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Cultura de la legalidad

 


 

 

CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA JUSTICIA

Mtro. Héctor Rodríguez Espinoza*.

CULTURA

Guillermo Bonfil Batalla, en su ensayo “La querella por la cultura”, entiende la cultura “como un plano general ordenador de la vida social que le da unidad, contexto y sentido a los quehaceres humanos y hace posible la producción, la reproducción y la transformación de las sociedades concretas”. Expresa que esta querella “no puede ser más la ocupación onanista y desvelada de unos cuantos, ni el tema tan inevitable como intrascendente de una charla de salón. En la opción del proyecto cultural que modele el México de mañana, se decide nuestro ser y nuestra manera de ser. Es asunto vital para todos: vamos tomándolo en serio”.

 

Bonfil fincaba su exhorto en una definición de cultura que, reconocía, “se abre paso con dificultad aun en los medios políticos y académicos especializados”. Tanto su noción de cultura como su exhorto son muy atingentes en el enfoque que debemos proponer para atender el problema de ilegalidad, de la inseguridad y de la injusticia, porque permiten comprender la alta complejidad de los fenómenos y sugieren caminos por recorrer. El hecho de que no exista en nuestro país una cultura de la legalidad y de la justicia, de ninguna manera significa que no haya una manera de ser y hacer.

DERECHO

Por su parte los juristas que –como ironizaba Kant desde el siglo XVIII- seguimos buscando, sin encontrarla, una definición universal e irrefutable del concepto del Derecho, al menos coincidimos en que es un orden coactivo de conducta, según Hans Kelsen; o, con Eduardo García Máynez, es un orden concreto, instituido por el hombre para la realización de valores colectivos, cuyas normas -integrantes de un sistema que regula la conducta de manera bilateral, externa y coercible- son normalmente cumplidas por los particulares y, en caso de inobservancia, aplicadas o impuestas por los órganos del poder público.   

Los conceptos de cultura y de Derecho coinciden en que constituyen un orden del ser y del deber ser, jurídico y de moralidad laica, de la vida social en cierta época y lugar.

Pero la cultura y el Derecho operan a través de las instituciones del Estado mediante la Política, término ampliamente utilizado a partir del siglo V antes de Cristo en Atenas, gracias a Aristóteles. Es el proceso y actividad orientada ideológicamente a la toma de decisiones de un grupo para la consecución de unos objetivos. La Teoría del Estado o ciencia política estudia dicha conducta. Los estudiosos de la historia de las ideas políticas, sus contenidos y métodos concluyen que la disciplina cuenta con suficiente presencia académica, creciente número de publicaciones y se prodigan los manuales didácticos. Sabemos de ciclos de conferencias publicadas que cubren toda la evolución histórica desde la Edad Media.

CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DE LA JUSTICIA

La cultura jurídica y la cultura política comprenden la llamada cultura de la legalidad y de la justicia, que hunde sus raíces en la Revolución Francesa, entre 1789 y 1799, cuyas consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales del Antiguo Régimen, evento considerado como parte de las revoluciones con connotación burguesa, y la pionera e inspiradora de las que la sucederían durante el siglo XIX.

 

La historia de la Cultura de la legalidad en México no es nueva. Su inicio se remonta a los Sentimiento a la Nación mexicana, al sentimiento de lo justo que brotó un día, hace ciento noventa y tres años, en aquel maravilloso documento que Ileva por nombre el Decreto Constitucional de Apatzingán. Las palabras proceden de Morelos, del Capitán del Anáhuac, que fue el primer socialista humanista de América:

"La buena ley es superior a todo hombre".

Luego a los años 1821 - 1822 cuando fue electo el primer presidente Guadalupe Victoria, fueron creadas las cámaras de senadores y de diputados, para muchos el nacimiento de nuestro Estado de derecho.

 

La cultura de la legalidad es la aceptación jurídica y moral laica de un marco jurídico constitucional y legal -previamente promulgado- por parte de los ciudadanos y habitantes de un Estado. Actúa sobre la política nacional del Estado de derecho, pues tiene que ver con la actuación del gobierno.

La cultura de la legalidad y de la justicia es un mecanismo de autorregulación individual y regulación social que exige, de todos y cada uno de los ciudadanos, una armonía entre el respeto a la ley, las convicciones morales y las tradiciones culturales. Es crear la costumbre de manejarse cotidianamente con legalidad, sin que una tercera persona tenga que forzarnos. Es estar conciente de que si uno actúa de esa forma, se está colaborando a mejorar la sociedad de la que siempre nos quejamos, pero que nosotros deterioramos. No actuar con legalidad puede ir desde una mínima infracción de tránsito, hasta crímenes graves. Cualquiera de ellos enferma a la sociedad y hace que la convivencia sea cada vez más imposible.

 

Los expertos atribuyen ocho características a la Cultura de la legalidad y de la justicia. Hagamos un ejercicio y cotejémoslas con nuestra realidad:

1. Las personas de una sociedad conocen las partes esenciales de las leyes más importantes del documento oficial que las rige.

Nuestra educación integral y la legal es deficiente y nuestros índices de lectura –de menos de un libro por habitante al año- nos condenan. 

2. La mayoría de las personas en una sociedad aceptan y comprenden las leyes marcadas por ellos mismo o por sus representantes.

Como toda sociedad moderna, nuestra elefantiásis legislativa lo hace imposible aún para los especialistas en Derecho, sin perjuicio del famoso apotegma de Von Kirchman desde 1847: ”Basta una palabra del legislador, y bibliotecas enteras se convierten en basura!” 

 

3. La sociedad está controlada y estructurada legalmente por poderes de la unión y un gobierno bien organizado.

Ciertamente nuestra estructura constitucional abstracta está incólume, pero el problema es la eficacia concreta de sus instituciones y la estructura técnica y ética de las personas que las encarnan.

 

4. Existe un castigo o sanción a las personas o grupo que cometan una violación a la ley.

La cifra negra de la delincuencia nos dice que, aproximadamente, de cada 100 crímenes que se cometen, 12 son denunciados. De esos 12, sólo 10 llegan a la fase de averiguación previa. De esos 10, 8 son consignados ante el juez. De los 8 consignados, 6 son sujetos a proceso y merecen castigo. De quienes merecen castigo, las garantías individuales y la legislación sustantiva o procesal penal les permiten libertades anticipadas y no pocos reinciden, en un círculo perverso. Una fortuna gastada para una punibilidad del 5%.       

 

5. Existe un proceso de defensa de acusados.

Sí existe, pero siendo la filosofía de la defensa penal un fruto humanista para los inocentes acusados, por error o injusticia, una clase de abogacía particular les otorga, a los culpables, su encubrimiento, su complicidad y su no poco redituable modus vivendi.

 

6. Existe un sistema de apoyo a víctimas.

Sí, en una tardía reforma constitucional se les rescata del olvido y les otorga el derecho a recibir asesoría jurídica e información del proceso; a coadyuvar con el Ministerio Público; a recibir atención médica y psicológica de urgencia; a que se le repare el daño y a solicitar medidas para su seguridad y auxilio.   

 

7. Existe un sistema para cambiar las leyes.

Sí, el método rígido del art. 135 constitucional que gradualmente alcanza su eficacia.

 

8. Se condena a la delincuencia y corrupción.

Ya dijimos que prácticamente no. La corrupción es otro ingrediente que no puede soslayarse y nos pide un alto:

Mal endémico de México, sabemos que la corrupción por medio del soborno es un fenómeno universal, y todas las culturas, con pequeñas excepciones, desaprueban los actos de reciprocidad, las dádivas a cambio del favor de un funcionario.

En México, las narraciones sobre la aplicación del Derecho hispánico en las tierras de la Corona Española dan cuenta de medios de control, en las visitas y en los Juicios de residencia. Las primeras, en el momento en que la sospecha o la denuncia surgieran, mientras que las segundas sólo se exigían al terminar su mandato la autoridad residenciada.

El propio Hernán Cortés, gobernante de México, después de conquistarlo fue sujeto a un Juicio de Residencia, por su irregular forma de actuar.  

No siempre fue igual el Juicio de Residencia. Se perfeccionó y podían ser sus sujetos los Virreyes, Gobernadores, Militares, Intendentes, Presidentes de Audiencias y Oidores Fiscales, entre otros.

En agosto de 1997, un grupo de investigadores alemanes de la Universidad de Gottingen lanzó al ciberespacio la primera clasificación internacional que mide niveles de corrupción en el mundo y empezó por analizarla en 41 países. Transparencia Internacional calificó a nuestro país, en su primer Informe público, en un dehonroso lugar, entre 41 países.

            De momento la clasificación incluyó sólo a países, pero la medida no está circunscrita al gobierno, sino que refleja el nivel de corrupción promedio en el país con todos sus sectores.

            “Queremos reflejar la corrupción que podría encontrar un ciudadano común, en la cual si quiere hacer un negocio o ir de turista simplemente, como parámetro estadístico”, dijo.

La clasificación da una idea general con base en las comparaciones y parámetros de referencia. Entre más cerca se esté del diez, más limpia es la sociedad analizada.

            Los países menos corruptos de los clasificados fueron Nueva Zelanda, Dinamarca, Danganpa, Finlandia, Canadá, Suecia, Australia, Suiza, Holanda y Noruega.

            Los diez países más corruptos fueron Indonesia, China, Paquistán, Venezuela, Brasil, Filipinas, India, Tailandia, Italia y México.

            Con clasificaciones medias fueron Estados Unidos, Chile, Corea del Sur, Malasia, España y Francia.

            En el Año 2000, México cayó del lugar 55 al 59, entre 90 naciones.

Para el año 2001 moderó su posición. En el año 2006 obtuvo el lugar 66, entre 158 países.

Por otra parte, la confianza de los mexicanos en la honestidad de los políticos está debajo de la media que expresan ciudadanos de otras naciones, según informes sobre competitividad mundial que elabora el Foro Económico Mundial, grupo independiente con sede en Davos, Suiza, del que forman parte las empresas más importantes del planeta y que cuenta entre sus consultores y colaboradores a prestigiados académicos.

Al analizar a un grupo de 75 países, los informes concede bajas calificaciones a México, no sólo en la confianza del público hacia los políticos, también entre hombres de negocios con práctica de pagar sobornos al gobierno.

En el indicador de la confianza del público en la honestidad de los políticos, sitúa a México en el lugar 43 de 75 naciones, con una calificación de 2.5.

En conclusión: de los ocho parámetros, México cumple dos: 2.5 de calificación.

INSEGURIDAD PÚBLICA

Vinculado con la ilegalidad y la injusticia, existe el problema de la inseguridad.

Nelia Tello y Carlos Garza, de Estudios de Opinión y Participación Social A.C. en su artículo “La cultura de la legalidad, antídoto de la inseguridad”* sostienen que de entre los múltiples problemas que afectan al sistema de interacciones que conforma a nuestra sociedad, el de la inseguridad se ha instalado en el centro de las preocupaciones de los individuos.

Realizaron un estudio en 16 ciudades de más de 500,000 habitantes que arrojó que en 9 de ellas el porcentaje de personas que se dijo especialmente preocupada por la inseguridad y la violencia fue superior al 50%.

El tema está ciertamente en la agenda de los gobiernos, ocupa espacios importantes en la de los organismos internacionales, y circula en los medios académicos una vasta producción intelectual. Sin embargo los datos sugieren que la inseguridad en su dimensión objetiva y en la subjetiva no cede un ápice, está ahí en el incremento constante de hechos delictivos y de sus víctimas, en el miedo que modela conductas y actuaciones de los individuos.

El reto continúa siendo profundizar el diagnóstico, sobre todo explorar modelos de intervención que resuelvan de raíz el problema y propicien nuevas realidades.

En una visita que realizó a la Ciudad de México el alcalde de Palermo, Leoluca Orlando, con el prestigio internacional de haber revertido de manera significativa tendencias delictivas en la cuna de la mafia y que tuvo como objetivo conocer el proyecto “comunidad segura” de la ciudad de México, señaló que “el único antídoto que existe contra la inseguridad es la cultura de la legalidad.” y su extrañeza “de que los políticos se dedicaran a hablar únicamente del combate a la inseguridad, pero nunca aludieron a la legalidad”.

Desde 1995 Alducin y Asociados, por encargo de la Dirección de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación realizó un estudio sobre cultura de la legalidad centrado en el fenómeno de la corrupción. El propósito fue tratar de excavar detrás de ese fenómeno, sus motivaciones, sus causas, y entender por qué en México se ha convertido en un medio para evadir la burocracia, un método para la redistribución de la riqueza; el aceite que hace que funcione una máquina social muy compleja.

Salta a la vista la conciencia de los entrevistados sobre la inexistencia en México de una cultura de legalidad y de la justicia: el que sólo 14.6% se haya pronunciado de acuerdo con la idea de que en “México la gente sí respeta la ley”, no es asunto menor.

Debemos conocer más a fondo qué es lo que se está diciendo; plantearse si será posible que la legalidad forme parte de nuestro ser y actuar como individuos en sociedad con una percepción como la que arrojan los datos duros y deprimentes de las encuestas. Mientras esa percepción no se transforme –lo cual implica que los individuos tengan nueva y diferente información, y experiencias y que estén en condiciones de organizarlas de otra manera distinta-, la legalidad y la justicia seguirán siendo algo completamente marginal en nuestra vida en sociedad.

Este tema, como asunto nodal en el posible despliegue de una nueva cultura, y en consecuencia la vigencia plena de un Estado de derecho, requiere no sólo ser abordado por los especialistas, sino que se tiene que incubar en la conciencia de los ciudadanos y desde ahí provocar nuevas actitudes y valores, que a su vez induzcan nuevos comportamientos.

La educación juega un papel fundamental, sin embargo es insuficiente toda vez que el mensaje educativo que se transmite en el aula, las más de las veces en condiciones poco favorables para el aprendizaje, es anulado por el mensaje que la dinámica social real transmite en sentido inverso.

Se trata de un asunto delicado por sus consecuencias, como queda puesto en evidencia a diario, al extremo de que los medios se transformaron en una página roja que nos remiten a situaciones de franco barbarismo.

El cuestionamiento es sobre las causas que inducen a los individuos a pensar de esa manera. La más evidente remite a la desconfianza en el orden institucional; la cual, sin dejar de ser importante, podría estar encubriendo fenómenos de mayor envergadura, como la negación misma de la vida en sociedad.

Los resultados de la encuesta manifiestan un sistema social que no funciona, cuando lo evidente es que así como es, con su corrupción, su ilegalidad, su arbitrariedad, su injusticia, su patrimonialismo, etcétera, el sistema funciona, ha funcionado y la gente sabe vivir en él, da mordida, sabe cuándo cumplir y no cumplir la ley, sabe cuándo y cómo negociar la desobediencia, el sistema funciona; ése es seguramente el problema.

¿Qué es lo que hay que transformar? En buena medida es la forma en la que como individuos y sociedad nos ubicamos frente a problemas que, como el de la inseguridad, son una totalidad compleja, multicausal y causa de múltiples efectos.

Cabe reflexionar sobre el papel que le corresponde a una actitud así en la ineficiencia del aparato judicial en el cumplimiento de sus funciones. ¿Cuántas veces no hemos leído o escuchado que las autoridades correspondientes se han tenido que desistir de tal o cual proceso que se le sigue a un delincuente, simple y sencillamente porque testigos que podrían declarar rehuyen esta responsabilidad?

PODER JUDICIAL FEDERAL

El 8 de abril de 2002, Dato Param Cumaraswamy, relator de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, ante la 58 Comisión de Derechos Humanos presentó en Ginebra el informe sobre su visita al país: Impunidad y corrupción, ''tremendo problema social'' en México, afirmó.

Resalta que en su visita, en mayo de 2001, el Procurador General de la República le informó que ''la corrupción había alcanzado niveles muy altos, pues los funcionarios públicos se valen de sus cargos para enriquecerse y resulta muy complicado detectarlo''.

Cumaraswamy sostuvo que la corrupción afecta a entre 50 y 70 por ciento de los jueces del nivel federal, y que ''ese fenómeno se está extendiendo en el seno de los órganos judiciales, debido a la influencia de los traficantes de droga''. Aseveró que la impunidad para todo tipo de delitos es de 95 por ciento, y que parte de ese problema radica en la ineficacia de las investigaciones penales, pues ''tan sólo 10 por ciento de los juicios abiertos desembocan en condena''.

Dio cuenta de la reunión con el equipo intersecretarial, donde se derivó que ''la población había perdido confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia, y que un funcionario lo corrigió: no es que hayan perdido la confianza, sino que nunca la han tenido''.

Refiere que a pesar de que en 1994 se realizó una reforma constitucional que pretendió consolidar el sistema de procuración y administración de justicia, ''sean cuales fueren los cambios introducidos, éstos no se aprecian en realidad; siguen vigentes el recelo, la falta de fe y la desconfianza en esas instituciones''.

Cita como primer problema de envergadura la falta de una reforma integrada del sistema de justicia, ''porque no puede funcionar bien cuando las procuradores, jueces, magistrados, defensores y abogados trabajan cada quien por su lado''.

De las reuniones con defensores de Derechos Humanos, destaca que ''en México el hostigamiento a los defensores de Derechos Humanos es un problema constante. Especialmente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, viven un estado de inseguridad permanente''.

El informe apunta que las Comisiones de Derechos Humanos ''no gozan de una posición sólida, ya que no son lo suficientemente influyentes para obligar a las autoridades a respetar las recomendaciones que emiten'' y que las autoridades no han cumplido la mayoría de ellas y que entre la sociedad ''hay preocupación de que el ombudsman nacional entregue a las autoridades expedientes confidenciales''.

Hace notar su preocupación de conoció casos de trabajadores migrantes y niños quienes viven en condiciones análogas a la esclavitud: ''Fueron contratados para trabajar en una granja agrícola en Chihuahua; 60 días de trabajo ininterrumpido, incluidos los domingos, con pagos de 60 pesos por jornada que se reducían a la mitad si no se alcanzaba la cuota de producción y sin descanso. No se les permitía salir de la plantación, en cuya tienda tenían que adquirir sus artículos de primera necesidad; carecían de seguro médico y recibían un trato humillante. Los indígenas denunciaron que las autoridades se mostraron indiferentes a sus quejas y se ponían del lado de los empleadores. Estas prácticas son recurrentes en los estados donde hay muchos migrantes indígenas'', señala.

Y concluyó: ''La impunidad y la corrupción parecen no haber perdido fuerza en México. Sean cuales fueren los cambios y las reformas introducidas, no se aprecian en la realidad. Siguen patentes el recelo, la falta de fe y la desconfianza de la población en las instituciones de administración y procuración de justicia''.

El informe causó el escándalo natural del caso.

La H. Suprema Corte de Justicia difundió una Respuesta al informe del relator de la ONU, donde enfatiza que "preocupa que aun con base en esas expresiones carentes de toda metodología y de sustento probatorio, el relator aceptara informaciones que están muy lejos de la realidad y que no resisten ningún juicio serio o razonable".

Enfatizó que la misión de Dato Param resultó "nociva", porque en lugar de hacer una investigación para ver en qué forma se apoyaba la independencia de los jueces -que era su mandato-, "lo que hizo fue denostarla".

            En Ginebra, "la verdad no peca, pero incomoda", fue la frase que utilizó Dato Param Cumaraswamy, en respuesta a las críticas y ataques de la judicatura mexicana al informe de su misión.

Al poco tiempo después, en una especie de “unas por otras”, el Presidente de la Corte recibió el premio Rule of Law que otorga la American Bar Association. El evento se realizó en el Instituto Cultural de México en Washington, donde por primera vez una Suprema Corte de América Latina es acreedora a este reconocimiento.

Góngora comentó que dicha distinción es un aliciente para seguir "el camino que nos hemos trazado desde hace ocho años y que no es otro, que el estricto apego al estado de derecho, a los derechos de los individuos y a la convivencia armoniosa entre órganos del poder".

Aunque reconoció que el avance logrado en el sistema judicial no se debe únicamente al "avance aislado" que ha tenido la Corte, también al esfuerzo de todos los jueces y magistrados "quienes desde la trinchera, día a día, han tenido que enfrentar los embates de las circunstancias adversas que en múltiples ocasiones se presentan inesperadamente".

 

ESTADO DE DERECHO

Sólo modelando y forjando, desde la familia y la educación temprana, una cultura de los valores consitucionales y de la legalidad, será posible construir un Estado de Derecho constitucional y democrático, regido bajo el Imperio de la ley y de la justicia.

Platón en La República afirma que un Estado que no fuera dirigido según la justicia, se reduciría a una gran banda de ladrones.

Platón desarrolla a partir de este argumento toda su ética de la polis griega, que, según él, funciona sobre la base de la ética de ladrones. No descubre ninguna otra ética. El argumento hizo historia. Aparece con mucha regularidad en los pensadores posteriores hasta Adam Smith, que considera toda ética de la empresa capitalista a nivel de la ética de la banda de ladrones. Pero aparece igualmente en los evangelios y en San Agustín en La Ciudad de Dios.

La referencia aparece en los evangelios en la escena de la purificación del templo.  Jesús denuncia al templo como “cueva de ladrones”, es decir, como institución regida por la ética de los ladrones; en el evangelio de Juan lo denuncia como "casa de comercio". Frente a estas cuevas de ladrones Jesús pone el reino de Dios.

 

ETICA Y MEDIOS

Los filósofos, especializados en ética y medios, sostienen que la única manera de vencer el actual imperio de la cultura light y de superar la percepción de la corrupción como "lo normal", es construyendo una sociedad civil con sentido de crítica.

Tradicionalmente, uno de los papeles que cumplían las religiones consistía en dictar normas absolutas y heterónomas, que recibíamos a modo de mandato ordenado por una autoridad divina o socialmente jerárquica. A partir de la laicización resultante de la Ilustración, y con la conformación de la institución de la familia durante el siglo XIX, sería ésta la que se ocuparía de transmitir los valores.

Pero con la crisis del modelo tradicional de familia, y con el cambio de los vínculos intrafamiliares, debería ir gestándose un modelo que sustituya los mandatos heterónomos por una transmisión basada en la reflexión crítica sobre nuestras decisiones y en el reconocimiento de la responsabilidad frente a los otros.

            Los padres de hoy vivimos nuestra juventud durante gobiernos unipartidistas. Y hoy un adolescente de catorce años se queda tomando cerveza en la esquina del antro o de su casa hasta las 9 de la mañana. Se ha ido gestando un modelo no demasiado claro, del cual somos todos responsables, frente al que ni los mismos jóvenes están conformes.

La ética laica es la expresión de nuestra capacidad de decidir de acuerdo con nuestros valores más personales. Implica ocuparnos de cómo deberíamos vivir y de qué deberíamos hacer.

            Hoy no hay función pedagógica alguna, porque ni siquiera hay castigo. Toda vez que se intenta esclarecer o castigar un delito, común u organizado, se suele apelar a diversos artilugios, chicanas, prescripciones y sobornos. Su perversidad es que casi todos ellos son recursos amparados por el marco de la ley.

Mientras la sociedad civil no respete las reglas compartidas, mientras los poderes del Estado no sancionen los delitos cometidos, mientras no se respete la institución del justo castigo, no sólo no funcionaremos exitosamente; seguiremos expuestos todos, pero absolutamente todos, a una peligrosa y mortífera desprotección.

            La idiosincrasia del mexicano medio, a la hora de construir ídolos como los que surgen de la TV, se vale del simulacro; a menudo depende de que se arme una escena donde los actores sociales -trátese de locutores, vedettes de turno o futbolistas- juegan un determinado rol. Y dado que es un monstruo que se muerde la cola, esa escena es retroalimentada por otros programas donde se repite o critica a los mismos actores sociales en esos mismos roles.

            La frase "el fin justifica los medios" se impone con fuerza de ley. Pareciera que sólo una ética basada en una estrategia de medios y fines, imperara en los vínculos interpersonales. Todo tiene que servir para algo, como si la utilidad fuera el único valor atendible. Miles de veces me han preguntado, por ejemplo, ¿para qué sirve la filosofía? Y dan deseos de responder: “para nada”. Porque lo cierto es que reducir el valor de algo a su utilidad es caer, precisamente, en una postura donde el imperativo ordena la obtención de un fin, sin atender a los medios necesarios para alcanzarlo. Y los medios -y en qué medida nos sometemos a ellos- suelen ser tan importantes como los fines.

            ¿Puede una sociedad como la nuestra, con tantas paradojas, sobrevivir impertérrita por mucho tiempo más?

Vivimos en una cultura que, si nos guiamos por lo que se nos suele mostrar, hace un culto de valores light, donde no existe el compromiso y donde la palabra es bastardeada. Los medios exaltan y canalizan lo siniestro, y omiten destacar todo lo destacable. Hemos incorporado la corrupción como algo normal. Todavía estamos en deuda para con los jóvenes, a quienes no supimos legar un país adulto. Y aunque a menudo se pase por alto, sólo alentando una conducta ética en la esfera individual, estaremos genuinamente capacitados para ser guardianes de la república.

            Nos equivocamos cuando juzgamos al colectivo "México" a partir de los innumerables actos de corrupción y la anomia que respiramos. Paralelamente, muchos ciudadanos trabajamos por un país mejor. Nos espera una tarea urgente: construir un nuevo modelo basado en la transparencia y en una ética de la responsabilidad, donde el ciudadano medio, resguardando sus propios intereses, cumpla la ley. Y exija a sus dirigentes su cumplimiento. Estamos en un barco que zozobra: tenemos que redistribuir sus cargas y sus beneficios, porque de no hacerlo, nos hundimos todos.

            Milton decía que los únicos paraísos son los paraísos perdidos. No se trata de añorar una edad de oro, ni de denigrar nuestro presente. Vivimos un momento de permanente cambio, donde las exigencias se renuevan cada día y donde no alcanzamos a "digerir" algo que ya aparece como su sustituto. Por supuesto que la ética va de la mano de los valores, pero los valores pueden encarnarse ahora en figuras muy distintas de aquellas en las que se encarnaban 50 o 60 años atrás. El desafío es construir una sociedad civil con sentido de crítica y dispuesta a construir esas nuevas figuras que encarnen valores, y que tengan que ver con nuestra realidad de hoy, infinitamente más compleja que la de otras épocas.

 

ESTRATEGIAS

A partir de la experiencia concreta del modelo “comunidad segura” en una zona popular de la Ciudad de México, las estrategias dominantes para enfrentar la inseguridad han puesto énfasis en aspectos técnicos, ya sea en el orden del mejoramiento de los cuerpos policiacos y sus armas y chalecos antibalas o en el de la revisión y actualización del marco jurídico, pero han dejado de lado la inexistencia de una cultura de la legalidad y de la justicia en la que precisamente esos asuntos técnicos podrían adquirir su real significado y trascendencia.

Apostarle sólo a la reforma del marco jurídico; apostarle sólo a las instituciones judiciales; apostarle sólo a los cuerpos policiacos, es al igual que en los casos anteriores apostarle a perder.

Se requiere apostarle a un planteamiento holístico y ése se ubica precisamente en el universo de la cultura.

PROSPECTIVA

La promoción de la cultura de la legalidad no es algo nuevo, desde los 90’s se han trabajado proyectos de Cultura de la Legalidad y de la justicia con educadores y líderes de la sociedad civil comprometidos a promoverla. El trabajo consiste en el cambio de la mentalidad de sus habitantes, juntas vecinales con autoridades municipales, reuniones de directores de escuelas y padres de familia y recuperación de espacios públicos y a través de los medios de comunicación, entre otras acciones.

En México existen iniciativas que la favorecen, como el programa para jóvenes de tercero de secundaria “Formación Ciudadana hacia una Cultura de la Legalidad”, implementado en Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Morelos, Tamaulipas y en delegaciones de Distrito Federal.

Destaco la Especialidad en Cultura de la Legalidad que ofrece la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica de México, es una alternativa para la formación de cuadros administrativos, líderes y comunicadores sociales en torno a los procesos e instrumentos que permitan la reflexión, comprensión y promoción de la cultura de la legalidad y de la ciudadanía democrática.

También los Congresos Nacionales de la Secretaría de Gogbernación.

            El pasado 18 de diciembre de 2006, un grupo de ciudadanos nuevoleoneses entregó al H. Congreso del Estado la Iniciativa de Ley para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad, como conclusión de una primera etapa del programa “Reforcemos los Valores para Vivir Mejor”, a través de la Comisión de Fortalecimiento de Valores y Principios del Consejo Consultivo Ciudadano de Seguridad Pública y el Comité de Investigación y Análisis de Valores.

Los días 18 y 25 de enero del 2007 se llevó a cabo una Consulta Ciudadana presencial y por Internet para recibir las propuestas para integrar el Programa contemplado en la iniciativa.

Esta iniciativa, respaldada por el Gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, fue aprobada por unanimidad en el H. Congreso del Estado el pasado 20 de marzo del 2007, se publicó en el Periódico Oficial el viernes 23 de marzo y entró en vigor a partir del 24 siguiente.

Esta Ley tiene por objeto establecer los marcos de referencia, los mecanismos, instrumentos y lineamientos del programa para fomentar y promover en el Estado de Nuevo León los valores universales y trascendentes del ser humano, así como la promoción de una cultura de la legalidad que robustezca el Estado de Derecho y el respeto a las reglas de convivencia armónica en la sociedad.

Para su cumplimiento, la ley contempla la creación del Consejo Estatal para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad integrado por los grupos y organizaciones más representativos de los sectores público, privado y social.

EN LA CREACIÓN DE LA BUENA LEY, EN SU APLICACIÓN POR HOMBRES JUSTOS, EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DE LA JUSTICIA Y DE UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO, ESTÁ LA MISIÓN NUESTRA Y EL DESTINO QUE NOS ESPERA.

 

 

 

 

 

 

 

 



* Conferencia magistral sustentada en el Foro de consulta para el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

 
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