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Seguridad Social

 


 

DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

 

OTTO VON BISMARCK (Prusia Schoenhausen 1815-Friedrichsruh 1898).

Estadista alemán hijo de un capitán de caballería retirado que en su periodo universitario cursó derecho en Berlín y Gottingen. Desempeñó diferentes ocupaciones. Perteneció al Parlamento de Prusia. Fue su representante en la Dieta de los países alemanes en Francfort. Embajador de Prusia y Francia. Y como militar, a finales de 1862 asumió los cargos de Primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores. En 1864 derrotó a Dinamarca quitándole los ducados de Schleswig y Holstein y en 1866 se enfrentó a Austria en la victoria de Sadowa, otorgando ese mismo puesto relevante en las vidas alemanas que los austríacos habían tenido a Prusia. Entre 1870-71 la Confederación del Norte de Alemania, que el propio Bismark había creado, derrotó a Francia en la Guerra Franco-Prusiana. Se configuró el Gran Imperio Alemán del que fue nombrado primer canciller. Intentó aumentar el poder del Imperio por medio de ataques al partido socialdemócrata con leyes excepcionales, tomando algunas leyes sobre retiro obrero y luchando contra el partido católico (Kulturkampf). Esto ocurrió en torno a 1878. Llevó a cabo la Triple Alianza formada por Italia, Austria y Alemania así como otros pactos y alianzas. Se hubo de retirar del poder cuando Guillermo II accedió a la corona por problemas personales entre ambos. Recibió tanto honores militares como nobiliarios.

 

LA REFORMA DEL SISTEMA DE SEGURO SOCIAL:

LA SOLUCION Y SUS RIESGOS

                LIC. ALFONSO CASO AGUILAR

Hablar del problema de la seguridad social es postular -como razonaría BORGES-  que la seguridad social es un problema. Lo es, en efecto, y de vastas proporciones. En este trabajo se lo aborda solo en la medida en que concierne el sistema de pensiones y a su recién reforma.

     Tener 65 anos o mas significa, todavía, comenzar a padecer también disfuncionalidades físicas, mentales y sociales. Pero, sobre todo, significa estar en la posibilidad y, en general, en la necesidad, de retirarse de la vida económicamente activa con la inevitable dificultad para sustituir el ingreso que se percibía por trabajar.

     La condición de "vejez", con sus consecuencias sobre el sistema familiar, de salud publica, social, ha sido aliviada de muy diversas maneras en la historia humana. El Estado moderno, sobre todo a partir de la Segunda Guerra, la atendió a través de los sistemas  de seguridad social que están en el origen mismo del Estado de bienestar.

     En México, en América Latina, la preocupación por la seguridad social es tan antigua como la existencia misma de las naciones independientes. Para Morelos (1813), era necesario moderar la opulencia y la indigencia, de tal suerte que se mejorasen, a su vez, el jornal del pobre y sus costumbres y se mitigara la ignorancia. Para Boliver (1819), el sistema de gobierno mas perfecto era "aquel que produce la mayor suma de felicidad  posible, la mayor suma de seguridad social (sic) y la mayor suma de estabilidad política".

     Las medidas parciales que condujeron  a la creación de los sistemas modernos de seguridad social se impusieron en la Alemania de Bizmar. Seguros obligatorios de enfermedades, accidentes de trabajo y de invalidez y vejez comenzaron a establecerse en Europa en las dos ultimas décadas del siglo xix.

     Los avatares de la azarosa existencia de la seguridad social en el siglo xx tuvieron su punto culminante en 1942, cuando William Beveridge presento al gobierno británico el Informe que transformo los distintos seguros sociales en un verdadero sistema. Así, la seguridad social se convirtió en "una lucha contra los cinco grandes factores de la infelicidad humana, entre los cuales la ignorancia juega igual papel que la indigencia, la enfermedad, la suciedad y la ociosidad".

     Fue el momento de apogeo del Estado de bienestar: por el hecho solo de serlo, todos los ciudadanos accedían al "derecho de ser protegidos, con pagos en efectivo o con servicios, en situaciones de dependencia de largo plazo (vejez, invalidez) o de corto plazo (enfermedad, desempleo, maternidad)."

     Pocos países lograron esta cobertura universal aunque muchos se proclamaron en su momento como estados sociales.

     Es cierto que, en México, la creación de la Comisión Técnica del Seguro Social en 1941 ocurrió antes del informe Beveridge y que estuvo precedida, desde la década de los veinte, por varias leyes de seguro social generales y parciales, solo que todas ellas -de acuerdo con el modelo bismarckiano- condicionan sus capítulos sustantivos a una relación laboral. Es decir, la población protegida es la que tiene una relación laboral remunerada y solo se extiende a grupos no asalariados de modo limitado. La aportación del trabajador es al mismo tiempo condición y medida para acceder a la seguridad social y el seguro mismo se constituye a partir de los riesgos que surgen del trabajo o de la actividad profesional.

     Los "grandes factores de la infelicidad humana" de Beveridge siguen constituyendo quizá el desafió mas importante que México debe superar en el siglo que se inicia.

     La Ley del Seguro Social de 1943 declaraba: "La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho de subsistencia y los servicios necesario para el bienestar individual y colectivo. El seguro social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio de carácter publico nacional".

     Aun cuando esta vocación universal se aplico solo a partir de una relación laboral formal, hasta 1997, los grandes esfuerzos realizados durante cinco décadas han hecho posible que un poco mas de la mitad de la población se beneficie de las distintas prestaciones de la seguridad social a pesar de que el numero de asegurados que cotizan efectivamente no rebasa los 15 millones de trabajadores.

Los cambios de la seguridad social en el mundo

En términos económicos el ciclo de vida de una persona tiene periodos de actividad e inactividad. Estos últimos se explican porque la persona no puede trabajar o bien a causa de su corta edad o su vejez. En las sociedades tradicionales, en las que persiste una organización a partir de la familia extensa, la solidaridad familiar intergeracional garantiza los medios para satisfacer las necesidades de aquellos miembros que no pueden trabajar. Las familia extensa, sin embargo, tiende a desaparecer en las sociedades modernas, La familia moderna, nuclear, deja desprovistos a aquellos que ya no pueden trabajar y que por algún motivo no han ahorrado para su vejez.

     Los sistemas que fueron apareciendo paulatinamente a los largo del siglo XIX como un intento de garantizar una vida digna en la vejez de las personas que trabajan (modelo bismarkiano) o, en el siglo XX, para proporcionar un nivel razonable a todos los ciudadanos de una nación a lo largo de toda su vida (modelo Beveridge), se sustentaban en un contrato social que se fundamentaba en una solidaridad intergeneracional mediante la cual los asegurados, durante su ciclo de vida económicamente activo, las empresas en que estos trabajaban y el propio gobierno, aportaban cuotas a un fondo de pensiones. Es decir, las cuotas de los asegurados activos se transformaban en las pensiones de los asegurados retirados; a su vez, los trabajadores en activo actuales recibirían, al retirarse, una pensión integrada por las cuotas de los nuevos activos.

     Este modelo, a partir del cual se desarrollo la mayor parte de los sistemas de seguro social en el mundo, se ha llamado de reparto, de beneficios definidos, o pay as you go, y esta vigente en la mayor parte de los países desarrollados.  Supone la participación del Estado en su financiamiento y administración.

     El sistema es auto sostenible financieramente siempre y cuando exista un equilibrio financiero entre sus ingresos y sus egresos; ya sea porque el numero de trabajadores que cotizan y el nivel de sus cotizaciones son suficientes para soportar al numero de pensionados y consecuentemente, al gasto por pensiones; o bien, porque sin ser estos suficientes, existen reservas actuariales de donde es posible tomar los recursos financieros faltantes.

     El modelo de beneficios definidos, uno de los pilares centrales de todo sistema se seguro social junto con la salud publica, se ha convertido, sin embargo, en un problema mundial del mayor alcance en las ultimas décadas: todos los países debaten soluciones o ya las han implantado.

     Las causas admiten diversas explicaciones. La mas socorrida, aunque no es la única y ni siquiera la mas importante, es  la demográfica.

     En efecto, en  1990 el numero de personas mayores de sesenta años en el mundo era de 500 millones: en el 2030 será de 1400. En los países europeos este problema cobra mayor importancia porque su población mayor de sesenta es y será cada vez mas importante y el numero de trabajadores activos, en cambio, disminuye.

     Pero el equilibrio financiero de los sistemas de seguro social se ve amenazado no solo por el crecimiento de la tercera edad, sino también por la falta de recursos actuariales de montos suficientes: además, por diversas razones, algunas de las cuales se abordan mas adelante, el Estado dispone cada vez menos recursos para financiar incluso su propia participación en el modelo de reparto.

     En la actualidad, la mayor parte de los países del primer mundo discute propuestas para financiar el desequilibrio financiero inminente e ineludible. (Moreno:1999) "La necesidad de reevaluar las políticas -señala el Banco Mundial- es aun mas urgente en los países de América Latina, Europa Oriental yla antigua Unión Soviética que ya no pueden permitirse los programas formales de seguridad económica en la vejez que establecieron hace mucho tiempo." (BANCO MUNDIAL: 1994) Así, se hace necesario implantar dispositivos para que desde ahora "se reserven los fondos públicos a los mas pobres y se induzca a las capas medias a dirigirse hacia los mecanismos de ahorro individual para asegurar su vejez". (GUILLEN:1999)

     Con esta idea, el Banco Mundial imagino un modelo de aplicación universal que estaría apoyado en tres pilares: el primero, publico, de asistencia, obligatorio, administrado por el Estado y financiado con impuestos: el segundo, privado, de ahorro obligatorio, administrado por el sector privado y prefinanciado en su totalidad, es decir, que las sumas destinadas al pago de pensiones se capitalizarían. En fin, el tercer pilar seria el ahorro voluntario, administrado por el sector privado e igualmente prefinanciado. De esta manera se cumpliría una función de ahorro para los individuos que tienen la capacidad de hacerse de ingresos adicionales para su retiro. (BANCO MUNDIAL:1994).

     En México, estas recomendaciones comenzaron a ser aplicadas, en las modalidades que se consideraron mas pertinentes, a partir de 1992, con la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Las reformas al seguro social en México

Tres son las explicaciones que suelen aparecer cuando se discute el problema del seguro social y, particularmente, el de las pensiones en la historia reciente de México, y con ellas se explican las reformas que se iniciaron en 1992. La primera concierne los aspectos demográficos. La segunda se desprende de la crisis económica, y, finalmente, la tercera es resultado de la modificación de la estructura laboral producida tanto por la crisis como por el efecto de la globalización de los procesos productivos.

Aspectos demográficos

Quizás uno de los cambios mas visibles del siglo XX sea el crecimiento de la población en los países entonces llamados del Tercer Mundo, sobre todo desde el fin de la terminación de la Segunda Guerra. Los índices de mortalidad que antes frenaban el crecimiento de la población cayeron abruptamente a un ritmo hasta cinco veces mas rápido que la caída equivalente en la Europa del siglo XIX. Y es que mientras en Europa el descenso de la mortalidad se debió a la lenta mejora de las condiciones generales de vida, en el caso del Tercer Mundo no fue necesariamente la vida lo que mejoro, sino la tecnología que invadió al mundo entero. A partir de los años cuarenta, las innovaciones medicas y farmacológicas, el uso intensivo de insecticidas, algunos cambios de hábitos de higiene, el proceso mismo de urbanización, comenzaron a salvar vidas en gran escala, sobre todo, las de los niños: se pudieron erradicar las infecciones intestinales, la viruela, el sarampión: combatir eficientemente el paludismo, la tuberculosis.

     Mientras en el mundo en general, las tasas de natalidad seguían siendo altas y, a causa de la prosperidad mundial que se inicio al termino de la Guerra, se hicieron mas altas aun, las tasas de mortalidad cayeron verticalmente. En México en particular, por ejemplo, quedaron reducidas a menos de la mitad en 25 años a partir de 1944.

     Un efecto secundario de este  fenómeno fue el aumento de las diferencias entre países ricos y pobres, aunque las economías de ambos grupos crecieran en la misma proporción. "Repartir un PIB dl doble de grande que hacer treinta años en un país de población estable es una cosa: repartirlo entre una población que (como en el caso de México) se ha duplicado en treinta años, es otra". /HOBSBAEM: 1998)

     A principios de la séptima década del siglo XX se comenzaron a ver en México indicios de una transición demográfica: la tasa de fecundidad comenzó a descender. "Antes de 1973 era tan elevada -de 6.4 hijos nacidos vivos por mujer en edad de reproducción al termino de su vida-, que el efecto inercial ha sido sumamente marcado", tanto, que en la actualidad, 27 años después cuando el crecimiento demográfico se calcula en alrededor de 1.6 por ciento anual, la fuerza de trabajo sigue creciendo año con año. (URQUIDI 1997)

     El doble efecto del descenso de la mortalidad y la fecundidad sumado al efecto inercial permite a los demógrafos predecir la composición futura de la población por grupos de edades. En 1930, el sector de la población de 65 años y mas era del 2.6 por ciento del total; en 1990, este porcentaje fue de 3.7; en 2030, será del 11.7 )HAM CHANDE: 1998) La población mexicana envejece inexorablemente si no al ritmo y en la forma en que lo hacen la de los países europeos, por ejemplo, si de una manera que debe preocuparnos ya.

     ?Cuales son las consecuencias de este envejecimiento si no asociamos con los problemas generales de la seguridad social en nuestro país?

     El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) considera que a los 60 años de edad un trabajador puede tener derecho a una pensión por cesantía en edad avanzada y a los 65 años a una pensión por vejez. Quienes a principios del siglo XXI sobrepasaron ya los 60 años, se encontraban en edad productiva entre 1950 y 1970, periodo de concentración económica y poblacional, así como de expansión del trabajo asalariado. Estos grupos se beneficiaron por largo tiempo de las mejores condiciones de acceso al mercado de trabajo como asalariados. Consecuentemente, tuvieron mejores oportunidades para participar en la seguridad y en un plan de retiro de pensiones. Actualmente disfrutan en mayor o menor proporción de esos beneficios. (GOMES: 1998)

     Sin embargo, este es el caso menos frecuente: mas de la mitad de los mexicanos mayores de 60 años creen que no tienen derecho a una pensión y apenas el 16.7 por ciento de los ancianos que ya  trabajaron alguna vez esta inscrito en algún  plan de retiro. (GOMEZ 1998)

     En México, un individuo puede comenzar su vida laboral a los 14 años. En las ramas del comercio y del trabajo agropecuario, el rango de entrada a estas actividades se extiende hasta los 55 o 65 años. En estas áreas  la esperanza de vida activa es mas alta, y ahí se encuentran los trabajadores de mas bajo acceso al seguro social. (PARTIDA: 1977) El bajo ingreso y la baja escolaridad, que han sido características tradicionales de estas ramas -en las que se concentra el trabajo no asalariado-, se asocia con la falta de protección de pensiones.

     Mas todavía: una buena parte de los 6 millones de personas que en 1995 eran mayores de 60 años constituyen un desafío para el sistema debido a su condición pasada de autoempleo y subempleo: es decir, fueron contribuyentes durante un tiempo insuficiente para ahorrar y tener derecho a una pensión. De estos, el 83.5 por ciento en áreas urbanas y el 92.1 por ciento en áreas rurales, no cuentan con ningún tipo de pensión. )INEGI: 1998)

     La incorporación de las demandas de un gran contingente de la población sin ninguna fuente de contribución exige progresivamente mas recursos sin que el Estado, sus instituciones o la sociedad, se hayan preparado para financiarlos o estén en condiciones de hacerlo.

Aspectos económicos

Hasta la década de los setenta, al fin de los treinta años, que siguieron a la Segunda Guerra prevaleció, en la mayor parte del mundo no socialista, el llamado Estado benefactor o social de derecho, al mismo tiempo que una fuerte regulación en los mercados nacionales e internacionales, A partir de ese momento, sin embargo, comenzó a elaborarse una nueva modalidad, tanto de producción como de consumo, que se aparto de la mediación del Estado. El socialismo se derrumbo; muchos países y muchos mas millones de habitantes adoptaron la economía de mercado y se impuso una nueva división internacional del trabajo y de la producción.

     La empresas multinacionales se transformaron en empresas realmente mundiales: en 1975, 11 mil empresas controlaban 82 mil filiares en el extranjero y significaban el 25 por ciento del comercio mundial y el 75 por ciento de emisiones de obligaciones internacionales. En 1990, 37 500 empresas controlaban a 207 mil filiales extranjeras y realizaban ventas por valor de la mitad de todo el comercio mundial. (ANDREFF: 1990) Para 1998, y como producto de la concentración del capital, 200 empresas de seis países controlaban el 26 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. (CLAIRMONT: 1999)

     Los procesos de expansión de las multinacionales incluyen una política agresiva de reducción de cargas fiscales (tansfer pricing) a través de la distribución de sus operaciones en distintos países de acuerdo con las facilidades fiscales que estos ofrecen. El impacto sobre los ingresos de los Estados es brutal. Baste como ejemplo el caso bien conocido de BMW: para 1988 había pagado al fisco alemán mas de 500 millones de marcos; gracias a un esquema de plantación fiscal global, en 1994 no solo no debió pagar millones de marcos como devolución. "Intentamos producir los gastos allá donde los impuestos son mas elevados, y eso es dentro del país", explico el director financiero de la empresa. (MARTIN: 1998)

     En concomitancia con al acelerada apertura de las conocías, el Estado de bienestar comenzó a enfrentar graves dificultades que lo llevaron en todo el mundo a implementar reformar para adaptarse a los nuevos tiempos. En México se inicio, a partir de la crisis de la deuda externa de 1982, un cambio en la política económica que ha procurado insertar al país, con éxito, en el proceso de globalización.

Cambios en la estructura laboral

La desaceleración de la actividad económica produjo una drástica contracción en el crecimiento del mercado de trabajo que, a pesar del dinamismo que se observa a partir de 1998, constituye todavía uno de los problemas estructurales mas importantes. A falta de alternativas, esta mano de obra, sin empleo se dirigió a los Estados Unidos o, en mucha mayor proporción, hacia la economía informal.

     De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) correspondientes a 1995, la producción originada en el sector informal de la economía se elevo alrededor del 8 por ciento del PIB. En ese año, de acuerdo con ciertas fuentes, el empleo informal represento hasta el 59 por ciento del total nacional. Análisis mas conservadores sitúan este porcentaje entre el 42 y el 44 por ciento. (FADL KURI: 1999a)

     El crecimiento explosivo de este sector constituye en cierto modo un paliativo para la situación reinante en el mercado de trabajo, y logra atenuar las cifras del desempleo abierto en relación con otros países de mayor desarrollo económico. No obstante, las personas que trabajan en este sector lo hacen generalmente en "actividades poco productivas, mal remuneradas, en condiciones que no apoyan el desarrollo del capital humano y en ausencia de seguridad social". (FADL KURI: 1999b)

     Un cambio importante en la estructura del trabajo en el mundo y aun no apreciable en nuestro país consiste en una variedad del autoempleo que, si bien esta bajo control fiscal, rara vez ingresa en el sistema de seguridad a un cuando tendría la posibilidad de hacerlo a través de convenios voluntarios.

La reforma y sus razones

El sistema de pensiones generalizado hasta antes de 1997 era un plan de reparto, de beneficios definidos. La buena marcha de este modelo, como se ha dicho, supone una relación actuarial adecuada entre contribuciones y beneficios. En nuestro caso, los factores demográficos, económicos y el cambio en la estructura laboral que se examinaron anteriormente, minaron el equilibrio financiero del plan de reparto hasta hacerlo inviable.

     Para que el sistema mantuviera su equilibrio habría sido necesario aumentar las contribuciones o reducir los beneficios, o una combinación de ambos. De acuerdo con un estudio del IMSS (1995) se estima que de haberse mantenido el anterior sistema, se hubiera requerido aumentas las contribuciones a 23.3 por ciento del Salario Base de Cotización (SBC) (actualmente integran el 8.6 por ciento ) en el año 2020 o, de lo contrario, el financiamiento del pago de beneficios tendría que provenir de recursos fiscales extraordinarios. (SOLIS SOBERON: 1999)

     De acuerdo con la Exposición de Motivos que el Ejecutivo envió al Congreso para justificar la reforma de la Ley del Seguro Social en 1997, aun en las proyecciones mas optimistas en cuanto al crecimiento del salario del empleo, estaba previsto que para 1999 los egresos del seguro de Invalidez, Vejez, Cesantía en edad avanzada y Muerte (IVCM) superarían a los ingresos, "es decir, las cuotas que por este ramo están cubriendo los trabajadores en activo no alcanzarían para pagar la nomina de pensionados. Ante esta situación, se recurriría al uso de la reserva que es minima, la cual se agotaría en dos años." (EXPOSICION: 1999)

     Es necesario decir, además, que el sistema de reparto presentaba en México varias fallas. La formula utilizada para el calculo de los beneficios consideraba el salario promedio obtenido durante los cinco últimos años antes del retiro. Esta modalidad de calculo traía aparejada la tendencia perversa a subdeclarar salarios durante la mayor parte de la vida del trabajador y solo declarar el salario verdadero durante los últimos años, puesto que eran estos los considerados en el calculo de los beneficios. También: existía el incentivo a cotizar solo el periodo mínimo requerido para asegurar la pensión mínima.

     Intentos fallidos para paliar los efectos de las crisis llevaron a aplicar políticas proteccionistas hacia el sector privado y a permitir el rezago en el ajuste de las aportaciones patronales.

     La llamada portabilidad de los beneficios era también una deficiencia de diseño del sistema anterior. Esto suponía que un trabajador que cotizaba al IMSS perdía sus beneficios si cambiaba al sistema del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o a otros alternativos y viceversa.

     Por otra parte, el mejoramiento general de las condiciones aumento la esperanza de vida: en 1950 era de 49 años para el año 2000 es de 72, sin embargo, la edad de elegibilidad del retiro no se modifico. De hecho, la tosa de crecimiento anual de los pensionados por el IMSS aumentaba en promedio el 7 por ciento anual hasta 1997: así, se hacia necesario pagar la pensión de cada vez mas personas durante cada vez mas tiempo.

     Por si lo anterior no bastara, la caída de los salarios reales se tradujo en menores aportaciones per capita, y, si bien los salarios crecieron por debajo de la inflación, los gastos en materia de salud aumentaron aun ritmo mayor que el del índice general de precios.

     Ya en la década de los setenta y sin demasiado respaldo actuarial, comenzaron a ingresar al sistema de seguro social sectores de población que no aportaban de un modo significativo a su financiamiento, pero si parecían constituir un procedimiento de legitimación del sistema político.

     Entre ellos se cuentan trabajadores estaciónales del campo, miembros de sociedades locales de crédito ejidal, productores de caña de azucar y sus trabajadores, henequeneros, tabacaleros, algodoneros, vendedores de billetes de lotería, etc.  "No obstante, por su condición irregular, ninguna de ellos cuenta con bases de financiamiento que los haga autofinanciables." (EXPOSICION: 1999)

     Otras razones que contribuyeron a la crisis financiera del IMSS en su ramo de salud deben imputarse a la llamada "transición epidemiológica"; es decir, que si se considera que los padecimientos de tipo infeccioso han sido en general superados, en cambio las enfermedades asociadas a la sociedad industrial (cáncer, accidentes, enfermedades cardiovasculares) han aumentado. Estas ultimas suponen una tecnología avanzada y costosa para atenderlas.

     La acción combinada de estos factores se vio agravada por la drástica disminución de las aportaciones estatales: estas cayeron de 11 por ciento de los ingresos del IMSS en 1980 a solo 5 por ciento en 1994. (AYALA ESPINO: 1999) Sin embargo, este decremento se equilibro con incrementos en las cuotas patronales. En otros términos, las cuotas y aportaciones no disminuyeron en su monto total, pero esta transferencia de costos hizo aun mas vulnerable el sistema.

     Así, se fue construyendo paulatinamente una situación en la que el IMSS no podía hacer frente a gastos en materia de salud cada vez mayores, y al mismo tiempo seguir garantizando el pago de las pensiones, con lo  que el déficit s volvió crónico.

     Aunque es innegable que la reforma del sistema de pensiones reponde al propósito de garantizar un sistema de seguro social, su instrumentación, en cambio, no esta exenta de incertidumbres y riesgos. Dar cuenta de ellos a plantear alternativas puede contribuir a evitar errores que pueden resultar dramáticos.

SEGUNDA PARTE

LA SOLUCION

En 1992 se reformo la Ley del Seguro Social para incorporar el  SAR; este se consideraba como un sistema complementario al sistema de pensiones establecido.

     En julio de 1997 entro en vigor una nueve Ley del Seguro Social. las consecuencias de esta trascienden con mucho los cambios explícitos y suponen, también, un cambio sustancial de la concepción del Estado creado por la Revolución. Aquí, sin embargo, nos ocupamos solo de las implicaciones del cambio de la Ley del Seguro Social de 1997 en el sistema de pensiones.

     Ciertamente, la adopción de un sistema de capitalización para sustituir el de reparto permitió hacer frente al problema de insolvencia financiera crónica que arrastraba el IMSS. El costo de transición de la reforma fue asumido por el Gobierno Federal y será cubierto con recursos discales. Por otra parte, los otros ramos de seguro, incluyendo el correspondiente a Enfermedades y Maternidad presentan equilibrio financiero.

     En términos macroeconómicos, se busca que los objetivos de la reforma trasciendan el ámbito de las pensiones propiamente dichas al fomentarse el ahorro interno. Las cuentas de capitalización individual alentarían la creación de un circulo virtuoso del tipo: ahorro que promueve inversión, que aumenta la producción, que a su vez genera empleos, mayor masa salarial y al final mayores cotizaciones al sistema de pensiones.

     De hecho, para finales del año 2000 los fondos del sistema de pensiones depositados en las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) sumaran 20 mil millones de dólares, lo que equivale al 5 por ciento del PIB. (BORREGO: 2000a) A mediano plazo, constituirán el 25 por ciento del PIB en 10 años, y mas del 50 por ciento en 30 años. (GUILLEN: 1999)

El nuevo sistema

En el sistema anterior, el financiamiento se obtenía mediante una aportación tripartita, de los patrones, de los trabajadores y del gobierno. El IMSS se encargaba de recaudar estos aportes, que en 1996, ultimo año  del sistema IVCM, equivalían al 8.25 por ciento del SBC. Este correspondía al salario contractual mas otros pagos, como los bonos.

     Los requisitos de elegibilidad para obtener una pensión por vejez eran cumplir 65 años de edad )o 60 para la pensión por cesantia en edad avanzada) y haber aportado una contribución mínima durante al menos 500 semana. Los beneficios se calculaban como un porcentaje del salario diario promedio de cotización correspondiente a las ultimas 250 semanas de cotización, tomando en cuenta el grupo de salario en veces del salario mínimo general para el DF: que llagara a corresponder y, considerando porcentajes de incremento anual por cada 52 semanas después de las primeras 500. Las pensiones de cesantía en edad avanzada tenían unja reducción en su monto, de acuerdo a la edad de entrada a la pensión y las pensiones de invalidez, se determinaban de una manera similar a las de vejez.

     A partir de 1997 las contribuciones, cuya composición tripartita no cambia, se depositan en cuentas individuales de capitalización. El programa es obligatorio para todos los trabajadores afiliados al IMSS, se basa en contribuciones obligatorias -y voluntarias-, y garantiza una pensión mínima para todos aquellos que hayan cotizado en el nuevo sistema al menos 24 años (1 250 semanas). Los recursos que se habían acumulado en el SAR se trasladan a la cuenta individual del trabajador.

     Los trabajadores incorporados al IMSS hasta el 30 de junio de 1997, al momento de calificar para una pensión por cesantia en edad avanzada o vejez, podrán elegir entre los beneficios concedidos por la ley derogada o por las que otorga la ley en vigor. Al elegir los beneficios derivados de la ley derogada, los fondos acumulados en sus cuentas individuales deberán ser entregados por las AFORES al Gobierno Federal.

     Aquellas personas que comenzaron su vida laboral a partir del 1 de julio de 1997 se regirían exclusivamente con el nuevo sistema de capitalización.

     Con aportaciones del Estado, el IMSS continuaría pagando las pensiones de los ya retirados.

     La administración del nuevo sistema de pensiones queda exclusivamente a cargo de las AFORES, las cuales se encargan de invertir los recursos provenientes a través de las Sociedades de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro (SIEFORES). El objeto exclusivo de las SIEFORES es invertir los recursos de las cuentas individuales con el propósito de obtener la mayor seguridad y la mayor rentabilidad. Para regular y supervisar las operaciones de las AFORES y de garantizar que se proporcione toda la información  necesaria para que el trabajador elija las diferentes AFORES que compiten en el mercado se creo la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)

     El trabajador tiene el derecho de cambiar de AFORE como máximo una vez al año.

     En el momento de llegar al retiro, el trabajador puede elegir entre la firma de un contrato con una aseguradora privada que le garantizara el pago vitalicio de una renta, con valor constante en términos reales, o retirar sus fondos de la AFORE con un calendario que se calcula dividiendo el monto del saldo de su cuenta entre los años esperados de vida.

     Para tener derecho a la pensión mínima es necesario haber cotizado durante lámenos 1250 semanas durante la vida laboral. Si esto no ha ocurrido, el trabajador tiene derecho a retirar los fondos acumulados en su cuenta en una sola exhibición.

Los problemas de la solución

Ciertamente, la reforma al sistema se seguro social no se emprendió con el fin de enfrenar problemas de cobertura o insuficiencias que el sistema de reparto no había podido resolver. Se crearon las condiciones para el adecuado funcionamiento de un nuevo modelo basado en cuentas individuales de capitalización con miras a garantizar una vida digna a quienes se retiran de la actividad económica después de haber cotizado durante un tiempo determinado en un sistema forma. Se soluciono, además, la crisis financiera del sistema administrado por el IMSS y se inicio un proceso que puede constituir un importante mecanismo de ahorro interno.

     El nuevo sistema fue implantado teniendo en cuenta varias experiencias Latinoamérica similares. El caso de Chile reúne ya veinte años de experiencia y su experiencia permitió aprender de sus dificultades. Los casos de Bolivia, El Salvador, Perú, Colombia, Argentina y Uruguay son mas recientes, pero igualmente aleccionadores.

     La operación del nuevo sistema de capitalización, sin embargo, conlleva un cierto numero de riesgos que es indispensable minimizar para consolidar su éxito. Observarlos y proponer vías de solución es deber no solo de especialistas, sino de la ciudadanía en general puesto que los efectos del sistema de retiro conciernen a toda la sociedad. La comparación con modelos similares ya implantados en otros países pueden ser, igualmente, de provecho.

     Por otra parte, existen grandes pendientes históricos que si bien en muchos casos no afectan el correcto desempeño del sistema vigente, aunque a menudo lo tocan, si constituye preocupaciones de primera magnitud para la sociedad y el Estado mexicanos en relación con el bienestar social de la población. Es por eso que en este trabajo se los aborda.

La cobertura

A pesar de grandes esfuerzos, el sistema de pensiones mexicano se caracterizo siempre pro tener una cobertura limitada. "En este sentido -señalaba la Exposición de Motivos a la Ley del Seguro Social de 1997-es importante considerar que a los diferentes regímenes de seguridad social del país, es decir, al IMSS, ISSSTE, Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM), etc., únicamente cotizan el 35 por ciento de la población ocupada (incluyendo en esta a los trabajadores no asalariados o por cuenta propia), por lo que aun nos encontramos alejados del ideal de universalidad que siempre ha sostenido la seguridad social mexicana". (EXPOSICION: 1997: INEGI: 1999) Además, el 90 por ciento de la población asegurada solo recibía la pensión mínima.

     A principios del nuevo Milenio la situación no ha cambiado sustancialmente. Actualmente, 14.5 millones de personas tienen una relación laboral que les permite el acceso al sistema de seguro social objeto de la reforma. Esto significa que solo alrededor de la mitad de la población recibe algún tipo de beneficio derivado de su dependencia con un trabajador que cotiza en el sistema de seguro social (tipo ISSSTE, o privado). (INEGI: 1999; BORREGO:2000a) Por otra parte, de acuerdo con las estimaciones del INEGI y la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, en 1996 el numero de habitantes Es decir, mas de una tercera parte de la población total carecía de cualquier forma de seguro social. (CONSAR 1.1) Por lo demás, una de las razones de la propuesta del cambio del Banco Mundial obedece precisamente a que a pesar de todos los esfuerzos, el promedio mundial de cobertura no ha logrado rebasar el 40 por ciento de la población que trabaja. (BANCO MUNDIAL: 1994)

     El gobierno ha reconocido la existencia de 30 millones de mexicanos en la pobreza extrema que constituyen el reto social y económico mas serio de los años por venir.

     En las zonas marginadas de México, los programas asistenciales han constituido paliativos para los problemas de alimentación, salud y educación.

     Los únicos "regímenes especiales", que en otros países protegen a los trabajadores del campo, están contenidos en el Reglamento de la Seguridad Social para el Campo (Art.235). Los trabajadores rurales solo pueden incorporarse al régimen IVCM, obligatorio para los demás, a través de un convenio voluntario.

     En este renglón, una preocupación compartida por todos los países latinoamericanos es el hecho de que los nuevos sistemas no parecen estimular la ampliación de la cobertura. Cualquiera que sea la explicación -desempleo y consecuente crecimiento del sector informal u potras modificaciones en la estructura laboral-, el abandono de los sistemas formales es un factor de inquietud creciente. (MESA-LAGO: 2000)

Riesgos sociales

Aun cuando la pensión mínima que el Estado garantiza mitiga ciertos riesgos del sistema de capitalización, sin duda, la liberalización del sistema de pensiones, requiere de una cuidadosa supervisión y de una regulación prudencial eficaz.

     Uno de los argumentos que esgrimen los defensores de la intervención publica en los sistemas de pensiones, es la existencia del llamado riesgo social que surgiría cuando una contingencia afecta de forma simultanea a toda la población o a una parte de ella -guerras, inundaciones, terremotos, etc. Una empresa privada, se afirma, no puede cubrir un riesgo social de este genero porque tendría que pagar a todos los asegurados al mismo tiempo, lo que podría llevarla a la quiebra. (MORENO: 1999)

     Ciertamente, los fondos de pensiones están sujetos a riesgos sociales derivados de la incertidumbre asociada, por ejemplo, a las tasas de interés o la inflación. Un descenso en las tasas reales es un riesgo social, porque afecta simultáneamente a todos los trabajadores y escapa al control de las empresas privadas que administran los fondos.

     Quizás, sin embargo, el riesgo mas preocupante seria el efecto de una crisis financiera o de un proceso acelerado de inflación que produzca una disminución del valor real de los fondos y, en consecuencia, una insuficiencia de recursos para financiar el retiro de los asegurados. Otro tanto podría decirse de una mala administración de los fondos que haría insuficiente o nula la capitalización.

     Como han reconocido ya ciertos estudiosos internacionales, "para proteger los intereses de los trabajadores, los segundos pilares obligatorios como define el Banco Mundial al sistema de capitalización, de contribuciones definida deben ser regulados para asegurar la diversificación de las inversiones, los limites en los costos de administración y la conformación de los portafolios, de tal manera de poner el énfasis en la preservación del capital de las personas cuyo retiro esta próximo". (GRAY: 1999)

     En el caso de México, el pago de una pensión mínima garantizada constituye un seguro contra muchos riesgos sociales.

Desequilibrios

A la cobertura limitada que padece el sistema, deben agregarse los desequilibrios de tipo sectorial y regional que todavía lo caracterizan. Baste señalar que la gran mayoría de los trabajadores del campo, cuyo empleo no esta formalmente registrado ante el IMSS se hallan fuera del sistema, que beneficia principalmente a la población urbana. Según la Encuesta Nacional de Empleo, a pesar de ser insatisfactoria, la cobertura de pensiones en áreas urbanas (14.2 por ciento), es mucho mayor que en zonas rurales (6.9 por ciento). Por otra parte, en las ciudades se agudiza cada vez mas la problemática que representa el sector informal de la economía.

     La heterogeneidad de los regímenes, se traduce en incompatibilidades entre el sistema de cuentas individuales surgido de la reforma, y los sistemas de pensiones restantes, basados en el reparto, con lo que no solo no se resuelve sino que se agrava el problema de la portabilidad. Las semanas que se trabajan en uno u otro sistemas no son acumulables. De no resolverse, "la falta de portabilidad puede constituirse en una restricción a la movilidad en el mercado laboral". (SOLIS SOBERON: 1999)

     Por ultimo, la propia fragmentación del sistema de seguridad social es fuente de inequidades. Se observa como los afiliados a grupos de influencia, o a gremios importantes logran obtener pensiones mas ventajosas. A su vez, un numero importante delas entidades que concentran estos grupos financian sus fondos de pensiones con gasto corriente, lo que ocasiona fuertes presiones sobre sus finanzas y en el registro contable de sus balances.

Los agentes económicos

Otro aspecto de la reforma que supone, sin duda, un riesgo futuro es la excesiva concentración de los recursos del sistema en pocas agencia financieras.

     De acuerdo con la información difundida por la CONSAR, como ya se indico, se estima que al final del año 2000, el sistema (que incluye la subcuenta conjunta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez) habrá  acumulado fondos por 20 mil millones de dólares, el 5.1 por ciento del PIB.  En 10 años se elevaran s 25 por ciento del PIB y al alrededor del 50 por ciento en 30 años. (GUILLEN: 2000)

     En la actualidad, tres instituciones bancarias reciben mas de las tres cuartas partes de los depósitos. (CUADRO 2) Así, el riesgo de que un sector fundamental de la política de bienestar social quede vinculado a ciertos grupos financieros deber ser minimizado.

     Por lo demás, es esta otra preocupación compartida por todos los países latinoamericanos que han modificado sus sistemas de retiro: la concentración de los depósitos en muy pocas agencias ocurre con la misma frecuencia.

     Por otra parte, no debe olvidarse que bajo un sistema de capitalización individual, aunque el ahorrador es propietario formal de su cuenta, no puede retirar los fondos del sistema (salvo excepciones). Tampoco debe desestimarse el hecho de que en un sistema de capitalización el monto de la pensión se vuelve necesariamente incierto (son aquí los contribuciones el factor definido, no los beneficios). En efecto: se conoce el monto de las cotizaciones pero no los beneficios; estos dependen de múltiples factores.  Las variables que determinan los montos del ahorro y de la pensión son el salario percibido, el tiempo de cotización, la comisión percibida por las AFORE y la tasa de rentabilidad. "Así, basta con que el salario del trabajador sea bajo, que sufra de largos periodos de desempleo, que pague altas comisiones administrativas a las AFORES y que su inversión financiera tenga una rentabilidad mediocre, para que el trabajador se encuentre al momento de retirarse, en condiciones de precariedad." (GUILLEN: 1999)

     Un aspecto estratégico para el éxito en la instrumentación de la reforma, lo constituye la capacidad real del Estado en una adecuada supervisión de los agentes financieros participantes. Es aquí, asimismo, donde las políticas publicas y las funciones de control de la sociedad civil deben concluir para dar garantías de mayor certidumbre al nuevo sistema.

Ahorro interno

El monto de los fondos que permite captar el nuevo sistema de pensiones tendrá, ciertamente, un peso cada vez mayor dentro de la economía; sin embargo, esto no es condición suficiente para que ese ahorro adicional se refleje automáticamente en volúmenes mas altos de inversión. Esta depende, en ultima instancia, de la estabilidad que prevalezca en la economía en su conjunto.

     Conviene pues, moderar el optimismo sobre la existencia de beneficios inmediatos en el ahorro nacional como resultado de la reforma. Sin duda, esta es una de las premisas para alcanzar mejores niveles de bienestar en el largo plazo.

    Varios ejercicios realizados para los distintos países de América Latina arrojan resultados inquietantes: comprado con el costo fiscal de la transición, el ahorro interno no es significativo sino después de periodos muy largos. (MESA-LAGO: 2000)

Los costos de la reforma

El costo de transición entre un sistema y otro fue previsto: la pensión de quien optara por el sistema de reparto provendría de lo que hubiera acumulado en su cuenta individual del nuevo sistema de pensiones; lo faltante seria financiado con recursos fiscales.

     El costo anual de la reforma se estima en 0.4 por ciento del PIB durante los primeros diez años, "en los años subsecuentes se incrementaría gradualmente hasta llegar a un máximo de 0.8 por ciento del PIB; estabilizándose en el largo plazo en 0.2 por ciento del mismo producto." (EXPOSICION: 2000)

     Otros costos asociados al nuevo sistema se encuentran en su naturaleza misma. Al ofrecer seguros casi personalizados en función de las características de los asegurados, las empresas privadas operan con costos de transacción y administración importantes. La diversidad tiene costos no despreciables: obliga a los individuos a gastar recursos y tiempo en el proceso de selección de la rentabilidad del capital asegurado. (MORENO: 1999)

     Por otra parte, el mercado de los seguros privados dedica muchos recursos a la publicidad, lo que puede ser una importante fuente de gasto.

     Una característica muy estudiada en sistema de capitalización que han sido emplantados en otros países, Chile sobre todo, es el incremento en los costos administrativos por los cambios de administradora a que los afiliados tienen derecho. Limitados a una vez por año en el caso de México, se ha buscado moderarlos; con ello se limita también la libertad de elección del trabajador.

Regulación

La mayor parte de los riesgos del nuevo sistema de retiro están asociados de un modo u otro a problemas de regulación. En efecto; la capacidad  efectiva del Estado para supervisar y regular un mercado tan grande es un desafío a sus nuevas tareas institucionales.

     La nueva Ley del Seguro Social de 1997 fue emprendida con el aprendizaje de otras experiencias. La estructura institucional del sistema mexicano fue cuidadosamente estudiada. Así, los ordenamientos jurídicos que norman la CONSAR previeron las vicisitudes de la operación.

     Es importante, sin embargo, insistir en la necesidad de que estas instituciones orienten toda su capacidad hacia un criterio por la defensa de4 los intereses de los asegurados con la misma atención que hacia los mecanismos de operación financiera.

     La legislación de un marco jurídico adecuado es condición necesario pero no suficiente para una vigilancia correcta; es indispensable dotar a la CONSAR del respaldo presupuestal y administrativo que le permitan cumplir con esta responsabilidad. Frecuentemente, nos encontramos que los propósitos fundamentados en leyes se desvanecen a causa de presupuestos precarios y sobrerregulacion con la operación interna de los organismos.

     De igual manera, la transparencia es aquí de la mayor importancia y esta solo puede ser garantizada con una apertura hacia la sociedad. Agrupaciones de defensa de los intereses de los trabajadores y la sociedad civil juegan aquí un papel insustituible. En la nueva institucionalidad que se perfila, funciones de contraloría social desarrolladas por organizaciones  de la sociedad civil pueden constituir un complemento y un contrapeso a la regulación gubernamental en un asunto vital para la Republica.

     En ultima instancia, el desafío para la regulación de un sistema de pensiones es el de combinar un máximo de competencia,, lo que supone incentivos para los administradores que deben manejar de la manera mas eficiente los fondos (y que por tanto buscan las formas de gestión mas sofisticadas), con una necesidad de simplificación y claridad para que toda la sociedad pueda participar en una supervisión rigurosa.

     Las recientes experiencias respecto de la supervisión del sistema financiero nacional deben capitalizarse en favor de una operación mas sólida.  El diseño y la incorporación de mecanismos que permitan un mejor seguimiento en el comportamiento de los participantes es indispensable para prevenir y adelantarse a situaciones de crisis.

     En este sentido conviene explorar la posibilidad de promover la creación de agentes independientes que califiquen tanto la composición como el comportamiento de los valores que integren la cartera de las SIEFORES  (Bank Watchers).

Mercado e información

La reforma busca que el nuevo sistema de pensiones opere en el contexto de las normas que establece la economía de mercado. Ello parte de la premisa de la existencia de información perfecta, suficiente y oportuna, accesible a todos los participantes del mercado en forma simétrica; suple igualmente la existencia de un numero suficientemente grande de participantes para que ninguno de ellos tenga capacidad de influir o dominar de alguna forma las condiciones del mercado.

     Se habla de información asimétrica cuando "en una relación contractual (explicita o implícita) entre los individuos, uno de ellos tiene mas información de las características del bien o servicio que es objeto de la transacción, y el otro agente, por alguna razón, no puede verificar u obtener dicha información". (SOLIS SOBERON: 1999) La asimetría de la información en el mercado de los fondos de pensiones se pone de manifiesto ya en el momento de la elección de la empresa administradora: la excesiva propaganda tiende a oscurecer las ventajas reales de cada sistema. En estas condiciones, el asegurado esta impedido para tomar decisiones racionales, si además se suma la extrema complejidad de la información que requiere de habilidades hermenéuticas poco comunes.

     También: el objetivo primordial que han perseguido las campañas publicitarias de las instituciones ha sido allegarse el mayor numero de clientes, lo que aumenta las percepciones por comisiones, tanto de la AFORE como del propio vendedor del servicio. La difusión real de las ventajas e inconvenientes asociados a la manera de cobrar estas comisiones queda fuertemente oscurecida, con lo que se invierten las prioridades que busca la reforma.

     Por lo demás, el problema de la información insuficiente no es ajeno a los sistemas de pensiones de los países desarrollados. La Employment Retirement Income Security Act de 1974 fue emitida en los Estados Unidos como respuesta a una serie de problemas que afectaban los planes de pensiones, entre otros, y muy especialmente, la insuficiencia de la información proporcionada a los trabajadores. (LAW: 1996)

     La critica que se ha hecho al sistema mexicano, en relación con otros en América Latina, a propósito del monto y estructura de las comisiones parece no ser aun bien comprendida. La comisión por flujo de México: en promedio, constituyen el 1.6 por ciento del SBC que, comparado con la aportación total que es del 6.5 por ciento, da un valor real del 25 por ciento. Esto significa que antes de saber si su ahorro sea bien o mal manejado, si producirá rendimientos positivos o negativos, y aun después de haberse retirado, el trabajador ha perdido el 25 por ciento de su cotización.

    En las condiciones actuales, "para la recuperación de ese monto es necesario un tiempo que varia entre 321 meses (26 años 9 meses) en el caso del tiempo menos (...), hasta mas de 50 años en el caso de la peor opción )...); es decir, después de ese tiempo el rendimiento real será del cero por ciento para el trabajador. Es negativo antes de ese plazo y positivo después de esa fecha, esto considerando un rendimiento real de 2 puntos sobre la inflación (promedio actual y mínimo ofrecido anteriormente por el SAR)  en forma sostenida durante todo ese tiempo". (RODRIGUEZ: 1999)

     La situación es la misma en los países latinoamericanos en que se ha implantado una reforma de los sistemas de retiro y no parece acusar una tendencia a descender. (MESA-LAGO: 1999)

     Se ha argüido que el monto de las comisiones obedeció a la necesidad de consolidar el sistema, lo que sin duda se ha logrado. Ha llegado seguramente el momento en que deben ser revisadas con rigor. En la medida en que los mercados sean realmente competitivos esta condición deberá modificarse.

     Si la tesis central del cambio es la consolidación del sistema de retiro para los trabajdores, la revisión escrupulosa de las comisiones es un elemento total en el éxito del modelo a largo plazo.

Estado y sociedad civil: limitaciones y competencias

El proceso de reforma del Estado que se inicio en la octava década del siglo anterior tuvo un punto de inflexión en el cambio del sistema de seguridad social. La adopción de un modelo de capitalización, mas allá de las nuevas seguridades y riesgos personales que introduce en la vida del trabajador, suple la inserción de la sociedad mexicana en un nuevo tipo de contrato social basado en el individualismo de mercado, no muy familiar en la tradición axiológica mexicana. Con ello, el Estado benefactor asume una modificación importante para adecuarse a las nuevas modalidades de la cultura política y económica mundial.

    El estado en tanto sociedad política se separa de la sociedad civil a la que ciertamente había invadido al grado de hacerla indistinguible. Esto supone nuevas responsabilidades tanto en la esfera publica como en la esfera privada.

     La tarea que aguarda al Estado mexicano no es sencilla. Algunos teóricos han reconocido ciertas categorías de argumentos en favor de una actividad estatal vigorosa en la nueva sociedad mundial.

     La verificación de fallas de mercado que pueden tener orígenes múltiples, como la existencia de externalidades, la ausencia de mercado, la existencia de economías de escala, de bienes públicos y de una información imperfecta es una labor del orden publico insoslayable que se asocia con la actividad regulatoria del Estado sin la cual la nueva sociedad no podrá sobrevivir..

    Por su parte, el deseo de prevenir o de reducir la pobreza y de mejorar la distribución del ingreso, la afirmación del derecho a ciertos servicios o a ciertos bienes como la educación, la salud, la vivienda, y la protección de los derechos de las generaciones futuras que incluye problemas de medio ambiente, no son renunciables para el Estado. (GUILLEN: 1997)

     La tarea de la sociedad civil y de corporaciones de protección laboral como los sindicatos no es menos fácil.

    Hacer un recuento de los principales riesgos asociados a un sistema de capitalización privada tiene el propósito de evocar factores que contribuyan a prevenirlos y, en lo posible, conjurarlos. La difusión sistemática de la información como parte de una política global del Estado, y la participación de representantes de la sociedad civil y sindicatos en los núcleos de toma de decisiones de las instituciones privadas, llaméense administradoras o aseguradoras, a cargo del manejo de los recursos de los futuros pensionados, parece indispensable.

     Ahora el trabajador es dueño de su propia cuenta individual, y en caso de un manejo deficiente por parte de la AFORE de su elección, de una quiebra de la administradora o de que el fondo de la SIEFORE pierda valor en términos reales, el ultimo recurso a su alcance es la garantía de una pensión equivalente al salario mínimo. Por ello, resulta de vital importancia para los futuros pensionados disponer de información de calidad, que se relevante para la toma de decisiones individuales.

     Sin duda,  el elevado tecnicismo que caracteriza a la información financiera hoy en DIA y que la vuelve inasequible, no solo para la gran masa de trabajadores sino para muchos profesionistas que abran de retirarse, representa un reto considerable. Sin embargo, "Las dificultades practicas para desarrollar un buen sistema de información, confiable y oportuno, ciertamente no eliminan su necesidad, sino por el contrario, ponen de relieve que es una condición indispensable para reducir la variabilidad y la incertidumbre que naturalmente rodea  a las políticas".  (AYALA ESPINO: 1999) El imperativo de garantizar que la información sea veraz y que se difunda de manera efectiva entre los cotizan tez, supone a su vez, que estos últimos cuenten con alguna forma de representación dentro de las instancias de supervisión y verificación de los fondos de pensiones.

     No debe perderse de vista en ningún momento que el primer propósito de la reforma fue el de lograr una mayor protección de los intereses de los trabajadores. Un beneficio secundario fue que se consiguió, a la vez, el equilibrio financiero del IMSS. Alcanzar lo segundo sin dar solución a los primero carece de sentido en términos de una política social. Esto implica, desde el punto de vista de los beneficiarios del sistema, la existencia de una información veraz y comprensible además de la garantía de una supervisión efectiva por parte del Estado y de la propia sociedad. El papel fundamental de la CONSAR es la protección del ahorrados, independientemente de los beneficios que su adecuada operación pueda significar para la consolidación del sistema financiero. Por lo que respecta a las tareas del Estado, la eliminación de toda discrecionalidad reduce el riesgo de que el gobierno quede sujeto a presiones de los grupos financieros. La información transparente resta vulnerabilidad al sistema.

     Se llega por este camino, como por muchos otros, a un tema central que se debate en permanencia: el fortalecimiento de una sociedad civil aun débil, y su incorporación en la elaboración de la política como uno de los requisitos para vivir en una verdadera democracia.

 

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Ponencia:

EL DERECHO AL AHORRO Y A LA SEGURIDAD

SOCIAL COMO GARANTÍAS INDIVIDUALES.

Que ante la

XLVI ASAMBLEA NACIONAL DE DERECHO DEL TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL A CELEBRARSE DEL 9 AL 12 DE ABRIL 2OO6

EN MONTERREY N. L., MÉXICO

Presenta

JOSÉ MANUEL GÓMEZ PORCHINI

LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS POR

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Y MAESTRO EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y

AMPARO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS

EL DERECHO AL AHORRO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

COMO GARANTIAS INDIVIDUALES

Distinguidos Señores Asambleístas:

Es un orgullo y un honor como miembro, como egresado que soy, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, mi Alma Mater, comparecer ante Ustedes.

En ocasión tanto de la actualidad del tema de las finanzas de los sistemas de pensiones como de la problemática consistente en la falta de cultura del ahorro, en la realidad que existe por la evasión y la elusión fiscal, incluyendo el contrabando, el trabajo que se expone busca una solución jurídica a un problema político y social.

El planteamiento es en el sentido de que si estarían de acuerdo en que parte de sus impuestos se aplicara a favor de una cuenta particular de ahorro que sirviera de base para su futura pensión

La propuesta que aquí se expone, consiste en crear un impuesto indirecto, es decir, uno que se pague en cada operación gravada con IVA, y que se destine a fomentar el ahorro como medio de lograr la riqueza nacional, garantizar la seguridad social, prevenir el comercio informal, la piratería, el lavado de dinero y demás temas que abordaremos a lo largo del presente trabajo.

Este impuesto nuevo, equivalente a una parte porcentual del IVA, respetaría el quince por ciento conforme la regla de aplicación general, y el diez por ciento según está establecido en las fronteras. Podría incluso, ser de uno, dos o más puntos, conforme lo determine el Congreso de la Unión.

La suma de los impuestos a cubrir, nos seguiría dando un quince o un diez por ciento a cubrir por el consumidor, del cual, una parte será para el ahorro nacional y los restantes, se manejan como está establecido en la legislación fiscal.

De manera primordial, se pretende garantizar la seguridad social, lo que significa que el Estado asuma su responsabilidad como garante de ella, con auxilio de la población, pues el esquema actual, en México y los demás países, creado y establecido sobre la base que deban ser los trabajadores y las empresas los que soporten la carga de la seguridad social, no ha dado resultado.

El Canciller Alemán Otto Von Bismark propuso en 1889, los primeros fundamentos para la Seguridad Social.

En 1917, la primera constitución política de tipo social del mundo la Mexicana, recoge el sentir obrero y lo plasma en el artículo 123. 

Posteriormente se ordena la creación de las Juntas Federales de

Conciliación y Arbitraje, y después, en enero de 1943, se estatuye el

Seguro Social Obligatorio en México. Sin embargo, sólo un 40.1% de la población total del país tiene acceso a seguridad social. Del referido universo de 40.1% cubierto, el 80.6% (48’872,403) obtiene el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social; un 14.7% (1O’236,523) son protegidos por el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, un 2.7% (664,938) son atendidos por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios y el resto, un 2.7% (2’155,576) son atendidos por otros organismos, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, organismos estatales, universidades públicas, etc.1 2 (Datos tomados de INEGI tal cual).

 

No existe ahorro ni cultura de ahorro. El mexicano es reacio a confiar en instituciones y no cuenta, en su inmensa mayoría, con capital para acudir al ahorro Peor aún, ni entre la población con capacidad económica suficiente, existe la cultura del ahorro

 

Es importante mencionar que sólo un 12% de la población paga Impuesto sobre la Renta. Los comerciantes no cobran IVA, no reportan ventas y existen evasión y elusión de impuestos. Sólo un 51,3% del total de la población con edad de 65 años en adelante, tiene pensión  otorgada por el MSS, ISSSTE, PEMEX u otros.

 

La política de cobro de cuotas del IMSS es hostil y agresiva.

 

Existe muy extendido el comercio inf6rmal, precisamente porque existen compradores que evitan los negocios establecidos, pues con el informal no pagan impuestos directos ni indirectos y una de las principales razones es que el informal es más barato. Al cliente no le interesa si el comerciante paga o no sus impuestos.

 

Precisamente por la falta de pago de impuestos debido a la ineficiente fiscalización, existe en gran medida el lavado de dinero.

 

1 Excede deI 100%, en atención, a aquellos que gozan de Seguridad Social en dos O más instituciones.

INEGI. internet página

http://www.inegi.qob.mxfesi/contenidos/espanol/tematicosjmecjiano/ent.asp?t=msoc 02&c 1880

2 INEGI. internet página

http://www.ínegi.gob.mx/est!contenidos/espanol/tematicoslmedlano/ent.asp?t=msoc 02&c=1 880

INEGI. internet página

http://www.inegi.gob. mx/estlcontenidos/espanolltematicos/mediano/med.asp?t=msoç 08&c= 1886

Es proverbial la incapacidad del Seguro Social para cubrir su pasivo laboral. Sin embargo, el haber depositado de manera secular la seguridad social sólo en los trabajadores del mercado formal, olvidando que al fallecer éste, su viuda e hijos perciben pensiones, que son las más, se carga el peso de todo el sistema de seguridad social en unos cuantos, cuando que son muchos los que reciben beneficios.

No se debe olvidar que aún en vida del trabajador activo, la seguridad social que se lo proporciona no sólo es en su favor, pues también tienen derechos hijos y esposas, en suma, la familia toda, sin que estos últimos hayan efectuado aportación alguna, pues no existe mecanismo que así lo permita.

Se pretende demostrar que un instrumento jurídico, aplicado correctamente, es capaz de constituir un detonador de la economía del país, creando riqueza vía ahorro, generando la cultura del pago de impuestos, y sentando las bases para que el estado cubra el papel de titular de la seguridad social que la Constitución, la ley, la doctrina y la realidad le imponen.

Ese es precisamente el punto que se analiza en la presente propuesta: que la seguridad social es asunto de todos los pobladores de un país, no sólo de los asalariados. Que no se puede descansar el paso total de la carga de la seguridad social en sólo un sector, cualquiera que este sea. Ahora bien, la tecnología constituye la aplicación de herramientas de diversa índole, a efecto de hacer más sencillo el trabajo a desarrollar.

Hoy existen, y son fáciles de usar, con los conocimientos técnico- científicos apropiados, equipos de computación con programas de software que permiten una amplia gama de aplicación, que van desde llevar inventarios en cadenas de supermercados, hasta ofrecer “puntos” por acumulación de consumos, verbigracia, en aerolíneas que ofrecen vuelos gratis al acumular tantas ‘millas”, restaurantes que ofrecen comidas gratis al acumular “puntos”, tarjetas de crédito que intercambian “puntos” por productos y aún por dinero en efectivo.

Existe pues, la herramienta tecnológica capaz y suficiente, para utilizarla en el asunto jurídico a estudio.

Y el asunto jurídico a estudio, origen y cuna del presente esfuerzo, es implementar un instrumento jurídico que permita arribar al propósito planteado y que ha de denominarse Impuesto de Aportación de

Seguridad Social Indirecto, mismo que se maneja por sus siglas en el presente trabajo, IASSI, un impuesto constitucionalmente posible, jurídicamente aplicable, tecnológicamente sin trabas, que servirá para solucionar los problemas planteados, hipótesis que se tratará de demostrar en el desarrollo de este trabajo. Por Cuestión práctica, y porque así debe col-responder, según el criterio utilizado, se denominará como impuesto a la herramienta jurídica propuesta.

Se tomará una parte del IVA, a aplicarse a favor de la cuenta del titular, según los casos que se manejan.

Deberá reformarse la Constitución, para incluir como derecho y obligación, lo referente al ahorro y la seguridad social y además, promulgar y reformar las leyes que sean necesarias.

Actualmente un trabajador aporta aproximadamente $2.00, (DOS PESOS), con un salario de cien pesos diarios. Es decir, aporta el 2% de su salario para seguridad social.

Sin embargo, siguiendo al Maestro Gustavo Cano Arce, se considera que la seguridad social es una función que compete exclusivamente al Estado, y que cualquier intento de la iniciativa privada de substituirse en las funciones y competencia del Estado, es una arrogancia que invariablemente termina mal.

El Estado tiene como finalidad, en sus Presupuestos de Egresos y Ley de Ingresos, recabar lo necesario para el funcionamiento de él mismo, debiendo erogar anualmente todo lo que recauda. Luego entonces, al gobierno no le es válido tener “guardaditos”.

Sin embargo, el seguro social deja caer todo el peso de su costo, a sólo una ínfima parte de quienes acuden a solicitar sus servicios, pues por cada trabajador asegurado1 existen tres, cuatro o más dependientes económicos que también requieren servicios médicos, pero que jamás aportan nada a favor del Instituto. Los dependientes, que son la esposa o concubina, hijos y padres, también requieren servicio médico y medicinas, amén de que tienen acceso a pensiones por viudez, orfandad, etc. Ésta ha sido la causa de la descapitalización de tan noble institución.

Al darse la Constitución Mexicana de 1917, los obreros, factor real de poder, pidieron y lograron la inclusión del contenido del artículo 123, que plasmó sus deseos y necesidades. Sólo ha podido ser mejorado, sin que desmerezca en modo alguno.

Ahora, se está en posibilidad de agregar a  Constitución Mexicana, los mecanismos necesarios para proporcionar el derecho al ahorro y a la seguridad social como garantías individuales.

Una disposición, un artículo, se torna constitucional cuando se encuentra inmersa en el propio texto vigente. Para insertarla en el texto constitucional, se requiere la voluntad política de los actores de la escena pública en incluirla.

En este orden de ideas, como el IASSI se maneja al alimón con el IVA, que es un impuesto indirecto, deberá manejarse como impuesto indirecto. Se debe recordar que existen tantas formas de clasificación como clasificadores haya.

Si ya se ha explicado que para que una disposición sea constitucional, lo único que se requiere es que sea elevada a tal rango, mediante el consenso de los factores reales de poder por conducto de los actores políticos, es propuesta central de este trabajo la inclusión en el articulo 40 Constitucional, del siguiente texto:

“El Estado procurará el ahorro para todos los mexicanos que servirá para garantizar la existencia de la Seguridad Social que consiste en velar por los discapacitados, los adultos mayores, los infantes, los niños de la calle, los desempleados y en suma, por todos los mexicanos, sin distingo de raza, sexo, condición social, religión o cualquier otro elemento de discriminación. El Ahorro se obtendrá mediante los mecanismos que disponga la ley respectiva”.

Es de destacar que la propuesta se refiere al artículo 40 y no al 123, ya que éste trata lo relativo a las relaciones obrero-patronales, lo que no es materia del esfuerzo que se somete a consideración.

Una vez aprobada la inclusión del texto propuesto, habrá de dirigirse la atención a la ley respectiva.

Aquí, la propuesta es crear una LEY PARA EL AHORRO Y LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MEXICANOS, que a reserva de presentarla por separado de manera total, tendría como postulados principales: recoger la garantía del ahorro a favor de los mexicanos; establecer los medios para proporcionar asistencia médica; habitacional; de préstamos educativos; del manejo de apoyo a la cultura; del manejo del apoyo al deporte; de seguro de desempleo; de devolución de partes proporcionales; de formas de transmitir el monto de lo ahorrado; del trato a los migrantes; del trato a los campesinos; del trato a los adultos mayores; de cómo habrán de aportar empresas mexicanas, extranjeras y el propio gobierno; en fin, de los diferentes esquemas en que habrá de garantizarse la seguridad social a los mexicanos.

Existen varias figuras jurídicas que se encuentran inmersas en el capítulo dogmático de la constitución que no tienen aparejada forma de hacerlas exigibles. Es decir, que se presentan como una garantía del gobernado, sin que exista el mecanismo jurídico que de vigencia a ese derecho. Específicamente la garantía a una infancia feliz, al derecho a la salud, etc., que por cierto, aparecen en el propio articulo 4° ya comentado.

La propuesta es que la federación sacrifique una parte de su impuesto el IVA, de tal manera que quede la mayoría para la federación y el tanto que sea el Impuesto de Aportación de Seguridad Social Indirecto.

Si la gente sabe que de lo que pague de impuestos, le corresponderá una parte, la propia población será la más interesada en que le expidan factura, pues sabe que le conviene.

Habrá que explicar cómo es que le conviene.

La forma que se propone para recaudar el Impuesto de Aportación de Seguridad Social Indirecto, es mediante la expedición de tarjetas con códigos de barras y banda magnética, que permitan identificar cada erogación que se realice a nombre de una persona, y le acumule dinero en dicha cuenta. Esto se hará de manera electrónica.

Resultará válido iniciar creando una cuenta por cada una de las personas que tengan un número o dato de identificación certero del gobierno federal.

Existe la Clave Única de Registro de Población (CURP), que contiene información de cada habitante del país, pues se otorga a los menores de edad, junto con su acta de nacimiento.

Deberá crearse una cuenta única manejada por el Organismo Público que al efecto deberá crearse, dependiente de la Secretaría del ramo, en la que se aplicarán los importes pagados por las personas morales,  oficiales y por ley, se destinará única y exclusivamente en beneficio de los que no tienen acceso a seguridad social. ¿Qué sucede cuando es una persona moral privada, es decir, un patrón establecido, el que paga el Impuesto de Aportación de Seguridad Social Indirecto? Que los fondos que acumule, se apliquen a cubrir y minimizar sus pagos de seguridad social al IMSS.

 ¿Qué sucede cuando es un extranjero, o una persona que no muestra tarjeta alguna al momento de hacer la operación? Que los fondos se destinen a la cuenta única, manejada por el gobierno federal mediante el Organismo dependiente de la Secretaría que al efecto se instituya, para estar en posibilidad de brindar seguridad social a quienes no tienen acceso a la misma.

¿A qué edad se puede empezar a acumular fondos? Desde el nacimiento.

¿Qué sucede en el caso de los trabajadores migrantes? Éste es un problema muy real y actual. Los migrantes mexicanos, que representan una parte de la población económicamente activa muy importante, y que ingresan al país fondos cuantiosos, no gozan de seguridad social ni en su país, que es México, ni en el que los recibe de manera forzada. Son mexicanos en plenitud de facultades, fuertes, con ganas de progresar, tanto, que parten en busca del milagro que los convierta en verdaderos hombres productivos para sus familias. En este caso, la propuesta es que cada vez que realicen erogaciones y paguen exhibiendo su tarjeta, o sus familiares compren exhibiendo éstas, habrán generado en su favor, un punto para su seguridad social, lo que los va a convertir en beneficiarios de una seguridad social que actualmente se les niega en ambos países.

La ley, al tratar de proteger a los menores de edad, cumpliendo con lo establecido en los diversos convenios internaciones suscritos por nuestro país, amén de seguir el espíritu del Constituyente del 17, niega la posibilidad jurídica del trabajo a los menores de edad. Es decir, está prohibido contratar menores de edad como trabajadores.

Sin embargo, es una realidad palpable en cualesquier ciudad del país, ver en las cajas de las tiendas de autoservicio, cientos de niños menores de edad, empacando bolsas, acarreando carritos de mandado, sólo por la propina. La tienda no está en posibilidad jt1rdica de extenderles un contrato de trabajo, por lo que ante la realidad imperiosa de que los niños necesitan el trabajo, la autoridad permite la explotación y los menores están desprotegidos.

En este caso, se propone que la empresa, ajenos a los pagos que realice y a los que recaude, es decir, sólo por tener a los menores, pague por cada uno de ellos, el equivalente a medio salario mínimo diario. Cantidad fabulosa, si consideramos que íntegra, se aplicará en la cuenta del menor. De esta suerte, al llegar a la mayoría de edad, habrá acumulado lo suficiente para costearse sus propios estudios, o para establecerse por su cuenta.

El gasto del Gobierno, en sus tres niveles, se realiza en compras a proveedores, los que están obligados a extender factura al gobierno. Y ahí, se cubrirá el Impuesto de Aportación de Seguridad Social Indirecto, mismo que debe aplicarse, sólo a favor del gobierno y sólo para seguridad social. Cualesquier otro destino, v.gr. aplicarlo a cuenta del titular de la oficina, o de los empleados, deberá considerarse delito grave, pues atenta contra la seguridad social colectiva.

 

En el caso de las empresas privadas, permitir que el propietario, persona física, acumule a su favor el tanto del IASSI, resultaría desproporcionado y ajeno al propósito de esta propuesta.

En el supuesto a estudio, deberá establecerse que el propietario, persona física, cuando compre con factura a nombre de la empresa, persona moral, sólo podrá obtener a cambio, acumulación de ese porcentaje, en favor de la empresa.

 

Esto quiere decir, que las empresas también obtendrán ahorro, y el mismo podrá aplicarse a compensar otros impuestos, o pagos de seguro social, sin que pueda acumularse a favor del propietario, y sin que en ningún caso lo compensado con otros impuestos, sea superior al 30% de lo acumulado por periodo.

 

Cuando pida comprobante a título personal o su tarjeta reciba el beneficio, dicho beneficio en su favor, no podrá deducirse de

impuestos de la empresa privada, persona moral ajena al propietario, por lo que deberá ser muy cauto al respecto. Deberá tenerse como delito fiscal el acreditar a favor del particular lo que» cubra la empresa. Al ser fondos de ahorro propiedad de la empresa, podrán formar parte de sus activos como tales, y podrán ser cedidos al ceder la empresa, que es la propietaria de dicho beneficio.

 

Ya se ha venido estudiando en cada caso en particular, la forma en que se puede recuperar lo aportado.

 

Sólo falta establecer que para que exista el ánimo de dueño, que el depositante pueda disponer, a su arbitrio, de cierta parte de los fondos acumulados.

 

Se pretende autorizar un retiro cada tres años, de hasta el 25% de lo acumulado, sin necesidad de que exista compromiso del depositante de pago alguno por dicho dinero. Vamos, si es el dueño del caudal, a título de dueño, no está obligado a darle cuentas a nadie del destino final de sus fondos. Pero eso sí, jamás podrá disminuir su saldo del que haya tenido en anterior ocasión.

Los jóvenes estudiantes, podrán disponer de hasta el cincuenta por ciento para costear sus estudios.

Los adultos mayores percibirán una pensión de cuando menos dos salarios mínimos, cuando su total de aportación haya sido inferior a determinada cantidad. Cuando exceda lo necesario, según estudios actuariales, podrán otorgarse pensión de lo que produciría en banca comercial, la cantidad acumulada.

Para el caso de los que no han aportado nada, de igual modo se les proporcionará pensión, siempre y cuando cuenten con más de sesenta años de edad, Siempre.

CONCLUSIONES

De lo aquí expuesto, se puede deducir que el mecanismo jurídico propuesto, gravará con una parte del IVA, todas y cada una de las operaciones que se encuentren afectas al pago de este impuesto.

Definitivamente, tal corno en su oportunidad, se incluyó lo relativo a las aportaciones de seguridad social en la Constitución, a efecto de legitimar el cobro de dichas aportaciones, en el caso a estudio, será necesario:

1. Introducir en la Ley Suprema, el derecho a garantizar el Ahorro y la Seguridad Social de la población, no sólo de los trabajadores, lo que válidamente puede realizarse en el articulo 40 Constitucional, con el agregado ya expuesto.

2. Expedir la Ley del Ahorro y la Seguridad Social, la que recogerá los puntos anotados en el presente trabajo.

3. Crear la Secretaría de la Seguridad Social, que aglutine a los entes encargados de velar por la Seguridad Social, como son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la parte correspondiente de los Organismos Públicos Descentralizados, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de los Gobiernos Estatales, el Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda para los Trabajadores, etc.

4. Establecer claramente que la Seguridad Social compete al Estado, y que a efecto de cumplir su obligación, será necesario fomentar el ahorro nacional, mediante la aportación del equivalente a una parte del Impuesto al Valor Agregado, en cuentas perfectamente individualizadas, que podrán ser manejadas indistintamente por el Estado, mediante la Secretaría, el organismo o dependencia que al efecto se establezca, o por medio de la banca comercial, a elección del titular de la cuenta.

5.- Transferir el saldo de las cuentas SAR y AFORES existentes a las cuentas que se abrirán con motivo de esta ley, las que podrán seguir siendo las que tenga el trabajador, sólo que con controles de la Secretaría, y adecuar las disposiciones legales necesarias para que la Secretaría pueda manejar las cuentas que se abran en defecto de las instituciones bancarias, en el entendido que no es función bancaria, sino de manejo de ahorro nacional.

El saldo de estas cuentas no será reclamable vía laboral, sino que se transferirán los fondos a quien se haya designado heredero o legatario, a efecto de incrementar siempre el monto de los ahorros nacionales.

6. Con la creación de la Secretaría del ramo, a la que se transferirán los recursos de las dependencias que habrá de aglutinar, deberá modificarse la Les’ de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, a efecto de que los fondos provenientes del ahorro nacional, se ubiquen de manera directa en las arcas de la Secretaría, quien dispondrá de ellos para los fines previstos en la ley.

Con lo expuesto se concluye, deseando que se haga realidad el proyecto aquí esbozado.

°°°

LA REFORMA DEL SISTEMA DE SEGURO SOCIAL:

 

LA SOLUCION Y SUS RIESGOS

 

LIC. ALFONSO CASO AGUILAR

 

Hablar del problema de la seguridad social es postular -como razonaría BORGES-  que la seguridad social es un problema. Lo es, en efecto, y de vastas proporciones. En este trabajo se lo aborda solo en la medida en que concierne el sistema de pensiones y a su recién reforma.

     Tener 65 anos o mas significa, todavía, comenzar a padecer también disfuncionalidades físicas, mentales y sociales. Pero, sobre todo, significa estar en la posibilidad y, en general, en la necesidad, de retirarse de la vida económicamente activa con la inevitable dificultad para sustituir el ingreso que se percibía por trabajar.

     La condición de "vejez", con sus consecuencias sobre el sistema familiar, de salud publica, social, ha sido aliviada de muy diversas maneras en la historia humana. El Estado moderno, sobre todo a partir de la Segunda Guerra, la atendió a través de los sistemas  de seguridad social que están en el origen mismo del Estado de bienestar.

     En México, en América Latina, la preocupación por la seguridad social es tan antigua como la existencia misma de las naciones independientes. Para Morelos (1813), era necesario moderar la opulencia y la indigencia, de tal suerte que se mejorasen, a su vez, el jornal del pobre y sus costumbres y se mitigara la ignorancia. Para Boliver (1819), el sistema de gobierno mas perfecto era "aquel que produce la mayor suma de felicidad  posible, la mayor suma de seguridad social (sic) y la mayor suma de estabilidad política".

     Las medidas parciales que condujeron  a la creación de los sistemas modernos de seguridad social se impusieron en la Alemania de Bizmar. Seguros obligatorios de enfermedades, accidentes de trabajo y de invalidez y vejez comenzaron a establecerse en Europa en las dos ultimas décadas del siglo xix.

     Los avatares de la azarosa existencia de la seguridad social en el siglo xx tuvieron su punto culminante en 1942, cuando William Beveridge presento al gobierno británico el Informe que transformo los distintos seguros sociales en un verdadero sistema. Así, la seguridad social se convirtió en "una lucha contra los cinco grandes factores de la infelicidad humana, entre los cuales la ignorancia juega igual papel que la indigencia, la enfermedad, la suciedad y la ociosidad".

     Fue el momento de apogeo del Estado de bienestar: por el hecho solo de serlo, todos los ciudadanos accedían al "derecho de ser protegidos, con pagos en efectivo o con servicios, en situaciones de dependencia de largo plazo (vejez, invalidez) o de corto plazo (enfermedad, desempleo, maternidad)."

     Pocos países lograron esta cobertura universal aunque muchos se proclamaron en su momento como estados sociales.

     Es cierto que, en México, la creación de la Comisión Técnica del Seguro Social en 1941 ocurrió antes del informe Beveridge y que estuvo precedida, desde la década de los veinte, por varias leyes de seguro social generales y parciales, solo que todas ellas -de acuerdo con el modelo bismarckiano- condicionan sus capítulos sustantivos a una relación laboral. Es decir, la población protegida es la que tiene una relación laboral remunerada y solo se extiende a grupos no asalariados de modo limitado. La aportación del trabajador es al mismo tiempo condición y medida para acceder a la seguridad social y el seguro mismo se constituye a partir de los riesgos que surgen del trabajo o de la actividad profesional.

     Los "grandes factores de la infelicidad humana" de Beveridge siguen constituyendo quizá el desafió mas importante que México debe superar en el siglo que se inicia.

     La Ley del Seguro Social de 1943 declaraba: "La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho de subsistencia y los servicios necesario para el bienestar individual y colectivo. El seguro social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio de carácter publico nacional".

     Aun cuando esta vocación universal se aplico solo a partir de una relación laboral formal, hasta 1997, los grandes esfuerzos realizados durante cinco décadas han hecho posible que un poco mas de la mitad de la población se beneficie de las distintas prestaciones de la seguridad social a pesar de que el numero de asegurados que cotizan efectivamente no rebasa los 15 millones de trabajadores.

 

Los cambios de la seguridad social en el mundo

En términos económicos el ciclo de vida de una persona tiene periodos de actividad e inactividad. Estos últimos se explican porque la persona no puede trabajar o bien a causa de su corta edad o su vejez. En las sociedades tradicionales, en las que persiste una organización a partir de la familia extensa, la solidaridad familiar intergeracional garantiza los medios para satisfacer las necesidades de aquellos miembros que no pueden trabajar. Las familia extensa, sin embargo, tiende a desaparecer en las sociedades modernas, La familia moderna, nuclear, deja desprovistos a aquellos que ya no pueden trabajar y que por algún motivo no han ahorrado para su vejez.

     Los sistemas que fueron apareciendo paulatinamente a los largo del siglo XIX como un intento de garantizar una vida digna en la vejez de las personas que trabajan (modelo bismarkiano) o, en el siglo XX, para proporcionar un nivel razonable a todos los ciudadanos de una nación a lo largo de toda su vida (modelo Beveridge), se sustentaban en un contrato social que se fundamentaba en una solidaridad intergeneracional mediante la cual los asegurados, durante su ciclo de vida económicamente activo, las empresas en que estos trabajaban y el propio gobierno, aportaban cuotas a un fondo de pensiones. Es decir, las cuotas de los asegurados activos se transformaban en las pensiones de los asegurados retirados; a su vez, los trabajadores en activo actuales recibirían, al retirarse, una pensión integrada por las cuotas de los nuevos activos.

     Este modelo, a partir del cual se desarrollo la mayor parte de los sistemas de seguro social en el mundo, se ha llamado de reparto, de beneficios definidos, o pay as you go, y esta vigente en la mayor parte de los países desarrollados.  Supone la participación del Estado en su financiamiento y administración.

     El sistema es auto sostenible financieramente siempre y cuando exista un equilibrio financiero entre sus ingresos y sus egresos; ya sea porque el numero de trabajadores que cotizan y el nivel de sus cotizaciones son suficientes para soportar al numero de pensionados y consecuentemente, al gasto por pensiones; o bien, porque sin ser estos suficientes, existen reservas actuariales de donde es posible tomar los recursos financieros faltantes.

     El modelo de beneficios definidos, uno de los pilares centrales de todo sistema se seguro social junto con la salud publica, se ha convertido, sin embargo, en un problema mundial del mayor alcance en las ultimas décadas: todos los países debaten soluciones o ya las han implantado.

     Las causas admiten diversas explicaciones. La mas socorrida, aunque no es la única y ni siquiera la mas importante, es  la demográfica.

     En efecto, en  1990 el numero de personas mayores de sesenta años en el mundo era de 500 millones: en el 2030 será de 1400. En los países europeos este problema cobra mayor importancia porque su población mayor de sesenta es y será cada vez mas importante y el numero de trabajadores activos, en cambio, disminuye.

     Pero el equilibrio financiero de los sistemas de seguro social se ve amenazado no solo por el crecimiento de la tercera edad, sino también por la falta de recursos actuariales de montos suficientes: además, por diversas razones, algunas de las cuales se abordan mas adelante, el Estado dispone cada vez menos recursos para financiar incluso su propia participación en el modelo de reparto.

     En la actualidad, la mayor parte de los países del primer mundo discute propuestas para financiar el desequilibrio financiero inminente e ineludible. (Moreno:1999) "La necesidad de reevaluar las políticas -señala el Banco Mundial- es aun mas urgente en los países de América Latina, Europa Oriental yla antigua Unión Soviética que ya no pueden permitirse los programas formales de seguridad económica en la vejez que establecieron hace mucho tiempo." (BANCO MUNDIAL: 1994) Así, se hace necesario implantar dispositivos para que desde ahora "se reserven los fondos públicos a los mas pobres y se induzca a las capas medias a dirigirse hacia los mecanismos de ahorro individual para asegurar su vejez". (GUILLEN:1999)

     Con esta idea, el Banco Mundial imagino un modelo de aplicación universal que estaría apoyado en tres pilares: el primero, publico, de asistencia, obligatorio, administrado por el Estado y financiado con impuestos: el segundo, privado, de ahorro obligatorio, administrado por el sector privado y prefinanciado en su totalidad, es decir, que las sumas destinadas al pago de pensiones se capitalizarían. En fin, el tercer pilar seria el ahorro voluntario, administrado por el sector privado e igualmente prefinanciado. De esta manera se cumpliría una función de ahorro para los individuos que tienen la capacidad de hacerse de ingresos adicionales para su retiro. (BANCO MUNDIAL:1994).

     En México, estas recomendaciones comenzaron a ser aplicadas, en las modalidades que se consideraron mas pertinentes, a partir de 1992, con la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

 

Las reformas al seguro social en México

Tres son las explicaciones que suelen aparecer cuando se discute el problema del seguro social y, particularmente, el de las pensiones en la historia reciente de México, y con ellas se explican las reformas que se iniciaron en 1992. La primera concierne los aspectos demográficos. La segunda se desprende de la crisis económica, y, finalmente, la tercera es resultado de la modificación de la estructura laboral producida tanto por la crisis como por el efecto de la globalización de los procesos productivos.

 

Aspectos demográficos

Quizás uno de los cambios mas visibles del siglo XX sea el crecimiento de la población en los países entonces llamados del Tercer Mundo, sobre todo desde el fin de la terminación de la Segunda Guerra. Los índices de mortalidad que antes frenaban el crecimiento de la población cayeron abruptamente a un ritmo hasta cinco veces mas rápido que la caída equivalente en la Europa del siglo XIX. Y es que mientras en Europa el descenso de la mortalidad se debió a la lenta mejora de las condiciones generales de vida, en el caso del Tercer Mundo no fue necesariamente la vida lo que mejoro, sino la tecnología que invadió al mundo entero. A partir de los años cuarenta, las innovaciones medicas y farmacológicas, el uso intensivo de insecticidas, algunos cambios de hábitos de higiene, el proceso mismo de urbanización, comenzaron a salvar vidas en gran escala, sobre todo, las de los niños: se pudieron erradicar las infecciones intestinales, la viruela, el sarampión: combatir eficientemente el paludismo, la tuberculosis.

     Mientras en el mundo en general, las tasas de natalidad seguían siendo altas y, a causa de la prosperidad mundial que se inicio al termino de la Guerra, se hicieron mas altas aun, las tasas de mortalidad cayeron verticalmente. En México en particular, por ejemplo, quedaron reducidas a menos de la mitad en 25 años a partir de 1944.

     Un efecto secundario de este  fenómeno fue el aumento de las diferencias entre países ricos y pobres, aunque las economías de ambos grupos crecieran en la misma proporción. "Repartir un PIB dl doble de grande que hacer treinta años en un país de población estable es una cosa: repartirlo entre una población que (como en el caso de México) se ha duplicado en treinta años, es otra". /HOBSBAEM: 1998)

     A principios de la séptima década del siglo XX se comenzaron a ver en México indicios de una transición demográfica: la tasa de fecundidad comenzó a descender. "Antes de 1973 era tan elevada -de 6.4 hijos nacidos vivos por mujer en edad de reproducción al termino de su vida-, que el efecto inercial ha sido sumamente marcado", tanto, que en la actualidad, 27 años después cuando el crecimiento demográfico se calcula en alrededor de 1.6 por ciento anual, la fuerza de trabajo sigue creciendo año con año. (URQUIDI 1997)

     El doble efecto del descenso de la mortalidad y la fecundidad sumado al efecto inercial permite a los demógrafos predecir la composición futura de la población por grupos de edades. En 1930, el sector de la población de 65 años y mas era del 2.6 por ciento del total; en 1990, este porcentaje fue de 3.7; en 2030, será del 11.7 )HAM CHANDE: 1998) La población mexicana envejece inexorablemente si no al ritmo y en la forma en que lo hacen la de los países europeos, por ejemplo, si de una manera que debe preocuparnos ya.

     ?Cuales son las consecuencias de este envejecimiento si no asociamos con los problemas generales de la seguridad social en nuestro país?

     El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) considera que a los 60 años de edad un trabajador puede tener derecho a una pensión por cesantía en edad avanzada y a los 65 años a una pensión por vejez. Quienes a principios del siglo XXI sobrepasaron ya los 60 años, se encontraban en edad productiva entre 1950 y 1970, periodo de concentración económica y poblacional, así como de expansión del trabajo asalariado. Estos grupos se beneficiaron por largo tiempo de las mejores condiciones de acceso al mercado de trabajo como asalariados. Consecuentemente, tuvieron mejores oportunidades para participar en la seguridad y en un plan de retiro de pensiones. Actualmente disfrutan en mayor o menor proporción de esos beneficios. (GOMES: 1998)

     Sin embargo, este es el caso menos frecuente: mas de la mitad de los mexicanos mayores de 60 años creen que no tienen derecho a una pensión y apenas el 16.7 por ciento de los ancianos que ya  trabajaron alguna vez esta inscrito en algún  plan de retiro. (GOMEZ 1998)

     En México, un individuo puede comenzar su vida laboral a los 14 años. En las ramas del comercio y del trabajo agropecuario, el rango de entrada a estas actividades se extiende hasta los 55 o 65 años. En estas áreas  la esperanza de vida activa es mas alta, y ahí se encuentran los trabajadores de mas bajo acceso al seguro social. (PARTIDA: 1977) El bajo ingreso y la baja escolaridad, que han sido características tradicionales de estas ramas -en las que se concentra el trabajo no asalariado-, se asocia con la falta de protección de pensiones.

     Mas todavía: una buena parte de los 6 millones de personas que en 1995 eran mayores de 60 años constituyen un desafío para el sistema debido a su condición pasada de autoempleo y subempleo: es decir, fueron contribuyentes durante un tiempo insuficiente para ahorrar y tener derecho a una pensión. De estos, el 83.5 por ciento en áreas urbanas y el 92.1 por ciento en áreas rurales, no cuentan con ningún tipo de pensión. )INEGI: 1998)

     La incorporación de las demandas de un gran contingente de la población sin ninguna fuente de contribución exige progresivamente mas recursos sin que el Estado, sus instituciones o la sociedad, se hayan preparado para financiarlos o estén en condiciones de hacerlo.

 

Aspectos económicos

Hasta la década de los setenta, al fin de los treinta años, que siguieron a la Segunda Guerra prevaleció, en la mayor parte del mundo no socialista, el llamado Estado benefactor o social de derecho, al mismo tiempo que una fuerte regulación en los mercados nacionales e internacionales, A partir de ese momento, sin embargo, comenzó a elaborarse una nueva modalidad, tanto de producción como de consumo, que se aparto de la mediación del Estado. El socialismo se derrumbo; muchos países y muchos mas millones de habitantes adoptaron la economía de mercado y se impuso una nueva división internacional del trabajo y de la producción.

     La empresas multinacionales se transformaron en empresas realmente mundiales: en 1975, 11 mil empresas controlaban 82 mil filiares en el extranjero y significaban el 25 por ciento del comercio mundial y el 75 por ciento de emisiones de obligaciones internacionales. En 1990, 37 500 empresas controlaban a 207 mil filiales extranjeras y realizaban ventas por valor de la mitad de todo el comercio mundial. (ANDREFF: 1990) Para 1998, y como producto de la concentración del capital, 200 empresas de seis países controlaban el 26 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. (CLAIRMONT: 1999)

     Los procesos de expansión de las multinacionales incluyen una política agresiva de reducción de cargas fiscales (tansfer pricing) a través de la distribución de sus operaciones en distintos países de acuerdo con las facilidades fiscales que estos ofrecen. El impacto sobre los ingresos de los Estados es brutal. Baste como ejemplo el caso bien conocido de BMW: para 1988 había pagado al fisco alemán mas de 500 millones de marcos; gracias a un esquema de plantación fiscal global, en 1994 no solo no debió pagar millones de marcos como devolución. "Intentamos producir los gastos allá donde los impuestos son mas elevados, y eso es dentro del país", explico el director financiero de la empresa. (MARTIN: 1998)

     En concomitancia con al acelerada apertura de las conocías, el Estado de bienestar comenzó a enfrentar graves dificultades que lo llevaron en todo el mundo a implementar reformar para adaptarse a los nuevos tiempos. En México se inicio, a partir de la crisis de la deuda externa de 1982, un cambio en la política económica que ha procurado insertar al país, con éxito, en el proceso de globalización.

 

Cambios en la estructura laboral

La desaceleración de la actividad económica produjo una drástica contracción en el crecimiento del mercado de trabajo que, a pesar del dinamismo que se observa a partir de 1998, constituye todavía uno de los problemas estructurales mas importantes. A falta de alternativas, esta mano de obra, sin empleo se dirigió a los Estados Unidos o, en mucha mayor proporción, hacia la economía informal.

     De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) correspondientes a 1995, la producción originada en el sector informal de la economía se elevo alrededor del 8 por ciento del PIB. En ese año, de acuerdo con ciertas fuentes, el empleo informal represento hasta el 59 por ciento del total nacional. Análisis mas conservadores sitúan este porcentaje entre el 42 y el 44 por ciento. (FADL KURI: 1999a)

     El crecimiento explosivo de este sector constituye en cierto modo un paliativo para la situación reinante en el mercado de trabajo, y logra atenuar las cifras del desempleo abierto en relación con otros países de mayor desarrollo económico. No obstante, las personas que trabajan en este sector lo hacen generalmente en "actividades poco productivas, mal remuneradas, en condiciones que no apoyan el desarrollo del capital humano y en ausencia de seguridad social". (FADL KURI: 1999b)

     Un cambio importante en la estructura del trabajo en el mundo y aun no apreciable en nuestro país consiste en una variedad del autoempleo que, si bien esta bajo control fiscal, rara vez ingresa en el sistema de seguridad a un cuando tendría la posibilidad de hacerlo a través de convenios voluntarios.

 

La reforma y sus razones

El sistema de pensiones generalizado hasta antes de 1997 era un plan de reparto, de beneficios definidos. La buena marcha de este modelo, como se ha dicho, supone una relación actuarial adecuada entre contribuciones y beneficios. En nuestro caso, los factores demográficos, económicos y el cambio en la estructura laboral que se examinaron anteriormente, minaron el equilibrio financiero del plan de reparto hasta hacerlo inviable.

     Para que el sistema mantuviera su equilibrio habría sido necesario aumentar las contribuciones o reducir los beneficios, o una combinación de ambos. De acuerdo con un estudio del IMSS (1995) se estima que de haberse mantenido el anterior sistema, se hubiera requerido aumentas las contribuciones a 23.3 por ciento del Salario Base de Cotización (SBC) (actualmente integran el 8.6 por ciento ) en el año 2020 o, de lo contrario, el financiamiento del pago de beneficios tendría que provenir de recursos fiscales extraordinarios. (SOLIS SOBERON: 1999)

     De acuerdo con la Exposición de Motivos que el Ejecutivo envió al Congreso para justificar la reforma de la Ley del Seguro Social en 1997, aun en las proyecciones mas optimistas en cuanto al crecimiento del salario del empleo, estaba previsto que para 1999 los egresos del seguro de Invalidez, Vejez, Cesantía en edad avanzada y Muerte (IVCM) superarían a los ingresos, "es decir, las cuotas que por este ramo están cubriendo los trabajadores en activo no alcanzarían para pagar la nomina de pensionados. Ante esta situación, se recurriría al uso de la reserva que es minima, la cual se agotaría en dos años." (EXPOSICION: 1999)

     Es necesario decir, además, que el sistema de reparto presentaba en México varias fallas. La formula utilizada para el calculo de los beneficios consideraba el salario promedio obtenido durante los cinco últimos años antes del retiro. Esta modalidad de calculo traía aparejada la tendencia perversa a subdeclarar salarios durante la mayor parte de la vida del trabajador y solo declarar el salario verdadero durante los últimos años, puesto que eran estos los considerados en el calculo de los beneficios. También: existía el incentivo a cotizar solo el periodo mínimo requerido para asegurar la pensión mínima.

     Intentos fallidos para paliar los efectos de las crisis llevaron a aplicar políticas proteccionistas hacia el sector privado y a permitir el rezago en el ajuste de las aportaciones patronales.

     La llamada portabilidad de los beneficios era también una deficiencia de diseño del sistema anterior. Esto suponía que un trabajador que cotizaba al IMSS perdía sus beneficios si cambiaba al sistema del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o a otros alternativos y viceversa.

     Por otra parte, el mejoramiento general de las condiciones aumento la esperanza de vida: en 1950 era de 49 años para el año 2000 es de 72, sin embargo, la edad de elegibilidad del retiro no se modifico. De hecho, la tosa de crecimiento anual de los pensionados por el IMSS aumentaba en promedio el 7 por ciento anual hasta 1997: así, se hacia necesario pagar la pensión de cada vez mas personas durante cada vez mas tiempo.

     Por si lo anterior no bastara, la caída de los salarios reales se tradujo en menores aportaciones per capita, y, si bien los salarios crecieron por debajo de la inflación, los gastos en materia de salud aumentaron aun ritmo mayor que el del índice general de precios.

     Ya en la década de los setenta y sin demasiado respaldo actuarial, comenzaron a ingresar al sistema de seguro social sectores de población que no aportaban de un modo significativo a su financiamiento, pero si parecían constituir un procedimiento de legitimación del sistema político.

     Entre ellos se cuentan trabajadores estaciónales del campo, miembros de sociedades locales de crédito ejidal, productores de caña de azucar y sus trabajadores, henequeneros, tabacaleros, algodoneros, vendedores de billetes de lotería, etc.  "No obstante, por su condición irregular, ninguna de ellos cuenta con bases de financiamiento que los haga autofinanciables." (EXPOSICION: 1999)

     Otras razones que contribuyeron a la crisis financiera del IMSS en su ramo de salud deben imputarse a la llamada "transición epidemiológica"; es decir, que si se considera que los padecimientos de tipo infeccioso han sido en general superados, en cambio las enfermedades asociadas a la sociedad industrial (cáncer, accidentes, enfermedades cardiovasculares) han aumentado. Estas ultimas suponen una tecnología avanzada y costosa para atenderlas.

     La acción combinada de estos factores se vio agravada por la drástica disminución de las aportaciones estatales: estas cayeron de 11 por ciento de los ingresos del IMSS en 1980 a solo 5 por ciento en 1994. (AYALA ESPINO: 1999) Sin embargo, este decremento se equilibro con incrementos en las cuotas patronales. En otros términos, las cuotas y aportaciones no disminuyeron en su monto total, pero esta transferencia de costos hizo aun mas vulnerable el sistema.

     Así, se fue construyendo paulatinamente una situación en la que el IMSS no podía hacer frente a gastos en materia de salud cada vez mayores, y al mismo tiempo seguir garantizando el pago de las pensiones, con lo  que el déficit s volvió crónico.

     Aunque es innegable que la reforma del sistema de pensiones reponde al propósito de garantizar un sistema de seguro social, su instrumentación, en cambio, no esta exenta de incertidumbres y riesgos. Dar cuenta de ellos a plantear alternativas puede contribuir a evitar errores que pueden resultar dramáticos.

 

SEGUNDA PARTE

LA SOLUCION

En 1992 se reformo la Ley del Seguro Social para incorporar el  SAR; este se consideraba como un sistema complementario al sistema de pensiones establecido.

     En julio de 1997 entro en vigor una nueve Ley del Seguro Social. las consecuencias de esta trascienden con mucho los cambios explícitos y suponen, también, un cambio sustancial de la concepción del Estado creado por la Revolución. Aquí, sin embargo, nos ocupamos solo de las implicaciones del cambio de la Ley del Seguro Social de 1997 en el sistema de pensiones.

     Ciertamente, la adopción de un sistema de capitalización para sustituir el de reparto permitió hacer frente al problema de insolvencia financiera crónica que arrastraba el IMSS. El costo de transición de la reforma fue asumido por el Gobierno Federal y será cubierto con recursos discales. Por otra parte, los otros ramos de seguro, incluyendo el correspondiente a Enfermedades y Maternidad presentan equilibrio financiero.

     En términos macroeconómicos, se busca que los objetivos de la reforma trasciendan el ámbito de las pensiones propiamente dichas al fomentarse el ahorro interno. Las cuentas de capitalización individual alentarían la creación de un circulo virtuoso del tipo: ahorro que promueve inversión, que aumenta la producción, que a su vez genera empleos, mayor masa salarial y al final mayores cotizaciones al sistema de pensiones.

     De hecho, para finales del año 2000 los fondos del sistema de pensiones depositados en las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) sumaran 20 mil millones de dólares, lo que equivale al 5 por ciento del PIB. (BORREGO: 2000a) A mediano plazo, constituirán el 25 por ciento del PIB en 10 años, y mas del 50 por ciento en 30 años. (GUILLEN: 1999)

 

El nuevo sistema

En el sistema anterior, el financiamiento se obtenía mediante una aportación tripartita, de los patrones, de los trabajadores y del gobierno. El IMSS se encargaba de recaudar estos aportes, que en 1996, ultimo año  del sistema IVCM, equivalían al 8.25 por ciento del SBC. Este correspondía al salario contractual mas otros pagos, como los bonos.

     Los requisitos de elegibilidad para obtener una pensión por vejez eran cumplir 65 años de edad )o 60 para la pensión por cesantia en edad avanzada) y haber aportado una contribución mínima durante al menos 500 semana. Los beneficios se calculaban como un porcentaje del salario diario promedio de cotización correspondiente a las ultimas 250 semanas de cotización, tomando en cuenta el grupo de salario en veces del salario mínimo general para el DF: que llagara a corresponder y, considerando porcentajes de incremento anual por cada 52 semanas después de las primeras 500. Las pensiones de cesantía en edad avanzada tenían unja reducción en su monto, de acuerdo a la edad de entrada a la pensión y las pensiones de invalidez, se determinaban de una manera similar a las de vejez.

     A partir de 1997 las contribuciones, cuya composición tripartita no cambia, se depositan en cuentas individuales de capitalización. El programa es obligatorio para todos los trabajadores afiliados al IMSS, se basa en contribuciones obligatorias -y voluntarias-, y garantiza una pensión mínima para todos aquellos que hayan cotizado en el nuevo sistema al menos 24 años (1 250 semanas). Los recursos que se habían acumulado en el SAR se trasladan a la cuenta individual del trabajador.

     Los trabajadores incorporados al IMSS hasta el 30 de junio de 1997, al momento de calificar para una pensión por cesantia en edad avanzada o vejez, podrán elegir entre los beneficios concedidos por la ley derogada o por las que otorga la ley en vigor. Al elegir los beneficios derivados de la ley derogada, los fondos acumulados en sus cuentas individuales deberán ser entregados por las AFORES al Gobierno Federal.

     Aquellas personas que comenzaron su vida laboral a partir del 1 de julio de 1997 se regirían exclusivamente con el nuevo sistema de capitalización.

     Con aportaciones del Estado, el IMSS continuaría pagando las pensiones de los ya retirados.

     La administración del nuevo sistema de pensiones queda exclusivamente a cargo de las AFORES, las cuales se encargan de invertir los recursos provenientes a través de las Sociedades de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro (SIEFORES). El objeto exclusivo de las SIEFORES es invertir los recursos de las cuentas individuales con el propósito de obtener la mayor seguridad y la mayor rentabilidad. Para regular y supervisar las operaciones de las AFORES y de garantizar que se proporcione toda la información  necesaria para que el trabajador elija las diferentes AFORES que compiten en el mercado se creo la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)

     El trabajador tiene el derecho de cambiar de AFORE como máximo una vez al año.

     En el momento de llegar al retiro, el trabajador puede elegir entre la firma de un contrato con una aseguradora privada que le garantizara el pago vitalicio de una renta, con valor constante en términos reales, o retirar sus fondos de la AFORE con un calendario que se calcula dividiendo el monto del saldo de su cuenta entre los años esperados de vida.

     Para tener derecho a la pensión mínima es necesario haber cotizado durante lámenos 1250 semanas durante la vida laboral. Si esto no ha ocurrido, el trabajador tiene derecho a retirar los fondos acumulados en su cuenta en una sola exhibición.

 

Los problemas de la solución

Ciertamente, la reforma al sistema se seguro social no se emprendió con el fin de enfrenar problemas de cobertura o insuficiencias que el sistema de reparto no había podido resolver. Se crearon las condiciones para el adecuado funcionamiento de un nuevo modelo basado en cuentas individuales de capitalización con miras a garantizar una vida digna a quienes se retiran de la actividad económica después de haber cotizado durante un tiempo determinado en un sistema forma. Se soluciono, además, la crisis financiera del sistema administrado por el IMSS y se inicio un proceso que puede constituir un importante mecanismo de ahorro interno.

     El nuevo sistema fue implantado teniendo en cuenta varias experiencias Latinoamérica similares. El caso de Chile reúne ya veinte años de experiencia y su experiencia permitió aprender de sus dificultades. Los casos de Bolivia, El Salvador, Perú, Colombia, Argentina y Uruguay son mas recientes, pero igualmente aleccionadores.

     La operación del nuevo sistema de capitalización, sin embargo, conlleva un cierto numero de riesgos que es indispensable minimizar para consolidar su éxito. Observarlos y proponer vías de solución es deber no solo de especialistas, sino de la ciudadanía en general puesto que los efectos del sistema de retiro conciernen a toda la sociedad. La comparación con modelos similares ya implantados en otros países pueden ser, igualmente, de provecho.

     Por otra parte, existen grandes pendientes históricos que si bien en muchos casos no afectan el correcto desempeño del sistema vigente, aunque a menudo lo tocan, si constituye preocupaciones de primera magnitud para la sociedad y el Estado mexicanos en relación con el bienestar social de la población. Es por eso que en este trabajo se los aborda.

 

La cobertura

A pesar de grandes esfuerzos, el sistema de pensiones mexicano se caracterizo siempre pro tener una cobertura limitada. "En este sentido -señalaba la Exposición de Motivos a la Ley del Seguro Social de 1997-es importante considerar que a los diferentes regímenes de seguridad social del país, es decir, al IMSS, ISSSTE, Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM), etc., únicamente cotizan el 35 por ciento de la población ocupada (incluyendo en esta a los trabajadores no asalariados o por cuenta propia), por lo que aun nos encontramos alejados del ideal de universalidad que siempre ha sostenido la seguridad social mexicana". (EXPOSICION: 1997: INEGI: 1999) Además, el 90 por ciento de la población asegurada solo recibía la pensión mínima.

     A principios del nuevo Milenio la situación no ha cambiado sustancialmente. Actualmente, 14.5 millones de personas tienen una relación laboral que les permite el acceso al sistema de seguro social objeto de la reforma. Esto significa que solo alrededor de la mitad de la población recibe algún tipo de beneficio derivado de su dependencia con un trabajador que cotiza en el sistema de seguro social (tipo ISSSTE, o privado). (INEGI: 1999; BORREGO:2000a) Por otra parte, de acuerdo con las estimaciones del INEGI y la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, en 1996 el numero de habitantes Es decir, mas de una tercera parte de la población total carecía de cualquier forma de seguro social. (CONSAR 1.1) Por lo demás, una de las razones de la propuesta del cambio del Banco Mundial obedece precisamente a que a pesar de todos los esfuerzos, el promedio mundial de cobertura no ha logrado rebasar el 40 por ciento de la población que trabaja. (BANCO MUNDIAL: 1994)

     El gobierno ha reconocido la existencia de 30 millones de mexicanos en la pobreza extrema que constituyen el reto social y económico mas serio de los años por venir.

     En las zonas marginadas de México, los programas asistenciales han constituido paliativos para los problemas de alimentación, salud y educación.

     Los únicos "regímenes especiales", que en otros países protegen a los trabajadores del campo, están contenidos en el Reglamento de la Seguridad Social para el Campo (Art.235). Los trabajadores rurales solo pueden incorporarse al régimen IVCM, obligatorio para los demás, a través de un convenio voluntario.

     En este renglón, una preocupación compartida por todos los países latinoamericanos es el hecho de que los nuevos sistemas no parecen estimular la ampliación de la cobertura. Cualquiera que sea la explicación -desempleo y consecuente crecimiento del sector informal u potras modificaciones en la estructura laboral-, el abandono de los sistemas formales es un factor de inquietud creciente. (MESA-LAGO: 2000)

 

Riesgos sociales

Aun cuando la pensión mínima que el Estado garantiza mitiga ciertos riesgos del sistema de capitalización, sin duda, la liberalización del sistema de pensiones, requiere de una cuidadosa supervisión y de una regulación prudencial eficaz.

     Uno de los argumentos que esgrimen los defensores de la intervención publica en los sistemas de pensiones, es la existencia del llamado riesgo social que surgiría cuando una contingencia afecta de forma simultanea a toda la población o a una parte de ella -guerras, inundaciones, terremotos, etc. Una empresa privada, se afirma, no puede cubrir un riesgo social de este genero porque tendría que pagar a todos los asegurados al mismo tiempo, lo que podría llevarla a la quiebra. (MORENO: 1999)

     Ciertamente, los fondos de pensiones están sujetos a riesgos sociales derivados de la incertidumbre asociada, por ejemplo, a las tasas de interés o la inflación. Un descenso en las tasas reales es un riesgo social, porque afecta simultáneamente a todos los trabajadores y escapa al control de las empresas privadas que administran los fondos.

     Quizás, sin embargo, el riesgo mas preocupante seria el efecto de una crisis financiera o de un proceso acelerado de inflación que produzca una disminución del valor real de los fondos y, en consecuencia, una insuficiencia de recursos para financiar el retiro de los asegurados. Otro tanto podría decirse de una mala administración de los fondos que haría insuficiente o nula la capitalización.

     Como han reconocido ya ciertos estudiosos internacionales, "para proteger los intereses de los trabajadores, los segundos pilares obligatorios como define el Banco Mundial al sistema de capitalización, de contribuciones definida deben ser regulados para asegurar la diversificación de las inversiones, los limites en los costos de administración y la conformación de los portafolios, de tal manera de poner el énfasis en la preservación del capital de las personas cuyo retiro esta próximo". (GRAY: 1999)

     En el caso de México, el pago de una pensión mínima garantizada constituye un seguro contra muchos riesgos sociales.

 

Desequilibrios

A la cobertura limitada que padece el sistema, deben agregarse los desequilibrios de tipo sectorial y regional que todavía lo caracterizan. Baste señalar que la gran mayoría de los trabajadores del campo, cuyo empleo no esta formalmente registrado ante el IMSS se hallan fuera del sistema, que beneficia principalmente a la población urbana. Según la Encuesta Nacional de Empleo, a pesar de ser insatisfactoria, la cobertura de pensiones en áreas urbanas (14.2 por ciento), es mucho mayor que en zonas rurales (6.9 por ciento). Por otra parte, en las ciudades se agudiza cada vez mas la problemática que representa el sector informal de la economía.

     La heterogeneidad de los regímenes, se traduce en incompatibilidades entre el sistema de cuentas individuales surgido de la reforma, y los sistemas de pensiones restantes, basados en el reparto, con lo que no solo no se resuelve sino que se agrava el problema de la portabilidad. Las semanas que se trabajan en uno u otro sistemas no son acumulables. De no resolverse, "la falta de portabilidad puede constituirse en una restricción a la movilidad en el mercado laboral". (SOLIS SOBERON: 1999)

     Por ultimo, la propia fragmentación del sistema de seguridad social es fuente de inequidades. Se observa como los afiliados a grupos de influencia, o a gremios importantes logran obtener pensiones mas ventajosas. A su vez, un numero importante delas entidades que concentran estos grupos financian sus fondos de pensiones con gasto corriente, lo que ocasiona fuertes presiones sobre sus finanzas y en el registro contable de sus balances.

Los agentes económicos

Otro aspecto de la reforma que supone, sin duda, un riesgo futuro es la excesiva concentración de los recursos del sistema en pocas agencia financieras.

     De acuerdo con la información difundida por la CONSAR, como ya se indico, se estima que al final del año 2000, el sistema (que incluye la subcuenta conjunta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez) habrá  acumulado fondos por 20 mil millones de dólares, el 5.1 por ciento del PIB.  En 10 años se elevaran s 25 por ciento del PIB y al alrededor del 50 por ciento en 30 años. (GUILLEN: 2000)

     En la actualidad, tres instituciones bancarias reciben mas de las tres cuartas partes de los depósitos. (CUADRO 2) Así, el riesgo de que un sector fundamental de la política de bienestar social quede vinculado a ciertos grupos financieros deber ser minimizado.

     Por lo demás, es esta otra preocupación compartida por todos los países latinoamericanos que han modificado sus sistemas de retiro: la concentración de los depósitos en muy pocas agencias ocurre con la misma frecuencia.

     Por otra parte, no debe olvidarse que bajo un sistema de capitalización individual, aunque el ahorrador es propietario formal de su cuenta, no puede retirar los fondos del sistema (salvo excepciones). Tampoco debe desestimarse el hecho de que en un sistema de capitalización el monto de la pensión se vuelve necesariamente incierto (son aquí los contribuciones el factor definido, no los beneficios). En efecto: se conoce el monto de las cotizaciones pero no los beneficios; estos dependen de múltiples factores.  Las variables que determinan los montos del ahorro y de la pensión son el salario percibido, el tiempo de cotización, la comisión percibida por las AFORE y la tasa de rentabilidad. "Así, basta con que el salario del trabajador sea bajo, que sufra de largos periodos de desempleo, que pague altas comisiones administrativas a las AFORES y que su inversión financiera tenga una rentabilidad mediocre, para que el trabajador se encuentre al momento de retirarse, en condiciones de precariedad." (GUILLEN: 1999)

     Un aspecto estratégico para el éxito en la instrumentación de la reforma, lo constituye la capacidad real del Estado en una adecuada supervisión de los agentes financieros participantes. Es aquí, asimismo, donde las políticas publicas y las funciones de control de la sociedad civil deben concluir para dar garantías de mayor certidumbre al nuevo sistema.

 

Ahorro interno

El monto de los fondos que permite captar el nuevo sistema de pensiones tendrá, ciertamente, un peso cada vez mayor dentro de la economía; sin embargo, esto no es condición suficiente para que ese ahorro adicional se refleje automáticamente en volúmenes mas altos de inversión. Esta depende, en ultima instancia, de la estabilidad que prevalezca en la economía en su conjunto.

     Conviene pues, moderar el optimismo sobre la existencia de beneficios inmediatos en el ahorro nacional como resultado de la reforma. Sin duda, esta es una de las premisas para alcanzar mejores niveles de bienestar en el largo plazo.

    Varios ejercicios realizados para los distintos países de América Latina arrojan resultados inquietantes: comprado con el costo fiscal de la transición, el ahorro interno no es significativo sino después de periodos muy largos. (MESA-LAGO: 2000)

 

Los costos de la reforma

El costo de transición entre un sistema y otro fue previsto: la pensión de quien optara por el sistema de reparto provendría de lo que hubiera acumulado en su cuenta individual del nuevo sistema de pensiones; lo faltante seria financiado con recursos fiscales.

     El costo anual de la reforma se estima en 0.4 por ciento del PIB durante los primeros diez años, "en los años subsecuentes se incrementaría gradualmente hasta llegar a un máximo de 0.8 por ciento del PIB; estabilizándose en el largo plazo en 0.2 por ciento del mismo producto." (EXPOSICION: 2000)

     Otros costos asociados al nuevo sistema se encuentran en su naturaleza misma. Al ofrecer seguros casi personalizados en función de las características de los asegurados, las empresas privadas operan con costos de transacción y administración importantes. La diversidad tiene costos no despreciables: obliga a los individuos a gastar recursos y tiempo en el proceso de selección de la rentabilidad del capital asegurado. (MORENO: 1999)

     Por otra parte, el mercado de los seguros privados dedica muchos recursos a la publicidad, lo que puede ser una importante fuente de gasto.

     Una característica muy estudiada en sistema de capitalización que han sido emplantados en otros países, Chile sobre todo, es el incremento en los costos administrativos por los cambios de administradora a que los afiliados tienen derecho. Limitados a una vez por año en el caso de México, se ha buscado moderarlos; con ello se limita también la libertad de elección del trabajador.

 

Regulación

La mayor parte de los riesgos del nuevo sistema de retiro están asociados de un modo u otro a problemas de regulación. En efecto; la capacidad  efectiva del Estado para supervisar y regular un mercado tan grande es un desafío a sus nuevas tareas institucionales.

     La nueva Ley del Seguro Social de 1997 fue emprendida con el aprendizaje de otras experiencias. La estructura institucional del sistema mexicano fue cuidadosamente estudiada. Así, los ordenamientos jurídicos que norman la CONSAR previeron las vicisitudes de la operación.

     Es importante, sin embargo, insistir en la necesidad de que estas instituciones orienten toda su capacidad hacia un criterio por la defensa de4 los intereses de los asegurados con la misma atención que hacia los mecanismos de operación financiera.

     La legislación de un marco jurídico adecuado es condición necesario pero no suficiente para una vigilancia correcta; es indispensable dotar a la CONSAR del respaldo presupuestal y administrativo que le permitan cumplir con esta responsabilidad. Frecuentemente, nos encontramos que los propósitos fundamentados en leyes se desvanecen a causa de presupuestos precarios y sobrerregulacion con la operación interna de los organismos.

     De igual manera, la transparencia es aquí de la mayor importancia y esta solo puede ser garantizada con una apertura hacia la sociedad. Agrupaciones de defensa de los intereses de los trabajadores y la sociedad civil juegan aquí un papel insustituible. En la nueva institucionalidad que se perfila, funciones de contraloría social desarrolladas por organizaciones  de la sociedad civil pueden constituir un complemento y un contrapeso a la regulación gubernamental en un asunto vital para la Republica.

     En ultima instancia, el desafío para la regulación de un sistema de pensiones es el de combinar un máximo de competencia,, lo que supone incentivos para los administradores que deben manejar de la manera mas eficiente los fondos (y que por tanto buscan las formas de gestión mas sofisticadas), con una necesidad de simplificación y claridad para que toda la sociedad pueda participar en una supervisión rigurosa.

     Las recientes experiencias respecto de la supervisión del sistema financiero nacional deben capitalizarse en favor de una operación mas sólida.  El diseño y la incorporación de mecanismos que permitan un mejor seguimiento en el comportamiento de los participantes es indispensable para prevenir y adelantarse a situaciones de crisis.

     En este sentido conviene explorar la posibilidad de promover la creación de agentes independientes que califiquen tanto la composición como el comportamiento de los valores que integren la cartera de las SIEFORES  (Bank Watchers).

 

Mercado e información

La reforma busca que el nuevo sistema de pensiones opere en el contexto de las normas que establece la economía de mercado. Ello parte de la premisa de la existencia de información perfecta, suficiente y oportuna, accesible a todos los participantes del mercado en forma simétrica; suple igualmente la existencia de un numero suficientemente grande de participantes para que ninguno de ellos tenga capacidad de influir o dominar de alguna forma las condiciones del mercado.

     Se habla de información asimétrica cuando "en una relación contractual (explicita o implícita) entre los individuos, uno de ellos tiene mas información de las características del bien o servicio que es objeto de la transacción, y el otro agente, por alguna razón, no puede verificar u obtener dicha información". (SOLIS SOBERON: 1999) La asimetría de la información en el mercado de los fondos de pensiones se pone de manifiesto ya en el momento de la elección de la empresa administradora: la excesiva propaganda tiende a oscurecer las ventajas reales de cada sistema. En estas condiciones, el asegurado esta impedido para tomar decisiones racionales, si además se suma la extrema complejidad de la información que requiere de habilidades hermenéuticas poco comunes.

     También: el objetivo primordial que han perseguido las campañas publicitarias de las instituciones ha sido allegarse el mayor numero de clientes, lo que aumenta las percepciones por comisiones, tanto de la AFORE como del propio vendedor del servicio. La difusión real de las ventajas e inconvenientes asociados a la manera de cobrar estas comisiones queda fuertemente oscurecida, con lo que se invierten las prioridades que busca la reforma.

     Por lo demás, el problema de la información insuficiente no es ajeno a los sistemas de pensiones de los países desarrollados. La Employment Retirement Income Security Act de 1974 fue emitida en los Estados Unidos como respuesta a una serie de problemas que afectaban los planes de pensiones, entre otros, y muy especialmente, la insuficiencia de la información proporcionada a los trabajadores. (LAW: 1996)

     La critica que se ha hecho al sistema mexicano, en relación con otros en América Latina, a propósito del monto y estructura de las comisiones parece no ser aun bien comprendida. La comisión por flujo de México: en promedio, constituyen el 1.6 por ciento del SBC que, comparado con la aportación total que es del 6.5 por ciento, da un valor real del 25 por ciento. Esto significa que antes de saber si su ahorro sea bien o mal manejado, si producirá rendimientos positivos o negativos, y aun después de haberse retirado, el trabajador ha perdido el 25 por ciento de su cotización.

    En las condiciones actuales, "para la recuperación de ese monto es necesario un tiempo que varia entre 321 meses (26 años 9 meses) en el caso del tiempo menos (...), hasta mas de 50 años en el caso de la peor opción )...); es decir, después de ese tiempo el rendimiento real será del cero por ciento para el trabajador. Es negativo antes de ese plazo y positivo después de esa fecha, esto considerando un rendimiento real de 2 puntos sobre la inflación (promedio actual y mínimo ofrecido anteriormente por el SAR)  en forma sostenida durante todo ese tiempo". (RODRIGUEZ: 1999)

     La situación es la misma en los países latinoamericanos en que se ha implantado una reforma de los sistemas de retiro y no parece acusar una tendencia a descender. (MESA-LAGO: 1999)

     Se ha argüido que el monto de las comisiones obedeció a la necesidad de consolidar el sistema, lo que sin duda se ha logrado. Ha llegado seguramente el momento en que deben ser revisadas con rigor. En la medida en que los mercados sean realmente competitivos esta condición deberá modificarse.

     Si la tesis central del cambio es la consolidación del sistema de retiro para los trabajdores, la revisión escrupulosa de las comisiones es un elemento total en el éxito del modelo a largo plazo.

 

Estado y sociedad civil: limitaciones y competencias

El proceso de reforma del Estado que se inicio en la octava década del siglo anterior tuvo un punto de inflexión en el cambio del sistema de seguridad social. La adopción de un modelo de capitalización, mas allá de las nuevas seguridades y riesgos personales que introduce en la vida del trabajador, suple la inserción de la sociedad mexicana en un nuevo tipo de contrato social basado en el individualismo de mercado, no muy familiar en la tradición axiológica mexicana. Con ello, el Estado benefactor asume una modificación importante para adecuarse a las nuevas modalidades de la cultura política y económica mundial.

    El estado en tanto sociedad política se separa de la sociedad civil a la que ciertamente había invadido al grado de hacerla indistinguible. Esto supone nuevas responsabilidades tanto en la esfera publica como en la esfera privada.

     La tarea que aguarda al Estado mexicano no es sencilla. Algunos teóricos han reconocido ciertas categorías de argumentos en favor de una actividad estatal vigorosa en la nueva sociedad mundial.

     La verificación de fallas de mercado que pueden tener orígenes múltiples, como la existencia de externalidades, la ausencia de mercado, la existencia de economías de escala, de bienes públicos y de una información imperfecta es una labor del orden publico insoslayable que se asocia con la actividad regulatoria del Estado sin la cual la nueva sociedad no podrá sobrevivir..

    Por su parte, el deseo de prevenir o de reducir la pobreza y de mejorar la distribución del ingreso, la afirmación del derecho a ciertos servicios o a ciertos bienes como la educación, la salud, la vivienda, y la protección de los derechos de las generaciones futuras que incluye problemas de medio ambiente, no son renunciables para el Estado. (GUILLEN: 1997)

     La tarea de la sociedad civil y de corporaciones de protección laboral como los sindicatos no es menos fácil.

    Hacer un recuento de los principales riesgos asociados a un sistema de capitalización privada tiene el propósito de evocar factores que contribuyan a prevenirlos y, en lo posible, conjurarlos. La difusión sistemática de la información como parte de una política global del Estado, y la participación de representantes de la sociedad civil y sindicatos en los núcleos de toma de decisiones de las instituciones privadas, llaméense administradoras o aseguradoras, a cargo del manejo de los recursos de los futuros pensionados, parece indispensable.

     Ahora el trabajador es dueño de su propia cuenta individual, y en caso de un manejo deficiente por parte de la AFORE de su elección, de una quiebra de la administradora o de que el fondo de la SIEFORE pierda valor en términos reales, el ultimo recurso a su alcance es la garantía de una pensión equivalente al salario mínimo. Por ello, resulta de vital importancia para los futuros pensionados disponer de información de calidad, que se relevante para la toma de decisiones individuales.

     Sin duda,  el elevado tecnicismo que caracteriza a la información financiera hoy en DIA y que la vuelve inasequible, no solo para la gran masa de trabajadores sino para muchos profesionistas que abran de retirarse, representa un reto considerable. Sin embargo, "Las dificultades practicas para desarrollar un buen sistema de información, confiable y oportuno, ciertamente no eliminan su necesidad, sino por el contrario, ponen de relieve que es una condición indispensable para reducir la variabilidad y la incertidumbre que naturalmente rodea  a las políticas".  (AYALA ESPINO: 1999) El imperativo de garantizar que la información sea veraz y que se difunda de manera efectiva entre los cotizan tez, supone a su vez, que estos últimos cuenten con alguna forma de representación dentro de las instancias de supervisión y verificación de los fondos de pensiones.

     No debe perderse de vista en ningún momento que el primer propósito de la reforma fue el de lograr una mayor protección de los intereses de los trabajadores. Un beneficio secundario fue que se consiguió, a la vez, el equilibrio financiero del IMSS. Alcanzar lo segundo sin dar solución a los primero carece de sentido en términos de una política social. Esto implica, desde el punto de vista de los beneficiarios del sistema, la existencia de una información veraz y comprensible además de la garantía de una supervisión efectiva por parte del Estado y de la propia sociedad. El papel fundamental de la CONSAR es la protección del ahorrados, independientemente de los beneficios que su adecuada operación pueda significar para la consolidación del sistema financiero. Por lo que respecta a las tareas del Estado, la eliminación de toda discrecionalidad reduce el riesgo de que el gobierno quede sujeto a presiones de los grupos financieros. La información transparente resta vulnerabilidad al sistema.

     Se llega por este camino, como por muchos otros, a un tema central que se debate en permanencia: el fortalecimiento de una sociedad civil aun débil, y su incorporación en la elaboración de la política como uno de los requisitos para vivir en una verdadera democracia.

 

Nace el Consejo Nacional de Pensiones

20-May-03

 

Para que exista mayor información autónoma y control de los sistemas de ahorro para el retiro, a partir de este martes quedará conformado el Consejo Nacional de Pensiones.

Para que exista mayor información autónoma y control de los sistemas de ahorro para el retiro, a partir de este martes quedará conformado el Consejo Nacional de Pensiones, el cual nació como parte de las reformas a la ley aprobadas el año pasado y tendrá como objeto salvaguardar los fondos acumulados y generados por el nuevo esquema de pensiones en México.

 

En el consejo estarán representados el sector patronal, las organizaciones de trabajadores y la industria. En su primera reunión se votará para elegir al que presidirá el consejo, en presencia del presidente de la Condusef.

Por parte de las empresas que se dedican a administrar los fondos de previsión, habrá seis representantes e igual número de suplentes. Entre los titulares se encuentran los directores de las Afore más importantes del mercado, como Bancomer y Banamex.

También serán representantes los directores de Profuturo GNP, Afore XXI, Santander y de Allianz Dresdner.

De las organizaciones de trabajadores, serán representantes propietarios del Congreso del Trabajo Roberto Ruiz Angeles, Carlos Aceves del Olmo, Juan Moisés Calleja y Rafael Riva Palacio Pontones.

Los representantes de patronales los de Concamin, Canacintra y La Federación Empresarial del Noreste.

 

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Investiga Competencia elevadas comisiones de bancos y Afore

http://www.jornada.unam.mx/2006/09/26/026n1eco.php

 

 

Subió a $139.3 mil millones el déficit del fondo de pensiones del ISSSTE

http://www.jornada.unam.mx/2006/11/10/index.php?section=sociedad&article=053n1soc

 

 

Se duplicaron los pasivos del régimen de pensiones del IMSS en el sexenio: Flores

http://www.jornada.unam.mx/2006/11/22/index.php?section=sociedad&article=052n1soc

 

Sana discusión sobre Afores.

http://www.radioformula.com.mx/articulo.asp?ID=53414

 

 

"No se privatizará el IMSS", afirma el director general, Molinar Horcaditas

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/05/index.php?section=sociedad&article=045n1soc

 

Buena fe y buena técnica, "clave" para reforma del RJP y modernización del contrato colectivo. El régimen de jubilaciones no es el mayor problema del IMSS: Molinar. En el seguro de enfermedades y maternidad el déficit es muy superior, afirma el director del instituto

http://www.jornada.unam.mx/2007/01/31/index.php?section=sociedad&article=042n1soc

 

Por 25 años de cotizar, se recibirá sólo el 27.7% Pensiones del SAR, menores a las del sistema anterior: Amafore

http://www.jornada.unam.mx/2007/02/10/index.php?section=sociedad&article=038n2soc

 

Pensionados y jubilados, contra reforma a ley

http://www.jornada.unam.mx/2007/02/10/index.php?section=sociedad&article=038n4soc

 

Busca Cofemer frenar abusos de las Afores

http://www.jornada.unam.mx/2007/02/26/index.php?section=economia&article=020n1eco

 

Desconocen trabajadores uso de Afores. Expertos dijeron que el desconocimiento de los usuarios sobre sus instrumentos bancarios y de Afores se debe a la falta de promoción de los propios intermediarios

 Ciudad de México  (27 febrero 2007).- La mayoría de los usuarios de las Afores desconocen la información más básica de las instituciones que administran sus recursos para el retiro.

De acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el 60 por ciento de los trabajadores que tienen una Afore no saben qué es la cuenta individual, mientras que el 82 por ciento no recuerda si firmó o no un contrato de adhesión.

En la actualidad, las Afores manejan 37 millones 445 mil cuentas que involucran recursos por 715 mil millones de pesos, con un promedio de 19 mil pesos por cuenta, revelan datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

La falta de información respecto a los fondos para el retiro ha conducido a los usuarios a tomar decisiones equivocadas.

Moisés Schwartz, presidente de la Consar, admite en una presentación disponible en el sitio del organismo que sólo cerca del 30 por ciento de los traspasos de Afores que realizaron los trabajadores en el último año y que sumaron alrededor de 3.8 millones, fueron convenientes para los usuarios al involucrar mayores rendimientos y menores comisiones.

El estudio elaborado por la Condusef y que será presentado en las próximas semanas también analiza el conocimiento que tienen los usuarios sobre los servicios financieros.

Los resultados destacan que el 75 por ciento de quienes tienen una tarjeta de débito, desconocen el monto y tipo de comisiones que paga por la misma.

Más de 50 por ciento de quienes tienen una tarjeta de crédito bancaria no sabe interpretar su estado de cuenta.

Para algunos expertos este desconocimiento se debe a la falta de promoción de los intermediarios financieros.

"El objetivo principal de la Condusef es buscar una equidad en las relaciones entre las instituciones financieras y los usuarios, señaló José María Aramburú, director general de Análisis de Servicios y Productos Financieros de la Comisión.

Subrayó la importancia del estudio al advertir que "una de sus funciones (de la Condusef) es que transparenten sus productos y servicios y, sobre todo, que la gente entienda cuáles son las características de los productos y servicios que está contratando".

Los datos específicos sobre Afores que se presentan en el estudio contrastan con la información que dio a conocer la Consar en noviembre del año pasado.

De acuerdo una encuesta que realizó la autoridad en materia de Afores, el 79 por ciento de los trabajadores interrogados no sólo dijo conocer la información sobre su Afore, sino además aceptó reconocer los beneficios de los traspasos.

 

En México obtienen ingresos de 2.16% por manejo de fondos; en Suecia no llega a 1%. Plantea Cofeco regular las elevadas comisiones que cobran las Afore

http://www.jornada.unam.mx/2007/03/04/index.php?section=sociedad&article=035n1soc

 

El sindicato carece de facultades para impugnarla. Desecha la Corte amparo contra la Ley del IMSS

http://www.jornada.unam.mx/2007/03/13/index.php?section=sociedad&article=043n1soc

Gustavo Leal F./ ISSSTE: ¿"inexpertos" versus "incrédulos"?

http://www.jornada.unam.mx/2007/03/17/index.php?section=opinion&article=006a1pol

Arturo Alcalde Justiniani / Ley del ISSSTE, verdades a medias

http://www.jornada.unam.mx/2007/03/17/index.php?section=opinion&article=021a2pol

Néstor de Buen /Una resolución curiosa

http://www.jornada.unam.mx/2007/03/18/index.php?section=opinion&article=023a1pol

 

Luis Hernández Navarro / Ley del ISSSTE: atraco a mano alzada

http://www.jornada.unam.mx/2007/03/20/index.php?section=opinion&article=017a1pol

 

Zipizape entre senadores por la nueva Ley del ISSSTE

http://www.jornada.unam.mx/2007/03/28/index.php?section=politica&article=007n1pol

 

Cobrarán las Afore una sola comisión

http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=495667

Causa sorpresa la edición debido a que sólo aparece de lunes a viernes

En vigor, la Ley del ISSSTE; el sábado fue publicada en el Diario Oficial

De 3 mil 34.20 pesos, la pensión mensual garantizada, que debe actualizarse cada año

http://www.jornada.unam.mx/2007/04/03/index.php?section=politica&article=006n1pol

 

Advierten desastre en IMSS

Advierte funcionario que si no hay reformas caerán en insolvencia en pocos años

Querétaro,  México (4 abril 2007).- Si continúa en las mismas condiciones que opera actualmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no sobrevivirá al actual sexenio, advirtió ayer Juan Molinar Horcasitas, director del organismo.

 

Al participar en el Consejo Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, pidió un cambio sustancial en el manejo de las finanzas, la forma de trabajo y la eficiencia del servicio para superar la crisis.

 

"En síntesis: hace décadas que invertimos en pacientes, con dinero de los pensionados. Esto se hace desde hace 25 años, hoy es necesario asumir respuestas y decisiones críticas", expresó.

 

"Ya no hay tiempo extra, nosotros tenemos que pagar, somos nosotros quienes tenemos que resolver el problema".

 

Al dirigirse a los representantes sindicales, Molinar propuso solventar este reto con diálogo y disposición.

 

Planteó dos desafíos primordiales: el deterioro en el servicio y la inviabilidad del instituto a futuro.

 

Además, señaló la urgencia de modificar el contrato colectivo de trabajo.

 

Invitó a los trabajadores a emprender esa negociación en un ambiente de respeto y buena fe, y poniendo en primer lugar a los derechohabientes y al instituto.

 

El funcionario recordó que hace 25 años el IMSS contaba con 1.86 camas por cada mil afiliados, y que hoy el número se ha reducido a 0.8.

 

El deterioro en los servicios se combina con el problema de financiar jubilaciones y pensiones, añadió.

 

El secretario general del sindicato del Seguro Social, Baldemar Gutiérrez, rechazó el planteamiento de revisar el contrato colectivo.

 

"Los trabajadores somos los que nos quedamos. Dejamos más de 20 años de nuestras vidas en el instituto, mientras que otros sólo vienen seis años", aseguró durante el discurso de clausura del 61 congreso nacional de ese gremio.

 

Posteriormente, en conferencia de prensa, calificó los señalamientos de Molinar --sobre revisar el contrato colectivo-- como aventurados.

 

"Nosotros en este consejo llevamos ya las propuestas de los trabajadores que va a ser la parte medular de la revisión del contrato colectivo.

 

"La propuesta la hacemos nosotros, y la institución única y exclusivamente tendrá que hacer la negociación con la comisión revisora", advirtió Gutiérrez.

 

"No estamos de acuerdo en lo que dice el director de modificar nuestro contrato colectivo. Nos lo hemos ganado en más de 73 años, y no vamos a permitir que nos lo toquen. Que le quede claro a la institución, y también que le quede claro al director", agregó.

 

SINOPSIS DE LA PROPUESTA INTEGRAL

DE REFORMA A LA LEY DEL ISSSTE

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Diagnóstico:  La situación del ISSSTE es apremiante

         El sistema de pensiones del ISSSTE injustamente no ofrece portabilidad a sus trabajadores ni con el sistema del IMSS ni con los sistemas estatales.

         Sólo en pensiones, el Instituto enfrenta un déficit actuarial de más del 50% del PIB.  Así mismo, enfrenta un déficit de caja que en el 2007 será de 42 mil millones de pesos (mmp) y que se incrementará aceleradamente cada año superando 77 mmp en el 2012.

         El déficit del fondo de salud en el 2006 fue de 5.4 mmp.

         La situación de los fondos de pensiones y de salud están mermando impidiendo la capacidad operativa del Instituto deteriorando la calidad de sus servicios.

 

Fondo de Pensiones

         Los jubilados actuales no observan ningún cambio.

 

         Los trabajadores nuevos entran a un sistema mixto, financieramente sustentable, basado en el ahorro individual con componentes solidarios, que asegura la portabilidad y ofrece certidumbre jurídica de la propiedad de los recursos.

         Para mejorar las pensiones de los trabajadores las contribuciones para pensiones se aumentan del 7% actual (3.5% de los trabajadores y 3.5% del gobierno) a cerca del 12.7% donde el trabajador cubre poco menos de la mitad con el 6.125%. El resto lo cubre el gobierno en donde sus contribuciones incluyen una cuota social.

         El incremento de las cuotas para los trabajadores es gradual, de 0.5% cada año.

         Pilar de ahorro solidario:  Por cada peso que aporte el trabajador de manera voluntaria, el Estado aportará 3.25 pesos hasta un tope de 2% del trabajador.  Es decir, 2% del trabajador y 6.5% del gobierno.

         Se duplica la Pensión Mínima Garantizada (PMG) a dos salarios mínimos.

         Después de tener ahorros que alcancen para una pensión de al menos 1.3 pensiones mínimas, el trabajador puede escoger su edad de retiro de acuerdo al tamaño de la pensión que desee.

         Los trabajadores podrán migrar entre el sector público y privado llevando consigo los recursos de su pensión sin perder las aportaciones que ellos mismos y sus patrones han hecho.

 

         Los trabajadores en activo tendrán dos opciones:

1.  Continuar en el régimen de la ley actual con modificaciones graduales.

         Fijar una edad mínima de jubilación en 49 años para las mujeres y 51 para los hombres en el 2010 y elevarla gradualmente (un año cada dos) hasta llegar a 60 años en el año 2028.

         Elevar la pensión por edad y tiempo de servicio un año cada dos empezando en el 2010 para pasar de 55 años a 60 años en el 2018.

         Nota:  La edad promedio de retiro del ISSSTE hoy es de 56 años.

         Para los trabajadores activos, bajo cualquiera de las dos opciones, el incremento en sus cuotas será gradual e igual al de los trabajadores nuevos.

 

2.  Optar de manera voluntaria por un bono de reconocimiento y migrar al nuevo régimen.

 

         A todos los trabajadores que así lo manifiesten, se reconocería, a través de un bono de pensión, sus derechos de jubilación a la fecha de la reforma conforme a los artículos 60, 63, y 83 de la Ley del ISSSTE.

         Cuando se jubilen, su pensión será igual al bono de reconocimiento más lo que haya depositado durante del resto de sus años de servicio el trabajador y el gobierno más los intereses generados.

 

Fondo de Salud

 

         Se incorpora una cuota social igual a la del IMSS que llegará a 6.5 mmp.

         Creación de un comité mixto de Trabajadores y Funcionarios para darle seguimiento al nuevo Plan Maestro del Fondo de Salud.

         La separación funcional del financiamiento y la provisión del servicio médico como primer paso para un ambicioso programa de mejoras de eficiencia.

         Portabilidad de derechos entre distintos sistemas de seguridad social.

 

Otras modificaciones

 

         Agrupación de los 21 seguros y prestaciones existentes en 4 seguros iguales a los del IMSS (Retiro, Salud, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida, y Prestaciones Sociales) con un estricto régimen de reservas por separado para cada seguro.

         Introducción de dos nuevas modalidades de créditos personales:  (i)  Para bienes duraderos por hasta 8 meses de salario (los previos son de 4 y 6 meses) con un programa especial para su utilización en el Sistema de Tiendas y Farmacias del Instituto; y (ii)  Extraordinarios para damnificados.

         Fortalecimiento del Fovissste para bursatilizar su cartera y aumentar la derrama crediticia.

o          Por ejemplo, en el año 1998 el Infonavit otorgó cerca de 100 mil créditos, mientras que en el 2006 otorgó 421 mil.  Una mejora de este orden permitiría atender la demanda potencial.

         Con el régimen estricto de reservas, las prestaciones sociales y culturales tendrán mayor certidumbre en sus ingresos.

 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS Y PAQUETE DE APOYO

 

         El Estado aportará una cuota social en el fondo de salud y una para el sistema de pensiones.

         El ISSSTE no se privatiza, se crea un organismo público (PENSIONISSSTE) para administrar los fondos de pensiones:

o          Con Participación paritaria de los trabajadores en el órgano de gobierno.

o          Que privilegie la inversión en la actividad productiva nacional, vivienda, energía, gas, petroquímica y carreteras sujetándose al más alto estándar de seguridad dentro del régimen de la Consar.

o          El Pensionissste administrará las cuentas de los trabajadores al servicio del Estado por los siguientes 3 años y posteriormente los trabajadores podrán voluntariamente optar por otra administradora.

         La regularización, en un programa gradual, de los trabajadores eventuales  que laboran en el servicio público por jornadas completas.

         El Estado incrementará sus aportaciones obligatorias a la seguridad social de 19.75% del salario de cotización a 25.145%.

         Se aportarán por una sola vez 8,000 millones de pesos para mejorar de manera inmediata y tangible los servicios médicos. 

         Se aportarán por una sola vez 2,000 millones de pesos para apoyar al fondo de préstamos personales en tanto ocurre la primera bursatilización.

         Se ofrecerán 7,000 créditos hipotecarios a jubilados y pensionados.

 

LOS PRINCIPALES CUESTIONAMIENTOS

 

         Supuesta celeridad en la aprobación de la reforma.  Han existido pocas reformas discutidas de manera tan abierta desde el 2001.  En el 2005 se tuvieron numerosos encuentros con más de 25 organizaciones sindicales que abarcan el 90% de los derechohabientes.  Desde hace más de un año, fue presentada una reforma cuyos ejes principales son los mismos que la presente iniciativa.

         Supuesta desaparición de prestaciones.  No se desaparece ninguna, simplemente se agrupan en cuatro (Art 3 y 4) para que sean iguales a las del IMSS y se vaya construyendo un sistema nacional de seguridad social.

         Supuesta incapacidad para mejorar la atención médica.  Se introduce un plan rector, un Comité de Seguimiento con participación de trabajadores, se incorpora una cuota social de 6.5 mmp cada año y una aportación extraordinaria de 8 mmp.

         Supuesta afectación a los derechos pensionarios.  Los pensionados no se ven afectados, al contrario, serán beneficiados con los créditos de vivienda y la certeza que el gobierno federal cubrirá sus pensiones.  A los trabajadores activos se les reconoce íntegramente la antigüedad. De hecho, la iniciativa reconoce derechos a los trabajadores con menos de 15 años de cotización lo que la Ley actual no hace.

         Supuestas afectaciones al monto de la pensión.  El aumento en las contribuciones obligatorias de 7% a 12.7% y la incorporación del pilar solidario donde el gobierno pone 3.25 pesos por cada peso del trabajador, implican pensiones por encima de los estándares internacionales como porcentaje del último salario.  Adicionalmente, con la modernización del Fovissste, el trabajador podrá utilizar los recursos de su subcuenta de vivienda para aumentar la pensión.

         Privatización del ISSSTE.  En ningún momento se plantea la privatización de alguno de los servicios del ISSSTE.  La iniciativa no tiene ninguna mención sobre la palabra banca salvo para referirse al Banco de México.  De hecho con la creación del Pensionissste se transfieren de los bancos más de 50 mmp del SAR-ISSSTE.

         Supuesta vulnerabilidad por malos manejos de los fondos de pensiones.  El régimen del Pensionissste tiene que estar dentro del marco definido por la Consar.

         Apoyo especial a las mujeres.  Se mantiene el diferencial de 2 años en la edad de retiro.  Con las cuentas individuales se fortalece la portabilidad y permite llevarse sus recursos para pensión en todo momento.

         Supuesta debilidad del esquema de financiamiento.  El apoyo extraordinario saldrá de economías, sub-ejercicios,  y de excedentes tributarios y petroleros.

         Afirmativa ficta para migrar a los trabajadores al nuevo sistema.  El dictamen de las comisiones eliminó este elemento.

 

Miniafores, en riesgo de salir del mercado

http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=500787

Gustavo Leal F./ ¿Qué ganan los trabajadores con la reforma al SAR?

http://www.jornada.unam.mx/2007/04/28/index.php?section=opinion&article=016a1pol

 

ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A.C.

 

MÉXICO, D. F., 30 DE MARZO 2007.

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA,

PRESENTE.

 LA ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A. C., TANTO EN EL DISTRITO FEDERAL COMO EN SUS COLEGIOS ESTATALES, SE HA MANTENIDO EN SESIÓN PERMANENTE A PARTIR DEL 15 DE MARZO, PARA ANALIZAR Y TRASMITIR SU OPINIÓN EN TORNO A LA LEY DEL ISSSTE Y A LAS REFORMAS A LA LEY DEL SAR. EN SU REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE MARZO, TOMÓ LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

 

1. ES CONVENIENTE LA REFORMA A LA LEY DEL SAR, EN LA QUE SE ELIMINEN LAS CUOTAS SOBRE FLUJO (CAPITAL DE INGRESO), PARA REDUCIRLAS A LAS OBTENIDAS POR UTILIDADES, EN VISTA DE QUE LAS PRIMERAS ATENTAN CONTRA EL INCISO e) DE LA FRACCIÓN XXVII DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. ADEMÁS, SE HA CONSTATADO POR LOS ACTUARIOS DE LA ACADEMIA QUE EL PORCENTAJE DESCONTADO A LOS TRABAJADORES NO LO RECUPERARAN POR LA INFLACIÓN Y LAS BAJAS TASAS DE INTERÉS.

 

2. LA ACCIÓN DE LA CONSAR ES CONTRARIA A LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES, AL MULTIPLICAR SUS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE NO CONOCEN LOS DERECHOHABIENTES, ADEMÁS DE CARECER DE FACULTADES CONSTITUCIONALES PARA ACTUAR EN EL ÁMBITO DE PENSIONES. DEBE MODIFICARSE SU ESTRUCTURA PARA QUE SEA UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO, AUTÓNOMO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA. ATENTA CONTRA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

 

3. LA LEY DEL ISSSTE QUE FUE APROBADA SE HOMOLOGÓ A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y ES PREDECIBLE QUE TENGA EN POCO TIEMPO LOS MISMOS RESULTADOS CONTRARIOS A LOS TRABAJADORES, CON CUENTAS DUPLICADAS Y TRIPLICADAS. ACTUALMENTE LAS AFORE TIENEN MAS DE 37 MILLONES DE CUENTAS Y LOS ASEGURADOS EN EL IMSS NO LLEGAN A 14 Y MEDIO MILLONES. LA CANTIDAD DE DINERO RECIBIDA ES ESCANDALOSA, AL REBAZAR EL BILLON CIEN MIL MILLONES DE PESOS, CANTIDAD SUFICIENTE PARA ATENUAR LOS IMPACTOS FINANCIEROS, SÓLO CON LAS UTILIDADES QUE LAS AFORE Y LAS SIEFORE RECIBEN. LAS ASEGURADORAS PRIVADAS CUBREN LAS PENSIONES DEL IMSS Y LO HARÁN CON LAS DEL ISSSTE, INVERTIRÁN EL DINERO QUE RECIBAN Y NO PRODUCIRÁN BENEFICIO ALGUNO A LOS TRABAJADORES.

 

4. INSISTIMOS EN UNA REVISIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA. EL ACTUAL ESTA A PUNTO DE CONTAMINAR LOS SISTEMAS ESTATALES Y LOS CONTRATOS COLECTIVOS Y NO DA RESULTADO FAVORABLE ALGUNO QUE BENEFICIE A LOS TRABAJADORES Y A SU FAMILIA.

 

LOS ACTUARIOS, ECONOMISTAS, MÉDICOS Y SOCIÓLOGOS SE HAN UNIDO A LOS ABOGADOS DE LA ACADEMIA EN TODO EL PAÍS, PARA ATENDER LOS CIENTOS DE ORIENTACIONES DE LOS TRABAJADORES Y ESTAMOS PREPARANDO LAS DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO QUE SE INTERPONDRÁN ANTE LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE LA REPÚBLICA, RECLAMANDO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEL ISSSTE POR VIOLACIONES A LOS ARTICULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES, EN VISTA DE QUE LAS NORMAS AFECTAN LAS GARANTÍAS DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL Y TIENDEN A FAVORECER A LOS ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES QUE SE HAN APODERADO DE LAS AFORE, ADEMÁS DE HABER INCREMENTADO LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXPONER AL TRABAJADOR A PÉRDIDAS, COMO DICE LA DECLARACION PRIMERA DEL CONTRATO CON LA AFORE.

 

EL PRESIDENTE NACIONAL.

 

DR. ALBERTO BRICENO RUIZ

 

 

Abogados y legisladores acusan de "terrorismo laboral" al titular del ISSSTE

"Aberrante", la advertencia de Yunes de suspender derechos a inconformes

11 mayo.

Personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), constitucionalistas, abogados laborales y legisladores calificaron de acto de "intimidación" y "aberración" las declaraciones del director general de ese organismo, Miguel Angel Yunes Linares, quien advirtió que quienes se amparen contra la nueva ley que rige al instituto y obtengan una suspensión de un juez federal podrían perder temporalmente sus derechos a los servicios y prestaciones que ofrece esa dependencia a los empleados gubernamentales.

Expertos en derecho constitucional aseguraron que se trata de una estrategia de "terrorismo laboral" que sólo busca "inhibir" la participación ciudadana en la defensa de sus garantías, pues aseguraron que no está "sujeta a la voluntad de ningún funcionario" la vigencia de obligaciones constitucionales como el derecho a la salud, y "en caso de ser amparados, a los trabajadores se les aplicará la ley que estaba vigente, con todos sus beneficios".

Elisur Arteaga Nava, constitucionalista y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirmó que de incurrir en la suspensión del servicio o en el disfrute de las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores, se podría imputar a Yunes responsabilidad penal, porque ni la salud ni los beneficios que otorga la ley son una "concesión otorgada por algún funcionario".

Miguel Angel Eraña, experto en derecho constitucional de la Universidad Iberoamericana, señaló que "cualquier abogado, por menor que sea, tiene conocimiento de que un juicio de amparo no anula derechos. Por el contrario, se trata de una figura garantista que pretende proteger a los ciudadanos contra abusos del Estado", por lo que consideró que lo expresado por el director del ISSSTE es una "declaración de mala fe".

Por su parte, el PRD en la Cámara de Diputados consideró que la postura de Yunes Linares "constituye una agresión injustificable y desesperada" ante los miles de trabajadores que ya han recurrido al amparo contra la nueva ley de la institución.

En conferencia de prensa, diputados de ese grupo parlamentario resaltaron que es falso que el ISSSTE pueda dejar de prestar servicios a quienes se amparen, porque constitucionalmente la presentación de una demanda de este tipo no implica la pérdida o coacción del derecho a la salud.

En tanto, la Coordinadora de Trabajadores y Organizaciones en Defensa del ISSSTE recomendó a Yunes que deje que las autoridasdes judiciales dictaminen en torno a los amparos interpuestos en contra de la nueva Ley del ISSSTE "y que no se atreva a negar los servicios a los trabajadores, porque eso sería inconstitucional e ilegal".

La Unión de Juristas de México, que encabeza la representación jurídica de más de cien mil trabajadores que se han amparado contra la nueva ley del instituto, rechazó que los burócratas inconformes corran el riesgo de perder sus derechos y prestaciones médicas en caso de que obtengan una suspensión provisional.

Eduardo Miranda Esquivel, presidente de ese organismo, aseguró que "Yunes está tratando de sorprender e intimidar a los empleados; su actitud, grave e irresponsable, puede configurar los delitos de abuso de autoridad e intimidación, sancionados con prisión de uno a nueve años".

En tanto, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación calificaron de acto de "provocación" el arribo, al filo del mediodía, de Yunes a las oficinas centrales del ISSSTE, donde los inconformes mantienen un plantón permanente para exigir la derogación de la legislación.

Tras un forcejeo con elementos de la Policía Federal Preventiva cuando intentaban evitar el ingreso del vehículo en el que se trasladaba el director general del organismo, maestros disidentes afirmaron que no caerán en nuevas provocaciones con la fuerza pública, porque "Yunes no es más que un instrumento al servicio de los intereses de Elba Esther Gordillo, y sabemos que sólo llegó para sacarse la foto y provocar un zafarrancho".

Por su lado, integrantes del "gobierno legítimo" de Andrés Manuel López Obrador rechazaron ayer que los burócratas que interpongan amparos se puedan ver afectados en sus derechos, pues ese procedimiento impugna artículos específicos y no la legislación en su totalidad.

Mario di Costanzo, secretario de Hacienda; Bertha Luján, titular del Trabajo, y Asa Cristina Laurell, de Salud, explicaron que de lograrse la suspensión de las reformas aprobadas lo que quedaría sin efecto serían las nuevas disposiciones, sin lesionar de ninguna manera los derechos adquiridos y la antigua normatividad.

Respecto de las declaraciones de Yunes, sostuvieron que sus advertencias sólo muestran que los operadores de Elba Esther Gordillo están desesperados ante el rotundo fracaso jurídico y social que representa la reforma a esta legislación.

La aseveración de Yunes es mentirosa, en virtud de que el derecho a la salud y a la jubilación emana de principios consagrados en la Constitución, por lo que el Estado está obligado a otorgar atención médica, seguridad social y servicios sociales a sus trabajadores en todo momento, subrayaron.

Por esta razón, resaltaron que ningún juez puede ordenar que a un trabajador se le retiren sus derechos por estar ejerciendo otra garantía consagrada en la Carta Magna.

Aseguraron que los artículos 103 y 107 constitucionales y su ley reglamentaria no condicionan la presentación de la demanda de amparo ni su resolución a la pérdida o coacción en el ejercicio de los derechos de los asalariados.

En consecuencia, resulta absolutamente falso y tendencioso afirmar, con el objeto de amedrentar a los trabajadores, que el ISSSTE podría dejar de ejercer sus obligaciones, agregaron.

Puntualizaron que si Yunes no respeta los derechos de los burócratas incurriría en una flagrante violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que se haría acreedor a un juicio político.

Luis Hernández Navarro / Los amparos contra la nueva Ley del ISSSTE

http://www.jornada.unam.mx/2007/05/15/index.php?section=opinion&article=025a1pol

Interponen amparo los 69 mil 583 trabajadores de base del ISSSTE

http://www.jornada.unam.mx/2007/05/18/index.php?section=politica&article=009n1pol

 

Luis Rubio

Todo cambia

Reforma, 20 mayo 2007. Tienen razón los sindicatos que han estado protestando. Efectivamente, con la nueva Ley del ISSSTE, las reglas del juego cambiaron para los poderosos gremios del sector público. El cambio en la estructura y administración de las pensiones altera el pacto social que, explícita o implícitamente, guardaba el gobierno con sus aliados históricos. Y la respuesta ha sido reveladora: recuerda un tanto la forma en que el PRI encaró su derrota en 2000, con absoluta perplejidad, sin capacidad de comprender que el mundo a su derredor había cambiado.

 

El ajuste que experimenta el sector público en materia de pensiones es parte del proceso de ajuste de la sociedad mexicana al mundo de la competencia política y de la globalización en lo económico pero, sobre todo, exige una necesaria dosis de sensatez que mucha falta le hace al país, aun cuando ello signifique convencer a muchos sindicalistas furibundos. Porque, a final de cuentas, en ese ajuste nos jugamos la capacidad del país para enfrentar exitosamente el futuro.

 

Aunque no afecta a ningún agremiado actual, el cambio en el régimen de pensiones era necesario e impostergable. Los argumentos financieros se han esgrimido hasta el cansancio, pero no por eso podemos socavarlos. Las pensiones comenzaban a erosionar el presupuesto gubernamental a un ritmo tan acelerado que era sólo cuestión de tiempo para que desplazaran el resto del gasto público. Entre 2000 y 2006, ese gasto creció 400% y así seguirá ascendiendo por décadas. La razón de lo anterior es muy simple: la gente vive más, los empleados públicos tienden a retirarse muy jóvenes y la tasa de crecimiento poblacional ha venido disminuyendo de manera sistemática. Hace ochenta años, cuando las instituciones de seguridad social comenzaron a edificarse, la población era fundamentalmente joven, los viejos eran pocos y las contribuciones de los primeros permitían jubilar sin problema a los segundos. Las circunstancias de hoy no guardan semejanza con ese panorama y por eso era imprescindible el ajuste.

 

Pero no obstante la contundencia lógica de este razonamiento, los sindicatos sólo entienden de sus reclamos: creen que se les prometió una cosa y están recibiendo otra. Ciertamente, es falaz el planteamiento sindical, toda vez que no se está conculcando derecho alguno a los trabajadores de hoy; sólo se cambiaron las reglas para los trabajadores futuros. Pero lo que yace detrás del reclamo sindical es más profundo: la protesta no radica en que los sucesores de los actuales sindicalistas vayan a tener prestaciones distintas a las suyas, sino en cómo el gobierno cambia su relación con los sindicatos a raíz de la ley. Es esa transformación la que anima las protestas.

 

Las protestas son patéticas por su total ausencia de realismo. Acostumbrados a los mimos, los trabajadores del sector público no pueden imaginar un escenario con reglas del juego distintas. Que le pregunten al PRI: de ser el dueño del establecimiento, pasó a ser un comensal más en el ruidoso entorno político. Que le pregunten al industrial cuya motivación principal era convencer (o corromper) al burócrata para poder vender sus productos sin considerar en lo más mínimo el interés del consumidor; el mismo industrial que, en los últimos años, ha tenido que aprender a competir con los mejores fabricantes chinos, franceses o brasileños. Que le pregunten al comerciante habituado a los mercados cautivos, ahora enfrentado con supermercados eficientes con una oferta de mejores productos a precios menores. Todo el país ha mostrado capacidad de adaptación, excepto... los sindicatos. Ya es hora.

 

El ajuste que el país experimenta es complejo y en muchos casos doloroso. No es fácil aprender a competir (igual en las manufacturas que en las elecciones) ni es sencillo desarrollar habilidades nuevas. Tampoco es fácil aceptar que muchas de las ventajas del pasado eran, en realidad, privilegios excepcionales, desconocidos en otras latitudes. Los políticos priístas se habían acostumbrado a explotar al país como si fuera su hacienda particular, al igual que los industriales adulaban a la burocracia en lugar de reducir los costos o elevar la calidad de sus productos. Ambos (como tantos otros) han tenido que ajustarse a una realidad cambiante.

 

Los priístas quedaron pasmados luego del histórico 2 de julio de 2000. Les tomó tiempo comprender, sobre todo aceptar, la nueva realidad política del país. Fue realmente hasta estos últimos meses en que la derrota se convirtió en ventaja estratégica; quizá en los próximos años demuestren que pueden igualmente crear una capacidad competitiva a nivel electoral en un entorno con reglas iguales para todos. Lo mismo puede afirmarse del sector empresarial, cuyo ajuste no ha sido nada fácil, pero increíblemente exitoso en un sinnúmero de casos.

 

El sindicalismo del sector productivo se ha ajustado tanto como las empresas. Aunque nunca gozaron de tantos privilegios como los del SME o el STPRM, por citar dos casos extremos, los sindicatos de empresa contaban con privilegios y condiciones de trabajo mucho más relajadas y generosas que sus pares en otros países (eso independientemente de cómo se distribuyeran los beneficios entre líderes y trabajadores, asunto de otro costal). La competencia ha forzado a todos esos sindicatos a ajustarse en paralelo con las empresas, pues la alternativa hubiera sido la quiebra. Hay numerosos ejemplos de sindicatos duros y militantes (en el sector automotriz por ejemplo) que han tenido la capacidad y visión, pero sobre todo las agallas, para reconocer los cambios mundiales y la obligada transformación que ellos debían experimentar. No ocurrió así con el sindicalismo público. Ahí la fiesta continúa.

 

Vuelvo al principio: no cabe la menor duda que el viejo pacto político ha cambiado. El gobierno ya no puede sufragar beneficios y privilegios financieramente insostenibles, sobre todo dada la extraordinariamente baja productividad de nuestra economía. Las reglas cambiaron y los sindicatos necesitan adaptarse. Sin embargo, a juzgar por la forma en que se han venido conduciendo, el pataleo seguirá por un buen rato.

 

Hace algunas décadas, un estudioso del poder, F.W. Frey, acuñó una frase que viene como anillo al dedo tras las protestas sindicales recientes: "Para qué hacer que las cosas sean difíciles cuando, con un poco más de esfuerzo, las podemos hacer imposibles" ("Comment: on Issues and Nonissues in the Study of Power", APSR 65, 1081-1101). ¿Los sindicatos buscan hacer menos difícil el ajuste o, en aras de preservar sus privilegios, pretenden condenar al país al subdesarrollo?

Página de internet: www.cidac.org

 

Menos de un salario mínimo, la pensión a inscritos en las Afore

http://www.jornada.unam.mx/2007/05/24/index.php?section=economia&article=028n1eco

 

En la última década las Afore ganaron $25 mil millones, sin beneficiar a ahorradores

Los trabajadores deberán aportar más para tener mejor pensión, dice Consar

Los recursos de los jóvenes serán invertidos en fondos más especulativos

http://www.jornada.unam.mx/2007/05/25/index.php?section=economia&article=029n1eco

 

Los trabajadores sólo recibirán cuando se retiren un tercio de su último salario

Cambio al régimen de solidario a individual reducirá pensiones

http://www.jornada.unam.mx/2007/06/29/index.php?section=economia&article=028n1eco

 

Las Afores no han aprovechado la oportunidad de poder invertir hasta 15 por ciento de sus recursos en instrumentos que dan mayores rendimientos

Ciudad de México  (02 de julio de 2007).-   Si usted se retirará con la pensión que logre a partir del sistema de Administradoras de Fondos para el Retiro iniciado en 1997 no eche las campanas al vuelo. Hay quien augura que podría recibir sólo lo equivalente a un salario mínimo.

Al cumplirse ayer 10 años de iniciado el sistema, la deficiente administración por parte de las Afores, el desinterés de los trabajadores y la misma ley están echando por la borda las posibilidades de crear un buen fondo de retiro.

Durante sus primeros cuatro años de vigencia, las Afores invirtieron un 90 por ciento de su cartera en valores del Gobierno federal, que ofrecían menor riesgo, pero también un bajo rendimiento.

Ese porcentaje ha ido bajando, pero muy lentamente.

Al 31 de mayo de 2007, las Afores invirtieron en bonos de Gobierno un 71 por ciento, un 9 por ciento estaba invertido en valores de renta variable y el 20 por ciento restante en deuda de corporativos y organismos públicos.

Así, las Afores subaprovechan la oportunidad que la ley les da --desde enero de 2005-- de invertir hasta el 15 por ciento de los recursos gestionados en instrumentos de inversión de renta variable, que otorgan mayores rendimientos.

"Las Afores no han tenido el interés de esforzarse por tener altos rendimientos, porque la regulación premia a las administradoras con menores comisiones, independientemente del rendimiento que otorgan", explicó Moisés Schwartz Rosenthal, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Además, afirmó que los trabajadores no se involucran con sus fondos.

Una encuesta de REFORMA revela que 8 de cada 10 aforehabientes no saben cuál es la comisión que les cobra su administradora. Inclusive, 4 de cada 10 desconocen cuánto tienen en su ahorro para el retiro.

Con este panorama, Michelle Dion, especialista del Instituto Tecnológico de Georgia, expuso que muchos trabajadores que se jubilen con el SAR apenas recibirán una pensión equivalente a un salario mínimo.

 

Dispara IMSS sus adeudos

Una de las principales razones de la crisis financiera del IMSS fue que le recortaron los fondos relacionados con las pensiones de sus afiliados, según expertos

Ciudad de México  (03 de julio 2007).- El IMSS tiene el agua al cuello en cuanto a deudas con sus empleados.

Al cierre de 2006, el instituto --en su carácter de patrón-- tiene un pasivo laboral de 833 mil 149 millones de pesos y se prevé que siga creciendo hasta 2017, cuando rebasará los 1.1 billones de pesos.

Así se revela en el informe "Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2006-2007", presentado por el Seguro Social a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo federal.

Actualmente los pasivos laborales representan 9.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La situación es tan apremiante que el pasivo laboral dejará de pesar en el balance financiero del IMSS hasta 2050.

El instituto destaca el crecimiento alarmante del pasivo en los últimos años, pues desde 1999 hasta el año pasado sufrió un incremento de 67 mil 900 millones de pesos anual promedio.

El informe señala que este pasivo, dividido entre la planta laboral, representa 2.3 millones de pesos por trabajador. Un año antes fue de 2.1 millones por empleado.

En el mismo informe, el Seguro Social asegura que el reconocimiento pleno del pasivo laboral implica para el organismo que su patrimonio es negativo, es decir, que con los activos que posee no podría saldar esta obligación.

Alberto Briceño, presidente de la Academia Mexicana de Seguridad Social, aseguró que una de las principales razones de la crisis financiera del IMSS es el hecho de haberle retirado los fondos relacionados con las pensiones de los trabajadores afiliados.

Una parte de esos recursos se entregaron a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y la otra a las aseguradoras privadas para el pago de las pensiones.

"En los últimos 10 años han recibido las Afores alrededor de un billón 200 mil millones de pesos, una cantidad muy superior al pasivo laboral señalado en el informe financiero del instituto.

"Es una de las razones de la descapitalización del instituto", destacó.

Además, dijo, otra explicación es la creciente evasión de cuotas por parte de las empresas, y el derroche de recursos de quienes manejan al instituto.

Berenice Ramírez, investigadora en materia de seguridad social por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, aseguró que se requieren medidas concretas para rescatar al IMSS de su inminente colapso.

 

México, con las aportaciones de retiro más bajas

Las aportaciones patronales para el fondo de retiro en México son de las más bajas del mundo; por ello las jubilaciones resultan insuficientes http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/58727.html

En 10 años se duplicarán los pensionados del IMSS

http://www.jornada.unam.mx/2007/07/06/index.php?section=sociedad&article=045n1soc

 

El actual esquema de gestión no garantiza un ingreso mínimo, advierte Afore de HSBC

La pensión para el retiro es equivalente a 30% del salario

http://www.jornada.unam.mx/2007/09/07/index.php?section=economia&article=022n1eco

 

Declara Corte inconstitucional Ley del IMSS que establece mayores requisitos a hombres que a mujeres para cobrar una pensión de viudez

http://www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico/642173.html

 

Cambie de Afore sin problemas

http://www.esmas.com/noticierostelevisa/investigaciones/443635.html

 

El IMSS está “en peligro”, pero no lo dejaremos morir: Calderón

http://www.jornada.unam.mx/2007/08/25/index.php?section=sociedad&article=033n1soc

 

SÁDICO DOCTOR NEOLIBERAL • EL FISGÓN

http://www.jornada.unam.mx/2007/08/25/index.php?section=cartones&id=1

 

http://www.jornada.unam.mx/2007/08/29/index.php?section=cartones&id=3

Gustavo Leal F./ IMSS: el pliego hostil del politólogo Molinar

http://www.jornada.unam.mx/2007/09/08/index.php?section=opinion&article=015a1pol

 

Advierte IMSS déficit de plazas

 

 

Exhortan a sindicato a hallar una salida que salve a la plantilla y también al instituto

Reformra, Ciudad de México  (27 de septiembre de 2007).-   El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advirtió ayer que sólo cuenta con recursos para contratar a 2 mil 392 de los casi 63 mil trabajadores que necesitará en los próximos dos años.

En un comunicado, detalló que sólo para 2007 el déficit programado es de 7 mil 311 plazas.

"El IMSS sólo puede contratar personal si cuenta con los recursos suficientes para cubrir los costos futuros en el momento de la jubilación, ya que la reforma a la Ley del Seguro Social de 2004 impide la transferencia de recursos presupuestarios provenientes de las cuotas obrero patronales, de las aportaciones del gobierno federal y de las reservas que el propio instituto debe constituir conforme a la ley, para financiar las nuevas contrataciones, ya sean nuevas plazas o plazas de trabajadores en trámite de jubilación", señaló.

Para atender esta situación, se explicó, el IMSS y el sindicato suscribieron un convenio para regular las jubilaciones y pensiones de los trabajadores de base de nuevo ingreso, contratados a partir del 16 de octubre de 2005.

"Este instrumento establecía que las jubilaciones y pensiones de las contrataciones, a partir de esa fecha, serían financiadas con aportaciones provenientes tanto de los trabajadores de nuevo ingreso como por los trabajadores que ya prestaban su servicio al Instituto".

Todas esas aportaciones, agregó, serían destinadas a un fondo de contratación llamado Subcuenta 2.

Dicho esquema, se indicó en el boletín, generó recursos para contratar 38 mil 392 plazas, de las cuales han sido ocupadas 36 mil.

"Al día de hoy, el instituto sólo cuenta con recursos para contratar 2 mil 392 de las 62 mil 900 plazas que necesitará en los próximos dos años.

"La situación es tan grave, que obliga a instituto y sindicato, que comparten este diagnóstico, a encontrar una salida que, apegada a la Ley del Seguro Social, le permita al IMSS mantener su plantilla actual y seguir creciendo al ritmo que lo hace la derechohabiencia", propuso.

Advirtió que de no dar solución al problema, el instituto se verá obligado a cerrar consultorios y unidades médicas antes de que termine el presente año, pues tan sólo para 2007 el déficit programado es de 7 mil 311 plazas.

 

CNTE: la decisión de la SCJN, primer paso; llama a multiplicar las movilizaciones

Preparan otra cascada de amparos contra la nueva Ley del ISSSTE

http://www.jornada.unam.mx/2007/10/10/index.php?section=politica&article=012n1pol

 

 

Reformas a Ley del ISSSTE, paso decisivo en el sistema de pensiones: Carstens

Más competencia y menos comisiones, pide Ortiz a Afore

Demandó el gobernador nuevos esquemas que reduzcan riesgos y eleven rendimientos

http://www.jornada.unam.mx/2007/10/16/index.php?section=economia&article=022n1eco

 

Reforma el IMSS plan de jubilaciones El acuerdo dice que las mujeres requieren 34 años de servicio para jubilarse y los hombres 35, y una edad mínima de 60 años Ciudad de México  (08 noviembre 2007).-   El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y su sindicato pactaron la modificación al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) para los trabajadores de nuevo ingreso en el IMSS, mediante la firma de una carta de intención que se anexó al Contrato Colectivo de Trabajo firmado el mes pasado.

El convenio está depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y fue signado por Juan Molinar Horcasitas, director general del IMSS, y Valdemar Gutiérrez, secretario general del sindicato.

Con esto se hará finalmente operativa la modificación de la Ley del IMSS de abril de 2005, que prohibió el uso de las cuotas obrero-patronales para financiar el pago de las pensiones de los trabajadores del Instituto.

El acuerdo central dice que las mujeres requieren 34 años de servicio para jubilarse y los hombres 35 años, en lugar de los 27 y 28 años que están establecidos actualmente.

Además, indica que en ambos casos se requiere una edad mínima de 60 años, condición que hoy no existe.

La estrategia legal acordada con la Secretaría del Trabajo se dará en varias etapas.

En las próximas semanas la autoridad laboral decidirá cuántas plazas más se pueden lograr con el contrato vigente, que se suscribió en 2005.

El IMSS dice que las aportaciones realizadas por los trabajadores en activo permiten financiar sólo 2 mil reemplazos más y el sindicato dice que alcanza para 14 mil.

La Secretaría dará la cifra definitiva, y una vez agotada la última contratación, se instalará una comisión para modificar el régimen de jubilaciones de todos los trabajadores de nuevo ingreso.

Esa comisión partirá de la base del establecimiento de una edad mínima de 60 años y una ampliación de siete años en el tiempo requerido para el retiro.

Si en 90 días la comisión no llega a un acuerdo, los nuevos trabajadores se contratarían como cualquier empleado del sector privado, con el esquema de AFORES.

Ricardo García Sainz / Estrategias destinadas a destruir la seguridad social

http://www.jornada.unam.mx/2007/11/08/index.php?section=opinion&article=016a1pol

 

Viola el principio de a trabajo igual salario igual, que no sólo abarca el sueldo, señala

De Buen: inconstitucional, el acuerdo para mutilar pensiones en el IMSS

http://www.jornada.unam.mx/2007/11/09/index.php?section=politica&article=014n1pol

Gustavo Leal F.* / IMSS-ISSSTE: ¿solución?

http://www.jornada.unam.mx/2007/11/03/index.php?section=opinion&article=015a1pol

 

Denuncian 'maniobra' de ISSSTE

Exige juez entrega de información sobre prestaciones de burócratas

Ciudad de México  (23 de diciembre de 2007).-   El juez federal a cargo de

tramitar los miles de amparos de burócratas contra la nueva Ley del ISSSTE

reconvino a esa institución por lo que consideró maniobras dilatorias para

retrasar los juicios.

Advirtió incluso que denunciaría al organismo ante la Procuraduría General

de la República (PGR), de no entregar información que se le solicitó.

El ISSSTE, según el juez, ha puesto obstáculos y pretextos para no

entregar información de los quejosos que se encuentra en su Sistema

Integral de Prestaciones Económicas, misma que fue ofrecida como prueba

por los abogados de algunos de los cerca de 300 mil inconformes.

Se trata de datos sobre tiempo de cotización, salario base, y otros

necesarios para verificar que los burócratas son derechohabientes.

Ante la tardanza para entregar los datos, el juez José Manuel Villeda

Ayala, dijo que con su colega José Antonio Montoya tiene que lidiar con

más de 167 mil amparos, de plano perdió la paciencia.

"Se apercibe al ISSSTE que en caso de no hacerlo así (entregar la

información), quien hoy actúa buscará el cumplimiento mediante el medio de

apremio que considere eficaz para ese fin, y en su caso denunciará los

hechos ante el Ministerio Público para que se practique la averiguación

correspondiente y se ejercite la acción penal, por el delito de desacato o

desobediencia", advirtió Villeda.

Lo anterior en diversos acuerdos notificados en las últimas dos semanas,

de los que se desprende que el juez considera que no hay justificación

legal para la tardanza por parte del ISSSTE.

Esta semana, el juez reiteró el ultimátum, y fijó un plazo "improrrogable"

de cinco días para entregar los datos, ya que el organismo puso

requisitos.

"Para estar en posibilidad de identificar plenamente a las personas en el

Sistema Integral de Prestaciones Económicas del ISSSTE, es necesario

proporcionar el apellido paterno, materno y nombre(s), y registro federal

de contribuyentes, y proporcionada en medio magnético, en archivo de

Excel, separando por celdas cada uno de los datos a fin de acelerar la

búsqueda en el referido sistema", señalaron al juez los funcionarios

responsables.

Villeda no aceptó la idea, pues la propia Ley del ISSSTE obliga al

organismo a tener la información a la mano.

"Se advierte que dicho Instituto tiene actualizada de manera mensual toda

la información referente a los movimientos afiliatorios, sueldos,

modificaciones salariales, descuentos, derechohabientes, nóminas, recibos,

así como informes sobre la forma en que se integran los sueldos de los

trabajadores cotizantes, sus aportaciones y cuotas, por lo que no existe

la imposibilidad que esgrime para remitir la información", respondió el

juez.

En el mismo periodo en que ha hecho las advertencias al ISSSTE, Villeda ha

negado alrededor de 300 amparos, en los mismos términos y con los mismos

argumentos con que rechazó las primeras siete demandas en septiembre

pasado.

Los amparos ya resueltos impugnan 31 artículos de la nueva ley, de los que

el juez federal únicamente consideró inconstitucionales dos, el 20 y el

25.

Ninguno de los artículos cuestionados en estas demandas se refiere al tema

de las jubilaciones, pero no todos los inconformes usaron los mismos

argumentos.

 

Histórica caída en renta de las Afore

El “ajuste” en los mercados financiero y bursátil desde mediados del año pasado redujo al mínimo histórico el rendimiento obtenido por los trabajadores mexicanos que de manera obligatoria tienen sus fondos de pensión en el sistema de administradoras de fondos para el retiro (Afore), en el inicio de una tendencia que se mantendrá en 2008, según datos oficiales y opiniones de expertos.

http://www.jornada.unam.mx/2008/02/03/index.php?section=economia&article=020n1eco

 

El viaje de los abuelos golondrina

Cientos de ancianos rotan de casa en casa para estar atendidos por la

familia; dar ayudas en casos así complica la aplicación de la Ley de

Dependencia

Madrid, España.- Cada dos meses, el abuelo vuelve a casa de su nuera, al pueblo. Se instala en la habitación del nieto, que se muda al piso de arriba, el abuelo no puede subir y bajar escaleras.

El anciano llega mareado del viaje y los primeros días el sueño se le trastoca, no se acuerda dónde está el cuarto de baño, y otras manos que no son las de su hija del mes pasado, ni las del otro hijo del mes anterior, le ayudarán ahora en su higiene íntima.

Bueno, por lo menos ha salido del piso de Madrid, ese infierno de ciudad que no es para él, y ahora podrá andar al Sol, calle arriba, calle abajo. Ésos son los abuelos golondrina, los que cambian de casa de mes en mes, de hijo en hijo, porque ninguno puede cuidarlos a tiempo completo.

La nueva Ley de Dependencia contempla ayudas para las cuidadoras familiares. Pero, en estos casos, ¿quién es el cuidador familiar? ¿Quién se da de alta en la Seguridad Social, como exige la ley? ¿Quién de los hijos decide, de acuerdo con la administración, cómo cuidar mejor a un anciano con demencia senil?

En la España de hace unas décadas muchos ancianos acababan sus vidas así, porque entonces las mujeres eran amas de casa y el cuidado de sus mayores les estaba encomendado.

Ahora ya quedan menos en esa situación, todo el mundo trabaja y en un país poco acostumbrado aún a las residencias geriátricas, son las inmigrantes, en muchos casos, las que se hacen cargo de esta tarea en la casa del propio anciano.

En la última encuesta a las personas mayores del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sólo el 0.6% afirmaba rotar de domicilio, pero otro 2.8%

cambia de casa de un hijo a otro alguna vez al año. Entre todos se organizan.

“Son los casos más complicados”, para la Ley de Dependencia, reconocen en las comunidades. “Hay que poner de acuerdo a los hijos...”.

En Extremadura ya están tramitando, bajo la Ley de Dependencia, 53 casos de éstos y otros 11 en los que son los familiares los que rotan en casa del abuelo. En otras comunidades no parecen ir muy avanzados.

Los trabajadores de la administración extremeña, en algunos de los casos más complejos, incluso han visitado una por una las casas de todos los hijos para ver cuál de ellas es la más idónea para tener al mayor.

“A veces todos quieren ser el cuidador y el que reciba la paga”, dicen en la Junta. En ocasiones, unos hijos se decantan por la residencia y otros se niegan en redondo. Cuando eso ocurre, la Junta, además de evaluar los informes del entorno del anciano que envían los servicios sociales, nombra un portavoz entre los hijos “porque si no el follón puede ser fenomenal”.

“En principio tenemos un mínimo de tres meses seguidos para que un cuidador familiar pueda hacerse cargo del anciano y darse de alta en la Seguridad Social”, reconocen.

Saben que hay ancianos que llevan años cambiando cada mes y que las hijas, ya mayores, no pueden aguantar mucho más, pero dicen que priman la calidad de vida del anciano.

Lo mismo en Castilla-La Mancha. Exigen tres meses seguidos como mínimo para cuidar al anciano y han optado por dar de alta a un solo cuidador, el que percibirá el dinero, por facilitar los trámites, sin perjuicio de que la familia se organice después, respetando esos periodos de tres meses.

Y están consultando si pueden dar de alta a dos cuidadores a tiempo parcial. En Extremadura explican que cada cambio de residencia, aunque esto se repita siempre igual, el anciano habría de pasar una evaluación de la situación.

Con muchos detalles aún por concretar con el Gobierno, como el dinero que debe aportar el beneficiario del servicio, las comunidades se mueven un poco a oscuras, a la espera de reajustar detalles con posterioridad.

En el mundo rural la figura del abuelo golondrina está aún muy presente. Cuanto más mayores son los abuelos y más delicada se vuelve su salud, más agotador resulta cuidarles, a veces de día y de noche, sin moverse de casa, como si fueran bebés. Por eso, tenerles más de un mes puede influir incluso en los delicados equilibrios familiares.

Todas las administraciones aseguran que se busca la calidad del servicio, y cambiar a un anciano de casa por periodos más cortos no es un buen trato para el mayor.

Pero ¿lo es para las mujeres, jubiladas algunas, que tienen que hacer diariamente y durante tres meses seguidos el trabajo que harían, al menos, dos enfermeras?

(Agencias)

SOBRE LA LEY DE DEPENDENCIA

Quién cuida. Los ancianos dependientes pueden estar al cargo de un familiar si se dan las condiciones para ello. O de una persona afín que acredite dos años viviendo cerca de él. El cuidador se dará de alta en la Seguridad Social por un periodo no inferior a tres meses.

Quién paga. Cuando el anciano pase a otra comunidad para recibir cuidados por un tiempo, será la comunidad de origen la que se haga cargo de los gastos por un plazo no superior a tres meses.

Las ayudas. Los cuidadores familiares podrán percibir como máximo 487 euros mensuales. El consejo territorial (Gobierno y comunidades) aún no ha negociado el copago para la Ley de Dependencia, es decir, qué cantidad, en función de la renta, aportarán los usuarios del sistema.

Sufren Afores por las tasas. Entre el fin del año pasado y el 16 de junio, la pérdida en el conjunto del sistema se estima en 27 mil 295 millones de pesos

Ciudad de México  (17 junio 2008).-   Las turbulencias financieras internacionales no solo han afectado a la industria o a los grandes bancos sino también al ahorro para el retiro de los trabajadores.

Quienes tienen sus recursos en las Afores han visto en este año una pérdida en el valor promedio de sus cuentas de 3.3 por ciento, de acuerdo con datos de la Bolsa Mexicana de Valores y de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Consar).

Esta ha sido propiciada por el aumento de las tasas de interés, que en México llegaron ya casi a 9 por ciento en el caso de los bonos a 30 años, casi un punto más que un mes atrás.

La pérdida en el conjunto del sistema se estima en 27 mil 295 millones de pesos entre el fin del año pasado y ayer, 16 de junio, de acuerdo con los mismos datos oficiales.

El valor de cada acción de las sociedades de inversión que manejan las Afores (Siefores) baja en la medida que las tasas suben, y eso explica la caída en el monto de los ahorros de los trabajadores.

Sin embargo, cuando se comparan periodos más largos, sigue habiendo ganancias para los "aforados".

De acuerdo con los datos de la Consar, los rendimientos que los ahorradores de las Afores han obtenido van desde el 5 hasta el 9 por ciento anual, de acuerdo con la Afore elegida, si se toman como referencia los últimos tres años.

Según Rogelio Gallegos, director de fondos de inversión de Actinver, las inversiones en el mercado de bonos de largo plazo, como los de las administradoras del ahorro para el retiro, son las más afectadas por la volatilidad en los mercados.

"El diferencial en las tasas hace que el bono pierda valor en el precio, pues si se quiere vender tendría que ser castigando el precio", dijo.

Sin embargo, el especialista señaló que también influye en mayor o menor pérdida la conformación de la cartera de inversión, pues de estar bien conformada, seguramente las minusvalías no serían tan severas.

Ramiro Tovar, especialista del ITAM, critica a la Consar en un estudio titulado "Observaciones a la Regulación de la Información sobre Rendimientos Netos de las Siefores" que fue dado a conocer la semana pasada.

En él señala que la regulación existente propicia un solo "indicador que es incompleto toda vez que excluye información sobre el desempeño de las Siefores en el tiempo y excluye el riesgo del rendimiento".

Según las cifras, entre diciembre y la mitad de junio, las mayores pérdidas las registró Metlife, con una tasa negativa de 6.1 por ciento, seguida de Profuturo, con 4.5, e Invercap con 3.1.

En el otro extremo estuvieron Inbursa con un rendimiento positivo de 1.9 por ciento, seguido de Afirme Bajío con 0.4 por ciento de pérdida.

 

Condiciona la Corte pensión a ascendientes

17 junio 2008. Cuando los ascendientes reclamen una pensión alimenticia de sus descendientes deberán aportar elementos que demuestren la necesidad que tienen de dicha pensión, resolvió la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esto, explicó la SCJN a través de un comunicado, sin perjuicio de que se establezca una presunción legal para ello.

Los ministros, explica el documento, precisaron que los ascendientes que demandan alimentos de sus descendientes no tienen en su favor la presunción legal de necesitarlos, ni el juez debe resolver esos casos haciendo uso de una presunción humana, sino que deben demostrarlo.

Ello, argumentaron los ministros, en virtud de que entre los ascendientes que pueden reclamar alimentos de sus descendientes no existe una homogeneidad de circunstancias, ni siquiera cuando los primeros puedan calificarse como adultos mayores.

La Primera Sala de la SCJN argumentó, según indica el comunicado, que si bien es cierto que la Ley reconoce el derecho de los ascendientes de pedir alimentos a sus descendientes, deben mostrar los extremos de su acción como la relación filial que da lugar al derecho de pedir pensión.

Además, menciona el documento, de la posibilidad que tenga el descendiente de darlos y la necesidad que tienen los ascendientes de recibirlos.

 

El máximo tribunal acuerda con ocho votos a favor y dos en contra que es constitucional

Aval limitado de la Corte al nuevo sistema de pensiones del ISSSTE

No es retroactivo ni afecta derechos adquiridos

■ La mayoría de los ministros dejó solo a su presidente, quien el pasado lunes había cuestionado el régimen pensionario que se propone

http://www.jornada.unam.mx/2008/06/18/index.php?section=politica&article=003n1pol

Se deberá tomar como base antigüedad de un año, y no tres, como lo planteó la reforma

La Corte declara inconstitucional el cálculo de la pensión dentro de la nueva Ley del ISSSTE

http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=politica&article=007n1pol

Puntilla de la Corte a amparos contra la Ley del ISSSTE

Luego de una inusual doble sesión sólo declara inconstitucionales 5 artículos

La SCJN avala la Ley del ISSSTE y maquilla negativa de amparo a 2 millones de burócratas

http://www.jornada.unam.mx/2008/06/20/index.php?section=politica&article=012n1pol

http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=cartones&id=4

 

http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=cartones&id=5

 

http://www.jornada.unam.mx/2008/06/19/index.php?section=cartones&id=2

 

Tamborazos de realidad

Ana Laura Magaloni Kerpel

"Cuando un hombre no sigue la marcha de sus compañeros es que oye un tambor diferente". Citando esta frase del filósofo anarquista Henry David Thoreau en el debate del pleno del lunes pasado, el ministro Aguirre quiso hacer énfasis, de manera ingeniosa, a las distintas razones que motivaban a cada uno de los ministros para decidir si las reformas legales al sistema de pensiones del ISSSTE eran o no constitucionales. "Yo ya expliqué el tambor que oigo", afirmó Aguirre. Utilizando esta analogía, valdría la pena preguntarse cómo hemos escuchado, desde la sociedad, los "tambores" de la Corte en este importante asunto.

Los cientos de miles de amparos contra la Ley del ISSSTE planteaban varios problemas jurídicos importantes. Sin embargo, en mi opinión, la pregunta constitucional más relevante era si el nuevo sistema de pensiones del ISSSTE debería considerarse como retroactivo o no. Ése fue el tema central de la sesión del pleno del martes pasado. El debate de dicha sesión fue técnico, complejo e interesante en términos jurídicos, pero, salvo algunos intentos del ministro Aguirre, el verdadero problema que estaban discutiendo los ministros pasó casi desapercibido. Con ello, los ministros se quedaron lejos de dar un debate verdaderamente pedagógico para la sociedad y los actores políticos.

Como se recordará, el régimen de pensiones se modificó, pasando de un "sistema de reparto", en donde todos los trabajadores en activo cotizan para pagar las jubilaciones de los que se retiran, a un sistema de "cuotas individuales", en donde cada quien va ahorrando para el retiro a través de sus aportaciones a una Afore o al Pensionissste. El artículo décimo transitorio de la ley en cuestión señala que los trabajadores en activo (no los de nuevo ingreso) tienen la posibilidad de elegir un sistema u otro, pero, en caso de quedarse con el sistema viejo, cambian algunas cuestiones básicas como la edad de jubilación, los montos de las aportaciones y el no ajuste de la pensión a la inflación a lo largo del tiempo.

Los ministros Ortiz Mayagoitia y Silva Meza estimaron que dichas reformas sí eran retroactivas y, por tanto, inconstitucionales, ya que la opción de quedarse en el sistema antiguo no era real, pues dicho sistema había cambiado en partes sustantivas. En contraposición, el resto de los ministros desestimaron la retroactividad, pues las modificaciones del sistema de pensiones sólo habían de regir de la entrada en vigor de la ley hacia adelante, no afectando, por tanto, lo que hubiera sucedido en el pasado.

Para llegar a esta determinación, los "tambores de la Corte", como diría Aguirre, tocaron toda clase de tonos teóricos y técnicos en términos jurídicos, pero no se escuchó ningún "tamborazo" de realidad fáctica. Ningún ministro se refirió en sus deliberaciones al problema de política pública que en el fondo se estaba discutiendo.

Unos días antes, el 12 de junio, el director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, había expuesto en audiencia pública ante los ministros de qué se trataba este problema: "sin la reforma, el ISSSTE no es viable y en unos cuantos años el Estado mexicano no podría pagar ni siquiera las pensiones de los jubilados actuales". De acuerdo con Yunes, 70 por ciento de las pensiones actuales se están pagando con subsidio del Estado, no con los recursos del ISSSTE. En pocas palabras, cambia el sistema de pensiones o quiebra el ISSSTE. Asimismo, según la exposición de motivos de la ley en cuestión, la precaria situación financiera del ISSSTE se explica principalmente por el cambio demográfico, la mayor expectativa de vida y el aumento a los beneficios sin el correspondiente aumento en las cotizaciones. Ello ha provocado que mientras en 1975 cuando un trabajador se retiraba había 20 trabajadores que contribuían para pagarle la pensión durante dos años y medio, en 2005 sólo había cinco trabajadores para pagar una pensión de 21 años.

No hubo algún ministro que recordara, en el debate del pleno del martes pasado, lo que había expuesto Yunes. Con ello, no sólo quedó en entredicho la utilidad real de las audiencias públicas, sino también la capacidad de la Corte para definir correctamente las coordenadas de su propio proceso de deliberación. Si los ministros se hubiesen hecho cargo de la dimensión económica del problema, la discusión jurídica hubiese sido mucho más aguda. Ello los hubiese obligado a detectar el meollo del problema constitucional que estaban resolviendo: ¿cómo proteger el derecho constitucional de los trabajadores a recibir una pensión por jubilación y, a la vez, garantizar la viabilidad económica de la institución? Desde esta perspectiva, como sucede en los casos judiciales complejos, la discusión de los ministros se hubiese centrado en la ponderación de valores en conflicto y no, como sucedió, en encasillar el asunto en categorías absolutas de blanco o negro.

El derecho no puede ser visto como un ente autónomo, autocontenido y ajeno a los problemas sociales. Las decisiones judiciales tienen que lograr una correcta amalgama entre las normas y su contexto. A falta de esta amalgama, una vez más vemos a una Corte que emite un fallo "correcto" (pues no echó abajo el nuevo sistema de pensiones del ISSSTE), pero con una argumentación jurídica débil y poco persuasiva.

 

PLAZA PÚBLICA / Miguel Ángel Granados Chapa

La Corte, el ISSSTE, el PAN

Las sentencias de la Suprema Corte, que consagran el sentido financiero de la Ley del ISSSTE, que debiera tenerlo de carácter social, acrecentarán la inconformidad de más de la mitad de los trabajadores al servicio del Estado

Seguro, sabedor quizá, del desenlace judicial de la masiva impugnación a la Ley del ISSSTE, que sería favorable a esa institución que él dirige, Miguel Ángel Yunes se hizo panista en su tierra el domingo hace ocho días. De haberlo asaltado alguna incertidumbre sobre las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el político veracruzano hubiera esperado a hacer pública su definición partidaria personal. Pero estuvo en condiciones de acompasar ambas circunstancias y de ese modo resultó triunfador en el litigio contra los trabajadores a los que presuntamente debe servir, ya como miembro de uno de los dos partidos a los que debe su actual posición, y como notorio precandidato al gobierno de Veracruz.

Nunca en la historia judicial de México una decisión legislativa fue tan mal recibida como la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Tiempos hubo -ahora mismo es numerosísima la impugnación al Impuesto Empresarial a Tasa Única, IETU- en que disposiciones fiscales suscitaban demandas de amparo por miles y hasta decenas de miles. Pero los empleados públicos que percibieron los daños y perjuicios que les infería la legislación ideada sólo para mejorar las finanzas públicas, no las condiciones de seguridad social de ese personal, presentaron 223 mil demandas de protección de la justicia federal. Tuvo que montarse para atenderlas un complicado mecanismo, logístico y jurídico, que incluyó la conversión de la Corte en tribunal de revisión para el efecto de dictar jurisprudencia que permita el desahogo de aquel cúmulo de expedientes. Con sus resoluciones de la semana pasada, y las que adopte la que hoy se inicia, que avalaron judicialmente la cuestionada ley, los ministros del tribunal supremo habilitarán a los dos fatigados jueces que deben sentenciar caso por caso para que reproduzcan los criterios de la Corte y nieguen el amparo a los quejosos, que eso es en realidad lo que ocurre aunque se busque mitigar ese feo resultado subrayando que se concede en torno de cinco artículos de menor importancia mientras que se sacramenta el cuerpo legal en su conjunto.

Independientemente de referirnos al contenido de las resoluciones del máximo tribunal, y al margen de las reacciones formales de los trabajadores (que no cejarán en su lucha jurídica aunque no haya modo de impugnar los fallos de la Corte), me detengo en el grave fenómeno social que significa el descontento, y aun la irritación, de cientos de miles de empleados al servicio del Estado, seguramente más de la mitad del personal público en su totalidad ante la ley que regula su trabajo actual y sus condiciones de vida futuras. Hace más de una década que el conjunto de los asalariados mexicanos sufrió el asalto a su patrimonio presente y su tranquilidad en el porvenir con la sustitución del sistema de pensiones basado en el reparto por el de cuentas individuales. La invertebración de la sociedad y la intensa propaganda gubernamental permitió ese atraco cuyo resultado es que el fondo de retiro para cada trabajador se columpia todos los días en los mercados bursátiles. Es revelador del pernicioso sistema establecido entonces que haya tanta distancia entre las voluminosas ganancias de las afores y la magra y frágil utilidad de los aportantes, cuyos ahorros para el retiro obtienen rendimientos por debajo de la inflación.

Se transformó así la vida de millones de trabajadores mexicanos y no pasó nada. No hubo impugnación legal al nuevo sistema de pensiones y las movilizaciones fueron poco relevantes. Se dirá que los pasos siguientes, la reforma al régimen pensionario de los trabajadores del IMSS y al del personal público en general, el que está afiliado al ISSSTE, se dieron con la certidumbre de que semejante pasividad social se reproduciría. Se equivocaron parcialmente los estrategas de esas reformas, aunque a la postre tuvieran razón: los afectados no se sometieron dócilmente a los nuevos ordenamientos y los cuestionaron en los tribunales y en las calles. Esta reacción ha sido especialmente perceptible en el caso de la Ley del ISSSTE, cuyas víctimas han perdido una batalla pero no la guerra. Si se agotaran los recursos que ofrecen el derecho nacional y el internacional para la defensa de sus intereses, los trabajadores del Estado dispondrán de un arma política. Pueden votar el próximo año por una legislatura que garantice o haga posible reformar la ley que no pudo ser ahora derrotada por la vía judicial.

A esas elecciones de 2009 llegará el PAN, el partido en el poder, con tal debilidad que sus líderes avizoran ya la necesidad de aliarse con un partido pequeño, como lo hicieron en 2000 con el Verde, para asegurarse votos que hagan la diferencia. La opción panista en esta oportunidad es no el partido de los González Torres Martínez, sino el de Elba Esther Gordillo. Ya mantiene Acción Nacional un poderoso vínculo con ella, pero se trataría ahora de formalizarlo. Nadie duda que además de trapacerías de diversa dimensión y trascendencia que torcieron el resultado, la victoria de Calderón fue propiciada por los votantes y el activismo de Nueva Alianza y el que directamente desplegó su propietaria, la lideresa magisterial.

Antaño, la dirección panista hubiera torcido la nariz ante el tufo despedido por priistas prototípicos como lo fueron, y lo son, Gordillo y su ahijado Yunes. Hoy la degradación ética disfrazada de pragmatismo lleva al PAN a todo género de alianzas y contubernios.

Cajón de Sastre

Nadie puede ser exculpado ni inculpado a priori por la muerte de 12 personas en un antro de la colonia Nueva Atzacoalco, incluidos menores de edad que no debieron ser admitidos en ese establecimiento. Como se está haciendo ya, con presencia de la Comisión de Derechos Humanos, ha de investigarse a fondo lo ocurrido, tanto en lo que hace al propietario del News Divine, como a los jefes policiacos que tuvieron a su cargo la operación. Pero no deberán perderse de vista las condiciones en que trabajaba ese antro y los muchos otros que bajo protección oficial incumplen normas de funcionamiento. Asimismo la actuación policiaca debe partir de que, en principio, los prematuros clientes de alcohol y drogas son víctimas y no delincuentes.

En junio las Afore perdieron $52 mil millones; situación coyuntural, considera Consar

Recurrente e inevitable, la pérdida de ahorros para el retiro: Amafore

http://www.jornada.unam.mx/2008/07/23/index.php?section=economia&article=024n1eco

 

 

Nuevo atraco de la Corte contra los trabajadores

Arnaldo Córdova

 

Siempre atento y diligente en su infatigable labor en defensa de los trabajadores, Arturo Alcalde Justiniani dedicó sus últimas dos colaboraciones (la última del día de ayer sábado) a la denuncia del resolutivo de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 9 de junio y por el cual se hacen añicos los derechos básicos de los pensionados del Seguro Social. Esa sala está integrada por los ministros Sergio Vals (ponente), Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos (una señora que nadie se ha podido explicar todavía por qué está en la Corte) y el presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano (¡faltaba más!). Vals y Franco fueron funcionarios del IMSS, de modo que, por principio, estaban impedidos de actuar en este caso, por un evidente conflicto de intereses.

Se trató de resolver una controversia de tesis de dos tribunales colegiados del primer circuito, el 12 y el 13, sobre la interpretación constitucional de la Ley del Seguro Social en materia de pensiones. Para entender el problema es necesario dar algunos antecedentes. En el artículo 33 de la ley de 1973 se establecía: Para ser pensionados, “…los asegurados se inscribirán con el sueldo base de cotización que perciban al momento de afiliarse, estableciéndose como límite superior el equivalente a 25 veces el salario mínimo que rija en el Distrito Federal. Tratándose de seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, el límite superior será el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”.

En la reforma que el gobierno de Zedillo promovió a dicha ley, el artículo 33 fue derogado. El artículo 28 de la ley reformada estableció: Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite el equivalente a 25 veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva. El régimen de la ley derogada sólo tuvo vigencia para aquellos trabajadores que resolvieran acogerse a su sistema para obtener su pensión y únicamente en ese punto. Por lo demás, la nueva ley es la vigente y no había, para la presente situación jurídica, modo alguno de validar una ley que ya había sido derogada.

En resoluciones recaídas sobre dos juicios de amparo, los tribunales 12 y 13 decidieron de modo distinto: el primero, avalando la aplicación general de la ley derogada, haciendo caso omiso del hecho de que su vigencia en la materia depende únicamente de lo que los trabajadores decidan, y el segundo, respetando el texto de la nueva ley en el que no se hace distinción alguna para los trabajadores que se acojan a la misma y quedando como base el promedio salarial de las últimas 250 semanas y como tope 25 salarios mínimos. Hay que recordar de nuevo lo que señalaba Alcalde en su primer artículo y es que más de un millón 200 mil trabajadores están pensionados en ese sistema. El tribunal colegiado número 12 no sólo se sustituyó a la voluntad de los trabajadores imponiéndoles una ley que ya no está vigente, sino que violó el principio constitucional de irretroactividad de la ley y lo mismo hizo la segunda sala de la Suprema Corte.

La justificación que el ministro Vals dio fue la típica de un burócrata de la Presidencia de la República o de un funcionario del IMSS (fue su director jurídico): las finanzas del instituto están tan mal que se impone hacer recortes en su gasto para sacarlo de su crisis permanente y lo primero que se le ocurrió fue afectar las pensiones de más de un millón de asegurados. Como se recordará, la crisis financiera del IMSS siempre se ha atribuido a su régimen de pensiones para sus trabajadores, en parte porque la edad de retiro es excesivamente corta y, en parte, por su muy numeroso personal pensionado. El ministro debería informarnos (sólo en plan de amigos, se entiende) cuánto ganaba él como abogado del instituto o cuánto se embolsan por salarios y prestaciones personales sus funcionarios.

La crisis del IMSS se debe, ante todo, al derroche verdaderamente vergonzoso de sus recursos, a los sueldos de su alta burocracia y, por supuesto, al mal manejo de sus finanzas y su gasto. Pero eso, en todo caso, es algo que corresponde alegar a los funcionarios del gobierno encargados de la administración pública y no a los jueces federales cuya misión es la de proteger con la Constitución en la mano los intereses y el bienestar de los ciudadanos y sus familias. Como respuesta a las airadas reacciones que su ignominioso fallo provocó, los ministros ahora nos vienen a decir que el mismo se limitó a la hipótesis que contempla el artículo 33 de la ley anterior porque hay trabajadores que optaron por su régimen.

Es un principio constitucional que nadie, ni siquiera la Suprema Corte, puede ir contra derechos mayores adquiridos al amparo de la ley. La vieja ley sólo vale para fijar la responsabilidad de quien paga las pensiones y para nada más, el Instituto o las aseguradoras mediante cuentas individuales. El monto de las pensiones lo fija la nueva ley en su artículo 28; en ese renglón la anterior ley quedó derogada. De nada sirve que se alegue que las finanzas del IMSS andan en un lodazal, si se van a afectar derechos constitucionales de los trabajadores. Los magistrados del duodécimo tribunal del primer circuito se llenaron de ignominia al obsequiar los alegatos de los personeros del instituto; los del décimo tercero, con un mayor respeto por la ley y los principios de derecho, resolvieron que una ley derogada no debe utilizarse para socavar derechos constitucionales.

Las reacciones en contra de la actuación de la Corte no se han hecho esperar y son, en gran medida, abiertamente condenatorias. Los legisladores de todos los partidos, con la única excepción de los cipayos panistas, se han pronunciado por exigirle que eche marcha atrás en su resolutivo y han anticipado que en el futuro, mediante su acción legislativa ese entuerto será corregido. Y no es, de ninguna manera, una interferencia ilegítima de un poder del Estado en la esfera de otro, como los panistas lo han estado alegando. También el Legislativo le puede señalar a la Corte cuándo no hace respetar la ley o ella misma la viola, como en este caso. La división de poderes entraña la mutua vigilancia de todos entre sí para el equilibrio de la función del Estado.

También los ciudadanos tenemos el inalienable derecho de mantener una permanente vigilancia sobre las acciones del Estado y, en este caso, sobre la actuación errática e indigna de los ministros de la Suprema Corte, que suelen mostrar que no saben derecho y ser muy proclives al servilismo, y de todos los demás jueces federales. En un Estado democrático hay que vigilar y exponer la actuación de todos sus funcionarios y obligarlos a que rindan cuentas de su actuación. La de nuestros ministros de la Corte, francamente, da pena.

El Sistema de Ahorro para el Retiro y sus comisiones

http://www.jornada.unam.mx/2011/11/26/opinion/019a2pol

 

01/11/2012

Seguridad social universal: Un camino para México

Santiago Levy

http://deperiodistas.com/d/redirect.php?url=http://www.nexos.com.mx/

 

¿Qué universalidaddepara Peña Nieto?

http://www.jornada.unam.mx/2013/02/16/opinion/017a1pol

 

 
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