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Derechos Humanos

 


160 mentales

Derechos Humanos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Adopción y proclamación

 

http://www.buscabiografias.com/derechoshumanos.htm

 

Ligas

 

www.es.amnesty.org

 

Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas". Universidad Carlos III de Madrid

 

http://www.uc3m.es/uc3m/inst/BC/06htm.htm

 

http://209.85.165.104/search?q=cache:vC2km5x2nw8J:www.uc3m.es/uc3m/inst/BC/031.htm+Biograf%C3%ADa+de+Renato+Treves&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=mx

 

http:/web.iteso.mx/dh/defender-dh.html

 

http:/web.iteso.mx/dh/sitios.html

 

http:/www.unam.mx/amdh/co_der.htm

 

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http:/www.pgr.gob.mx/infgral/derhum/pi-univ.htm

 

http:/www.pgr.gob.mx/infgral/derhum/constitu.htm

 

http:/www.pgr.gob.mx/infgral/derhum/evolhist.htm

 

http:/www.pgr.gob.mx/infgral/derhum/index.htm

 

http:/serpiente.dgsca.unam.mx/jornada/1997/ago97//9708/ls-texto6.html

 

http:/serpiente.dgsca.unam.mx/jornada/1996/sep96/960907/LetraS-warren.html

 

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http:/www.derechos.org/nizkor/mexico/artimain.html

 

http:/www.derechos.org/nizkor/mexico/limeddh/

 

http:/www.derechos.org/nizkor/mexico/mexico.html

 

http:/www.unam.mx/amdh/co_der.html

 

http:/www.unam.mx/amdh/co_com.htm

 

http:/web.iteso.mx/dh/sitios.hmtl

 

http:/web.iteso.mx/dh/defender-dh.hmtl http://www.pgr.gob.mx/infrgral/derhum/constitu.htm

 

Obligaciones internacionales de la SCJN / Miguel Concha

http://www.jornada.unam.mx/2010/09/11/index.php?section=opinion&article=021a2pol

 

Derecho a la verdad

Colaborador Invitado
12 Sep. 10
Juan Carlos Gutiérrez


La sociedad tiene derecho a conocer la verdad sobre hechos violatorios de derechos humanos; conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ocurrieron, así como los motivos que impulsaron a sus autores a perpetrarlos. En ese sentido, el derecho a la verdad es un bien jurídico colectivo e inalienable.

La desaparición forzada o la tortura son hechos crueles que constituyen graves violaciones de los derechos humanos, por lo que no pueden quedar impunes; los autores materiales e intelectuales no pueden desen- tenderse de las consecuencias jurídicas de sus actos y las autoridades, por su parte, deben cumplir con sus responsabilidades.

La resolución de los ministros la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 7 de septiembre, en la que desecharon el proyecto que presentó el ministro José Ramón Cossío Díaz que planteaba el análisis de la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y, a partir de ello, las acciones de cumplimiento atribuidas en la sentencia del caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, diluye la posibilidad de tener acceso al derecho a la verdad de los familiares y de la sociedad en su conjunto.

Esta resolución, alcanzada en votación del pleno de la SCJN con ocho a favor y tres en contra, implica retrasar la decisión de un asunto de trascendental importancia para la vida democrática del país, con lo que se continúa evadiendo el tema central de la competencia del Poder Judicial de la Federación para el juzgamiento y sanción de graves violaciones a los derechos humanos en el fuero civil.

Esta decisión se produce en el contexto de un caso donde las víctimas llevan más de tres décadas esperando justicia y casi 10 años litigando ante el Sistema Interamericano. Al respecto, cabe recordar que el 25 de agosto pasado se cumplieron 36 años de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco. Asimismo, involucra a otros casos que dirime la CoIDH como González y otras vs. México (Caso Campo Algodonero), así como los casos de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, caso Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García.

La posición expresada por algunos ministros del máximo tribunal del país en la sesión del pasado 7 de septiembre es lamentable, ya que supone que la SCJN pretenda erigirse en instancia revisora del fallo de la CoIDH, lo cual es contrario a lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 67 y demuestra un desconocimiento de la propia jurisprudencia del máximo órgano interamericano de derechos humanos.

En este sentido, es pertinente mencionar que la sentencia de la CoIDH fue aceptada expresamente por el Ejecutivo federal, a través de su boletín de prensa No.286-15/12/2009, que al acatar el fallo manifestó: "En cumplimiento con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual México es parte desde 1981, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es definitivo e inapelable. Por tanto, el gobierno de México llevará a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar la sentencia de ese órgano jurisdiccional".

La decisión de la SCJN quedó tan sólo en una cuestión de forma; no obstante el proyecto del ministro Cossío Díaz contenía los elementos suficientes para entrar a un debate sustantivo.

Vale la pena recordar que en virtud del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la CoIDH, según lo establecido en el mencionado artículo, éstas deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra; el cumplimiento de las órdenes de reparación de la CoIDH no son una concesión del Estado hacia las víctimas, es un derecho de éstas que debe ser satisfecho de manera pronta y respetuosa, siendo imprescindible la comunicación fluida entre los encargados de cumplir con las reparaciones y sus titulares.

El derecho a la verdad consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos es soslayado por la SCJN con su resolución, con lo que la exigencia de familiares de víctimas y la sociedad queda impune.

El autor es director general de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

 

La infinita hipocresía de Occidente

http://www.kaosenlared.net/noticia/infinita-hipocresia-occidente

 

Gitanos: discriminación y agravio histórico

http://www.jornada.unam.mx/2010/09/17/index.php?section=opinion&article=002a1edi

 

Militares que violen derechos de civiles serían juzgados en el fuero común. Será modificado el Código de Justicia Militar: Blake. Senadores lo interrogan sobre los casos Radilla y El Diario, de Juárez

http://www.jornada.unam.mx/2010/09/23/index.php?section=politica&article=007n1pol

 

Por un lado habla de defensa y por otro dice que son falsas las quejas por violaciones, señala en carta. Critica HRW mensajes “contradictorios” de Calderón sobre protección de derechos

http://www.jornada.unam.mx/2010/09/25/index.php?section=politica&article=012n1pol

 

 

 

Condena a México por militares que violaron a indígenas

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83997

 

Al desnudo en Europa el doble discurso presidencial
Gloria Leticia Díaz

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/84072

 

Los derechos humanos al limbo

Arnaldo Córdova

http://www.jornada.unam.mx/2010/10/24/index.php?section=opinion&article=019a1pol

 

Los límites a la jurisdicción militar

Colaborador Invitado

José Antonio Guevara


El pasado 18 de octubre el presidente de la República envió al Congreso una iniciativa de reformas a diversos ordenamientos jurídicos con el objeto de, entre otros, cumplir con la sentencia dictada por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en contra el Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco.

La iniciativa busca reformar, entre otros, el artículo 57, fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar, que actualmente le otorga competencia a los tribunales militares para conocer de los delitos "[...]cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo". En español: en tiempos de paz los militares investigan y procesan los delitos que ellos mismos cometen.


Desde hace más de 15 años organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos han evidenciado -de manera reiterada- la necesidad de que los tribunales ordinarios civiles conozcan los delitos que impliquen violaciones a los derechos humanos cometidos por militares. Las razones que se han esgrimido para buscar extirpar a la jurisdicción militar las violaciones a los derechos humanos son múltiples, pero las principales se refieren a la falta de independencia e imparcialidad de los jueces que integran los tribunales militares al no formar parte del Poder Judicial federal; y a la muy limitada o inexistente cantidad de sentencias por violaciones a los derechos humanos, como tortura o desaparición forzada de personas.


El ejemplo más claro es la desapa- rición del señor Rosendo Radilla por efectivos militares en el estado de Guerrero en el año 1974, que fue conocida por los tribunales militares y hasta ahora, conjuntamente con cientos de casos similares de la guerra sucia -documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por la extinta Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de la Procuraduría General de la República-, permanecen en la absoluta impunidad. No hay ni un solo responsable material ni intelectual por esos abusos, no se ha reparado el daño a ninguno de los familiares de los desaparecidos ni a las víctimas de otros delitos (privaciones arbitrarias de la libertad, torturas, ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, entre otros), ni tampoco se ha esclarecido la verdad de lo que sucedió.


El 16 de diciembre de 1998, México le reconoció la competencia a la Corte Interamericana para conocer de casos de violaciones a los derechos humanos; por consiguiente, conforme al ordenamiento jurídico nacional, las sentencias de dicho tribunal son definitivas, inapelables y de obligado cumplimiento. Así lo reconoce la misma exposición de motivos de la iniciativa presidencial.


Dicho tribunal en la sentencia del caso Radilla ordenó, entre otros asuntos, la reforma al Código de Justicia Militar, para garantizar que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y procesadas por la justicia ordinaria civil.


La Corte Interamericana ha reconocido en su jurisprudencia constante que -en tiempos de paz- los Estados democráticos tienden a limitar, si no es que a desaparecer, la jurisdicción militar y que en los casos en los que se conserva debe ser mínimamente utilizada. Considera la Corte que dicha jurisdicción debe tener un alcance restrictivo y excepcional, encaminada exclusivamente a proteger los intereses jurídicos propios de las Fuerzas Armadas.


De esa manera, los delitos que implican violaciones a los derechos humanos, al no guardar relación con la disciplina militar, deben ser conocidos siempre por tribunales ordinarios, es decir, por jueces imparciales e independientes. De lo contrario se viola el derecho al acceso a la justicia y al debido proceso legal de las víctimas del delito.


En esa misma línea, la iniciativa presidencial reconoce que: "[...] la jurisdicción militar debe acotarse a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculadas a las funciones propias de las fuerzas militares, esto es, a la comisión de conductas ilícitas que atentan contra la disciplina militar. En tal virtud, se considera que los delitos objeto de esta reforma bajo ninguna circunstancia justifican la intervención de la jurisdicción militar, pues dichos delitos afectan bienes jurídicos fundamentales de la sociedad que rebasan el ámbito de la disciplina castrense".

El Ejecutivo Federal propone entonces, de manera limitativa, excluir de la jurisdicción militar los delitos de desaparición forzada, tortura y violación. Pero lo que no se explica es por qué esos tres delitos, cuando muchos otros deben ser excluidos de la jurisdicción militar, al afectar bienes jurídicos propios de la dignidad de la persona, como lo son la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad, la personalidad jurídica, la seguridad personal, el derecho al debido proceso legal, la vida privada y familiar, entre otros.


Es de celebrarse, pues, que el Ejecutivo presente la iniciativa de reformas al Código de Justicia Militar bajo la lógica de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana; sin embargo, el Congreso tendrá que garantizarle a la población, pero sobre todo a las víctimas del abuso del poder, que los delitos que impliquen violaciones a los derechos humanos los conocerán jueces imparciales e independientes.


Para ello los legisladores podrán optar por derogar en su totalidad el párrafo II del artículo 57 del citado Código o bien seguir la línea trazada por el Ejecutivo. De ser este el caso, tendrán que incrementar significativamente el listado de delitos que no conocerá la jurisdicción militar e incluir entre otros: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los delitos cometidos contra menores -corrupción, lenocinio, trata, pederastia-, los delitos cometidos por servidores públicos, los delitos contra la administración de justicia, el hostigamiento sexual, el abuso sexual, el estupro, la violación, las amenazas, el allanamiento de morada, las lesiones, el homicidio, la violencia familiar, el secuestro, el robo, el fraude, la extorsión, el despojo y el daño en propiedad ajena.


Sólo así se estaría en cumplimiento pleno con las obligaciones internacionales del país, pero sobre todo se respondería a las justas exigencias de una sociedad democrática que quiere vivir en paz y que anhela que se respeten los pilares sobre los que descansa el Estado de derecho: la democracia, la legalidad y el respeto a los derechos humanos.


El autor es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid.

 

Infructuosos esfuerzos de panistas por eliminar el término preferencias sexuales

Aprobada, reforma constitucional en materia de derechos humanos

Tuvo un largo peregrinaje por ambas cámaras; es la más importante en 25 años: Joaquín Coldwell

La Jornada, 9 de marzo de 2011

No prosperaron los intentos del sector ultraconservador del PAN, y después de tres años de peregrinar por ambas cámaras, el Senado de la República aprobó ayer la reforma constitucional en materia de derechos humanos más importante de los últimos 25 años, según la calificó en tribuna el priísta Pedro Joaquín Coldwell.

El dictamen se aprobó con un solo cambio para eliminar facultades excesivas al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y se desechó la propuesta de un grupo de senadores panistas que ayer todavía insistió en que se modificara el término preferencias sexuales.

El Congreso da una respuesta a la tendencia a restringir libertades; es una manera de responder a los aires dominantes que apuntan hacia el establecimiento de un Estado policiaco, expuso el perredista Pablo Gómez Álvarez.

Igualmente, el senador del PRI Jesús Murillo Karam reconoció que por el momento tan crítico que se vive en el país, nos hemos visto obligados a aprobar cuestiones de excepción y por ello es importante una reforma encaminada a asegurar la equidad e igualdad de todos sus ciudadanos.

El senador del PAN Santiago Creel Miranda aclaró que la buena conducción de los integrantes de las comisiones dictaminadoras permitió sortear las discusiones para que la reforma no quedara atrapada en debates ideológicos insuperables en una mesa de negociación.

En lo general se reforman 11 artículos constitucionales, por lo que se lleva a la Carta Magna el reconocimiento y protección a los derechos humanos contenidos en todos los tratados internacionales signados por México, lo que protege las garantías fundamentales de mexicanos y extranjeros y otorga dientes y mayores facultades a la CNDH, entre ellas la de investigar violaciones graves en la materia. La enmienda fue aprobada por unanimidad con 106 votos a favor.

La votación en lo particular dividió a la bancada del PAN. La propuesta que formuló el senador Jorge Ocejo, en nombre de un grupo de sus compañeros ultras para modificar el último párrafo del artículo primero constitucional, a fin de eliminar el término preferencias sexuales y dejar sólo que se prohíbe la discriminación por preferencias, fue rechazada por 58 contra 34 votos, estos últimos de la mayoría de legisladores del blanquiazul.

En una larga reunión iniciada el pasado lunes por la noche, que continuó ayer, los senadores del PAN acordaron votar libremente, toda vez que los legisladores ligados a El Yunque y grupos como Provida, insistieron aún en objetar varios puntos de la reforma, como el de preferencias sexuales, contenido en el artículo primero, donde se establece también el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en tratados internacionales.

Se presentaron reservas a siete de los 11 artículos constitucionales. El senador petista Ricardo Monreal pretendía que se definiera con precisión que no se puede discriminar por orientación sexual y equidad de género, y que se cambiaran otros artículos para dejar claros los derechos de los extranjeros, pero el pleno lo rechazó.

El panista Fernando Elizondo pidió que se eliminara del artículo primero la obligación de respetar los derechos humanos consagrados en todos los tratados internacionales, y se especificara que esa norma aplica sólo para aquellos referidos a las garantías fundamentales. En apretada votación se desechó incluso discutirlo.

Irrupción de grupos conservadores

De forma inusual ingresó al recinto de Xicoténcatl una decena de personas, quienes dijeron ser representantes de 98 organizaciones sociales de ultraderecha, entre ellas Mexicanos a favor de la vida, Grupo La Anunciación, Provida y de diversas iglesias, entre ellas La Plenitud de Cristo, La Casa del Señor, Jesús es el Camino, Templo Alfa y Omega e Iglesia de Dios en México, así como el Movimiento Familiar Cristiano.

De forma agresiva, los visitantes exigieron a senadores del PRI que no aprobaran esa reforma, que da pie, sostuvieron, a perversiones sexuales y a legitimar el aborto y la eutanasia. Luego subieron hasta la sala de prensa para demandar a los reporteros que se publicaran sus puntos de vista.

El único cambio que se hizo a la minuta fue al artículo 102 constitucional, para eliminar la facultad que los diputados dieron al Consejo Consultivo de la CNDH de ser el responsable de desahogar las investigaciones de violaciones graves de derechos humanos. La propuesta la hizo el PAN y la suscribieron PRI y PRD, por considerar que los integrantes de ese consejo no son servidores públicos y no pueden actuar como agentes del Ministerio Público.

En el dictamen se estableció que el Congreso tendrá un plazo de un año para reformar la Ley Orgánica de la CNDH, a fin de regular el procedimiento que ese órgano deberá seguir para llevar las investigaciones en materia de violaciones graves de garantías, facultad que tiene ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le fue transferida.

El Senado de la República aprobó también que en caso de que los diputados no acepten ese cambio al 102 –ya no pueden modificar la minuta, porque ya pasó dos veces por San Lázaro– envíen a las legislaturas estatales los demás ordenamientos que llevan la anuencia de ambas cámaras. En esos términos se remitió a la Cámara de Diputados la reforma a los artículos primero, tercero, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105.

LOS DERECHOS HUMANOS SON PARA LOS HUMANOS DERECHOS...

GENIAL LA FRASE  ¿NO?

 

¡¡¡LOS DERECHOS HUMANOS SON PARA LOS HUMANOS DERECHOS!!!

 

 

Hace poco, las madres de PANDILLEROS encarcelados, realizaron una manifestación, exigiendo los "DERECHOS" de sus hijos.

 

Aquí está la respuesta de una madre ciudadana, hacia la madre que protestaba...

 

DE MADRE A MADRE:

 

"Vi tu enérgica protesta delante de las cámaras de TV, en la reciente manifestación en favor de la reagrupación de presos y su transferencia a cárceles cercanas a sus familiares, y con mejores prestaciones.

Vi cómo te quejabas de la distancia que te separa de tu hijo, y de lo que supone económicamente para tí, ir a visitarlo como consecuencia de esa distancia.

Vi también toda la cobertura mediática que dedicaron a dicha manifestación, así como el soporte que tuviste de otras madres en la misma situación y de otras personas que querían ser solidarias contigo, y que contabas con el apoyo de algunas organizaciones y sindicatos populistas, comisiones pastorales, órganos y entidades en defensa de los derechos humanos, ONGs etc. etc.

Yo también soy madre y puedo comprender tu protesta e indignación.

Enorme es la distancia que me separa de mi hijo.

Trabajando mucho y ganando poco, idénticas son las dificultades y los gastos que tengo para visitarlo. Con mucho sacrificio sólo puedo visitarlo los domingos, porque trabajo incluso los sábados para el sustento y educación del resto de la familia.

Felizmente, también cuento con el apoyo de amigos, familia, etc.

Si aún no me reconoces, yo soy la madre de aquel joven que se dirigía al trabajo, con cuyo salario me ayudaba a criar y mandar a la escuela a sus hermanos menores, y que fue asaltado y herido mortalmente a balazos disparados por tu hijo.

En la próxima visita, cuando tú estés abrazando y besando a tu hijo en la cárcel yo estaré visitando al mío y depositándole unas flores en su tumba, en el cementerio.

¡Ah! Se me olvidaba: ganando poco y sosteniendo la economía de mi casa, a través de los impuestos que pago, tu hijo seguirá durmiendo en un colchón y comiendo todos los días. O dicho de otro modo: seguiré sosteniendo a tu hijo malhechor.

Ni a mi casa, ni en el cementerio, vino nunca ningún representante de esas entidades (ONGs), que tan solidarias son contigo, para darme apoyo ni dedicarme unas palabras de aliento.

¡Ni siquiera para decirme cuáles son MIS DERECHOS!

 

¡Si estás de acuerdo con esta carta, hazla circular!  

Quizás entre todos, podamos revertir estos valores que existen en nuestro país, donde los delincuentes, ladrones, terroristas y corruptos tienen más derechos que los ciudadanos honrados y trabajadores, que sólo queremos vivir en paz.

¡ LOS DERECHOS HUMANOS SON PARA LOS HUMANOS DERECHOS!

 

Derechos humanos: avance y omisiones

http://www.jornada.unam.mx/2011/07/13/edito

 

Ataque a la impunidad / Manuel Bartlett

EL UNIVERSAL, 14 julio 2011.

El 10 de junio se promulgó una reforma constitucional que fortalece los derechos humanos. Resultado de un proceso legislativo iniciado en 2009, complicados acuerdos, participaciones de organismos y la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU.

Entra en vigor cuando los derechos humanos son gravemente lesionados por la violencia desatada, la acción militar y policiaca y la tendencia legislativa a restringirlos creyendo erróneamente que frenan la seguridad. Hemos recibido seis condenas de la Corte Interamericana, incluso la alta comisionada apersonada en México fue severa: “la presencia militar en seguridad debe ser excepcional, limitada en tiempo” y denunció numerosos casos de uso excesivo de fuerza pública.

La reforma aporta instrumentos no sólo para detener esta escalada, sino para perfeccionar la tutela de los derechos fundamentales. Luchar contra el crimen no justifica descender a una sociedad con libertades restringidas, en la arbitrariedad, el abuso del poder, la militarización, en la impunidad; debe librarse en el marco del derecho.

México es pionero reconocido en el mundo, constitucionalizamos en 1917 los derechos sociales y participamos desde entonces en su progresión universal suscribiendo tratados de avanzada, pero múltiples obstáculos entorpecen su plena vigencia, superarlos es objetivo de la reforma.

La reforma impacta íntegramente al sistema jurídico. Cambia la denominación del título primero, capítulo I; el concepto Garantías Individuales se sustituye por “Derechos Humanos y sus Garantías”, la expresión integra el contenido de nuestra Constitución con los aportes del derecho internacional definidos como derechos humanos. Determina que el Estado no “otorga” derechos, los “reconoce”. Todos “gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales”. Nuestra Constitución incorpora los derechos contenidos en los tratados suscritos y establece que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán conforme a ésta y a los tratados internacionales de que seamos parte. Todo el ordenamiento jurídico mexicano queda sometido a este precepto.

Se establece el principio “pro personae”: Los titulares de un derecho humano pueden acogerse a la norma que más les favorezca. Determinante es el párrafo tercero del artículo 1º: Todas las autoridades en todos sus niveles tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. Confiere rango constitucional al asilo; el sistema penitenciario respetará estos derechos; modifica el artículo 33 restringiendo la facultad presidencial para expulsar extranjeros, exigiendo “previa audiencia”; adiciona el artículo 89 incorporando a los principios de política exterior “el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos”; la facultad de investigación de la Suprema Corte se transfiere a la CNDH.

Se fortalece la autonomía de la CNDH y las estatales, obliga a todos los servidores públicos a contestar toda recomendación fundando, motivando y publicando. Quien rechace una recomendación puede ser citado por el Senado o Congreso local en su caso, para explicaciones. Las comisiones de Derechos Humanos conocerán de quejas en materia laboral. Fundamental es la inclusión de los derechos humanos en la educación. Los artículos transitorios exigen la legislación reglamentaria. Enorme tarea aguarda.

Por lo pronto la Suprema Corte ya emitió resoluciones históricas apegándose a la reforma: “todos los jueces nacionales están obligados… a analizar la compatibilidad de una determinada norma… (con) los tratados de derechos humanos…”. Sentenciaron, además: “el artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con… el artículo 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos …”. Ataque a la impunidad.

Resoluciones históricas y significativas

 

Miguel Concha. 16 jul 2011.

Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con las que entre el 5 y el 15 de julio resolvió de fondo, y no únicamente de manera administrativa, las consultas del expediente Varios 912/2010, sobre la obligatoriedad para el Poder Judicial (PJ) de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), del 23 de noviembre de 2009 en el caso Rosendo Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, y en las que asume –como es su obligación, en tanto tribunal constitucional– las reformas a la Constitución publicadas el pasado 10 de junio en el Diario Oficial de la Federación, han sido calificadas con justicia por las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos como de trascendencia histórica y como precedente importante en la interpretación y decisiones que en el futuro tomen las autoridades jurisdiccionales, en temas claves para la protección de las garantías fundamentales de todas las personas en México.

Entre ellas precisan las siguientes. 1) La obligatoriedad para el Estado mexicano de las sentencias de la Coidh en lo general, y para el Poder Judicial de la Federación, en lo particular, cuando sea parte de algún tratado que contemple violaciones a los derechos humanos aprobado por México, y se encuentra implicado en algún caso. 2) La prohibición constitucional de aplicar la jurisdicción militar en los casos en los que se hallen involucrados civiles. 3) Por lo mismo, la facultad originaria de la SCJN de control de constitucionalidad para resolver conflictos de competencias entre autoridades civiles y militares, cuando se trate de violaciones a los derechos humanos, lo que significa que la Corte, en su carácter de tribunal constitucional, declarará la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar, mientras el Congreso no lo reforme, tal y como lo ordenó la Coidh en las sentencias de los casos de las presentes resoluciones, y en los de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Arteaga, así como en el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García. 4) La obligación de todos los jueces del Estado mexicano a ejercer de manera oficiosa el llamado control de convencionalidad, esto es, el deber de sujetarse a los tratados internacionales que protejan derechos humanos aprobados por México, en los términos del artículo 1 reformado de la Constitución. 5) La obligación constitucional de todos los jueces del país que conozcan ante casos de violaciones a los derechos humanos de controversias sobre el fuero militar, de replicar obligatoriamente, y no sólo con carácter orientador, el criterio de la Coidh, en el sentido de que no es de ninguna manera competente, se restrinja a lo dispuesto en la Constitución, y por lo mismo subsista sólo para los delitos que afecten a la disciplina militar.

Continuidad vs. cambio

Ana Laura Magaloni Kerpel

16 Jul. 11
Los ministros dieron sentido y peso a las palabras de la Constitución: "la protección más amplia" de los derechos humanos nos obliga a ponernos en sintonía con todas las democracias
La decisión de la Suprema Corte en el caso Rosendo Radilla puede significar un cambio de paradigma en la forma en que operan nuestros jueces al momento de controlar la arbitrariedad de policías, militares y ministerios públicos. Hasta ahora, el paradigma con el que ha operado el sistema de justicia ha sido el de que para garantizar la seguridad pública es necesario tolerar algunas dosis de arbitrariedad por parte de los operadores de las instituciones de seguridad. Bajo este paradigma, la eficacia de los derechos humanos de los ciudadanos es, en el mejor de los casos, un asunto de menor relevancia y, en el peor, un estorbo para las políticas de seguridad.

Los ministros, en el caso Radilla, parecen estar intentando dar la vuelta a este paradigma y colocar en el centro de la actividad jurisdiccional la eficacia de los derechos humanos. En varias sesiones del pleno, la Corte estableció: 1) las sentencias de tribunales internacionales de Derechos Humanos, como es la Corte Interamericana, son obligatorias para el Estado mexicano; 2) todos los jueces, locales y federales, al momento de resolver una disputa, deben revisar de oficio que las leyes mexicanas aplicables no violen tratados internacionales en derechos humanos y, si lo hacen, deben inaplicar tales leyes al caso concreto, y 3) el fuero militar ya no procede en caso de que un soldado cometa un delito en contra de un civil o viole sus derechos humanos. En estos casos, serán los tribunales ordinarios quienes juzguen a los militares. Así lo ordena la sentencia de la Corte Interamericana.
El eje conductor de la discusión fue el nuevo texto del artículo 1 constitucional, el cual establece: "las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia". Los ministros decidieron darle sentido y peso a las palabras de la Constitución: "la protección más amplia" de los derechos humanos nos obliga a ponernos en sintonía con lo que pasa en todas las democracias consolidadas.
En cuestiones de derechos humanos, nuestra Corte ha sido un tribunal en donde las inercias jurídicas del pasado autoritario han estado en perpetua tensión con la necesidad de ajustar la justicia constitucional a los cambios políticos que ha vivido el país en las últimas décadas. A diferencia del Tribunal Constitucional español o de la Corte Constitucional colombiana, que fueron creados para afianzar los cimientos normativos y las bases constitucionales de un nuevo régimen político de tipo democrático, nuestra Corte tuvo su origen en las postrimerías del régimen autoritario y, por lo tanto, no fue configurada para romper de tajo con el viejo régimen. Todo lo contrario, su función parecería haber estado encaminada a encontrar un equilibrio entre el pasado y el futuro, entre la tradición jurídica autoritaria y las demandas sociales y políticas por nuevas y mejores soluciones jurídicas en el ámbito constitucional. Así, lo que ha definido a la Suprema Corte de Justicia reformada en 1994 ha sido la permanente tensión en su interior, entre la continuidad con el paradigma de interpretación constitucional propio del pasado autoritario y el cambio de paradigma y de retórica jurídica propio de la nueva democracia. Esta tensión ha inhibido el impacto potencial que podría tener la Corte para impulsar los cambios jurídicos que requiere una democracia en forma.

Uno de los ámbitos en donde mejor se percibe esta tensión entre autoritarismo y democracia ha sido la interpretación constitucional de los derechos humanos en juego tratándose de los actos de policías, militares y ministerios públicos. Hace a penas dos años, nuestra Suprema Corte no quiso revisar su jurisprudencia en materia de fuero militar en el caso Reynalda Morales, a quien unos soldados le habían matado a su esposo Zenón Medina. La señora Morales solicitó que el caso fuese resuelto por un tribunal civil. La Corte le dijo que no. La amplitud con la que los ministros habían definido el alcance del fuero militar era más parecido a lo que sucede en un régimen autoritario que lo que pasa en una democracia. Lo mismo se puede argumentar con varios de los derechos humanos clave de un acusado en un juicio penal: detenciones prolongadas, derecho a una defensa adecuada, el derecho a la no incomunicación, el derecho a no ser juzgado en prisión preventiva y un largo etcétera. En todos estos casos la tendencia ha sido a darles "subsidios legales" a los MP, policías, militares y demás. Subsidios que son atípicos en un régimen democrático y típicos de dictaduras o regímenes autoritarios.

Con todo, al leer la versión estenográfica del caso Radilla, de repente parece que los ministros han tomado la determinación de que los derechos humanos sean efectivos, sin subsidios y sin concesiones a la arbitrariedad. ¿Qué impacto va a tener ello en el quehacer de los jueces ordinarios, de los policías, los MP y los soldados? ¿Será consistente a futuro la Corte con esta determinación? Las incógnitas están ahí. Por lo pronto, esta semana la Corte hizo historia con una decisión que parece marcar un cambio de paradigma.

 

Ejército: platos rotos del PRI

Hipocresía política de CIDH

La Corte Suprema de Justicia de México decidió castigar al Ejército con la limitación del fuero militar por un suceso ocurrido en 1974, cuando el sistema presidencialista del PRI utilizó a las fuerzas armadas para aplacar las demandas de democracia.

 

En esos 40 años, el papel y la situación del Ejército han cambiado radicalmente, al grado de que -como en casi ningún otro ejército- cuenta con una oficina de atención ciudadana y con una dirección de derechos humanos. De ahí que la Corte Suprema haya decidido desconocer la evolución profesional del Ejército y lo haya asumido como un violador per se de los derechos humanos pero basado en el pasado y no en el presente.

 

Lo paradójico ha sido que la Corte exoneró a Luis Echeverría del delito de genocidio por la represión estudiantil en 1968 con el criterio de que no se podía aplicar retroactivamente el convenio internacional firmado por México en 2002 pero ahora sí se aplicó la retroactividad en el caso Radilla. Lo peor es que la Corte sancionó al Ejército por el caso Radilla de 1974, cuando el presidente de la República entonces era Luis Echeverría y cuando justamente Echeverría como comandante en jefe de las fuerzas armadas utilizó al Ejército para combatir la guerrilla guerrerense.

 

La corresponsabilidad moral por la represión es muy amplia. La sentencia Radilla debe ser tomada como una condena internacional al régimen priista que usó la fuerza para reprimir las exigencias de democracia. Y puede darse la paradoja de que ese mismo régimen priista, sin pasar por algún acto de contrición o de revisión de su pasado represor, pueda regresar al poder presidencial en 2012. Hasta ahora, el priismo no ha tenido el valor político de revisar críticamente la etapa de la represión ni de deslindar las responsabilidades del Ejército como instrumento de fuera en el reinado priista. En el caso Radilla, el PRI abandonó al Ejército a su propia suerte, a pesar de que fue el PRI el que usó al Ejército contra la disidencia.

 

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendría que ser llevada a juicio por incongruencia jurídica y corresponsabilidad moral. La CIDH ha condenado a México por represión. Sin embargo, uno de sus jueces de la CIDH, el mexicano Sergio García Ramírez, hoy retirado, formó parte del gobierno de Echeverría. Y no sólo eso: García Ramírez fue procurador general del Distrito Federal en 1971, precisamente el día del halconazo en San Cosme contra estudiantes, y como tal eludió su responsabilidad jurídica y moral para investigar el hecho de que la represión fue presidencial.

 

García Ramírez se excusó de participar en el caso Radilla pero por el hecho de ser mexicano, no por haber sido miembro del gobierno de Echeverría en 1974. En el 1974 del caso Radilla, el juez García Ramírez de la CIDH era nada menos que subsecretario de Gobernación del gabinete de Echeverría, la dependencia encargada de operar la represión contra disidentes. Y durante la primera mitad del gobierno de López Portillo, cuando se formó la Brigada Blanca como escuadrón de élite para liquidar ilegalmente a la guerrilla, García Ramírez fue subsecretario de la Juventud precisamente cuando la juventud era reprimida por el Estado priista para aplacar sus exigencias de democracia.

 

Los funcionarios que participaron en los gobiernos priistas de la represión no sólo se salvaron sino que algunos se convirtieron en defensores de lo que antes atacaron. En este contexto, el Ejército quedó como una víctima propiciatoria de los cargos de conciencia de los sectores hoy beneficiados por la democracia y dispuestos a condenar al pasado represor del PRI olvidando su propio pasado. La sentencia Radilla y la decisión de la Corte de acotar el fuero militar merecerían una declaración oficial del PRI para asumir responsabilidades históricas que el gobierno de Fox no se atrevió a fincar.

 

Lo grave del caso es que la decisión de la Corte obedeciendo a la CIDH causó un daño irreversible al escudo de seguridad nacional de la República y a la soberanía del Estado. El problema en que la Corte metió al Ejército puede ser inmanejable. De hecho, las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de militares han sido en el combate al crimen organizado como parte de sus tareas de defensa de la seguridad interior, entendida ésta como el orden interno que es atacado por la acción criminal y que pone en riesgo la seguridad nacional, la soberanía del Estado y la balcanización territorial. Por tanto, los primeros en cobijarse bajo la decisión de la Corte serán los criminales que podrían alegar el exceso de fuerza y por tanto la violación de derechos humanos en su contra para eludir el brazo de la justicia.

 

El Ejército como la institución por excelencia para la defensa de la soberanía fue rebajada a nivel de policía y con ello los cárteles del crimen organizado se anotaron una victoria histórica porque en sus juicios podrán alegar violación de derechos humanos y con ello ir anulando cargos, como ocurre en los tribunales civiles. La propia Corte ha condenado a la Policía Federal y a policías federales en la contención de insurrecciones políticas y las ha obligado a regular el uso de la fuerza, como ocurrió con la violencia social en Atenco o la insurrección en Oaxaca contra la forma constitucional de gobierno.

 

La sentencia Radilla, por tanto, fue una condena al régimen priista que usó la represión en el pasado contra las demandas de democratización o contra la disidencia que tomó las armas para derrocar al gobierno federal. Ahí radica la otra gravedad del asunto: los cárteles de la droga y la guerrilla -dos formas para combatir al Estado, la soberanía y el orden constitucional- fueron disminuidas al nivel de crimen común, a pesar de que las dos utilicen la violencia de las armas que por ley sólo le corresponde al Estado, a las fuerzas armadas y a las policías.

 

Y como existe el riesgo de ser juzgadas por delitos contra los derechos humanos, entonces las fuerzas armadas tendrán que ejercer la pasividad o verse metidas en juicios en las que llevarán las de perder. Ya se olvidó que el Estado es, en resumen, el monopolio de la fuerza. Ahora las fuerzas de seguridad tendrán que convertirse en oficinas de relaciones públicas y no en garantes del orden y la soberanía del Estado.

 

Valentina

Sergio Aguayo

21 Dic. 11

Para Lorenzo Meyer, maestro y amigo.

Para preparar el espíritu navideño les cuento una historia con final feliz.
En este relato el acomodo del mobiliario tiene significado. El pasado jueves 15 en el escenario sólo había 10 sillas desnudas formando el semicírculo común en reuniones de iguales. Los cinco de un lado estaban apartados para la indígena y los suyos; los otros cinco para los representantes del Estado mexicano. Para entender el significado del sillerío y la trascendencia del acto retrocedo casi una década.

El 16 de febrero de 2002 unos soldados que combatían al narco en la abrupta serranía guerrerense violaron a Valentina Rosendo Cantú, una indígena me'phaa de 17 años, casada y con una hija de tres meses. El esposo, la familia y la comunidad la respaldaron para que denunciara el hecho. Ella pensaba, me dijo, que el proceso "duraría un mes". ¡Ingenua! En México la justicia es lenta y rara vez beneficia a los indígenas pobres. La Secretaría de Defensa Nacional difundió un comunicado de prensa asegurando que "los efectivos del Ejército [...] no efectuaron en dicha fecha [...] alguna operación" en el lugar de los hechos.

Al mismo tiempo aumentaron las presiones oficiales a la comunidad que quitó el respaldo a Valentina. La excluyeron de las asambleas, le retiraron el habla mientras le decían a Fidel, el esposo, "¿Por qué no la deja?, ya no es su mujer, ya fue de otros". Crecieron las golpizas del señor de la casa que terminó quebrándose para irse, dicen, al otro lado. Otra hubiera claudicado, pero Valentina resistió por su hija, por el apoyo de su familia cercana y por el de organismos civiles como Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña.

Pasaron los años y Valentina sobrevivió trabajando de sirvienta en Chilpancingo. Aprendió español y estudió mientras avanzaba su caso juzgado en la corte militar, que optó por archivarlo por falta de evidencia en 2004. El asunto fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana, que consideró probada la violación de Valentina en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que denominaron "violencia institucional castrense".
Entre las reparaciones que ordenó estuvo un acto de reconocimiento público de responsabilidad estatal.

La década ha dejado huella en Valentina. Ahora una mujer de 26 años con la que desayuno antes del acto; veo en ella claridad y firmeza en su relato que fluye en tono apacible y sin estridencias. Ella decidió la sede (el Museo Memoria y Tolerancia), los funcionarios que deberían estar en el estrado y el acomodo igualitario del mobiliario. Valentina es una víctima convertida en defensora de derechos humanos propios y ajenos. La acompaña el equipo de Tlachinollan encabezado por el director Abel Barrera, un antropólogo comprometido, con sensibilidad para entender personas y contextos y con el temple que se requiere para manejar los riesgos inherentes a su vocación.

Había tensión en un auditorio atiborrado de activistas curtidos en la defensa de casos de trinchera y capaces, por tanto, de apreciar cada instante de la simbólica ceremonia. El funcionario que mejor entendió el trasfondo fue Alejandro Poiré. Al principio su lenguaje corporal fue de incomodidad y distancia pero se relajó y cuando llegó su turno al micrófono no sólo cumplió con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sino que hizo contacto visual con Valentina a la cual transmitió respeto auténtico mientras reconocía los enormes déficits en justicia y rendición de cuentas.

Poiré es un académico con madera para la política que llega a la cúspide cuando el régimen agoniza. En el año que le queda puede hacer mucho bien porque es incesante la exigencia de justicia. Ojalá y convenza al Presidente de asistir al acto con que deberán cumplir con el fallo de la Corte Interamericana sobre Inés Fernández Ortega, otra indígena me'phaa violada por la tropa.

En su turno Valentina hizo un balance de su experiencia. Habló de las dificultades para denunciar, de los abandonos y las amenazas. También reconoció a los amigos con los cuales, aseguró, "he llorado y he reído; estuvieron día con día. Gracias a ellos estoy con vida". Dedicó el final de sus palabras a Fidel, el esposo ausente, el "que se fue como un cobarde". A él le dijo: "sigo luchando, te recuerdo que pude salir adelante con mi hija. [Yanis -Flor de Calabaza en me'phaa] ya tiene 10 años, la que tú no valoraste". En lugar del lamento de la abandonada sonó la voz de la emancipada. Una ceremonia con claves sobre cómo lograr la justicia.

Al final pregunto a Valentina sobre sus planes. Su respuesta llegó envuelta en sonrisa luminosa y mirada chispeante: "estudiar para enfermera y seguir en la lucha".
Un preámbulo adecuado para abrazar a los míos y desearles a quienes me lean una Navidad llena de paz y, por supuesto, dignidad.

 

LA MISERIA ANCESTRAL DE LOS TARAHUMARAS.

Por: Román Corral Sandoval.

    “…Hace rato, me recosté un poco, debido a que me cansé de estar parado frente a esta ventana oriental de la Casa del Maestro, apenas distingo las estrellas del firmamento en esta noche eterna y oscura,  pero minutos después me incorporé de mi cama improvisaba de mesa-bancos disparejos ya que mis pensamientos fueron opacados nuevamente por los ladridos de los perros pastores que detectaron  a otros caminantes nocturnos del camino real, especialmente tarahumaras cuyas figuras fantasmales o siluetas difícilmente distingo a través de la ventana transitando y  cargando sobre sus espaldas pesados bultos, haciendo ruido al pisar con sus huaraches de neumáticos usados las pequeñas piedras sueltas de esta vereda colonial, exponiéndose al ataque repentino de feroces depredadores como el puma y gato montés que en esta región de las barrancas, según relatan  los moradores, han dado cuenta de burros, vacas, cabras y hasta de los mismos perros guardianes, que no dejan de ladrar, al sentir la presencia de los caminantes, pero no se mueven de sus sitios donde descansan de la jornada diaria. Estos canes le temen a la oscuridad...pero más yo. A estos tarahumaras apenas les percibo su agitada respiración por el esfuerzo realizado en esta noche de silencio sepulcral ya que mi pequeña ventana del oriente de la Casa del Maestro, como dije,  se halla a escasos cinco metros de distancia del camino real por donde transitan estos esforzados caminantes, que nunca han visto un vehículo automotor; no detectan mi cercana presencia dentro de la oscura habitación seguramente por el cansancio manifiesto de su jornada nocturna y porque no pueden voltear o girar la cabeza, por la pesada carga que llevan sobre su humanidad. Durante el día a veces comparto con los tarahumaras de Satevó mis escasos alimentos, quienes en otoño e invierno atenúan las bajas temperaturas encendiendo fogatas en las márgenes del Río Batopilas, donde toman un breve descanso; he platicado con algunos de ellos bajo la sombra que proyectan sobre el camino real los grandes mezquites del patio escolar. Casi siempre, aunque esté trabajando con mis alumnos, salgo un momento del salón de clases y atravieso el patio escolar  para saludarlos. Es una etnia que admiro por su resistencia física y nobleza de alma. Cuando charlamos no sé si estos indígenas se ríen conmigo o de mí, la mayoría son herméticos, desconfiados de los chabochis, como nos llaman a los mestizos.  Me ven como bicho raro por el color blanco de mi piel y pelo castaño; tienen su piel lacerada y ennegrecida por los rayos solares que en esta región caen a plomo durante el verano cuando se presentan temperaturas por arriba de los cuarenta y cinco grados centígrados.  Sus cuerpos son demasiados delgados y visten harapos. Estos indígenas, sufridos caminantes,  siempre han cargado sobre  sus espaldas, gran parte del progreso material de Batopilas...¡Qué pequeño e insignificante me siento ante la fortaleza física de esta etnia chihuahuense, ante la nobleza de su alma, que los ha hecho soportar los embates y agresiones de los ambiciosos de todos los tiempos y destinado a vivir en la miseria!...Estos tarahumaras que percibo durante la madrugada seguirán su ritmo de caminata hasta el amanecer haciendo un pequeño alto o descanso antes  de iniciar el ascenso de la empinada cuesta de la Cumbre del Guamúchil; se detendrán forzosamente para tomar un respiro, porque además, con todo y carga cruzarán el Río Batopilas que aún no ha bajado el nivel de su caudal impetuoso, frío y vertiginoso.  Es el lugar llamado “El Vado”, donde no existe puente colgante; se enfrentarán a un baño involuntario en las aguas frías del río cuando lo crucen en la oscuridad pisando con cuidado las piedras lamosas del cauce. Para mí los tarahumaras son los grandes caminantes de esta vereda y de la vida. ¡Qué oscura es esta noche, mi trigésima octava noche en la Baja Sierra Tarahumara,  en que trazo mentalmente el itinerario que seguirán estos indígenas que prefieren caminar bajo la luz tenue de las lejanas estrellas del oscuro firmamento que soportar el calor agobiante casi calcinante que nos envía el astro rey a estas barrancas chihuahuenses. Como dije, observo a estos tarahumaras transitar en esta madrugada del miércoles 28 de octubre de 1970. Estos indígenas y la población en general de la Baja Sierra Tarahumara no tienen amigos en el gobierno, han permanecido por décadas en el olvido, de plano, la mayoría de las instancias gubernamentales los han abandonado a su suerte, de ahí su marcada marginación, la cual prácticamente es una represión, agresión y violación a los derechos humanos universales. En este 1970, dichas instancias, por ejemplo, no han invertido ningún centavo en esta comunidad de Satevó, la choza de adobe  que funciona como aula escolar la construyeron los moradores, la cual está ahora  casi en ruinas. El hombre llegó a la Luna el año pasado, julio de 1969, pero aquí no se conoce la luz eléctrica, y hace dos años, en 1968,  México organizó los Juegos Olímpicos, y estos chihuahuenses no se enteraron de que se invirtieron cientos de millones de pesos para llevar a cabo esta fiesta deportiva mundial, lo cual no los benefició en lo más mínimo ya que en esta comunidad ni siquiera se conocen las varillas de acero, el vidrio, ni el cemento y demás materiales de construcción. Sin embargo, afirmo que ningún atleta de estos juegos olímpicos tiene la resistencia física de los tarahumaras los cuales son los verdaderos campeones de la vida, porque han soportado las vejaciones, despojos y explotación, del “hombre civilizado”.    Se menciona en los discursos gastados de los políticos, que se gobierna para todos, que hay democracia, pero la problemática social de brutal marginación de la Baja Sierra Tarahumara contradice estos dichos oficiales demagógicos. Manifesté a principios de septiembre de 1970,  a las autoridades educativas federales y sindicales de la Sección Octava del SNTE, de la Ciudad de Chihuahua que como maestro recién egresado de la Escuela Normal del Estado de Chihuahua, ENECH,   deseaba iniciar mi trabajo docente en la Sierra Tarahumara, cuestión que me fue concedida, además no tenía “palancas” para quedarme a trabajar en la zona urbana. Gracias a mi trabajo de maestro rural he podido conocer más a fondo a los tarahumaras y crecer un poco como ser humano. No me arrepiento de estar trabajando en la Barranca de Batopilas a pesar de las carencias, sufrimientos e incomodidades de todo tipo. Por otro lado, no me explico porqué los tarahumaras o rarámuris, auténticos y originales dueños históricos del estado de Chihuahua, viven en cuevas de las barrancas o sierras, vestidos con harapos y alimentándose como en la Prehistoria, sirviendo como bestias de carga y soportando  enfermedades, hambrunas y explotación. En la Barranca de Batopilas observo en este 1970 indígenas tarahumaras en condiciones infrahumanas:  sin la luz del alfabeto, cargando sobre sus espaldas muebles, vigas, bultos pesados, por el pedregoso “camino real”, desde el  Mineral de La Bufa hasta el poblado de  Batopilas, distante veinticinco kilómetros, cuesta  arriba y cuesta abajo, sin inmutarse y sin quejarse  de nada. Los veo pasar todos los días por el “camino real” por un lado de mi salón de clases   caminando solos o en pequeños grupos. Al igual que los habitantes de Satevó, los tarahumaras sufren de los mismos males y marginación social pero en mayor escala;  los mestizos  o   “chabochis”, como nos llaman los tarahumaras nos sentimos “superiores” a los hermanos rarámuris. Y así transitan los tarahumaras a buen paso recorriendo el “camino  real” cargando sobre sus espaldas pesados bultos y el gran peso de la marginación social. El “camino real”  es la vía de comunicación de la Barranca de  Batopilas y de otras municipalidades vecinas; es la columna vertebral que une a todas las comunidades de la barranca y la sierra que este  1970 carecen de carreteras pavimentadas como las que existen en el altiplano y desierto chihuahuenses.  Los tarahumaras parecen no inmutarse ante la extremada pobreza que padecen; estoicamente han soportado las agresiones de los intereses ambiciosos  de las clases sociales que controlan el poder económico y por ende el poder político, las cuales desde tiempos remotos, les han arrebatado sus mejores tierras y bosques,  pero no su fortaleza espiritual que les ha servido para poder permanecer en su región, para no ser desarraigados o exterminados, aceptando vivir en condiciones infrahumanas, vistiendo harapos, en calidad de esclavos o en la lastimosa marginación social, pero sin abandonar los bosques, ríos y arroyos, flora y fauna silvestres,  montañas y cañones, barrancas y profundos abismos a los que históricamente  consideran de su propiedad; con tal de permanecer en su medio geográfico generacionalmente han soportado a través de la historia la hostilidad de ambiciosos grupos humanos, explotación, discriminación, hambrunas, epidemias, condiciones climatológicas extremas, sequías; han tenido que sobrevivir comiendo plantas y animales silvestres y habitar en  jacales o en cavernas, porque sienten que todo lo que existe bajo el cielo azul,  limpio y transparente de la Sierra Madre Occidental les pertenece desde tiempos inmemoriales, antes de que los chabochis u hombres blancos invadieran sus dominios, con el pretexto de llevar a su región la “civilización” y  el  “progreso”, palabras que les resultan huecas, porque bajo este pretexto se les ha sumido en la más profunda miseria y despojo. Por la fortaleza espiritual que observo en los tarahumaras de la Barranca de Batopilas y por el estudio histórico que realicé en el desarrollo social de esta etnia, creo aprender cuando menos un poco, a sufrir en silencio, a dejar de llorar como si tuviera muerto tendido ya que los rarámuris han sufrido de verdad toda clase de calamidades y vejaciones; estoy comprendiendo que la fortaleza de su espíritu se moldea bajo el sufrimiento callado y aunque nunca podré ser como ellos, ni siquiera para caminar, correr  o nadar a su ritmo debido a su extraordinaria destreza o para soportar el frío,  calor,  fatiga,  hambre o la sed bajo condiciones extremas, al menos intentaré imitarlos  durante mi estancia como maestro rural  en la Barranca de  Batopilas, donde está a prueba mi inútil cuerpo y débil carácter. Con frecuencia me visitan hasta la escuela algunos tarahumaras para platicar; siento que me observan con detenimiento y con cierta curiosidad intercambian miradas, se sonríen entre ellos sin dejar de conversar conmigo.  Una de las tantas lecciones que aprendo en este 1970 en la Barranca de  Batopilas, porque es más lo que aprendo que lo que enseño, es que existen chihuahuenses de quinta o última categoría social  como nuestros hermanos rarámuris, tan olvidados y abandonados como los demás moradores de la región.   Muchos indígenas me aseguran que las casas de adobe de los chabochis, no sirven para vivir porque no son resistentes, debido a que las lluvias y los fuertes vientos las destruyen poco a poco y que por eso deciden habitar en cuevas, como lo hacían sus antepasados; algunos tarahumaras que hablan poco español con los que logro charlar me comunican más cuestiones de sus costumbres; me visitan hasta el plantel escolar para venderme panelas de leche de cabra o hierbas medicinales y a otros los detengo en plena marcha por el “camino real” para platicar bajo la sombra del enorme mezquite del patio escolar que cubre parte de esta vereda; no es fácil charlar con ellos, al principio la mayoría me rechazó debido a que son muy desconfiados de los chabochis. Y es que, desde la Época Colonial estos indígenas fueron despojados de sus mejores tierras de cultivo y obligados a huir a las serranías para no ser exterminados; después, hasta lo que es ahora la   Sierra Madre Occidental  llegaron los conquistadores a realizar actividades de minería esclavizándolos a pesar de su férrea oposición y de realizar numerosas rebeliones; posteriormente al Movimiento de Independencia a las etnias les fueron arrebatados sus bosques y durante el Porfiriato la mayoría de sus integrantes fueron explotados, esclavizados y vejados al laborar involuntariamente como peones en las haciendas de los caciques o terratenientes de la época; durante la Revolución Mexicana, que costó un millón de vidas, gran porcentaje de la sangre derramada perteneció a campesinos e indígenas, lo que no fue suficiente para que salieran de su miseria ancestral. Por estas causas históricas nuestros indígenas son muy herméticos; llevan en su cuerpo y espíritu, desde entonces como una herencia maldita, los estragos y huellas que les ha dejado la marginación social que en forma extrema los  ha dañado en todos los aspectos. Por lo que observé desde mi primer viaje a la Sierra Tarahumara en 1968, que dirigió el Profesor Carlos Flores Morales, cuando yo era estudiante de la Escuela Normal de Estado de Chihuahua,  puedo concluir, sin temor a equivocarme que  la mayoría de los integrantes de esta etnia de la Baja Sierra Tarahumara están condenados a vivir eternamente en la miseria: ojalá y que alguna persona me pudiera convencer de lo contrario.  Admiro de los tarahumaras de Batopilas su fortaleza física y espiritual, su filosofía y estoicismo que  los hace resistentes a los tratos despóticos de los poderosos; su fortaleza física es tan sólida, que a pesar de la marcada marginación social que sufren, para mí siempre serán los mejores caminantes del “camino real” y de la vida; ellos cargaron sobre sus espaldas gran parte del progreso material de la Barranca de  Batopilas en la construcción de las obras arquitectónicas en diferentes etapas históricas, construyendo caminos, trabajando en la minería o cargando diversos bultos y objetos pesados. Esta situación prevalece, debido a que en este 1970,  algunas personas pudientes de la región, contratan sus servicios por pagos  injustos; la mayor parte de su carga la traen desde el Mineral de la Bufa hasta el poblado de Batopilas y en algunas ocasiones la llevan para lugares más distantes sobre sus espaldas… Continuará… Fuente:          Libro: “Las Noches de Batopilas”…Marginación Social de la Baja Sierra Tarahumara. 2010.  Autor: Román Corral Sandoval.

Ciudad Juárez, Chihuahua. México.

Edificio de la escuela rural, patio escolar y la casa del maestro a orillas del camino real en la comunidad de Satevó, municipio de Batopilas, Chihuahua en septiembre de 1970. Indígenas tarahumaras el 13 de septiembre de 2007 en el poblado de Batopilas, Chihuahua. Profesor Román Corral Sandoval en 1971 en Batopilas.

Comunidad de Satevó en septiembre de 1970. Al fondo la Misión de Satevó, construida por los misioneros jesuitas entre 1760 y 1764. El Profesor Román Corral Sandoval en 2007.

 

 

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PORTADORAS DE ENFERMEDAD MENTAL

Una primera aproximación

Héctor Rodríguez Espinoza

 

I.                Introducción. Realmente es rara la información disponible acerca de la protección de los Derechos Humanos de las personas portadoras de enfermedad mental. Pero obsérvese que esta ausencia doctrinal, legislativa e –incluso- jurisprudencial, constituye ya una primera desprotección jurídica, pues sólo se protege legalmente lo que se conoce; sobre todo a conciencia, para su alivio o su radical solución.

 

            Algunos han equiparado la situación psicosocial de los enfermos mentales con la de los internos en los  Centros reclusorios. Pues bien, paradójicamente los juristas contamos con mayor y mejor información científica y legislativa, internacional y nacional, sobre el tratamiento humano y la readaptación social de los delincuentes, que la atención cálida y reinserción familiar y social de un enfermo mental, sea ambulante, interno en su hogar o en algún Centro más o menos especializado.

 

II.         Doctrina médica. Los doctores Carlos Pucheu Regis, Margarita Lagarde y José Juan Sánchez Báez, en su ensayo “Síndromes esquizofrénicos y Derechos Humanos” (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1992), nos aportan reflexiones interesantes y válidas en este campo, tan injustamente olvidado desde la ética y lógica jurídicas.

 

         De inicio, afirman que la cabal atención de su aspecto humano, obliga al encuentro dialéctico de la comprensión de los valores del orden y los de la “locura” o enfermedad psiquiátrica invalidante.

 

         En cuanto a las instituciones y sus tratamientos psiquiátricos, citan a Gofman, en el sentido de que “generalmente están simbolizadas por una barrera que impide la renuncia y la interacción con el exterior. Por ello, a menudo son parte integral de los establecimientos físicos de estas instituciones, las puertas cerradas con llave, los muros altos, las alambradas con o sin púas y algunos otros obstáculos naturales o sociales” (como la lejanía, la situación periférica o distante de los municipios o población), que impiden la comunicación, como los hospitales psiquiátricos, las cárceles, los cuarteles y las escuelas para internos; que “es significativo que el sistema carcelario y el internamiento de los “locos” sean contemporáneos y se basen en el mismo principio por el cual el manicomio no es más que una medida carcelaria disfrazada”.

 

         Afirman que “a lo largo de la historia de las instituciones psiquiátricas en México, son múltiples las veces en que se ha planteado y replanteado el problema de la atención de los enfermos esquizofrénicos… En el fondo se enfrentaron a la fortaleza de una estereotipa cultural que estimula, en lo general, la intolerancia social hacia el trastorno mental, que se traduce en diversas formas de discriminación y estigmatización, a partir de antiguos prejuicios que dictan, entre otras cosas, que la forma más adecuada de entender al enfermo mental es en instituciones psiquiátricas ajenas al sistema médicos general, como si se tratase de un problema ajeno a la medicina”; y que “subyace en la preferencia por el empleo de prolongados períodos de hospitalización, la idea mítica e injusta –que prevalece entre médicos, familias y comunidad- de que la función de la psiquiatría institucional es la defensa a la sociedad, de una persistente peligrosidad atribuida al enfermo mental, más que la de favorecer la recuperación a través de la rápida reinserción social de los pacientes, una vez que se ha controlado sus crisis”.

 

         Denuncian que en cuanto a la hospitalización psiquiátrica, no siendo ni el único ni el preferible de los sistemas de tratamiento en todos los casos, es al que recurren, desgraciadamente, la mayoría de las instancias involucradas, con la atención de los pacientes esquizofrénicos, y en donde se cometen con mayor frecuencia las transgresiones a sus Derechos Humanos.

 

         Ya don Alfonso Quiroz Cuarón en su clásica “Medicina Forense”, cuya primera edición data de 1977, comentó que el caso más frecuente que se ha planteado es el de internamiento del paciente psiquiátrico sin su consentimiento y a solicitud de los familiares, como sucede con pacientes esquizofrénicos, paranoicos o en período de excitación, intoxicados y suicidas frustrados. Que en tales casos el médico debe contar con la solicitud firmada por el representante legal del enfermo o de los familiares más próximos, en la que se proporcionarán sus datos, para justificar tan extrema medida. Deberán intervenir dos médicos- uno cuando menos deberá ser psiquiatra-, con títulos registrados; ambos tomarán los antecedentes familiares y personales relativos al caso y explotarán al enfermo antes de extender el certificado médico correspondiente, estableciendo la identidad del sujeto y el diagnóstico probable del padecimiento, describiendo los síntomas, así como la interpretación de la conducta justificatoria del internamiento para su tratamiento o por la peligrosidad en el hogar o para la sociedad, o que haga indispensable su observación en un medio de hospital para su estudio médico, diagnóstico o tratamiento, procurando que estas tres metas se cumplan lo más rápidamente posible. (1)

 

         Don Javier Piña y Palacios, citado por Quiroz Cuarón, trata del Juicio de interdicción, en el que la medicina forense se ocupa de la situación de la mayoría de edad en los privados de inteligencia por enfermedad mental, aun cuando tengan intervalos lúcidos, entre otras personas. Por cuanto a la incapacidad de menores o mayores de edad privados de inteligencia por enfermedad mental –el código habla de locura, idiotismo, imbecilidad, sordomudez, ebriedad consuetudinaria, y uso habitual e inmoderado de drogas enervantes-, sólo es posible declararla con la intervención de peritos médicos forenses. (2)

 

III.       Internamiento psiquiátrico. Dentro del mismo punto del internamiento del enfermo mental, los doctores citados ofrecen algunos criterios generales a observar, como los relativos a: la mayoría de edad de 16 años para ambos sexos; la alta calidad de los servicios médicos, con un acendrado sentido humano y con el mínimo de restricciones; la inclusión siempre, en sus inicios, de un estudio clínico y un plan terapéutico, elaborado por un equipo interdisciplinado, coordinado por el médico psiquiatra. El plan deberá incluir medidas para la adecuada reinserción familiar y social del paciente. Atendiendo a las particularidades de cada caso, utilizando bien medida de psicofármacos, investigando profundamente su efecto a largo plazo, los factores de riesgo y la conveniencia de emplear terapéuticas alternativas. Discernir con tino si se trata de hospitalización voluntaria, involuntaria y obligatoria, y el cumplimiento de la autorización escrita de familiares competentes y la duración del internamiento. Las medidas de seguridad, como el aislamiento temporal voluntario, la vigilancia continua y el tratamiento electroconvulsivo. Respecto de este último, afirman que “sólo se justifica en estados de excitación sicomotriz que pongan en riesgo la seguridad del paciente y que sea incontrolable por otros medios, así como en el caso de las obsesiones e impulsos suicidas de alto riesgo para el paciente, que no haya cedido a terapéuticas de otro tipo”.

 

   “Para utilizar esta medida –continúan- se pueden requerir de una orden escrita del médico especialista tratante, la cual deberá estar apoyada en la consideración del equipo de saludad y anotar en el expediente clínico, así como de la autorización del familiar responsable o del juez familiar. Se deberán tomar todas las precauciones técnicas establecidas, así como considerar las contradicciones médicas del caso, de acuerdo con la edad y el estado físico del paciente. El número de electrochoques no debe exceder de diez en aquellos casos en los cuales el equipo de salud lo considere indispensable. Después de consultar la opinión del jefe del departamento clínico, podrán aumentarse los tratamientos, previa fundamentación en el expediente correspondiente.” Sea lo que fuere, “es una recomendación general emplear al mínimo la hospitalización psiquiátrica y que, cuando ésta resulta indispensable, deberá reducirse el tiempo de estancia hospitalaria, y que deberán hacerse efectivos los servicios para la hospitalización parcial (de día, de noche, de fin de semana) y todos aquellos que favorezcan la reinserción familiar y social del paciente”.

 

   Agregan: “El panorama de la hospitalización psiquiátrica de larga estancia es verdaderamente desalentador. La vida social de los internos por lo regular acaba restringiéndose a las relaciones con otros pacientes y con el personal de salud y las visitas cada vez más esporádicas y de sus familiares. Todo esto limita gradualmente el deseo del paciente de vivir fuera del hospital. En consecuencia sus habilidades personales tienden a deteriorarse. Se ha observado que, a mayor tiempo de internamiento, más posibilidades existen de hacer de la enfermedad y del hospital, una forma de vida”. Por eso, “el mejor lugar para la permanencia de un paciente crónico es el domicilio de su familia, bajo cuyo amparo se modifica favorablemente su pronóstico. El problema de muchos de esos enfermos es que carecen de familia o que ésta ya aprendió a vivir sin el paciente y se muestra cada vez más renuente a aceptarlo de nueva cuenta”.

 

   “Por todo lo anterior –finalizan- es importante destacar la responsabilidad de la familia para el enfermo, evitando que confundan el control temporal del padecimiento, con su curación. Ofrecerles alternativas viables que logren gradualmente la desinstitucionalización de los pacientes y que comprometan a los familiares, paso a paso, en la rehabilitación a largo plazo”.

 

IV.  Doctrina Jurídica. El Lic. Agustín Pérez Carrillo en un artículo titulado “Salud Mental y Filosofía de la Ciencia” (Universidad de Hermosillo, 1990) con el objeto de “definir alguna relación entre la ciencia jurídica y la filosofía de la ciencia, parte del problema semántico respecto de las palabras “salud mental”, utilizadas por el Artículo 4to. Constitucional, ofreciendo una solución al problema planteado a nivel de ciencia jurídica y formula “un análisis de la solución de acuerdo con algunos conceptos y criterios que se aceptan usualmente en filosofía de la ciencia para aclarar el tema de la obligación de los padres de preservar el derecho de la salud mental de los menores”.

 

   Intenta un concepto relativo, revisable, útil para calificar cierto tipo de conductas saludables mentalmente.

 

   Después de citar, dentro de la escasa bibliografía al respecto, al Dr. Ignacio Burgoa, psicóloga Graciela Rodríguez de Arizméndi y al Dr. Rafael Velazco Fernández, señala que “la salud mental se relaciona con la capacidad de decisión libre y acción libre, respecto de los temas decididos libremente. Por ello, en la medida en que se alteren, afecten o limiten tales capacidades (,) habrá una repercusión en la salud mental de los individuos”.

 

   Señala también que “en lo sustantivo incluye las notas relacionadas con las capacidades de amar y crear libremente”.

 

   En cuanto al alcance de la obligación constitucional de los padres de “preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental”, afirma que la respuesta “iría por el rumbo de hacer lo posible por fomentar las capacidades de los menores para amar y crear libremente y de no propiciar los estados de enajenación en general. Con esta respuesta se replantea el problema de las funciones que desempeñan en la vida individual las prohibiciones y las obligaciones y el conjunto de consecuencias en el desarrollo de los menores al crearles una conciencia o inconsciencia normativa”.

 

   Agrega: “La respuesta puede parecer una paradoja entre la idea de libertad y la obligación de los padres de preservar el derecho a la salud mental de los menores, pues la salud mental implica el ejercicio de libertades y preservar ese derecho sólo es posible a través de normas dirigidas a los menores. Para desvirtuar la aparente paradoja (,) argumento que la obligación es preservar el derecho a la salud mental y no de constituirla; por otra parte, resulta obvio que los menores en su edad temprana requieren de asistencia para, en primer término, conservar su vida y que los cuidados generalmente se manifiesten como limitaciones y los menores así las viven”.

 

   Pérez Carrillo concluye: “… 5.- La ciencia jurídica no es autosuficiente para resolver todos los problemas que se presentan y requiere de la concurrencia de otras disciplinas en diferentes formas para obtener soluciones satisfactorias. Esta situación da lugar a las actividades interdisciplinarias, transdisciplinaria, multidisciplinarias y pluridisciplinarias en torno a los temas de la ciencia jurídica en general”.

 

   6.- “Un tipo de problemas interesantes son los de interpretación jurídica entre los cuales se encuentran los de carácter semántico. Atribuir un significado a las palabras “salud mental” empleadas en un texto del Artículo 4to. de la Constitución Mexicana es un problema semántico y resolverlo requiere fundamentalmente de la concurrencia disciplinaria de la psicología como ciencia de la conducta.

 

   7.-  En una caracterización abierta del concepto de salud mental necesariamente se incluiría:

 

   7.1. La capacidad de decisión y acción libres.

   7.2. La comprensión del mundo interno y externo.

   7.3. La libertad de amar y crear.

   7.4. La superación de los efectos de la moralidad o normatividad.

 

   8.- Sobre la caracterización anterior versa el tema de la obligación constitucional de los padres de preservar el derecho a la salud mental de los menores”. (3)

 

   Aún cuando nos resultan serias –y oportunas para nuestra utilidad inmediata- las aportaciones de Agustín Pérez Carrillo, los temas de “el derecho a la protección a la salud” y “el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental” –correlativo del deber de sus padres de preservarla-, nos siguen arrojando a la cara, más que respuestas, otras muchas interrogantes: Si “toda persona tiene derecho a la protección de la salud” correlativo del deber del Estado a ofrecerles “los servicios” respectivos ¿por qué el derecho a la salud mental de los menores tiene como obligado expreso (¿exclusivo?) a los padres? ¿No caben, acaso, los menores, en la definición constitucional de “toda persona”? ¿No es la salud mental parte de la salud general? ¿Cuál es el derecho especial a la salud mental de los mayores de edad y quién es el sujeto obligado: los padres o el Estado? ¿No sería legal, justo y sobre todo equitativo integrar algunas de estas lagunas técnicas (como las llama Kelsen), por analogía, equiparando a los adultos enfermos mentales con los menores o incapaces?

 

V.    Análisis legislativo. No existe en nuestro país una legislación psiquiátrica integrada, pues su normatividad se encuentra dispersa en Códigos sustantivos y procesales, tanto del fuero federal como del común. Desde luego que la primera idea sería la de afirmar que , teóricamente, el enfermo mental, como individuo que es, goza de las garantías y Derechos Humanos que otorga la Constitución Política Mexicana, entendidas como todas aquellas facultades, ventajas y libertades que tiene toda persona por el hecho de ser humano. Se encuentran establecidos en los artículos del 1° al 29° de la Carta Magna y en los Tratados internacionales suscritos por nuestro país.

   El Artículo 4to. Constitucional, en particular, dispone que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

 

   Por su parte, la Ley General de Salud vigente, publicada el 7 de febrero de 1984 y modificada por última vez el 14 de junio de 1991, reglamenta el derecho a la protección a la salud, estableciendo las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, sus aplicación en toda la República y el carácter de orden público e interés social de sus disposiciones.

 

   El Art. 2do. de dicha Ley dispone que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, “el bienestar física y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades”.

 

   El Art. 3ro. Dispone que es materia de salubridad general, “la atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables” (fracción II); y “la Salud Mental” (fracción VI).

 

   Más adelante, el Capítulo VII, del Título Tercero denominado Salud Mental, contiene los artículos siguientes:

 

   Art. 72.- La prevención de las enfermedades mentales tiene carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control de las enfermedades mentales, así como otros aspectos relacionados con la salud mental.

 

   Art. 73.- Para la promoción de la salud mental, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

 

I.                El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental, preferentemente de la infancia y de la juventud;

II.              La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental;

III.            La realización de programas para la prevención del uso de substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia, y

IV.            Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan al fomento de la salud mental de la población

 

   Art. 74.- La atención de las enfermedades mentales comprende:

I.                La atención de personas con padecimientos mentales, la rehabilitación psiquiátricas de enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas, y

II.              La organización, operación y supervisión de instituciones dedicadas al estudio, tratamiento y rehabilitación de enfermos mentales.

 

   Art. 75.- El internamiento de personas con padecimientos mentales en establecimientos destinados a tal efecto, se ajustará a principios éticos y sociales, además de los requisitos científicos y legales que determine la Secretaría de Salud y establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.

 

   Art. 76.- La Secretaría de Salud establecerá las normas técnicas para que se preste atención a los enfermos mentales que se encuentren en reclusorios o en otras instituciones no especializadas en salud mental.

 

   A estos efectos, se establecerá la coordinación necesaria entre las autoridades sanitarias, judiciales, administrativas y otras, según corresponda.

 

   Art. 77.- Los padres, tutores o quienes ejerzan potestad de menores, los responsables de su guarda, las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con los mismos, procurará la atención inmediata de los menores que presenten alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de enfermedades mentales.

 

   A tal efecto, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de enfermos mentales.

 

   Posteriormente, en el Capítulo III del Título Segundo, del Reglamento de la Ley General de Salud, De la Investigación en Menores de Edad o Incapaces, encontramos las disposiciones siguientes:

 

   Art. 34.- Además de las disposiciones generales de ética que deben cumplirse en toda investigación en seres humanos, aquella que se realice en menores o incapaces deberán satisfacer lo que se establece en este capítulo, excepto cuando se trate de mayores de dieciséis años emancipados.

 

   Art. 35.- Cuando se pretendan realizar investigaciones en menores de edad, se deberá asegurar que previamente se han hecho estudios semejantes en personas de mayor edad y en animales inmaduros, excepto cuando se trate de mayores de dieciséis años emancipados.

 

   Art. 36.- Para la realización de investigaciones en menores o incapaces, deberá, en todo caso, obtenerse el escrito de consentimiento informado de quienes ejerzan la patria potestad o la presentación legal del menor o incapaz, de que se trate.

 

   Cuando dos personas ejerzan la patria de un menor sólo será admisible el consentimiento de una de ellas si existe imposibilidad fehaciente o manifiesta de la otra para proporcionarlo o en caso de riesgo inminente para la salud o la vida del menor o incapaz.

 

   Art. 37.- Cuando la incapacidad mental y estado psicológico del menor o incapaz lo permitan, deberá obtenerse, además su aceptación para ser sujeto de investigación, después de explicar lo que pretende hacer. La Comisión de ética podrá dispensar el cumplimiento de estos requisitos por razones justificadas.

   Art. 38.- Las investigaciones como riesgo y con probabilidades de beneficio directo para el menor o el incapaz, serán admisibles cuando:

 

I.                El riesgo se justifique por la importancia del beneficio que recibirá el mejor o el incapaz, y

II.              El beneficio sea igual o mayor a otras alternativas ya establecidas para un diagnóstico y tratamiento.

 

   Art. 39.- Las investigaciones clasificadas como riesgo y sin beneficio directo al menor o al incapaz, serán admisibles de acuerdo a las siguientes consideraciones:

 

I.                Cuando el riesgo sea mínimo:

 

A)   La intervención o procedimiento deberá representar para el menor o el incapaz una experiencia razonable y comparable con aquellas inherentes a su actual o esperada situación médica, psicológica, social o educacional y

B)    La intervención o procedimiento deberá tener altas habilidades de obtener conocimientos generalizables sobre la condición o enfermedad del menor o del incapaz, que sean de gran importancia para comprender el trastorno o para lograr su mejoría en otros sujetos.

 

II.              Cuando el riesgo sea mayor al mínimo:

 

A)    La investigación deberá ofrecer grandes probabilidades de entender, prevenir o aliviar un problema que afecte a la salud y el bienestar de la niñez o de los incapaces, y

B)     El titular de la institución de atención a la salud establecerá una supervisión estricta para determinar su aumenta la magnitud de los riesgos previstos o surgen otros y suspenderá la investigación en el momento en que el riesgo pudiera afectar el bienestar biológico o social del menor o del incapaz.

 

V.              Derechos Humanos. Generalidades. Respecto al antiguo pero palpitante actual tema de los Derechos Humanos, permítaseme hacer una breve semblanza histórica y descripción de nuestra normatividad jurídica, basado en un muy esquemático comprendió didáctico elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto de Salubridad Social:

 

Los Derechos Humanos

         En México se considera a los Derechos Humanos como todas aquellas facultades, ventajas y libertades que tiene toda persona por el hecho de que sea humano. Para que estos derechos sean otorgados es necesario que estén establecidos en la Constitución Política o en los Tratados firmados por nuestro país con Organismos internacionales.

 

         Se encuentran establecidos en los artículos del 1 al 29 de la Constitución Mexicana y son varios los Tratados internacionales firmados por México. Esto quiere decir que el Estado asume la responsabilidad de respetarlos y hacerlos respetar, con el fin de que cada persona viva mejor.

 

         Cabe señalar, que el artículo 29 constitucional establece que la posible suspensión de los derechos será en forma temporal y nunca hacia una persona en particular.

 

Características

 

         Lo que se pretende proteger es la vida, la salud, la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica, la integridad física, el medio ambiente, la paz y el desarrollo.

 

         Se reconoce que los derechos humanos tienen cuatro características principales:

 

         No cambian: Aunque no se hayan reconocido legalmente los derechos, éstos son los mismos ahora y mañana.

 

         Son eternos: Porque siempre han pertenecido y pertenecerán al ser humano.

 

         Son supratemporales: Están por encima del tiempo.

 

         Son universales: Corresponden a todos los hombres, sin distinción alguna de raza, sexo, edad, religión, etc.

 

         El titular de los derechos es el hombre, no sólo en forma individual sino colectiva.

 

Edad Antigua: (siglo XVII a.C. al V d.C)

 

         El Código de Hammurabi, en Babilonia, manifiesta un contenido social al establecer límites a la esclavitud.

 

         El Decálogo prohíbe, entre otras cosas, el homicidio y el robo.

 

         El concepto de Derecho Natural (aquel que surge de la naturaleza humana) es desarrollado por las culturas romana y griega.

 

Edad Media: (siglo V al XV d.C.)

 

         El humanismo cristiano, conjuga el concepto de derecho natural con la filosofía del cristianismo, dando un sentido comunitario de los derechos del hombre.

 

         La Carta Magna de Juan Sin Tierra, en Inglaterra, contempla garantías de seguridad jurídica, restringiendo el poder del monarca.

 

         Los ordenamientos legales llamados Fueros, en España, establecen, principalmente, la capacidad de cada pueblo de regirse conforme a sus propias leyes.

 

Renacimiento e Ilustración: (siglo XV al XVII d.C.)

 

         En Inglaterra el Bill of Rights (1689), postula la existencia de una serie de derechos y libertades frente al monarca.

 

         Ideas como <<Estado de Naturaleza>>, <<Derecho Natural inspirado en la razón>>, son desarrolladas por pensadores como Hobbes, Locke, Rousseau, que afirman la existencia de reglas normativas inherentes al hombre. Centran su interés en la importancia de los valores tales como la libertad, la propiedad y la igualdad.

 

Edad Moderna: (siglo XVIII al XIX d.C.)

 

         Se inician las grandes Declaraciones sobre los Derechos Humanos. Por primera vez se le da a los derechos el carácter de universales y son incorporados a las Constituciones nacionales.

 

         Desde la Constitución de Apatzingán (1814) hasta la actual, México ha incluido los Derechos Humanos.

 

Época actual: (siglo XX)

 

         Diferentes Constituciones amplían el ámbito de los Derechos Humanos, al incluir los derechos económicos, los sociales y culturales.

 

         La Constitución Mexicana de 1917 es la primera, en todo el mundo, en incluir estos derechos.

 

Clasificación

Primera Generación

Momento histórico

 

Derechos que comprende

Contenido

Ejemplo

Revolución Francesa

Fundamentales

Civiles

Políticos

Son los derechos que corresponden al individuo frente al Estado.

Yo puedo circular libremente por mi país.

Puedo ocupar un cargo de elección popular.

 

Segunda Generación

Momento histórico

 

Derechos que comprende

Contenido

Ejemplo

Revolución Industrial

Sociales

De sentido social para procurar las mejores condiciones de vida.

Su reclamo está condicionado a las posibilidades reales de cada país

Puedo formar organizaciones laborales.

Derecho a la educación primaria gratuita y laica.

Segunda Guerra Mundial

Económicos

Culturales

 

 

Tercera Generación

Momento histórico

 

Derechos que comprende

Contenido

Ejemplo

Es nuestro tiempo

La Paz

El desarrollo

El medio ambiente

Son una respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones

Mi país tiene derecho a elegir su forma de gobierno.

Un país no debe agredir a otro.

 

   Después de la Segunda Guerra Mundial, progresivamente los derechos se incorporan al plano internacional y nacen instrumentos multinacionales para su defensa.

   Se extienden los derechos a los pueblos, nacen bajo este nombre el derecho por la paz, el desarrollo y el medio ambiente.

 

Organismos internacionales y nacionales

 

   De los Tratados firmados por México internacionalmente, son cinco los más significativos. Estos documentos contienen disposiciones similares y amparan, casi todos, los mismos derechos:

 

   Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU).

   Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU).

   Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU).

   Declaración Americana de los Derechos  y Deberes del Hombre (OEA).

   Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA).

 

   Los organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos que están regulados por estos Tratados son:

 

   SISTEMA INTERNACIONAL:

   Corte Internacional de Justicia.

   Comité de Derechos Humanos.

   Comisión de Derechos Humanos.

 

   SISTEMA INTERAMERICANO:

   Comisión Interamericana de Derecho Humanos.

   Corte Interamericana de Derechos Humanos.

   Es importante señalar que estos instrumentos son órganos judiciales que resuelven controversias suscitadas por la violación de los Derechos.

 

   Los instrumentos nacionales para la defensa de los Derechos Humanos son dos:

 

   El Juicio de Amparo y el procedimiento ante las Comisiones Nacionales y Estatales de Derechos Humanos.

 

   Juicio de Amparo (Sistema jurisdiccional)

 

   Es un medio de defensa establecido en los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución. Su objetivo es proteger a los individuos de los actos de autoridad que violen sus garantías, principalmente, las individuales.

 

   El Amparo no se puede solicitar si no se han agotado todos los recursos como apelación, reclamación, revocación, etc., salvo en aquellos hechos que por urgencia requieran amparo inmediato, como cuando peligre la vida del sujeto, contra el acto de formal prisión injustificado, cuando no se ha emplazado legalmente al quejoso, se afecte a terceros ajenos al juicio, se trate de un acto de autoridad sin fundamento y aquellos actos prohibidos por el artículo 22 constitucional.

 

   El Juicio de Amparo puede ser iniciado por el perjudicado, su representante o cualquier persona, en casos excepcionales. El plazo para solicitarse varía, dependiendo del caso que se trate.

 

   Son innegables el prestigio internacional de nuestro Juicio de Amparo –aportación del talento jurídico mexicano al Derecho y a la Justicia mundial- y los beneficios prestados, durante 160 años, a la suspensión de los actos reclamados y a la protección de las garantías individuales de muchas generaciones de mexicanos quejosos contra actos de autoridades responsables de transgredir el límite de atribuciones y de violentar el sagrado recinto de los valores libertades y derechos de los particulares. Sin embargo, el Juicio Amparo (como en general todos los recursos legales para pedir e impartir justicia en nuestro país) está inserto en un sistema judicial capitalista e individualista a ultranza, en el que se privilegia la capacidad económica del quejoso/cliente (“tanto tienes, tan vales”), lo cual, de entrada, margina a 40 millones de nacionales (¡la mitad de la población!) que, según cifras gubernamentales, viven o sobreviven en la pobreza, cuando no en la extrema miseria. Estas personas y capas sociales más vulnerables de indígenas, indigentes, enfermos mentales, discapacitados, huérfanos, mendigos, ancianos, presos, obreros, entre otros, a ningún acreditado abogado particular les interesa. ¿Las Defensorías de Oficio y los Bufetes Jurídicos gratuitos? Estas nobles instituciones, más que abogar por aquella personas y clases, realmente les urge que se abogue por ellas ante las altas esferas de los Poderes Ejecutivos federal y estatales y Rectores de las Universidades.

   Por ello, siendo mucho lo que seguirá aportando nuestro Juicio Constitucional de garantías al régimen de legalidad nacional, por el elitismo en que ha devenido, corre el riesgo de convertirse en un objeto de la arqueología judicial mexicana.

 

Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos (Sistema no jurisdiccional)

 

   ¿Qué son?

 

   Las Comisiones Nacionales y Estatales de Derechos Humanos son órganos con personalidad jurídica y patrimonio propio. La de Sonora es, además, autónoma. Son apolíticas, apartidistas y antiburocráticas. Son responsables de vigilar el acatamiento de las normas que consagran los Derechos Humanos, cuya especificación se encuentran contenida en nuestra Constitución Política como Garantías Individuales y, en las Convenciones y Tratados Internacionales suscritos por México.

 

   Están integradas por un Presidente, una Secretaría Ejecutiva, Visitadores Generales, así como el número de Visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones. Cuentan con un Consejo que se compone de personas de reconocido prestigio en la sociedad y un Secretario Técnico. A excepción del Presidente y Secretario Técnico, los demás cargos son honorarios.

 

   ¿Cuál es su campo de acción?

  

   La Competencia de las Comisiones abarca quejas por violaciones administrativas, vicios en los procedimientos y/o delitos que lesionen a una persona o aun grupo, siempre que estas anomalías sean cometidas por autoridades, servidores públicos y otros agentes sociales protegidos por un servidor público. Pero no son de su competencia las quejas de violaciones cometidas entre particulares.

 

   Las Comisiones no pueden intervenir ante asuntos electorales, sentencias definitivas, aspectos jurisdiccionales de fondo, conflictos laborales, ni asuntos respecto de la interpretación de la ley o de la Constitución.

 

Capacitación y Prevención

 

   Las Comisiones atienden e investigan las quejas y denuncias, concilian la cuestión cuando es posible y resuelven fundadamente lo conducente; y cuando es el caso, recomiendan sancionar al servidor público violador de los Derechos Humanos. La Recomendación se hace públicamente, a través de los medios masivos de comunicación social, quienes haciendo uso de su veracidad y honradez, se involucran, junto con la sociedad civil, en el conocimiento de los casos y en la sanción moral hacia los responsables, para evitar su reincidencia.

 

   La conciliación ha resultado ser una forma muy económica y eficaz de las Comisiones para resolver, como una amigable composición, muchísimos casos planteados, para beneficio pleno de

 

   Cuando la queja sí compete a la Comisión, se inicia el procedimiento de investigación, que consiste en pedir a la autoridad un informe de la presunta violación; la autoridad tiene 15 días para contestar esta petición de informe.

 

   Si la investigación demuestra que no hubo violación de los Derechos, se extiende un Acuerdo de <<No responsabilidad>>. Pero, si se encuentra que existió violación de los Derechos, se trata de corregir a través de la conciliación con la autoridad y además se solicita la aplicación de la sanción correspondiente al servidor público, establecida en la Ley de Responsabilidades de Servicios Públicos.

 

   En caso de que no se pueda llegar a la conciliación, se emite una Recomendación que, de no ser aceptada en 15 días por la autoridad responsable, se publica a través de los medios de comunicación. Una vez que dicha autoridad acepta la Recomendación, tiene también 15 días para enviar las pruebas de su cumplimiento.

 

   Se hace un seguimiento de las Recomendaciones, para que los servidores públicos no evadan sus responsabilidades.

 

Gratuidad

 

   La joya más preciada de esta nueva instancia de humanización de la justicia mexicana es su gratuidad. Esta virtud elimina la exclusividad clasista del Juicio de Amparo, al cobijar en el seno de las Comisiones de Derechos Humanos, los valores, libertades y derechos de todo individuo o grupo vulnerable.

 

VI.           Comisiones de Derechos Humanos y salud mental.

 

   En lo que hace a las leyes que crearon las Comisiones de Derechos Humanos y sus respectivos Reglamentos interiores, es dable referirnos a preceptos aplicables en especial a las personas portadoras de enfermedad mental:

 

“Las organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas podrán acudir ante la Comisión para denunciar las violaciones de Derechos Humanos respecto de personas que por sus condiciones físicas, mentales, económicas y culturales, no tengan la capacidad efectiva de presentar quejas de manera directa.” (Art. 26, 2° Párrafo de la Ley que creó la CEDH, Sonora).

 

   “La queja sólo podrá presentarse dentro del plazo de un año a partir de que se hubiera iniciado la ejecución de los hechos que se estimen violatorios, o de que el quejoso hubiese tenido conocimiento de los mismos. En casos excepcionales y tratándose de infracciones graves a los Derechos Humanos, la Comisión podrá ampliar dicho plazo mediante una resolución razonada. No contará plazo alguno cuando se trate de hechos que por su gravedad puedan ser considerados de lesa humanidad”. (Art. 27 de la Ley).

 

   “La excepción a que se refiere el art. 27 de la ley para la presentación de la queja, procederá mediante resolución razonada del Visitador General cuando se trate de: 1.- Infracción grave a los derechos fundamentales de la persona a la vida y a la libertad, así como a la integridad física y psíquica.” (Art. 50 del Reglamento Interior de la CEDH, Sonora).

 

VII.         Palabras finales. Tal y como les debe ocurrid a los profesionales de la medicina humana, a los juristas nos debe herir, hasta lo más profundo de nuestro ser y quehacer, la disminuida condición jurídica –que no es otra cosa que la prolongación social de su disminuida condición humana-, de las personas portadoras de enfermedad mental.

 

   Dentro del triste catálogo de discriminaciones que históricamente los pueblos y gobiernos hemos hecho a minorías, ora por razones de raza, religión, sexo, situación económica o edad, también la hemos cometido por razones de su incapacidad mental. Como si la fatalidad biológica debiera tener, como consecuencia natural, la fatalidad jurídica; la condena de tolerar, a regañadientes, su presencia, protegidos únicamente por una “Ley”: la del menor esfuerzo, para que no nos quiten tiempo, humor y recursos destinados a otros bienes y servicios “más productivos”. En la jerarquía de los valores y de los Derechos Humanos, después del de la vida y antes del de libertad, concibo el derecho a la salud. Salud física y mental.

 

   Los enfermos mentales tienen ciertamente incólumes sus derechos humanos, pero carecen de voz; y la de sus voceros suele ser avergonzada y débil. Es aquí donde, junto con la religión y la moral, las ciencias de la educación, médicas y jurídicas, deben coparticipar en la atención de este problema. Los médicos lo han hecho antes y mejor que nosotros. Los juristas debemos ampliar y profundizar este antiguo pero actual problema, desde los ámbitos legislativo, administrativo y judicial.

 

   Ciertamente existen experiencias documentadas recogidas en investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y medios impresos y electrónicos de comunicación social. Algunos cuadros son reveladores de dramas dignos en otras épocas y lugares, que creeríamos y desearíamos ya superados. Aprovechemos este esfuerzo informativo y de denuncia, en todas las Comisarías y Municipios del país.

 

   Formulemos, todas las Dependencias gubernamentales competentes, especialmente las Secretarías de Salud y las Comisiones de Derechos Humanos –feliz binomio Salud y Justicia, que en realidad son una misma cosa-, Convenios de colaboración interinstitucional, con objetivos y metas claras, factibles y medibles, en términos de realizar censos diagnósticos, clasificación (menores, adultos; mujeres, hombres; internos, ambulantes; inofensivos, peligrosos; libres, reclusos); instrumentar una protección inmediata y a largo plazo, con campañas a las familias; proponer reformas legislativas y mejoramiento de prácticas administrativas y médicas. En fin, agotar todas las posibilidades éticas y normativas.

 

   Pasemos de nuestra respectiva normatividad teórica, a realidades bien concretas.

 

   En todo ello, las Comisiones de Derechos Humanos tenemos una veta muy rica de explorar. ¡Explorémosla! (4)

 

 

Notas:

 

   (1) “Siempre se ha presentado la dolorosa realidad de que los familiares rechazan lo mismo al enfermo mental que al delincuente, y su tendencia es el abandono y olvido del mismo; aun cuando los niños enfermos orgánicos o mentales, no es excepcional que los padres consulten acerca de los trámites que pueden hacer para desentenderse de su hijo. También la actitud dominante, así familiar como social, es la del predominio de las tendencias sádicas como medida compensatoria y el tratar de utilizar al médico y los recursos de la terapéutica como instrumentos de castigo; de tal manera se explica que familiares –y a veces también los médicos generales- busquen que todo paciente sea internado y sometido a tratamientos que felizmente van en retirada, como son las lobotomías y los electrochoques. Afortunadamente se requieren dos médicos, de los cuales por lo menos uno será especialista en psiquiatría, para que firmen el certificado de internamiento: generalmente uno será el médico de la familia que estará interiorizado de los antecedentes y la evolución del padecimiento actual, y el otro será el especialista, contemplándose así eficazmente esta pareja médica, en la que uno será equilibrador del otro para encontrar la justa medida de lo conveniente, de acuerdo con la medicina y con los intereses familiares y sociales.

 

   “Problema de nuestros días es el de los jóvenes farmacodependientes; respecto a ellos, el patrón de conducta troquelada de la mayoría de los adultos se cifra en el deseo de alejar al menor medo familiar y ocultarlo, como hace algunos años se ocultaban las enfermedades “vergonzosas” –venéreas-; además es común buscar que se le “castigue”, cuando la realidad en muchas veces es que el tratamiento es urgente para los padres o familiares, tanto o más que para el farmacodependiente. No es la regla la necesidad de internar a estos pacientes, salvo en los casos en que la vida del mismo sujeto o de los familiares corran peligro. Tampoco es raro que el padecimiento mental sea preexistente en la farmacodependencia y que ésta sea simplemente un síntoma más: aquí es donde se ve claramente la necesidad de recurrir al especialista y a los centros de rehabilitación juvenil, con el fin de tener un buen diagnostico; y no por un ligero estado confusional o de excitación por cannabis, por ejemplo, aceptar el deseo del padre, de internar al paciente. La conducta, cuando no hay riesgo, es el tratamiento ambulatorio, ya que la medicina es ciencia de la salud en libertad.

 

   “Cuando la orden de internamiento proviene de la autoridad –juez de lo familiar, ministerio Público, juez penal o Dirección General de Servicios Coordinados de Prisiones y Previsión Social-, a los médicos les compete la observación, estudio, diagnostico y tratamiento del paciente, haciendo rápidamente del conocimiento de estas autoridades, los cambios favorables o desfavorables en la situación del enfermo, especialmente cuando ya esté adaptado familiar y socialmente para la vida libre y sin peligro para nadie; finalmente, serán los peritos psiquiatras designados por la autoridad y a cuya disposición está el enfermo, los que rindan dictamen para que se resuelta el caso.

 

   “En el caso del enfermo mental mayor de edad que se interna en hospital psiquiátrico voluntariamente, como sucede en algunos casos de esquizofrenia, paranoia o depresiones, la sugestión que hacemos al médico tratante y a la misma institución psiquiatrica, es en el sentido de buscar la relación con los familiares del enfermo y, según el caso, convencer a éstos de que hagan los trámites legales del caso para el juicio de interdicción, con el fin de que la salida del hospital no quede al arbitrio del paciente, sino que sea regulada por el consejo médico competente y controlada por la autoridad legal. Es el caso de buscar el equilibrio entre los derechos del individuo y los de la sociedad, cuando el médico no es enemigo del primero ni de la otra. Los actos, para que sean válidos, deben de ser queridos por una persona sana, capaz, apta para asumir los resultados de los mismos actos, que pueden estar viciados por el error, el dolo o la violencia: alrededor de estas fuerzas conceptuales y jurídicas es donde el médico debe moverse con la firmeza y la soltura que le den sus conocimientos, reciedumbre moral y conciencia, alejándose del error, del dolo y de los actos violentos, evitando que otros hagan uso de ellos. “Alfonso Quiroz Cuarón. Medicina Forense. Edit. Prrúa, S.A. Sexta edición. 1990. Pág.882.

 

   (2) La tutea dura todo el tiempo que subsista la incapacidad, y cuando ésta sea permanente y  tutela se ejerza por los ascendientes o los descendientes del incapaz, éstos no pueden ser relevados de ejercerla; sin embargo, cuando la tutela esté en manos de extraños, tienen derecho a que se les eleve de ella, una vez transcurridos diez años. La declaración de estado de interdicción se sigue ante los jueces familiares y tiene por finalidad decidir si la persona es o no capaz de gobernarse cuidando de sí misma y de sus bienes. Pueden solicitar la incapacidad en los casos de enfermedad mental, sormudez, alcoholismo o uso de drogas: el menor de edad si ha cumplido 16 años, el cónyuge, los presuntos herederos legítimos, el albacea de la sucesión en la que son herederos del cónyuge, el menor o cualquier persona designada para heredar al autor de la sucesión, y el Ministerio Público.

 

   La solicitud es presentada al juez familiar, acompañado de certificado médico de alienistas o informe fidedigno que justifique la necesidad de la medida; y el juez, de inmediato ordenará el aseguramiento de la persona y sus bienes poniendo, en su término de 72 horas, el sujeto a disposición de los médicos alienistas designados por él, señalando día y hora para el examen. El juez advierte a quien solicita la interdicción, que se abstenga de disponer de los bienes del sujeto. El examen de los peritos médicos forenses  -que serán tres y de preferencia del juez con asistencia del Ministerio Público y de quien solicita la interdicción. Los peritos médicos podrán emitir de inmediato su dictamen, y si esto no les es posible, solicitarán un plazo para hacerlo. Cuando del dictamen médico resulta comprobada la incapacidad, el juez dispone lo siguiente: nombra tutor interno, así como curador, ordena que los bienes se pongan bajo la administración del tutor interino y, si el presunto incapacitado tuviese bajo su guarda o tutela o patria potestad a alguna persona, el juez determinara que persona o personas deben continuar con la patria potestad, tutela o guarda. Una vez que se han tomado estas providencias, el juez citará a una segunda audiencia, y si estuvieran conformes el tutor y el Ministerio Público con la petición de quien solicita la interdicción, dictará sentencia después de apreciar la prueba pericial. Cuando no exista conformidad del Ministerio Público, solicita la interdicción, con la resolución del juez, se seguirá un segundo juicio, también ante juez familiar. Del escrito de la persona inconforme se dará cuenta a los demás, incluso al presunto enfermo, y la contestación se hará saber al inconforme. En estos escritos se ofrecerán las pruebas pertinentes. El juez señalará qué pruebas admite y señalará día para que sean presentadas; después de oídas pronunciará sentencia. El tutor interino continuará protegiendo a la persona y a sus bienes. Cada uno de quienes intervienen en el juicio puede nombrar un perito médico para que actúe en la audiencia y rinda dictamen; pero el examen de presunto incapacitado siempre se hará en presencia del juez. El Dr. M. Ruiz Maya, en su “Psiquiatría Pena y Civil! –Ed. Plus Ultra, Madrid, 1931 –con buen juicio se hace las siete preguntas fundamentales: ¿Quiénes son los sujetos de incapacitación? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por quién? Algunas de estas incógnitas ya han sido despejadas por la ley y por el análisis hecho por don Javier Piña Palacios, y ha quedado en claro que la incapacitación del menor y del enfermo mental viene a ser anulación de la capacidad civil, lo que corresponde a la abolición de la persona jurídica, por razones biológicas en el primer caso y por razones psiquiátricas en el segundo; o dicho más claramente, ciertos enfermos mentales deben ser sometidos a tutela y han de ser incapacitados. Para el nombramiento del tutor interino es condición necesaria y previa la solicitud de quien legalmente tenga derecho a promoverla; la resolución que el juez familiar ha de dar para proteger los bienes, puede dar ocasión a que se enfrenten problemas psiquiátricos económicos, porque en el fondo lo que hay que resolver es si la persona tiene capacidad para administrar sus bienes y dirigir su conducta. En la salud mental, como en la enfermedad, existe una variabilidad extraordinaria y no es lícito establecer la premisa “enfermo mental igual a interdicción”, ya que en algunas enfermedades agudas o de evolución breve, para nada hay que pensar en la interdicción. La situación es diferente con las enfermedades mentales crónicas como son las demencias; en este caso siempre debe imperar el criterio médico-biológico del análisis minuciosos e inteligente de las condiciones personales y ambientales del sujeto, que siempre será un caso singular y único. La dificultad para el psiquiatra está en que el interdicto queda privado de la disposición de sus bienes y del gobierno de su persona y que, en ocasiones, quien pide o solicita la interdicción, cónyuge o algún pariente que puede ser heredero, tiene más componentes patológicos que aquel a quien se trata de interdictar. Aquí es donde se pone a prueba la auténtica clínica psiquiátrica así como las dotes persuasivas del médico para convencer al juez, familiares y amigos que intervienen en el caso, especialmente en el periodo llamado médico-forense de algunos padecimientos, como la parálisis general progresiva, en la que la conveniencia científica es la de incapacitar –y muy precozmente- al sujeto, y hay que hacerlo en bien de todos, porque la incapacitación no necesariamente es para toda la vida, ya que puede terminar en cualquier momento, siguiendo un procedimiento semejante al que se surgió para la incapacitación y que ahora se seguirá para la rehabilitación. Los procedimientos remiten, tienen curación práctica que valora la clínica, puesto que no se afirma que el individuo sea normal, sino que ahora es capaz de ejercer sus derechos civiles, dirigir su persona y administrar sus bienes, sin que exista peligrosidad civil. Con mucha razón ha escrito Bleuler que el débil que no tiene grandes cosas que dirigir no debe ser incapacitado. Alfonso Bertillon, para la sistemática del retrato hablado, para cualquiera de las características que describe, toma en cuenta tres categorías: pequeñas, medianas y grandes; semejante proceder se puede aconsejar a estos casos; los signos y síntomas pueden ser pequeños, medianos o grandes, la entidad nosográfica que se diagnostica también puede ser pequeña, mediana o grande; y el juego de estas interrelaciones, relativa a las siete incógnitas que plantea M. Ruiz Maya, surgen criterios técnicamente orientadores, como por ejemplo: entre la paranoia del cónyuge que solicita la interdicción y la indiferencia sumisa, pasiva del torpe depresivo, la justicia y la psiquiatría, advirtiendo la agresiva codicia del primero y la indiferencia de segundo, tienen que encontrar la justa medida que cuide de ambas personas y de sus bienes. Citado por Alfonso Quiroz Cuarón. Medicina Forense. Edit. Porrúa, S.A. Sexta edición. 1990. Pág. 1012.

 

   (3) La bibliografía consultada por Agustín Pérez Carrillo es la siguiente: BURGOA, Ignacio, Las Garantías Individuales, decimaquinta edición, Editorial Porrúa, S.A., México, 1981. CONGRESO DE LA UNION, Cámara de Diputados, L Legislatura. Los Derechos Sociales del Pueblo Mexicano, Tomo II, Manuel Porrúa, S.A. Librería, México, 1978, artículo de Rafael Velasco Fernández, “El Derecho a la Salud Mental”. EASLEA, Brian, La Liberación Social y los Objetivos de la Ciencia, Siglo Veintiuno Editores, México-Argentina, 1977. FREUD, Sigmund, El Malestar en la Cultura. Obras Completas. Tomo III, traducción de Luis López Ballesteros y de Torres, Editorial Biblioteca Nueva, 1973. FROMM, Erich, Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea. Fondo de Cultura Económica, México, decimaprimera reimpresión, 1976. GUINSBERG, Enrique, Sociedad, Salud y Enfermedad Mental, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, tercera edición, México, 1981. Principalmente el capítulo 3 titulado “Los conceptos de salud y enfermedad mental”. HEMPEL, Carl, G. Selección de una Teoría en la Ciencia: Perspectivas Analíticas Vs. Pragmáticas, en las Revoluciones Científicas, Editorial Grijalbo, S.A., México, 1979. KUHN, Thomas, S., “Consideración en Torno a mis Críticos”, en La Crítica y el Desarrollo del Conocimiento; editado por Limre Lakatos y Alan Musgrave, Ediciones Grijalvo, S.A., Barcelona-Buenos Aires-México, D.F., 1975. KUHN, Thomas, S., The Essential Tension, Selected Studies in Scientific Tradition and Change, The University of Chicago Press, Chicago an London, 1971. LA PLANCHE, J. Y pontalis, j.b., Diccionario de Psicoanálisis, bajo la dirección de Daniel Lagache, Editorial Labor, S.A., segunda reimpresión, España, 1979. LAUDAN, Larry, Progress and its Problems. Towards a Theory of Scientific Growth, University of California Press, Berkely; Los Angeles, London, 1977. MOSERIN, Jesús, Racionalidad y acción Humanas, Alianza Editorial, Madrid, 1978. MOULINES C. Ulises, ¿Qué hacer en la filosofía de la ciencia? Una alternativa en 14 puntos, Crítica, Revista Hispanoamericana de filosofía, Vol. XI, No. 32, agosto, 1979. NIETZSCHE, Friedrich, Así habló Zaratustra, Alianza Editorial, novena edición, Madrid, 1981. POPPER, Karl R., Objetive Knowledge, An Evolutionary Approach, Oxford at the Clarendon Press, Great Britain, 1974. (Traducción española: Conocimiento objetivo), Editorial Tecnos, Madrid, 1974. SOBERON ACEVEDO, Guillermo y otros, Derecho Constitucional a la Protección de la Salud, Miguel Angel Porrúa, Librero-Editor, México, 1983. Artículo de Graciela RODRIGUEZ DE ARIZMENDI, “Responsabilidades ciudadanas y rsponsabilidades  de la sociedad frente al derecho a la protección de la salud”. STEVENSON, Charles, L., Etíca y Lenguaje, Paidos, Buenos Aires, 1971.

 

   (4) Recomiendo la consulta de “Documentos nacionales e internacionales en materia de enfermos mentales e inimputables” y “Programa de anexión de inimputables y enfermos mentales”, elaborados por la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1994. El contenido del primero de ellos es el siguente: I.- Documentos Nacionales: 1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 4o. y 113), 2.- Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal (Artículos 15, 23, 67, 68, 69), 3.- Código de Procedimientos Penales (Artículos 495 al 499), 5.- Norma Técnica núm 144, para la prestación de servicios de atención médica en hospitales psiquiátricos. 6.- Norma Técnica núm. 195 para la prestación de servicios de salud mental en la atención primaria a la salud, 7.- Norma Técnica núm. 196, para la prestación de servicios de atención psiquiátrica en hospitales generales y de especialidad, 8.- Norma Ténica núm. 197 para la prestación se servicios de atención médica a los enfermos alcohólicos y personas con problemas relacionados con el abuso de bebidas alcohólicas, 9.- Norma Técnica núm. 198, para la prestación de servicios de atención médica a farmacodependientes, 10.- Derechos del Paciente Hospitalizado (propuesta de la CNDH). II. Documentos Internacionales: 1.- Principios para la protección de las personas que padecen enfermedades mentales y para el mejoramiento de la atención de salud mental, aprobadas por la ONU, 2.- Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, aprobadas por la ONU, 3.- Declaración de los Derechos de los Impedidos, aprobadas por la ONU, 4.- Declaración de Hawai (Código de Etica Internacional para Psiquiatras) adoptado por la Asociación Mundial de Psiquiatría, 5.- Declaración de Lisboa, sobre Derechos del Paciente, adoptada por la Asamblea Medica Mundial, 7.- Declaración de Derechos del Paciente (Asociación americana de Hospitales), 8.- Declaración de Tokio o Guía para Médicos, pertinente a la tortura  y otros castigos crueles, inhumanos o degradantes durante detención o encarcelamiento, adoptada por la Asamblea Mundial Médica, 9.- Juramento Hipocrático, 10.- Declaración de Ginebra (equivalente moderno al Juramento Hipocrático) adoptada por la Asamblea Mundial Médica, 11.- Código Internacional de Ética Médica, adoptada por la Asamblea Mundial Médica, 12.- El papel de la enfermera en la atención de detenidos y presos políticos y comunes, 14.- Declaración sobre el papel de la enfermera en la salvaguarda de los derechos humanos, 15.- Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.

 

 

Bibliografía mínima consultada:

 

Documento de la Secretaría de Desarrollo Social y del Instituto Nacioanl de Solidaridad. México, 1994, adaptado y aumentado por el autor de este artículo.

 

Ley General de Salud.

 

Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

 

Pérez Carrillo, Agustín. Estado de Derecho, Universidad de Hermosillo, primera edición, Hermosillo, Son., 1990.

 

Pucheu Regis Carlos, Lagarde Margarita, Sánchez Báez José Juan, “Síndromes Esquizofrénicos y Derechos Humanos”, En 10 problemas de salud en México y los Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, D.F., 1992.

 

Quiroz Cuarón, Alfonso. Medicina Forense, Editorial Porrúa, S.A. Sexta edición 1990.

 

Reglamento de la Ley General de Salud.

 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

 

Cunde revuelta en Grecia tras suicidio del jubilado

“Prefería morir a tener que rebuscar comida en la basura”, dijo en una carta antes de quitarse la vida.

Atenas, 5 de abril. El suicidio de un jubilado griego ocurrido el miércoles se convirtió en símbolo de los costos sociales de la austeridad y fue reprochado por los detractores de los recortes presupuestarios impuestos por los prestamistas internacionales del país.

El farmacéutico jubilado Dimitris Christoulas, de 77 años, se disparó un tiro en la cabeza el miércoles en las afueras del Parlamento en Atenas, después de gritar consignas contra los recortes a salarios y pensiones y criticar el alza de impuestos. El hombre aseguró que los problemas financieros lo habían puesto en una situación extrema. En una nota de despedida, afirmó que “prefería morir a tener que rebuscar comida en la basura”.

El carácter público y simbólico del suicidio rápidamente desencadenó un torrente de apoyo. Cientos de personas se congregaron desde la noche del miércoles en la céntrica plaza de Syntagma, donde se quitó la vida el hombre, y lugar que ha sido desde hace dos años el principal punto de encuentro de multitudinarias protestas en rechazo a las medidas de austeridad impuestas por el gobierno griego, a cambio de dos rescates internacionales, con el fin de evitar la suspensión de pagos del país más endeudado de la eurozona y que ha desencadenado una crisis de deuda en toda la región.

El suicidio del hombre desató violentes disturbios en la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, principalmente en la plaza Syntagma.

La policía antidisturbios disparó gases lacrimógenos contra unos mil 500 manifestantes para vaciar la plaza, cuando un grupo de unas 50 personas lanzaba piedras y bombas molotov contra los uniformados frente al edificio del Parlamento.

En los enfrentamientos al menos dos periodistas fueron apartados violentamente por la policía, la cual reportó que una decena de asistentes fueron detenidos y unas 20 personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas.

Al continuar este jueves las manifestaciones, los inconformes crearon un altar improvisado con velas, flores y notas escritas a mano en protesta por la crisis. El movimiento de los “indignados” dijo que celebraría un segundo día de protesta, y convocó un acto en la ciudad de Tesalónica, en el norte del país.

El anciano que se suicidó bajo un árbol en la plaza Syntagma el miércoles por la mañana, a unos cien metros del Parlamento, señaló que los recortes de austeridad aprobados por el gobierno habían “aniquilado” su pensión y lo habían dejado en la pobreza.

La televisión privada Skai señaló que el hombre dejó una nota en su bolsillo, la que atribuía su decisión de quitarse a la vida a la crisis de deuda, alegando que no quería ser un lastre económico para sus hijos.

También comparó al actual régimen con el que fue impuesto por los ocupantes nazis en 1941. El gobierno griego está implementando un reajuste económico impopular a cambio de los préstamos de la Unión Europea (UE) y el FMI.

“El gobierno de ocupación literalmente ha aniquilado mi capacidad para sobrevivir con una pensión decente para la que he pagado durante 35 años”, indicó el jubilado en un extracto publicado en la prensa griega.

“No encuentro otra solución para un final digno, y no quiero tener que buscar en la basura para alimentarme”, escribió, presuntamente con tinta roja, según información difundida por la prensa.

El diario conservador Eleftheros Typos calificó a la víctima de “mártir de Grecia” y aseguró que su acto está lleno de “un profundo simbolismo político” que podría “conmocionar a la sociedad griega y al mundo político y despertar su conciencia”, antes de las elecciones parlamentarias del próximo mes.

La ira por el suicidio se dirige sobre todo a los políticos, pero también a las duras medidas de austeridad prescritas por la UE y el FMI a cambio de conceder los fondos del rescate para sacar al país de su peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial.

Los ingresos de los griegos han caído en los últimos tres años 20 por ciento, mientras cientos de miles han perdido su trabajo.

El desempleo llega a un récord de 21 por ciento, supera el millón de personas, duplica el nivel promedio de la eurozona (de 10.2), y entre los jóvenes alcanza 50 por ciento.

Desde el comienzo de la aplicación de planes restrictivos en 2010, las pensiones se han recortado en alrededor de 15 por ciento; ahora los jubilados deben vivir con unos 500 euros. A eso se suma el aumento de los precios en un promedio de 10 por ciento, así como un incremento generalizado de impuestos.

Además el número de personas sin casa aumentó 25 por ciento, de acuerdo con un cable de Notimex, el cual señaló que poco más de la cuarta parte de la población enfrenta riesgo de pobreza o exclusión social.

En Grecia, los suicidios han aumentado en casi 20 por ciento en los últimos dos años, presuntamente como resultado de los duros recortes que incrementaron el desempleo y la recesión económica. Los siquiatras calculan que desde el inicio de la crisis en 2009 se han quitado la vida unas mil 500 personas.

En los tres primeros meses de 2012 la cifra de suicidios es de 149, publicó el diario Ekathimerini en su versión electrónica.

“Es horrible. No deberíamos haber llegado a este punto. Los políticos en el Parlamento que nos han traído hasta aquí deberían ser castigados por esto”, expresó Anastassia Karanika, una jubilada de 60 años.

En la semana ha habido cuatro intentos de suicidio por problemas económicos, según la policía. En uno de los casos, el dueño de un café en el centro del país, de 35 años, fue hospitalizado después de intentar matarse tomando pesticida, porque temía que su negocio acabara en manos del banco si no podía pagar la hipoteca.

El primer ministro griego, Lucas Papademos, y los líderes de los principales partidos que respaldan el gobierno de coalición lamentaron el incidente, pero destacaron que no debía convertirse en un debate nacional. “En estas horas difíciles para nuestra sociedad, todos, el Estado y los ciudadanos, tenemos que apoyar a nuestros compatriotas desesperados”, señaló.

“Las circunstancias exactas que llevaron a este hombre a poner fin a su vida no se conocen y creo que debemos permanecer calmados y mostrar respeto por los sucesos verdaderos”, apuntó el portavoz del gobierno, Pantelis Kapsis.

“Aquellos que deberían haberse suicidado hace mucho tiempo son los políticos que sabiéndolo decidieron llevar a este país y a su gente a este estado”, dijo el diputado conservador Panos Kammenos, que creó recientemente el partido antiausteridad Griegos Independientes.

En relación con el suicidio del jubilado, el portavoz del FMI, Gerry Rice, declaró en conferencia de prensa: “queremos decir que estamos profundamente entristecidos de saber de cualquier muerte en esas circunstancias, y simplemente expresar nuestro pésame”.

Payaso sigue arrancando sonrisas a los 95 años

 

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BILLINGS, Montana, EE.UU. (AP) — Floyd "Creeky" Creekmore hace uno de los actos más discretos del circo: camina con sus enormes zapatos entre la multitud, haciendo trucos de magia y arrancando risas y gestos de asombro a los niños, quienes miran las arrugas de su rostro, debajo del maquillaje.

A los 95 años, el ex trabajador agrícola de Montana recientemente reconocido como el payaso de más edad que sigue activo en el mundo, tiene menos trucos bajo la manga. Dejó de hacer malabares hace años luego de una apoplejía, y ya no emplea la bicicleta que alguna vez formó parte de su actuación.

Pero cuando el circo Shrine viene a Billings, donde vive Creekmore con su esposa Betty, de 96 años, Creeky el payaso vuelve a la vida.

En su casa, Creekmore se pone una chaqueta multicolor, una peluca anaranjada con un sombrero amarillo y una nariz de goma. Cuidadosamente amarra los cordones de sus zapatos.

Si su temblorosa mano traza una línea torcida en un lado de su rostro, Creekmore simplemente hace lo mismo en el otro lado.

"Me quedo lejos de la multitud para que no lo noten", dice.

Otros han reclamado el título del payaso más longevo del mundo, como Oleg "El Payaso Sol" Popov, de 81 años, miembro del circo de Moscú; y Andy "Bumbo" Beyer, de Santa Ana, California, quien fue promovido como el más viejo hasta que se jubiló hace tres años, a la edad de 91.

Pero resultó que Creekmore siempre tuvo una ventaja de 20 meses. Ahora cuenta con el reconocimiento del libro Guinness de los Récords Mundiales, que en febrero lo declaró el payaso más viejo en activo por solicitud de sus amigos.

Sus colegas y familiares dicen que Creekmore ha comenzado a perder vigor, pero que aún no da señales de que terminarán sus actuaciones periódicas.

"Aun si su cuerpo se niega, su mente no se detendrá", dijo su nieto Tom McCraw.

Creekmore comenzó como payaso hace más de ocho décadas.

Cuando el circo Barnum and Bailey pasó por la ciudad de Great Falls, Montana, algunos jóvenes buscaron empleo a cambio de entradas para el espectáculo. Creekmore dice que buscó a los payasos, para conocer más sobre el tema.

A los 15 años, Creekmore vivía y trabajaba en varias fincas del centro de Montana mientras estudiaba la secundaria.

Su interés en ser payaso era conocido en su pueblo natal, Coffee Creek. Por ello cuando fue invitado a participar en un desfile local, hizo su disfraz con ropa vieja y un lápiz labial, y quedó enganchado por las risas que provocó.

Tras retirarse en 1981 del trabajo en las haciendas y en la construcción, se unió a los "shriners", una rama de los francmasones que organizan actos circenses a fin de recaudar dinero para los hospitales de la congregación. Desde entonces es un participante obligado del circo Shrine.

De entre su familia, sólo su nieto McCraw, de 39 años, ha seguido sus pasos.

"Creeky entiende que hacer reír a un niño es el sentido de la vida", dijo.

Derechos humanos: deterioro inadmisible

http://www.jornada.unam.mx/2012/04/07/edito

Fuero militar y esquizofrenia / SANTIAGO CORCUERA

07 de abril de 2012

Uno de los más destacables avances que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha provocado en el orden jurídico mexicano es el pronunciamiento en el sentido de que cuando los efectivos de las Fuerzas Armadas cometan violaciones de derechos humanos contra civiles, los perpetradores deberán ser juzgados por tribunales civiles y no militares.

Así se pronunció la CoIDH en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, y lo reiteró en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, y finalmente en el caso Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

El 12 de agosto de 2011 la Procuraduría de Justicia Militar remitió los casos de Inés y Valentina a la Procuraduría General de la República. Con ello la PGR adquirió la responsabilidad de iniciar acción penal contra los militares responsables de las violaciones contra Inés y Valentina ante tribunales federales comunes, no militares. Esto hubiera sido inconcebible antes del 11 de julio de 2011, fecha en la que la SCJN resolvió que las sentencias de la Corte Interamericana derivadas de casos en los que México hubiera sido parte, son obligatorias para las autoridades mexicanas, y se pronunció específicamente en cuanto a las restricciones del fuero militar. La mezcla de la sentencia del caso Radilla y la entrada en vigor el 11 de junio de 2011 de la reforma constitucional sobre derechos humanos produjo este benéfico resultado.

Los avances siguieron produciéndose con la histórica sentencia del 2 de diciembre del año pasado, en la que el juez Sexto de Distrito, Carlos Alfredo Soto Morales, declaró en sentencia de amparo que un juez militar que estaba viendo el caso de la ejecución de Bonfilio Rubio Villegas —indígena nahua asesinado, el 20 de junio de 2009, por soldados del Ejército mexicano que integraban un retén— no era competente para conocer del caso y debía declinar su competencia en favor de la justicia civil.

Sin embargo, la falta de voluntad política de este gobierno en el cumplimiento pleno de los estándares más altos en materia de derechos humanos, establecidos por la Corte Interamericana y confirmados por la Suprema Corte de Justicia, ha salido a relucir nuevamente. ¡A litigarlo todo, se ha dicho!

La Sedena mantiene una actitud reticente al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, y, por lo tanto, a la decisión de la SCJN del 11 de julio de 2011, pues el Presidente de la República interpuso un recurso de revisión a la sentencia del Sexto Juzgado de Distrito antes descrita. Esto contradice a las instrucciones que giró el 10 de diciembre el propio Presidente tanto a la Procuraduría General de la República como a la Secretaría de la Defensa y de Marina para que en casos de violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas se decline la competencia en favor de los tribunales civiles. El doble discurso nuevamente saliendo a relucir. Por un lado, discursos en favor del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, pero a la hora de la aplicación práctica se litiga todo. Es verdaderamente lamentable que el gobierno federal haya interpuesto el recurso de revisión, pero es de esperarse que la SCJN no le conceda la razón y confirme la sentencia del juez Sexto de Distrito, quien se condujo con apego a la legalidad vigente, y en coherencia con los compromisos internacionales de México.

Ante estas actitudes esquizofrénicas del Ejecutivo federal, en las que unas dependencias hacen pronunciamientos públicos de compromiso ante el sistema interamericano de derechos humanos y otras se comportan exactamente a contracorriente, no le queda a la sociedad civil más que seguir observando el comportamiento del gobierno, y exigiendo congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. De ahí la falta de credibilidad que se ha ganado el gobierno en materia de derechos humanos.

 

DESDE LA FRONTERA NORTE

Viacrucis de migrantes

Jorge A. Bustamante

 

Uno de los efectos positivos del retorno voluntario de los migrantes, señalado por este diario en su espléndido reportaje sobre el regreso de los zacatecanos desde diferentes partes de Estados Unidos para la celebración en su tierra del "sábado de gloria", es el de la revitalización de su economía, de sus tradiciones y de su sentido de pertenencia. La serie de fotografías de este reportaje ofrece un testimonio de ese efecto revitalizador que, siendo tan positivo, no nos debe cegar respecto de otros efectos de signo contrario que son también parte del mismo fenómeno migratorio. Yo he escrito acerca de la "vulnerabilidad" inherente a la migración. Todos somos más capaces de defender nuestros derechos cuando lo hacemos desde casa, que cuando nos alejamos de ella. Se puede decir que, conforme nos alejamos de casa, como ocurre con la migración, nos hacemos más vulnerables como sujetos de derechos humanos. Yo hablé de "vulnerabilidad extrema" cuando, desde las investigaciones del Colegio de la Frontera Norte (Colef), encontramos que los miles de migrantes que entrevistamos nos dijeron que el principal problema de su jornada migratoria hacia Estados Unidos no se ubicaba en Estados Unidos como se creía en México, sino en nuestro propio país. Este consistía en las extorsiones que les hacían los policías del lado mexicano a lo largo de todo su camino, desde sus lugares de origen, hasta la frontera norte, tanto de ida como de regreso al país. Principalmente los policías en las ciudades fronterizas, con Tijuana como el peor lugar, donde más de dos tercios del total de migrantes que llegaban a esa ciudad, de paso para su destino esperado en Estados Unidos, eran extorsionados por policías de todos los órdenes, con la policía judicial federal a la cabeza.

Esto fue medido y documentado por el Colef para toda la década de los noventa. El problema de la extorsión policial ya no se ubica en Tijuana como el peor caso, sino en la frontera sur, en contra de los migrantes centroamericanos. Allá es donde ahora ocurren las mayores violaciones a los derechos humanos, tanto en número como en calidad, con los secuestros de migrantes como la forma más cruel y recurrente de esas violaciones, que ilustran los peores casos de "vulnerabilidad extrema", entendida como la condición de ausencia de poder de los migrantes frente al Estado y frente a la sociedad civil del país donde se encuentren.

Esa condición, que se les impone a los migrantes, tiene gradaciones. Va desde la indiferencia con la que la mayor parte de los mexicanos ve lo que les pasa a los centroamericanos que transmigran a través del territorio mexicano rumbo a Estados Unidos, hasta las prácticas más crueles de trata de las que son víctimas las niñas indígenas monolingües centroamericanas que son secuestradas para obligarlas a prácticas del mercado sexual. Esas niñas personifican el máximo grado de "vulnerabilidad extrema" como sujetos que son de derechos humanos. Entender cabalmente el espectro del respeto a los derechos humanos, que va desde el máximo respeto, al mínimo, es entender dónde se encuentra México en ese espectro y lo que nos falta por hacer para que el gobierno y la sociedad civil mexicanos rindan cuentas sobre cómo es que llegamos y cómo salir del lugar en que nos encontramos como país en el espectro global del respeto a los derechos humanos frente a la comunidad de naciones. Lo que podemos dilucidar con los datos publicados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es que nuestro país anda muy mal. Tanto, que permite afirmar que no hay otro país en el mundo del que se sepa que se hayan cometido números mayores de esas violaciones de las que se sabe que se cometieron en México. La cuenta es muy sencilla. Tómese el número de cadáveres que se presume son de migrantes centroamericanos que se han descubierto solo en los últimos 18 meses en nuestro país de acuerdo con los datos publicados por la CNDH y calcúlese que detrás de cada cadáver hubo un mínimo de dos violaciones de derechos humanos de quien fue en vida cada cadáver. Súmese el resultado y compárese con el número de violaciones a los derechos humanos cometidas en cualquier otro país del mundo. Aunque no hay cifras documentadas por país sobre este concepto, se puede decir que no se sabe de otro país en el que se hayan cometido un número mayor de esas violaciones de las que se sabe que se cometieron en México.

 

Esposan a niña de 6 años por hacer berrinche en escuela

http://www.expreso.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=38680:esposan-a-nina-de-6-anos-por-hacer-berrinche-en-escuela&catid=4:mundo&Itemid=89

 

Videos

 

http://www.youtube.com/watch?v=zPVk28pz9qE

 

http://www.youtube.com/watch?v=xUXmeZ2RAZ8&feature=watch_response

 

http://www.youtube.com/watch?v=BVqREZgz-54&feature=related

 

 

DESDE LA FRONTERA NORTE

Impune asesinato de la migra

Jorge A. Bustamante

 

Anoche no me dejó dormir la imagen y, sobre todo, los gritos de agonía de Anastasio Hernández Rojas en un video de la cadena de televisión pública de Estados Unidos (PBS) que fue dado a conocer por primera vez el pasado viernes 20 de abril. En ese video aparecen escenas de cómo fue brutalmente golpeado hasta matarlo por un grupo de 12 policías de la Patrulla Fronteriza de ese país. Las imágenes de ese video tomado por unos testigos presenciales de nombres Humberto Navarrete y Sergio González, que vieron cómo los agentes se amontonaron golpeando y disparándole sus pistolas eléctricas para inmovilizarlo con descargas de 3 mil voltios, mientras Anastasio yacía en el suelo retorciéndose del dolor con las manos esposadas por la espalda y gritando mientras moría: ¡ayúdenme... por favor!

Cuando el consulado mexicano en San Diego pidió entonces una explicación de la muerte de Anastasio, las autoridades de la Patrulla Fronteriza dijeron originalmente que le habían quitado las esposas y que al sentirse libre de ellas, empezó a agredir a los agentes que tuvieron que actuar en defensa propia. No contaban entonces con que un testigo grabó en video con su cámara celular las escenas de cuando Anastasio yacía en el suelo esposado, obviamente desarmado, mientras un grupo de 12 agentes lo golpeaba y le disparaba sus pistolas eléctricas.

Aunque yo ya había escrito para este espacio sobre el asesinato de Anastasio (véase mi colaboración publicada por este diario el 9 de junio de 2010, cuya copia enviaré a quien me lo pida a: jbustama@nd.edu) yo no había visto, ni oído, el video de lo ocurrido a Anastasio hasta el 20 de abril, en que la cadena televisiva PBS mostró por primera vez el video. Ahora se cuenta con las evidencias del video y las declaraciones de los testigos presenciales. No se sabe aún cuál será la nueva explicación de la Patrulla Fronteriza.

Aunque sea con dos años de retraso, la exhibición de ese video hace que sea ahora que el gobierno de México y la sociedad civil de nuestro país nos toque responder al asesinato de Anastasio, por la simple justificación de que sigue impune. Es obvio, por lo que se ve en el video exhibido y lo que ha trascendido a los medios, que Anastasio fue asesinado por parecer mexicano y por ser indocumentado. Es tal el odio con el que fue golpeado hasta matarlo por un grupo de 12 agentes de la Patrulla Fronteriza, que hace pensar que no era un odio sólo contra Anastasio sino contra todo aquel que parezca mexicano por el color de su piel. Es decir, un odio racial contra todos los mexicanos. No se trató sólo de los 12 agentes que aparecen en el video atacando a Anastasio, sino de un odio compartido por los grupos sociales a los que pertenecen esos 12 agentes, además, de sus superiores que estuvieron dispuestos a mentir, en complicidad con los agentes asesinos, para ocultar los hechos en los que ocurrió ese asesinato tumultuario sin que haya habido el más mínimo castigo para los agentes asesinos hace dos años y que, hasta la fecha, ha quedado impune.

El gobierno de México no ha hecho caso de mis sugerencias, particularmente la de exigir al gobierno estadounidense la extradición de los agentes responsables, lo que ha contribuido a que esos asesinatos de ciudadanos mexicanos a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza sigan ocurriendo con la total impunidad de esos agentes. Por eso, ahora, para el caso de Anastasio, sugiero que se inicie una acción pública, lo más amplia posible, con el objetivo de protestar por la inefectividad del gobierno para cumplir con su obligación legal de proteger a los mexicanos en el extranjero y generar costos políticos por tal inefectividad, empezando con la cita a comparecer ante el Senado a la canciller para dar cuenta de esa inefectividad. La omisión del gobierno mexicano de hacer algo efectivo para impedir la impunidad de los responsables del asesinato de Anastasio deberá ser vista por el Senado de la República como un acto de cobardía de nuestro gobierno ante el poder estadounidense.

 

 

LA MÁS AMPLIA INFORMACIÓN EN LO RELATIVO A LOS DERECHOS HUMANOS, MUY ÚTIL COMO INSTRUMENTO DE CONSULTA ACADÉMICA  Y TRABAJO PROFESIONAL

 

http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm

 

DOF: 07/06/2012

ACUERDO General 11/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sobre la normativa y actuación de órganos jurisdiccionales y administrativos en términos del quinto párrafo del artículo 1o. Constitucional.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5251206&fecha=07/06/2012

 

ACUERDO

PRIMERO. El Consejo de la Judicatura Federal, así como los órganos jurisdiccionales, administrativos y auxiliares, deberán interpretar y aplicar la normativa expedida con anterioridad a este acuerdo, de conformidad con los principios previstos en el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

SEGUNDO.- Toda norma que se expida a partir de la vigencia del presente acuerdo, deberá atender a lo determinado en el artículo 1o. constitucional, a efecto de evitar cualquier discriminación, y en caso de duda, se aplicarán los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

TERCERO. Los órganos administrativos del Consejo de la Judicatura Federal vinculados a la construcción, ampliación, remodelación, adquisición o renta de inmuebles que sean utilizados para la administración de justicia o para efectos administrativos, dispondrán lo necesario a fin de que las personas con capacidades diferentes se encuentren en posibilidades de hacer uso de dichos bienes y existan condiciones aptas para el trabajo de impartición de justicia.

 

 

Y PITIQUITO DIJO ¡¡¡NO!!!

ROSA MARIA O´LEARY

Al viejo estilo, sin enmendar un poco sus viejas tácticas, pretendiendo vernos como acostumbran, como estúpidos,  pretendieron instalar en Pitiquito, Sonora una “Magna planta de trasvase de cianuro” La empresa es  una trasnacional canadiense POSABRO, obviamente según ellos y su acostumbrado discurso con toda la tecnología de punta  con que adornan sus negocios, “Dará miles de empleos directos e indirectos, se utiliza la tecnología más avanzada, es un desarrollo sustentable, somos los más cuidadosos del medio ambiente, tenemos certificaciones de industria limpia, vendrá la bonanza al pueblo etc.” La reunión que pretendieron fuera una “consulta popular” a que los obliga la ley la hicieron ante la movilización del pueblo que se enteró de sus planes ya que los habían corrido de Caborca y bueno pues llegaron a Pitiquito demasiado tarde la información ya había llegado al pueblo, cabe decir que días antes se vieron maquinarias de las empresas mineras limpiando el predio, mismo donde se encuentran los pozos que surten de agua a Pitiquito y a Caborca,  el rio Asunción y del arroyo del Muchachito, donde viven los lugareños de la estación del ferrocarril, cercano a los corrales de engorda de cientos de cabeza de ganado donde se producen sus propios alimentos, así como los campos agrícolas que sí proporcionan trabajo a los habitantes de la región.Se hablaba ya de que tenían todos los permisos federales, (cosa que fue negada por las instancias competentes, igual en lo personal no les creo), pero les hacía falta lo más importante el permiso de uso de suelo del Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora, mismo que había guardado silencio, todo haciéndolo  en lo oscurito como acostumbran las autoridades, pero la ciudadanía fue informada por otro ciudadano y se corrió rápidamente la voz, se juntaron más de 1000 firmas en contra de la planta contaminadora mismas que se hicieron llegar a cabildo, que urgentemente convocó a la “consulta popular”. Es de llamar la atención que la movilización la  hacen los panistas sin importar que los permisos federales los entregan las autoridades federales que son panistas, sin pensar si el gobernador Padrés , panista pudiera haber promovido su instalación. El presidente municipal es priista, y en el pueblo hay una efervescencia por las elecciones, pero aquí se unieron todos,  eso es lo más importante, ningún interés personal ni de partido estuvo por encima de lo más importante sus familias, su tierra. Todas las autoridades que habían guardado silencio tuvieron que acatar la voluntad del pueblo “NO QUEREMOS ESA EMPRESA CONTAMINADORA”Ya este ejemplo lo han dado otros municipios ante la amenaza de que envenenen sus aguas y su tierra, Carbó, Benjamín Hill, Trincheras, Sonoyta, Caborca, hoy le tocó a Pitiquito y éste al igual que los otros también dijo NO. Sin embargo no hay que cantar victoria el diablo no descansa seguramente buscarán otro destino dentro de nuestro maravilloso Estado, se habla de 11 proyectos para Sonora, por lo pronto nos enteramos que una está en Cd. Obregón precisamente donde se encuentra el Valle del Yaqui, también conocido como el Valle de la Muerte por su alta incidencia en cáncer.Esa es la resistencia, que a través de las luchas vayamos defendiéndonos unos a otros, advirtiendo, informándonos, cuidándonos, porque  a los que comparten los intereses autoridades y empresarios no les interesamos, hasta que aprendan como en esta ocasión que cuando el pueblo dice NO es NO. Felicidades sonorenses que aman su tierra, su familia,  que tienen un tesoro muy preciado DIGNIDAD.Nuestro desierto es un botín que se pelean muchos, rico en minerales, aguas subterráneas, y por su grande extensión de terreno con “vocación” para ser basurero tóxico especialmente por estar pegado a la frontera. Tenemos que adelantarnos a sus nefastos planes y estar en vigilia constante para protegernos. SOLO EL PUEBLO PUEDE SALVAR AL PUEBLO.

 

CATEDRA DH UNESCO

http://catedradh.unesco.unam.mx

 

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

 

Publicada el 25 de junio de 2012

 

La Ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

http://www.codigodh.org/wp-content/uploads/2012/05/Ley-defensores.as_.pdf

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El artículo 73 establece las facultades del Congreso de la Unión; con la adición, las autoridades federales podrán conocer, además, de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales, también de los delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Noticias/Boletin/Bolet_armado/boletin163.php

 

Policía sudafricana alega legítima defensa en matanza de 34 mineros

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/08/17/72442742-policia-sudafricana-alega-legitima-defensa-en-matanza-de-34-mineros/

 

Video

http://www.youtube.com/watch?v=YtbyvPECe0A

 

Arraigo, violatorio de derechos

22 de septiembre de 2012

Santiago Corcuera

Ex presidente del grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU

EL UNIVERSAL

Una nota del periódico El Sudcaliforniano, consultable y disponible en la dirección electrónica [http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n2697624.htm] señala lo siguiente:

“La aplicación de la medida cautelar de arraigo a personas relacionadas con hechos delictivos, es legalmente permitida por la ley para la investigación de delitos, por lo que no viola garantías individuales ni derechos humanos, aseveró el Procurador General de Justicia del Estado, licenciado Gamill Arreola Leal”.

Se olvida el procurador, que no todo lo expresado en el derecho positivo, por ese simple hecho, no viola derechos humanos. El arraigo es uno de los ejemplos de la constitucionalización de la arbitrariedad. En efecto, de acuerdo con lo señalado por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, una detención arbitraria ocurre en el siguiente supuesto:

“C) cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados afectados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III)”.

Pero por su naturaleza prolongada, por no dar plenas garantías en materia del derecho a ser asistido por abogado, por provocar situaciones que constituyen incomunicación, porque en ocasiones se desconoce la ubicación del centro de arraigo respectivo, es que todas las instancias internacionales en materia de derechos humanos que se han referido a esta figura del derecho penal mexicano, se han pronunciado, sin titubeos, por que se erradique o elimine de la Constitución y las leyes.

Aquí los siguientes ejemplos:

Durante el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU desahogado en el 2009, México recibió la recomendación de tomar medidas efectivas para poner fin a la práctica del arraigo.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU indicó que “la institución del arraigo es en realidad una forma de detención preventiva de carácter arbitrario”. Por tal razón recomienda que México debe “garantizar que la figura del arraigo desaparezca tanto en la legislación como en la práctica, a nivel federal así como a nivel estatal”

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, tras su visita a México en marzo de 2011, recomendó, contundentemente la abolición de la figura del arraigo, tanto a nivel federal como local.

Lo mismo hizo la relatora sobre Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, después de su visita a México en el año de 2009, recomendando la eliminación de la figura del arraigo, por ser una violación a los derechos humanos, y por considerar que “detener para investigar” es una señal clara del mal funcionamiento del sistema penal mexicano, además de violar el derecho a la presunción de inocencia.

En el 2010, el Comité de Derechos Humanos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, apuntó que el arraigo favorece la práctica de los malos tratos y recomendó su eliminación, por ser contrario al articulo 14 del Pacto.

El sub-Comité para la prevención de la tortura de la ONU, como resultado de su visita a México en 2009 se pronunció claramente en contra de esta figura.

Señor procurador: ¿Así, o más claro?,

A ver a qué horas el poder reformador de la Constitución extirpa este tumor cancerígeno del texto constitucional.

JAQUE MATE

Sergio Sarmiento

Usted disculpe

Reforma, 3 octubre 2022.

"Se lo llevaron personas que están para que nos cuiden no para que nos desaparezcan".

Leonor Guadalupe Olvera

 
El caso de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera subraya que el Estado mexicano no sólo sigue fallando en su responsabilidad fundamental de proteger a los gobernados sino que sus agentes muchas veces se convierten en cómplices del crimen. Cuando alguien denuncia, el Estado lo acosa. Y si acaso llega una disculpa, ésta viene tarde y sólo porque la exige una autoridad internacional.

Jesús, un joven de 25 años, trabajador de una refaccionaria de la capitalina colonia de los Doctores, fue detenido el 14 de marzo de 2002 por agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Al parecer unos secuestradores tenían una tarjeta del negocio porque habían comprado ahí unas llantas. Los agentes primero le pidieron 200 mil pesos para no involucrarlo, pero después se llevaron al joven en un vehículo sin placas a instalaciones oficiales en la calle de López número 12, en el centro de la Ciudad de México. Ahí fue torturado, pero a los agentes al parecer se les pasó la mano y lo mataron. Su cuerpo lo fueron a tirar en algún lugar del estado de Hidalgo, pero nunca ha sido encontrado.

Todo esto lo sabemos hoy por testimonios. Tres agentes de la AFI fueron detenidos y procesados por esta desaparición. Dos fueron absueltos. Uno más, Roberto Hernández Galarza, fue condenado en 2010 a nueve años cuatro meses y 15 días de cárcel por desaparición forzada. Si este hombre muestra buena conducta, podría alcanzar la libertad en dos o tres años.

Este 1o. de octubre la propia procuradora de la República, Marisela Morales, ofreció una disculpa pública a Leonor Olvera, la madre del joven, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La disculpa no la ofreció motu proprio, sino por exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para Leonor la disculpa debe haber sido amarga. Si bien hay una persona condenada por la desaparición de su hijo, el cuerpo no aparece y la pérdida sigue doliendo. Además queda el recuerdo de las tribulaciones y humillaciones que tuvo que enfrentar en el esfuerzo por esclarecer la desaparición. Las autoridades no solamente le dejaron a ella todo el trabajo de investigación, como con Isabel Miranda de Wallace y tantos más, sino que la acosaron. La Procuraduría capitalina señaló que no investigaría el caso porque Jesús era un secuestrador. Peor aún, Leonor fue detenida durante 13 meses por supuesto tráfico de drogas. Los tribunales la absolvieron, pero el mensaje era claro: si te atreves a investigar la desaparición de tu hijo, la pagarás muy caro.

Cuando se formó la AFI, el 1o. de noviembre de 2001, se nos dijo que era un cuerpo limpio que reemplazaba a una corrupta Policía Judicial Federal. La propia AFI ha desaparecido desde 2009 para dar lugar a una nueva Policía Federal Ministerial, pero si algo nos demostró esta agencia es que la corrupción no termina con un simple cambio de nombre. Según el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, éste es apenas uno de miles de casos de desaparecidos que las autoridades tratan de ocultar.

La desaparición de Jesús es importante. No se trata de un caso antiguo en que los abusos hayan sido cometidos por personajes perdidos en el tiempo. Las acciones tuvieron lugar en 2002, cuando ya el panista Vicente Fox era presidente de la República y el perredista Andrés Manuel López Obrador jefe de Gobierno del Distrito Federal. Pero las acciones y el encubrimiento parecen calcados de lo que se hacía en los años setenta en nuestro país.

 

Pa' la calle teniente que golpeó madre boricua en Filadelfia

http://web.saxotech.laopinion.com/Despido_teniente_golpeo_boricua_Filadelfia

Video

http://web.saxotech.laopinion.com/Despido_teniente_golpeo_boricua_Filadelfia

 

Protección internacional de los derechos sociales

Miguel Concha

 

El 10 de diciembre de 2008 fue adoptado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF PIDESC). Es un tratado adicional al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, del cual México es Estado parte desde el 23 de marzo de 1981. Posteriormente, el 24 de septiembre de 2009, se abrió el proceso para que los estados, mediante su firma, ratificación o aprobación garanticen lo establecido en él, para proteger el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.

Se han cumplido ya tres años y aún no se ha logrado el mínimo de 10 estados que lo ratifiquen para que pueda entrar en vigor. Este instrumento internacional proporcionaría herramientas para la exigibilidad jurídica de los DESC, ya que establecería tres mecanismos o procedimientos diferentes para atender violaciones a los derechos humanos reconocidos en el PIDESC.

Con ello, tanto personas como grupos podrían presentar casos de violaciones ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la ONU, y se podrían realizar las investigaciones correspondientes ante situaciones graves y sistemáticas de violación a los derechos consagrados en ese instrumento. El Comité DESC, como órgano independiente, podrá determinar si un Estado incumplió o no con alguna de las obligaciones derivadas del pacto.

Desde la fecha de apertura, únicamente 40 estados han firmado el mencionado protocolo, de los cuales 15 son de Europa, 10 de América Latina, 10 de África, cuatro de Asia y uno de Oceanía. Preocupa no obstante que sólo ocho países lo hayan ratificado: Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Bosnia y Hersegovina, Eslovaquia, España y Mongolia. Y llama además mucho la atención que a pesar de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, y de la permanencia de este tema en la política exterior del régimen, México –activo promotor del protocolo en la fase de su elaboración y discusión– no lo haya todavía firmado ni ratificado.

Por el contrario, si no tarda más el proceso administrativo para firmarlo y turnarlo al Senado, el Estado mexicano podría contribuir mucho para que pueda entrar en vigor. La Secretaría de Relaciones Exteriores argumenta que lo que demora la firma es la consulta interna y la aprobación que antes debe recabarse de todas las secretarías de Estado involucradas en su contenido. Cabría preguntarse entonces si el letargo no se debe más bien a que no se están tomando debidamente en cuenta las obligaciones a las que se ha comprometido el Estado mexicano en materia de derechos sociales.

Para estimular una mejor voluntad política, que haga a México reconocer la competencia del Comité DESC, un grupo de organizaciones sociales, de organizaciones promotoras y defensoras de derechos humanos, así como de redes, organismos públicos autónomos, académicos y comunicadores de diversas entidades federativas del país, impulsan la campaña mexicana por la firma y ratificación del PF PIDESC en México, cuyo propósito es precisamente impulsar acciones de difusión, formación e incidencia desde la sociedad civil, para avanzar en la justiciabilidad de los DESC y urgir al Estado mexicano a que firme y ratifique el Protocolo Facultativo del PIDESC en el menor plazo posible.

Con el fin de contribuir a su promoción, pero también, y más importante, al reconocimiento de este instrumento, todos estos actores han articulado esfuerzos y acciones, lo que iría en una dirección positiva, acorde con las últimas reformas en materia de derechos humanos. En un comunicado reciente, la campaña señala que entre las acciones que ha emprendido están las solicitudes periódicas de información a la cancillería sobre la evolución del proceso de firma del PF PIDESC, con las que ha podido darle seguimiento. Entre las respuestas obtenidas, por medio del consultor jurídico adjunto B, tuvo conocimiento en junio pasado de un nuevo periodo de consultas a otras dependencias federales, pero que aún no se cuenta con un dictamen favorable para gestionar su firma.

Esta acción resulta preocupante, pues las consultas habían concluido favorablemente a finales de 2011, luego de un proceso de tres años. Ahora se corre el riesgo de que el proceso no se concrete antes de que concluya la actual administración federal. Para variar, dichas acciones resultan además contradictorias con los señalamientos de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, en el sentido de que la firma del PF PIDESC se realizaría pronto. Por ello la campaña mexicana solicitó una reunión informativa, cuya fecha aún sigue pendiente, para conocer los avances y el resultado de dichas consultas.

En dos ocasiones la campaña ha entregado un escrito para solicitar la pronta adhesión de México a tan importante instrumento. El primero, a la cancillería, responsable de coordinar las consultas dentro de la administración pública, antes de definir la firma de un instrumento de derechos humanos, el 7 de diciembre de 2011, con 18 mil firmas. Y el segundo, a su titular, la embajadora Patricia Espinosa Cantellano, el 21 de septiembre de 2012, suscrito por 179 organizaciones y redes mexicanas, y acompañado con mil 121 firmas ciudadanas, en el que se exhorta una vez más al gobierno a avanzar en el desarrollo y aplicación de recursos internos apropiados para atender y reparar violaciones a los DESC, poniendo como prioridad el respeto de la dignidad de las personas y las comunidades.

 

Abuso e impunidad: sello del sexenio

El marco legal llegó a estándares de vanguardia, pero también se hicieron cotidianas la tortura, el abuso de autoridad, los  multihomicidios...

Ciudad de México  (11 noviembre 2012).- Cerca de 50 mil muertos, más de 5 mil personas desaparecidas, al menos 20 mil migrantes secuestrados, 140 mil desplazados, 200 reos muertos en motines, más de 40 mil huérfanos como consecuencia de la violencia... En los últimos seis años las violaciones a los derechos humanos se multiplicaron de forma sistemática en todo el país.


Expertos aseguran que prácticas como la tortura, los abusos de autoridad perpetrados principalmente por Fuerzas Armadas, las agresiones en contra de activistas y migrantes y la falta de investigación de las mismas no son nuevas, pero en este sexenio aumentaron en número y frecuencia.


Además, advierten que aun cuando el próximo gobierno heredará un gran deterioro en derechos humanos, no cuenta con una estrategia clara para atender la situación. Por el contrario, afirman, las propuestas dadas a conocer por Enrique Peña Nieto son lugares comunes que muestran desconocimiento y falta de interés sobre el tema.


Aumentan los abusos 


Durante la actual administración se crearon al menos dos instancias federales para la protección de las víctimas, se presentaron dos protocolos para homologar la investigación de delitos como la desaparición forzada, se promulgaron dos nuevas leyes y sus protocolos para la protección de grupos vulnerables y se registraron 11 reformas con incidencia directa en la defensa y promoción de los derechos humanos.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, advierte una contradicción: a pesar de estos avances, la situación de los derechos humanos en el país se deterioró.


El especialista advierte que muchas de las violaciones documentadas en los últimos seis años aumentaron al grado de convertir algunas en prácticas sistemáticas, como la desaparición forzada.


"Por décadas la tortura ha sido perpetrada por policías en México para obtener confesiones; sin embargo, hemos visto un incremento alarmante en los últimos años... Además, hemos documentado el uso generalizado de abusos que no habíamos visto en décadas, como la desaparición forzada", sostiene.


Según la base de datos de Reforma, en el sexenio se han registrado 46 mil 640 ejecuciones (1o. de diciembre de 2006 a 2 de noviembre de 2012), y en 4 mil 565 casos (casi el 10 por ciento) los cuerpos han sido hallados con huellas de tortura. 


Vivanco señala que el incremento de las violaciones a los derechos humanos no puede explicarse fuera del contexto de la lucha contra el crimen organizado emprendida por Felipe Calderón, misma que por las deficiencias de su planteamiento generó el falso dilema entre reducir la inseguridad del país o respetar los derechos de las personas.


De acuerdo con informes oficiales y de organismos nacionales e internacionales, en los últimos seis años el número de personas desaparecidas, torturadas, ejecutadas y desplazadas en el marco de la lucha contra el crimen organizado se multiplicó. Más aún, muchas de las víctimas fueron menores de edad y civiles que el gobierno llamó "daños colaterales". En la mayoría de los casos la impunidad fue el común denominador.

Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indican que entre 2006 y 2010 se registraron al menos 5 mil 397 personas desaparecidas. La cifra es superior a los 535 casos registrados durante la llamada Guerra Sucia de los años setenta, documentados por el mismo organismo. A la fecha no se tiene conocimiento de alguna consignación por este  delito.


En abril pasado, el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés) difundió el Reporte Global de Desplazados Internos, según el cual desde 2007 unas 140 mil personas se desplazaron como consecuencia de los enfrentamientos entre los cárteles de la droga. 


De acuerdo con información de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, creada en 2011, del total de desplazados sólo una familia ha recibido una casa prestada por Infonavit para que la habite en tanto se establecen las condiciones para que pueda regresar a su lugar de origen.


La CNDH indica que la práctica de la tortura también se incrementó. Los informes anuales del organismo señalan que entre 2007 y 2011 las quejas por este delito aumentaron de 4 a 42, y la autoridad que más hace uso de esta práctica es la Secretaría de la Defensa Nacional.


El documento presentado por el gobierno mexicano durante su comparecencia ante el Comité contra la Tortura de la ONU, el 3 de octubre pasado, indica que de 127 averiguaciones previas iniciadas entre 2005 y 2012, sólo 74 fueron consignadas y de ellas seis recibieron sentencia.


En 2011 la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados presentó un informe según el cual, de entre las más de 47 mil personas que, según cifras oficiales, habían sido ejecutadas en el marco de la guerra contra el narcotráfico, alrededor de mil 600 eran menores de edad. Según el informe, además de los menores asesinados, 40 mil quedaron huérfanos a causa de la violencia.


Además, la guerra contra el narcotráfico incrementó las condiciones de hacinamiento e inseguridad en los penales del país, lo que derivó en motines y la muerte de cientos de reos.


Un seguimiento hemerográfico realizado por Enfoque revela que en los últimos seis años tuvieron lugar al menos 20 motines en penales de siete estados del país, en los cuales perdieron la vida 271 reos. Los estados con el mayor número de motines fueron Durango (5), Nuevo León (4), Tamaulipas (3), Chihuahua (2) y Quintana Roo (2).


Migrantes
Los abusos contra migrantes fueron sistemáticos y generaron pronunciamientos de organismos internacionales y la llegada de caravanas de defensores y de madres centroamericanas. 

En julio de 2008 entró en vigor la reforma a la Ley General de Población que despenaliza la migración indocumentada y establece disposiciones para eliminar los abusos en contra de este sector de la población. A pesar de dicha reforma, en 2009 la CNDH dio a conocer el Informe especial sobre secuestro de migrantes, el cual indica que en sólo cinco meses, entre  septiembre de 2008 y febrero de 2009, más de 9 mil 500 migrantes fueron secuestrados por bandas del crimen organizado. Un informe de seguimiento dado a conocer en 2011 por el mismo organismo indica que entre abril y septiembre de 2010, el número de migrantes secuestrados por el crimen organizado aumentó a más de 11 mil.


En agosto de 2010 se hizo un hallazgo que colocó a México en la lupa mundial: el Ejército localizó en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, los cuerpos de 72 migrantes que, según la PGR, fueron asesinados por integrantes de Los Zetas, luego de que se negaron a trabajar para ellos. En abril de 2011, la procuradora Marisela Morales declaró que los cuerpos encontrados en 47 fosas clandestinas más localizadas en el mismo lugar sumaban 193.


Jorge Bustamante, ex relator especial sobre los derechos de las personas migrantes de la Organización de las Naciones Unidas, afirma que durante la administración de Calderón México ganó el primer lugar en violaciones a los derechos humanos de los migrantes, pues nunca antes se habían registrados tantos secuestros y homicidios como en los últimos seis años.


"En este sexenio fue cuando ganamos este triste campeonato mundial en el número de violaciones a los derechos humanos de los migrantes, esto lo han comprobado los datos de los informes sobre secuestro que ha producido la CNDH tanto en 2009 como en 2011. Si se suman los cadáveres de los migrantes encontrados en fosas clandestinas y se piensa que detrás de cada cadáver se cometieron varias violaciones a los derechos humanos de los que en vida llevaron esos cuerpos, no se encontrará un país con tantos migrantes muertos", asegura.


Deudas históricas

Para el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández, las violaciones a los derechos humanos no se agotan en el tema inseguridad. En su opinión, México también tiene una deuda en temas estructurales como la violencia de género y la pobreza.


"Tenemos una clara conciencia de que son problemas que giran en el eje del tema de la seguridad, pero que no se agotan ahí. Hay también temas estructurales: la procuración de justicia, el debido proceso, el imperio de la ley, hasta temas ligados sí a la cultura, sí a la reproducción de valores, al modelo machista", refiere. 


Informes oficiales indican que en los últimos seis años la violencia de género, la trata de personas y la pobreza aumentaron a pesar de la aprobación de nuevas leyes y la creación de organismos federales para la investigación de delitos relacionados con estos fenómenos.


En 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como diversas disposiciones para incrementar las penas en contra de quienes comenten el delito de explotación sexual. No obstante, en febrero pasado la CNDH dio a conocer que de las 280 averiguaciones previas iniciadas entre 2009 y 2012, la PGR y las procuradurías estatales obtuvieron únicamente 14 sentencias condenatorias.


De acuerdo con el informe Reporte de Tráfico de Personas 2012, dado a conocer en junio pasado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, aunque el país está haciendo esfuerzos significativos para combatir este delito, "el gobierno de México no cumple por completo con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico (de personas)".


En enero de 2007 se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en enero de 2008 se creó la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y, cuatro años más tarde, Calderón firmó un decreto de promulgación para incorporar el feminicidio al Código Penal Federal y establecer de 40 a 60 años de cárcel a quien cometa este delito.


Cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio señalan que, de acuerdo con información proporcionada por las procuradurías de justicia federal y estatales, entre enero de 2010 y junio de 2011, al menos mil 235 mujeres fueron asesinadas, pero sólo el 4 por ciento de los casos han sido sentenciados.


Además, un caldo de cultivo para la violación a los derechos humanos en el país es la pobreza y, según datos del Coneval, ésta aumentó de 48.8 a 52 millones de personas entre 2008 y 2010. 


Avances de papel

Daniel Zapico, coordinador de Movilidad e Impacto de Amnistía Internacional, señala que la contradicción entre los avances en materia de instrumentos y legislación y el deterioro de los derechos humanos en el país se debe a que muchas de estas modificaciones se aprueban sin la voluntad y la capacidad para implementarlas. 

"Es muy contradictorio. Amnistía Internacional reconoce que cosas como la reforma constitucional en derechos humanos es uno de los grandes avances en la historia reciente del país porque abre la puerta a muchas cosas, como la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mandar al fuero civil los abusos cometidos por militares.


"El problema, yo diría, es casi sistemático en México y es que se avanza muchas veces en las leyes pero muy poco en la aplicación, y tal vez sea más sencillo avanzar en las leyes porque no hay una verdadera voluntad de aplicarlas o una verdadera capacidad. Hablamos de que México es un país de leyes sin justicia", sostiene.

Entre 2008 y 2011 entraron en vigor tres reformas legales que marcaron un antes y un después en materia de derechos humanos. A pesar de ello su aplicación ha sido lenta y, en muchos casos, las autoridades han generado dudas sobre su capacidad para ponerlas en práctica.


El 18 de junio de 2008 entró en vigor la Reforma al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal, la cual busca consolidar un sistema garantista partiendo de la presunción de inocencia, invalidar cualquier prueba obtenida bajo tortura y garantizar la relación directa entre el juez y las partes al establecer la oralidad de los juicios.


A cuatro años de su entrada en vigor y a mitad del plazo establecido por la Constitución para su implementación -2016- sólo tres estados han puesto en marcha la operación total de la reforma: Chihuahua, Estado de México y Morelos. 


Chihuahua fue el primer estado en implementarla y a pesar de ello su sistema de impartición de justicia ha estado sometido a por lo menos dos escándalos. El primero ocurrió en 2010; ese año la defensora de derechos humanos Marisela Escobedo fue asesinada luego de que denunciara públicamente que el asesino de su hija había sido liberado a pesar de haber confesado ser el homicida.


Otro caso fue el de Israel Arzate, quien fue arraigado luego de que mediante tortura confesara haber participado en el ataque en el que 14 jóvenes fueron asesinados mientras celebraban el cumpleaños de un compañero de escuela. Arzate fue liberado hace un mes luego de que obtuviera un amparo; a la par, la SCJN anunció que entraría al análisis del caso por considerar que abre la discusión sobre las violaciones a los derechos a la presunción de inocencia y el debido proceso. 

En junio de 2011 se promulgó la reforma constitucional en materia de amparo, que permite a los ciudadanos interponer juicios cuando consideren que los derechos consagrados no sólo en leyes internas sino también en tratados internacionales ratificados por México han sido vulnerados. 


La reforma también incorpora la figura de "amparo por omisión", mediante la cual los ciudadanos podrán defenderse de la falta de actuación de las autoridades. A la fecha no se han dado a conocer cifras sobre el impacto de estas modificaciones constitucionales.

En junio de 2011 entró en vigor también la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que eleva a rango constitucional dichas garantías, establece el principio pro homine que obliga a las autoridades a elegir entre las leyes internas y los instrumentos ratificados por México el que proteja más a las personas y amplía las facultades de la CNDH. 


Hasta ahora los avances más importantes relacionados con esta reforma los ha dado la SCJN. A principios de este año el máximo tribunal comenzó la discusión sobre la justicia militar y la obligación de México de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 


En el primer caso determinó que los abusos de militares en contra de civiles deben ser atendidos por tribunales civiles. Respecto a la obligatoriedad de las sentencias, el máximo tribunal consideró que México tiene la responsabilidad de dar cumplimiento a éstas. A pesar de ello, la administración Calderón concluirá sin haber cumplido con las cinco sentencias que la CoIDH emitió en contra del Estado mexicano durante su sexenio.


Miguel Moguel, coordinador de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar, detalla que hasta ahora el gobierno mexicano ha dado cumplimiento a los primeros puntos de las recomendaciones, los cuales hacen referencia a acciones básicas como la publicación en medios de comunicación de las sentencias, la entrega de indemnizaciones a las familias de las víctimas -algunas no las aceptaron- y, en el caso de la sentencia conocida como "campo algodonero", referente al homicidio de tres mujeres en Ciudad Juárez, la edificación de un monumento en su memoria.


"Todo lo referente al acceso a la justicia y las garantías de no repetición son elementos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deja pendientes esta  administración y que deberán ser retomadas y cumplidas por la siguiente", precisa. 


Hasta ahora la CNDH ha hecho uso en una sola ocasión de su facultad investigadora -misma que antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos estaba en manos de la SCJN- para indagar la represión de elementos policiacos en contra de normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. 


Moguel reconoce que es temprano para emitir una opinión sobre si el uso de la nueva facultad investigadora está subutilizado o no, advierte que en el caso de los normalistas la CNDH no aprovechó la oportunidad para dimensionarlo como uno más de la estrategia de represión que desde hace muchos años utilizan las autoridades.

Peña Nieto, sin propuesta 

Issa Luna Pla, una de las académicas que junto con un grupo de expertos participó en el análisis de las propuestas de los candidatos presidenciales en un ejercicio convocado por la Fundación Ethos, señala que a pesar de que Peña Nieto recibirá un país deteriorado en materia de derechos humanos, sus propuestas denotan desconocimiento y falta de interés sobre el tema.


Como ejemplo indica que una de las propuestas del hoy Presidente electo es "apuntalar los derechos humanos e impulsar la universalidad de los mismos", a pesar de que una característica de éstos es precisamente la de ser universales. 


"Los derechos humanos tienen la cualidad de ser universales lo diga Peña Nieto o no, y desde 1948 México ha reconocido eso, entonces a él le falta revisar desde ese año qué ha hecho el país en la materia para que todos partamos de que son universales y que no es necesario impulsar esa naturaleza", indica.


Luna Pla señala que las propuestas dadas a conocer hasta el momento por Peña Nieto se centran en repetir las bondades intrínsecas de los derechos humanos y no en asumir compromisos concretos en la materia.


Y da un ejemplo: "uno de sus compromisos es aplicar una estrategia que tenga como soporte el respeto de los derechos humanos en el tema de la seguridad, esto es una cosa bastante lógica no sólo en el tema de seguridad, tiene que ser el soporte de las políticas públicas".


Otra característica de las propuestas del priista, señala la académica, es que tienen poca viabilidad práctica, pues al carecer de objetivos claros, no es posible establecer de manera clara presupuestos, autoridades responsables de llevarlas a cabo y metas a alcanzar.


"Lo que hemos aprendido a lo largo de los últimos siglos es que los derechos humanos pueden ser o se convierten en retórica cuando no tienes estrategias concretas para ser implementadas y aquí lo que vemos es que no hay objetivos concretos y por lo tanto no es posible saber cómo las va a implementar", señala.


La académica advierte que la próxima administración no puede darse el lujo de relegar a segundo plano la defensa y promoción de los derechos humanos, pues se corre el riesgo de que ante la falta de resultados el gobierno federal invente supuestos avances. 


"Los derechos humanos se respetan a cabalidad sólo si la clase política entiende la dignidad humana y tiene dignidad humana, lo que vemos en estas propuestas es que la dignidad humana no es el centro de las propuestas, entonces corremos el riesgo de aumentar las observaciones y recomendaciones de organismos internacionales y muy seguramente pasaremos bastantes vergüenzas en escenarios internacionales porque los responsables en esta materia van a tener que presumir avances y eso va a llevar al gobierno a que si no tiene resultados los va a inventar", advierte.

Enfoque solicitó una entrevista con Claudia Ruiz Massieu, coordinadora de Derechos Humanos y Transparencia en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.


Hasta ahora el equipo de transición no ha tenido reuniones públicas con organizaciones civiles especializadas en el tema o con la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. 

 

"Vándalo" de 3a. Edad (Delito Federal Regalar Libros)

https://www.youtube.com/watch?v=SMhGLyFtS24

 

25 mil desaparecidos

Carmen Aristegui F.

 

Reforma, 14 dic. 2012. The Washington Post publicó, hace unos días, información obtenida de documentos oficiales de la Procuraduría General de la República nunca antes revelados. Funcionarios, que tuvieron acceso a ellas y frustrados por el colapso y la inacción institucional, decidieron darla a conocer por esta vía indirecta. Se trata de una lista con más de 25 mil personas adultas y menores de edad registrados como desaparecidos durante el sexenio de Felipe Calderón. Veinticinco mil es, por donde se le vea, una cifra inusitada.

La cifra, aunada a la de personas asesinadas de manera violenta durante el sexenio, que ronda en los 100 mil, son los datos escalofriantes en el balance de un sexenio.

La lista de desaparecidos se conformó con la información entregada por autoridades y procuradurías locales a la PGR.

El diario señala que las identidades y características de estas personas, como edades, vestimentas y otros datos proporcionados por familiares o amigos -como el último momento en que fueron vistos o las actividades que realizaban- se encuentra agrupada en columnas en un formato de Excel por la Procuraduría.

El periodista William Booth, autor de la nota, señala que esto confirma lo que se ha venido diciendo de tiempo atrás sobre México: que hay aquí un fenómeno explosivo en el número de personas desaparecidas. Ni en tiempos de la Guerra Sucia en México, ni en la peor dictadura latinoamericana, se tiene registro de tal número de desaparecidos.

Inimaginable la desolación en la que vivirán miles de familias hoy en México por la pérdida de uno o varios de sus seres queridos. Miles de existencias erosionadas por la perenne incertidumbre del no saber si los suyos viven o mueren.

La dimensión de esta catástrofe pasa casi desapercibida para el resto de la población porque, al igual que otros reportes relevantes, el gobierno pasado decidió guardarse, para sí, este tipo de información. "Presidente valiente", se hacía llamar Calderón en sus campañas oficiales. Ocultar estas informaciones a los ciudadanos nos muestra que no había nada más alejado de la verdad en el contenido de esos mensajes.

Felipe Calderón llegó en 2006 a la Presidencia de México en medio del escándalo y las impugnaciones. Su arribo al poder, por la puerta de atrás, significó para México el inicio de un cruento periodo del cual apenas estamos sacando cuentas. Calderón abandonó la Presidencia de México, dejando tras de sí la más grande estela de devastación y muerte que se recuerde en el México contemporáneo.

La grave crisis de legitimidad que acompañó su llegada probablemente fue el factor principal que lo impulsó a definir un sexenio con aires reivindicación.

Se lanzó, sin cálculo ni diagnóstico y, por lo tanto, sin estrategia efectiva -a juzgar por lo sucedido- a intentar combatir a grandes capos y organizaciones criminales y del narcotráfico. Los efectos fueron contraproducentes: los cárteles más grandes se fortalecieron. Otros, al ser descabezados solamente, abrieron disputas de poder que derivaron en por lo menos 11 cárteles más de regular tamaño que operan hoy en territorio nacional.

La actividad delictiva se "diversificó" en por lo menos una veintena de delitos, además del narcotráfico. Los cárteles mexicanos acrecentaron su presencia internacional. A pie juntillas Calderón guió su gobierno, de la mano del vecino del norte, con una estrategia belicista e irresponsable. Los resultados fueron catastróficos. El suyo será un gobierno recordado con un rictus de tragedia y de dolor.
La cifra publicada por el diario norteamericano dio pie para que Human Rights Watch enviara una misiva, esta semana, al nuevo gobierno de México. José Miguel Vivanco alertó a Enrique Peña Nieto sobre las dimensiones de la herencia de Calderón. Le llamó a abordar "... los abusos cometidos durante el mandato de su predecesor e impedir que se reiteren en el futuro, requerirá de atención inmediata en los niveles más altos de su administración".

Sobre las cifras del Post le dijo que si "...se corroboran, esto situaría a la ola de desapariciones ocurrida en México durante el sexenio del Presidente Calderón entre las peores en la Historia de América Latina".

No hay duda que el recuerdo que quede de Felipe Calderón llevará, por siempre, la impronta de la muerte y la devastación. El Presidente "valiente" que no fue ni siquiera capaz de informar, a la población, sobre el tamaño del desastre que dejó.

¿Cuántos muertos, torturados y desaparecidos dejó su administración? ¿Por qué guardó, en su escritorio, la escalofriante cifra que nos reveló el Washington Post?

 

CENSURAN TRABAJO DE CNDH

El análisis encontró que la CNDH no pide los registros fotográficos de los presuntos responsables

26 diciembre 2012.- Las omisiones y fallas en las investigaciones que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impiden generar certeza sobre denuncias que involucran a autoridades y favorecen la impunidad, advierte un reporte del Programa Atalaya del ITAM y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
El informe indica que, pese a mejoras en la atención de víctimas de abusos, el organismo se encuentra lejos de cumplir con estándares internacionales de documentación de violaciones a los derechos humanos.

El texto titulado "Desempeño de la CNDH en la Atención de Quejas contra la Policía Federal" destaca que, en el análisis de varias decenas de expedientes de reclamos contra dicha corporación, se encontró que en el organismo prevalecen diversas omisiones injustificadas en la atención de las quejas por tortura, cateo ilegal, detención arbitraria, incomunicación, falsa acusación y robo, entre otras violaciones.
"En las quejas analizadas no se encontró evidencia de que el organismo haya solicitado a la autoridad el acceso a los registros fotográficos de los agentes policiales que, por las circunstancias de tiempo y lugar, podrían estar involucrados en los hechos denunciados", detalla.

"En ningún caso comprendido en la muestra la CNDH ejerció su facultad legal de citar a servidores públicos de la Policía Federal a comparecer en calidad de testigos de los hechos atribuidos a miembros de la dependencia, ni tampoco emitió acuerdos de trámite a servidores públicos en el contexto de la investigación de torturas y otras presuntas violaciones a los derechos humanos".

En diversos casos, indica el reporte, próximo a ser difundido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos omitió realizar trabajo de campo para recabar testimonios de personas que podrían haber presenciado hechos denunciados por los quejosos, así como evidencias fotográficas o de video.

"La CNDH no ha incorporado de manera generalizada el acopio y análisis de pruebas gráficas en su labor ordinaria de investigación, y llega incluso a ignorar evidencias de esa naturaleza que emergen durante la tramitación de la queja", apunta.
Por otro lado, señala el análisis, el organismo recurre de forma generalizada a la práctica de "dar vista" de los hechos denunciados a los órganos internos de control de las dependencias involucradas –los que suelen desechar las quejas por "improcedentes"– y omite, en la mayoría de los casos, ejercer su facultad constitucional de formular denuncias ante las autoridades respectivas.

Los quejosos, reprocha el Programa Atalaya, son colocados así en el dilema de dar seguimiento al procedimiento frente a la institución a la que pertenecen los presuntos violadores de sus derechos, o bien, abandonar sus reclamos ante el temor de represalias.

"La recurrencia de las violaciones pone de manifiesto que el Organismo carece de un método de trabajo que le permite identificar y sistematizar los patrones de actuación de la PF que revelan las quejas, explicarse los fenómenos que están detrás de las prácticas violatorias y diseñar estrategias de acción efectivas que vayan más allá del estudio fragmentado o aislado de cada queja. 

"La falta de solidez en la atención de las quejas por parte de la CNDH genera, en última instancia un 'vacío' que es ocupado por las autoridades al verse libres de contrapesos o límites efectivos", refirió Antonio López Ugalde, autor del estudio.

De esta manera, precisa la investigación, los agentes cometen actos de tortura, incomunicación, malos tratos, detenciones arbitrarias, cateos ilegales, falsas acusaciones basadas en tortura, roban objetos, destrozan bienes, violentan a adolescentes y niños, amenazan a las personas, sin que al final haya una sanción.

En contadas ocasiones, según el documento, la CNDH solicitó enmiendas, correcciones y ampliaciones de los informes rendidos por las autoridades y no consideró en sus registros un análisis del tiempo en que los detenidos permanecen bajo custodia de los agentes lo cual impide evaluar y contrastar las versiones de la autoridad y el quejoso sobre los hechos, especialmente en casos que involucran tortura o extracción de confesiones autoiculpatorias.

Las pobres cifras en materia de recomendaciones de la CNDH, producto de su baja calidad de investigación son utilizadas por la propia Secretaría de Seguridad Pública en provecho de su imagen institucional, pues voceros o funcionarios de la dependencia federal afirman cada que tienen oportunidad que del total asuntos denunciados ante la CNDH sólo el 0.73 por ciento llega a recomendaciones.

"Visto de ese modo el problema de violación de los derechos humanos por parte de los agentes de la Policía Federal parece en efecto peccata minuta", enfatiza el análisis de López Ugalde, el sexto en su tipo del Programa Atalaya.

La investigación resalta, además, que la propia CNDH, encabezada por Raúl Plascencia Villanueva, coloca en situación de riesgo a las víctimas.

Por un lado deja la decisión y responsabilidad de interponer denuncias contra los servidores públicos señalados en manos de los afectados.

Asimismo, los escasos datos que recaba los proporciona a los Órganos Internos de Control de las dependencias agresoras, de tal manera que si las víctimas quieren darle continuidad a la investigación deben acercarse a tales instituciones.

Motivos de quejas

Las denuncias en la CNDH contra la Policía Federal se incrementaron en los últimos años

2006 - 146
2007 - 136
2008 - 284
2009 - 338
2010 - 595
2011 - 767

Principales motivos de queja:
- Tortura con fines de incriminación de la víctima o para extraerle información
- Incomunicación de detenidos
- Dilación injustificada para poner al detenido bajo responsabilidad de la autoridad competente
- Malos tratos a detenidos, sus acompañantes o sus familiares
- Detención arbitraria
- Cateo ilegal o irrupción policial arbitraria en el domicilio de particulares

 

Denuncia la CNDH obstáculos en su labor

Las barreras son impuestas por el código penal y la ley orgánica de la PGR, que limitan su acceso a averiguaciones previas, afirma funcionario

Ciudad de México  (27 diciembre 2012).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó las críticas que le hicieran el Programa Atalaya del ITAM y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que la censuraron por la omisión injustificada en sus indagatorias.

El segundo visitador del organismo, Marat Paredes Montiel, explicó que las barreras legales y la discrecionalidad del Ministerio Público impiden a la CNDH ejercer plenamente las facultades de investigación que le otorga la Constitución.

"Dependiendo del caso tenemos una serie de expertos para efecto de poder determinar qué sucede y poder llegar a la verdad de los hechos. No se limita al informe de la autoridad de ninguna manera, sino que tratamos de hacernos de información en colaboración de los quejosos. 

"Hay factores externos a la CNDH, por ejemplo, si algún testigo no desea atestiguar, pues no tenemos facultad para obligarlos a que rindan su testimonio", sostuvo en entrevista Paredes Montiel.

REFORMA publicó ayer que el informe titulado "Desempeño de la CNDH en la Atención de Quejas contra la Policía Federal" describe insuficiencias en el trabajo de la Comisión que impiden generar certeza sobre denuncias de violaciones a los derechos humanos y favorecen la impunidad.

Paredes indicó que las barreras las imponen el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la PGR, que limitan su acceso a las averiguaciones previas.

"Esta situación se ha interpretado indebidamente. La CNDH es una institución con facultades de investigación, es un órgano de Estado con autonomía constitucional, pero que realiza investigación por virtud y por un mandato constitucional. 

"La interpretación que se le ha dado parece que no es la más afortunada y obstaculiza el trabajo de la CNDH, cuando nosotros solicitamos los informes se nos niega la información con base en esos preceptos legales, que si bien se permite el acceso a la información, finalmente establece una facultad discrecional para el Ministerio Público para que este decida cuándo sí y cuándo no", puntualizó.

Otra de las críticas del programa desarrollado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) es que la Comisión, aunque tiene la facultad de iniciar denuncias administrativas o penales, deja esta responsabilidad en los quejosos y no protege a las víctimas. 

El visitador destacó que si no se denuncian los actos es porque se carece de elementos para sustentar las acusaciones, porque existen contradicciones en las versiones o porque los quejosos y testigos no quieren brindar su testimonio. 

"Cuando no hay ningún testigo, es complicado fincar la responsabilidad a la autoridad, hemos encontrado otras herramientas como el uso del sistema de alerta... pero a pesar de eso, si no tenemos incidencias o testimonios, no podemos concluir una queja favorable al quejoso, por eso se le da vista para que nos trate de dar más elementos o vamos a una comisión en campo, pero cuando no tenemos evidencia no podemos hacer pronunciamiento", recalcó. 

"No hay una situación de flexibilidad o de laxitud con relación a la autoridad, siempre tiene que rendir sus informes y en caso de que no se rindan se presume la certeza de los hechos... y damos vista a las instancias correspondientes en este caso a la Secretaría de la Función Pública (SFP)". 

Insistió en que las víctimas son protegidas a través de medidas cautelares o con la reserva de su identidad. 

Finalmente, Paredes Montiel señaló que si la investigación final no deriva en recomendaciones públicas no es por carencia de indagación, ya que en el camino existen conciliaciones u otras formas de resarcir el daño a los afectados.

 

Persona non grata

Sergio Aguayo
26 Dic. 12

En unos días Felipe Calderón se instalará como profesor investigador en la Kennedy School de la Universidad de Harvard. Sostengo que es un insulto a nuestras víctimas, una agresión a la Declaración Universal de Derechos Humanos y una violación a los principios que pregona la universidad estadounidense.

Calderón rindió cuentas positivas en cifras macroeconómicas, libertad de expresión y acceso a la información. Puede incluso entenderse que la guerra contra el crimen organizado era necesaria porque había que confrontar el problema, aunque sea discutible la estrategia que adoptó y la manera como dirigió el conflicto. Lo indefendible del ex Presidente es su comportamiento hacia el costo social de la guerra: más de 60 mil muertes, al menos 25 mil personas desaparecidas, 260 mil desplazados, decenas de miles de migrantes secuestrados, etcétera.
En la Declaración de Derechos y Responsabilidades de la Kennedy School se dice que quienes forman parte de esa comunidad se distinguen por respetar "la dignidad de otros" y por tomar en cuenta las "consecuencias que las políticas tienen en las personas". En la Misión de la Universidad de Harvard se lee que sus integrantes asumirán la "responsabilidad por las consecuencias de [las] acciones personales".
Calderón no respetó la dignidad de las víctimas, se desentendió de las consecuencias de sus políticas y evadió la responsabilidad de sus actos. Sus acciones lo exhiben como alguien indiferente, irresponsable e inhumano. En ninguno de sus discursos de despedida incluyó algunas palabras de empatía hacia quienes pagaron las facturas de la guerra contra el crimen. Más grave fue la firmeza con la cual ocultó información sobre lo que sucedía. Demuestro esta afirmación con los desaparecidos, una de las violaciones más graves a los derechos humanos.
Para dimensionar su significado utilizo un texto de Francisco Peregil en El País (23 de diciembre) donde relata la historia de una senadora argentina, Norma Morandini, que descubrió, gracias a un texto publicado en ese periódico, que en 1977 los militares lanzaron a sus dos hermanos al mar desde un avión. En unas cuantas frases condensó el tamaño del fardo que cargó durante 35 años: "Es muy duro y muy difícil transmitir lo que significa la palabra desaparecido. Es un fantasma. Pero decir que es un fantasma es decir nada. Es una presencia que no está. Tú no lo has visto morir ni nadie te dio el pésame, no hay liturgia ni tumba. Nunca los piensas muertos, que es muy diferente a esperar que aparezcan vivos".
Calderón se comprometió en diversas ocasiones a crear un Registro Nacional de Víctimas porque según declaró en octubre pasado es importante que "todos sepamos dónde está la gente que más sufre". Ahora sabemos que al menos en el caso de los desaparecidos la Procuraduría General de la República sí elaboró durante todo el sexenio el registro: nunca lo dio a conocer. Cuando terminaba su gobierno funcionarios de la PGR le entregaron al corresponsal del Washington Post, William Booth una lista con 25 mil desaparecidos (publicada el 29 de noviembre).
El Centro de Investigación y Capacitación de Propuesta Cívica -organismo civil que presido- recibió de Tracy Wilkinson corresponsal de Los Angeles Times un documento que ella obtuvo de empleados de la PGR con nombres, apellidos y condiciones de desaparición de 20,851 personas durante cinco años del gobierno de Calderón. Quien se tome la molestia de revisar el texto (www.propuestacivica.org.mx) constatará la poca prioridad que le dieron al asunto, las denuncias no fueron investigadas. Fuentes internas de la PGR peñanietista comentan que no logran encontrar esos archivos lo que tal vez significa que fueron sustraídos por el calderonismo en retirada.
Una parte del pueblo estadounidense ve con preocupación lo que está pasando en México. Entre los indicadores está la decisión de la Fundación Nieman de la Universidad de Harvard de conceder a Marcela Turati el Premio Louis M. Lyons por ser una de las reporteras que informa "sistemáticamente sobre las víctimas en la guerra contra el narcotráfico" y porque protege a periodistas amenazados; según esta fundación "México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa".

Dentro de la misma universidad hay quienes piensan diferente. El director de la Kennedy School, el profesor David Ellwood, calificó al ex presidente Calderón de "ejemplo vivo de un servidor público [...] comprometido". Una afirmación sin fundamento porque la evidencia lo exhibe como un gobernante insensible: su gobierno no investigó lo sucedido con los desaparecidos y ocultó de manera deliberada información importantísima para las familias.

En lugar de nombrarlo persona non grata la Kennedy School decidió insultarnos y violar sus principios al hacerse cómplice del ocultamiento de una de las tragedias humanitarias más atroces e importantes del siglo XXI. Una vergüenza.

 

En Los Pinos

Sergio Aguayo

 

Reforma, 16 enero 2013. La publicación de la Ley General de Víctimas, ¿es un avance o un artificio propagandístico?

Cuando terminó el acto en Los Pinos se me acercó un muy buen abogado, Samuel González Ruiz, para enumerarme las deficiencias jurídicas de la ley estrenada minutos antes. Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí y diversos analistas han expresado argumentaciones similares. También ha sido descalificada por cara, porque creará otra burocracia o porque es vista como una manipulación propagandística de Peña Nieto y su equipo. Son críticas justificadas que compartimos quienes consideramos positiva la ley. Razono mi postura a partir de una evocación.

En junio de 1990 se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Fue una ceremonia con la solemnidad de los grandes días. En el majestuoso patio central del Palacio Nacional se dio cita el México institucional encabezado por Carlos Salinas. Atrás quedaban los tiempos en los cuales el régimen priista se indignaba cuando alguien hablaba de un patrón sistemático de violación de los derechos humanos. Aquel día la República reconocía que había problemas graves en ese terreno. Lo hacía forzada por las negociaciones con los Estados Unidos para un Tratado de Libre Comercio, pero lo hacía. Hubo discursos optimistas, sonrisas y los discretos codazos para hacerse de un buen lugar. Sin embargo en la mesa principal no hubo lugar para alguna víctima.

En el acto realizado el 9 de enero pasado en el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos las víctimas fueron protagonistas. Javier Sicilia estaba en el presídium al lado del Presidente y los pasillos del auditorio rebosaban de familiares de desaparecidos con sus fotos, pancartas y lágrimas. Se habían ganado su espacio a pulso. Minutos antes de que iniciara el acto la decena de víctimas que habían sido admitidas amenazaron con salirse si el celoso Estado Mayor Presidencial no admitía a los 45 que habían sido frenados en las afueras con el argumento de falta de espacio. El ultimátum surtió efecto y a partir de ahí se alteró la cuidada coreografía que caracteriza todas las reuniones en las que participa Enrique Peña Nieto.
Tras las concesiones estaba una aceptación implícita de que las instituciones del Estado mexicano han sido incapaces de responder a las necesidades de las víctimas y que urgen nuevos enfoques. En ese sentido me permito una sugerencia de sentido común: además de crear instituciones urge que funcionen mejor las existentes.
El primer presidente de la CNDH fue Jorge Carpizo. Aquel junio de 1990 irradiaba determinación y energía. Estaba decidido a meter "la causa" (así llamaba a los derechos humanos) en la agenda nacional y la empujó hasta donde se lo permitió la realidad y la personalidad de Carlos Salinas de Gortari. Cuando dejó el cargo para irse a la Procuraduría General de la República a padecer el deterioro en la seguridad se inició la lenta transformación de la CNDH en el costoso y tímido elefante que conocemos.

La marginalidad actual de la CNDH fue evidente en la ceremonia de Los Pinos y en el contenido de los discursos. Su presidente, Raúl Plascencia, fue relegado al penúltimo lugar del lado izquierdo del presídium y en ninguno de los cuatro discursos se hizo referencia a la institución. Algo anda mal, muy mal, cuando en un acto de esta naturaleza tiene un papel tan secundario la principal institución creada por el Estado para la defensa de las víctimas. A nadie beneficia. Eso tiene que cambiar.

Una de las oradoras fue Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Esa comisión senatorial tiene en sus manos una de las claves para responder a la emergencia humanitaria. Puede meter en la agenda nacional la urgencia de que la CNDH y otras dependencias federales que tutelan derechos asuman las responsabilidades que el momento histórico les exige. Tienen el mandato legal y el presupuesto para seguir el camino marcado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

¿Puede confiarse en Enrique Peña Nieto y su gobierno?, ¿tendrán la capacidad las víctimas y sus aliados para superar sus diferencias y lograr buenas políticas públicas? Imposible responder. El acto en Los Pinos, por lo pronto, fue una ratificación simbólica de que hay voluntad entre algunas organizaciones de víctimas y el nuevo gobierno para darse la oportunidad de construir una relación sobre las ruinas heredadas. Como habitamos un país lleno de paradojas la primera tarea será reformar la ley recién publicada.

La autoridad se mueve por cálculos políticos, las víctimas por la urgencia de resolver su drama. Cualquier solución a fondo exige la colaboración de ambas. El protagonismo compartido de las víctimas y gobierno es lo que separa aquella ceremonia de 1990 en el Palacio Nacional de lo sucedido la semana pasada en Los Pinos. Por eso estoy a favor de la publicación de la ley.

 

El principio pro persona

http://www.jornada.unam.mx/2013/01/19/opinion/017a2pol


Exhiben abusos contra detenidos

Según la investigación, 35 por ciento de los reos sentenciados recibió amenazas o fue torturado para declarar

Reos sentenciados en penales federales sufrieron violaciones a sus garantías de un debido proceso por parte de la Policía, el Ejército, agentes del Ministerio Público y jueces.
Una encuesta realizada por académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) arrojó que casi la mitad de 821 internos entrevistados en ocho penales federales, incluidos los de máxima seguridad del Altiplano y Occidente, aseguró que, al ser detenido, no le mostraron ninguna orden de aprehensión.

Además, 57 por ciento de los reclusos reportó haber sido golpeado en la detención; 65 por ciento, que los agentes le robaron algo, y 49 por ciento, que lo amenazaron con levantarle cargos falsos.

La mitad de los entrevistados aseguró que, en vez de ser llevados a una agencia del Ministerio Público, lo trasladaron a otro sitio, donde, por lo general, fueron sometido a actos de tortura.

En tanto, 12.2 por ciento afirmó haber sido conducido a una casa clandestina, bodega, lote baldío u otro sitio para ser golpeado.

Otro 35 por ciento externó que, al llegar ante el MP, fue amenazado o torturado para realizar una declaración.

Elena Azaola, quien coordinó la investigación junto con Catalina Pérez Correa, consideró que esto evidencia violaciones masivas al debido proceso.

"Cuando le hablábamos a los reos de las características del debido proceso, de si tuvieron abogado, si vieron al juez, dónde lo trasladaron, nos veían y nos preguntaban: 'Oigan, ¿y ustedes en qué País viven?'", contó la investigadora.

"Estamos muy lejos de ser un País de derecho. Hay violaciones verdaderamente aberrantes al debido proceso".


Saturan Ceferesos narcomenudistas

El sistema de justicia castiga en su mayoría a delincuentes menores, pues sólo el 3.3 por ciento de 821 internos que fueron entrevistados en ocho penales federales, incluidos dos de máxima seguridad, aseguró ser integrante de algún cártel del narcotráfico.
De acuerdo con la encuesta, el 14.6 por ciento de los internos está sentenciado por delincuencia organizada y de ese porcentaje sólo el 10.8 por ciento dijo ser jefe de la organización; el 14.2 por ciento, que fungió como administrador y, el 3.3 por ciento, ser sicario.

La encuesta se aplicó a internos sentenciados, 726 hombres y 95 mujeres, para que sus respuestas no estuvieran motivadas por el interés de beneficiar su proceso.

La mayoría de los reos entrevistados, según la encuesta realizada en cinco centros de las Islas Marías, en los penales de máxima seguridad de "El Altiplano" y "Occidente", así como en el Cefereso 8 "Norponiente", provienen de contextos violentos y cuentan con escasa educación, pues 53.7 por ciento de los varones y 60 por ciento de las mujeres no completaron la secundaria.

Además, la encuesta refiere que de los entrevistados, 56.6 por ciento de los hombres y 45.3 por ciento de las mujeres dijeron que la razón por la que no continuaron estudiando es porque tenían necesidad de trabajar.

"En estos datos es posible identificar varios de los factores de riesgo que diversas teorías criminológicas han propuesto para explicar las conductas delictivas. Entre otras, podemos destacar importantes carencias en el entorno en que crecieron los internos", se explica en la encuesta realizada por investigadores del CIDE.

"(Estas carencias son) abandono o negligencia por parte de los padres; bajo nivel de escolaridad; deserción escolar e incorporación al mercado laboral informal a temprana edad; abandono del hogar; consumo de alcohol o drogas ilícitas entre los adultos responsables; familiares en prisión; violencia o conflictos en la familia; abuso sexual; bajos ingresos; empleo inestable; formación de pareja y procreación a temprana edad". 

Las mujeres presas, señala el estudio, están sentenciadas por delitos contra la salud que cometieron sin violencia, es decir, que vendían droga o la transportaban, casi siempre en bajas cantidades.

"Se trata de mujeres sin antecedentes penales (98.9 por ciento no han sido sentenciadas previamente); 88 por ciento están sentenciadas únicamente por el delito de drogas y el 91.6 por ciento de los casos reporta no haber portado armas", indica el informe. 

Estos indicadores y otros captados por la encuesta, señala el informe, hace evidente que las mujeres han enfrentado condiciones adversas más grandes que los hombres, tanto fuera de prisión como dentro de ella.

"Su nivel educativo es más bajo; la desprotección y la violencia que sufrieron por parte de su familia es más elevada; los empleos a los que tuvieron acceso fueron casi siempre informales y mal retribuidos además de que siendo más jóvenes formaron una pareja y tuvieron más hijos", se resalta en el documento.

"De igual modo, proporcionalmente, las mujeres tienen 10 veces más a su pareja en prisión en comparación con los varones, y sus hijos se encuentran expuestos en mayor medida al abandono".

 

 

LA CADENA PERVERSA DE LA INGRATITUD

Héctor Rodríguez Espinoza

 “El lugar, una conjunto residencial y aristocrático al fresco norte de la ciudad. Un sábado por la noche, mientras el Sr. Licenciado disfrutaba su espectáculo deportivo favorito en televisión, escuchaba a lo lejos un intercambio de frases en la caseta de acceso a la exclusiva Privada. En eso, por el interphone le consultó el celoso vigilante:

- Dispense, Licenciado, pido su autorización para que pase a su casa un anciano señor que insiste mucho en que le urge verlo -. El profesionista, un poco enfadado por la distracción de su fanatismo beisbolero, gritó:

- ¡Jonrónnnn, jonrón de Erubiel, ........! - Luego masculló un indiferente - ¿Un señor como tú o un señor como yo? …Bueno, déjalo pasar, no más que no raspe el Mercedez Benz, ni pise el césped, ni alrededor de la alberca, ¿eh?.... -.

Al rato escuchó el melódico timbre de la puerta, Kaiser (el fino perro pastor alemán) inició sus ladridos de alerta ante gente extraña y el distinguido universitario le dice a su hijo:

- A ver, hijo, abre la puerta y pregúntale que si qué vende, qué quiere, qué pide, lo que sea, para que se vaya pronto, áaandale .... -.

- El chamaco cesa de chatear en Internet, su recámara inundada de la música de los Back Street Boys, abre la puerta y exclama:

- Abuelito, qué gusto, … dady, dady, es mi abuelito, ¿qué le digo.....? -, pregunta, indeciso.

- Pues que pase, mijo, que pase, ... - expresó, pero sin dejar de ver la caja idiota, aunque sí bajándole un poco (un poco, nada más) al volumen, para luego levantarse de su mullido reposet y saludar con un: - ¡quiíubole apá!, ¿y ese milagro?

El anciano, viudo desde hacía mucho tiempo,  sobreviviendo con una pensión de un salario mínimo del Seguro Social, refugiado en su natal Meresiche, con una camiseta deslavada del Colegio Regis que una vez le había regalado su nieto, de aspecto descuidado y joroba pronunciada, con la mirada baja y con toda su timidez a cuestas, logró balbucear:

- ¿Qué tal, hijo, ......

El destacado político le pidió:

- Pero por favor, apá, pásale - le dijo, pero dudando y hurgando sus sucios zapatos y temiendo que, al pasar a la lujosa sala, manchara la alfombra y tela, con el consabido escándalo de su esposa, quien se encontraba en una cena de gala de damas con el candidato a la Presidencia de la República, para ‘pasar la charola’ con $25,000.00 por cabeza, a dos mansiones de la suya.

Como pudo, lo mantuvo a raya en el porche, le ofreció de tomar un vaso de agua de la manguera y, finalmente, le preguntó:

- Y bueno, ¿para que soy bueno, apá ?

El pensionado, mirando a su hijo -por debajo de sus viejos y rajados lentes- con temor reverencial como si se tratara de un extraño, recordó cómo trabajó como redactor de telegramas en Telégrafos de México, incluso ya jubilado, a cambio de modestas propinas, para sostener los estudios universitarios de su hijo, incluso a costa de su matrimonio. Al fin logró sobreponerse a su miedo y le contestó:

- Pues verá, Señor Licenciado ... -, inició su explicación, pero inmediatamente su vástago le aclaró:

- ¡Ay apá, por favor!, háblame de tú, como de chamacos, ... - le pidió, empezándole apenas a caer el veinte de que no estaba dándose ningún proceso de comunicación; de que, realmente, desde hacía muchísimo tiempo que no había comunicación filial, desde su campaña para Regidor del Ayuntamiento, y ya había sido Diputado Local y Federal y Senador de la República y solo estaba esperando la invitación de su Partido para registrarse como candidato a Senador de Minoría o mínimo una Embajada, de consolación, .. -.  

Ya sentado en la silla del porche, el  señor alcanzó a preguntar:

- ¿C... ómo están tu esposa y tus hijos, ...? -.

- Bien, apá, bien, .., el junior en Londres en su Doctorado, Jackeline en el Tec de Monterrey y pues éste, el socoyote, como te gustaba decirme, acaba de llegar de un intercambio de Canadá ... -.

-  ¿Y ...? -, insistió el renombrado político, con cierto dejo de desesperación.

El viejo finalmente se resolvió a exponerle:

-Mira hijo, vengo a ... pedirte ... un favor, ..-, musitó, sin levantar la mirada del lustroso piso de mármol.

- ¡Ah, bueno! -contestó el hijo, y mientras sacaba su chequera le preguntó: - ¿cuánto necesitas? -.

- Sabes, hijo, .. el jacal donde vivía se incendió anoche y .. pues ... no tengo donde vivir... -.

El hijo, con cierta pena pero alivio lo trató de calmar:

- Ya sé, moveré mis influencias para que te admitan en el Asilo de Ancianos, yo he sido patrono muchas veces, espérame un momento, espérameee, ... - dijo el hijo, mientras buscaba en su organizador personal algún número telefónico.

- ¿El asilo ...? - manifestó el padre, con extrañeza y miedo -, ¿el asilo de ancianos...? -.

- Sí, apá, el que está muy cerca de la Universidad, ¿qué más quieres? -, le insistió el abogado, viendo con impaciencia su Rolex.

- ¿N...no habría por aquí un campito para mí?, en el cuarto de servicio, en cualquier rincón me acomodo, seré tu jardinero, lava carros  y mandadero, ... -, se atrevió el viejo a sugerirle.

- No, no lo creo, apá, ... todas las recámaras están apartadas. Además, ya sabes lo especial que es mi esposa. No, definitivamente no lo creo...-, señaló cortante, como cuando reprendía a uno de sus secretarios particulares.

- ¿Ni en el patio ...? -, insistió el padre, casi sollozando y atreviéndose, por primera vez en esa noche, a mirar a su crío a sus ojos.

En un rasgo de condescendencia del hijo, e imaginando la que se le armaría  en el hogar por su decisión, lo calmó:

- Está bien. Te quedarás a vivir en el patio, junto a la casa del kaiser-, resolvió el ilustrado profesionista, mientras le pidió a su hijo, para quien era su ídolo y había escuchado con los ojotes bien abiertos tan interesante conversación:

- Hijito, por favor tráeme una colcha que te sobre de tu recámara -.

El buqui obedeció de inmediato. Abuelo e hijo se quedaron sin tema que platicar. Al buen rato, al ver la tardanza del nieto, su padre fue a apurarlo a su recámara y lo encontró cortando por la mitad con tijera, con sumo cuidado, una lujosa colcha. El padre le preguntó sorprendido:

- Pero, ¿qué haces, hijo?, ¿por qué estás partiendo en dos la colcha, como se te ocurre? -, no dando crédito a lo que veía y moviendo lentamente, en gesto negativo, su cabeza.

El niño, con toda naturalidad, firmeza de convicción por la lección aprendida, le dijo:

- Papá, la estoy cortando en dos partes. Una es de mi abuelo para su tendido en el patio junto al kaiser y la otra es para ti, para cuando estés viejo y me vengas a pedir hospadaje...

Cuando despertó el señor Licenciado, su pesadilla todavía estaba ahí, ... “

 

Arranca juicio popular

En la plazoleta de El Mezón, los pobladores se referían a los detenidos como 'secuestradores'

Ayutla de los Libres,  México (1 febrero 2013).- La Policía comunitaria de la Costa Chica de Guerrero hizo a un lado a las autoridades.

Ayer, este grupo, que proclama defender sus comunidades ante la delincuencia, inició un juicio popular contra 53 personas acusadas de secuestro, narcotráfico y delincuencia organizada, entre otros delitos.

Los detenidos, 49 hombres y 4 mujeres, fueron presentados ante pobladores de Ayutla, quienes se constituyeron en tribunal para conocer las acusaciones en una asamblea que duró cuatro horas.

"Tenemos la instalación formal del primer tribunal popular de los pueblos organizados y la Policía comunitaria", dijo el "Comandante Guerrero", uno de los dirigentes del movimiento de pobladores armados.

De acuerdo con su propia ley, cada una de las personas detenidas será condenada a realizar tareas comunitarias como una forma de castigo y con la finalidad de "reeducarlas".
Dichas penas serán fijadas el próximo 22 de febrero en el Municipio de Tecoanapa, que colinda con el de Ayutla.

En tanto, en Chilpancingo, el Gobernador Ángel Aguirre anunció la creación de una Comisión para la Paz que, dijo, contribuirá a que los detenidos tengan un proceso judicial ordinario.

"A partir de este viernes, que instalemos los trabajos de esta comisión, estará la entrega de los detenidos, quienes deberán ser sometidos a las leyes y a las instituciones debidamente establecidas", afirmó.

Sin embargo, la Policía comunitaria aseguró que mantendrán bajo su resguardo a los presuntos delincuentes.

El sacerdote católico y coordinador pastoral de la zona de la Montaña, Mario Campo, recordó la formación de la primera Policía Comunitaria en el año de 1995 ante el hartazgo de ser víctimas y justificó las acciones de este movimiento.

"Son nuestros nuevos patriotas. No es por dinero, sino por conciencia que estos hombres trabajan para la dignidad de los pueblos", dijo el párroco.

Previo a la presentación de los inculpados, dos personas narraron sus experiencias al ser víctimas de la delincuencia organizada y quienes, posteriormente, se unieron a la autodefensa de sus pueblos.

En la plazoleta de El Mezón, los pobladores no tenían duda y se referían a los detenidos como "secuestradores".

En la primera fila de la asamblea fueron sentados las autoridades de las comunidades, así como del movimiento de autodefensa, detrás de ellos autoridades locales y representantes de organizaciones sociales, como el caso de Tlachinollan.
A los retenidos se les hizo pasar de cinco en cinco en la plaza pública en donde fueron recibidos entre murmullos de la gente.

Los delitos que se les imputan a la mayoría de las personas iban desde el consumo de droga, venta de enervantes, vigías de grupos criminales, violación, cobro de extorsión y secuestro hasta asesinatos e, incluso, enfrentamientos contra fuerzas federales.
A cada uno se les leyeron los delitos de los que se les acusa, así como su lugar de nacimiento, edad, escolaridad y lengua.

En algunos casos, también se comunicó al pueblo los lugares en donde fueron detenidos, como gasolineras, carretera, bares, talleres mecánicos, entre otros lugares, y también el pago que recibían.

Durante la presentación fueron exhibidos la madre, el padre, los hermanos así como la novia de un hombre identificado como "El Cholo", presunto jefe de plaza de un movimiento delictivo, según los comunitarios de Ayutla de Los Libres.

REFORMA informó el 24 de enero sobre el señalado líder, quien tenía dos propiedades en la Colonia Vicente Guerrero, una de ellas usada como bodega para guardar droga, armas y vehículos robados.

El desfile de detenidos comenzó al mediodía, una valla de policías comunitarios con fusiles y capuchas encausaban el paso de los retenidos.

Un hombre con saco, pantalón militar y pasamontaña era el encargado de escoltas a varios de los detenidos.

Los gestos en las caras de los delincuentes denotaban miedo, y a la vez impotencia.

"Este hombre está acusado de ser descuartizador", se escucha en las bocinas, al mismo tiempo en que el imputado de apellido Guerrero Castro lanza una cortada risa.
Los murmullos de la población al escuchar cada delito imputado es un grillar de enojo, pero se contienen.

Este hecho es inédito para los pueblos de los municipios de Tecoanapa y Ayutla de los Libres, pues a través de sus usos y costumbres harán justicia en contra de personas relacionadas con la delincuencia organizada.

La noche del miércoles, el secretario de Gobierno, Humberto Salgado se reunió con autoridades municipales y judiciales, así como con el dirigente de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (Upoeg), Bruno Plácido Valerio, para intentar persuadirlos de no iniciar el juicio.

Y es que aunque para el Gobernador del Estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, no hay un estado de derecho fallido, organizaciones no gubernamentales y colegios de abogados opinan lo contrario debido a este enjuiciamiento ciudadano.

El 22 de febrero se espera la segunda asamblea para continuar con el juicio de las personas, pero ahora en Tecoanapa.

 

Derechos de las personas detenidas por la policía

Miguel Carbonell

http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Derechos_de_las_personas_detenidas_por_la_policia.shtml

 

 

 

 
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