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Derecho Internacional

 



 

 

FÓRMULA IRAC

Esta es una herramienta útil para exposiciones y argumentación jurídica, y al mismo tiempo encontrarse con una cuestión de actualidad que, vista desde las frías normas, es muy interesante.

El modelo IRAC -parte del folklore académico del derecho norteamericano-es una sigla que alude a lo siguiente: Issue, Rules, Analysis, Conclusions.

En orden sucesivo, se trataría de plantear y abordar el tratamiento de un tema jurídico conforme a la secuencia pautada por esos rótulos, analizando en orden sucesivo:

-I. La cuestión o asunto sobre que versa esencialmente el caso.

-R. Las normas o reglas que se pueden relacionar con él.

-A. (Hay problemas con la “A”: algunos le llaman también “application”, y otros “alternatives”.

Independientemente de ello, consiste en una mezcla de todo: analizar la aplicación de las reglas plausibles al caso, cómo sería el funcionamiento de las mismas en orden a la solución, y explicar por qué hay determinadas soluciones que resultan incorrectas/inconvenientes.

-C. La conclusión puede ser simple (la resolución del caso) o más comprensiva (la identificación de una regla o principio general que funciona para resolver cierta familia de casos).

Aunque hay otros métodos similares, la estructura del IRAC es la más difundida en universidades norteamericanas. Algunos hablan de FIRAC, pues incluyen como fase previa la identificación de los hechos (Facts) para después determinar sobre esa base material las “Issues” o asuntos jurídicos relevantes.

Así, podríamos pensar en

(F) la descripción de un accidente que causó lesión –dentro de esto tendremos algunos hechos relevantes y otros irrelevantes–;

(I) la cuestión jurídica sería la responsabilidad refleja del dueño de la cosa riesgosa;

(R) las reglas aplicables serían las del Código Penal o del Código Civil;

(A) el análisis del caso nos debe persuadir de que no existe culpa de la víctima o alguna razón que obste a la aplicación de la responsabilidad objetiva;

(C) la conclusión estará dada por nuestro corolario legal acerca del caso que, como se ha dicho, puede ser “generalizable”.

 

Para no abogados: Comentario del caso según la percepción y experiencia profesional del estudiante.

 

BREVES CONSIDERACIONES SOBRE EL MÉTODO DE RAZONAMIENTO LÓGICO Y ETICO DE LOS TRIBUNALES NORTEAMERICANOS

Héctor Rodríguez Espinoza

“Algunos hombres miran a la Constitución con reverencia sacramental, como si fuese un Arco de la Alianza, demasiada sagrada para que pueda tocársela. Atribuyen a los hombres de otro tiempo una sabiduría más humana y suponen que lo que ellos hicieron está más allá de todo reforma. Yo conocí bien ésta época; pertenecí a ella; trabajé con ella.  Merece el bien de todo el país: fue muy parecido al presente, pero sin la experiencia del presente; y cuarenta años de experiencia en el gobierno valen como un siglo de lecturas y eso es lo que los hombres que la vivieron dirían si se levantaran de sus tumbas. Ciertamente no estoy por los cambios frecuentes y apresurados en las leyes y en las Constituciones. Creo que vale más soportar las imperfecciones moderadas porque, una vez conocidas, nos acomodamos a ellas y encontramos medios prácticos para corregir sus malos efectos.  Pero sé tambien que las leyes y las instituciones deben ir mano con mano atadas al progreso de la inteligencia del hombre.  A medida que ésta se desenvuelve más, se ilustra más, cuando se hacen nuevos descubrimientos, se revelan nuevas verdades, las costumbres y las opiniones cambian con el cambio de circunstancias; las instituciones deben avanzar también y mantenerse a ritmo de los tiempos.”

                                      Charles Evans Hughes


I.- PRESENTACIÓN.

 Hablar del sistema jurídico norteamericano es referirnos a una rica tradición que recoge sucesos de diversa índole, que van desde tragedias en Inglaterra y en las trece Colonias de lo que devino Estados Unidos, hasta episodios de valentía, talento e ingenio de líderes sociales, que enfrentaron acontecimientos inéditos y ofrecieron soluciones no únicamente inteligentes, sino de un carácter que les confirió su validez intrínseca y prestigio hacia el futuro: su durabilidad.

La férrea defensa -ante los antiguos soberanos- de los Derechos Humanos, la garantía de su respeto y la implantación de los remedios y sanciones en contra de su violación, y, sobre todo, la concepción de la forma de gobierno democrático, federal y representativo moderno, son indudables aportaciones que han trascendido y pasado la prueba de dos siglos.
Cuando hablamos de la durabilidad, como la virtud y atributo de las soluciones dadas por los pueblos inglés y norteamericano, y por sus líderes, nos referimos a que fueron soluciones en forma de normas de conducta generales, permanentes, jurídicas en una palabra, lo que constituye una garantía de confianza y permanencia y la demostración más palpable de que la solución más eficaz a todos los problemas de las sociedades organizadas, es la sujeción de sus órganos y ciudadanos a las normas de conducta a las leyes, a lo que se denomina un Estado de Derecho (Rule of law).

Lo anterior guarda una gran importancia para el sistema jurídico político de nuestro país. Sabido es que México recibió dos grandes influencias para la conformación de su estructura, como nación y Estado.  Por una parte, y como consecuencia lógica del devenir histórico, la primer vertiente derivó de las corrientes legislativas provenientes de la tradición romano-franco-hispánica, en cuanto al Derecho llamado privado, particularmente el Derecho civil.  Pero, en cuanto al llamado Derecho público, y especialmente el Constitucional, recibimos la vertiente anglosajona, de la que el sistema norteamericano es uno de los productos más acabados.

Como ocurre en todo moderno Estado de Derecho occidental, y de acuerdo con la Teoría de Kelsen, en la cúspide de su pirámide normativa está la Constitución Política.  Es en este texto fundamental en el que se consagran las dos partes: la dogmática, que recoge los derechos inalienables y substanciales a la persona, por el sólo hecho de serlo; y la orgánica, en la que se contienen la composición del Poder público, elemento esencial del Estado, y la enumeración de los órganos de gobierno, sus atribuciones y deberes, la relación entre sí y con los particulares.

Dentro de este esquema, nos interesa poner atención en uno de los tres Poderes del Poder Público de los Estados Unidos de Norteamérica: el Poder Judicial.

Como afirmé, existe una básica similitud entre la estructura del Poder Judicial de ese país y del nuestro.  Así, observamos que en ambos coexisten Poderes Judiciales Federales y de los Estados, con una Suprema Corte de Justicia en el más alto rango y Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en el primero de esos ámbitos competenciales. Sin embargo, existen también dos hechos que caracterizan al Poder Judicial norteamericano, que lo distinguen del nuestro, en sí mismos atractivos para el estudioso de las instituciones jurídicas comparadas:   la institución del Jurado y del sistema o método de razonar lógico y ético de los Tribunales.

A mí, cuando menos, me ha resultado harto interesante el conocimiento del segundo de los puntos, por que penetra en las raíces filosóficas y jurídicas de las entrañas de un Poder judicial de prestigio, como lo es el norteamericano, y que nos arroja luz para entender su funcionamiento, su lógica en el análisis de los negocios y su actitud ética jurídica en la resolución de los casos planteados, en una sociedad tan desarrollada y tan llena de retos cotidianos, como lo es ese complejo conglomerado.

En esta búsqueda, encontré en mi audio-hemero-biblioteca, un documento que, no obstante su sencillez, nos ofrece una aproximación sobre el tópico a que nos referimos.  Es una conferencia magistral sustentada, en 1975, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Sonora, siendo yo su Director, en la celebración de su XXII aniversario, por Boris Kozolchyk, profesor de la Universidad de Arizona.  Ahora, después de casi dieciocho años, la he vuelto a escuchar y la considero de interés, utilidad y actualidad, por las circunstancias que rodean a ambos países, con motivo de sonados casos como los de Humberto Alvarez Machaín, Rodney King, Mario Ruiz Massieu,  la vigencia del Tratado de Libre Comercio,  que vino a multiplicar, hasta límites insospechados, el comercio humano y jurídico, a todo lo cual se debe dar cauce y solución jurídica por juristas, abogados y autoridades de  ambos países, muchos de los cuales deberán ser conocidas y resueltas por autoridades judiciales.

II.-COMO RAZONAN LOS TRIBUNALES NORTEAMERICANOS.

B. Kozolchyk

Es conveniente anunciar la denominación del método con que resuelven los Tribunales norteamericanos.  En otras palabras, supuesto un orden normativo dado en ese sistema, y planteados los casos concretos al conocimiento y resolución de los Jueces y Magistrados, ¿cuál es el razonamiento lógico y ético que siguen las autoridades judiciales? Algunos llaman a esta imputación de deberes - como la denomina Kelsen-, el método de la adjudicación.
Es necesario explicar en lo que consiste el llamado método del proceso de adjudicación.  Como se sabe, conforme a la organización de los Tribunales en este país, se dividen, siguiendo el Ordenamiento federal, en dos tipos: de carácter federal y de carácter estatal.  En la cúspide del ámbito Federal está la Suprema Corte Federal.  En ambos ámbitos existe una respectiva Corte Suprema, y existe la garantía constitucional del Jurado popular.
Los Jurados populares actualmente responden a un concepto muy distinto a su origen en Inglaterra.  Mientras que los Tribunales son competentes para oír alegatos de Derecho, en principio los Jurados populares lo son para escuchar alegatos de hechos. La separación entre los hechos y el Derecho, es tenue. No es una dicotomía clara y tajante.
Por lo que respecta a los jueces a nivel estatal, su existencia ha sido, por lo general y hasta el momento, producto de la elección popular, sistema que afortunadamente ha comenzado a cambiar, en virtud de que se ha abaratado y se ha considerado que influyen criterios de tipo político, con ribetes partidistas o favoritismos.

En cuanto a los Jueces del ámbito Federal, son designados por funcionarios competentes y el Congreso federal tiene el poder de rechazar la designación, como ocurrió en tres ocasiones durante la administración del Presidente Nixon, y una durante la del Presidente Bush padre.

A partir de 1972-1973 se observó un cambio patente a este respecto en Arizona.  En efecto, siguiendo el plan del Estado de Missouri, los Jueces son designados por el Gobernador del Estado, de entre ternas de candidatos que le son propuestas por la Barra de Abogados, lo cual ha implicado un avance y una democratización en este fundamental proceso.
Por lo que respecta a los miembros del Jurado popular, se designan entre ciudadanos distinguidos de cada comunidad o jurisdicción correspondientes, para las distintas controversias. El concepto del Jurado popular es histórico.  “La historia del Derecho no es lógica, sino de tipo empírico”, como la afirmó Holmes.  Sucedió porque así fue como sucedió.  No fue planeado de una forma.

El Jurado popular comenzó siendo un sistema que conocía los hechos, de raíces penales.  Terminó  siendo, no un organismo conocedor de los hechos, sino un organismo auditor de los hechos. Sea lo que fuere, ha experimentado un cambio muy radical.

A diferencia de la materia civil, en materia penal debe existir en el Jurado una absoluta seguridad de la culpabilidad del acusado.

Ahora, ¿cómo se adjudican las sentencias, o se dirimen las controversias en los Tribunales?
Según Boris Kozolchyk, el método o sistema de análisis, de razonamiento, es el siguiente: debe partirse de la existencia de casos concretos, de su posterior lanzamiento y de sus respectivas resoluciones, con carácter de precedentes.  Así, históricamente, por ejemplo, es conveniente exponer la forma en que se explica a los estudiantes de Derecho norteamericano este sistema de razonamiento.

Uno de los libros de consulta obligada nos muestra cómo, comenzando en el siglo XVIII, un Tribunal inglés estableció que  un farmaceuta que había vendido un producto rotulado equivocadamente como belladona -y que realmente era veneno-, resultó obviamente nocivo para la salud del comprador; cómo era esa responsabilidad al farmaceuta, por rotulación equivocada del producto; cómo el mecanismo pensante que estableció esa responsabilidad extracontractual,  casi delito de negligencia, se tradujo en analogías tales como: la construcción de un andamio que resultó defectuoso al usarlo y la explosión de un vehículo por el comprador.

¿Qué tenían de común, como complejo de hechos, estos sucesos?

Según los Tribunales de Inglaterra y de Estados Unidos, para llegar a la Doctrina de la responsabilidad extracontractual, no fue la aplicación de un Principio general conforme al cual, por ejemplo, “aquel que por sus actos u omisiones le causaren un daño o perjuicio a un tercero, responderá por ellos”. Lo que tenían en común es que ese complejo de hechos se refería a objetos que los Tribunales consideran como “inherentemente peligrosos”, y que en su proceso de manufactura o venta, conllevan determinado grado de irresponsabilidad y traerán como consecuencia la indemnización por daños y perjuicios sufridos.
Analizando este proceso pensante, el Ex Director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago, y Ex Ministro de Justicia, Lily, expresó: el proceso que se caracteriza por este lanzamiento de complejos de hechos, lo describió Aristóteles, mejor que nadie, en los términos siguientes: “Hay distintos procesos pensantes: el inductivo, conforme al cual, de una serie de fenómenos particulares, se establece un  Principio general; y el deductivo, conforme al cual, partiendo de premisas mayores y Principios generales, se llega a (la conclusión) del caso concreto”.

Dice Lily: el razonamiento presente en esta serie de sentencias, o sea de objetos inherentemente peligrosos, no es ni de tipo inductivo, no es empírico, puesto que el Principio que se establece no gobernará todo tipo de casos; ni del tipo deductivo; sino es de los que Aristóteles llamaba “razonamiento por ejemplos”.

Este es un razonamiento de complejos de hechos, buscando analogías y llegando a Principios intermedios.  No es axiomático, evidente por sí mismo.

No es científico, ya que no existe la verificación por medios objetivos. Requiere el llamado “razonamiento de lo plausible”.  Se decide en función de lo establecido en el complejo de hechos, no porque sea matemáticamente cierto, como en el caso de los axiomas, sino con base a lo más plausible.

Pero, ¿qué es lo más plausible?

El filósofo español, quien vivió sus últimos años en México, Luis Recasens Siches lo llamó “lógica de lo razonable”.  Según él, se utiliza desde Grecia para hacer decisiones que no tienen caracteres matemáticos ni científicos, pero que tienen suficiente certeza como para ser decididos por gente aceptada en la comunidad en cuestión, como sabias, prudentes o razonables.  Ciertamente son razonamientos falibles, pero que conllevan autoridad.
Otro autor dice que los casos que apunta Lily, no son exhaustivos.  Por ejemplo el caso del conflicto entre precedentes, silencio, oscuridad o insuficiencia; y se pregunta, ¿cómo se razona, si no hay ese ejemplo a seguir? Dice: siguiendo la pauta sugerida por Recasens Siches, se aplica la lógica de lo razonable: partiendo de aquello que a todos nos parece aceptable y llegando a aquello que nos parece absurdo.

 ¿Implicará esto anarquía? No. En el fondo, lo que pasa es que subyace en este razonamiento la filosofía utilitaria.  El utilitarismo establece que la determinación de lo bueno o lo malo, en el campo de la filosofía moral; de lo justo  o lo injusto, en el campo del Derecho, es preestablecido por el cálculo de aquellos que son los beneficios, en contra de aquellos que van a ser los costos.  Se hace un cálculo y se concluye; no hay nada que sea absolutamente justo o injusto antes del cálculo, sino que, con base en él, se determina la solución.
Pero hay un gran escepticismo moral subyacente a este cálculo hedonista, como se le ha llamado al cálculo de Bentham.  Y  hay una corriente utilitarista muy fuerte en las decisiones de los Tribunales ingleses y americanos, paralela a la de Von Jhering en Europa: “El Derecho es solamente el resultado de un conflicto de intereses”.
Sin embargo hay una excepción: la Corte Suprema -en los últimos 60 años- ha estado influenciada por una filosofía completamente contraria al utilitarismo. Magistrados -como Douglas y Black-, según las cuales, independientemente del cálculo utilitario, hay ciertos derechos que jamás pueden ser puestos en una ecuación, pesados, medidos o evaluados en términos de beneficios o costos.  Por ejemplo, el derecho de libertad de expresión, de asociación, de prensa.

Independientemente de los costos sociales, no son susceptibles de ser elevados con lógica y filosofía utilitarista, de costos y beneficios.

El Derecho constitucional debe responder a un criterio absolutista moral, criterio Kantiano.  Kant expresó que el utilitarismo es una filosofía -”si así se le puede llamar”, expresó - de cerdos: aquello que postula como moral la felicidad, ultimadamente no puede llamarse realmente una filosofía moral. La moral sólo responde a imperativos categóricos.  Por ejemplo: esclavitud, genocidio de niños inocentes, a nadie se le ocurriría juzgarlos con un criterio utilitarista, con la lógica costo-beneficio. Hay ciertos absolutos morales que simplemente no se discuten, no se evalúan, no se pesan, diría Kant. Este criterio de la moralidad absoluta Kantiana se refleja en la actitud de los Magistrados disidentes actuales, y en la mayoría durante el período del Magistrado Warren, respecto a la libertad de expresión, en materia de Derecho procesal penal o protección del reo.
En consecuencia, el proceso pensante que caracteriza al Derecho anglosajón es aquel que, partiendo de la analogía y del razonamiento por ejemplos, establece criterios que, en última instancia, pueden ser calificados como informados por el utilitarismo o por una moral de tipo Kantiano.

En este sentido, la comparación con lo que sucede en otros países del llamado Derecho Civil, puede ser sumamente ilustrativa, puesto que si los Tribunales aquí llevan a la controversia como parte de un conflicto de la ética, en contra de lo que sugiere Kelsen y sus seguidores, entonces estarán mucho más cerca de lo que hacen de hecho los tribunales en los países anglosajones, sobre todo en los Estados Unidos.  Si el tribunal parte de la noción o de la premisa mayor de que el Derecho no es parte de la Moral, que es parte de lo normativo ajeno completamente al conflicto de lo moral, ya sea en la escuela utilitaria o en la escuela Kantiana, los resultados de la adjudicación van a ser completamente distintos.  No se prestará atención al conflicto en sí, si no a la simetría lógica o al concepto de la certidumbre jurídica, de la cual tan iluminadamente ha dicho Eduardo García Maynez.

III.- De la lectura de lo anterior es dable observar la enorme veta de conocimientos, experiencias y aportaciones que ha prestado a la cultura jurídica mundial, el sistema jurídico norteamericano.

Detrás de su Constitución Política, existen antecedentes muy importantes, textos histórico-jurídicos que muestran los grandes jalones que se han hecho para consolidar un Estado de Derecho que tiene, en el respeto a la legalidad, una actitud casi cotidiana de ciudadanos y autoridades de todo nivel.

Esa habitual actitud de respeto a la legalidad, por lo que respecta a las autoridades, tiene como obligados a los propios funcionarios públicos integrantes de los tres Poderes y de los tres ámbitos de gobierno: federal, local y municipal.

Pero debe destacarse el hecho de que es el Poder Judicial, de los dos ámbitos, un doble símbolo del respeto al orden jurídico: como obligado, en primer lugar; y -sobre todo- como depositario de la potestad y atribución de conocer las controversias entre particulares (en las que uno de ellos, siempre, reclama la violación de un precepto legal por parte del otro o por un órgano de autoridad), incluyendo la delicada función de erigirse -en el caso de la Suprema Corte de Justicia- en el depositario del control constitucional.

Charles Evans Hugues, quien fuera el onceavo Presidente de la Suprema Corte lo dijo con palabras que se consideran clásicas: “Vivimos -declaró- bajo una misma Constitución, mas la Constitución es lo que los jueces dicen que es”.

Por ello, considero útil este primer acercamiento a la naturaleza filosófica, lógica y ética de la función de juzgar encomendada a los Tribunales norteamericanos, pues un sistema jurídico es lo que son, la estructura lógica de sus normas jurídicas, y la estructura ética de sus Jueces.

Posdata. (A mediados de 1996 le remití a Boris Kozolchyk copia del presente artículo y le comenté que en una reciente conferencia del Jurista sonorense Agustín Pérez Carrillo, a pregunta expresa mía, opinó que quizás la posición de Luis Recasens Siches estaba rebasada.
La respuesta de Kozolchyk, de 10 de octubre siguiente, fue como sigue:
“Pocos días antes de recibir su muy gentil envío del artículo y de su carta partí para Europa e Israel, país éste en el que se celebró la 8ava. Sesión de la Academia de Derecho Comercial y del Consumidor. Durante el viaje tuve ocasión de leer su versión de mi conferencia y me pareció excelente.

Creo que usted recogió los puntos esenciales con gran claridad y organización lógica. Por correo separado le estoy enviando materiales más recientes respecto al mismo tema.
Las referencias a Recasens Siches no creo que hayan sido rebasadas. El punto es el siguiente: en los años  sesentas varios autores alemanes encabezados por Theodor Viehveg y Joseph Esser comenzaron a explorar la relación entre la forma de pensar de los griegos y los romanos, en especial la Retórica y el pensamiento jurídico contemporáneo. La obra de Viehveg “Topic und Jurisprudenz” demuestra cómo el método tópico y retórico se distingue del método puramente silogístico (deductivo) y del empírico-científico o de las ciencias exactas (inductivo). Demuestra, además, que la retórica jurídica se caracteriza por ser una lógica “de lo razonable”, ni exacta ni puramente silogística. Recasens fue uno de los autores que llamó la atención en el mundo hispano sobre tan importante hallazgo. En este sentido Recasens no ha sido rebasado, ya que lo probado probado está y nadie, que yo conozca, ha rebatido la conexión entre los “topoi” griegos y romanos y la forma de razonar jurídicamente en la actualidad.

Quizás haya sido rebasado en muchas otras afirmaciones, eso no lo sé. En mis lamentablemente muy pocas conversaciones con el maestro García Máynez, él siempre estuvo de acuerdo con mi anterior afirmación. No sé quien haya manifestado un punto de vista contrario en la UNAM, pero por favor le ruego que le haga llegar esta aclaración a esa persona, para ver si en el punto de vista en concreto hay divergencias. Francamente no creo que pueda haberla.

Si usted lo desea, tiene mi autorización para traducir parte o la totalidad de lo dicho en estos artículos míos más recientes respecto al papel de la clasificación en el análisis de instituciones jurídicas.

También quisiera poner en su conocimiento un libro mío recientemente publicado por McGraw Hill en castellano, donde se traducen varios de mis ensayos respecto al Derecho y el desarrollo económico y donde continúo ahondando en los mismos temas que a usted le interesan. Creo que lo están vendiendo en la librería universitaria de la Universidad de Sonora.
Le pido perdón por la tardanza en contestar su carta. En mi regreso de Europa perdí el ejemplar que usted me había enviado, debido a la pérdida de mi equipaje desde Franckurt a Londres. Una vez más le agradezco su muy amable envío y de tener usted alguna copia adicional de la Revista (o más copias),  le ruego me las envíe para quedarme yo con una de ellas y enviar las otras a colegas de españa y de Argentina.”)

BIBLIOGRAFÍA Y AUDIOGRAFÍA CONSULTADA

- La Suprema Corte de los Estados Unidos. Charles Evans Hugues. Fondo de Cultura Económica México. Segunda Edición en Español, 1971.

- La Constitución Americana. C. Herman Pritchett. Tipografía Editora Argentina, S.A. 1965.

- De la Carta Magna a la Constitución Norteamericana. Arthur E. Sutherland. Tipografía Ed.  Argentina, 1972.

- El Derecho Angloamericano. Oscar Rabasa. Editorial Porrúa, México, 1972.

- El Poder Judicial Norteamericano. (El razonamiento Lógico de los Tribunales). Boris Kozolchyk. Conferencia Sustentada en la Escuela de Derecho de la Universidad de Sonora, 1976.
-Carta personal, al autor del presente artículo, por el Dr. Boris Kozolchyk, de 10 de octubre de 1996.
Invierno de 1996.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PELÍCULA DOCE HOMBRES EN PUGNA

Todas las pruebas pesan sobre un muchacho de dieciocho años. Según éstas, asesinó a su padre con una navaja. El juez advierte al jurado que su fallo debe ser unánime. Si le declaran culpable, será ejecutado en la silla eléctrica sin posibilidad de apelación. Los doce hombres del veredicto, reunidos en una sala contigua al tribunal para deliberar, están en su mayoría de acuerdo.

°°°
Pontificia Universidad Católica de Chile. Programa de Bachillerato en
Ciencias Sociales Y Humanidades. Derecho

Ensayo sobre la película “Doce hombres en pugna”

¿Qué es la justicia? "Ninguna otra pregunta ha sido planteada más apasionadamente que ésta, por ninguna otra se ha derramado tanta sangre preciosa, ni tantas lágrimas amargas como por ésta, sobre ninguna otra pregunta han meditado más profundamente los espíritus más ilustres desde Platón hasta Kant..."( Hans kelsen, “¿Qué es la justicia?”, 1982, p.8)

 Esta afirmación permite apreciar la complejidad que envuelve el concepto de justicia y también la manera como ha sido abarcada no sólo por el derecho, sino también por otras áreas enormemente reflexivas y de gran profundidad como la filosofía. La película “Doce hombres en pugna” dificulta aún más la posibilidad de un acercamiento. Entre el jurado defensor y el condenador, hay un espejo de la sociedad homogénea. Todos convergen en un mismo tema que deben resolver.
 Y es que temas tan trascendentales como éste, a menudo no permiten respuestas sencillas, sino que, contradictoriamente, nos dejan envueltos en más preguntas, tal vez más complejas. Nos dejan empantanados en un abismo del que quizá el ser humano jamás podrá liberarse, porque el concepto de verdad absoluta no le pertenece. Hay tal complejidad en ciertos temas y tantas posturas diferentes; tantos modos de ver la realidad, pues cada ser humano la contempla como un mundo aparte y distinto del resto, que ni siquiera el sentido común sería una respuesta adecuada.
 Que la ley existe, no hay duda alguna. Lo que no queda claro es si lleva directo a un camino de justicia, donde lo dado es igual a lo debido, donde cada cual sea dueño de lo suyo ¿Quién o quiénes determinan que verdaderamente se está cumpliendo con esto? Son personas las que establecen las leyes y son personas también quienes las ejercen sobre otras personas, todas ellas semejantes entre sí. Y son ellas las que derogan leyes y crean nuevas, porque la antiguas ya no sirven. Esto quiere decir que lo que para una determinada época es correcto, en otra época puede estar totalmente errado o desfasado.
 Las personas se equivocan en sus apreciaciones o cambian constantemente de pareceres ¿Acaso un jurado compuesto por apenas doce personas de las cuales once están apuradísimas por irse y resolver un caso en cinco minutos sin importarles que tienen en sus manos la vida de un ser humano, más aún, la vida de una persona joven que, en caso de analizar los detalles con un poco más de tiempo y esfuerzo, podría ser declarada inocente, es la copia feliz de lo justo? Si esa única persona que se opuso no hubiera estado entre ellos, ese joven hubiera muerto inmerecidamente. El derecho penal es de última ratio”, es decir, que debe intervenir lo menos posible, porque aplica castigos muy severos. Por esto, debe tomarse muy en serio el declarar culpable a alguien.
 Las personas se vuelven irreflexivas y superficiales. Lo más importante no es saber de derechos y leyes, ser un experto en el tema. Y aún sin ser experto, el hombre de por sí puede tener inclinaciones por defender lo que cree justo, siempre y cuando se apasione por ello, siempre que el asunto le interese y busque hasta el cansancio, con amor a la causa cuando encuentra en el caso dudas razonables; cuando existe una mínima posibilidad de que el acusado sea inocente. Si no prima la responsabilidad, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, dejar de lado los prejuicios, el egoísmo; si las personas dejan de sentirse la voz de la verdad, si dejan de obstinarse por simple orgullo y no por amor a la justicia, por no querer dar su brazo a torcer o, simplemente, por conveniencia propia, entonces cabrá en ellos la posibilidad de la justicia de un sentido profundo de equidad.
 Una teoría puede ser universal, la norma jurídica puede ser hipotética, pero, al ser aplicada a casos concretos se puede volver más compleja y entonces se debe recurrir a nuevos criterios, a la jurisprudencia ¿Qué criterio es el adecuado? No es suficiente contar con el testimonio de unas cuantas personas, como testigos oculares. Es muy posible que ellas se equivoquen, porque los sentidos pueden engañarnos. Además, los seres humanos no tenemos estructuras mentales sencillas. Somos muy complejos y nadie puede penetrar en la mente de otro. Nadie puede saber lo que está pensando y un juramento no es suficiente. Todas las personas, comunes y silvestres, hemos mentido alguna vez. Puede haber quienes sean capaces de jurar por lo que es más sagrado para el grueso de las personas, pero que no necesariamente va a ser sagrado para todos. Decir que uno vio algo no certifica que en realidad lo haya visto.

°°°
"Señores del jurado, Uds deberán decidir si este joven acusado del asesinato de su padre es culpable o inocente. Tengan en cuenta que de existir la menor duda razonable deberán dar el veredicto de inocente."
 Los 12 hombres se levantan y pasan a deliberar. Está en sus manos el futuro del joven acusado de matar a puñaladas a su propio padre. Todas las pruebas están en su contra y a medida que el film avanza uno va convenciéndose de su culpabilidad............... O no.
 Ni bien entran a la habitación donde deben decidir la suerte del muchacho, se sientan a la mesa entre charlas amigables y algunas bromas, hasta que proponen acelerar la votación para que cada uno regrese rápido a su casa.
 Por supuesto, casi todos dan por descontado el veredicto de culpabilidad, pero el asombro se refleja en los rostros de cada uno cuando el resultado de la misma es: 11 Culpable, 1 Inocente. Unas risas leves comienzan a transformarse en nerviosismo y los aires de amabilidad y distensión que allí reinaban empiezan a desaparecer. Intentan convencer al que dijo inocente para que cambie su voto, pues de lo contrario deberán quedarse allí hasta que todos se pongan de acuerdo. Pero el miembro del jurado decide no cambiar su decisión y da una explicación del porqué de su dictamen. No tiene pruebas concretas de la inocencia del joven, pero sí una mínima duda razonable que se las explica a los otros 11 hombres del jurado.
 Después de escuchar con atención los motivos de su voto, el resto de los miembros empieza un intenso debate con tono de fastidio. Intentos de convencimientos, nuevas opiniones y discusiones fuertes se suceden hasta arribar a un momento crucial. Como no se llega a un acuerdo, el hombre que votó inocente hace una propuesta para dejar conformes a todos: “Volvamos a votar, pero esta vez lo harán uds. 11 y yo me abstendré. Será una votación secreta y escribirán en una papel si el acusado es culpable o inocente. Si todos uds dan el veredicto de culpabilidad, pues yo cambiaré mi voto, entregaremos nuestra decisión al juez y nos largaremos de aquí. Pero si 1 sólo de uds. llega a votar inocente, nos quedaremos en esta habitación hasta que todos nos hayamos puesto de acuerdo."
 Se procede a una nueva votación que da como resultado 10 culpables y 1 inocente. Y en ese momento empieza el verdadero suspenso de la película. Cada uno dará su explicación basándose en las pruebas acumuladas, en sus puntos de vistas y en la propia racionalidad, dando lugar a uno de los mejores debates que he visto en un film.
 Hasta aquí he llegado con mi argumento para que Uds. puedan disfrutar de esta joya cinematográfica. Solamente agregaré algunas cosas interesantes para que sepan que tipo de película pueden llegar a disfrutar.
 "12 hombres en pugna" (con este nombre es conocido en mi país) es una película que se desarrolla de principio a fin en una habitación cerrada. Uds  verán además de los protagonistas, 4 paredes, 1 mesa, 12 sillas y un ventilador que no alcanzará a refrescar los aires de nerviosismo que irán creciendo por la confrontación de 12 personalidades totalmente distintas.
 Hay 2 versiones sobre esta película y la verdad es que me han gustado las 2.
 Pocas veces una remake fue tan bien realizada como la original. La primera versión es del año 1957 y la vi gracias a una recomendación de mi abuelo. Su director fue Sidney Lumet (conocido también por Sérpico) e incluyó un elenco de notables actores de la época, destacándose Henry Fonda y Lee J. Cobb. La segunda en cambio es más actual pero no por eso menos interesante. Su director es William Friedkin y entre los actores se destacan Edward James Olmos, Jack Lemmon y James Gandolfini. Esta versión de 1998 es 20 minutos más larga que la primera pero el suspenso no decae nunca y la recomiendo para aquellos que no quieran ver esta obra maestra en blanco y negro. Para los amantes del cine clásico recomiendo por supuesto la versión original.
 Quiero felicitar al director Sidney Lumet por haber logrado un film de suspenso con un mínimo presupuesto en lo que a vestuario y escenografía se refiere. Una gran película de suspenso sin sangre que la empañe, y definitivamente no apta para los amantes de los films de presupuestos millonarios.

°°°

A FOJA CERO : EL POLEMICO "JUICIO ABREVIADO"
Una "trampa legal" que viene del norte
Ricardo V. Canaletti.

Tal vez Doce hombres en pugna muestre como ninguna otra obra la fuerza de la argumentación bien llevada, que empieza con la actitud de un hombre que no levanta la mano para declarar culpable al acusado, como sí hacen sus once colegas del jurado.
 Lo que muestra el filme de 1957 del director Sidney Lumet es "la cocina" de las deliberaciones de quienes integran ese cuerpo, deliberaciones que siempre quedarán en secreto. ¿Por qué? Porque si se trata doce personas de la calle puestas a decidir un caso penal, es claro que no tendrán el entrenamiento para argumentar; y este es el motivo por el cual el jurado no tiene que dar razones de lo que decide. Esta es una de las críticas más fuertes que recibe este sistema: condenado o absuelto sin saber por qué.
 El guión de la película de Lumet introduce un personaje, actuado por Henry Fonda, que simplemente "razona las pruebas" (es el que no levanta la mano para condenar). Sin él la película no tendría sentido. Sólo mostraría a personas que hubiesen mandado a la silla eléctrica a un joven sin pensar demasiado, apuradas por irse a sus casas.
 En la Argentina la participación popular en los asuntos penales es una orden de la Constitución. El problema es que el jurado típico acaso jamás entre en vigencia. Y habría que ver con qué suerte sigue el sistema de "escabinos", nombre que se da a los civiles que comparten la decisión de un caso con jueces profesionales, como se aplicó hasta ayer en la ciudad cordobesa de San Francisco.
 ¿Por qué el escepticismo? Porque antes de hablar de qué tipo de juicio queremos hay que estar seguros de que habrá un juicio.
 La ley 24.825 de 1997 estableció el juicio abreviado, que no es un juicio sino un procedimiento corto que muchos critican por inconstitucional. Consiste en permitir al fiscal tentar al acusado con una pena menor (no más 6 años) a cambio de su confesión.
 En los Estados Unidos el sistema penal resuelve prácticamente todos los casos de delitos graves con el llamado "plea bergaining", que es una negociación en la cual el fiscal induce al acusado a admitir su culpa y a renunciar al juicio, a cambio de una pena más benigna de la que recibiría si se lo declarara culpable en el juicio. El 99% de las condenas son impuestas con este método.
 John H. Langbein, profesor de Derecho de Chicago, escribió que se ha hecho tan costoso para los estadounidenses reclamar el derecho constitucional a un
juicio previo por jurado, que los acusados renuncian a ese derecho.
 ¿Qué pasa en la Argentina con este arreglo que también implica una oferta fiscal y el consentimiento del acusado? Pues habiendo tribunales criminales con jueces de carrera (salvo la singular experiencia cordobesa), muchos ciudadanos renuncian igual al juicio: el 62% de los casos se resuelven en forma abreviada.
 Con o sin jurado, nadie debe cumplir una pena si antes no hay un juicio y un fallo de condena. El consentimiento del acusado es ineficaz para renunciar al juicio.
 Además, esa conformidad es una verdadera confesión a la que el acusado es casi empujado a hacer, porque la esencia misma del juicio abreviado es la reducción de la pena que ofrece el fiscal a cambio de la confesión.
 Hay que considerar los casos de personas que están meses o años esperando su juicio en la cárcel. Esta situación es una forma más de "convencer" al acusado a aceptar el método corto y confesar: puede ocurrir que alguien confiese lo que no hizo para salir más rápido de prisión.
 Además este recurso abreviado viene en cierta forma a encubrir la ineficiencia judicial, que no puede resolver los casos ni las situaciones de los involucrados en tiempo razonable.
 Las cosas se pueden decir así: el juicio abreviado no fue diseñado para ser aplicado a los confesos, sino para generar confesos a quien aplicárselo.
 Por estos motivos, usar la expresión "juicio abreviado" es engañoso. No es un juicio porque el juicio es contradicción: dos posiciones opuestas que debaten sus puntos de vista, con sus evidencias y argumentos, en búsqueda de la verdad.
 Entonces vale la pregunta que muestra la arbitrariedad del sistema: ¿cuál es la diferencia entre aplicar una pena por un delito sin que haya juicio previo y aplicarla después de un juicio por un hecho que no es delito?
 Otro problema de este procedimiento corto es una cuestión que se vincula con el control republicano de la justicia penal. La Constitución habla de publicidad del juicio. ¿Cómo puede haber publicidad en un arreglo?
 La negociación, en fin, elimina el derecho de defensa, la posibilidad —irrenunciable y obligatoria— de controlar cómo se obtiene la prueba de cargo; es decir: saber si de verdad el fiscal tiene un buen caso o está "mintiendo el envido".
 En los Estados Unidos el "plea bergaignin", como dice Langbein, derrotó a la Constitución porque la Justicia prefirió la conveniencia de las transacciones, como en un mercado persa. En la Argentina, aún sin jurado, parece que se va camino a lo mismo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO JORGE CASTAÑEDA

21 de Mayo del 2007                                                         EL IMPARCIAL
Hermosillo, Sonora.

Confía ex canciller en fallo de la corte; pide al Gobierno no litigar en contra
Jorge G. Castañeda ya cruzó la frontera que hasta entonces no habría franqueado nadie más aquí: Empujar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado Mexicano.
“Hasta aquí vamos ganando”, sostiene el ex canciller que a finales del 2005 intentó competir por la Presidencia de la República en calidad de candidato independiente, un proyecto que truncó vista la insuficiencia del cuerpo legal, aunque en ello aflorara una violación a sus derechos político-electorales.
El 11 de mayo pasado, vía fax, Castañeda fue notificado por la CIDH de que la Corte había dado el visto bueno a la queja que presentó en octubre del 2005.
“En la demanda, la Comisión solicita a la Corte que declare que el Ilustrado Estado de México es responsable por “la violación en perjuicio de Jorge Castañeda Gutman, del derecho a la protección judicial, consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos humanos, y de adoptar las medidas legislativas, o de otro carácter que fueran necesarias, para hacer efectivos protegidos”, reza la notificación.
El documento también fue dirigido a la titular de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y es probable que la Corte revise el caso, inédito en México, en septiembre próximo.
“ En  efecto:  Ni  López  Obrador, ni  yo  ni  nadie  puede  invocar la  violación  a  la  Constitución de derechos humanos fundamentales, porque están separados de los derechos políticos electorales de los otros”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rogelio Ríos Herrán
El Juez Lindsay

Reforma, 25 mayo 2007. Mientras los grandes debates sobre reforma migratoria se desarrollan en Washington, D.C. y acaparan los reflectores, la discreta decisión de un juez de distrito relativa a un pueblito de Texas puede significar el punto de quiebre de una tendencia muy peligrosa para los indocumentados mexicanos en Estados Unidos.

El juez de distrito Sam A. Lindsay bloqueó el lunes la entrada en vigor el día 22 en Farmers Branch, en los suburbios de Dallas, de una ordenanza que pedía a los dueños de casas y departamentos verificar si el solicitante era ciudadano estadounidense o indocumentado y prohibía rentarlos a estos últimos, bajo la amenaza de sanciones hasta de 500 dólares.

Hablamos del mismo condado en donde en noviembre de 2006 se emitió una resolución municipal para prohibir otro idioma que no fuera el inglés para cualquier trato con la autoridad.

Ante la clara toma abusiva de atribuciones que no le corresponden a las municipalidades, el juez Lindsay reiteró (en contestación a una demanda al gobierno municipal interpuesta por ONG en defensa de los inmigrantes) que es competencia exclusiva del gobierno federal estadounidense determinar si una persona se encuentra legalmente establecida en Estados Unidos.

"La Corte reconoce que la inmigración ilegal es un problema principal en este país", expresó el juez, "y quien afirme otra cosa ignora la realidad. La Corte también comprende plenamente la frustración de las ciudades que intentan abordar un problema nacional que debería manejar el gobierno federal; dicha frustración, sin embargo, no importa qué tan grande sea, no puede servir de base para emitir una ordenanza que entra en conflicto con las leyes federales".

El problema no se circunscribe a Farmers Branch, sino que se extiende a más condados y ciudades a lo largo de la Unión Americana que tratan de lidiar con la cuestión migratoria con sus propias reglas e ignorando las leyes federales.

El retraso en la aprobación de una reforma migratoria en el Congreso estadounidense en los últimos años generó un vacío migratorio que se fue llenando con disposiciones municipales que iban desde la prohibición de licencias de manejar, hasta la de rentar viviendas a los indocumentados.

El crecimiento de esta tendencia de hostilidad local hacia los indocumentados amenaza con atraer el tema migratorio a un nivel -el de gobierno local- en donde es muy desfavorable para los indocumentados y en el cual es prácticamente nula la influencia del gobierno mexicano.

Eso equivaldría a dejar la resolución de la cuestión migratoria entre México y Estados Unidos en manos de los alcaldes y sheriffs locales, muchos de ellos con mentalidad de película del "wild west".

La decisión del juez Lindsay adquiere, en este contexto, un valor incalculable en cuanto que ayuda al gobierno federal de Estados Unidos a retomar en sus manos las riendas del problema migratorio y, de paso, ayuda indirectamente a que el gobierno mexicano recupere su capacidad de maniobra.

Al referirse a la "frustración" que la ola de inmigrantes indocumentados ha provocado en muchos pueblos del vecino país que no estaban ni remotamente preparados para coexistir con los recién llegados, el juez Lindsay reconoce la gravedad del problema ocasionado en la parálisis legislativa en el tema migratorio.

El criterio de Lindsay servirá para seguir librando largas y costosas batallas legales en el futuro entre los municipios y la organizaciones defensoras de indocumentados que combaten judicialmente las medidas restrictivas emanadas de la "frustración" de las autoridades locales: hasta ahora, el gobierno de Farmers Branch ha utilizado casi 250 mil dólares en gastos legales.

Mucho sufrimiento de los indocumentados, y dinero de los ciudadanos estadounidenses, se hubiera ahorrado de existir un entendimiento migratorio final entre México y Estados Unidos. Al medir el costo del vacío migratorio desde abajo, es decir, desde el endurecimiento de la vida para los inmigrantes indocumentados, se verá el sentido de urgencia con que los mexicanos de los dos lados de la frontera esperan la resolución del debate sobre la actual reforma migratoria.

Quién sabe si el criterio establecido por el juez Lindsay será el punto de retorno de la tendencia a llevar la cuestión migratoria al nivel local, pero por lo menos en Farmers Branch es un buen principio: ningún condado puede contradecir las leyes federales migratorias estadounidenses ni hacerse justicia por mano propia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO IDA WHITE. EQUIDAD APLICADA

 

NUEVA PERSPECTIVA DE LA EQUIDAD

Luis Recasens Siches

 

SUMARIO: 1. Revaloración de la doctrina aristotélica sobre la equidad.

2. Análisis del problema que se plantea cuando la norma en apariencia

aplicable produciría efectos indebidos en el caso concreto: solución

de este problema.

1. REVALORIZACIÓN DE LA DOCTRINA ARISTOTÉLICA SOBRE LA EQUIDAD

Es curioso que, a pesar del carácter meramente rudimentario que en términos

generales tiene la filosofía jurídica de Aristóteles, en cambio sus páginas

sobre la equidad no sólo conservan un perenne valor, sino que, leídas

cuidadosamente, pueden servir para desenredar a mediados del siglo XX una

maraña en la que había caído la realidad del Derecho desde comienzos del

siglo XIX, frente a la cual en los últimos cincuenta años muchos autores han

hecho intentos de aclaración, pero tal vez ninguno con el decisivo alcance

que en este punto tiene el pensamiento de Aristóteles.

       Una aclaración sobre el viejo problema de la equidad servirá:

1º Para iluminar en términos generales la función del juez y poner en

evidencia que esta función entraña siempre necesariamente el ejercicio de

una actividad estimativa y, por lo tanto, la realización implícita o

explícita de una serie de valoraciones.

       2º Para descubrir la índole de la situación en que se encuentra el juez,

cuando la norma positiva en apariencia aplicable al caso concreto llevaría a

una solución injusta; y para enseñar qué es lo que el juez debe hacer en

este caso.

3º Para orientar al juez cuando tenga que suplir o llenar lagunas o vacíos.

Empieza Aristóteles a tratar de este tema con una alabanza a la equidad.

Después de ellos, dice que la equidad no es exactamente lo mismo que la

justicia –pero entiende aquí por justicia no una idea, sino aquello que ha

sido establecido como justo por la ley positiva-. La equidad no es idéntica

a los justo legal, pero, sin embargo, no es de un género diferente al de la

justicia. Por el contrario, la equidad parece de la misma índole que la

justicia, es decir, que lo justo legal, sólo que, bien examinada, vemos que

es superior a los justo legal, porque la equidad es la expresión de lo justo

natural en relación con el caso concreto. Es decir, la equidad es lo justo,

pero no lo justo legal tal y como se desprendería de las palabras de la ley,

sino lo auténticamente justo respecto del caso particular.

Observa Aristóteles que el Derecho positivo está formulado verbalmente en

reglas universales. Pero sobre ciertas cosas no es posible formular una

norma universal, que sea correcta para todos los casos habidos y por haber.

En los casos en los que es necesario formular una norma universal, pero esto

no es posible hacerlos correctamente de un modo absoluto, la ley positiva

toma en consideración el caso usual, corriente, aquél que suele presentarse

de ordinario; aunque no por eso la ley ignora la posibilidad de que su

fórmula general resulte errónea o inadecuada para  otros tipos de casos

diferentes del caso típico habitual, que ella tomó en cuenta. Sin embrago,

la ley, al formular la norma para el tipo usual o corriente de casos,

procede correctamente. El error que resultase de aplicar esa fórmula a tipos

diferentes de casos no es un error que esté en la ley, ni un error que haya

cometido el legislador; sino que es algo que está en la índole misma de las

cosas, pues la materia de los asuntos prácticos es de tal índole (diversa,

varia) desde un comienzo –es decir, la discrepancia está en el caso, y no en

la ley-. Cuando la ley habla universalmente, esto es, en términos generales,

y después surge un caso relativo a su materia, el cual, sin embargo, no está

cubierto por lo que la ley dice, entonces es justo allí donde el legislador

falló, allí donde su fórmula general erró por excesiva simplicidad, se

corrija la omisión, y entonces es justo decir lo que el legislador mismo

habría dicho si se hubiera enfrentado efectivamente con el pensamiento de

ese caso, y formular lo que el legislador habría formulado en su ley, si él

hubiera previsto tal caso. Consiguientemente, lo equitativo es lo justo, y

aun es mejor que una determinada clase de justicia (la depositada o

formulada en las leyes positivas); aunque, en cambio, no se pueda decir que

la equidad es mejor que la justicia absoluta; pero ciertamente es mejor que

el error que se deriva del carácter universal de la formulación que la ley

adopta. Así, pues, la naturaleza de lo equitativo consiste en ser una

corrección de la ley positiva, cuando la formulación de ésta resulta

defectuosa por causa de su universalidad.

A continuación Aristóteles lanza una idea sobre la cual bien vale la pena de

prestar mucha atención, porque seguramente se la pueda tomar como criterio

para los casos en que la aplicación de una determinada ley, formulada en

términos generales, a un determinado caso concreto produciría para éste una

conclusión disparatada o injusta. Dice Aristóteles: “De hecho ésta es la

razón por la cual no todas las cosas están determinadas por la ley, es

decir, que sobre ciertas cosas no es posible formular una ley, y, por tanto,

cuando se plantean deben ser resueltas por medio de un fallo singular1.”

parece que aquí Aristóteles implícitamente insinúa que cuando la ley general

notoriamente no previó la peculiaridad de un caso singular, que surge

después, entonces habría que tratar esta situación como si no hubiese norma

formulada aplicable a dicho caso. Y parece también que el criterio para

afirmar que la ley no previó aquel caso es precisamente el darnos cuenta de

que si la ley se aplicase a ese caso produciría un resultado injusto, y

desde luego contrario a los resultados que la ley se propuso respecto de los

casos que tuvo en cuenta. Considero que tal modo de entender las

concurrencias implícitas en este párrafo de Aristóteles es correcto, a pesar

de que, en realidad, expresamente el párrafo se limite sólo a decir que hay

materias sobre las cuales no cabe, o por lo menos no es prudente, formular

de antemano una norma general.

Añade Aristóteles, en su estudio sobre la equidad, la siguiente

consideración: “Pues cuando la cosa está indeterminada o indefinida,

entonces la norma debe estar también indeterminada, de modo similar a la

regla de plomo usada para hacer el molde lésbico: la regla se adapta a la

figura de la piedra y no es rígida; así, de modo similar, el fallo se adapta

a los hechos.”

Lo que obviamente parece deducirse de los razonamientos de Aristóteles sobre

la equidad es lo siguiente. El legislador dicta sus normas generales

teniendo a la vista determinado tipo de casos: los casos habituales.

Al dictar la norma, el legislador quiere que con ella se produzcan

determinados efectos jurídicos respecto de los casos cuyo tipo ha previsto.

El legislador dicta la norma que precisamente dicta y no otra, porque,

anticipado mentalmente el efecto que ella va a producir sobre el tipo de

cosas que él ha previsto, estima que ese efecto es justo.

Ahora bien, si después resulta que la vida plantea nuevos casos, respecto de

los cuales la aplicación de aquella norma general produciría efectos no sólo

diferentes sino contrarios a aquellos efectos a los que la norma da lugar

cuando se aplica a los casos que el legislador tuvo a la vista, entonces

notoriamente no procede aplicar la norma en cuestión a los nuevos casos que

se presentaron, que son de un tipo diferente del tipo previsto por el

legislador.

Hasta aquí, la interpretación y sistematización del pensamiento de

Aristóteles sobre este punto. Permítaseme desarrollar a continuación ese

pensamiento, dándole todo el alcance que entiendo debe tener, analizando sus

supuestos, y añadiéndole más rigurosas precisiones.

Adviértase ante todo que el contenido de una norma legislativa no es una

proposición válida en sí y por sí, como los son, por ejemplo, las

proposiciones  de la lógica o de la matemática. El contenido de una regla

legislativa es un determinación de voluntad, encaminada a producir en la

práctica, es decir, sobre la vida real, determinados efectos, efectos que

son considerados justos por el autor de la ley.

Un principio matemático es válido sean cuales fueren las consecuencias que

vaya a producir sobre la realidad. Por el contrario, el autor de la ley

adopta una norma jurídica, porque piensa que el resultado que esta norma

produciría, al ser aplicada a los casos que tiene in mente, será justo,

representará la realización de lo que él considera como valores adecuados

para regir tales situaciones.

La norma legislativa se formula en términos generales, pero quien la formula

tiene a la vista en su mente un determinado tipo de casos, bien reales de

los que tuvo experiencia, o bien mentalmente anticipados por su imaginación,

respecto de los cuales quiere que se produzca un determinado resultado,

precisamente porque considera que ese resultado es el más justo.

Entonces resulta evidente que el juez, ante cualquier cosa que se le

plantee, tiene ante todo que verificar mentalmente si la aplicación de la

norma, que en apariencia cubre dicho caso, producirá el tipo de resultado

justo en el que se inspiró la valoración que es la base de aquella norma.

Cuando se trata de un caso que pertenece al tipo de las situaciones que

estuvieron en la mente del autor de la ley, o, expresando lo mismo en

términos objetivos, que aparecen claramente como la motivación de la norma,

entonces la tarea del juez será fácil. Lo será después de haber verificado

mentalmente esa comprobación. Resuelto este problema, el juez tendrá que

limitarse a conjugar el sentido general y abstracto de la norma con la

significación concreta del caso singular. Esto lo deberían hacer siempre,

porque incluso esos casos, que notoriamente caen dentro de lo claramente

previsto por la norma general, tienen cada uno matices peculiares de

sentido.

Sí, por el contrario, el caso que se plantea ante el juez es de un tipo

diferente al de aquellos que sirvieron como motivación para establecer la

norma, y si la aplicación de ésta a ese caso produciría resultados opuestos

a aquellos que se propuso la norma, u opuestos a las consecuencias de las

valoraciones en que la norma se inspiró, entonces yo entiendo que se debe

considerar que aquella norma no es aplicable a dicho caso. Y si en el

complejo del orden jurídico positivo no hay otra norma que sirva para

resolver satisfactoriamente ese caso, entonces  nos hallamos ante una

laguna. Pero estos puntos serán analizados detalladamente bajo el epígrafe

siguiente.

 

2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA QUE SE PLANTEA CUANDO LA NORMA EN APARIENCIA APLICABLE PRODUCIRÍA EFECTOS INDEBIDOS EN EL CASO CONCRETO: SOLUCIÓN DE ESTE PROBLEMA

 

Uno de los tipos  de situación en que a veces se encuentra el juez es el

siguiente. Si se deja llevar por la influencia que sobre él pueda ejercer el

nombre de la institución o materia jurídica que a primera vista parezca

cubrir el caso planteado y consiguientemente busca los preceptos

jurídico-positivos que aparentemente regulan las situaciones que llevan tal

nombre, puede creer por de pronto, antes de un ulterior examen, que ésos son

los preceptos aplicables para la resolución de la controversia o litigio que

tiene ante sí. Pero cuando al anticipar mentalmente con su imaginación cuál

sería el resultado de aplicar aquellos preceptos al caso controvertido, se

da cuenta de que tal resultado sería notoriamente injusto, disparatado,

indebido, tomando para esta apreciación no un personal criterio suyo, sino

las pautas estimativas que informan al mismo orden jurídico positivo, y que

están además vigentes en las convicciones sociales de la comunidad popular

en ese momento.

       El problema suscitado por una situación tal habitualmente era considerado

como un caso en el que se debía emplear un criterio de equidad para corregir

lo que solía llamarse excesivo rigor de la norma legislativa o

reglamentaria. En contra de esta opinión, he apuntado ya que entiendo que el

tipo de caso aquí analizado requiere un tratamiento diferente, a saber:

requiere que se repute que aquellos preceptos legislativos, que darían lugar

a efectos notoriamente indebidos, no constituyen la norma en verdad

aplicable a dicha controversia particular; y que entonces se debe averiguar

si en el orden jurídico positivo hay otras normas que pudiesen ser

consideradas como las pertinentes para resolver el caso en cuestión; y si

tal búsqueda diese resultado negativo, se debe entender que el juez se

encuentra ante una laguna, que habrá de rellenar por cuenta propia.

       Entiendo que es razón suficiente para estimar que una norma no es aplicable

a determinado caso singular el hecho de que produciría sobre éste efectos

divergentes de las valoraciones que inspiraron aquella norma, o de las que

inspiran en general el orden jurídico positivo.

       El problema de dilucidar si una norma es o no aplicable a determinado caso

concreto no se puede resolver por procedimientos de lógica deductiva. No es

un problema de extraer, por vía de inferencia, conclusiones de determinados

conceptos jurídicos. Por el contrario, es un problema que se puede resolver

solamente ponderando, comprendiendo y estimando los resultados prácticos que la aplicación de la norma produciría en determinadas situaciones reales. Si

esos resultados prácticos concuerdan con las valoraciones que inspiran el

orden jurídico positivo y sobre las cuales éste se halla fundado

efectivamente, entonces la norma en cuestión es sin duda aplicable. Si, por

el contrario, dicha norma, de ser aplicada a ciertos casos singulares,

produciría en éstos efectos que vendrían a contradecir rotundamente las

valoraciones de acuerdo con la cuales se ha modelado el orden jurídico

positivo, entonces, también sin duda, tal norma no es aplicable a esa

situación concreta.

       Voy a ilustrar mi doctrina, que acabo de exponer, mediante el ejemplo de un

famoso pleito que se desenvolvió hace algunos años en los Estados Unidos.2

El mero relato de este caso sería suficiente para mostrar con relieve la

justificación de esta doctrina. Pero a mayor abundamiento, después de

exponer ese caso, pasaré a analizarlo en detalle. Tal análisis evidenciará

que el punto de vista que sostengo es el correcto.

Había en una ciudad del Estado de Nueva York un próspero hombre de negocios, Wesley Moore, cuyas florecientes empresas habían sido no sólo fuente de pingües ingresos para él y sus socios, uno de su propia familia y otro

ajenos a ésta, sino también causa de formidables mejoras en los servicios

públicos de aquella ciudad. Aquel hombre de negocios empleó como taquígrafa

a su servicio a una joven, Ida White, sobrina de su mujer. El trabajo de Ida

White se mostró tan eficiente, que en seguida ésta fue ascendida a

secretaria particular del señor Moore; y poco tiempo después la señorita

White pasaba de hecho a compartir las principales responsabilidades no sólo

en la gerencia de las empresas de su jefe, sino también en la administración

del patrimonio privado de éste, conquistándose la admiración, el respeto y

la estima de todos, dentro y fuera del círculo familiar y de la esfera de

los negocios en que actuaba.

La señorita White conocía al dedillo todos los detalles de los asuntos del

señor Moore, con excepción de uno solo: el contenido de las cláusulas del

testamento que su jefe había otorgado. Así, pues, ignoraba que el señor

Moore en su testamento había instituido a favor de ella un legado de todas

las acciones que poseía de la Compañía de Luz, que el dirigía y en la que

tenía parte principal.

Como efecto del profundo pesar que le produjo a Wesley Moore la misteriosa

desaparición de su mujer, empezó a darse a la bebida, a perder interés en

sus negocios y, finalmente, a mostrar signos de grave enfermedad mental.

Entre tanto, su fiel auxiliar Ida White siguió cuidando de sus intereses y

prácticamente actuando en su representación en la gerencia de sus empresas.

Poco tiempo después la dolencia mental del señor Moore se hizo tan grave,

que fue necesario internarlo en un manicomio, y proceder a incapacitarlo

mediante los debidos trámites judiciales, y, en consecuencia, a nombrarle un

tutor. El consejo de familia resolvió por unanimidad que ese nombramiento

recayese en la señorita White, competente en tal alto grado, perfectamente

conocedora de todos los asuntos del señor Moore, y persona que inspiraba

plena confianza a todos los interesados en dichos asuntos.

Al poco tiempo, se produjo la tremenda crisis económica de 1929, con la

subsecuente depresión que se extendió en todo el país. Casi todas las

inversiones del señor Moore dejaron de producir dividendos. Como resultado

de la desocupación o desempleo general, un gran número de propietarios de

inmuebles sobre cuyas propiedades Moore tenía hipotecas dejaron de pagar

intereses; y las leyes de emergencia otorgaron una moratoria. De ese modo

los ingresos de Moore fueron disminuyendo rápidamente.

Ida White, en sus funciones de tutora, quiso reducir gastos en el

mantenimiento de la residencia de los Moore. Pero los miembros de la familia

se opusieron a ese plan, pues temían que cualquier signo externo de

debilidad económica pudiese producir efectos desastrosos en toda la ciudad,

y, además, que su propio orgullo quedase lastimado. Ida White se avino a

esos deseos de la familia Moore; y las apariencias de bienestar fueron

mantenidas incólumes.

Pero los ingresos de Moore seguían disminuyendo. Entonces Ida White, de

acuerdo con la familia Moore, resolvió que era necesario vender algunas

acciones para poder seguir con el mismo tren de vida. Las únicas acciones

que podían ser vendidas sin quebranto eran las de la Compañía de Luz. Esas

acciones podían ser vendidas no sólo sin quebrando, sino con ventaja, porque

otro grupo financiero deseaba ávidamente adquirirlas. Ida White gestionó con

superlativa habilidad esta venta, que fue efectuada en condiciones muy

favorables, precisamente al precio más alto que ella había puesto: 220,000

dólares.

Seis meses después Wesley Moore murió. Se procedió entonces a abrir su

testamento, en el cual figuraba una cláusula por la que el testador

instituía un legado de todas sus acciones de la Compañía de Luz que poseyese

en el momento de su muerte a favor de Ida White. El caudal relicto era muy

cuantioso, precisamente como efecto de la inteligente administración de Ida

White, quien había logrado reponer con excesos en los últimos meses las

pérdidas antes experimentadas. El balance del caudal relicto alcanzaba la

suma limpia de 1.000,000 de dólares, gran parte de ella en numerario. Hay

que advertir que de los 220,000 dólares, que habían sido obtenidos por la

venta de las acciones de la Compañía de Luz, Ida White en sus funciones de

tutora había gastado solamente 20,000 dólares para las atenciones de la

residencia familiar, ya había depositado el resto en un banco.

Ida White pensando razonablemente supuso, cuando se enteró del legado

instituido en su favor, que del caudal relicto se le pagaría a ella el

precio por el  cual se habían vendido las acciones que le habían sido

legadas, o sea la suma de 220,000 dólares.

Pero el albacea de la herencia de Moore le hizo saber que el legado

instituido en su favor era lo que en Derecho se llama legado de cosa

determinada; y que según el Derecho del Estado de Nueva York –siguiendo en

eso la tradición del Derecho romano- se consideraba nulo el legado sobre

cosa determinada, cuando ésta es su singular individualidad había

desaparecido del patrimonio relicto, con anterioridad al fallecimiento del

testador. El legado a favor de Ida White no era un legado de una cierta

cantidad de dinero, sino que era un legado precisamente de unas determinadas

acciones, las cuales ya no figuraban en el patrimonio del causante al morir

éste.

Los herederos del señor Moore, aconsejados por sus abogados se atuvieron al

punto de vista de que Ida White no tenía derecho alguno al legado, pues

siendo éste de cosa determinada, y habiendo ésta desaparecido cuando el

testador murió, quedaba automáticamente nulo, o mejor dicho inexistente. Y,

por tanto, se fue a un pleito.

En este caso no había discusión sobre los hechos ni sobre el sentido de la

cláusula testamentaria. Wesley Moore había sido el propietario de las

acciones de la Compañía de Luz. Más tarde fue incapacitado por razón de su

demencia. Ida White fue nombrada tutora de su persona y de su patrimonio.

Ida White no sabía que el señor Moore le había legado a ella en su

testamento las acciones de la Compañía de Luz. Nadie ponía en duda la

capacidad jurídica de Ida White, para realizar toda clase de negocios con el

fin de suministrar la debida atención al señor Moore y a su familia, y de

proveer a las necesidades de su familia. A mayor abundamiento, los hijos del

señor Moore habían asentido a todos los actos realizados por Ida White.

Nadie disputaba que fuese necesario vender algunas de las acciones del señor

Moore para proveer  a las conveniencias de su familia. Y cuando Ida White

escogió vender, entre todas las acciones de las que era propietario el señor

Moore, las de la Compañía de Luz, por las que obtuvo el ventajoso precio de

220,000 dólares, recibió las felicitaciones de todos los miembros de la

familia y de los amigos y conocidos de ésta. Era también un hecho

indiscutido que de los 220,000 dólares, que se obtuvieron por aquellas

acciones, Ida White gastó solamente 20,000 para servir las necesidades de la

familia Moore; y que los restantes 200,000 dólares, del precio recibido por

aquella venta de las acciones, quedaron y seguían disponibles después de la

muerte del señor Moore.

Se discutía tan sólo el problema jurídico de ¿qué efecto debiera tener el

acto inocente de Ida White de vender las acciones sobre los derechos que se

le habían conferido a ella en el testamento?

Primero, ¿tenía Ida White derecho a los 200,000 dólares, remanente del

precio de la venta, más otros 20,000 del caudal hereditario, de modo que se

completase el valor de las  acciones de la Compañía de Luz legadas a ella, y

vendidas por ella ignorando la existencia del tal legado?

Segundo, ¿tenía derecho Ida White solamente a los 200, 000 dólares todavía

disponibles, parte no gastada del precio que se obtuvo por la venta de las

acciones?

Tercer, ¿o no tenía Ida White derecho ninguno a nada, porque las acciones no

pertenecían ya al patrimonio del señor Moore cuando éste murió?

 

EXPRESA TU INTERPRETACIÓN EN FUNCIÓN DE LA EQUIDAD

 

°°°

OPINIÓN DE LUIS RECASENS SICHES

 

El Tribunal de Primera Instancia consideró que la tercera de las

proposiciones enunciadas era la que cumplía con la norma jurídica aplicable

al caso, y, por lo tanto, falló que Ida White no tenía derecho a nada.

Ida White recurrió en apelación. Cuatro de los cinco magistrados del

tribunal decidieron que la sentencia del Juez de Primea Instancia era

errónea. Razonaron su fallo como sigue: Si el señor Moore no se hubiese

vuelto loco ni hubiera sido incapacitado, habría podido administrar sus

negocios, hasta el momento de su muerte. Se reconocía que la norma general

era la de que si una persona en su testamento instituye un legado de cosa

determinada de su propiedad, y el testador dispone más tarde de esa cosa

determinada antes de morir, resulta que por este acto suyo voluntario,

desprendiéndose de la propiedad de dicha cosa, demuestra que cambió aquella

intención que había expresado en su testamento de que esa cosa pasara al

legatario instituido. Pero en este caso, dijo el tribunal, el señor Moore

había perdido sus facultades mentales y había sido declarado incapaz,

careciendo, por tanto, de la facultad jurídica de revocar o cambiar su

testamento. Por tanto, quedaba viva y válida su intención de que Ida White

recibiese las acciones del la Compañía de Luz. El señor Moore no realizó

ningún acto personalmente que determinase la venta de aquellas acciones. Si

las deudas contraídas por el señor Moore durante su período de

incapacitación no hubiesen sido pagadas por Ida White, los acreedores

habrían sido pagados por el albacea, quien para ello habría empleado fondos

disponibles del caudal hereditario, sin que el albacea tuviese ningún

derecho a vender las acciones de la Compañía de Luz específicamente legadas

a Ida, para obtener dinero con qué pagar las deudas, a menos que en el

caudal hereditario no hubiese habido fondos suficientes para satisfacer

aquellos créditos – pero no era éste el caso-. Estas consideraciones no

debían quedar anuladas meramente por el hecho de que Ida White, como tutora,

vendió las acciones, desconociendo que la intención del señor Moore era que

pasaran a la propiedad de ella después de su muerte. El tribunal falló, por

tanto, lo siguiente: “Consideramos que el legado de cosa determinada no

quedó nulo. El tutor de un testador que ha sido declarado incapaz por

enfermedad mental y que siguió en tal estado hasta su muerte, al atender el

fin de procurar fondos para satisfacer las necesidades del testador, puede

no vender el objeto de un legado de cosa determinada cuando hay en el

patrimonio suficientes disponibilidades libres, que no fueron legadas

específicamente a nadie...El tutor no tenía el poder de cambiar o hacer a un

lado el testamento de su pupilo incapacitado. La disposición que una persona

incapacitada hizo de una cosa de su propiedad por un testamento válido

otorgado cuando era capaz, a igual que no puede ser dejada de lado por su

tutor, tampoco puede ser desobedecida por su albacea. Se debe mantener el

derecho de un testador a disponer de su propiedad de acuerdo con su deseo

personal, salvo cuando caiga en conflicto con intereses ajenos que tengan

prioridad reconocida.” En su sentencia, el tribunal ordenó al albacea que

pagara 220,000 dólares a Ida White, como una suma equivalente de las

acciones de la Compañía de Luz.

Los abogados del albacea y de los herederos aconsejaron recurrir contra esta

sentencia ante la Suprema Corte del Estado. Ésta revocó la sentencia del

Tribunal de Apelación, diciendo: “El legado de las acciones de la Compañía

de Luz a Ida White fue un legado de cosa determinada. Como las acciones ya

no existían en el patrimonio del causante cuando el testamento tenía que ser

ejecutado, ni siquiera en el momento de su muerte, hay que considerar que se

produjo una anulación, extinción o revocación del legado. –La cosa exacta

que fue legada a Ida White por el testamento no podía serle entregada

materialmente. Por virtud de la índole del caso y de la donación, el legado

quedó extinguido. En ausencia de una ley, los tribunales no tienen el poder

de transformar un legado de cosa determinada en un legado de numerario, ni

de mandar que se entregue al legatario el balance del precio obtenido por la

venta de aquella cosa, en lugar de la cosa determinada, que es lo que se le

había legado. Del dinero obtenido de la venta de las acciones por el autor,

después de haberse satisfecho los gastos necesarios en beneficio del

incapaz, quedó intacto un remanente de 200,000 dólares, que fue entregado al

albacea de la herencia como parte del activo de ésta. Dar esa cantidad a Ida

White en lugar de las acciones que le fueron legadas podría parecer

equitativo, pero no estaría de acuerdo con las disposiciones del testamento

del señor Moore. Éste donó a Ida White las acciones, y no la cantidad de

dinero producida por la venta de éstas; y de acuerdo con toda la

jurisprudencia, cuando la cosa determinada que fue legada deja de existir,

entonces el legado desaparece; y éste no puede ser revivido haciéndolo

recaer sobre bienes de la herencia-. La prudencia de adherirse a esta norma

de nulidad, en ausencia de una ley que diga lo contrario, es obvia, sobre

todo si reflexionamos que Wesley Moore, cuando otorgó su testamento

probablemente nunca tuvo presente la posibilidad de que él cayese en el

futuro en incapacidad física y mental y se le nombrara un tutor para

administrar sus negocios. Difícilmente  se puede imaginar una intención de

conservar aquellas acciones de la Compañía de Luz en beneficio de una

persona extraña, y tener para ello que gastar otros bienes de su patrimonio

–que habrían de ir a parar naturalmente a sus hijos- para pagar las facturas

de médicos, enfermeras y del mantenimiento de su casa. Por lo menos un

tribunal no debiera decir que una persona en el uso de sus facultades

mentales no habría modificado su testamento ante esa nueva situación. Por

consiguiente, el tribunal falla que debe revocar y revoca la sentencia

dictada por la Corte de Apelación, y declara...que el legado de las acciones

a Ida White quedó extinguido por la venta de éstas en el tiempo en que

Wesley Moore todavía estaba vivo; y que ningunos otros bienes ni dinero del

caudal hereditario pueden ser tomados en sustitución de aquel legado.”

Analicemos ahora este famoso caso. Creo que el lector habrá reaccionado

frente a él considerando que tanto la sentencia dictada por el tribunal de

primera instancia, como la sentencia pronunciada por la Suprema Corte fueron

descabelladas y monstruosas. Pero no nos contentemos con esa primera

reacción del ánimo. Conviene examinar cuidadosamente las razones por las

cuales aquellas sentencias no sólo injustas en términos generales sino,

además, notoriamente contrarias al orden jurídico positivo.

¿Cuál es la razón que determina la validez de un legado, así como de

cualquiera otra disposición testamentaria que no esté prohibida por la ley?

Es decir, ¿cuál es la valoración por virtud de la cual se considera que debe

ser válido un legado o cualquiera otra disposición testamentaria lícita?

Evidentemente es la valoración por la cual se considera que se debe respetar

la voluntad del testador y se debe proceder a cumplirla, dentro de los

límites legales en que dicha voluntad sea tenida como norma válida para

regular la sucesión.

¿Por qué hay normas según las cuales debe considerarse nulo el legado de

cosa determinada, cuando dicha cosa desaparece del patrimonio del testador

después de otorgado el testamento y antes de su muerte? Porque lo que se

legó fue una cosa determinada y no el valor de ésta en numerario. Si la cosa

desaparece después de establecida la manda y antes de la muerte del

testador, y éste no hace nuevo testamento instituyendo una nueva manda a

favor de la misma persona, esto se interpreta como una revocación tácita de

aquel legado. En efecto, si el testador no hace nada después de la

desaparición de la cosa determinada que legó a cierta persona, sabiendo que

esa cosa ya no existe en su patrimonio, y que, por lo tanto, no podrá ir a

parar después de su muerte al legatario instituido con anterioridad, es

evidente que de modo tácito consiente a la anulación del legado.

Pero claro es que el razonamiento expuesto en el párrafo precedente

presupone que la cosa desaparecida fue conocida por el testador.

Ahora bien, nótese que ese supuesto no se dio en el caso analizado. Por el

contrario, el testador, que había caído en un estado de total demencia y se

hallaba recluido en un manicomio, no sabía ni podía saber que la cosa

determinada que había legado a Ida White había dejado de pertenecer a su

patrimonio.

¿Cuáles son las valoraciones y cuál es el sentido de la norma, que estamos

analizando, de que el legado de cosa determinada deber ser tenido por

írrito, cuando esa cosa determinada dejó de pertenecer al patrimonio del

causante, después de otorgado su testamento y antes de su muerte?

En primer lugar esa norma contiene un juicio axiológico: es bueno, es justo

que se cumpla la voluntad del testador dentro del ámbito declarado como

lícito por la ley.

La norma en cuestión contiene además una apreciación de los medios eficaces

para obtener la consecución de aquella finalidad: la apreciación de que hay

que tomar en cuenta no sólo la voluntad formulada expresamente en el

testamento, sino también una voluntad tácita, pero indudable e inequívoca,

para que de hecho resulte efectivamente respetada la voluntad del testador.

¿Qué es lo que hizo el tribunal inferior y lo que hizo la Suprema Corte? Lo

que hicieron fue tomar la regla en cuestión como si fuese un principio

absoluto, con validez universal y necesaria, desconectada del contexto

situacional concreto. Se tomó esa norma como si su contenido tuviese una

validez absoluta, una validez incondicionada, de por sí, en sí mismo, y como

si no respondiese a ninguna consideración axiológica, ni a ninguna

estimación de finalidad, ni a ninguna apreciación sobre la bondad y eficacia

de los medios al servicio de una determinada finalidad.

El fallo aquí criticado incurrió además en otro dislate superlativamente

grave: consideró que la situación era como si el testador supiese que la

cosa fue enajenada por el representante legal del testador, entendiéndose

que la persona del representante legal equivale a los efectos jurídicos a la

misma persona por él representada.

Con toda claridad se ve que lo que ocurrió aquí fue que un precepto, que

tiene solamente un sentido funcional limitado, es decir, que tiene un

sentido dentro de las situaciones previstas por la norma, fue indebidamente

absolutizado hasta convertirlo en un pseudo principio abstracto, con

supuesta validez necesaria, independientemente de cuáles sean los casos a

los que se aplique.

La índole del Derecho positivo no consiste en constituir un reino de ideas

puras, válidas en sí mismas, válidas por sí solas, con abstracción de toda

aplicación real a situaciones concretas de la vida. Por el contrario, la

índole del Derecho positivo consiste en constituir unos pensamientos

humanos, concebidos al conjunto de determinadas necesidades prácticas en la

vida social, y destinados a moldear normativamente unas ciertas situaciones

reales de esa vida de relación: a moldear precisamente las situaciones que

suscitaron la elaboración de esas normas. Dependen de la circunstancia; son

circunstanciales.

Así, pues, no tiene sentido tratar las normas del Derecho positivo

desconectándolo de las situaciones en que se originaron, y de las

situaciones para las cuales fueron destinadas.

Las normas del Derecho positivo son la respuesta que el legislador, la

sociedad, o el juez da para satisfacer determinadas necesidades o urgencias

sociales, para resolver ciertos problemas humanos, tal y como ellos se

presentan en un lugar y en un tiempo determinados, inspirándose para eso en

las valoraciones que considera correctas. Con esas normas positivas, sus

autores se proponen la realización de un fin, cuyo cumplimiento representa

precisamente el medio que se entendió como correcto para satisfacer aquellas

necesidades o para resolver aquellos conflictos. Y, además, las normas

jurídico-positivas contienen los medios que se estiman adecuados y eficaces

para la obtención de aquellos fines.

Resulta, pues, bien claro que la validez de las normas jurídico-positivas

está necesariamente condicionada por el contexto situacional en el que se

produjeron y para el cual se produjeron.

El pecado original, fuente de todos los demás errores y de todos los demás

desaguisados que se cometieron por la manía logicista, por las

jurisprudencias conceptualistas, fue convertir lo que sólo es un producto

humano, con una validez y alcance meramente limitados a ciertas situaciones

históricas, en principios supuestamente ideales de validez absoluta.

Vuelvo a recordar aquí, para evitar toda confusión o cualquier equívoco, que

lo que estoy exponiendo se refiere única y exclusivamente a los contenidos

del Derecho, y no se refiere en modo alguno a las formas o esencias a priori

de lo jurídico. El concepto de norma, las nociones de derecho subjetivo,

deber jurídico, sujeto de Derecho, supuesto, consecuencia, etc., son

esencias de carácter formal, pertenecientes a todo orden jurídico, válidas

para todos los Derechos que en el mundo han sido, que hoy son y que pueden

ser en el futuro. Lo mismo puede decirse de todos los principios de la

lógica y de la ontología formales del Derecho. Ahora bien, aquellas esencias

y estos principios son elementos generales, para entender las condiciones

formales de toda situación jurídica, y para conseguir un conocimiento

científico de cualquier Derecho. Pero de aquellas esencias y de estos

principios formales no es posible, no lo es en absoluto, el deducir normas

de conducta, mandatos, prohibiciones, y permisos.

La crítica contra la acción terriblemente perturbadora del logicismo o del

conceptualismo, o del deductivismo, en el tratamiento de los contenidos

jurídicos, no afecta a nada, absolutamente en nada la legitimidad y la

necesidad de la Teoría General o Fundamental del Derecho, ni afecta tampoco

a los trabajos de Lógica y Ontología jurídicas formales. No puede

afectarlas. Y si alguien quisiese aplicar dicha crítica a aquellos ámbitos,

cometería una incongruencia, intentaría una empresa sin sentido.

Lo que la crítica contra el conceptualismo y el deductivismo quiere demoler

de una vez y para siempre es el error consistente en haber olvidado que las

normas de Derecho positivo, aunque formuladas verbalmente en términos

generales, no son principios a priori  con validez absoluta, esto es,

universal y necesaria, sino que son tan sólo expresión de unos propósitos

humanos de alcance limitado, es decir, con sentido solamente dentro de la

situación real en que surgieron y para la situación a la cual se los

destinó. Esto es, son circunstanciales.

Éste es seguramente el sentido que intuyeron los romanos al establecer el

aforismo ex ipso oritur ius. Esto no quiere decir precisamente que el

Derecho, como norma jurídica, sea engendrado directamente por los hechos

–salvo en el caso del Derecho consuetudinario, pero aun respecto de éste

sería discutible, porque la normatividad nace no de los meros hechos, sino

que nace de la intención o propósito expresado por éstos-. Pero, en cambio,

esto quiere decir que las normas jurídico-positivas nacen  como respuestas

al estímulo que producen determinados hechos; quiere decir que el hecho de

que en la sociedad de determinada época las gentes sientan una cierta

urgencia, estén alentadas por determinados ideales y aspiraciones, y tengan

que afrontar especiales conflictos, induce al órgano productor de Derecho a

buscar reglas que constituyan una respuesta adecuada a aquellas necesidades

o que reconozcan esos ideales o aspiraciones, o que resuelvan del mejor modo

posible estos conflictos.

Puesto que el Derecho nace de la vida humana social y está destinado a la

vida humana social, habrá de reflejar los caracteres de esa vida humana.

En definitiva, una norma jurídica es un pedazo de vida humana objetivada,

que en la medida en que esté vigente es revivida de modo actual por las

personas que la cumplen y por las personas que la aplican, y que al ser

revivida debe experimentar modificaciones para ajustarse a las nuevas

realidades en que es revivida y para las cuales es revivida.

 

Jorge Eduardo Navarrete / Palabra de canciller

http://www.jornada.unam.mx/2007/05/31/index.php?section=opinion&article=025a2pol

Los opositores proponen analizar en detalle recursos ante SCJN y CIDH

Rechaza consejo del IFE iniciativa para destruir las boletas electorales

http://www.jornada.unam.mx/2007/06/01/index.php?section=politica&article=012n1pol

 

Disputa España tesoro descubierto por empresa de EU

http://www.jornada.unam.mx/2007/06/01/index.php?section=sociedad&article=046n3soc

En 2010

http://mexico.cnn.com/mundo/2010/06/03/empresa-de-eu-pelea-para-no-devolver-tesoro-a-espana

 

Miguel Ángel Granados Chapa
Perplejidades sobre Villanueva

El mismo día, un juez aplicó sentencias hasta por 47 años al delincuente que contrató los servicios del gobernador de Quintana Roo al que pagó gruesas sumas para proteger al narcotráfico, cuya recepción pareció "peccata minuta" a otro juzgador que sólo le fijó seis años de prisión

Como si el asunto previo le fuera ajeno, como si no hubiera sido parte en el proceso en que su acusación fracasó, como si hubiera decidido no apelar, la Procuraduría General de la República emitió una comunicación ayer por la mañana en calidad de vocera no de sí misma, en torno de sus funciones, sino del juez que liberó a Mario Villanueva Madrid y de la justicia norteamericana.

La suerte jurídica de Villanueva Madrid causa perplejidades. Al menos las provoca en mí. Asombra que se le exonere de delitos que necesariamente están vinculados con la conducta por la cual se le sentenció, y que se practique en su favor una lenidad cuidadosamente medida. Se le condenó a seis años de prisión un mes después de que cumplió ese lapso encarcelado en el penal de alta seguridad del Altiplano. La sentencia es benévola de suyo y lo es más si se considera que su presunto corruptor, Ramón Alcides Magaña, fue condenado coincidentemente el mismo día, aunque en juzgado y procesos diferentes, a 47 años de prisión.

Puede conjeturarse que al proceder del modo como se ha hecho con el ex gobernador de Quintana Roo se haya buscado sobre todo cumplir un compromiso con el gobierno de Estados Unidos. La brevedad de la condena a Villanueva Madrid, y el que la hubiera ya cumplido hace posible su extradición. Pero deja maltrecha a la muy maltrecha capacidad mexicana de impartir justicia. Si privó la conveniencia de extraditarlo, ello se hizo con cargo a la frágil credibilidad del juzgador que lo dejó libre. Una "nota informativa" sobre los motivos para hacerlo explica que "por lo que respecta a los delitos de intimidación, delincuencia organizada y contra la salud, en diversas modalidades, en la sentencia el impartidor de justicia estableció que por no acreditarse uno de sus elementos constitutivos, resultaba improcedente analizar los restantes y la plena responsabilidad y, como consecuencia, decretó la absolución de los mismos en el inculpado" (el subrayado es mío). O sea que sin examinar del todo los elementos constitutivos de esos delitos el juez tercero penal en Toluca (con sede en la cárcel federal de Almoloya de Juárez) absolvió al ex gobernador.

En una cuenta bancaria en Credit Suiss, abierta (no aperturada como en lengua bárbara dice la PGR) el 23 de septiembre de 1994, Villanueva Madrid depositó un total de 4 millones 714 mil dólares. En una diversa, una cuenta de inversión iniciada el 22 de septiembre de 1995, el entonces huésped principal del Palacio de Gobierno de Chetumal hizo depósitos en moneda nacional, por casi 28 millones de pesos. De una u otra cuenta, o de un origen diverso, surgieron 8 millones de pesos con los que en una sucursal de Banca Serfín en Cancún, adquirió un poco más de 1 millón de dólares, que fue transferido a la oficina de esa misma banca en las Bahamas y depositado allí a favor de las empresas Harley Ltd y Kisin SA, presidida por Villanueva la primera de ellas.

Establecida con precisión la responsabilidad del ex gobernador al disponer de esos recursos, notoriamente mayores que los que obtenía en su función pública, no fue posible al Ministerio Público probar ante el juez que ese dinero lo recibió de Ramón Alcides Magaña que de esa manera sufragaba la protección que permitía el trasiego de droga a Estados Unidos. Ese nexo no pudo demostrarse en México y se espera que sí lo haga una corte en Nueva York. La propia PGR explica que la acusación norteamericana "afirma que Mario Ernesto Villanueva Madrid recibió de Ramón Alcides Magaña varios pagos y cohechos para descargar, trasladar, almacenar y proteger en Cancún los cargamentos que recibía desde Colombia la organización de Alcides Magaña 'El Metro' y así facilitar que el grupo delictivo -el Cártel de Juárez- trasladara la droga por varios medios hasta Reynosa, Tamaulipas y ahí apoyado en Gilberto Salinas Doria la introdujera a McAllen, Nueva York, Chicago y otros destinos dentro de Estados Unidos. Según la acusación en la Corte Federal de Distrito de Nueva York, con ese apoyo Ramón Alcides Magaña logró que su organización pudiera transportar cientos de toneladas de cocaína colombiana, con un valor de venta de cientos de millones de dólares...".

Por esos delitos, anteayer mismo El Metro fue sentenciado a 30 años de prisión por delincuencia organizada y a 17 años y 6 meses más por delitos contra la salud. ¿Por qué la diferencia de trato a uno y a otro, salvadas las obvias circunstancias de que se les procesó en juzgados diversos? ¿Qué privilegió que la pena del ex gobernador fuera apenas equivalente a la octava parte de la aplicada a su cómplice y corruptor? ¿Qué información espera obtener de él la justicia norteamericana, o qué información teme la mexicana para que adquiriera urgencia su extradición?

La PGR dejó ir a Villanueva en 1999. En sus últimos días como gobernador, fines de marzo de aquel año, estaba ya indiciado y fue sometido a interrogatorio en su propia oficina de Chetumal, previamente a la lectura de su último Informe. Con candor, o en razón de un arreglo, se convino una nueva cita para continuar su comparecencia. Villanueva ya no asistió, ni tampoco estuvo presente en la toma de posesión de su sucesor. Por negligencia, por corrupción o por acuerdo político, Villanueva no estaba sujeto a vigilancia y pudo huir sin ser molestado. Alguno de esos mismos factores -acuerdo político, negligencia o corrupción- o una mezcla de ellos ha favorecido la lenidad de su sentencia.

 

CASO DELCHINO  $$$

Formal prisión a implicados en decomiso de dólares en Las Lomas.

El juez cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de México dictó formal prisión a 11 personas relacionadas con el decomiso de 205 millones de dólares en Lomas de Chapultepec y el contrabando de pseudoefedrina.

México, 23 Jun (Notimex).- El juez cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de México dictó formal prisión a 11 personas relacionadas con el decomiso de 205 millones de dólares en Lomas de Chapultepec y el contrabando de pseudoefedrina.

La formal prisión se dictó a Tomoiyi Marx Yu, Bernardo Mercado Jiménez, Fu Huaxin, Ye Yong Ping, Arturo Rubio Valdez, Alejandro Becerra Turral, Francisco Javier Zertuche Vázquez, Erick Raymundo Campos, Tomintat Marx Yu, Zhu Wei Yi y Yovani Delgado González.

En un comunicado la Procuraduría General de la República (PGR) informó que dentro de la causa penal 25/2007 estas personas están acusadas de ilícitos contra la salud, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

De acuerdo con las investigaciones, a los indiciados se les atribuye el procesamiento de sustancias químicas prohibidas por la ley, actividad que realizaban en las empresas denominadas Unimed Pharmaceutical, Unimed Pharm Chem, México S.A. de C.V. y Unimed Nutricium.

Las sustancias eran introducidas por aduanas de los estados de Veracruz, Colima y Michoacán, mientras las ganancias obtenidas fueron localizadas en marzo en el domicilio ubicado en calle Sierra Madre número 515, colonia Lomas de Chapultepec, en el Distrito Federal.

En ese lugar se decomisaron 205 millones 564 mil 763 dólares; 201 mil 460 euros; cheques de viajero con un valor de 20 mil dólares, numerario canadiense, así como dólares de Hong Kong.

Tomoiyi Marx, esposa del presunto líder de la organización Zhenli Ye Gon, quien está prófugo, se encuentra interna en el penal de Santiaguito, mientras los otros 10 acusados están recluidos en el penal de máxima seguridad El Altiplano, ambos en el estado de México.

Pena capital y justicia
Fernando Serrano Migallón

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/37939.html

 

 

MÁS DEL CASO DELCHINO $$$

Lozano no es el único. Abogado de Zhenli. Relata defensor que 'gente' del PAN pidió a su cliente guardar armamento

Nueva York,  Estados Unidos (04 de julio de 2007).-   Javier Lozano Alarcón no fue el funcionario de mayor rango que tuvo relación con Zhenli Ye Gon, aseguró ayer Ning Ye, abogado en Estados Unidos del empresario chino-mexicano.

Además del actual Secretario de Trabajo, señaló, otros personajes del PAN pidieron a su cliente guardar armamento militar.

Ye reiteró en entrevista las acusaciones contra Lozano Alarcón, al afirmar que solicitó a Ye Gon guardar parte de los cientos de millones de dólares que fueron hallados en su casa de Las Lomas.

"Déjeme decirle que mi cliente sabe mucho y que (el de 'Javier Alarcón') no es un caso aislado.

"Como usted bien sabe, en muchos países de América latina y Asia la corrupción gubernamental es muy común. El señor Javier Alarcón no es la única persona que mi cliente conoce en el gobierno mexicano, ni es la de mayor rango.

"Además, el dinero no es todo el asunto; también quisieron que él custodiara lanzaderas portátiles de misiles antiaéreos y otras cosas peligrosas como esas", destacó Ning Ye desde su oficina en el distrito de Flushing, en Queens.

--¿Lozano Alarcón fue el que le pidió eso u otra gente que dijo ser parte del gobierno?, se le preguntó.

"No fue Alarcón personalmente, pero sí gente que dijo ser parte de su grupo, del PAN. Pero él mismo fue quien le dijo a mi cliente que si guardaba este dinero, su casa estaría vigilada por policía uniformada", aseguró.

De acuerdo con Ning Ye, un socio de Ye Gon --cuyo nombre se negó a revelar-- le pidió a su cliente que conociera a Lozano Alarcón.

El panista se habría presentado en su oficina con otras personas --incluida una mujer-- y un tal "Luis", que acudió a todas las reuniones entre mayo y septiembre de 2006, cuando Lozano Alarcón era parte del equipo de campaña de Felipe Calderón.

Con descripciones de los encuentros, el abogado contó que Lozano Alarcón le dijo a Ye Gon que como empresario debía involucrarse activamente en la política mexicana y apoyar al PAN guardando ese dinero.

"Le dijo que o cooperaba como amigos o sería asesinado. Le aseguraron que todo era legal, que era dinero limpio que pertenecía al PAN y que él era solamente el custodio. Había incluso un carro de policía afuera", subrayó el abogado.

En esa primera reunión, a Ye Gon le entregaron unos 6 millones de dólares en una maleta, dijo. El resto aparecería en entregas posteriores.

Indicó a que desde hace varias semanas ha intentado concertar una entrevista entre su cliente y las autoridades mexicanas en Washington.

"Contacté al señor Carlos Quesnel (encargado de Asuntos Legales de la Embajada de México en Washington), con quien tuvimos frecuentes comunicaciones desde entonces. Fue él quien me dijo que, según le habían dicho sus superiores, el gobierno mexicano estaba extremadamente interesado en reunirse con nosotros y platicar", afirmó Ning Ye.

Aseguró que se establecieron varias fechas para el encuentro, pero fueron pospuestas y finalmente canceladas esta semana.

Y negó que la carta que envió a la Embajada mexicana, en la que detalla la falta de evidencias contra su cliente y reitera que es de interés para todas las partes llegar a un acuerdo "en este asunto de naturaleza política tan sensible", sea una forma de chantaje.

"El texto de la carta en ningún momento está pidiendo nada más que sentarnos a hablar amistosamente de los cargos de los que se acusa a mi cliente", dijo el abogado, quien se negó a develar el paradero de Ye Gon.

"Mi cliente sabe demasiado, y como no lo pueden callar, creemos que su vida está en peligro en México", advirtió.

 

El extraño caso de Zhenli Ye Gon

Miguel Ángel Granados Chapa

Ya era complicado e insólito el caso de un empresario que acumula en su casa 205 millones de dólares en billetes y huye al ser localizada esa fortuna. Ahora la situación se enreda más todavía pues el prófugo de la justicia señala que ese dinero era del Partido Acción Nacional

 

Ya era extrañísimo el extraño caso de Zhenli Ye Gon. Y desde el domingo se ha vuelto más que superlativamente extraño. Es una complicada trama en que al partido en el gobierno se le involucra en lavado de millonarias sumas de dinero en dólares y un secretario de Estado no mencionado por su nombre se pone el saco y sale a responder el señalamiento de que obligó a un empresario dedicado a actividades lícitas a guardar millones de dólares, el año pasado, destinado a la campaña de Felipe Calderón.

El domingo pasado la Procuraduría General de la República dio a conocer la presentación de una extraña carta del abogado en Estados Unidos del empresario prófugo, destinada "a buscar un arreglo que beneficie a su cliente". El documento insinúa, dice la PGR, que el dinero hallado en su casa en marzo pasado "había sido eventualmente destinado a la pasada campaña del Partido Acción Nacional".

Como se recuerda, porque el asunto es inolvidable, el 15 de marzo fue hallada en un domicilio de las Lomas de Chapultepec una suma inmensa en billetes cuidadosamente empacados: 205 millones de dólares y sumas menores de euros y pesos. La PGR difundió fotografías que permitieron saber que no eran 150 mil pesos los hallados sino 17 millones. Pero eso, siendo importante, era lo de menos. Lo de más es que en apariencia la enorme fortuna provenía del narcotráfico: a través de su empresa, legalmente establecida, Zhenli Ye Gon importaba precursores químicos que eran vendidos a productores de anfetaminas, una droga ilegal. El empresario no fue detenido, pero sí quienes fueron reputados como sus cómplices, incluida su esposa y cuñado, que están siendo procesados a partir del 23 de junio.

En la siguiente semana el abogado del prófugo de la justicia presentó una propuesta de negociación, supongo que dentro de la cultura jurídica norteamericana de lograr un deal entre la acusación y la defensa. La promoción disgustó a la Procuraduría mexicana que la calificó de "inescrupulosa" destinada "inútilmente a chantajear al gobierno de México con afirmaciones absurdas e inverosímiles". Carente de lógica, el relato de Zhenli Ye Gon puede parecer fantasioso. Pero eso puede decirlo cualquier persona, no la autoridad ministerial encargada de perseguir los delitos, cuando quien lo formula es un presunto delincuente. En vez de decir que atribuir el dinero al PAN "es una afirmación no sólo falsa, sino ridícula", la PGR tendría la obligación de urgir la captura del empresario, que se presume está en México, para indagar su dicho y concluir si es verdadero o falso. Pero la PGR se apresuró a desmentir expresiones no dichas. Se habló del PAN, no del gobierno de la República, por lo que carece de sentido afirmar que ese gobierno "que nada tiene que ocultar ni temer al respecto, rechazó de inmediato y de manera enérgica dicho intento de chantaje perverso".

Igual apresuramiento y error cometió el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. Una persona llamada Javier Alarcón fue citada por Zhenli Ye Gon y por lo tanto el neoneopanista -apenas la semana pasada se afilió al partido- pudo legítimamente rechazar las interpretaciones que lo involucran, ya que no es el suyo sino otro nombre el implicado. Pero emitió un comunicado de prensa como si se le involucrara y dio varias entrevistas de prensa en igual sentido. Se mostró irritadísimo ante "acusaciones... falsas, absurdas, inverosímiles, tramposas y perversas". Tanto él personalmente, como el gobierno según dijo la PGR, se reservaron "el derecho de acudir a los tribunales de México y de Estados Unidos de América para denunciar al señor Zhenli Ye Gon y a sus abogados por las aseveraciones difamatorias y calumniosas que le fueron dolosamente imputadas".

Aguzado su sentido de la oportunidad periodística ante la emisión del comunicado de la PGR, la agencia The Associated Press, AP, difundió una entrevista de televisión realizada en Nueva York el 17 de mayo con el propio Zhenli Ye Gon, y que estaba embargada en espera de concluir una investigación más amplia sobre el tema. Aunque su mal español podría prestarse a interpretaciones, es inequívoco que el empresario relata la presión ejercida sobre él por "Javier Alarcón" para obligarlo a guardar millonarias sumas de dinero.

Rogelio de la Garza -abogado en México de Zhenli Ye Gon, que lo fue también de Vicente Carrillo Fuentes y de otros presuntos narcotraficantes eminentes- apareció en la escena con versiones extrañas sobre su cliente y su abogado en Estados Unidos. Acaso porque estorba su estrategia local, asegura que la propuesta de Ning Ye a la representación mexicana en Washington fue hecha sin anuencia ni conocimiento del empresario, y que no necesariamente dice lo que aparece diciendo a AP. Asegura que Zhenli Ye Gon habría preferido hablar en inglés y no en español, que mal utiliza. Y ofreció una información relevante que debimos conocer no por su boca sino por el gobierno mexicano: los 205 millones de dólares fueron enviados al Bank of America, en Estados Unidos, siendo que están bajo el régimen de bienes asegurados y oficialmente se les trasladó a la sede principal del Banco Nacional del Ejército y la Armada. El Servicio de Administración y Enajenación de bienes (SAE) supone que están en la reserva federal norteamericana, lo que de ser cierto es un nuevo factor extraño, extrañísimo en el extraño caso del señor Zhenli Ye Gon, extrañamente prófugo siendo que una agencia periodística es capaz de hallarlo.

 
Cajón de Sastre


Terco en introducir un régimen de economía de mercado en el campo mexicano, aun en cultivos como el de la caña de azúcar que se realiza con resabios feudales, el presidente Fox sigue mostrando, siete meses después de haberse marchado, que su terquedad ha sido y es gravosa para el país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está discutiendo una acción de inconstitucionalidad emprendida por la Procuraduría General de la República en septiembre de 2005 para frenar la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Impulsada por los legisladores cañeros, esa ley iba a ser vetada por Fox, pero lo impidieron numerosas marchas de cultivadores del dulce. Ante la presión, Fox publicó la ley el 22 de agosto de aquel año, en el entendido de que serían reformados posteriormente los pasajes que le incomodaban. Como los legisladores cañeros no cumplieron su palabra, Fox pidió a la PGR iniciar esta acción de inconstitucionalidad que busca impedir la fijación del precio de la caña, pues se le supone contrario a la Constitución.

 

Demandan PRD y PRI indagatoria sobre las declaraciones de Ye Gon

http://www.jornada.unam.mx/2007/07/04/index.php?section=politica&article=005n1pol

 

Exculpa abogado de Zhenli Ye Gon a Lozano y al PAN; ''el dinero, lícito''

http://www.jornada.unam.mx/2007/07/04/index.php?section=politica&article=003n1pol

 

Contextos de un escándalo

http://www.jornada.unam.mx/2007/07/04/index.php?section=opinion&article=002a1edi

 

Lozano Alarcón no fue el único que se relacionó con Ye Gon: Ning Ye.

http://www.radioformula.com.mx/notas/notasp.asp?ID=3667

Elude responder 13 de 14 preguntas sobre el tema

Germán Martínez afirma que se investigará a funcionarios

http://www.jornada.unam.mx/2007/07/05/index.php?section=politica&article=008n2pol

SAE: los fondos están depositados en el Bank of America y generan intereses

Hacienda dice que tiene pleno control sobre el dinero incautado a Ye Gon

http://www.jornada.unam.mx/2007/07/05/index.php?section=politica&article=009n1pol

 

Preguntitas a Dios

Guadalupe Loaeza

 

Si el cantante y compositor argentino Atahualpa Yupanqui viviera y se hubiera enterado del misterioso caso de Zhenli Ye Gon, seguramente hubiera cambiado la letra de su maravillosa canción Preguntitas a Dios por Preguntitas a Confucio. Porque hasta el filósofo chino, Confucio, se hubiera confundido con toda esta confusión a propósito de este personaje mexicano de origen oriental que no habla español y que solía guardar más de 200 millones de dólares en billetes en la sala de su residencia en Las Lomas. Sin duda todo esto es un enredo que ni el detective Charlie Chan, de la serie del cine estadounidense de los cuarenta hubiera podido desentrañar.

 

Permítanme mis queridos y queridas lectoras compartir con ustedes esta lista de "preguntitas" que me han estado dando vueltas en la cabeza desde que me enteré por segunda vez del caso (la primera fue cuando encontraron la billetiza en su casa).


¿Por qué todos los diarios, conductores y analistas políticos se refieren peyorativa y racistamente al señor Zhenli Ye Gon como el "chino"? ¿Cómo es que la Interpol, a pesar de la ficha roja (como juego de Parchis), no ha podido dar con él? ¿Por qué la AP sí ha podido? ¿Dónde se encuentra en realidad el señor Zhenli Ye Gon? Si salió de México, ¿cómo es que no hay registro de su salida y de su entrada a otro país? ¿Cómo consiguió tan rápido pasaporte mexicano si apenas habla español? ¿Cómo ha manejado cantidades tan grandes de productos químicos, supuestamente controlados, sin que hubiera despertado sospechas? ¿Tuvo algo que ver la DEA (Drug Enforcement Administration) en la localización de los dólares que se encontraron en su casa? ¿Por qué cuando contaron los fajos de billetes reportaron una cifra inferior? ¿Cuántos cientos de maletas entraron a esa casa sin que nadie se diera cuenta? ¿A quiénes tratan de implicar los abogados del señor Zhenli Ye Gon, al PAN en tiempos de campaña, o al gobierno federal en funciones? ¿Por qué la Secretaría de Salud nunca registró irregularidades en las cuatro operaciones de importación de pseudoefedrina que realizó Unimed Pharm Chem de México, propiedad del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon? ¿Por qué no se tienen datos sobre sanciones, a pesar de que ingresó legalmente a México, casi 30 toneladas de este precursor químico? ¿Por qué la Secretaría de Economía no consideró necesario explicar lo que pasaba en sus registros con las importaciones realizadas, entre otras, por la empresa cuyas operaciones eran tan jugosas? ¿Por deficiencias exclusivamente informáticas, o por otras razones? ¿Qué más habrá entrado al país al mismo tiempo que la pseudoefedrina, armas, otras sustancias, papelería apócrifa, qué más? ¿Será cierto que el gobierno del PAN no tiene nada que ocultar, ni temer respecto a este "chantaje perverso"? ¿Por qué si AP (The Associated Press) tenía la entrevista desde mediados de mayo, la sacó 45 días después, sin haber entrevistado el secretario del Trabajo, Javier Lozano?


Las de arriba son las preguntas que todo el mundo se hace acerca de este caso tan enigmático. Ahora quiero expresar aquellas que me parecen todavía más enredadas.


¿Es el señor Zhenli un testigo protegido por Estados Unidos? ¿Por qué si es supuestamente "protegido" de nuestros vecinos ha estado tan expuesto a los medios? Si así fuera, ¿cuál es realmente el mensaje que está enviando el gobierno gringo al gobierno mexicano? ¿Por qué el diputado Larios consideró que no se puede dar credibilidad a "un malandrín" que ha sido acusado de ser narcotraficante si todavía no le han probado nada al susodicho "malandrín"? ¿No habrá querido decir más bien "mandarín" en lugar de "malandrín"? ¿Por qué Televisa le ha dado tanto espacio a un asunto que perjudica negativamente al PAN? ¿Será está actitud una respuesta a la frustrada Ley Televisa? ¿Por qué querría el abogado estadounidense "chantajear al gobierno de México con afirmaciones absurdas e inverosímiles, como dijera la Procuraduría mexicana?


Y en otro orden de ideas, siempre alrededor de este embrollo tan complejo: ¿Por qué se ve tan pulcro y tan bien aliñado el señor Zhenli, en estos momentos donde debería lucir más bien cansado, ojeroso y hasta deprimido? ¿Qué quiere decir el implicado con la palabra "cuello", que lo van a matar, a secuestrar, o a encerrar? ¿Qué pensará el gobierno chino de todo esto? ¿Qué tanto sabrá Tomoyi Mars Yu, esposa de Zhenli, de todos los negocios de su marido? ¿En qué pensará en su celda? ¿No le dará coraje estar encerrada mientras su marido se pasea quién sabe por qué ciudad? ¿Querrá divorciarse lo más pronto que pueda? ¿Cuánto le pedirá de pensión sabiendo todo el dinero que tiene? ¿Qué opinará el cuñado del señor Zhenli Ye, quien también se encuentra preso? ¿Perderá a su cliente el abogado mexicano Rogelio de la Garza, (abogado también de Vicente Carrillo Fuentes y otros presuntos narcotraficantes) por haberlo desmentido en sus dichos y por su total despiste? ¿Cuántos blocks de fichas de depósito se requirieron para depositar en el Bank of America más de 200 millones de dólares? ¿Por qué no depositaron el dinero en un banco mexicano? ¿Por falta de confianza? Si así fuera, ¿por qué mejor no lo dejaron en el Banco Nacional del Ejército? ¿Por falta de confianza? Y por último nos preguntamos, si las autoridades mexicanas no llegan a probar que efectivamente el señor Zhenli Ye acumuló toda esa fortuna de manera malhabida, ¿se le regresarán sus 205 millones de dólares como sucedió hace seis años con el caso de Rigoberto Gaxiola, de Hermosillo, Sonora, a quien le regresaron 190 millones de dólares que le habían sido decomisados porque nadie en el gobierno mexicano le pudo probar que eran malhabidos?


No, me temo que ni Dios Padre podría responder a este listado de preguntas tan misteriosas. Es más, ni el Espíritu Santo... nadie podría contestarlas. Para mí que el señor Zhenli Ye se hizo bolas entre su abogado gringo y el mexicano. Ya se hizo bolas entre el partido y el gobierno del PAN. Y ya se hizo bolas entre tantos supuestos "arreglos" a los que quiere llegar con el gobierno de Felipe Calderón para que las cosas se compongan y vuelvan a estar como antes...

 

La pesadilla
jorge carrasco araizaga

http://www.proceso.com.mx/analisis_int.html?an=52210

 

“Los niños: La luz de nuestras vidas”
leonardo boix

http://www.proceso.com.mx/prisma.html?sec=3&nta=52007

 

Se busca lavar los 205 millones de dólares

http://www.jornada.unam.mx/2007/07/10/index.php?section=politica&article=003n2pol

 

Razones

Por: Jorge Fernández Menéndez

Ye Gon: preguntas sin respuesta

 

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/27_3605.htm

¿De quién es el chantaje?

Por: Jesús Ortega Martínez

http://www.nuevoexcelsior.com.mx/27_1859.htm

 

 
Mientras China se ve envuelta en un escándalo internacional por la proliferación de peligrosos medicamentos y alimentos falsificados, el régimen comunista intenta tomar drásticas medidas para atajar estos casos que están minando su imagen en todo el mundo.
En lo que se considera una sentencia ejemplar, el anterior máximo responsable de la seguridad alimentaria y farmacéutica del país, Zheng Xiaoyu, fue condenado ayer a muerte por corrupción. El ex director de la Administración para los Alimentos y las Medicinas fue acusado de haber aceptado cerca de 616.000 euros en sobornos para dar su visto bueno a unos medicamentos que no cumplían las normas básicas de seguridad.


“Zheng no llevó a cabo las medidas adecuadas para supervisar la producción de medicinas, lo que es sumamente importante para la vida de las personas”, reza en el fallo judicial del Tribunal Popular Intermedio número 1 de Pekín, según informó la agencia estatal de noticias Xinhua. La resolución también explica que, con la connivencia de Zheng Xiaoyu, “seis tipos de medicamentos aprobados eran falsos y las compañías farmacéuticas obtuvieron autorización usando documentos fraudulentos”. Entre ellos, destaca un antiobiótico que mató, al menos, a diez personas en el sur de China el año pasado, pero también podrían figurar los productos que recientemente han provocado sendas crisis alimentarias y sanitarias tanto en Panamá como en EE. UU.
En el país centroamericano, 365 personas han fallecido desde octubre (51 reconocidas oficialmente) tras tomar un jarabe para el resfriado elaborado con un producto procedente de China que no resultó ser glicerina, su componente habitual, sino dietileno glicol. Dicho disolvente industrial, prohibido para el consumo humano, es utilizado de manera fraudulenta para reemplazar a la glicerina por parte de empresas farmacéuticas sin licencia que aumentan así sus beneficios por su bajo precio. Según un reportaje de investigación del diario The New York Times, dicho veneno procedía de compañías chinas y había pasado por varios exportadores, entre ellos uno de Barcelona, que lo habían trasladado a Panamá sin realizar los pertinentes controles sanitarios.

Comida para animales
En Estados Unidos han muerto también miles de mascotas, sobre todo perros y gatos, tras ingerir comida para animales que había sido elaborada con sustancias que provenían del coloso oriental. Al parecer, desaprensivas empresas fraudulentas habrían cambiado el gluten de trigo empleado en dichos alimentos por un componente industrial usado en la producción de fertilizantes y plásticos. Por ese motivo, la sentencia contra Zheng Xiaoyu no ha dudado en justificar la condena a muerte al recordar que “la gran cantidad de sobornos aceptados ha provocado un gran daño al país y al público”.
Mientras el funcionario caído en desgracia, un técnico farmacéutico de 62 años, decide si apela ante otros tribunales superiores, Pekín continúa con su campaña para frenar la falsificación de medicamentos y alimentos.
Durante las dos próximas semanas, noventa inspectores serán enviados a quince provincias para investigar a las industrias implicadas.
Según un estudio de la revista Outlook Weekly , un tercio de los 450.000 fabricantes chinos de comida preparada carece de licencia y el 60% de esas compañías no realiza controles de sanidad.

 

Zheng Xiaoyu ha sido condenado en China a la pena de muerte, se le acusa de aceptar sobornos para que otorgara licencias para las benditas pastas dentales fabricadas con un químico buenisimo para líquidos de frenos y usarlo como coolant, era el ministro de salud. China de una manera
hipócrita o no, le pide perdon al mundo, reconoce su error y mandará a la
guillotina o a una camara llena de puercos cimarrones a un funcionario que
pensó que eso no era nada.

Paises como el nuestro, de manera hipócrita o no, deberian tomar el
ejemplo. Yo propongo que al secretario de Salud Pública que dijo que en el
país no habia epidemia de dengue, mientras mil niños habian muerto,
deberian condenarlo a trabajos comunitarios; Todos los días saldrá a matar
mosquitos con las manos tal como él lo sugirió, hasta que en el país no
esten todos los mosquitos muertos, no quedará libre. También podemos
proponer al Militar que deja pasar de contrabando cientos de mercancias
por la frontera, incluyendo Jeepetas y algunas sustancias con la capacidad
de hacernos ver estrellitas y duendes.

Otro caso puede ser para los que desfalcan instituciones como el Seguro
Social y luego van a los restaurantes de moda a gastar papeletas pidiendo
platos que le causan diarrea y bebidas dificil de pronunciar. A estos se
le condenará al pago de las cuentas de todos las personas presentes en los
lugares que ellos visiten, si se quedan en casa, les pagaran las facturas
eléctricas de los que se queden en casa, una manera de retribuir a
aquellos que con sus bolsillos engordaron las cuentas de tan simpático
funcionario.

Escribiendo esto se me ha ocurrido que a todos los Funcionarios que usen
su puesto para afectar o incidir en el desarrollo de los pueblos,
favoreciendo con permisos a unos, desgraciando esperanzas a otros,
invitarlos a la plaza de la Bandera y cepillarles los dientes con la
bendita pasta esa del diablo, a ver si se le pudre la maldita creencia de
que si se llega a un puesto público es a hacerse rico a costilla de sus
funciones. Para nosotros los que trabajamos dia a dia, para los
empresarios que tienen sus cojones puestos en el pais, que creen en el
desarrollo, a aquellos que dia a dia se montan en una guagua y cruzan la
ciudad para ir a ganarse el sueldo minimo, a ellos, a todos, nos daria
mucha satisfacción.

Comentarios:

No solo eso, deberian de cortarle con una tijera oxidada algunas
cosas, orejas, nariz, no se, un poco mas drasticos, como las culturas que
si roban le cortaban las manos, creo que los arabes verdad? corrijanme.
 
Uno cree en un país como este, pero a veces dan ganas de simplemente no
invertir aquí, con cosas como un deficiente manejo de la salud o con
personas como el Presidente, haciendo alocuciones que distan mucho de ser
prioridad nacional.

 Yo diria que arranquen el ripio, primero exitarlo con una jeva y después darle lija con una pulidora no sin antes rocearle un poco de fogarate.

Fusilamiento publico en la feria, frente a las oficinas del gobierno, en
particular el senado. mejor que cepillen a un caballo de los que andan vendiendo platano en la calle y hacerle beber el agua del enjuague de esa cepillada... y no es
necesariamente los dientes que le van a cepillar!!

 

China ejecutará a un alto cargo por aprobar medicamentos que han causado decenas de muertos

Zheng Xiaoyu aceptó más de 600.000 euros en sobornos por dar su visto bueno a las compañías farmacéuticas.

 

China ejecuta a Zheng Xiaoyu por corrupción
Zheng Xiaoyu aprobó un medicamento que ha causado la muerte de al menos 10 personas. China ha querido hoy dar una imagen ejemplarizante contra la corrupción de sus funcionarios. Ha sido ejecutado Zheng Xiaoyu, el ex jefe de la Agencia del Medicamento, un cargo que es equiparable al de un ministro.

Un tribunal le condenó hace un mes por aceptar sobornos y por aprobar un medicamento que ha causado la muerte de al menos 10 personas.

 

Caso Zhenli Ye Gon: un tropiezo tras otro

http://www.jornada.unam.mx/2007/07/14/index.php?section=opinion&article=002a1edi&portal_status_message=Correo%20enviado.

 

Razones de una sentencia

 

Salvador O. Nava Gomar

Reforma, 14 Jul. 07

El pasado 6 de julio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió diversos juicios relacionados con el registro de candidatos para ser electos en los comicios a celebrarse en Baja California. Algunas de las consideraciones expresadas por el tribunal en la sentencia emitida en el juicio promovido por Jorge Hank Rhon han sido destacadas por la prensa nacional. Por ello, y para efecto de contribuir a una mayor deliberación pública y razonada del asunto, a continuación expongo algunos aspectos relevantes considerados tanto por el pleno de la Sala Superior como por el autor de estas líneas, en su voto concurrente a dicha sentencia.


En los asuntos relacionados con la elección de gobernador, la cuestión principal era dilucidar el alcance de las restricciones al derecho a ser votado previstas en la legislación local, que en la prensa y en el argot político se han denominado, en conjunto, como "ley antichapulín" y que suponen que un ciudadano que desempeña un cargo de elección popular no podrá ser electo para otro cargo de igual naturaleza, aunque se separe del mismo meses antes de la elección.


Para ello, era preciso determinar si la interpretación gramatical del artículo 42, párrafo tercero, de la Constitución estatal hecha por el tribunal electoral local (que había revocado el registro de los candidatos postulados por dos coaliciones), era acorde o no con el conjunto del ordenamiento jurídico vigente. Dicha disposición señala, en lo sustancial, que no podrán ser electos gobernador, entre otros, los diputados federales y los presidentes municipales, durante el periodo para el que fueron electos, aun cuando se separen de sus cargos; mientras que el artículo 41, fracción VI, del mismo ordenamiento, dispone al respecto que podrán ser electos quienes ocupen un cargo de elección popular siempre que se separen, en forma provisional, 90 días antes de los comicios.


La Sala Superior concluyó que, en conformidad con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 41, por ser la disposición que permite la maximización del derecho a ser votado, de acuerdo con los tratados que, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, forman parte de la ley suprema de la unión y, según lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen una jerarquía superior a las leyes federales y locales, por debajo de la Constitución general y, en consecuencia, tienen validez en todo el territorio nacional.


Tal control de legalidad, que permite armonizar el conjunto del ordenamiento jurídico, constituye un paso significativo y previsible si se atiende a la evolución jurisprudencial que ha desarrollado la propia Sala Superior y constituye la reiteración de un principio fundamental en todo Estado constitucional y democrático, según el cual las restricciones a los derechos fundamentales de carácter político-electoral deben interpretarse limitativamente (por lo que no resultaba aplicable al caso lo previsto en el artículo 55 de la Constitución federal) y no deben ser irracionales, injustificadas, desproporcionadas o que se traduzcan en la privación de su contenido esencial.


En su oportunidad, formulé un voto concurrente a la sentencia comentada, con el objeto de dejar constancia de mis consideraciones respecto de la importancia no sólo de realizar una interpretación de la ley conforme con los tratados sino también de garantizar la coherencia plena del ordenamiento jurídico y la no redundancia de sus disposiciones. Además, destaqué el hecho de que los jueces, en virtud del principio de certeza y seguridad jurídica, están obligados a razonar y justificar el cambio de criterio en sus sentencias, siendo que, en el caso, el tribunal electoral local había sostenido sin justificación alguna dos criterios diversos respecto del citado artículo 42. Ello, estimo, es contrario al principio de previsibilidad y coherencia en la administración de justicia, así como del deber de fundamentación y motivación consagrado en el artículo 16 constitucional, que obliga a los juzgadores a justificar plenamente el sentido de sus resoluciones, así como a asumir la carga de la argumentación cuando decidan cambiar un criterio en casos sustancialmente iguales.


Ello contribuye a la formación de un sistema judicial coherente, previsible y confiable, en donde las sentencias adquieren un sentido pedagógico que orienta la conducta de los particulares en una forma de didáctica constitucional que se construye a partir de la deliberación colectiva y abierta de todo aquello que, como la justicia, es de interés general.


El autor es magistrado de la Sala Superior del TEPJF.

 

 

Pide defensa intervención del Departamento de Justicia de EU

http://www.milenio.com/index.php/2007/07/18/94940/

 

Los 205 mdd de Zhenli ya son del gobierno: PGR

http://www.eluniversal.com.mx/notas/437858.html

 

Ni nombres ni fotos ni videos

http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=530455

 

Agenda del debate
José Carreño Carlón

http://www.eluniversal.com.mx/columnas/66286.html

 

Cavallo será juzgado en España por terrorismo y genocidio

http://www.jornada.unam.mx/2007/07/19/index.php?section=mundo&article=026n1mun

 

A lo que olía aquello

Carmen Aristegui F.

 

Reforma, 20 julio 07. Cuando uno de los abogados de Zhenli Ye Gon narraba esta semana su versión sobre cómo se fueron acumulando en la casa de Las Lomas los billetes de los 205 millones de dólares que han sido incautados y apropiados por el gobierno mexicano, soltó que aquello olía a pescado podrido. Era la primera alusión directa que se hacía a la experiencia física vivida -presumiblemente por meses- por los habitantes de aquella mansión. Apenas una pincelada para imaginar la coexistencia de la gente con aquella monstruosidad. Ni idea si habrá sido verdad, pero la frase se aprecia por lo sugerente. De hecho la historia entera se la merece. El miércoles se realizó la conferencia de prensa en Washington, con los abogados Martin McMahon y Ning Ye, representantes legales de Ye Gon, el mexicano prófugo acusado de narcotráfico. Él mismo participó por casi una de las tres horas que duró este encuentro, según dijo desde un teléfono público en algún lugar de Estados Unidos. La expectativa generada hizo pensar que podían mostrarse videos, fotos o evidencias contundentes para sostener sus acusaciones. No hubo nada de eso, ya se sabe. Aunque, a estas alturas, tendríamos que reconocer que era una gran ingenuidad suponer que -en la peor circunstancia de Ye Gon- iba a mostrar, en caso de tenerlas, tales evidencias. Serían, por supuesto, la carta más poderosa de una negociación a la que ha apostado todo el tiempo. Por lo pronto, lo que queda es la extraordinaria confusión provocada por la barrera de los idiomas, las inverosímiles situaciones descritas y las audaces, erráticas y deliberadamente contradictorias prácticas de sus abogados en México y Estados Unidos que incluyen difundir, luego negar la autoría y después simplemente dejar la duda sobre el origen y veracidad de la famosa carta de 17 cuartillas que difundió El Universal esta semana o bien presentar una cara esquizofrénica de su cuerpo de defensa. Los planteamientos de sus abogados en Estados Unidos son diametralmente distintos a lo que hace su representación legal en México. Es claro que la estrategia radica en navegar por las procelosas aguas de la confusión. La prensa publicó titulares demoledores: "Sin pruebas, se desinfla el globo del chinogate" (La Jornada); "Ni nombres ni fotos ni videos" (Milenio); "Sin pruebas, Zhenli acusa de fraude al gobierno" (Crónica) o "Petardo, la bomba que anunció Zhenli Ye Gon" (Ovaciones). Reforma optó por no darle su principal y consignar: "Hacen en Washington show de enredo chino". En las coberturas se destacó mucho más la declaración de McMahon diciendo que no es ningún mago y que él no podría sacar de un sombrero tales evidencias. Que las tiene la PGR. Contrasta la poca difusión sobre el dicho de Ning Ye, quien dijo ahí mismo que su cliente está amenazado de muerte; que tiene 38 DVD's en 35 lugares confidenciales; que ya está preparado y que hizo su testamento. Que si lo matan ya les dijo a sus abogados que en 24 horas darán a conocer todo. Tampoco se le dio importancia al momento en que Ning Ye presentó "la prueba más dramática y emocionante" en donde, de forma más bien confusa, relató un hecho que habría ocurrido en Las Vegas, tres días después del pasado 2 de julio, día en que se difundió la entrevista de Ye Gon con la agencia AP. Dijo que cuatro agentes presuntamente antinarcóticos atentaron contra alguien de nombre John pero, al parecer, no iban contra él "sino que iban por nuestro cliente". Alegaron nuevamente que se había engañado a todo el mundo con la historia de la efedrina y acusaron a la PGR de fabricar y destruir evidencia para hacerlo pasar como narcotraficante. "Ese dinero no es de la droga. Son fondos ocultos para financiamiento de campañas", insistieron. Ye Gon deja -con una credibilidad maltrecha- la información de que un amigo suyo tiene videos y fotos, que hay más personas relacionadas con los 205 millones de dólares y que tiene vínculos con políticos que no es momento de revelar, ahora que está acusado de narcotraficante. Veremos. Los datos duros hablan de la incautación de dinero más grande de la historia y del decomiso de 19 toneladas de efedrina, que Ye Gon alega que no era tal, sino una sustancia intermedia ahora permitida por la ley y cuya prueba forense habría sido alterada para hacerla pasar como prohibida, y convertir a Zhenli en narcotraficante. Prueba de ello es que provenía de Long Beach. No deja de llamar la atención el silencio mostrado por Estados Unidos hasta el momento sobre este caso. Lo más que se ha visto fue una extraña incursión de un fiscal antinarcóticos a las instalaciones de CNN en Atlanta para preguntar si estaba ahí el famoso Zhenli. Por lo pronto, me quedo con un punto que surge con fuerza planteado por el especialista Samuel González: ¿quiénes permitieron durante los últimos cuatro años el ingreso legal a México de volúmenes de efedrina que excedían notablemente las necesidades reales de la industria farmacéutica, a pesar de que existían numerosos llamados de atención de organismos internacionales por este fenómeno? ¿Quién permitió la llegada legal de esta sustancia que no sólo se convertía en antigripales sino en cantidades enormes de metanfetaminas? La Secretaría de la Función Pública promete investigar. Veremos qué resulta y hasta dónde llegan.

 

Ye Gon, verdad y justicia
Manuel Camacho Solís
23 de julio de 2007

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/38157.html

 

No hay ''ninguna posibilidad'' de que EU reclame el dinero decomisado a Ye Gon. PGR, Ssa y Poder Judicial ''ya tienen'' los 205 millones

http://www.jornada.unam.mx/2007/07/27/index.php?section=politica&article=003n1pol

 

Fidel Castro Ruz

La repugnante compraventa de atletas

http://www.jornada.unam.mx/2007/07/29/index.php?section=opinion&article=021a1pol

 

El caso 'Hazleton'

Jorge A. Bustamante

Reforma, 31 julio 2007. Para variar, esta vez comentaré sobre una buena noticia. Algo que ocurre muy de vez en cuando en favor de los paisanos indocumentados. Lo que voy a comentar no cambia de inmediato nada de las condiciones que les hacen pasarla mal allá. Pero sí algo que las cambiará a mediano plazo y quizá a largo plazo. Se trata de una decisión del juez James M. Munley, del distrito central de Pennsylvania, que declaró ilegales, el jueves de la semana pasada, las ordenanzas de la ciudad de Hazleton de ese estado, que el alcalde, Louis J. Barletta, había promovido y puesto en vigor para castigar a los indocumentados que trataran de vivir y trabajar en esa ciudad y a los patrones y caseros que les dieran trabajo y les rentaran un espacio para vivir. Este alcalde Barletta ganó notoriedad nacional luego de aprobar ordenanzas con las que presumió que su ciudad se convertiría en "el peor lugar para vivir o trabajar para los inmigrantes indocumentados de todo Estados Unidos".

La decisión del juez Munley tendrá consecuencias en muchas de esas partes de Estados Unidos donde los políticos locales del Partido Republicano estaban esperando esta decisión sobre el caso Hazleton para imitar las propuestas antiinmigrantes que le dieron lugar. Los gobiernos de más de 100 ciudades de Estados Unidos habían ya emitido ordenanzas semejantes a las que el juez Munley ha declarado ilegales. Gracias a la demanda que interpuso la American Civil Liberties Union (ACLU) en contra de las ordenanzas de Hazleton, triunfó su alegato principal que fue tomado para fundamentar su decisión por el juez Munley, que fue que la materia de inmigración es de competencia federal, exclusivamente. La Constitución de Estados Unidos así lo establece. Los gobiernos estatales y locales están expresamente excluidos de producir normatividades en materia de inmigración. Esto era sabido por el alcalde Barletta y por el resto de los políticos que promovieron medidas semejantes, con el principal objetivo de ganar notoriedad ante el electorado antiinmigrante, aunque luego un juez declarara nulas o ilegales sus propuestas. Es decir, su objetivo era aparecer como campeones de la antiinmigración, aunque fuera por un corto tiempo, que supusieron sería suficiente para proyectarlos como tales. Lo que ahora queda en evidencia con la sentencia del juez Munley es que los proponentes de esas medidas trataban de aprovechar en su favor la ola antiinmigrante que abarca a gran parte del país. Para un político joven del Partido Republicano resultaba muy atractivo emular el éxito político de Pete Wilson quien, para reelegirse en 1994, se dirigió al electorado más prejuiciado y racista buscando su voto al apoyar a la infamante Propuesta 187, a sabiendas de la existencia muy generalizada en California de prejuicios antimexicanos. Algo análogo ha sido el supuesto de que la ola antiinmigrante de la actualidad incluye a toda la población de Estados Unidos. Por cierto, bajo este supuesto fue derrotada en el Senado estadounidense la opción de legalizar a una parte de los indocumentados que ya estuvieran dentro del país y de hacer "trabajadores huéspedes" a los que entraran en el futuro. Nada les importaron a los antiinmigrantes, como el alcalde Barletta, las manifestaciones de protesta de más de 2 millones de marchistas en la primavera de 2006. Simplemente las ignoraron. Cuando yo escribí sobre el caso Hazleton como emblemático de un nuevo patrón antiinmigrante en crecimiento en Estados Unidos, un lector simpatizante del alcalde Barletta me comentó que, dado el clima antiinmigrante que dominaba en Estados Unidos, "era seguro" que el juez bajo el cual se litigaban las ordenanzas antiinmigrantes de esa ciudad decidiría apoyarlas. Pues bien, la noticia de la semana pasada fue que no fue así. Prevaleció lo establecido por la Constitución que allá se conoce como "cláusula de exclusión". Quizá esta decisión se convierta en un parteaguas a partir del cual cambie la ceguera antiinmigrante, por un reconocimiento de los beneficios que de verdad les acarrea la presencia de los indocumentados.

La consecuencia de esta decisión será que quede establecido, para efectos legales, lo que en el sistema judicial estadounidense se entiende por "precedente", que fijará la suerte de las decisiones judiciales de las ordenanzas de otros gobiernos locales que se hubieran emitido en el mismo sentido de las de Hazleton. Ya anunció el alcalde Barletta que apelará esta decisión; pero está tan bien fundada que es muy poco probable que sea modificada por un tribunal de apelación. En este sentido fue comentada la decisión del juez Munley por un editorial del diario New York Times del pasado 28 de julio, bajo el encabezado "Humanity vs. Hazleton".

 

Sospechan que el empresario preso tiene otros 200 millones de dólares

http://www.jornada.unam.mx/2007/08/03/index.php?section=politica&article=010n2pol

 

Rechaza juez liberar bajo fianza a Ye Gon

http://www.eluniversal.com.mx/notas/440752.html

 

Aprueba juez de EU extraditar a Francia al ex general Manuel Antonio Noriega

http://www.jornada.unam.mx/2007/08/29/index.php?section=mundo&article=032n1mun

 

Evitan jueces usar leyes internacionales

De 224 jueces y magistrados entrevistados, sólo 64 afirmaron haber usado tratados internacionales al dictar sentencias.

Al emitir sus sentencias, los impartidores de justicia locales prácticamente no utilizan los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) señala que sólo el 28 por ciento de los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) usan este tipo de instrumentos.
"No recuerdo, como juez, haber aplicado un tratado internacional sobre derechos humanos", y "No tengo más experiencia que por la cuestión de la comunicación procesal", fueron algunas de las respuestas que dieron los funcionarios judiciales.
Flacso concluyó que los jueces y magistrados asumen un papel de aplicadores irrestrictos de la norma, pero sólo cuando se trata de leyes, estatutos o reglamentos locales.

Esto se debe, agrega el informe, a que ellos consideran que no deben interpretar o aplicar las normas internacionales, incluso aquellas que establecen los derechos del debido proceso.

De los pocos tratados mencionados están la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.

El Diagnóstico de Derechos Humanos del DF 2008 señala que la importancia de usar estos instrumentos radica en la sensibilización para aplicar la perspectiva de género, y evitar así una doble victimización a los demandados o denunciados.
De los 224 jueces y magistrados que entrevistó Flacso, sólo 64 afirmaron haber usado tratados internacionales; de éstos, 37 eran impartidores de la materia penal, 21 de la familiar, y sólo 6 de la civil.

"El derecho internacional de los derechos humanos poco ha dicho sobre el derecho civil sustantivo, de ahí que resulte lógico que jueces y tribunales de la materia reconozcan no aplicar tratados internacionales en sus resoluciones.
"Sin embargo, sí hay tratados que marcan pautas sobre el debido proceso, por lo que sería muy útil que los juzgadores conocieran esas normas y las aplicaran para fundamentar sus actuaciones", indica el Diagnóstico.

Jueces Penales de los reclusorios Norte y Oriente reconocieron que sólo en algunos casos de corrupción de menores, pornografía infantil o violencia contra la mujer, usan este tipo de tratados.

En el resto, dijeron, son aplicadas principalmente las normas locales, e incluso las federales cuando se trata de alguna jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Los jueces estamos en constante actualización, porque prácticamente todas las semanas hay alguna reforma legal, entonces tenemos la obligación de conocerla para no incurrir en alguna violación a la ley.

"Pero es un hecho que tenemos tantas leyes, tantas normas, tanto qué cuidar en una sentencia, que perdemos de vista lo que a nivel internacional se ha escrito al respecto", comentó un juez del Reclusorio Norte.

Para contrarrestar esta tendencia, el Instituto de Estudios Judiciales del TSJDF impulsará en breve un programa editorial denominado "Compilación de Tratados Internacionales".
El proyecto consiste en elaborar tres libros con los instrumentos internacionales de las materias penal, civil y familiar. De cada uno se tirarán mil ejemplares, que inicialmente serán distribuidos sólo entre magistrados, jueces y secretarios de acuerdos.
El Instituto, que se encargará de seleccionar los textos, prevé que cada tomo conste de 300 páginas tamaño carta.

 

 

La inoperante Corte Penal Internacional

10 jul.2011. MÉXICO, DF,  (apro).- El 27 de junio, la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó la detención del líder libio Muamar Gadafi, su hijo Saif al Islam y su cuñado y jefe de Inteligencia Militar, Abdulá al Senusi. La Sala de Asuntos Preliminares, presidida por la juez Sanji Masenono, explicó que la fiscalía había presentado pruebas suficientes para girar esa orden.

Tres meses atrás, el fiscal jefe, Luis Moreno Ocampo, anunció que iba a actuar en contra de Gadafi y su círculo de confianza por crímenes contra la humanidad cometidos a partir del 15 de febrero, fecha en que estallaron las revueltas en el país árabe. Además de los ya mencionados, las indagatorias se extenderían sobre el jefe de Seguridad y Servicios Secretos, Musa Kusa; el jefe de seguridad personal de Gadafi, Abdelkader Yusuf Dibri, y el de Seguridad Externa, Abu Zayad Dorda.

Moreno Ocampo, de nacionalidad argentina, dijo que se habían recopilado numerosas pruebas sobre graves crímenes –bombardeos incluidos– cometidos contra la población inerme de Bengasi, Misrata y Trípoli. El fiscal agregó, sin embargo, que la Corte era consciente de que los rebeldes también estaban armados, por lo que igualmente podrían ser objeto de investigación y responsabilizados en su caso.

Las acusaciones e indagatorias pudieron llevarse a cabo con rapidez porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, avalado por la Liga Árabe (LA) y la Unión Africana (UA), dio a la Corte el mandato para actuar. El proceso fue tan expedito que, a mediados de mayo, la fiscalía ya estaba solicitando a los jueces las órdenes de detención.

Sin embargo, ahora las cosas podrían complicarse. Según los procedimientos, la fiscalía tendría que mandar una “petición de cooperación” a las autoridades competentes libias para que ejecuten los arrestos. Pero la pregunta es quiénes son en este momento esas autoridades competentes. Si son las del régimen gadafista, con toda seguridad no van a actuar contra ellas mismas; y si son las del Consejo Nacional de Transición (CNT), conformado por los rebeldes y ya reconocido por varios países, no están en condiciones de hacerlo.

Aparte, las órdenes de captura llegan en mal momento, porque podrían entorpecer las opciones que barajan algunos gobiernos para alcanzar un exilio pactado con Gadafi. Tan es así, que el 1 de julio la UA, pese a haber apoyado el mandato de la ONU, exhortó a sus 53 Estados miembros a ignorarlas, ya que “que complican seriamente los esfuerzos para encontrar una solución a la crisis libia”.

Peor aún, el presidente del organismo africano, Jean Ping, calificó a la CPI de “discriminatoria”, ya que según hizo notar “sólo persigue los crímenes en África, al tiempo que ignora los cometidos por las potencias occidentales en lugares como Afganistán, Irak y Pakistán”.

Y es que pese a que el fiscal Moreno Ocampo ha negado lo que se ha dado en llamar su “africanización”, la Corte, desde su entrada en vigor en 2002, de los cerca de 3 mil casos que le han sido sometidos sólo tiene abiertos cinco, todos en África, y el de Libia es el sexto.

El primero, en 2004, corresponde a la República Democrática del Congo, donde Thomas Lubanga y otros líderes de la guerrilla están acusados de reclutamiento e incitación a la violencia de menores durante la Segunda Guerra del Congo (1998-2003). En Uganda, en 2005, otra guerrilla, esta vez cristiana, también fue acusada de utilizar niños-soldado. Y en 2007 una tercera guerrilla, el Movimiento de Liberación del Congo, fue enjuiciada por intervenir en la República Centroafricana y cometer crímenes de guerra y contra la humanidad en su resplado al presidente en funciones. Los tres casos se abrieron a solicitud de los propios Estados africanos.

En el caso de Sudán, que no es parte de la CPI, el expediente se abrió a solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU para investigar las graves violaciones a los derechos humanos en la provincia de Darfur, tanto por parte de los rebeldes como de las milicias yanyawid, respaldadas por el gobierno. Este caso representa la primera acusación contra un jefe de Estado en funciones: Omar Hasan al Bashir. En la votación del Consejo, Estados Unidos se abstuvo para no vetar la investigación.

Finalmente, a petición de la propia fiscalía de la CPI, se levantó una denuncia contra altos funcionarios de Kenia por la violencia poselectoral desatada tras los comicios de fines de 2007. En un principio el presidente Mwai Kibaki estuvo de acuerdo, pero después dio marcha atrás, al considerar que las imputaciones, lejos de apaciguar el ambiente político, lo estaban caldeando.

Ante esta concentración de casos en África, varios gobiernos del continente han considerado incluso retirarse de la CPI. En un inicio, las naciones africanas, con una precaria infraestructura legal, se sumaron mayoritariamente a la Corte porque pensaron que sería un organismo supranacional, inmune a las presiones políticas; pero ahora están cada vez más convencidas de que la derivación de casos se cifra no tanto en los derechos humanos, sino en los intereses de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Este sentir de los africanos, expresado por Ping, el presidente de la UA, es compartido por otros países y organizaciones independientes de derechos humanos, que se preguntan por qué otros sitios donde se han cometido violaciones flagrantes al derecho internacional humanitario, como Afganistán, Colombia, Costa de Marfil, Gaza, Georgia, Irak, Pakistán y un largo etcétera no tienen expedientes abiertos, pese a que se han presentado reiteradas denuncias y pruebas en su contra. Todos estos casos están bajo “observación legal” de la CPI. Y es que además de las innegables presiones políticas a las que ha estado sometida, su conformación de origen le impide actuar como fuera deseable.

A diferencia de la Corte Internacional de Justicia creada en 1945 en La Haya, y que resuelve las disputas entre Estados o cuestiones jurídicas relacionadas con la Carta de Naciones Unidas, al término de la Segunda Guerra Mundial se hizo palpable la necesidad de una instancia que juzgara los crímenes internacionales. Coyunturalmente, esta carencia se resolvió con los Tribunales de Nuremberg y Tokio.

El imperativo de crear una Corte permanente en esta materia persisitió. Sin embargo, pasaron cincuenta largos años de debates jurídicos, políticos y académicos, y no fue sino hasta después de los genocidios de Yugoslavia (1991-95) y Ruanda (1994), sumados a los avances en derechos humanos a escala internacional, que la idea cobró forma: en julio de 1998 se reunió en Roma la Conferencia diplomática de plenipotenciarios de Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional.

Pero tampoco este proceso fue terso. Al principio sólo 60 Estados ratificaron su Estatuto, y luego de muchos forcejeos porque éste no admite reservas, gradualmente se fueron adhiriendo otros hasta sumar hoy 110. Sin embargo, países como Estados Unidos, China y Rusia ( todos miembros del Consejo de Seguridad) no lo han hecho ni tampoco otros como India, Irak, Israel, Uzbekistán, Zimbabue, Cuba, Nicaragua, Guatemala, etcétera.

Oficialmente, la CPI funciona como un organismo autónomo de cualquier poder o Estado y no pertenece al sistema de Naciones Unidas. Los hechos que puede conocer son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Cuando uno lee el detalle de estos crímenes, de inmediato le vienen a la mente un sinnúmero de situaciones internacionales que innegablemente entran en esa categoría y que deberían ser sometidas a juicio. Pero las limitaciones surgen donde empieza la normatividad.

La Corte sólo funciona cuando un Estado no puede o no quiere juzgar un caso de su competencia, y además ese Estado debe ser signatario del Estatuto de Roma. Al momento de su comisión, el crimen debe estar tipificado como tal y los cargos no son retroactivos. No se juzga a personas jurídicas sino a individuos, y siempre que sean mayores de edad al momento de cometer el crimen. Eso sí, todos los indiciados son iguales ante la Corte, la responsabilidad no se exime por el cumplimiento de un cargo y los delitos no prescriben.

Las investigaciones y los juicios se abren por la remisión del caso a la CPI por parte de un Estado miembro o a solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU. La denuncia también puede ser presentada de oficio por el fiscal de la Corte, cuyas instancias harán las revisiones del caso. Iniciado el procedimiento, la CPI podrá pactar con los Estados formas de cooperación, investigación o cumplimiento de condenas.

Emitida la sentencia, acusados y acusadores podrán apelar ante la Sala correspondiente de la misma Corte. Cuando la pena no sea cadena perpetua, no deberá rebasar los 30 años y podrá cumplirse en La Haya, sede de la CPI, o en otro país acordado. También se incluyen multas y decomisos de bienes de los condenados.

Pero el principal nudo que maniata a la Corte es el artículo 98, que establece una forma de evitar el cumplimiento de sus resoluciones cuando exista un tratado internacional que proteja al nacional de un Estado que no sea parte del Estatuto. Estados Unidos ha hecho uso permanente de este recurso, que se preveía excepcional, estableciendo tratados de cooperación con otros países e inclusive amenazando con suspender la ayuda militar a aquellos no dispuestos a hacerlo. Más de cien ya han aceptado firmar.

Washington, que con frecuencia viola la soberanía de otros Estados argumentando que se violan los derechos humanos y también apoya el procesamiento de líderes de otras naciones por cometer crímenes de guerra, no está dispuesto a aceptar los mismos parámetros para sus ciudadanos. George Bush se negó a firmar cualquier tratado al respecto e inclusive retiró la firma de Bill Clinton del Estatuto de Roma.

Barack Obama tampoco puede hacer mucho, ya que en 2002 el Congreso estadunidense aprobó la American Servicemembers Protection Act, que prohíbe a los gobiernos y organismos federales, estatales y locales, incluidos los de justicia, cualquier asistencia a la CPI. Esto impide la extradición de quien sea de Estados Unidos a La Haya y además autoriza al presidente a “utilizar todos los medios necesarios y adecuados para lograr la liberación de personal estadunidense o aliado detenido o encarcelado en nombre o a solicitud de la CPI”.

Lo anterior explica por qué ningún funcionario o efectivo estadunidense ha sido acusado ante la CPI por los evidentes crímenes de agresión, de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán e Irak, sólo por citar dos casos. Pero también aclara la impunidad en otros países que se han acogido a la misma regla.

Denunciado por las matanzas y abusos cometidos en la operación Plomo Fundido contra Gaza, Israel puede argumentar que no es parte de la CPI y cualquier iniciativa en su contra en el Consejo de Seguridad de la ONU seguramente sería vetada por Estados Unidos. Colombia, cuyos militares han sido acusados por el caso de los “falsos positivos”, decidió que tenía capacidad jurídica suficiente para juzgarlos por sí misma, dejando luego que se agotara el plazo legal para poderlos dejar en libertad. Y así sucesivamente…

Por lo que toca a Gadafi y sus coacusados, pese al accionar de las potencias occidentales y a la celeridad del proceso, todavía nada está amarrado. Si el líder libio y sus allegados logran huir hacia uno de los países vecinos dispuestos a darles cobijo, éste siempre podrá negarse a entregarlo, apelando por cierto a la misma normatividad del Estatuto de Roma. Sin duda sería un duro golpe para la CPI, pero también para quienes por otras vías tratan de socavar los fines para los que fue creada.

Resoluciones históricas y significativas

 

Miguel Concha. 16 jul 2011.

Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con las que entre el 5 y el 15 de julio resolvió de fondo, y no únicamente de manera administrativa, las consultas del expediente Varios 912/2010, sobre la obligatoriedad para el Poder Judicial (PJ) de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), del 23 de noviembre de 2009 en el caso Rosendo Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, y en las que asume –como es su obligación, en tanto tribunal constitucional– las reformas a la Constitución publicadas el pasado 10 de junio en el Diario Oficial de la Federación, han sido calificadas con justicia por las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos como de trascendencia histórica y como precedente importante en la interpretación y decisiones que en el futuro tomen las autoridades jurisdiccionales, en temas claves para la protección de las garantías fundamentales de todas las personas en México.

Entre ellas precisan las siguientes. 1) La obligatoriedad para el Estado mexicano de las sentencias de la Coidh en lo general, y para el Poder Judicial de la Federación, en lo particular, cuando sea parte de algún tratado que contemple violaciones a los derechos humanos aprobado por México, y se encuentra implicado en algún caso. 2) La prohibición constitucional de aplicar la jurisdicción militar en los casos en los que se hallen involucrados civiles. 3) Por lo mismo, la facultad originaria de la SCJN de control de constitucionalidad para resolver conflictos de competencias entre autoridades civiles y militares, cuando se trate de violaciones a los derechos humanos, lo que significa que la Corte, en su carácter de tribunal constitucional, declarará la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar, mientras el Congreso no lo reforme, tal y como lo ordenó la Coidh en las sentencias de los casos de las presentes resoluciones, y en los de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Arteaga, así como en el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García. 4) La obligación de todos los jueces del Estado mexicano a ejercer de manera oficiosa el llamado control de convencionalidad, esto es, el deber de sujetarse a los tratados internacionales que protejan derechos humanos aprobados por México, en los términos del artículo 1 reformado de la Constitución. 5) La obligación constitucional de todos los jueces del país que conozcan ante casos de violaciones a los derechos humanos de controversias sobre el fuero militar, de replicar obligatoriamente, y no sólo con carácter orientador, el criterio de la Coidh, en el sentido de que no es de ninguna manera competente, se restrinja a lo dispuesto en la Constitución, y por lo mismo subsista sólo para los delitos que afecten a la disciplina militar.

Continuidad vs. cambio

Ana Laura Magaloni Kerpel

16 Jul. 11

Los ministros dieron sentido y peso a las palabras de la Constitución: "la protección más amplia" de los derechos humanos nos obliga a ponernos en sintonía con todas las democracias

La decisión de la Suprema Corte en el caso Rosendo Radilla puede significar un cambio de paradigma en la forma en que operan nuestros jueces al momento de controlar la arbitrariedad de policías, militares y ministerios públicos. Hasta ahora, el paradigma con el que ha operado el sistema de justicia ha sido el de que para garantizar la seguridad pública es necesario tolerar algunas dosis de arbitrariedad por parte de los operadores de las instituciones de seguridad. Bajo este paradigma, la eficacia de los derechos humanos de los ciudadanos es, en el mejor de los casos, un asunto de menor relevancia y, en el peor, un estorbo para las políticas de seguridad.
Los ministros, en el caso Radilla, parecen estar intentando dar la vuelta a este paradigma y colocar en el centro de la actividad jurisdiccional la eficacia de los derechos humanos. En varias sesiones del pleno, la Corte estableció: 1) las sentencias de tribunales internacionales de Derechos Humanos, como es la Corte Interamericana, son obligatorias para el Estado mexicano; 2) todos los jueces, locales y federales, al momento de resolver una disputa, deben revisar de oficio que las leyes mexicanas aplicables no violen tratados internacionales en derechos humanos y, si lo hacen, deben inaplicar tales leyes al caso concreto, y 3) el fuero militar ya no procede en caso de que un soldado cometa un delito en contra de un civil o viole sus derechos humanos. En estos casos, serán los tribunales ordinarios quienes juzguen a los militares. Así lo ordena la sentencia de la Corte Interamericana.
El eje conductor de la discusión fue el nuevo texto del artículo 1 constitucional, el cual establece: "las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia". Los ministros decidieron darle sentido y peso a las palabras de la Constitución: "la protección más amplia" de los derechos humanos nos obliga a ponernos en sintonía con lo que pasa en todas las democracias consolidadas.
En cuestiones de derechos humanos, nuestra Corte ha sido un tribunal en donde las inercias jurídicas del pasado autoritario han estado en perpetua tensión con la necesidad de ajustar la justicia constitucional a los cambios políticos que ha vivido el país en las últimas décadas. A diferencia del Tribunal Constitucional español o de la Corte Constitucional colombiana, que fueron creados para afianzar los cimientos normativos y las bases constitucionales de un nuevo régimen político de tipo democrático, nuestra Corte tuvo su origen en las postrimerías del régimen autoritario y, por lo tanto, no fue configurada para romper de tajo con el viejo régimen. Todo lo contrario, su función parecería haber estado encaminada a encontrar un equilibrio entre el pasado y el futuro, entre la tradición jurídica autoritaria y las demandas sociales y políticas por nuevas y mejores soluciones jurídicas en el ámbito constitucional. Así, lo que ha definido a la Suprema Corte de Justicia reformada en 1994 ha sido la permanente tensión en su interior, entre la continuidad con el paradigma de interpretación constitucional propio del pasado autoritario y el cambio de paradigma y de retórica jurídica propio de la nueva democracia. Esta tensión ha inhibido el impacto potencial que podría tener la Corte para impulsar los cambios jurídicos que requiere una democracia en forma.
Uno de los ámbitos en donde mejor se percibe esta tensión entre autoritarismo y democracia ha sido la interpretación constitucional de los derechos humanos en juego tratándose de los actos de policías, militares y ministerios públicos. Hace a penas dos años, nuestra Suprema Corte no quiso revisar su jurisprudencia en materia de fuero militar en el caso Reynalda Morales, a quien unos soldados le habían matado a su esposo Zenón Medina. La señora Morales solicitó que el caso fuese resuelto por un tribunal civil. La Corte le dijo que no. La amplitud con la que los ministros habían definido el alcance del fuero militar era más parecido a lo que sucede en un régimen autoritario que lo que pasa en una democracia. Lo mismo se puede argumentar con varios de los derechos humanos clave de un acusado en un juicio penal: detenciones prolongadas, derecho a una defensa adecuada, el derecho a la no incomunicación, el derecho a no ser juzgado en prisión preventiva y un largo etcétera. En todos estos casos la tendencia ha sido a darles "subsidios legales" a los MP, policías, militares y demás. Subsidios que son atípicos en un régimen democrático y típicos de dictaduras o regímenes autoritarios.

Con todo, al leer la versión estenográfica del caso Radilla, de repente parece que los ministros han tomado la determinación de que los derechos humanos sean efectivos, sin subsidios y sin concesiones a la arbitrariedad. ¿Qué impacto va a tener ello en el quehacer de los jueces ordinarios, de los policías, los MP y los soldados? ¿Será consistente a futuro la Corte con esta determinación? Las incógnitas están ahí. Por lo pronto, esta semana la Corte hizo historia con una decisión que parece marcar un cambio de paradigma.


Gana México a EU la batalla del atún

http://www.proceso.com.mx/?p=276337

 

Derecho de pernada.

Mario Vargas Llosa 17/07/2011

De muchacho, en los años cincuenta, muchas veces oí en Piura y en Lima a mis compañeros de barrio y de colegio jactarse de haberse desvirgado con las sirvientas de su casa. No lo decían de manera tan científica, sino utilizando una expresión que sintetizaba todo el racismo, el machismo y la brutalidad de una clase social que en aquella época se exhibían todavía sin el menor embarazo en el Perú: "Tirarse a la chola". Entonces, los niños bien no hacían el amor con sus enamoradas, que debían llegar vírgenes al matrimonio, y para sus ardores sexuales solían elegir entre la prostituta y la criada. Ni qué decir que muchos padres alentaban sobre todo la última opción, temerosos de que la primera acarreara a sus vástagos una purgación.

El derecho de pernada es antiquísimo y los señores feudales de la Edad Media europea lo legaron a los gamonales y patronos sudamericanos, cuyos estupros y violaciones a las campesinas han sido documentados hasta la saciedad por la novela indigenista. Pero se equivocan quienes piensan que estos atropellos sexuales de los fuertes y poderosos caballeros contra las mujeres pobres y desvalidas han quedado confinados en el mundo del subdesarrollo. La truculenta odisea que vive Dominique Strauss-Kahn parecería demostrar que incluso en la civilizada Francia hay señores que, desafiando los tiempos que vivimos, se empeñan en perpetuar aquella siniestra tradición.

Tradición que, dicho sea de paso, nunca se perdió del todo en el país de Proust y Molière. El gran Victor Hugo la practicó asiduamente en sus años otoñales, por ejemplo, y dejó testimonio de ello en un delicioso diario secreto que el erudito Henri Guillemin consiguió descifrar. ¿Es un atenuante, en su caso, que el autor de Los Miserables no violentaba a las sirvientas, sino estableciera con ellas un pacto contractual y mercantil? Si aquella se dejaba ver solo los pechos recibía un puñado de centavos. Si se desnudaba por completo y el poeta no podía tocarla, medio franco. Si estaba autorizado a acariciarla, un franco. Si el servicio era completo, franco y medio y a veces ¡hasta dos francos! El ilustre vate era muy cuidadoso con los gastos y llevaba una contabilidad maniática, gracias a lo cual hemos podido conocer esas debilidades de su vejez. Para disimularlas, las anotó en su diario en un español desfigurado (Verbigracia: "Visto mucho, cogido todo. Osculum").

Si la acusación a la que debe hacer frente ante el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York la confirman los jueces, Dominique Strauss-Kahn -exministro de Economía de Francia, ex director-gerente del Fondo Monetario Internacional y, hasta el episodio del Hotel Sofitel, candidato favorito del Partido Socialista para representar a este en la próxima elección presidencial- practicaba aquel derecho de pernada a la vieja usanza: añadido de golpes y maltratos a su víctima. Los médicos que examinaron a la camarera guineana que denunció al político francés de haberla obligado a practicar sexo oral con él detectaron que tenía desgarrado un ligamento del hombro, hematomas en la vagina y las medias rotas. La policía, por su parte, ha comprobado la existencia, tanto en la pared como en la alfombra de la habitación, del semen que la camarera dice haber escupido, asqueada, luego de que el presunto victimario eyaculó. Estos son los hechos objetivos y la justicia deberá determinar si aquel sexo oral fue forzado, como dice la camarera, o consensuado, según asegura Strauss-Kahn.

Como se ha comprobado que la camarera mintió a la policía sobre su ingreso a los Estados Unidos -es una inmigrante ilegal- y que tuvo una conversación, en un dialecto guineano, con un hombre detenido por tráfico de drogas, ante el que se habría jactado de querer sacar dinero a su presunto violador aprovechando lo ocurrido, se dice que la acusación se tambalea y que el propio fiscal de Nueva York estaría pensando en encarpetar todo el asunto. Esto ha hecho que, en Francia, donde me encuentro ahora y donde, según una encuesta, un 50% de la opinión pública socialista todavía quisiera que Strauss-Kahn sea su candidato presidencial, aparezcan muchos artículos y declaraciones de amigos y camaradas del exministro, quienes, encabezados por Bernard-Henri Lévy, atacan con ferocidad a la justicia estadounidense por haber mostrado a la prensa a un Strauss-Kahn esposado y humillado, en vez de respetar su privacidad y su condición de mero acusado, no de culpable. Leyendo lo que escriben, parecería que el exministro es una especie de mártir y mereciera ser desagraviado.

A mí, en cambio, el personaje me parece repelente y tiendo a creer que lo que la camarera guineana dice de él es verdad. Me seguiría pareciendo repelente incluso si fuera cierto que el sexo oral con que se gratificó aquella mañana neoyorquina fue consensuado, pues, aun si lo hubiera requerido de buenas maneras y pagado por ello, habría cometido un acto cobarde, prepotente y asqueroso con una pobre mujer infinitamente más débil y vulnerable que él, la que se habría sometido a esa pantomima por necesidad o por miedo, de ningún modo seducida por la apostura o la inteligencia del personaje al que encontró desnudo en la habitación que iba a arreglar. "Tirarse a una sirvienta", por las buenas o por las malas, es un acto innoble y vil, sobre todo cuando el que lo perpetra es un señor de horca y cuchilla, que es lo que era, hasta entonces, el casi intocable Strauss-Kahn.

Yo no sé por qué las mentiras de la camarera atenuarían la falta de su presunto violador. Lo que se va a juzgar es si fue o no violada, no si es buena, sincera y desprendida. Si lo determinante para que la acusación prevaleciera no fueran los datos objetivos sino la personalidad y el carácter, el señor Strauss-Kahn no quedaría bien parado. Sus antecedentes indican claramente que le gustaron siempre mucho las mujeres y que no tenía el menor empacho en demostrárselo, usando eso que los brasileños llaman la mao boba en las recepciones, ascensores y pasillos, como han hecho público los paparazzi de media Europa. Poco tiempo después de asumir la dirección del Fondo Monetario Internacional se vio envuelto en un lío de faldas, por haberse echado una amante entre sus subordinadas.

Y ahora mismo acaba de abrirse en París otro proceso contra él en el que la periodista y escritora Tristane Banon lo acusa de haber intentado violarla, en el año 2003, cuando fue a entrevistarlo para un libro. Ella fue citada en una especie de garçonnière, un departamento provisto sólo de una cama y unos sillones, y, según la joven, tuvo que defenderse a patadas y rasguños de su entrevistado, que le rompió el sostén y el calzón mientras luchaban en el suelo. Tristane quiso entonces denunciar el intento de violación, pero su madre le impidió hacerlo, con el argumento de que aquello haría daño al Partido Socialista, en el que ella también militaba. La señora ha confirmado este hecho.

Así pues, si hay indicios negativos en lo que concierne al carácter y la personalidad de la camarera guineana del Hotel Sofitel, las credenciales morales del huésped están lejos de ser prístinas. Todo indica que ese señor superinteligente, ultrapoderoso y millonario estaba acostumbrado a permitirse ciertos excesos en el convencimiento de que a alguien como a él esas debilidades le están permitidas, igual que el derecho de pernada a los señores feudales. Lo terrible es que parecería que buen número de sus compatriotas están de acuerdo con él. La indignación contra la policía y la justicia de Estados Unidos por haber tratado a ese hombre tan importante y prestigioso como a un raterillo capturado in fraganti es casi unánime.

Yo no acabo de entender tanta indignación. El jefe de la policía neoyorquina ha explicado que los presuntos culpables reciben el mismo tratamiento, se trate de pobres diablos o de banqueros: son llevados esposados al tribunal y expuestos a la prensa. También son presentados a la prensa cuando son declarados inocentes por la justicia, ya sin esposas. No ha habido encarnizamiento alguno contra Strauss-Kahn. Pero, eso sí, no tuvo un tratamiento preferencial, debido a su ilustre investidura en el mundo financiero. Mucho me temo, por las cosas que leo estos días en París, que en su propio país hubiera recibido ese tratamiento preferencial, y, probablemente, jamás hubiera sido juzgado. Eso sí, la camarera guineana habría sido expulsada del país por ilegal, por falsaria y por practicar la prostitución.

Actuará el Vaticano contra Benetton por fotomontaje del Papa
El gobierno de la Santa Sede ha encargado a sus abogados que tomen las medidas necesarias para impedir la circulación en el mundo de la imagen

http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=104568&relacion=&tipo=Internacional&categoria=489

 

RELACIÓN EEUU MÉXICO 2011, video

https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/1343947ef720af14

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El año del daño

Genaro Lozano

Reforma, 20 Dic. 11

El 2011 podría haber sido un buen año para la relación más importante que tiene México en el mundo: la que mantenemos en piloto automático, que a veces soportamos y de la cual otras muchas nos beneficiamos con Estados Unidos.

Después de todo, en el 2011 supimos que el bloque comercial de América del Norte superó al de la Unión Europea en flujos comerciales, con lo que México, Estados Unidos y Canadá integran hoy el bloque comercial más dinámico e importante del mundo.

De igual forma, en este año se hizo un tímido y muy criticado esfuerzo por mejorar la imagen de México en Estados Unidos, el país que dicho sea de paso es la fuente principal de nuestros ingresos por dólares tanto del turismo como de las remesas de nuestros paisanos que viven y trabajan al norte de la frontera. El video del "Royal Tour Mexico" en el que participó el presidente Felipe Calderón fue un esfuerzo que no se había visto en los cinco años de su gobierno por tratar que en Estados Unidos se hable de México más allá de la violencia y los más de 60 mil muertos en la guerra contra el narcotráfico.

Adicionalmente en el 2011, pese a que la migración ilegal de México a Estados Unidos registró una caída histórica, ha habido una brutal embestida de leyes anti migratorias que han sido aprobadas en varios estados, como la SB1070 de Arizona. Ante ello, la diplomacia mexicana ha actuado bien, ampliando su ámbito de acción al cabildeo judicial, acompañada de la sociedad civil en Estados Unidos y por el apoyo de varios países de América Latina en demandar en las cortes estadounidenses que se detengan los atropellos a la dignidad de los migrantes mexicanos que contribuyen a generar riqueza en Estados Unidos.

El año también se caracterizó por la unión de fuerzas entre la sociedad civil organizada de ambos países. Una iniciativa llamada "Alto al contrabando de armas", encabezada por más de treinta organizaciones mexicanas y estadounidenses, ha recaudado casi 32 mil firmas para demandarle tres acciones concretas al presidente Obama para que detenga el tráfico ilegal de armas de su país a México.

Sin embargo, el 2011 cierra mal para la relación bilateral, un indicador de que el 2012 tendrá aún más turbulencia.

Mientras que los gobiernos del presidente Calderón y del presidente Obama se han esforzado en destacar los niveles de cooperación sin precedentes, la Operación Rápido y Furioso y la confirmación de que la DEA, la agencia estadounidense antinarcóticos, lava dinero en México muestran los problemas de un lustro de haber privilegiado la seguridad y el combate al narcotráfico como el eje rector de la relación bilateral.

Bajo el pretexto de la "seguridad nacional", el gobierno mexicano ha sido profundamente hermético para informar a la sociedad en torno a estos temas. Los mexicanos nos enteramos de la operación "Rápido y Furioso" gracias a la información que vino de los medios de comunicación estadounidense, más que por el propio gobierno mexicano. También supimos que la DEA ha lavado dinero en México gracias a la información publicada en diarios estadounidenses y vimos cómo el gobierno mexicano se contradijo al decir primero que no conocía de tal operación para recular después.

Error tras error, abuso tras abuso, mal manejo de comunicación por parte del Ejecutivo mexicano, sin una dirección clara y con una desatención del Congreso mexicano ha tenido como resultado una relación bilateral "desmigratizada", pero narcotizada al máximo, empeñada en continuar con una estrategia de combate al narcotráfico que no ha funcionado y que ha acabado con la vida de miles de mexicanos.

Para abonarle al año del daño, la dinámica electoral en la que están ya inmersos México y Estados Unidos también ha empezado a provocar turbulencias. Las contiendas presidenciales de México y de Estados Unidos se sincronizan cada 12 años y el 2012 será secuestrado por la contienda electoral. Al norte de nuestra frontera, los precandidatos republicanos a la presidencia han debatido ya en 12 ocasiones y han emitido diversas declaraciones alarmistas sobre México y de nuestra parte, los precandidatos presidenciales han empezado a sacudirse del provincialismo y a opinar sobre la relación bilateral.

El 2012 será todavía más complicado porque la embajada de México podría quedarse acéfala. El embajador Arturo Sarukhán lleva prácticamente todo el sexenio de Calderón al frente de nuestra misión diplomática en Washington DC, trabajando bien, representando al presidente Calderón efectivamente, metiéndose hasta la cocina de los actores más importantes para la relación bilateral, pero así como Sarukhán dejó el Consulado de NY para integrarse a la campaña de Felipe Calderón en el 2005, así podría dejar la embajada el 2012 para integrarse a alguna campaña presidencial. Ojalá no sea el caso, porque su presencia en Washington será más que necesaria.



CIDH y Corte Penal Internacional
http://www.youtube.com/watch?v=UdO72zR1E50

 

Julian Assange, el caso Pinochet y los límites de la democracia británica

 

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/18/mundo/022a1mun

 

ESCENARIOS
El reto ciberdiplomático de Meade

Genaro Lozano

25 Dic. 12
Nueva York.- José Antonio Meade, el nuevo Secretario de Relaciones Exteriores, anunció ya los primeros cambios de su círculo cercano de colaboradores en las distintas subsecretarías de la Cancillería. Meade cede ante la casa: el embajador De Icaza como segundo a bordo y, hasta el momento, la ratificación de los embajadores Ventura y Gómez Robledo en otras dos subsecretarías.

La apuesta parece acertada. Tres embajadores del Servicio Exterior Mexicano que ayuden al Canciller a llenar sus lagunas en los laberintos del terreno diplomático. Con ese mensaje, Meade ya puede empezar a organizarse para el que tal vez sea el principal reto de su gestión como titular de la diplomacia mexicana: el recuperar la imagen de México en el extranjero.

Desde 1996, la consultora Anholt GfK Roper elabora un índice anual que mide la imagen internacional de 50 países. De acuerdo con éste, México cayó al lugar 32 de los 50 países evaluados, su punto más bajo desde 2008. Por su lado, la encuestadora Gallup elabora un estudio anual titulado "Country Favorability Ratings" en el que mide la percepción de los estadounidenses con respecto a 21 países. En 2005 un 74% de los encuestados tenía una buena imagen de México, al tiempo que solo un 21% tenía una imagen negativa. Para 2011, un 51% tenía una imagen negativa y solo un 45% una visión positiva de México.

Con base a esos datos duros es innegable que el sexenio de Enrique Peña Nieto arranca con ese reto en materia de política exterior. Por ello, el Canciller Meade necesita dirigir un esfuerzo para recuperar la imagen internacional de México, ya que como menciona Roberto Newell, del Wilson Center, "la imagen negativa de un país en el mundo influye en la toma de decisiones de otros países en diferentes grados y niveles de intensidad. Las decisiones de consumo de turistas, las inversiones de compañías extranjeras se ven afectadas por la mala percepción de un país en el mundo." 

Parece que el gobierno de Peña Nieto se dio cuenta ya de ese problema. Apenas el domingo pasado, el periodista Fareed Zakaria dedicó un segmento de su programa en la cadena CNN a hablar de México como el "próximo gigante latinoamericano". Zakaria incluso pidió a los políticos estadounidenses que se dejaran aconsejar por el flamante presidente Peña Nieto para ver cómo había logrado tan pronto el compromiso de todas las fuerzas políticas de México para el llamado "Pacto por México". 

Sin embargo, la diplomacia mexicana también debe atender las llamadas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ya que éstas han servido bien a los esfuerzos diplomáticos de EU, Brasil, Suecia y la India, que fueron de los primeros países en atender la nueva realidad de la comunicación: el ciberespacio y la promoción de sus agendas nacionales en un mundo cada vez más interconectado a través del Internet y las llamadas redes sociales, esfuerzos conocidos como "Diplomacia 2.0".

Si bien es loable el esfuerzo que se hizo para que casi la totalidad de las 75 embajadas de México en el extranjero tuviesen un portal web, lo cierto es que no basta con ello. La comunicación efectiva requiere actualizar la información casi en tiempo real y la mayoría de los sitios web de las embajadas mexicanas tienen información desfasada o incluso no dan información en el idioma del país ante el cual están acreditadas. 

Respecto a las redes sociales, solamente 26 de las 75 embajadas de México tienen una cuenta oficial de Twitter, al tiempo que solo 25 contaban con una página de Facebook en diciembre de 2012, de acuerdo con información de la página web de la SRE.

La falta de coordinación en los mensajes enviados a través de las cuentas de Twitter de las embajadas mexicanas es más que notable. Mientras que la cuenta oficial de la Embajada de México en EU (@embamexeua) solamente se activa para replicar los mensajes del embajador Sarukhán, las cuentas de las embajadas de Portugal (@embamexpor) y de Panamá (@embamexpan), por poner otros dos ejemplos, fueron actualizadas hace más de 6 meses. 

La descoordinación en los mensajes de la diplomacia pública mexicana, o diplomacia pública 1.5 como la he llamado, se debe a varios factores. En primer lugar, a que la SRE no tiene una oficina o una subsecretaría de diplomacia pública, como sí la tiene el Departamento de Estado estadounidense. En segundo lugar a la falta de presupuesto ya que Comunicación Social de la Cancillería recibió unos 27 millones de pesos en el 2010 (apenas el .45% del presupuesto total de la SRE). De igual forma, la Oficina de Internet de la Presidencia era la encargada de coordinar la comunicación en Internet de todas las dependencias del gobierno mexicano durante el sexenio de Calderón, lo que generaba tardanza en la actualización de la información y el que no se pudiese realmente instrumentar una diplomacia pública 2.0 que ayudara a revertir la mala imagen de México en el mundo.

Por todo lo anterior, el Canciller Meade bien podría inaugurar su trabajo inspirándose un poco en el de Hillary Clinton y en todo lo que ésta se interesó en la diplomacia digital y lanzar un verdadero esfuerzo de diplomacia mexicana 2.0.

Paz en una nación armada

Michael Moore

http://www.jornada.unam.mx/2012/12/28/politica/008a1pol

 

 

 
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