no tendrá ninguna influencia sobre la piratería en el océano Índico".

Los acusados, algunos de los cuales lucían gorras de beisbol y ropa deportiva, parecían seguir detenidamente la traducción de los debates realizada por los tres intérpretes.

La lectura de los nombres en sí duró casi 45 minutos. Los jueces, intérpretes y acusados buscaban un acuerdo sobre una ortografía y una pronunciación común.

Pero es la edad de los acusados la que provocó los debates más animados. El mayor de ellos afirma haber nacido "en 1962".

Uno de ellos, Abdul Kadir Ahmed Warsami, afirmó por su parte tener 13 años, es decir un año menos que la edad legal para ser juzgado en Alemania.

"Sigue yendo a la escuela", añadió su abogado, Thomas Jung, afirmando haber recibido desde Somalia una partida de nacimiento enviada por la madre de su cliente.

Unos médicos holandeses que le examinaron afirman que es "mayor de 14 años", mientras que homólogos alemanes estiman que tiene "al menos 18 años". Con tales diferencias, el abogado pregunta cómo se puede estar seguro de su edad.

Mi cliente "tiene miedo y está completamente desamparado", añadió.

Oliver Wallasch, que representa a Ahmet Aden Abdi, el mayor de los acusados, estimó por su parte que los presuntos piratas estaban "bastante relajados".

Uno ya presentó una demanda de asilo político en Alemania, afirmó.

"Solo temen una cosa, el invierno alemán", añadió.

Los inculpados abordaron el portacontenedores "Taipan" en abril, a unos 900 kilómetros al este de las costas somalíes, pero los 15 tripulantes lograron refugiarse en un espacio seguro a borde del barco.

Tres horas y media más tarde, la fragata "Tromp" de la marina holandesa dio el asalto y un militar holandés resultó levemente herido en el tiroteo.

Los piratas fueron encarcelados en Holanda, y extraditados en junio para un juicio en Hamburgo, principal puerto alemán y ciudad del "Taipan".

Según la Oficina internacional marítima, 23 barcos y más de 500 personas están actualmente detenidos por los piratas somalíes.

Entre 1390 y 1600, unos 533 piratas fueron ejecutados en Hamburgo, según el historiador de la ciudad Ralf Wiechmann.

El Ponchis recibirá ayuda de EU como ciudadano

En entrevista con CNN, Gini Staub, vocera del Departamento norteamericano de Estado, señaló que el menor, presuntamente entrenado como sicario, recibirá asistencia consular

El menor de 14 años Édgar "N", alias El Ponchis, a quien se señala como un niño entrenado como sicario por el cártel de Pacífico Sur, es ciudadano estadounidense y como tal recibirá la ayuda del gobierno de ese país, informó Gini Staub, vocera del Departamento norteamericano de Estado.

"Hemos confirmado que el muchacho es ciudadano de Estados Unidos, pero no podemos decir nada más acerca de su situación en la ausencia (de una orden de arresto provisional) firmada por al menos uno de sus padres", dijo Staub a la cadena CNN.

El Ponchis recibiría toda la asistencia consular correspondiente como cualquier otro ciudadano estadounidense arrestado en el extranjero.

La ayuda incluiría visitas en reclusión, asesoramiento legal y la certificación de su bienestar, dijo Staub a CNN.

El joven sicario portaba un certificado de nacimiento en San Diego cuando fue detenido  por soldados de la 24 zona militar la noche del jueves 2 de diciembre en el aeropuerto estatal "Mariano Matamoros", a 17 kilómetros al sur de la capital morelense, junto con dos de sus hermanas.

 

DESDE LA FRONTERA NORTE

Extradición del asesino de Ramsés

Jorge A. Bustamante

 

A partir de que en las últimas elecciones intermedias en Estados Unidos el pasado 2 de noviembre, los candidatos del Partido Republicano en las legislaturas estatales obtuvieron más de 690 escaños -cosa que no habían logrado en los últimos 80 años-, esto los ha animado a emprender proyectos legislativos, no obstante la prohibición expresa de la Constitución estadounidense para que las autoridades estatales y locales produzcan leyes en materia de inmigración, bajo el pretexto de que el Congreso federal no ha cumplido hasta ahora con su obligación de producir una reforma migratoria. Esto ha llevado a la multiplicación de casos de desacato constitucional como el caso de Arizona con la aprobación de la Ley SB 1070 -que está pendiente de ser juzgado por un tribunal federal de ese estado- y que otros congresos estatales hayan anunciado que contemplan leyes como la de Arizona o aun más antiinmigrantes. Tal es el caso de 20 estados que han anunciado allá una campaña nacional para derogar la enmienda 14 constitucional que otorga la ciudadanía estadounidense a todo aquel que haya nacido en el territorio de ese país, lo que se conoce como jus soli (cuando los padres sean indocumentados). El diputado (legislador federal) Steve King, "republicano" del estado de Iowa, que ganó notoriedad al proponer la electrificación de la barda fronteriza aduciendo que "si era eso válido para controlar al ganado, debería serlo para el control de illegals", anunció el pasado 13 de enero la introducción de un proyecto legislativo para eliminar el jus soli de las leyes de inmigración de su país. Si bien no es fácil eliminar una enmienda constitucional en Estados Unidos, los legisladores del Partido Republicano están tratando de obtener un apoyo nacional derivado de su triunfo en las pasadas elecciones, para su propósito de eliminar la ciudadanía automática para los nacidos de padres indocumentados. En los círculos más conservadores -donde están los más antiinmigrantes- está teniendo alguna resonancia el argumento de que el jus soli nunca fue ideado para "premiar" a los hijos de indocumentados, sino para favorecer a los hijos de los recién liberados esclavos en el siglo XIX. Daryl Metcalfe, diputado estatal por Pensilvania, arguyó: "Queremos poner fin a la invasión de illegal aliens que está produciendo un efecto tan negativo en nuestros estados", citado por Julia Preston del The New York Times en su edición del 5 de enero pasado. La idea de eliminar el jus soli no está siendo promovida sin oposición. Ésta ha aparecido con fuerza; primero, en las principales organizaciones pro derechos civiles de los afroamericanos; luego, por Maldef (Mexican American Legal Defense and Educational Fund), entre otras organizaciones "latinas". Aunque la idea de eliminar el jus soli no es nueva, nunca antes había alcanzado el nivel de xenofobia que ha alcanzado últimamente. Esa xenofobia ha alcanzado recientemente nuevos niveles de violencia como el de una nueva muerte a balazos de parte de un agente de la Patrulla Fronteriza que mató a Ramsés Barrón Torres, de 17 años, el pasado 5 de enero, bajo la vieja y nunca probada excusa de "estarle tirando con rocas", mientras el joven Ramsés estaba tratando de escapar saltándose la barda metálica. Yo le he reclamado a la Procuraduría General de la República, desde hace varios asesinatos parecidos al último, que no haya levantado un acta por ese homicidio que diera lugar a un juicio en México y a una reclamación ante tribunales internacionales por la negativa de parte de Estados Unidos (como siempre) para revelar el nombre del agente agresor, para luego proceder a reclamar su extradición a México para ser juzgado (enviaré copias de esa propuesta a quien me la solicite a: jbustama@nd.edu). Por mucho menos que eso, el gobierno de México ha accedido a extraditar a varios acusados allá. El mensaje debe ser claro: cero extradiciones desde México si no acceden a la extradición del asesino de Ramsés. Un reclamo que culmine en una extradición de un agente asesino -bajo testigos presenciales- ha sido formulado ahora por la diputada Leticia Salazar Vázquez, como presidenta de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. Felicito a la diputada Salazar por su reclamación, falta saber los pasos que tomará para que la PGR y Estados Unidos le hagan caso.

 

Niegan amparo a Cassez

Previo a la sentencia, la Embajada de Francia en México criticó la presión de organizaciones sociales en el caso

Un tribunal federal confirmó la pena de 60 años de cárcel por secuestro contra la ciudadana francesa Florence Cassez.

El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal registra que el amparo directo promovido por Cassez, fue negado hoy por unanimidad de los tres magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal.

El amparo directo es la última instancia para impugnar la condena, dictada en marzo de 2009 por un tribunal unitario de circuito.

La defensa puede en teoría interponer un recurso de revisión para llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia, que solo conoce de estos casos cuando se debe estudiar la constitucionalidad de alguna de las leyes aplicadas al acusado.

La demanda de amparo directo en este caso contiene 18 conceptos de violación. Ninguno de ellos plantea la posible inconstitucionalidad de alguna de las leyes aplicadas contra Cassez, sino que todos están dirigidos a demostrar que las autoridades policiacas, ministeriales y judiciales, violaron dichas leyes durante el proceso.

Los 18 conceptos esgrimidos por la defensa de Cassez estuvieron encaminados a demostrar violaciones al Código Federal de Procedimientos Penales por no existir certeza sobre momento de su detención y errónea valoración de pruebas y testimonios; violación a los principios de presunción de inocencia, debido proceso, igualdad procesal, así como al principio de defensa adecuada por falta de comparecencia de testigos y falta de junta de peritos; violación a tratados internacionales sobre derechos humanos y asistencia consular; violación a Ley Federal contra Delincuencia Organizada, y en general, a desacreditar la actuación de la Policía Federal por el montaje televisivo para presentar la captura de Cassez.

El amparo fue negado por voto de los magistrados Carlos Hugo Luna Ramos, Ricardo Ojeda Bohórquez y Manuel Bárcena, todos veteranos del Poder Judicial.

 

Recibe Francia a Embajador mexicano

La ministra francesa, Michèle Alliot-Marie, comentó que se abstendría de participar en cualquier actividad del Año de México en Francia

París,  Francia (11 febrero 2011).-   La canciller francesa Michele Alliot Marie recibió al Embajador mexicano en París a quien había convocado horas antes tras calificar de deplorable e inicua la decisión judicial de rechazar el amparo a Florence Cassez condenada a 60 años de cárcel.

El portavoz de la cancillería francesa, Bernard Valero, indicó que el encuentro entre Alliot Marie y el Embajador Carlos de Icaza tuvo lugar a las 11:00, tiempo local.

Fuentes diplomáticas mexicanas confirmaron la reunión y precisaron que más tarde brindarán información al respecto.

Previamente, la ministra anunció además que se abstendría de participar en cualquier actividad del Año de México en Francia que se celebra a lo largo de todo 2011.

"Estoy conmocionada, es una verdadera denegación de justicia", dijo Alliot-Marie en declaraciones a la televisión France 2. "Es una decisión inicua", agregó.

"Se lo diré al Embajador de México este viernes y el asunto tendrá consecuencias", anunció.

Un tribunal federal de México rechazó el jueves conceder un amparo que hubiese otorgado la libertad a Cassez, condenada a 60 años de cárcel por secuestro y otros delitos en el País.

Cuando le preguntaron si pensaba acudir a las actividades del Año de México en Francia, la canciller respondió que no participaría en ninguno de los eventos previstos y que esa agenda de manifestaciones culturales, científicas y económicas ofrecerá la oportunidad a los franceses de decir lo que piensan.

Alliot-Marie ya había denunciado el jueves una denegación de justicia por parte de la justicia mexicana, que pesará en las relaciones bilaterales.
"Las condiciones en las cuales fue adoptada esta decisión (por la justicia mexicana) son inadmisibles, pues ninguno de los elementos fundamentales de derecho o de hecho presentados por la defensa de Florence Cassez fue tomado en cuenta como debería haber ocurrido en un Estado de derecho", sostuvo la ministra.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en un comunicado, lamentó esas declaraciones e hizo votos para que este caso no empañe los vínculos con Francia.

 

Lo peor que me puede pasar es el olvido: Cassez

La francesa, quien cumple una condena de 60 años por secuestro, aseguró que no desea que se suspendan los actos del Año de México en Francia

Con su condena en México por secuestro, delincuencia organizada y tenencia ilícita de armas, aseguró que no desea que se suspendan los actos del Año de México en Francia, sino que "se aproveche para hablar de su caso".

"Lo peor que me puede pasar es el olvido", explicó en una entrevista publicada hoy por "France Info", se dijo partidaria de que se desarrollara el Año de México en Francia, después de que su familia pidiese su anulación.

La condenada, que perdió el jueves el recurso de amparo interpuesto ante un tribunal federal mexicano que consideró que en su juicio no se violaron las garantías individuales ni la Constitución, destacó además la implicación en su caso del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy.

Sarkozy "nunca me ha dejado y ha hecho mucho por mí", aseguró la francesa de 36 años.

Fue arrestada en México en diciembre de 2005 durante la desarticulación de la banda "Los Zodiaco", a la que pertenecía su ex novio Israel Vallarta y en la que, según la justicia mexicana, ella estaba implicada; fue acusada de secuestro y crimen organizado, delitos por los que fue condenada en primera instancia a 96 años de cárcel, pena reducida a 60 en marzo de 2010.

Presentará recurso ante SCJN Florence Cassez: defensa

Jornada, 7 mar. 11.  México, DF. La francesa Florence Cassez, condenada a 60 años de prisión por complicidad en secuestros, presentará este lunes un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó su abogado mexicano Agustín Acosta. Con este recurso, la defensa de la francesa pedirá la revisión del recurso de amparo rechazado por la justicia mexicana el pasado 10 de febrero, decisión que convirtió en definitiva la condena de 60 años por el delito de secuestro.

La Constitución mexicana preve un recurso para revisar los juicios de amparo, cuando contienen una "interpretación directa de uno o varios artículos" de la Carta Magna, precisó Acosta a la agencia AFP. La presentación del recurso se realizará hacia las 13:30 horas locales.

Florence Cassez, que siempre se ha declarado inocente, está encarcelada desde diciembre de 2005. Su caso motivó una tensión diplomática entre los gobiernos francés y mexicano, que decidió retirarse de la organización del año de México en Francia, lanzado oficialmente el 3 de febrero pasado.

El gobierno mexicano le reprocha al gobierno francés querer atar el tema de Florence Cassez al evento cultural, en tanto que París considera que el procedimiento que derivó en la condena de la gala está plagado de irregularidades y pidió, en vano hasta ahora, su traslado a Francia, en el marco del Convenio de Estrasburgo, firmado por ambos países.

La francesa fue detenida el 8 de diciembre en compañía de su presunto ex novio Israel Vallarta, sospechoso para la policía de dirigir el grupo Los Zodiaco señalado como responsable de una decena de secuestros y un homicidio.

Un día después la policía montó frente a las cámaras de televisión la misma detención de Cassez y Vallarta y tres de sus secuestrados, y fue presentado como un operativo en vivo.

El recurso que será presentado este lunes por los abogados de Cassez pone este montaje, reconocido como tal por la justicia mexicana, en el centro de la argumentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (CSJN) de México.

Según Acosta, las acciones de la policía federal cometidas el 9 de diciembre "atentan contra los principios constitucionales previstos en el artículo 21 de la Constitución mexicana que ordena que la policía debe seguir los principios de legalidad, de profesionalismo, de honradez y de respeto de los derechos humanos".

Este recurso también establece que la francesa no fue presentada de forma inmediata ante el ministerio público, no se respetaron sus derechos consulares y no se tomó en cuenta el principio de presunción de inocencia.

Acepta Corte recurso de Cassez

El expediente de Florence Cassez será turnado a un Ministro quien determinará si hay elementos para estudiar el recursos de revisión

 

Reforma, 9 marzo 2011.- El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada hoy al recurso con el que la francesa Florence Cassez busca una revisión final de su condena de 60 años de cárcel por secuestro.

En una decisión relativamente sorpresiva, el Ministro Juan Silva Meza no desechó por notoria improcedencia el recurso de revisión promovido por abogados de Cassez el lunes pasado, sino que lo turnó a la Primera Sala de la Corte para que haga un estudio más detenido y determine si hay algún tema de interpretación constitucional que amerite un pronunciamiento del Máximo Tribunal.

El expediente será asignado a uno de los cinco Ministros de la Sala, el cual presentará en un plazo no definido el proyecto de sentencia, que podría inclinarse por desechar el recurso, o bien, estudiarlo y con ello revisar la sentencia dictada en febrero por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal.

Al enviar el caso a la Corte, el tribunal había advertido que, a su juicio, no realizó ninguna interpretación sobre la constitucionalidad de las leyes, ni respecto a algún precepto de la Carta Magna, que son los requisitos para una revisión de este tipo.

En caso de que la Primera Sala determine que hay elementos para estudiar el recurso, dicho estudio tendría que limitarse a los temas de interpretación constitucional, sin poder entrar a los hechos concretos que se imputan a Cassez, pues esos temas ya fueron resueltos en definitiva por el tribunal colegiado.

El efecto práctico de un amparo, sin embargo, sí podría ser la absolución de la acusada.

Aunque este escenario parece poco probable, la Primera Sala se ha distinguido por imponer rigurosos estándares en materia penal, que han llevado a varias absoluciones en casos de alto perfil por fallas en los procesos respectivos.

 

Abren en EU juicio a Rivera

Tienen partes en conflicto hasta febrero de 2012 para llegar a un acuerdo extrajudicial

Reforma, 8 marzo 2011.- Una jueza federal de Los Ángeles resolvió que sí tiene competencia para llevar la demanda presentada en 2010 contra el Cardenal Norberto Rivera Carrera por presunta protección a un sacerdote pederasta y estableció un calendario para desahogar el proceso, que culminaría con un juicio ante jurado a partir del 24 de abril de 2012.

La jueza Josephine Staton Tucker, de la Corte de Distrito para el Centro de California, rechazó el 25 de febrero la moción del Cardenal y ex Arzobispo de Los Ángeles, Roger Mahony, para desechar por falta de jurisdicción la demanda civil, entablada a raíz de los presuntos abusos sexuales del sacerdote mexicano Nicolás Aguilar.

La falta de jurisdicción fue la razón por la que no prosperó una demanda previa por este caso ante cortes estatales de California. La Ley de Reclamos de Extranjeros, que data de 1789, sólo es accionable ante cortes federales.

La demanda civil fue presentada por un mexicano quien asegura que en 1997, cuando tenía 12 años, Aguilar abusó de él en Tehuacán, Puebla, cuando la Diócesis estaba a cargo del Cardenal Norberto Rivera. El nombre de la presunta víctima se ha mantenido en reserva.

Los demandados son Rivera, Mahony, Aguilar, la Arquidiócesis de Los Ángeles y la Diócesis de Tehuacán. El objetivo del demandante es obtener una indemnización por daños y perjuicios. Los demandados pueden impugnar la decisión de Staton ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco.

De acuerdo con el calendario, las partes tendrán hasta el 13 de febrero de 2012 para llegar a un acuerdo extrajudicial.

 

Reponen a capo juicio por narco. Determinan que cuando fueron internados en 2004, el juez no les hizo saber sus derechos consulares, como establece la Convención de Viena

REFORMA / Redacción

Ciudad de México  (24 marzo 2011).-   Un tribunal federal echó abajo una condena de 42 años de prisión que pesaba sobre el colombiano José Fernando Arias Pulgarín, "El Ingeniero", operador del Cártel del Norte del Valle en México, al estimar que no fueron respetados sus derechos consulares.

Herlinda Velasco, magistrada del Quinto Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, canceló el castigo contra el capo sudamericano, así como la sentencia de 28 años de cárcel impuesta a su presunto cómplice Óscar Mauricio Arcila, también de nacionalidad colombiana.
La única sentencia que el tribunal confirmó es la impuesta al mexicano Hugo Ortega, quien según la acusación, en 2002 renunció a la Coordinación Jurídica de la PFP para facilitar sus relaciones en aeropuertos a "El Ingeniero".

Arias, uno de los embajadores del Cártel del Norte del Valle en México, fue detenido el 20 de diciembre de 2003 en la "Operación Toro", iniciada unos días antes con el aseguramiento de 1.5 toneladas de mariguana jamaiquina en Veracruz, en un barco procedente de Barcelona.

Al resolver la apelación 363/2010, la magistrada determinó que cuando en 2004 fueron internados en el Reclusorio Norte, el juez no les hizo saber en la rejilla de prácticas sus derechos consulares, como se establece en la Convención de Viena.

Este reclamo es el mismo que ha planteado la francesa Florence Cassez, quien hasta ahora no ha tenido la suerte de los presuntos narcotraficantes colombianos.

Según documentos judiciales, la Magistrada Velasco pidió al Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal reponer el proceso y atender lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Es decir, hacerles saber a los acusados que tienen el derecho a recibir la visita de los funcionarios consulares y, en su caso, organizar su defensa ante los tribunales respectivos y comunicar de su situación jurídica a miembros de la Embajada de Colombia en México.

En agosto de 2010, "El Ingeniero" fue condenado en primera instancia a 42 años de prisión y una multa de 56 mil 745 pesos por delincuencia organizada, introducción de mariguana y uso de documento falso; sin embargo, fue absuelto de lavado de dinero, usurpación de profesión y violación a la Ley General de Población.

Mientras que Arcila fue sentenciado a 28 años de prisión y una multa de 34 mil 963 pesos, por delincuencia organizada y uso de documento falso, pero exonerado de introducción de mariguana, lavado, usurpación de profesión y violación a la Ley General de Población.

Cuando los tribunales instruyen una reposición, lo habitual es que el juzgado tenga como punto de partida todos los delitos presentados por la PGR en la acusación original, salvo cuando la Procuraduría no apela la sentencia y sólo es impugnada por el procesado.
El 7 de marzo, después de siete años de estar en prisión, los colombianos comparecieron de nueva cuenta en la rejilla de prácticas del Juzgado Primero de Distrito en el Reclusorio Norte para rendir su declaración preparatoria, se les hicieron saber sus derechos consulares y seis días después fueron procesados sólo por los delitos por los que antes fueron hallados culpables, en cumplimiento al mandato del tribunal.

Abastecía a todos los cárteles

José Fernando Arias Pulgarín, "El Ingeniero", abastecía a diversos cárteles mexicanos hasta el 20 de diciembre de 2003, cuando fue capturado en el Distrito Federal, de acuerdo con las investigaciones que seguía la PGR.

Una línea de investigación derivada del seguimiento a Arias y sus relaciones con el Cártel de Juárez llevó a la PGR a la búsqueda de un sobrino del entonces Procurador de Chihuahua, Jesús Silva, hace siete años.

Las autoridades relacionaron al grupo de "El Ingeniero" con Ignacio "Nacho" Coronel, a raíz de un cargamento de dos toneladas de cocaína asegurado en febrero de 2003 en un avión estacionado en el Aeropuerto de Aguascalientes.

Arias abandonó Colombia a mediados de los años 90 y antes de establecerse en México en 2002, vivió en Venezuela, Panamá, Estados Unidos y España.

 

3 mexicanos, a un paso de la horca

Son acusados de formar parte de una célula del cártel de Sinaloa dedicada a la distribución de metanfetaminas en el sudeste asiático; la embajada en ese país no los ha contactado.

Kuala Lumpur.- En un hecho sin precedentes, tres mexicanos están a un paso de ser condenados a morir ahorcados en Malasia, acusados de formar parte de una organización internacional dedicada al tráfico y distribución de metanfetaminas en el sudeste asiático.

Encarcelados en una prisión de máxima seguridad cerca de la frontera con Singapur, los hermanos José Regino, Luis y Simón González Villarreal, de Culiacán, Sinaloa, han entrado a la última etapa de un juicio que ya ha durado tres años y que podría terminar en cosa de semanas con una corte
penal de Kuala Lumpur ordenando su ejecución bajo las estrictas leyes antinarcóticos de Malasia.

El juicio concluirá a finales de abril próximo, cuando el juez encargado del caso, Mohamed Zawawi Saleh —apodado Juez Soga por su constante aplicación de la pena de muerte a narcotraficantes— deberá dictar sentencia en torno a los mexicanos, detenidos por agentes de la Unidad Antinarcóticos de la Real Policía de Malasia en la ciudad de Johor Bahru, al sur del país, en marzo de 2008.

De ser encontrados culpables, la ley malaya no contempla otra opción más que ejecutar a José Regino, Luis y Simón, de 36, 47 y 33 años. Sería la primera vez que tres hermanos irían al patíbulo en el país asiático al mismo tiempo.

“Mis clientes están en peligro de morir aquí”, admitió el abogado de los hermanos González Villarreal, Kitson Foong, que apenas en enero asumió su caso. “Necesitamos urgentemente un traductor para preparar su defensa y hasta ahora la embajada no los ha contactado, ni a ellos ni a mí, para ayudarlos”.

Los sinaloenses fueron detenidos el 4 de marzo de 2008 en una fábrica en la ciudad industrial de Johor Bahru, en lo que la policía definió como un “megalaboratorio” de drogas. Se les acusa de haber estado en posesión de más de 240 kilogramos de metanfetaminas, una cantidad sin precedentes en un país en el que, sin excepción, se castiga el tráfico de este narcótico con la muerte.

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La visa del gobierno de Malasia contiene la leyenda: “El tráfico de drogas se castiga con la pena de muerte”. Foto: Especial

La situación de los hermanos González Villarreal, encarcelados durante poco más de 36 meses consecutivos, es precaria. Inmersos en una cultura completamente ajena, sin entender el idioma y con contactos esporádicos con sus familias, han comenzado a sufrir depresiones por la permanente tensión de estar casi al pie de la horca.

“Están deprimidos. Cada vez que nos hemos reunido con ellos, nos han manifestado su preocupación por estar en la prisión”, expuso el abogado. A principios de febrero, durante una visita realizada a la cárcel de máxima seguridad de Ayer Molek, en Johor Bahru —en donde se encuentran recluidos los González Villarreal a la espera de recibir sentencia—, notó que uno de ellos tenía problemas de salud.

“José Regino se quejó de dolores en los riñones y la espalda”, dijo Foong. “No estoy diciendo que las prisiones tienen que ser hoteles de 5 estrellas, pero es una cárcel muy difícil para quienes ahí se encuentran”.

La última vez que Foong vio a los González Villarreal fue el 25 de febrero pasado, en la Corte Alta de Kuala Lumpur, cuando su caso fue revisado por el juez Zawawi. El abogado pudo apreciar que eran víctimas de un fuerte nerviosismo.

Al final, el juez Zawawi determinó que la Fiscalía había probado suficientemente la culpabilidad de los mexicanos y les ordenó presentar su defensa, lo que significa que a finales de abril tendrán que tomar el estrado y responder a las preguntas de los fiscales en torno a un punto en particular: ¿qué hacían tres ciudadanos de un país al otro lado del mar, sin conocimientos de inglés, en una fábrica que contenía metanfetaminas en una ciudad a la que pocos turistas viajan?

“Lo único que me pudieron decir los muchachos en un inglés roto fue: ‘how today?’ (¿cómo nos fue hoy?)”, narró Foong. “Les dije la verdad. Nos había ido muy mal porque ahora están a un paso de la condena. Les pregunté si rezaron y me dijeron que sí. Y después les dije algo. Que había llegado el momento de rezar más fuerte”.

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En narcotráfico en el momento en que se te prueba culpable, el juez no tiene otra opción más que imponer la pena de muerte.

- Abdul Samad Bin Abhdul, profesor de Derecho de la Universidad de Malasia.r

El hecho de que los hermanos González Villarreal estén acusados en un caso de narcotráfico complica más las cosas y los deja, a decir de especialistas, al filo de la navaja. O al pie de la soga.

“En Malasia la pena de muerte es obligada para ciertas ofensas”, explicó Abdul Samad Bin Abhdul, profesor de Derecho de la Universidad de Malasia.

—¿No hay circunstancias que puedan aminorar la sentencia?

—En Malasia si te detienen con cierta cantidad de drogas y eres encontrado culpable, serás sentenciado a ser colgado. Un juez que lleva un caso de narcotráfico no tiene más que dos posibilidades: o te libera si te encuentra inocente o si te encuentra culpable, te cuelgan. Punto.

La decisión final sobre las vidas de los González Villarreal residirá en el juez Zawawi, famoso por estricto y que, cuando se trata de narcotráfico, pocas veces se inclina por la absolución. En los últimos años ha enviado a una treintena de personas a la horca, lo mismo extranjeros y malayos.

Aunque el gobierno malayo nunca ha revelado el número de personas ejecutadas, organizaciones como Amnistía Internacional estiman que en las últimas tres décadas 400 personas han sido ahorcadas por varios delitos, entre ellos narcotráfico.

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Al riesgo de ser ejecutados, los hermanos González Villarreal enfrentan otros problemas. Llegan a la recta final de su juicio en desventaja, sin haber ensayado su defensa.

Por ahora, sigue pendiente una solicitud de Foong ante el Ministerio de Justicia malayo para transferirles de la cárcel de Ayer Molek a la penitenciaria de Pudu, en Kuala Lumpur, lo que facilitaría a sus abogados tener acceso a ellos para poder planear sus argumentos finales.

“Para poder visitarlos en Ayer Molek, tenemos que viajar cuatro horas por carretera y después sólo tenemos un máximo de dos horas para hablar. Esto nos ha complicado ayudarles”, lamentó Foong, quien pidió al gobierno mexicano interceder para acelerar los trámites.

Pase lo que pase, el juicio está en sus momentos finales y en cualquier sentido tendrá un desenlace dramático. La posibilidad de cambiar la opinión de Zawawi recaerá en cómo Foong aborde la defensa y lo que digan los hermanos González Villarreal en la audiencia de finales de abril.

Si fallan, si sus argumentos no son lo suficientemente convincentes, serán condenados a muerte.Serían los primeros mexicanos en morir así en Asia.

Casos anteriores

• Los últimos ciudadanos occidentales en ser ejecutados en Malasia fueron los australianos Kevin John Barlow y Geoffrey Chambers, encontrados culpables de traficar con heroína.

• Pese a reiteradas peticiones de clemencia por parte del gobierno australiano, Barlow y Chambers fueron ahorcados el 7 de julio de 1986 en la cárcel de Pudu, en Kuala Lumpur.

• Otro caso fue el de un británico en 2010. Bajo la ley de Malasia, el tráfico de drogas no puede ser castigado con cadena perpetua. Forzosamente conlleva la pena de muerte.

Pide NYT controlar la revisión de laptops en la frontera

La Novena Corte de Apelaciones en San Francisco decide sobre un caso en el que autoridades federales fronterizas proponen mantener su práctica de revisar archivos, correos electrónicos y páginas de internet por las que hayan navegado los dueños de las computadoras.

Nueva York.- 23 abril 2011. La Suprema Corte de Justicia debería poner límites a la invasión a la privacidad cometida por agentes fronterizos al retener computadoras portátiles a viajeros como parte de las medidas de seguridad, planteó hoy The New York Times.

“La diferencia entre revisar el espacio físico de una mochila de computadora y revisar el espacio cibernético de una laptop -o la manera en que el propietario usa su mente- es profunda", apuntó el diario local en su editorial de este sábado.

Informó que la Novena Corte de Apelaciones en San Francisco decide sobre un caso en el que autoridades federales fronterizas proponen mantener su práctica de revisar archivos, correos electrónicos y páginas de internet por las que hayan navegado los dueños de las computadoras.

Detalló que se trata del caso de un abusador sexual quien había purgado una sentencia y cruzó la frontera a Arizona con una computadora en la que guardaba imágenes.

Sin embargo, el rotativo aclaró que desde el punto de vista de quienes se oponen a la propuesta de autoridades en la corte, la práctica de recoger laptops a empresarios, funcionarios, periodistas y viajeros "permite al gobierno establecer sus propios límites".

“Investigar el contenido (de archivos y cibernético) es una invasión mayor a la privacidad que pudiera ser necesaria para proteger al país, pero debe tener límites", opinó el diario.

De acuerdo con The New York Times, se debe proteger los derechos de la enmienda 14 constitucional, que garantiza la prohibición de revisiones y retenciones irracionales.

Ejecutivos de California, culpables de sobornos en CFE

Un jurado encuentra a Keith Lindsey, presidente de Lindsey Manufacturing Co., y a Steve Lee, culpables de complot para infringir la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero

Universal, Martes 10 de mayo de 2011. Una empresa del sur de California y dos de sus ejecutivos fueron hallados culpables el martes de sobornar a la empresa estatal de electricidad en México, a cambio de obtener contratos lucrativos.

Un jurado federal encontró a Keith Lindsey, presidente de Lindsey Manufacturing Co., y a Steve Lee, culpables de varios cargos, incluido el de complot para infringir la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero.

 

Dominique Strauss-Kahn, director del FMI, comparece por agresión sexual

14/05/2011. Tiene tres acusaciones formales

NUEVA YORK - El director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y potencial candidato presidencial francés, Dominique Strauss-Kahn, está bajo custodia policial en Nueva York y a la espera de comparecer ante un juez tras ser acusado de intento de violación, acto sexual ilícito y detención ilegal.
Según sus abogados, Ben Brafman y William Taylor, el alto funcionario internacional se declarará no culpable de los cargos cuando comparezca ante un juez en una audiencia preliminar, algo que se espera que ocurra a lo largo de las próximas horas.

Una de las grandes incógnitas que se plantean en esa vista es si se le concederá la libertad bajo fianza, dado que fue detenido a bordo de un avión apenas minutos antes de despegar hacia París.

Su esposa, la periodista francesa de origen estadounidense Anne Sinclair, emitió un comunicado en el que subrayó su convencimiento de la inocencia de su esposo.

El 'número dos' tomó cargó en FMI

La noticia del arresto de Strauss-Kahn cayó como una bomba tanto en Francia, donde se daba como prácticamente segura su candidatura para las presidenciales del año próximo, como en la sede del Fondo Monetario Internacional en Washington.

La institución financiera internacional tiene previsto celebrar esta tarde una reunión informal de urgencia para abordar los acontecimientos y decidir los próximos pasos.

Por el momento queda al frente de la organización el "número dos", el estadounidense John Lipsky, quien precisamente había anunciado el jueves que abandonaría el FMI en agosto, cuando concluye su mandato.

El FMI explicó que Lipsky se hace cargo "de acuerdo con los procedimientos del FMI", que estipulan que el número dos ejerce las funciones de director gerente cuando el titular se encuentra ausente de Washington.

Forcejeo en la habitación

Según Browne, la mujer, de 32 años, explicó que cuando entró en la "suite" de Strauss-Kahn, éste salió del cuarto de baño desnudo y se abalanzó contra ella e intentó quitarle la ropa interior.

La camarera logró huir y contó lo ocurrido a sus compañeros de trabajo, que llamaron a la Policía.

Cuando los agentes se personaron en el hotel, Strauss-Kahn ya lo había abandonado, aunque de manera aparentemente precipitada, pues dejó en la habitación algunos objetos personales, entre ellos su teléfono móvil.

En un escueto comunicado, el FMI indicó que no comentaba el caso, pero recalcó que la institución está funcionando y "plenamente operativa".

El director gerente fue detenido en Nueva York y ha contratado los servicios de un abogado, señaló en la nota la responsable de Relaciones Exteriores del FMI, Caroline Atkinson, antes de añadir que "se remitirán todas las preguntas" al letrado personal de Strauss-Kahn y a las autoridades locales.

Las acusaciones representan un grave varapalo para las aspiraciones políticas de Strauss-Kahn, quien, aunque aún no había anunciado su candidatura, se daba por descontado que estaba a punto de renunciar a su puesto en el FMI para poder presentarse a las elecciones presidenciales francesas del año próximo.

Según la legislación gala, Strauss-Kahn tenía de plazo hasta el 13 de junio para declarar sus aspiraciones políticas.

Quería ser el sucesor de Sarkozy

Las encuestas le concedían hasta ahora una cómoda ventaja frente al conservador y actual presidente, Nicolas Sarkozy.

Strauss-Kahn se encuentra al frente del FMI, con sede en Washington, desde 2007, cuando pretendía aspirar a hacer frente a Sarkozy en las elecciones presidenciales francesas pero fue derrotado a la hora de obtener la candidatura de su partido por Segoléne Royal.

Arraigan a Strauss-Kahn tras pagar una fianza de un millón de dólares. Un gran jurado lo inculpa formalmente de crímenes sexuales. Vivirá confinado en un departamento que su esposa rentó en NY. Irá a audiencia el 6 de junio; se declarará no culpable: defensa

Nueva York, 19 de mayo. Dominique Strauss-Kahn logró su libertad condicional al pagar una fianza el mismo día en que un gran jurado lo inculpó formalmente de crímenes sexuales perpetrados contra una recamarera en un hotel de lujo de Nueva York.

Un juez del Tribunal Supremo de Nueva York concedió la libertad bajo fianza a Strauss-Kahn esta tarde, tras imponerle una serie de condiciones. Además de la fianza de un millón de dólares en efectivo, el ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI) tendrá que vivir confinado en su departamento (sólo podrá salir para ciertas visitas autorizadas), usar una pulsera electrónica con la que se monitorearán sus movimientos, pagar un guardia de una empresa de seguridad privada que permanezca frente a su edificio para vigilarlo junto con videocámaras y entregar todo documento oficial que pudiera utilizar para viajar.

El juez Michael Obus también le impuso un seguro de fianza adicional de 5 millones de dólares (o sea, donde se usan bienes como una casa como pago colateral, pero sólo se entrega si el acusado se fuga).

Al concederle la libertad bajo fianza, el juez advirtió a Strauss-Kahn que cualquier violación de estas condiciones podría anular el acuerdo.

Antes de que se diera esa decisión, la defensa enfatizó ante el juez que su cliente es un hombre sin ningún historial criminal, reconocido mundialmente, cuyo único propósito ahora es comprobar su inocencia.

Además los abogados informaron al tribunal, mediante varios documentos, que Strauss-Kahn posee una fortuna neta de unos 2 millones de dólares, con una parte sustantiva en cuentas bancarias en Estados Unidos, y una casa en el exclusivo barrio de Georgetown, en Washington, valuada en 4 millones (aunque aparentemente está a nombre de su esposa Anne Sinclair).

También dieron a conocer que una hija del acusado reside en Nueva York, donde es estudiante de posgrado en la Universidad de Columbia.

Los fiscales reiteraron sus argumentos de que Strauss-Kahn representa un riesgo de fuga, justo por tener recursos y contactos, e insistieron ante el juez que Francia no extradita a sus nacionales. “Las pruebas en su contra son sustanciales y continúan creciendo cada día al proceder la investigación… Tenemos a un hombre que, por su propia conducta en este caso, ha demostrado una inclinación hacia conducta criminal impulsiva”, declaró ante el juez el fiscal John McConnell.

Strauss-Kahn estuvo presente en la audiencia, mientras su esposa y su hija observaron desde las tribunas. Después de pasar tres noches en una celda solitaria bajo vigilancia antisuicidio en el famoso complejo carcelario de Rikers Island, ahora el ex director del FMI podrá residir en un departamento recién rentado por su esposa en esta ciudad, mientras espera los próximos pasos que dará por el sistema judicial (permanecerá otra noche en la cárcel, porque deben cumplirse las condiciones del acuerdo antes de ser liberado).

Poco antes de la determinación del juez, los fiscales del caso anunciaron que un gran jurado, después de revisar las pruebas para fincar cargos contra Strauss, emitió una inculpación formal –necesaria para enjuiciar al acusado– que incluye los siete cargos originales: dos por acto sexual criminal, uno por intento de violación, otro por abuso sexual, uno más por privación ilegal de libertad, uno por contacto físico forzado y otro menor, también por abuso sexual. Si es declarado culpable en un juicio, las acusaciones más severas se castigan con penas de hasta 25 años de cárcel.

Estos son cargos extremadamente graves, basados en la determinación del gran jurado de que las pruebas apoyan la realización de actos sexuales forzados, no consensuados, afirmó el jefe de la fiscalía de Manhattan, Cyrus Vance, Jr., ante un batallón de medios de comunicación frente a los tribunales.

El juez citó a audiencia para el 6 de junio, día en que se presentará la inculpación a Strauss-Kahn, se registrará su respuesta (sus abogados han indicado que será: no culpable) y se determinarán los próximos pasos del proceso.

McConnell, el fiscal que encabeza el caso, comentó que indicios preliminares apuntan a que las pruebas forenses son consistentes con los delitos detallados por la víctima, una recamarera de 32 años de edad que trabaja en el hotel Sofitel.

Por su parte, abogados defensores de Strauss-Kahn han dado a entender que consideran argumentar que cualquier acto sexual fue consensuado, reporta The New York Times. El abogado de la recamarera, una inmigrante africana, viuda y madre soltera, ha rechazado en forma tajante esta posibilidad.

En casos criminales como éste –es decir, no civil– los cargos los presenta el Estado, no la víctima. El asunto ya se considera delito contra el Estado (el caso ya se conoce formalmente como “El pueblo vs Strauss-Kahn 1225782, Tribunal Criminal de la Ciudad de Nueva York).

Bruce Green, presidente de la División Criminal de la Asociación Americana de Abogados, profesor de leyes en la Universidad de Fordham y ex fiscal federal en Nueva York, aseguró hoy a La Jornada que la víctima no puede desechar los cargos. Cuando se emite una inculpación, sólo el tribunal puede desecharlo. Si el fiscal solicita que se deseche la inculpación, el tribunal ordinariamente concede. Pero la víctima no tiene voz en el asunto.

Aún no hay fecha para el juicio, pero los especialistas calculan que si todo procede de manera rutinaria en los casos de este tipo, la espera para el inicio del proceso podría ser de unos seis meses.

 

 

Inicia extradición del asesino del agente Zapata

http://www.enlagrilla.com/not_detalle.php?id_n=6480

 


 
La Policía Federal dictó una nueva orden de aprehensión con fines de extradición contra Julián Zapata Espinoza, el hombre que presuntamente coordinó el ataque en el que murió en México un agente especial de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, informó la Procuraduría General de la República este martes a través de un comunicado.

Las autoridades inician un proceso de extradición del acusado, que puede tardar meses y en el que un juez decidirá si autoriza que se traslade finalmente a Zapata Espinosa para que sea juzgado ante la Corte Federal de Distrito de Columbia, según apuntó la procuraduría. Estados Unidos solicitó su extradición desde el pasado 12 de mayo. 

Julián Zapata fue ddetenido el pasado 23 de febrero en San Luis Potosì junto con otras cinco personas en una vivienda en la que organizaban sus operaciones, y donde también había armas y autos blindados. Todos son presuntos integrantes del grupo delictivo Los Zetas, según la procuraduría. 

Tras su detención declaró tras su detención que él y el grupo de pistoleros que lideraba habían agredido a los agentes estadounidenses al confundirlos con miembros de un grupo rival.

Los delitos que se le imputan son homicidio, tentativa de homicidio y portación de armas de fuego por el ataque contra dos agentes del ICE en febrero pasado. En el incidente murió el agente Jaime Zapata mientras que su compañero Víctor Ávila resultó herido.

Ambos viajaban por la carretera 57 en el tramo Pila-Santa María del Río, en San Luis Potosí, cuando fueron atacados a balazos. 

La muerte del agente Zapata tensó las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Poco después del incidente se dio a conocer que una de las armas usadas en el ataque provenia de Estados Unidos, lo que a su vez destapó una operación en la que funcionarios estadounidenses aceptaban el tràfico de armas desde su paìs hasta Mèxico.

 

Extraditan a México al líder de Casitas del Sur

Antonio Paniagua Escandón, “Kelu”, arribaría al DF a las 18 horas procedente de España.

31/05/2011. México, DF. España extraditó a México a Antonio Domingo Paniagua Escandón, Kelú, uno de los principales líderes de la Iglesia cristiana restaurada y de la casa hogar Casitas del Sur, involucrado en la desaparición de al menos 14 menores.

Paniagua Escandón arribará a territorio mexicano al filo de las 18:00, luego de que el procedimiento de extradición fue aprobado por el Consejo de Ministros de Justicia de España.

Con este procedimiento culmina la solicitud de extradición promovida por México y ello permitirá ampliar las investigaciones relacionadas con menores de edad entregados a Casitas del Sur, y de los cuales aún se desconoce el paradero de once.

Serbia extradita a Ratko Mladic a La Haya

El ex general serbobosnio será juzgado por genocidio y otros crímenes de guerra cometidos durante el conflicto en Los Balcanes

31 may 2011. Viaja hacia La Haya para ser puesto a disposición del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), según confirmó la ministra serbia de Justicia, Snezana Malovic.

Previamente, Malovic firmó el expediente que autoriza la extradición para que sea juzgado por genocidio y otros crímenes de guerra.

Un consejo judicial del departamento especial de crímenes de guerra del Tribunal de Belgrado había rechazado este martes el recurso de la defensa de Mladic sobre su extradición.

Sus abogados basaban su apelación en el frágil estado de salud del exgeneral, que sufrió un derrame cerebral y que padece de varias enfermedades crónicas.

Mladic, de 68 años, fue detenido el jueves pasado en la aldea de Lazarevo, en el norte de Serbia, donde vivía en condiciones humildes en casa de un primo.
El excomandante militar serbobosnio, prófugo durante casi 16 años, está acusado por el TPIY de genocidio y otros crímenes cometidos durante la guerra bosnia (1992-1995).

Strauss-Kahn: lo personal es político

Marta Lamas

MÉXICO, D.F., 31 de mayo.- Si bien será la justicia estadunidense la que esclarecerá la responsabilidad del ahora exdirector gerente del FMI sobre los hechos que se le imputan, ¿qué queda en claro del affaire Dominique Strauss-Kahn (DSK)? Son muchas las personas que consideran que a DSK se le tendió una trampa para eliminarlo de la contienda presidencial en Francia y para dar un giro a la política del FMI. Dicha interpretación considera que le plantaron a la camarera del hotel como parte de un siniestro complot político. Y si bien no se puede  descartar esa hipótesis hasta que la investigación termine, lo que llama la atención es que coloca como víctima de una joven inmigrante a un hombre poderoso con fama de “hipersexual”. 

Las reacciones en el mundo ante la detención de DSK oscilan entre el desconsuelo y la indignación. Es un golpe para Francia, que tenía en él a su representante mejor situado internacionalmente para la conducción de los asuntos europeos en el FMI. Es un golpe para el socialismo francés, pues con él parecía posible vencer a Sarkozy. Y es un golpe para su familia; en concreto, para su mujer, quien además ha tenido que pagar los impresionantes costos económicos de esta lamentable aventura: millones de dólares entre fianzas, guardianes y abogados. La mayoría de los franceses están indignados por lo que les parece una injusticia, y sus amigos cercanos se resisten a aceptar que la “adicción al sexo” de Strauss-Kahn haya finalmente destruido la carrera política que llevaba construyendo con tanto éxito. 

A la pregunta sobre quién se beneficia con este drama, la respuesta inmediata es “los grupos de derecha”: la derecha francesa, la derecha financiera, la derecha estadunidense, la derecha europea. Pero paradójicamente también se benefician indirectamente las mujeres como grupo social. ¿Por qué? Por el simple hecho de que una agresión sexual sea tomada en serio como un delito grave, y porque la circunstancia de que se trata de un hombre poderoso parece  no haber influido en el proceso judicial. Así, el affaire Strauss-Kahn se ha convertido en una caja de resonancia de la arcaica desigualdad entre mujeres y hombres. Por eso dos profesoras de derecho, Ruth Rubio Marín y Stéphanie Hennette-Vauchez, han hecho un llamado a que las democracias cierren filas y articulen una condena unánime a los abusos sexuales (El País, 19 de mayo).  

Sí, el affaire DSK cambia públicamente la relación entre el poder, el sexo y la violencia de género. Tradicionalmente, los actos groseros, libidinosos  y  acosadores de muchos hombres con poder han sido, y lo siguen siendo, la tortura de las mujeres que trabajan para ellos. Unas aguantan, otras se van, la mayoría callan. ¿Por qué? Porque es muy difícil probar una agresión sexual, a menos que implique una violación que deje huellas. Pero un manoseo o un forcejeo resultan casi imposibles de verificar. Es una palabra ante la otra. Y muchas mujeres toman una decisión de sobrevivencia laboral pues saben que, ante la posibilidad de perder el empleo, es necesario aguantar y callar. Con este panorama, ¿por qué denunció la camarera? ¿Qué la impulsó? ¿La seguridad de que sería respaldada? ¿La indignación ante la afrenta? ¿O el cálculo económico? Ojalá la investigación aclare esa incógnita. Por lo pronto, lo que sin duda resulta impactante es la forma en que ha reaccionado la justicia en Estados Unidos. Este es otro de los elementos que provocan sospecha. ¿Así de eficiente es la policía en todos los intentos de violación? ¿A qué se debe la velocidad y contundencia con la cual ha actuado? 

Las diferencias culturales entre Francia y Estados Unidos, específicamente las relativas a la sexualidad, se han querido esgrimir para exculpar a DSK. Se desprecia el puritanismo de los estadunidenses y se señala que en Francia la pulsión sexual es bienvenida y celebrada. ¿Qué tiene de malo que un hombre le “meta mano a la criada”? Las respuestas sexistas, clasistas y racistas en torno al caso han indignado a las feministas francesas, quienes señalan que DSK tiene una larga cola de afrentas y que aunque en Francia nunca le había pasado nada, más allá de comentarios escandalizados o jocosos, ahora en Nueva York la justicia se la ha pisado, ¡y de qué manera!

Es evidente que la política es un campo  minado, y nada más fácil para hacer explotar la carrera de un político que un escándalo sexual. Al exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y hasta el sábado 14 por la tarde el esperado o temido candidato a presidente de la República Francesa para 2012, su desborde personal le ha quebrado su futuro político. Lo personal es político. Este eslogan de las feministas ha encarnado en DSK, mostrando cómo un problema íntimo tiene consecuencias públicas. 

Sin duda DSK tiene parte importante en el conflicto que le atañe. Como señaló un comentarista francés, lo único que queda ahora por aclarar es si se trata de un suicidio político o de un asesinato político. Y la magnitud de las consecuencias se verá cuando se conozca el veredicto. Si el relato de la camarera resulta cierto, entonces podríamos decir que así como el pez por su boca muere, el macho por su pene muere.

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/91821

Demanda Pemex a empresas en EU por robo

Entre los demandados están Plains All American Pipeline LP, SemCrude, filial de SemGroup's y Western Refining

31 mayo 2011).- Pemex demandó a 11 empresas estadounidenses por comprar hasta 300 millones de dólares en combustible que le fue robado por cárteles de la droga, según documentos de una corte en Estados Unidos.

La unidad de Exploración y Producción de Pemex presentó la demanda el domingo en una corte de distrito en Texas, señalando que algunas de las empresas conspiraron con los criminales mexicanos para falsificar documentos y trasladar el gas natural concentrado a través de la frontera.

"Los acusados han participado y sacado provecho -con o sin conocimiento- en el tráfico en Estados Unidos de condensado robado, y por lo tanto han incentivado o facilitado a los grupos del crimen organizado mexicanos el robar el condensado", señala la demanda.

Entre los demandados están Plains All American Pipeline LP, SemCrude, filial de SemGroup's, y Western Refining.

La empresa explicó que desde el 2006 le han sido robados unos 300 millones de dólares en condensado de su campo de gas natural Burgos, ubicado en el norte del País.

 

Arrestan a mexicana en Italia por matar a esposo y a un ex novio

El marido estuvo desaparecido desde 2008; el otro tenía ya meses en esa calidad. El ministerio de justicia austriaco ya tramita la extradición de Estibaliz Carranza.

Londres • La ciudadana mexicana Estibaliz Carranza Goidsargi fue detenida ayer en la ciudad italiana de Udine, acusada de la comisión de dos presuntos homicidios cometidos en Viena, Austria, informó la policía local.

Giovanni Belmonte, jefe de prensa de la comisaría de policía de Udine, dijo que en contra de Carranza había una orden de arresto internacional por los presuntos homicidios de su marido y de su ex novio, cometidos en Viena, Austria, donde ella tenía una heladería.

Belmonte precisó que la acusada, nacida en la Ciudad de México el 6 de septiembre de 1978 y que también tiene la nacionalidad española de su madre, reconoció ante la policía que asesinó a sus dos parejas, que se encontraban en paradero desconocido desde hace meses.

Uno de los cuerpos estaba descuartizado e incrustado en dos heladeras y varios recipientes más pequeños llenos de cemento. Del otro cadáver sólo se ha localizado hasta el momento la cabeza.

En ambos casos, los hombres recibieron disparos en la cabeza, según la policía austriaca.

Según Belmonte, se trataba de los cuerpos del marido de Estibaliz, de nacionalidad alemana y desaparecido en 2008, y de su novio, austriaco, de quien no se tenían noticias desde hace algunos meses.

Según la policía de Udine, la joven explicó, al ser interrogada, que actuó motivada por “problemas familiares”, ya que, según dijo, había sufrido malos tratos físicos y psicológicos por parte de las víctimas.

Esas fuentes indicaron que se mostró tranquila durante todo el interrogatorio, aunque mencionaron que sufre claramente algún trastorno psicológico.

Este nuevo capítulo de la historia criminal en Austria se dio a conocer el lunes en el sótano de un edificio del extrarradio de Viena.

Ese día, unos obreros que trabajaban en el saneamiento de una peluquería ubicada junto a la heladería, entraron en el trastero que pertenece a la mexicana para acceder al desagüe del edificio.

El hallazgo de dos rifles de precisión llamó su atención. La curiosidad los llevó a inspeccionar el habitáculo, donde localizaron un bolso de mujer con una pistola y una libreta con anotaciones en español.

Al escarbar en una heladera llena de cemento ubicada en el sótano descubrieron una bolsa de basura.

“La abrimos y entonces salió ese hedor. Y llamamos a la Policía”, relató Erkan Köksal, el propietario de la peluquería ubicada junto al local de la española.

Al día siguiente, Estibaliz aún acudió a su negocio. Uno de los clientes hizo referencia al hallazgo y a que la Policía estaba investigando.

“Nunca la había visto con esa expresión en la cara. Estaba temblorosa. Habitualmente era una persona muy simpática”, recordó Köksal, testigo de la reacción.

“Salió de la heladería. Cruzó el paso de peatones, se fue a la parada de autobús. Telefoneó y se marchó”, relató el peluquero.

La Policía tardó aún un día en emitir una orden europea de búsqueda por “sospecha de asesinato”.

Pero ayer se supo que la española se trasladó en taxi hasta el norte de Italia, donde se alojó primero en un hotel de la localidad de Tolmezzo, y luego en la ciudad de Udine, donde se encontró con un joven que le ofreció alojamiento en su piso.

Ésa fue la misma persona que, tras reconocerla por la foto difundida por los medios, avisó a la policía, que la detuvo.

Los análisis de ADN han confirmado que uno de los cuerpos hallados es un ex novio y se sospecha que los otros restos pertenecen a su marido, con el que abrió la heladería en Viena y con el que tuvo disputas económicas tras la separación.

El Ministerio de Justicia austriaco confirmó que ya se tramita la solicitud de extradición.

Gasta SRE en defensa cara e inefectiva

En 3 años la Cancillería pagó 10.5 millones de dólares al bufete de Gregory J. Kuykendall para defender a los mexicanos condenados a muerte en EU. De los casos atendidos, en uno se logró conmutar la pena, un connacional fue ejecutado y cinco fueron sentenciados

4 jul 2011. Una dosis de pentobarbital, para mitigar el dolor; un poco de bromuro de pancuronio, para colapsar los pulmones, y un tanto de cloruro de potasio, para que, finalmente, deje de latir el corazón. La inyección letal que aplican en Texas, Estados Unidos, termina con la vida de los condenados a muerte en sólo siete minutos. Tal podría ser el destino del mexicano Humberto Leal García, cuya ejecución está programada para el 7 de julio.

Otros 57 mexicanos, al igual que Humberto, aguardan en el pabellón de la muerte de 10 entidades de Estados Unidos. Y, de cumplirse la sentencia, Leal García se convertirá en el octavo connacional en perder la vida dentro del sistema de justicia de ese país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha pagado, de 2008 a mayo de 2011, 10.5 millones de dólares al bufete de abogados Kuykendall, Gregory J., PC, para encargarse del Programa de Asistencia Legal para la Pena Capital de Mexicanos en Estados Unidos (MCLAP, por sus siglas en inglés), de acuerdo con copias de los contratos, en poder de EL UNIVERSAL.

Sin embargo, la tasa de éxito en la defensa de los mexicanos condenados a muerte es mínima: sólo en un caso se consiguió conmutar la pena capital por la cadena perpetua. Se trata de Daniel Plata Estrada, michoacano de nacimiento, a quien en agosto de 2008 se le perdonó la vida luego de que los abogados argumentaron que padecía de sus facultades mentales.

En ese mismo lapso fue ejecutado José Medellín, el 5 de agosto de 2008; cinco mexicanos fueron sentenciados a muerte y otros 131 están en peligro de obtener la pena máxima.

Los nombres de estos 189 connacionales —los 58 condenados más los 131 en riesgo de recibir la pena capital— se encuentran relacionados en el “Apéndice 1” del MCLAP.

Un estudio de junio de 2011 del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados señala que el gobierno de México eroga, mediante la SRE, 609 pesos diarios por defender a cada mexicano que corre riesgo de ser condenado a muerte en Estados Unidos, lo que representa cuatro veces más de los 151 pesos diarios que se gasta en la manutención de cada uno de los 225 mil reclusos que están en alguna de las cárceles mexicanas.

EL UNIVERSAL solicitó la postura oficial de la Cancillería, pero ésta optó por no dar declaración alguna.

Texas no respeta derechos humanos

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, determinó en 2004 que Estados Unidos infringía el artículo 36 de la Convención de Viena, que garantiza que en caso de arrestar a un extranjero las autoridades de los países firmantes darán a conocer, “sin retraso alguno, a la oficina consular competente” sobre la aprehensión, a fin de que el detenido cuente con asistencia profesional y de traducción por parte de su país de origen.

Sin embargo, estados como Texas desconocen la resolución de la CIJ y argumentan la inexistencia de alguna ley que los obligue a obedecer al organismo internacional, aun y cuando el entonces presidente George W. Bush aseguró que pondría remedio a la controversia internacional al acatar el fallo.

Por ello, diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, se han manifestado en contra de Texas y de Estados Unidos.

“Es un caso único. No es común que podamos decir que se tenga un grupo de personas que vienen de diferentes profesiones, partidos políticos y todos están unidos por la importancia de la Convención de Viena”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL Sandra Babcock, abogada de Humberto Leal.

El pasado 14 de junio el senador demócrata Patrick Leahy presentó la iniciativa de ley para vincular los compromisos firmados por Estados Unidos a nivel internacional y sus estados, con lo que aquellos extranjeros que no gozaron de asistencia consular podrían iniciar nuevos juicios en su favor.

“¿Qué mensaje va a recibir el mundo de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, sobre su compromiso a los tratados firmados, de su capacidad para ser socio, un aliado en el que puede confiarse?”, dice la abogada.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó el perdón de Humberto Leal al gobierno de Texas, el pasado 2 de junio. Al respecto, el tercer visitador de este organismo, Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, calificó a la pena de muerte como “una sanción muy dura, que en la dinámica de los avances de la civilidad, ya deberían estar superadas”.

Posteriormente, un juez federal rechazó detener la ejecución de Leal.

La terrible infancia de Tito

El sistema de justicia texano lo conoce por el número 999162. Las noticias lo llaman Humberto Leal García. Sus familiares y amigos le dicen Tito. Nació en Monterrey, aunque se crió la mayor parte de su vida en San Antonio. Tenía 21 años al momento de su arresto.

A los 10 años habría sufrido abuso sexual por el sacerdote Federico Fernández. Su testimonio sirvió para que otros hombres denunciaran haber sido violados por el clérigo, quien negó las acusaciones y ahora está en una parroquia de Colombia.

Leal García es acusado de haber violado y asesinado a Adria Sauceda, una joven de 16 años de edad. Desde el momento de su detención a la fecha, Tito asegura que intentaba ayudar a la joven, quien habría sido violada por otra persona durante una fiesta a la que asistieron ambos.

La abogada Babcock ha solicitado insistentemente una prueba de ADN, la cual, asegura, demostraría que la sangre encontrada en las prendas de Tito no corresponde a la de la víctima.

Además, ha presentado análisis de peritos especialistas que aseguran que Leal sufre cierto grado de daño cerebral, por lo que no sería elegible para la pena capital.

El caso de Leal, de 38 años, ha sido capaz de reunir a liberales y conservadores que buscan convencer al estado de Texas de respetar los acuerdos internacionales, pues temen que de no hacerse de esta manera los ciudadanos estadounidenses estarán en riesgo cuando viajen a otros países.

 

Caso avena

Planteado por México el 9 de Enero de 2003, contra

Estados Unidos de América.

Sobre la situación de 52 connacionales ‡ Planteado por México el 9 de Enero de 2003, contra Estados Unidos de América.

‡ Caso avena ‡ Basado en el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963

‡ Designando como juez ad hoc a Bernardo Sepúlveda y como agente por parte de México ante la corte a Juan Manuel Gómez-Robledo.

Articulo 36 CVRC 1. Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares relacionadas con los nacionales del Estado que envía: a) los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los nacionales del Estado que envía y visitarlos. Los nacionales del Estado que envía deberán tener la misma libertad de comunicarse con los funcionarios consulares de ese Estado y de visitarlos; b) si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno (without delay) a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva, le será asimismo transmitida sin demora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los derechos que se le reconocen en este apartado; c) los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado que envía que se halle arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar con él y a organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho a visitar a todo nacional del Estado que envía que, en su circunscripción, se halle arrestado, detenido o preso en cumplimiento de una sentencia. Sin embargo, los funcionarios consulares se abstendrán de intervenir en favor del nacional detenido, cuando éste se oponga expresamente a ello.

2. Las prerrogativas a las que se refiere el párrafo 1 de este artículo se ejercerán con arreglo a las leyes y reglamentos del Estado receptor, debiendo entenderse, sin embargo, que dichas leyes y reglamentos no impedirán que tengan pleno efecto los derechos reconocidos por este artículo.

El caso Bread entre Paraguay y Estados Unidos  Antecedentes  El caso La Grand entre Alemania y Estados Unidos 6. Corte Internacional de Justicia - Caso Avena

La verdad secuestrada

Héctor Aguilar Camín

Con ese título, "La verdad secuestra­da", el escritor Héctor de Mauleón ha publicado, en la revista Nexos de julio, una minuciosa crónica de su inmersión en los 13 tomos y los miles de folios del expediente judicial de Florence Cassez, la ciudadana francesa acusada de ser parte activa de una banda de secues­tradores llamada Zodiaco. (nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2099371&Type=2)Sé que De Mauleón buscaba, como ha hecho otras veces, no hacer un ensayo ni un juicio sobre lo sucedido, sino una reconstrucción del caso para devolver a los lectores una versión fresca, documentada, coherente y legible de los hechos. Lo vi aplazar hasta tres veces la entrega, porque la abundancia de información lo desbor­daba. Encontraba siempre en el expediente un nuevo elemento que aclarar, una nueva duda, un detalle faltante para cerrar el círculo.

Finalmente cedió a la evidencia: con base en la lectura, el cotejo y el ordenamiento de esos millares de folios, con pruebas, testimo­nios y peritajes en cascada, era imposible reconstruir una historia coherente, ofrecer algo razonablemente cercano a la verdad de lo sucedido.

Encontró entonces el verdadero tema de la historia que buscaba: no la verdad de los hechos, sino por qué era imposible llegar a ella, por qué la interminable documentación contenida en el expediente no alcanzaba a probar ni a revelar gran cosa.

La razón es simple: porque el expediente se contradice a sí mismo una y otra vez, porque las versiones de los testigos son distintas en la primera, en la segunda y en la tercera declaración, porque una buena parte de las confesiones y de los hechos descritos por los inculpados son fruto de la manipulación, cuando no de la tortura, y porque hay tantos cabos sueltos como cabos amarrados a la fuerza.

El verdadero tema de la historia de "La verdad secuestrada" es el de un sistema acusatorio que rutinariamente fabrica pruebas, viola garantías y manipula testimonios y confesiones.

Al final, es imposible decir si los acusados son culpables o inocentes, si la parte acusatoria acusa con fundamento o sin él, si hay o no lugar a una absolución o un castigo.

De Mauléon no ha escrito un ensayo, pero su laberíntica y transparente narración de los usos y costumbres judiciales de México permite obtener una conclusión general: me­diante los procedimientos vigentes, el proceso penal mexicano no puede llegar a la verdad. No puede, por tanto, castigar o absolver con justicia, estableciendo los hechos que juzga más allá de toda duda razonable.

Un proceso viciado no puede sino producir una conclusión viciosa.

 

La inoperante Corte Penal Internacional

10 jul.2011. MÉXICO, DF,  (apro).- El 27 de junio, la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó la detención del líder libio Muamar Gadafi, su hijo Saif al Islam y su cuñado y jefe de Inteligencia Militar, Abdulá al Senusi. La Sala de Asuntos Preliminares, presidida por la juez Sanji Masenono, explicó que la fiscalía había presentado pruebas suficientes para girar esa orden.

Tres meses atrás, el fiscal jefe, Luis Moreno Ocampo, anunció que iba a actuar en contra de Gadafi y su círculo de confianza por crímenes contra la humanidad cometidos a partir del 15 de febrero, fecha en que estallaron las revueltas en el país árabe. Además de los ya mencionados, las indagatorias se extenderían sobre el jefe de Seguridad y Servicios Secretos, Musa Kusa; el jefe de seguridad personal de Gadafi, Abdelkader Yusuf Dibri, y el de Seguridad Externa, Abu Zayad Dorda.

Moreno Ocampo, de nacionalidad argentina, dijo que se habían recopilado numerosas pruebas sobre graves crímenes –bombardeos incluidos– cometidos contra la población inerme de Bengasi, Misrata y Trípoli. El fiscal agregó, sin embargo, que la Corte era consciente de que los rebeldes también estaban armados, por lo que igualmente podrían ser objeto de investigación y responsabilizados en su caso.

Las acusaciones e indagatorias pudieron llevarse a cabo con rapidez porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, avalado por la Liga Árabe (LA) y la Unión Africana (UA), dio a la Corte el mandato para actuar. El proceso fue tan expedito que, a mediados de mayo, la fiscalía ya estaba solicitando a los jueces las órdenes de detención.

Sin embargo, ahora las cosas podrían complicarse. Según los procedimientos, la fiscalía tendría que mandar una “petición de cooperación” a las autoridades competentes libias para que ejecuten los arrestos. Pero la pregunta es quiénes son en este momento esas autoridades competentes. Si son las del régimen gadafista, con toda seguridad no van a actuar contra ellas mismas; y si son las del Consejo Nacional de Transición (CNT), conformado por los rebeldes y ya reconocido por varios países, no están en condiciones de hacerlo.

Aparte, las órdenes de captura llegan en mal momento, porque podrían entorpecer las opciones que barajan algunos gobiernos para alcanzar un exilio pactado con Gadafi. Tan es así, que el 1 de julio la UA, pese a haber apoyado el mandato de la ONU, exhortó a sus 53 Estados miembros a ignorarlas, ya que “que complican seriamente los esfuerzos para encontrar una solución a la crisis libia”.

Peor aún, el presidente del organismo africano, Jean Ping, calificó a la CPI de “discriminatoria”, ya que según hizo notar “sólo persigue los crímenes en África, al tiempo que ignora los cometidos por las potencias occidentales en lugares como Afganistán, Irak y Pakistán”.

Y es que pese a que el fiscal Moreno Ocampo ha negado lo que se ha dado en llamar su “africanización”, la Corte, desde su entrada en vigor en 2002, de los cerca de 3 mil casos que le han sido sometidos sólo tiene abiertos cinco, todos en África, y el de Libia es el sexto.

El primero, en 2004, corresponde a la República Democrática del Congo, donde Thomas Lubanga y otros líderes de la guerrilla están acusados de reclutamiento e incitación a la violencia de menores durante la Segunda Guerra del Congo (1998-2003). En Uganda, en 2005, otra guerrilla, esta vez cristiana, también fue acusada de utilizar niños-soldado. Y en 2007 una tercera guerrilla, el Movimiento de Liberación del Congo, fue enjuiciada por intervenir en la República Centroafricana y cometer crímenes de guerra y contra la humanidad en su resplado al presidente en funciones. Los tres casos se abrieron a solicitud de los propios Estados africanos.

En el caso de Sudán, que no es parte de la CPI, el expediente se abrió a solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU para investigar las graves violaciones a los derechos humanos en la provincia de Darfur, tanto por parte de los rebeldes como de las milicias yanyawid, respaldadas por el gobierno. Este caso representa la primera acusación contra un jefe de Estado en funciones: Omar Hasan al Bashir. En la votación del Consejo, Estados Unidos se abstuvo para no vetar la investigación.

Finalmente, a petición de la propia fiscalía de la CPI, se levantó una denuncia contra altos funcionarios de Kenia por la violencia poselectoral desatada tras los comicios de fines de 2007. En un principio el presidente Mwai Kibaki estuvo de acuerdo, pero después dio marcha atrás, al considerar que las imputaciones, lejos de apaciguar el ambiente político, lo estaban caldeando.

Ante esta concentración de casos en África, varios gobiernos del continente han considerado incluso retirarse de la CPI. En un inicio, las naciones africanas, con una precaria infraestructura legal, se sumaron mayoritariamente a la Corte porque pensaron que sería un organismo supranacional, inmune a las presiones políticas; pero ahora están cada vez más convencidas de que la derivación de casos se cifra no tanto en los derechos humanos, sino en los intereses de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Este sentir de los africanos, expresado por Ping, el presidente de la UA, es compartido por otros países y organizaciones independientes de derechos humanos, que se preguntan por qué otros sitios donde se han cometido violaciones flagrantes al derecho internacional humanitario, como Afganistán, Colombia, Costa de Marfil, Gaza, Georgia, Irak, Pakistán y un largo etcétera no tienen expedientes abiertos, pese a que se han presentado reiteradas denuncias y pruebas en su contra. Todos estos casos están bajo “observación legal” de la CPI. Y es que además de las innegables presiones políticas a las que ha estado sometida, su conformación de origen le impide actuar como fuera deseable.

A diferencia de la Corte Internacional de Justicia creada en 1945 en La Haya, y que resuelve las disputas entre Estados o cuestiones jurídicas relacionadas con la Carta de Naciones Unidas, al término de la Segunda Guerra Mundial se hizo palpable la necesidad de una instancia que juzgara los crímenes internacionales. Coyunturalmente, esta carencia se resolvió con los Tribunales de Nuremberg y Tokio.

El imperativo de crear una Corte permanente en esta materia persisitió. Sin embargo, pasaron cincuenta largos años de debates jurídicos, políticos y académicos, y no fue sino hasta después de los genocidios de Yugoslavia (1991-95) y Ruanda (1994), sumados a los avances en derechos humanos a escala internacional, que la idea cobró forma: en julio de 1998 se reunió en Roma la Conferencia diplomática de plenipotenciarios de Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional.

Pero tampoco este proceso fue terso. Al principio sólo 60 Estados ratificaron su Estatuto, y luego de muchos forcejeos porque éste no admite reservas, gradualmente se fueron adhiriendo otros hasta sumar hoy 110. Sin embargo, países como Estados Unidos, China y Rusia ( todos miembros del Consejo de Seguridad) no lo han hecho ni tampoco otros como India, Irak, Israel, Uzbekistán, Zimbabue, Cuba, Nicaragua, Guatemala, etcétera.

Oficialmente, la CPI funciona como un organismo autónomo de cualquier poder o Estado y no pertenece al sistema de Naciones Unidas. Los hechos que puede conocer son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Cuando uno lee el detalle de estos crímenes, de inmediato le vienen a la mente un sinnúmero de situaciones internacionales que innegablemente entran en esa categoría y que deberían ser sometidas a juicio. Pero las limitaciones surgen donde empieza la normatividad.

La Corte sólo funciona cuando un Estado no puede o no quiere juzgar un caso de su competencia, y además ese Estado debe ser signatario del Estatuto de Roma. Al momento de su comisión, el crimen debe estar tipificado como tal y los cargos no son retroactivos. No se juzga a personas jurídicas sino a individuos, y siempre que sean mayores de edad al momento de cometer el crimen. Eso sí, todos los indiciados son iguales ante la Corte, la responsabilidad no se exime por el cumplimiento de un cargo y los delitos no prescriben.

Las investigaciones y los juicios se abren por la remisión del caso a la CPI por parte de un Estado miembro o a solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU. La denuncia también puede ser presentada de oficio por el fiscal de la Corte, cuyas instancias harán las revisiones del caso. Iniciado el procedimiento, la CPI podrá pactar con los Estados formas de cooperación, investigación o cumplimiento de condenas.

Emitida la sentencia, acusados y acusadores podrán apelar ante la Sala correspondiente de la misma Corte. Cuando la pena no sea cadena perpetua, no deberá rebasar los 30 años y podrá cumplirse en La Haya, sede de la CPI, o en otro país acordado. También se incluyen multas y decomisos de bienes de los condenados.

Pero el principal nudo que maniata a la Corte es el artículo 98, que establece una forma de evitar el cumplimiento de sus resoluciones cuando exista un tratado internacional que proteja al nacional de un Estado que no sea parte del Estatuto. Estados Unidos ha hecho uso permanente de este recurso, que se preveía excepcional, estableciendo tratados de cooperación con otros países e inclusive amenazando con suspender la ayuda militar a aquellos no dispuestos a hacerlo. Más de cien ya han aceptado firmar.

Washington, que con frecuencia viola la soberanía de otros Estados argumentando que se violan los derechos humanos y también apoya el procesamiento de líderes de otras naciones por cometer crímenes de guerra, no está dispuesto a aceptar los mismos parámetros para sus ciudadanos. George Bush se negó a firmar cualquier tratado al respecto e inclusive retiró la firma de Bill Clinton del Estatuto de Roma.

Barack Obama tampoco puede hacer mucho, ya que en 2002 el Congreso estadunidense aprobó la American Servicemembers Protection Act, que prohíbe a los gobiernos y organismos federales, estatales y locales, incluidos los de justicia, cualquier asistencia a la CPI. Esto impide la extradición de quien sea de Estados Unidos a La Haya y además autoriza al presidente a “utilizar todos los medios necesarios y adecuados para lograr la liberación de personal estadunidense o aliado detenido o encarcelado en nombre o a solicitud de la CPI”.

Lo anterior explica por qué ningún funcionario o efectivo estadunidense ha sido acusado ante la CPI por los evidentes crímenes de agresión, de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán e Irak, sólo por citar dos casos. Pero también aclara la impunidad en otros países que se han acogido a la misma regla.

Denunciado por las matanzas y abusos cometidos en la operación Plomo Fundido contra Gaza, Israel puede argumentar que no es parte de la CPI y cualquier iniciativa en su contra en el Consejo de Seguridad de la ONU seguramente sería vetada por Estados Unidos. Colombia, cuyos militares han sido acusados por el caso de los “falsos positivos”, decidió que tenía capacidad jurídica suficiente para juzgarlos por sí misma, dejando luego que se agotara el plazo legal para poderlos dejar en libertad. Y así sucesivamente…

Por lo que toca a Gadafi y sus coacusados, pese al accionar de las potencias occidentales y a la celeridad del proceso, todavía nada está amarrado. Si el líder libio y sus allegados logran huir hacia uno de los países vecinos dispuestos a darles cobijo, éste siempre podrá negarse a entregarlo, apelando por cierto a la misma normatividad del Estatuto de Roma. Sin duda sería un duro golpe para la CPI, pero también para quienes por otras vías tratan de socavar los fines para los que fue creada.

Helioflores

Siempre pendiente

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Resoluciones históricas y significativas

 

Miguel Concha. 16 jul 2011.

Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con las que entre el 5 y el 15 de julio resolvió de fondo, y no únicamente de manera administrativa, las consultas del expediente Varios 912/2010, sobre la obligatoriedad para el Poder Judicial (PJ) de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), del 23 de noviembre de 2009 en el caso Rosendo Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, y en las que asume –como es su obligación, en tanto tribunal constitucional– las reformas a la Constitución publicadas el pasado 10 de junio en el Diario Oficial de la Federación, han sido calificadas con justicia por las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos como de trascendencia histórica y como precedente importante en la interpretación y decisiones que en el futuro tomen las autoridades jurisdiccionales, en temas claves para la protección de las garantías fundamentales de todas las personas en México.

Entre ellas precisan las siguientes. 1) La obligatoriedad para el Estado mexicano de las sentencias de la Coidh en lo general, y para el Poder Judicial de la Federación, en lo particular, cuando sea parte de algún tratado que contemple violaciones a los derechos humanos aprobado por México, y se encuentra implicado en algún caso. 2) La prohibición constitucional de aplicar la jurisdicción militar en los casos en los que se hallen involucrados civiles. 3) Por lo mismo, la facultad originaria de la SCJN de control de constitucionalidad para resolver conflictos de competencias entre autoridades civiles y militares, cuando se trate de violaciones a los derechos humanos, lo que significa que la Corte, en su carácter de tribunal constitucional, declarará la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar, mientras el Congreso no lo reforme, tal y como lo ordenó la Coidh en las sentencias de los casos de las presentes resoluciones, y en los de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Arteaga, así como en el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García. 4) La obligación de todos los jueces del Estado mexicano a ejercer de manera oficiosa el llamado control de convencionalidad, esto es, el deber de sujetarse a los tratados internacionales que protejan derechos humanos aprobados por México, en los términos del artículo 1 reformado de la Constitución. 5) La obligación constitucional de todos los jueces del país que conozcan ante casos de violaciones a los derechos humanos de controversias sobre el fuero militar, de replicar obligatoriamente, y no sólo con carácter orientador, el criterio de la Coidh, en el sentido de que no es de ninguna manera competente, se restrinja a lo dispuesto en la Constitución, y por lo mismo subsista sólo para los delitos que afecten a la disciplina militar.

Continuidad vs. cambio

Ana Laura Magaloni Kerpel

16 Jul. 11

Los ministros dieron sentido y peso a las palabras de la Constitución: "la protección más amplia" de los derechos humanos nos obliga a ponernos en sintonía con todas las democracias

La decisión de la Suprema Corte en el caso Rosendo Radilla puede significar un cambio de paradigma en la forma en que operan nuestros jueces al momento de controlar la arbitrariedad de policías, militares y ministerios públicos. Hasta ahora, el paradigma con el que ha operado el sistema de justicia ha sido el de que para garantizar la seguridad pública es necesario tolerar algunas dosis de arbitrariedad por parte de los operadores de las instituciones de seguridad. Bajo este paradigma, la eficacia de los derechos humanos de los ciudadanos es, en el mejor de los casos, un asunto de menor relevancia y, en el peor, un estorbo para las políticas de seguridad.
Los ministros, en el caso Radilla, parecen estar intentando dar la vuelta a este paradigma y colocar en el centro de la actividad jurisdiccional la eficacia de los derechos humanos. En varias sesiones del pleno, la Corte estableció: 1) las sentencias de tribunales internacionales de Derechos Humanos, como es la Corte Interamericana, son obligatorias para el Estado mexicano; 2) todos los jueces, locales y federales, al momento de resolver una disputa, deben revisar de oficio que las leyes mexicanas aplicables no violen tratados internacionales en derechos humanos y, si lo hacen, deben inaplicar tales leyes al caso concreto, y 3) el fuero militar ya no procede en caso de que un soldado cometa un delito en contra de un civil o viole sus derechos humanos. En estos casos, serán los tribunales ordinarios quienes juzguen a los militares. Así lo ordena la sentencia de la Corte Interamericana.
El eje conductor de la discusión fue el nuevo texto del artículo 1 constitucional, el cual establece: "las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia". Los ministros decidieron darle sentido y peso a las palabras de la Constitución: "la protección más amplia" de los derechos humanos nos obliga a ponernos en sintonía con lo que pasa en todas las democracias consolidadas.
En cuestiones de derechos humanos, nuestra Corte ha sido un tribunal en donde las inercias jurídicas del pasado autoritario han estado en perpetua tensión con la necesidad de ajustar la justicia constitucional a los cambios políticos que ha vivido el país en las últimas décadas. A diferencia del Tribunal Constitucional español o de la Corte Constitucional colombiana, que fueron creados para afianzar los cimientos normativos y las bases constitucionales de un nuevo régimen político de tipo democrático, nuestra Corte tuvo su origen en las postrimerías del régimen autoritario y, por lo tanto, no fue configurada para romper de tajo con el viejo régimen. Todo lo contrario, su función parecería haber estado encaminada a encontrar un equilibrio entre el pasado y el futuro, entre la tradición jurídica autoritaria y las demandas sociales y políticas por nuevas y mejores soluciones jurídicas en el ámbito constitucional. Así, lo que ha definido a la Suprema Corte de Justicia reformada en 1994 ha sido la permanente tensión en su interior, entre la continuidad con el paradigma de interpretación constitucional propio del pasado autoritario y el cambio de paradigma y de retórica jurídica propio de la nueva democracia. Esta tensión ha inhibido el impacto potencial que