:: Héctor Rodríguez Espinoza ::

El término desarrollo humano hace su aparición en 1990 con el primer informe del PNUD. Llegaba a su fin la llamada década perdida. Los ajustes estructurales y las políticas neoliberales reflejaban una fe inquebrantable en el mercado como creador de riqueza, la cual debería rebalsar desde arriba hacia el conjunto de la sociedad. Esto significaba, en la práctica, el abandono de la preocupación conceptual por el desarrollo, tal como lo habían concebido intelectuales y políticos de las décadas anteriores, sentando las bases de un debate de larga trayectoria en América Latina.

Pensar el desarrollo, elaborar alternativas y opciones de política, y abrir el debate al respecto, suponía que la economía debía estar subordinada a la política; que debía traducirse en políticas de Estado dentro de una visión que fijaba prioridades atendiendo a los equilibrios sociales. Esta premisa fue cuestionada radicalmente con la aparición del neoliberalismo y su aplicación durante la década de los 80. Liberar el mercado de los controles del Estado fue la consigna, y los resultados fueron evidentes en términos del recorte de las políticas sociales con su efecto negativo en los sectores más pobres.

El Desarrollo Humano introdujo un cambio de perspectivas. Cuestionó la noción de desarrollo en tanto restringida a la observación del crecimiento económico y a su medición sólo a través de indicadores como el PNB. Supuso que las necesidades humanas no se agotaban con aquellas que se requieren para garantizar la supervivencia física y material de la población. Y ésta fue la intuición más trascendental, localizada por supuesto en el ámbito extra-económico. En el primer informe, en 1990, se sostiene ya lo medular de la nueva visión: "El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. En principio, estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin embargo, a todos los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas oportunidades esenciales, muchas otras alternativas continuarán siendo inaccesibles. Pero el desarrollo humano no termina allí. Otras oportunidades, altamente valoradas por muchas personas, van desde la libertad política, económica y social, hasta la posibilidad de ser creativo y productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de la garantía de derechos humanos". No hay dudas de que se introduce un tema relativo a la realización humana de dimensiones muy amplias.

El Desarrollo Humano se define por su referencia a los fines, tema que es continuamente explicitado en los siguientes informes. La finalidad del desarrollo es el bienestar de los seres humanos. Pareciera que estamos, en consecuencia, ante una postura más bien filosófica que estrictamente económica. La economía, tal como se la practica en la realidad, pertenece al campo de la racionalidad instrumental, que ordena los medios hacia los fines. Las anteriores teorías del desarrollo e incluso el neoliberalismo de los años 80 diseñaban estrategias que permanecían en el campo económico. No ocurre así con la literatura acerca del desarrollo humano. Por eso es posible sospechar que estamos frente a un principio moral. En efecto, no ofrece ningún modelo para ser aplicado en política. Los informes del PNUD hablarán de áreas prioritarias, de opciones, de temas, de problemas, de desafíos. No proponen ninguna estrategia.

Una somera revisión de los 10 informes mundiales publicados entre 1990 y 1999, revela una apreciable variedad temática. Aparte de problemas recurrentes,- como las disparidades sociales y de género, el empleo, la salud, la educación, la eficacia y eficiencia de las políticas públicas, el gasto, el financiamiento, la cooperación internacional,- se puede apreciar ya en el informe de 1991 una atención especial hacia temas políticos, incluso una propuesta de medición de la libertad humana. En 1992, el tema central es la brecha social y económica entre los países ricos y los pobres; hace su aparición la célebre Copa de Champagne. El tema de 1993 será la importancia de la participación como remedio a la exclusión. La seguridad humana como alternativa a la seguridad de los territorios o los estados será el tema de 1994. El informe de 1995 estará dedicado a la mujer. El de 1996 al debate sobre las relaciones entre crecimiento económico y desarrollo humano. El de 1997 al problema de la pobreza. El de 1998 al consumo y el de 1999 al tema de la mundialización.

No obstante, en este verdadero caleidoscopio de marcos indefinidos, existen intentos de explicitación sobre qué debe ser lo específico del Desarrollo Humano. Por ejemplo, en el informe de 1995 se habla de cuatro elementos centrales: la productividad, la equidad, la sostenibilidad y la potenciación de los actores. Este último elemento pareciera ser privilegiado con posterioridad en el debate social y político. Se puso de moda la palabra "empowerment".

Los autores de los informes han atendido, sin duda, a los problemas más urgentes desde el punto de vista de los desfavorecidos y excluidos del mundo actual. Pero a diferencia de anteriores teóricos del desarrollo, no se han preocupado mayormente de traducir el principio del Desarrollo Humano en un concepto coherente y sistemático. No existe una visión que permita, por ejemplo, relacionar las distintas áreas o temas considerados en los informes, los cuales son de naturaleza económica, social y política. Tampoco existen criterios para establecer jerarquías entre ellos, o proponer cursos de acción que los integre. Esta deficiencia observable en el nivel de la conceptualización hace que, en ocasiones y sobre todo en su uso político, el término de desarrollo humano puede tener las más variadas connotaciones, o bien diluirse en la nada.

Pero aparte de que puedan realizarse en el futuro grandes avances para llegar a un concepto de Desarrollo Humano, es preciso destacar su significado primordial. Los informes del PNUD han puesto sobre el tapete los problemas reales padecidos por los rezagados y excluidos de este mundo; han sido el vehículo de expresión de un pensamiento crítico; sobre todo en unos años en que la caída del socialismo real hacía soñar a muchos con el inicio de la era del progreso y la libertad. Tales informes se han constituido así, en la voz de una conciencia moral de la humanidad. Y esto reviste una importancia que va mucho más allá de la calidad y despliegue técnico de sus análisis. En efecto, el Desarrollo Humano constituye hoy una propuesta de vida en sociedad, un ideal o un proyecto de convivencia. Es una propuesta ofrecida al pensamiento y al debate. Pero sobre todo,- y esto es lo que es preciso recalcar con mayor fuerza,- representa un llamado dirigido a la voluntad humana.

La premisa que subyace a la noción de Desarrollo Humano expresa la convicción de que es posible satisfacer las necesidades humanas, puesto que, como nunca antes en la historia, los seres humanos poseemos un control sobre la naturaleza que lo permite. El mundo puede asegurar una supervivencia digna para todos: un ingreso adecuado y condiciones mínimas de salud y educación (Informe Mundial de 1997). También es posible avanzar en la satisfacción de necesidades vinculadas al ejercicio de la libertad, a los derechos y responsabilidades de participación en la vida social con el protagonismo propio del ciudadano. Pero hay otras necesidades de no menor importancia que han sido menos consideradas, como la necesidad de ser reconocido, de vivir en un espacio de afecto, creatividad, felicidad y desarrollo espiritual. En este terreno surge el tema de la realización humana, especialmente ante el efecto deshumanizante de los actuales patrones de comportamiento económico, incluso entre las clases medias y altas. El Desarrollo Humano anuda en una misma dinámica, el crecimiento económico, la democracia y la subjetividad, dimensiones que en su interacción conforman la cultura.

Llegamos aquí a un punto crucial. El debate sobre el Desarrollo Humano ha proporcionado excelentes análisis, opciones de políticas, recomendaciones a los gobiernos, propuestas de movilización de la sociedad civil, aportes a conferencias mundiales de distinto tipo. Pero se ha quedado en el plano de la definición de "políticas correctas", sin abordar el campo de las condiciones de aplicación y, sobre todo, de los sujetos que las definen, de sus convicciones, de sus reales metas humanas, en síntesis, de su voluntad para ejecutarlas. Lo que ha ido quedando en la sombra, y de lo cual depende su eficacia práctica, es que el desarrollo es un proyecto de construcción humana, una interpelación a la voluntad individual y colectiva. Es, antes que nada, un producto del esfuerzo y del compromiso. Ofrece metas posibles que, luego de ser vislumbradas e incluso técnicamente diseñadas, son ofrecidas a los actores concretos de la sociedad. Ahora bien, tales metas no se convertirán nunca en realidad si ellas no son verdaderamente deseadas, buscadas, aproximadas. Aquí radica lo más "humano" del desarrollo humano. Revela su núcleo esencialmente ético, en tanto llamado a la libertad, a la superación, a la capacidad de discernir y elegir. Esta observación esta cargada de consecuencias.

La reflexión sobre el Desarrollo Humano presenta vacíos explicables en el plano conceptual y técnico que probablemente se irán subsanando en su misma evolución. Sin embargo, es posible que el principal vacío sea de otra naturaleza: el que, hasta ahora, no haya sido inscrito al interior de una filosofía de la acción, de una consideración sobre las motivaciones que orientan las prácticas, que estimulan la sana e indispensable protesta, que guían las luchas y fuerzan al razonamiento y al diálogo. Lo que ha estado realmente ausente en el debate sobre el Desarrollo Humano ha sido un mayor énfasis en su dimensión ética y cultural. Puesto que estará destinado a fracasar como proyecto si no tiene la potencia capaz de despertar y comunicar ilusiones. Por lo tanto, es preciso pasar de las políticas objetivamente correctas al plano de la elaboración de pedagogías personales y sociales.

2. El otro significado del desarrollo humano.

Mucho antes de que el término desarrollo humano apareciera con las connotaciones que preceden y en el campo de las políticas económicas y sociales, hizo su aparición en un contexto bien distinto: en el de la psicología y la antropología. Durante la década de los cuarenta e inmediatamente después del fin de la segunda guerra mundial, el psicoanalista Erich Fromm se refiere al desarrollo humano como al proceso de individuación o despliegue de la personalidad del ser humano.

Para este autor de gran influencia en las décadas posteriores, el ser humano, a diferencia del resto de los animales aprisionados en el espacio de sus instintos, es la única criatura expulsada del paraíso de la naturaleza y obligado a forjarse su propia vida. Inicia el proceso que llamamos cultura. Hasta bastante avanzada la evolución humana, el individuo se mantuvo inmerso dentro de su particular cultura, su comunidad, con sus roles, tradiciones y tabúes que organizaban todos los momentos de su existencia. Con el advenimiento del capitalismo mercantil y con la bendición de los reformados del siglo XVI, comienza el proceso mediante el cual se desatan los vínculos que ligaban al individuo a la tierra, a su señor y a su entorno inmediato. El ser humano es capaz de distanciarse de la comunidad que regía su vida, para convertirse en un individuo. Para bien o para mal, se descubre como libre y responsable de sí mismo.

Los psicoanalistas han visto repetirse este proceso en el curso de cada vida personal. Cada uno de nosotros ha tenido que ir haciéndose como individuo, conquistando su espacio, descubriéndose a sí mismo, sobreponiéndose a la vacilación y al conflicto. Es así como cada uno debemos recorrer un camino inédito y de proyección ilimitada. Y nos vamos convirtiendo en la persona que somos y que queremos ser. Del éxito relativo en este proceso de individuación depende la salud mental. Y para construir su vida personal dispone de esa facultad que llamamos libertad, que en lo esencial es el impulso de ampliación de las capacidades humanas. Esto implica riesgo, y no todos acepten el desafío; el miedo a la libertad lleva a claudicar para refugiarse en el anonimato propio del rebaño.

El desarrollo humano, en este contexto preciso, se lo entiende como el despliegue de la libertad con todas sus consecuencias. Cuando hablamos de "desarrollo personal" nos referimos al desarrollo de facultades humanas, de conocimientos, afectos, percepciones que se desencadenan a partir de opciones entre las que debemos elegir. La ética tiene que ver con la calidad de lo que elegimos.

Lo anterior coincide con una definición de la libertad que proviene del campo filosófico. Obviamente de la libertad positiva, puesto que la negativa no es otra cosa que la ausencia de determinaciones. Liberarse de ciertas determinaciones es, sin duda, un paso que puede ser muy importante para la vida de las personas. Pero la experiencia indica que muy pronto la "libertad de" tiende a desfigurarse si no conduce a una "libertad para". Sucede cuando el desconcierto ante las opciones o la debilidad de la voluntad, dan lugar a una cierta anomia, a la experiencia del sin sentido, a la desintegración. Los ejemplos sobran en la vida política y probablemente también en nuestras experiencias personales. Por ello se puede sostener con todo fundamento que para "llegar a ser libre" es preciso definirse ante ciertas opciones básicas, desde las cuales se va configurando un real proyecto de vida. Y esto implica, por una parte, la lucidez para irlo reconociendo progresivamente y, por otra, la voluntad para emprender el camino y seguir el rumbo.

Liberar y desarrollar al máximo posible las potencialidades y energías del individuo puede ser, también, una buena definición de la felicidad. Sabemos bien que el tema de la felicidad ha estado presente desde las primeras reflexiones filosóficas de la humanidad. Los filósofos griegos se preocuparon desde el principio del tema y Aristóteles lo instaló en el centro de su Etica. Su tratamiento ha sido continuado por la filosofía contemporánea, por ejemplo, en España y América Latina con Fernando Savater. Todo el mundo parece concordar en que el hombre aspira naturalmente a la felicidad, aunque sus contenidos varíen. El filósofo judío Baruch Spinoza sostenía lo mismo al afirmar que el ser humano no era más que un impulso en busca de realización, que esencialmente era un "conatus", un esfuerzo, un intento, una energía.

De lo anterior puede sacarse una primera conclusión. Si bien es importante para cada uno descubrir "lo que yo soy", más lo es desde el punto de vista práctico tener conciencia de "lo que yo quiero ser". De la fuerza de sus aspiraciones y sus deseos depende el porvenir de una persona y de una comunidad. La fidelidad a este "querer" puede ser condición de progreso y camino hacia la felicidad. En esta idea concuerdan diferentes autores inquietos por los temas éticos. Erich Fromm llamó carácter productivo o activo a los rasgos del individuo que persigue el impulso de realización de su propia personalidad. Fernando Savater abunda en la misma línea. Para uno allí está en juego la salud mental; para el otro, la realización del ser humano como ser racional.

El desarrollo humano es, por lo tanto, el despliegue de la autonomía que reside en cada persona de acuerdo a su capacidad. Tal autonomía y dignidad inviolable se encuentra en la base de la declaración de los derechos humanos, que la reconoce en los campos político, económico, social y cultural. En nombre de esta autonomía se condenan diversas formas de totalitarismo que consideran al individuo como un mero engranaje del Estado, o que se traducen en relaciones económicas que hacen de las personas simples piezas para hacer funcionar la economía y garantizar sus equilibrios internos. La compulsión al trabajo o el consumismo, indispensables hoy para que crezca la economía, terminan conculcando la capacidad del individuo para mirarse a sí mismo y relacionarse con sus semejantes. En otras palabras, acaban con la cultura.

Aludimos al tema de la salud mental. Sabemos bien que el gran aporte de Freud al autoconocimiento humano radica en el descubrimiento de fuerzas irracionales e inconscientes que determinan parte de la conducta humana. Para él estas fuerzas eran los impulsos de la libido. La represión de estos impulsos era la causa de la neurosis. Y la salud mental, naturalmente, consistía en la liberación de las trabas que impedían el despliegue de la libido. Pero otras corrientes del psicoanálisis sitúan las fuerzas irracionales del inconsciente en otro lado: por ejemplo, en el sistema de relaciones que el individuo establece con su entorno, con las personas cercanas, con la sociedad, con el mundo. La neurosis proviene, entonces, de las llagas que dejan en el inconsciente las relaciones humanas dañinas o insatisfactorias. El campo de las necesidades del sujeto no se restringe a lo fisiológico, sino que se extiende, y en forma preponderante, hacia el deseo de todo individuo de comunicarse satisfactoriamente con el mundo exterior y particularmente con el círculo humano que lo rodea. Este deseo se expresa en la necesidad que todos experimentamos de pertenecer a un círculo humano, de compartir con otros y ser reconocidos, de conectarse a través de los mismos valores y símbolos. En el fondo, es aquello que llamamos sentido, dar sentido, vivir con sentido y compartir el sentido. Por ello, el arte de vivir puede ser entendido como un arte de amar, una aptitud para establecer relaciones de mutuo reconocimiento y afecto.

Un significado similar puede tener la frase de Savater que dice que "el hombre no puede querer cualquier cosa, sino que quiere de acuerdo a lo que uno es" (Etica como Amor Propio). En toda su extensa obra se percibe un apasionado alegato a favor de la autoafirmación de lo humano, basada en que lo "bueno" o lo "mejor" debe ser entendido como lo mejor para el hombre concreto, para su felicidad. Pero esta autoafirmación de lo humano, que tiene lugar en el individuo y no en lo humano en general, no es un equivalente del solipsismo o del egocentrismo, es decir, del repliegue del individuo sobre sí mismo. Cuando Savater, a la siga de la tradición filosófica de la humanidad, instala a la libertad como el principio o valor central de la ética, es plenamente consciente de emitir un juicio universal, que vale para todo ser humano. El reconocimiento de la libertad del individuo en cuanto tal, implica el reconocimiento del "otro" en cuanto otro. La autoafirmación del sujeto se da principalmente en la intersubjetividad. Crea el campo de la comunicación humana.

El sentido filosófico del término desarrollo humano tiene una historia más antigua que el uso que de él se ha hecho a partir de los informes del PNUD. Pero no remiten a realidades totalmente ajenas. Basta recordar que la definición más frecuente de desarrollo humano en el contexto del PNUD apunta a la ampliación de las oportunidades humanas. Parece bastante obvio que el desarrollo de la persona, o la autorealización individual, debe tener algo que ver con los propósitos de construir una sociedad que supere la pobreza, que otorgue similares oportunidades a todos, que promueva la libertad, la participación y los derechos humanos.

La búsqueda natural de la felicidad, del sentido, de la potencialidad humana, puede ser considerada como la energía que inyecta eficacia real a la construcción del desarrollo humano en sus aspectos socioeconómicos. Se ha dicho en muchas ocasiones que el subdesarrollo padecido por nuestros pueblos es un problema mental. Hoy se diría más bien que es un problema espiritual, si por ello entendemos un terreno en el que se conjugan el pensamiento lúcido con las aspiraciones, deseos y afectos; el lugar en que convergen la razón abstracta y la razón práctica. Por ello es plenamente cierto lo que se viene afirmando con fuerza creciente, que es desde la cultura, de las experiencias vividas y pensadas, desde donde pueden surgir las iniciativas más potentes de progreso y desarrollo. Los dirigentes políticos y todos los actores sociales en general no se comprometerán nunca en su lucha contra el subdesarrollo, si no ven en ésta una dimensión fundamental de su realización personal. La política tiene como función primordial la de abrir cauces a las demandas y aspiraciones de las personas. Si un dirigente político se ha extraviado en la búsqueda de lo humano, porque persigue el dinero, el poder o su sólo prestigio, no tendrá sensibilidad para captar en su profundidad la voz de la sociedad.

Una gran tarea que nos espera es la de articular en un pensamiento homogéneo dimensiones distintas, como son la aproximación socioeconómica y política del desarrollo humano, con su aproximación subjetiva o existencial. Uno de los dramas de la sociedad actual es que muchas personas sensibles y conscientes emprenden caminos de autodesarrollo personal y espiritual, desconectándose totalmente del mundo exterior. Mientras otros, igualmente bien intencionados, ponen toda su confianza en las técnicas de gestión económica y de conducción política y ven en el humanismo y la cultura algo accesorio o privado. Esta disociación tan corriente revela la fragilidad de un concepto de desarrollo humano que no es capaz de integrar el hombre interior y el mundo exterior. Mantener unidas ambas dimensiones es la clave del desarrollo humano, así como la tarea primordial de una educación hacia ello orientada.

3. Desarrollo humano en un contexto inhumano.

El desarrollo humano en su sentido pleno está llamado a implementarse en un contexto macrosocial extremadamente complejo, que afecta tanto la existencia personal como la vida social. Es un marco económico, social, político y cultural que ha sufrido transformaciones profundas como consecuencia de la globalización de la economía y de las comunicaciones. En este apartado nos referiremos a ciertos procesos que hoy afectan seriamente la vida de las personas y los pueblos. Son procesos bastante conocidos en su generalidad. Aquí solamente mencionaremos algunos que estimamos de gran trascendencia, intentando mostrar cómo en su conjunto dan cuenta de la complejidad del desafío del desarrollo humano en el mundo actual.

a) El reino del mercado a escala mundial. El funcionamiento del mercado y del mundo de las finanzas en un solo espacio mundial ha dado como resultado un fenómeno inédito de concentración de la riqueza, del poder y del conocimiento. Las condiciones de vida de amplias mayorías se distancian progresivamente de la minoría privilegiada. Es el resultado de la aplicación simple y descarnada de la lógica del mercado. Los estados nacionales y el mundo de la política pierden capacidad de control y regulación de la economía. Se ven sobrepasados por poderes fácticos que se vuelven cada vez más autónomos y capaces de condicionar las políticas de los gobiernos. Este fenómeno se observa tanto en el plano internacional como, con desigual gravedad, en el nacional

b) La precariedad del trabajo. Si el mercado se lo considera como dispensador omnipotente de la riqueza y el bienestar, lo lógico será suprimir sus regulaciones, es decir, volverlo independiente de los factores extraeconómicos, sean éstos de carácter social, político o cultural. Esta desregulación ha afectado severamente al mundo del trabajo. Además, las transformaciones tecnológicas van haciendo del trabajo humano un factor cada vez más prescindible. El empleo se vuelve inestable y precario. Los salarios decaen relativamente, las organizaciones laborales pierden fuerza, se incrementa el trabajo informal, el trabajador se ve forzado a multiplicarse para satisfacer las necesidades familiares, la mujer y los hijos deben complementar el salario. Pero aparte de estas consecuencias económicas y sociales, hay otras de carácter cultural que no son menos importantes. Por una parte, la mayor exigencia impuesta a aquel que está obligado a ganarse la vida, provoca a menudo stress, agotamiento y mal humor, con graves consecuencias para la vida familiar. Por otra parte, la dignidad del trabajador sufre gran menoscabo; el trabajo tiende a perder el valor de que gozaba en la sociedad industrial y en las tradicionales. El trabajo confería identidad y reconocimiento social, otorgaba un sitio y una función en la vida de la comunidad. Por ello era considerado como uno importante factor de integración social.

c) La mujer y la desarticulación de la familia. La incorporación de la mujer al trabajo es saludada como un paso hacia su liberación. Así ocurre en los sectores altos y medios. Sin embargo, en los medios populares la mujer sigue siendo el sostén de la vida familiar y no cuenta con muchas opciones en términos del rol que debe desempeñar en la sociedad. Se multiplican las mujeres jefas de hogar. La pobreza las afecta más intensamente. Por otra parte, se mantienen sujetas y subordinadas a patrones culturales de una sociedad patriarcal, encarnados en sus maridos e hijos varones. Son las víctimas más frecuentes de la violencia doméstica, laboral y vecinal. Son también discriminadas en el trabajo. Al mismo tiempo, y puesto que son las experimentan más intensamente los rigores de la vida cotidiana, muchas veces son ellas las que asumen diversas responsabilidades comunitarias. La inexistencia o prolongada ausencia del padre de familia tiene efectos negativos bien conocidos en los niños y los jóvenes. La familia, en suma, deja de ser ese espacio teóricamente reconocido de aprendizaje de valores y hábitos de convivencia.

e) La ciudad. La estructura y conformación de las grandes ciudades latinoamericanas agudizan problemas como los expuestos y agregan otros nuevos. Es muchas veces un símbolo del desencuentro entre los ciudadanos, sobre todo cuando la ciudad entera se subordina al automóvil particular y sus requerimientos de carreteras y estacionamientos. Los trabajadores y los estudiantes gastan horas para acudir a su trabajo. Los ricos habitan paraísos bien custodiados, mientras que las mayorías pobres se recluyen en barrios que a veces se convierten en verdaderos guetos. La delincuencia es percibida actualmente como el principal problema; obliga a los habitantes a refugiarse tras las rejas de su casa, en la vida privada, con lo cual se pierde el sentido del espacio público. El desencuentro o incluso la hostilidad hacia el otro, propio de los grandes conglomerados urbanos, conspiran para que el habitante se constituya en ciudadano. f) La exclusión del diferente. La lógica del mercado penetra progresivamente en las relaciones humanas. El individuo se ve compelido a insertarse en un mundo competitivo, a tener éxito y destacarse. Los valores preponderantes vienen a ser la especialización, la eficiencia, el dominio de la tecnología y las comunicaciones. Se conforma así una sociedad que exige éxito y liderazgo, que obliga a sobresalir frente a los demás. No obstante, y sin menospreciar los valores de desarrollo personal que pueden subyacer a las exigencias de una sociedad competitiva, el énfasis en ellos hacer perder de vista a sectores rezagados e incluso a otros que expresan ciertas convicciones que los llevan a ser diferentes. Estos sectores no son escasos, valorizan más el afecto, la relación humana, la armonía con la naturaleza, las tradiciones; prefieren disfrutar antes que autoexigirse para producir y consumir cada vez más. Esta resistencia a una racionalidad modernizadora y competitiva se observa en diversos círculos y se expresa en la literatura, el teatro, el cine y la canción. La adoptan grupos de mujeres, y de jóvenes. Pero se traduce también en movimientos sociales de importancia creciente: por ejemplo, en los grupos ecologistas y, sobre todo, en las reivindicaciones de los pueblos originarios. La exigencia de que los pueblos y los seres humanos sean respetados en sus opciones y diferencias, además de constituir una demanda humanista y ética insoslayable, expresa una crítica a la sociedad unidimensional que tiende a ser asociada simplemente a la modernización.

El panorama que se acaba de esbozar ofrece elementos para apreciar las dimensiones del desafío del desarrollo humano. En efecto, los seres humanos reales viven su existencia en el marco de las posibilidades y limitaciones que les ofrece el lugar que ocupan en la sociedad actual. Allí se expresa la contradicción, vivida antes de ser pensada, entre el deseo o la aspiración a una vida digna y la estructura de una sociedad que limita y constriñe. Alain Touraine es posiblemente el autor que la desarrolla con mayor radicalidad. Interpreta esta contradicción como resultante del desajuste entre la racionalidad de un mundo actual,- abierto, universal, tecnificado y competitivo,- y la cultura, en tanto espacio de comunicación humana, de encuentro gratificante entre personas en espacios comunes, necesariamente restringidos.

El mundo de la racionalidad instrumental, de la economía globalizada, de la ciencia aplicada, la tecnología, el trabajo y el consumo, ofrece oportunidades de innegable valor. La globalización es una realidad que no resiste marcha atrás, sino que abre el futuro a rumbos nuevos. Su crítica desde el punto de vista humano denuncia en primer lugar su carácter excluyente, pues en principio todo el mundo debería tener acceso al mundo del conocimiento, de la tecnología, del mercado, del trabajo calificado. Pero aparte de lo quimérico que ello puede parecer, el dominio de esta racionalidad conservará siempre su carácter "instrumental", es decir, no constituirá nunca una finalidad en sí misma. Ello debido a la complejidad propia del mundo humano y de la espesa trama que entrelaza lo material con lo espiritual y se expresa como cultura. Hoy cunde un cierto malestar, expresado de distintas formas, especialmente entre los jóvenes, basado en la negativa a aceptar un destino que parece implacable, el de convertirse en pieza del engranaje que hace funcionar la economía. Todo trabajador, incluso si se ha insertado en la economía moderna a través de un empleo calificado, expresa otras aspiraciones. Necesita un mundo de referencias compartidas, que le otorgue identidad, en el que se sienta reconocido y valorado. La sola racionalidad instrumental no es capaz de satisfacer necesidades humanas profundas. Ello explica el retorno a nuevos particularismos excluyentes, de carácter étnico, religioso, comunitario o grupal. Es un fenómeno que se observa en los niveles mundial y nacional, en los países industrializados y los subdesarrollados. Obedecen al efecto desintegrador de la llamada aldea global y su incapacidad para otorgar sentido y crear cultura. La reclusión del individuo al círculo más inmediato de una identidad compartida como refugio ante el anonimato globalizado, tiende a traducirse en sectarismo y violencia. Ocurra en el mundo islámico o en la pandilla del barrio marginal, el germen de la violencia se origina en la incapacidad para reconocer al otro como diferente y portador de los mismos derechos. La negativa ante el otro puede conducir a nuevos totalitarismos o a fragmentaciones de una misma sociedad.

4. La apuesta por el sujeto humano.

Si el análisis anterior es correcto, deberíamos concluir en que el gran desafío del desarrollo humano radica en hacerse cargo, conceptualmente, de la contradicción real que atraviesa nuestras sociedades, la que opone la racionalidad instrumental a la existencia vivida, o bien, la economía a la cultura. Este es el dilema de fondo que atenta contra la realización de las personas y, por lo tanto, contra las posibilidades de avanzar hacia una vida social armónica. Y éstos son justamente los objetivos finales o principios rectores de un desarrollo que sea humano.

La solución no puede consistir en el fortalecimiento unilateral de uno de los polos de la contradicción. El sueño tecnocrático puede empeñarse en una inserción de todos los seres humanos a la economía y tecnología moderna; pero aparte de lo fantasioso que podría resultar, no lograría responder a la necesidad humana de identidad, de comunicación y sentido. El sueño comunitario, a la inversa, puede inspirar anhelos de retorno a la identidad y la tradición; pero no repararía en el derecho de toda persona y todo pueblo a la universalidad y el progreso, a acceder a un trabajo calificado, a poseer conocimientos, a mejorar sus condiciones materiales de vida.

El pesimismo ante las alternativas de políticas que pudiesen resolver este dilema, así como la conciencia de la gravedad que reviste, ha llevado a Alain Touraine, a proponer una salida poco esperable de parte de un sociólogo. El sostiene que el camino que conduce a su superación es el fortalecimiento de las personas en su condición de sujetos. Dice textualmente: "...el único lugar en que puede efectuarse la combinación de la instrumentalidad y la identidad, de lo técnico y lo simbólico, es el proyecto de vida personal, para que la existencia no se reduzca a una experiencia caleidoscópica, a un conjunto discontinuo de respuestas a los estímulos del entorno social. Este proyecto es un esfuerzo para resistirse al desgarramiento de la personalidad y para movilizar una personalidad y una cultura en actividades técnicas y económicas, de manera que la serie de situaciones vividas forme una historia de vida individual y no una serie incoherente de acontecimientos. ... Ese esfuerzo por ser un actor es lo que denomino Sujeto. ... El Sujeto no tiene otro contenido que la producción de sí mismo." (¿Podremos vivir juntos?)

Lo dice uno de los sociólogos contemporáneos de mayor prestigio. El punto de partida es la valorización de lo individual y personal. En las condiciones actuales, sólo el reconocimiento de la dignidad de la vida personal puede conducir a una percepción de la vida social como armónica. En efecto, el individuo se convierte realmente en sujeto, sólo en la medida en que es capaz de reconocer al otro también como sujeto, que comparte la misma condición y se ve igualmente compelido a combinar una vida, memoria y relaciones personales con un "proyecto instrumental". Algo similar había sostenido años antes el teólogo avecindado en Brasil, José Comblin. Al constatar el grado a que llegaba la desintegración del mundo de los excluidos en una gran ciudad como Sao Paulo, concluía en que ni el gobierno, ni los partidos políticos, ni los sindicatos, ni la religión, podían producir el cambio. Este debería comenzar sólo si, desde abajo, se realizaba un gran esfuerzo para reconstruir las relaciones humanas.

En suma, la posibilidad de cambio depende de la fuerza de la relación humana. Esta afirmación está preñada de consecuencias. Presupone que es posible un reconocimiento entre sujetos que comparten situaciones comunes, que padecen las mismas frustraciones, que se descubren como capaces de levantarse, de protestar y reivindicar desde sus condiciones particulares de existencia. Al construirse una genuina relación entre sujetos, al comunicarse, recuperan su identidad y aspiran en conjunto a acceder a un progreso que les ha sido ajeno. Emerge así el núcleo de un movimiento social. Este movimiento expresa siempre la protesta y la demanda de los rezagados. Surge desde los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, los pueblos originarios, los ecologistas.

Pero contrariamente a lo que ocurrió con movimientos políticos del pasado, los actuales movimientos no proponen un nuevo orden para la sociedad. Por eso no son movimientos políticos, ni deberían subordinarse a partidos o intereses políticos, por legítimos que éstos sean. Su reivindicación es eminentemente ética, es decir, humana. Reclaman para su sector el cumplimiento de ciertos derechos, pero sólo con la fuerza que tiene la afirmación de la vida real, exigiendo de todos el ejercicio de la libertad para humanizarla. Desde esta postura pueden proyectarse sin reservas hacia el campo político. Lo hacen desde el momento en que elevan una exigencia hacia el conjunto de la sociedad. Le recuerdan el ideario que dio comienzo a la modernidad y a la democracia: los valores de libertad, de igualdad y de solidaridad.

En esto reside la universalidad de todo movimiento social. Por ello mismo, su eficacia dependerá de la resistencia que oponga a las tentaciones de exclusivismos y particularismos. Y para resistir debe fijarse un rumbo que combine, por una parte, el reclamo de la identidad y la cultura propia, y por otra, ciertos derechos universalmente reconocidos de bienestar y oportunidades materiales y culturales. Por lo tanto:

- los movimientos de las mujeres caminarán hacia el fracaso si se agotan en lo femenino y no buscan la integración en el mundo de la diversidad, de varones y mujeres, diferentes pero igualados en las oportunidades;

- los movimientos indígenas estarán destinados a la decadencia si se reducen al reclamo de sus tradiciones y cultura y no luchan por el acceso, en igualdad de condiciones, al mundo del conocimiento, de la tecnología, del trabajo calificado;

- los movimientos ecologistas terminarán siendo una curiosidad o una extravagancia si, por conservar la naturaleza en su estado virginal, olvidan que es el habitat y fuente de sustento de 10 mil millones de seres humanos;

- los movimientos juveniles no tendrán ninguna incidencia social si, por recluirse en el propio sentimiento de frustración, no interrogan al mundo de los adultos, a la política, a la economía.

En suma, la fuerza de los movimientos sociales radica en el carácter legítimo y universal de sus demandas. Conscientes de esta fuerza, pueden inducir a los poderes públicos y fácticos, a los dirigentes políticos y sociales, es decir, a los administradores del orden que los margina, a sostener un intercambio y un diálogo. Al hacerlo estarán abriendo nuevos espacios democráticos

Al subrayar el carácter no político del movimiento, se pretende destacar su independencia de las ideologías o sistemas de ordenamiento social. El proceso de desintegración expuesto más arriba en sus rasgos generales ha terminado por desvirtuar la política. La economía globalizada se independiza progresivamente de ella y de los estados nacionales. Los gobiernos son incapaces de garantizar derechos básicos y la lógica del mercado atenta contra las identidades y las culturas. La política asume el rol de garante del funcionamiento de una economía regida por poderes invisibles. Los partidos se convierten en empresas electorales de credibilidad decreciente ante el hombre de la calle. En principio, la política debería elaborar propuestas de organización de la sociedad. Pero no se advierten tales señales.

En un plano más sociológico, las teorías clásicas reflejaron de alguna manera las concepciones contractualistas y positivistas de la Ilustración. Privilegiaron una visión de totalidad dentro de la cual se explicaban las conductas grupales e individuales. El pensamiento partía del orden, del sistema, para luego deducir los roles y funciones; o bien procedía desde los modos de producción para definir luego las clases sociales. Estas teorías pretendían explicar el acontecer recurriendo a factores de carácter social. Por eso menospreciaron siempre el papel de la acción humana, del sujeto y la conciencia. Ahora los diversos tipos de funcionalismo o estructuralismo son incapaces de explicar los procesos de desintegración vividos por nuestras sociedades. Parece entonces preferible acudir a concepciones sociológicas distintas, a aquellas que se interesan más por la eficacia de la acción social, por el obrar del sujeto humano, por lo experimentado en la conciencia y la cultura.

Desde otro punto de vista, la ineficacia de la política aunada a la omnipotencia de le economía, conducen a volver la vista hacia los actores sociales reales que pueden ser portadores del cambio. Estos provienen de la sociedad civil, es decir, de la mayoría excluida del poder. De diversos horizontes han surgido voces que, escépticas sobre la posibilidad de cambios venidos desde el poder, postulan la necesidad de potenciar (empowerment) a los actores sociales. Importantes organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales privilegian esta forma de acción social. Ella puede contribuir, además, a renovar la política misma, en la medida en que las demandas éticamente fundadas pueden obligar al sistema político y jurídico a abrir espacios de expresión y de acción de los sujetos.

En conclusión, y volviendo a la preocupación que nos guía desde el comienzo, como es la de escudriñar los caminos desarrollo humano, podría sostenerse que su desafío primordial es el de favorecer todo tránsito hacia la personalización de los individuos, que los haga capaces de procesar su propia experiencia, canalizar su desencanto, descubrir al otro que camina a su lado, y emprender la lucha por la dignidad y la igualdad. Este proceso transcurre necesariamente en la conciencia individual, se proyecta hacia la vida social como reclamo ético fundado en derechos fundamentales y por eso humanos. Desde estos derechos, los sujetos pueden proceder a interrogar a los poderes reales sobre las políticas capaces de promoverlos, sobre el sistema jurídico que los garantice y sobre el tipo de economía que los respete. Tal como se dijo más arriba, el desarrollo humano podría significar, entonces, concretamente, aquel despliegue que, desde el hombre interior, se traduce en una acción transformadora del mundo exterior.

Se abre otra propuesta para abordar los temas del desarrollo humano. Es partir de la situación de los sujetos reales, de sus condiciones de vida y su cultura, y de los movimientos sociales más relevantes, que son animados por aspiraciones profundamente humanas y por exigencias de carácter ético. Se ha considerado más arriba el caso de los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, los indígenas y los ecologistas. Desde su propia realidad de vida y desde sus demandas, es posible interrogar al debate económico de la actualidad, a las políticas sociales, a la misma práctica política, a los patrones impuestos por la industria cultural. Un concepto de desarrollo humano que parte de la cultura, de los valores, de las aspiraciones de las personas y movimientos sociales, puede tener la capacidad para integrar las dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales del principio del desarrollo humano.

5. Una Cátedra Latinoamericana de Desarrollo Humano.

El tema del desarrollo humano interroga a la conciencia nacional, latinoamericana y mundial. Invita a una reflexión que debe ampliarse y profundizarse en los distintos espacios de la sociedad. Con este propósito ha surgido la iniciativa de crear una Cátedra Latinoamericana de Desarrollo Humano, con sede en la Ciudad del Saber, en Panamá, como instancia académica articulada al quehacer de las universidades latinoamericanas que decidan asociarse a ella. La Ciudad del Saber es un espacio privilegiado de encuentro entre académicos de todo el mundo que, simbólicamente, se asienta en las instalaciones que dejó el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, al revertir a la soberanía panameña los territorios que antes constituían la Zona del Canal de propiedad norteamericana.

Cuando la Ciudad del Saber decidió crear esta Cátedra, dos importantes redes de universidades de la región decidieron asociarse a ella: el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), que reúne a 16 universidades nacionales de Centroamérica, y la Red de Universidades Regionales Latinoamericana (UREL), que agrupa a 80 universidades de provincia de toda América Latina. Su objetivo central es introducir en las universidades el tema del desarrollo humano, puesto que ellas constituyen el ámbito de formación de los profesionales y clases dirigentes de nuestros países; y desde la universidad abrir el debate a toda la sociedad. La Cátedra realizara funciones de investigación, docencia y difusión que se proyecten a las universidades asociadas. Concretamente, deberá reunir los documentos significativos elaborados en toda América Latina que traten los problemas de desarrollo humano. Luego procesará esos documentos para ofrecerlos como materia prima de talleres y seminarios. En la sede de la Cátedra se convocará a los más influyentes especialistas y personalidades de la región a debatir sobre los temas seleccionados, lo que dará origen a publicaciones de alto nivel. Los talleres y seminarios de la Cátedra serán replicados en las universidades asociadas.

La Cátedra pondrá especial énfasis en hacerse presente en dos áreas de la actividad universitaria, aquellas que por su naturaleza propia están llamadas a tener mayor impacto en la formación ciudadana y la opinión pública. Estas son: las facultades de educación y las escuelas de periodismo y comunicación social. Para ello se pretende establecer contactos con las redes regionales que las agrupan. Por ejemplo, ya existen conversaciones con la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación (FELAFACS) que contempla articular sus unidades académicas a las actividades de la Cátedra.

El principal problema que tuvo que abordar el diseño de la Cátedra fue la delimitación del tema o los temas que deberían constituir su objeto de estudio. Lo dicho más arriba sobre los problemas de conceptualización del desarrollo humano explica, las dificultades que se enfrentan a la hora de definirlo de un modo operacional, habida cuenta de sus dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales. La decisión que se tomó fue no partir de las áreas del conocimiento (economía, sociología, ciencia política, filosofía), sino hacerlo de los problemas más urgentes que enfrentan los seres humanos concretos y que ponen en juego el principio del desarrollo humano. Estos problemas son los cinco siguientes:

- El Trabajo, como mecanismo central de incorporación a la sociedad;

- La Mujer y su lucha por la igualdad y dignidad,

- La Juventud, sector discriminado y expresión de la crisis de sentido:

- Las Etnias y Culturas con su derecho a la igualdad y a la diferencia;

- El Medio Ambiente y la lucha por una relación armónica y sostenible con la naturaleza..

En concordancia con lo que se ha sostenido más arriba, el trabajo de la Cátedra estará centrado en los sujetos o movimientos sociales de mayor relevancia y proyección para la construcción de la sociedad más humana del futuro. Por ello, se invitará a dirigentes de estos movimientos a participar en los foros, talleres y seminarios de la Cátedra. Desde su visión y el encuentro con especialistas de temas afines, se podrá interrogar a las políticas económicas, las políticas sociales, las políticas culturales y a la actividad política misma.

Al introducir estos temas en la universidad, se pretende abordarlos teniendo en cuenta, tanto una fidelidad a la realidad, los problemas concretos y las experiencias de los actores y movimientos, como una mirada a los valores que inspiran las soluciones. Los temas de la ética estarán en el corazón del análisis, aparte de los seminarios que se organizarán para tratarlos en sí mismos.

Se espera que a la reflexión que se pondrá en marcha desde la Cátedra se sumen todas las personas y organismos que se preocupen de los temas que se someterán a debate. Serán especialmente invitados los centros que se ocupan de las áreas que serán privilegiadas: la educación y las comunicaciones sociales.

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Ley contra la pobreza MEXICO

Rubén Martín

5-Feb-04

A partir de este año entró en vigor una ley de responsabilidades patrimoniales, mecanismo legal mediante el cual los ciudadanos pueden demandar al gobierno de cualquier escala por daños a los bienes personales por acciones u omisiones cuya responsabilidad sea atribuible a los gobiernos. Enhorabuena. Ahora muchos ciudadanos van a hacer uso de este instrumento.

Pero, ¿qué ocurriría si los gobiernos pudieran ser demandados por incumplir sus responsabilidades para con los pobres? ¿qué ocurriría si una comunidad demandara al gobierno estatal por no garantizar el acceso a la educación pública o brindar seguridad social para todos los habitantes de un poblado? Bueno, pues con la novedad que ya existe esta ley.

Esta ley pasó desapercibida, pues una parte importante de los medios en México estábamos entretenidos en reseñar las andanzas de Marta Sahagún o con el sueldo del chofer de Andrés Manuel López Obrador.

La Ley General del Desarrollo Social fue aprobada el pasado 9 de diciembre por el Congreso de la Unión, el presidente Fox la publicó el 19 de enero de este año y desde el 20 de enero es una ley vigente en todo el país. (Se puede consultar completa en la siguiente página: www.gobernacion.gob.mx/dof/2004/enero/dof_20-01-2004.pdf)

A partir de ahora los estados de la república y los municipios deberán adoptar esta regulación como eje para su política social y dar a conocer un programa de desarrollo social anual. No son las únicas vinculaciones que la nueva ley ordena a gobiernos estatales y municipales.

La ley señala que su objeto es “garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social”. ¿Cuáles son estos derechos? El artículo 6 los detalla: “Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución”.

El artículo siguiente indica que toda persona tiene derecho a participar y beneficiarse del desarrollo social. No sólo eso, la iniciativa tiene un marcado énfasis compensatorio para quienes menos tienen. “Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja” (artículo 7).

Con base en estos propósitos, la Ley General del Desarrollo Social señala que el país debe contar con una política nacional, que se guiará mediante un sistema nacional de desarrollo social.

La política de desarrollo social debe “propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social”, además debe “promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución”.

Quien quiera verlo de otro modo, la ley en cuestión ofrece bases jurídicas para cuestionar el actual modelo económico regido casi exclusivamente por el mercado.

¿Por qué una ley del desarrollo social cuando ya están garantizados estos derechos en la Constitución? Porque ahora, como ocurre con una buena parte de las leyes, el derecho a la educación, la salud, el empleo y salario suficiente, la vivienda, etcétera son letra muerta.

Por supuesto que la simple expedición de una ley no asegura que los excluidos del desarrollo en el país van a satisfacer mágicamente sus necesidades, pero ahora quedará el recurso de que se puede pelear legalmente por lo que les corresponde.

Ahora por ley, el gobierno federal, los de los estados y los municipios tienen la obligación de atender a la zonas de atención prioritarias, que son definidas como “áreas o regiones cuya población registra índices de pobreza o marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social”.

Como ya se dijo, una ley no resolverá la pobreza, pero ahora los marginados del país tienen recursos jurídicos para exigir lo que les corresponde del gasto público. Además de la denuncia popular que ya se señaló, la Ley General del Desarrollo Social concede a los ciudadanos derechos para vigilar el cumplimiento de las metas de los programas de desarrollo social y los recursos que se destinen a este fin mediante las contralorías sociales.

Los méritos de esta ley podrían entenderse mejor si se mira el panorama social del país y de Jalisco en conjunto. El modelo de desarrollo es un fracaso. No puede calificarse de otro modo un sistema económico y político que tiene a 54 millones de mexicanos en la pobreza, de los cuales 23 millones ni siquiera tienen ingresos para alimentarse como es debido.

Jalisco tiene indicadores semejantes o peores que el resto del país, pero es aún más contradictorio tratándose de un estado que es la cuarta economía del país, pero que tiene a sus habitantes en décimo cuarto lugar del desarrollo humano. En la entidad hay 2.6 millones de personas en la pobreza, de las cuales 951,411 viven en pobreza extrema. A pesar del tamaño del problema, por ahora los gobiernos federal y estatal dedican migajas a combatir la marginación. En 2002 se destinaron apenas 40 centavos diarios para cada persona considerada en situación de pobreza. Ahora, según la nueva ley, el gobierno estatal y los municipales deberán reorientar el gasto público hacia los jaliscienses que más lo necesitan. La Ley General del Desarrollo Social ordena cambios en el corto plazo, esperamos que los gobiernos de Jalisco hagan su tarea.

ECONOMIA MORAL/ Julio Boltvinik

La economía moral es convocada a existir como resistencia a la economía del "libre mercado": el alza del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda de pan, pero no resuelve el hambre de la gente

Génesis de la Ley de Desarrollo Social

Seis iniciativas de tres partidos

Diversidad ideológica y de contenido en las iniciativas

LA LEY GENERAL DE Desarrollo Social (LGDS), promulgada el 20 de enero pasado, tiene una historia que conviene reconstruir a grandes rasgos, lo que nos permitirá entender mejor las características del resultado final. Mientras en el gobierno de Zedillo no hubo voluntad política para promulgar una LGDS, la situación cambió en el de Fox. La secretaria de desarrollo social, Josefina Vázquez Mota, expresó en múltiples ocasiones la necesidad de crearla, mientras las tres principales fuerzas del Congreso de la Unión presentaron iniciativas de LGDS. El cambio más drástico es el de Acción Nacional, partido que se negó, durante la 57 Legislatura (1997-2000), cuando era oposición, a legislar en la materia, argumentando que la Constitución no faculta al Congreso de la Unión para hacerlo. Una vez convertido en el partido en el poder, sin embargo, el PAN presentó dos iniciativas de ley, una en cada cámara, durante la 58 legislatura (2000-2003), sin proponer una modificación constitucional previa. Esto muestra que los argumentos jurídicos suelen ser pretextos para no hacer lo que no se quiere hacer, sin expresar los verdaderos motivos para ello. El PRI y el gobierno federal también resistieron la LGDS, durante la legislatura pasada.

EL UNICO PARTIDO QUE siempre la impulsó fue el PRD. Al final de la legislatura anterior, Clara Brugada, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, presentó la primera iniciativa de LGDS en la Cámara de Diputados. El gobierno federal nunca presentó ninguna. En total hubo seis iniciativas de LGDS (una en la 57 Legislatura y cinco en la actual). Tres fueron del PRD (la de Brugada, la de la senadora Leticia Burgos y la del diputado Daniel Esteban Martínez), dos del PAN (una en cada cámara) y una del PRI (presentada en la Cámara de Diputados), cuyo arquitecto fue el senador Carlos Rojas (ex secretario de Desarrollo Social). La iniciativa de Burgos era similar a la de Brugada. Las demás eran muy diferentes.

LA LECTURA DE LAS EXPOSICIONES de motivos de las diferentes iniciativas muestra que los autores partieron de planteamientos ideológicos y concepciones sociales diversas, en ocasiones opuestas, que los llevan a identificar problemas distintos y, por tanto, a iniciativas de LGDS muy diferentes. En general, mientras las iniciativas del PRD postulaban un papel importante para el Estado, las del PAN partían de las tesis de la subsidiariedad del Estado derivadas del pensamiento social cristiano y del neoliberalismo. Mientras las primeras se fundamentaban en los derechos sociales, las segundas se apoyaban en "la dignidad del ser humano y su capacidad y responsabilidad para salir adelante". La del PRI era absolutamente pragmática.

LA INICIATIVA DE LA SENADORA Burgos es la única que presentaba, en la exposición de motivos, un esbozo de diagnóstico sobre la situación social del país. Según este texto, el cambio estructural instrumentado en las dos últimas décadas transfirió al mercado la intervención como agente económico directo del Estado y "tiende igualmente a transferir paulatinamente algunas de sus responsabilidades sociales hacia los agentes privados, sin por ello perder todavía su carácter clientelar-corporativo". De éste y otros argumentos concluye que "requerimos de una política social que conduzca el Estado y no el mercado". Esta iniciativa regulaba detenidamente la asignación de las aportaciones federales, y avanzaba en la exigibilidad de los derechos sociales, coordinación intersectorial e intergubernamental, definición y medición de la pobreza, evaluación de la política y programas sociales, fomento de la economía popular.

LAS INICIATIVAS DEL PRI Y del PRD (no las de Acción Nacional) expresaban de manera concreta la necesidad de evitar la subordinación de la política social a la política económica. Lo hacían incluyendo en la ley lo que se pueden denominar candados a las asignaciones presupuestarias. Por ejemplo, la iniciativa priísta establecía que para disminuir el presupuesto de los programas sociales se necesitaría la autorización de la Cámara de Diputados. También establecía que el presupuesto "destinado a la política social debería incrementarse anualmente al menos en la misma proporción que el crecimiento real del PIB". La iniciativa Burgos también contenía varios candados, mismos que expresan la voluntad política de los legisladores para superar la subordinación de la política social a la económica, evitando la prevalencia automática de los objetivos económicos por encima de los sociales.

EL ENFOQUE DE LOS CANDADOS, que expresa claramente el problema de la subordinación de la política social a la económica y la necesidad sentida de controlarla, es insuficiente. En una entrega de esta columna (Economía Moral, 3/5/02) propuse dos medidas adicionales a algunas ya previstas en las iniciativas de LDS: el subpresupuesto social y la consulta obligatoria a la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social para la toma de decisiones económicas. Ambas estaban orientadas a establecer un nuevo equilibrio entre lo económico y lo social en el interior del sector público. La primera llevaría a superar el carácter insular y fragmentario de la política social. En la iniciativa de LGDS, presentada por la senadora Burgos, el gabinete social que opera discrecionalmente se transforma en la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social (CIDS).

AUNQUE LA INICIATIVA establecía que sus acuerdos serían obligatorios para todas las dependencias y entidades federales, sugerí que había que ir más lejos. Para dotar de fuerza real a esta comisión y crear un mecanismo que en verdad formulara y diera seguimiento a la política social, sugerí que resultaba necesario dotar a la CIDS de funciones en materia de formulación y seguimiento del subpresupuesto social.

LA OTRA PROPUESTA, que también presenté en esta columna, establecía que la CIDS fuera órgano de consulta obligatorio de la política económica. Con esto la toma de decisiones económicas se haría escuchando, previamente, las voces de lo social en el Ejecutivo federal. Las posturas de la CIDS se publicarían en el Diario Oficial de la Federación. El gabinete económico estaría obligado a justificar sus decisiones a la luz de la postura de la CIDS. Su resolución final y sus argumentos deberían también publicarse en el Diario Oficial.

LAS DOS INICIATIVAS DEL PRD estaban fundamentadas en una concepción universalista de los derechos sociales. A semejanza de la iniciativa de Clara Brugada, también del PRD, y a diferencia de todas las demás iniciativas, la de la senadora Burgos incluía una iniciativa de reforma constitucional orientada a "inscribir al desarrollo social como un derecho constitucional" (exposición de motivos). La LGDS podría verse como una ley reglamentaria de los párrafos añadidos a la Constitución. En segundo lugar, la reforma añadía dos párrafos para hacer posible la creación de dos organismos públicos a nivel federal (replicables a escala estatal) plenamente autónomos del Ejecutivo federal (como el IFE). Uno para la protección de los derechos sociales. Algo así como la versión para los derechos sociales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyas recomendaciones no serían vinculatorias (es decir, no serían de obediencia obligada), pero que podrían tener una influencia moral.

EL TEXTO DE LA INICIATIVA BURGOS no proponía el organismo específico que llevaría a cabo esta protección. En este campo, entonces, el avance sólo llegaba a la reforma constitucional, pero quedaba pendiente el paquete legislativo para hacerla operacional. Sin embargo, la iniciativa Burgos de LGDS incluía un capítulo sobre la "denuncia popular", que, al parecer, buscaba la solución al problema anterior dotando a la CNDH (y a las estatales) de funciones en materia de derechos sociales, ya que establecía que las denuncias populares se presentarían ante dichas comisiones.

EL OTRO ORGANISMO cuya existencia plenamente autónoma se haría posible, según el texto de la iniciativa de Reforma Constitucional de la senadora, estaría relacionado con la creación del Instituto Nacional de Evaluación y Seguimiento de la Política Social, cuyas facultades se remiten a una ley específica. La propia senadora Burgos presentó una iniciativa de ley de dicho instituto que define su "objeto esencial" como "la evaluación, el seguimiento, la promoción y la orientación de la política de desarrollo social del país".

LA INICIATIVA DEL TRICOLOR incluía también la creación de un Instituto de Evaluación del Desarrollo Social. Según la iniciativa sería un "órgano técnico colegiado", lo que contrasta con el carácter de organismo autónomo, definido constitucionalmente, de la iniciativa Burgos, en la cual el instituto estaría constituido por un consejo general presidido por un presidente, designado por mayoría de dos tercios por el Senado de la República a propuesta de los partidos políticos, que debería ser una persona que gozara de pleno reconocimiento y reputación profesional en materia de desarrollo social. Los consejeros serían diez y también tendrían que ser de reconocido prestigio profesional en la materia. Es decir, se trataría auténticamente de un cuerpo técnico. Su autonomía sería cabal, como la del Instituto Federal Electoral (IFE).

EL ORGANO DE GOBIERNO del instituto, según la iniciativa del PRI, sería el "comité técnico" que estaría integrado por representantes de Sedesol y de Hacienda, por todos los gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, por los secretarios de desarrollo social de todas las entidades federativas, diez presidentes municipales y "cinco especialistas de reconocido prestigio académico en materia de desarrollo social y superación de la pobreza". Este comité técnico designaría al secretario ejecutivo del instituto, puesto para el cual no se estipula requisito alguno. Un órgano político con un brazo técnico.

EN UNA ENTREGA DE Economía Moral (17/05/02) comenté ambas propuestas y señalé que la del PRI sería absolutamente disfuncional, ya que cada gobierno estatal defendería sus propios intereses. Por ejemplo, una de las funciones que tendría el instituto sería, según la iniciativa del PRI, proponer al Ejecutivo federal la declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria. Es evidente que cada gobernador y cada secretario de desarrollo social de las entidades federativas pugnaría por incluir el mayor número de zonas de atención prioritaria en su territorio, defendiendo sus propios intereses.

DE LAS DOS INICIATIVAS del PAN (la del diputado Cantú Torres y la del senador Francisco Fernández de Cevallos) sólo la primera introducía explícitamente como uno de los "principios del desarrollo social", la subsidiariedad, central en la concepción doctrinaria de Acción Nacional, la que define como "el proceso en que una entidad mayor ayuda a una menor cuando ésta no se encuentra en posibilidades de resolver sus propias necesidades, por un tiempo determinado y sin absorberlas", con lo cual generaliza el concepto de tal manera que incluye ya no sólo las relaciones entre el Estado y los particulares, sino también entre los tres órdenes de gobierno.

Por falta de espacio, continuaré en la próxima entrega.

México D.F. Viernes 6 de febrero de 2004

ECONOMIA MORAL/ Julio Boltvinik

Logros y limitaciones de la nueva ley social

Simiente de una reforma estructural radical

EL PROCESO DE GESTACION explica en buena medida el resultado final al que se llega. Por ello en la entrega anterior de Economía Moral (30/1/04) analicé la génesis de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), nuestra nueva ley social. Pero quedó incompleta la presentación de las iniciativas del PAN. De las dos iniciativas de Acción Nacional (la del diputado Cantú Torres y la del senador Francisco Fernández de Cevallos) sólo la primera introducía explícitamente como "principio del desarrollo social", el de la subsidiariedad, central en la doctrina del PAN, y la definía como "el proceso en que una entidad mayor ayuda a una menor cuando ésta no se encuentra en posibilidades de resolver sus propias necesidades, por un tiempo determinado y sin absorberlas", con lo cual generalizaba el concepto de tal manera que incluía ya no sólo las relaciones entre el Estado y los particulares, sino también entre los tres órdenes de gobierno. La iniciativa panista en el Senado buscaba introducir la filantropía privada en la política de desarrollo social. En la exposición de motivos señalaba que "la sociedad mexicana posee... una gran energía solidaria que debe ser reconocida y alentada".

QUEDABA ASI CONFIGURADA, con ambas iniciativas del PAN, una realidad sin derechos sociales, un Estado que actúa por excepción, que pacta con los ciudadanos y que incluye recursos privados en los programas sociales. La filantropía empresarial sustituyendo más y más a un Estado subsidiario en el cual los recursos asignados a lo social no quedan protegidos contra reducciones y recortes. La LGDS aprobada en el gobierno panista de Fox no adopta el principio panista de subsidiariedad, sino que parte de los derechos sociales consagrados en la Constitución y, por tanto, de las obligaciones del Estado. La presencia de la filantropía, si bien desdibujada, no está del todo ausente: el artículo 24 autoriza que los recursos privados complementen a los públicos.

COMO HE DICHO en varias ocasiones, con proyectos tan dispares parece un milagro que se haya alcanzado un consenso en el Senado. Pero los consensos tienen su costo. Expuesta de manera muy sintética la génesis de la ley, veamos los principales logros y las limitaciones más graves del producto final ya promulgado.

UN PRIMER CONJUNTO de logros está asociado con las normas presupuestarias (candados), que protegen el gasto social, impidiendo su reducción y garantizando su crecimiento en ciertas condiciones. Además de limitar las reducciones y los recortes, esa ley también limita las transferencias al establecer (artículo 22) que las partidas para los programas de desarrollo social en el presupuesto no podrán destinarse a fines distintos, y establece un Fondo de Contingencia Social. Estas normas presupuestarias reflejan la lucha del sector social por protegerse de las arbitrariedades del todopoderoso sector económico.

UN SEGUNDO CONJUNTO de logros de la ley están asociados a la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social al que se le dota de funciones en materia de medición de la pobreza y de evaluación de la política y los programas sociales, con lo cual ambas tareas (que actualmente lleva a cabo la Sedeso siendo juez y parte) alcanzarán probablemente mayor grado de autonomía (para una discusión de los factores que determinarán el grado de autonomía real, véase Economía Moral del 28/11/03). Asimismo, se terminará la multiplicidad innecesaria y causante de confusión de los métodos de identificación de los pobres que utiliza la Sedeso, ya que el artículo 36 señala que los lineamientos y criterios que éste "establezca para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social". Pero la LGDS no le da manos libres totales al consejo, sino que define 8 indicadores sobre los cuales, mínimamente, debe construirse el método para la medición de la pobreza. Sin embargo, aquí aparece un problema con el cual deberá lidiar el consejo: uno de los 8 "indicadores" enunciados, el "grado de cohesión social", a diferencia de los otros 7 que se refieren a las personas o al hogar (y que son mensurables), se refiere a un ámbito social amplio, lo que aunado a su práctica inmensurabilidad lo hace inaplicable. En las discusiones entre las mesas directivas de las comisiones de desarrollo social de ambas cámaras, traté inútilmente de eliminar (o sustituir) este indicador.

UN TERCER CONJUNTO de logros está asociado con la creación de dos organismos de coordinación: la Comisión Nacional de Desarrollo Social en la que participan los tres órdenes de gobierno y el Poder Legislativo; y la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social (algo así como el gabinete social) que integra las dependencias más importantes del Ejecutivo en materia económica y social. Deben destacarse las funciones de la Comisión Nacional de designar a los seis académicos que, junto con el titular de Sedeso, dirigirán el Consejo Nacional de Evaluación, así como el carácter obligatorio de los acuerdos de la Comisión Intersecretarial para las dependencias del Ejecutivo Federal, y dos funciones muy relevantes que a ésta se le asignan: "recomendar medidas orientadas a hacer compatibles las decisiones vinculadas con las políticas de desarrollo social y económicas"; y "proponer las partidas y montos del gasto social que se deben integrar en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación". En estas dos funciones está la simiente, pero sólo la simiente, de la más radical reforma estructural que (ésta sí) requiere el país: el fin del sometimiento de lo social a lo económico. Aunque la redacción de la ley en el primer punto es ambigua, en mi opinión se queda corta, ya que el término compatibles puede interpretarse, en el contexto de la frase destacada con cursivas, como la imposibilidad de poner en duda las medidas de política económica a la luz de sus consecuencias sociales. La sugerencia planteada en Economía Moral del 03/5/02 iba orientada a que la Comisión Intersecretarial evaluase estas consecuencias antes que las medidas de política económica fuesen implantadas. La segunda tarea de esta comisión, si se lee conjuntamente con las normas presupuestarias antes comentadas, puede significar una disminución del enorme poder que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

VEAMOS LAS LIMITACIONES de la ley. En primer lugar, el objeto central sobre el que versa, el desarrollo social, no está bien identificado. En el artículo 4, en el que se presentan algunas definiciones, no se incluye la de desarrollo social. El artículo 1 establece que la Ley tiene por objeto "garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales", "asegurando el acceso de la población al desarrollo social". Tampoco está definido con claridad su campo de competencia: si comprende todo lo social o sólo las actividades del sector administrativo coordinado por la Sedeso en el gobierno federal. En el artículo 6 parecería que el ámbito es mucho más amplio, ya que se definen como derechos para el desarrollo social a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo, la seguridad social y la no discriminación. Por tanto, involucraría las actividades de múltiples secretarías de Estado a nivel federal. Dado lo que establece el artículo 1, se seguiría que todas las personas tenemos derechos a todo lo enumerado en el artículo 6, y que todos ellos son derechos incondicionales. Aquí parecería que desarrollo social comprende todos estos ámbitos de competencia y que la Ley se refiere a todas las personas.

EL ARTICULO 7 ESTABLECE que "Toda persona tiene derecho a participar y beneficiarse de los programas de desarrollo social... en los términos que establezca la normatividad de cada programa". Aunque la segunda parte del artículo acota la universalidad aparente de la primera, en la medida en la cual los programas de desarrollo social comprendieran todos los ámbitos enumerados en el artículo 6, quedarían incluidos algunos programas de vocación universalista, como los de educación básica, prácticamente incondicionales, que no excluyen a nadie salvo por razones de edad. En el artículo 8 se abre la vertiente focalizada, el ámbito de los derechos condicionales, ya que se enuncia: "Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones (sic) y apoyos tendentes a disminuir su desventaja". Hasta aquí parecería que el ámbito de la ley es muy amplio y que se refiere a todas las personas. Sin embargo, el artículo 9, que se refiere a las obligaciones de los tres ámbitos de gobierno, sólo establece las correspondientes a los derechos condicionales enumerados en el artículo 8: "...formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables". Mientras se establece la obligación específica de atender a la población "vulnerable", no se establece ninguna respecto a la población no vulnerable, por lo que se podría entender que el ámbito real de la ley se reduce, acota, a la población vulnerable y, por tanto, a los derechos condicionales.

APARECE UNA SEGUNDA limitación importante. La población que tendría derecho a los programas que obligatoriamente deben establecer los tres ámbitos de gobierno no es definida con claridad. Por el contrario, la ley mezcla de manera confusa tres términos: vulnerabilidad, marginación y pobreza. En efecto, los artículos 8 y 9 establecen el derecho de la población en situación de vulnerabilidad, como hemos visto, a apoyos y acciones que reduzcan su desventaja, y la obligación de los tres ámbitos de gobierno a establecer programas para atenderlos; el artículo 14, que establece las vertientes de la política de desarrollo social, define en primer lugar, la superación de la pobreza; el artículo 19 (fracción III) declara que son prioritarios y de interés público "los programas dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad"; el artículo 29, que define lo que se consideran las zonas de atención prioritaria, las identifica como aquellas "cuya población registra índices de pobreza, marginación, indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social"; y el capítulo VI del título tercero se denomina "De la definición y medición de la pobreza" y es el único de los tres conceptos respecto del cual se establecen competencias para su medición, la obligatoriedad de los procedimientos establecidos y la obligatoriedad del INEGI de proporcionar la información necesaria para que las mediciones se lleven a cabo con la periodicidad y desagregación establecidas en la ley. Sin embargo, en las definiciones del artículo 5 se define, de los tres conceptos, sólo el de vulnerabilidad, por cierto de manera poco clara. La forma en la que están redactados los artículos 19 y 29 sugiere la posibilidad de interpretar los tres términos como sinónimos para resolver este verdadero galimatías, lo que puede hacerse en el reglamento.

POR ULTIMO, LA TERCERA limitación importante es el nulo avance de la Ley en materia de exigibilidad de los derechos que establece, incluyendo el derecho a programas para disminuir su desventaja.

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Sigue pendiente el Protocolo de Kyoto

http://www.jornada.unam.mx/2006/09/25/027a2pol.php

Derechos humanos, de nuevo relegados

http://www.jornada.unam.mx/2006/09/30/edito.php

Jueves 5 de octubre de 2006

Difunde reporte especial para condenar la falta de justicia contra mujeres de Atenco

Teme Amnistía Internacional que se repitan abusos policiacos en Oaxaca

Advierte que se mantendrá muy atenta a la eventual intervención de elementos de la Armada en el conflicto

http://www.jornada.unam.mx/2006/10/05/010n1pol.php

Martes 10 de octubre de 2006

Policías, los que mataron a dos jóvenes en operativo de mayo en Atenco: CNDH

http://www.jornada.unam.mx/2006/10/10/010n1pol.php

Martes 17 de octubre de 2006

Afectado reclama a la CNDH que no se pida sanción para los autores intelectuales

Familiares de víctimas se dicen insatisfechas

http://www.jornada.unam.mx/2006/10/17/014n2pol.php

Martes 24 de octubre de 2006

Luis Alfonso de Alba asegura que Fox se va con las manos sin mancha de sangre

Pide justicia para Atenco presidente del Consejo de Derechos Humanos de ONU

Amérigo Incalcaterra: es innegable que existe déficit en respeto a garantías en México

http://www.jornada.unam.mx/2006/10/24/015n1pol.php

ONG llevan a la CIDH queja por el caso Oaxaca

http://www.jornada.unam.mx/2006/10/24/003n1pol.php

Oaxaca: crisis de derechos humanos

http://www.jornada.unam.mx/2006/10/29/edito.php

Juan Ciudadano

CNDH: pide lo que no da

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recaba información que pueda probar el incurrimiento de abusos de autoridad.

La acuciosidad conocida con la que la CNDH levanta testimonios y rastrea todo tipo de información es fundamental para disuadir los excesos.

En el caso de Oaxaca, la presencia de la Comisión desde el pasado 15 de junio y hasta la fecha ha sido una presión fundamental para que cualquier operativo de autoridades locales y federales esté apegado a derecho.

Durante los enfrentamientos de la última semana, para cada declaración de las autoridades federales sobre el número de heridos o de muertos, hay una versión de la CNDH que, por su posición imparcial, resulta más creíble.

Nadie como la CNDH sabe del valor de la información, recabada por diferentes vías, como el medio para llegar a la verdad. Pero, además, nadie como ellos sabe que en la rapidez con que se consigue cada nuevo elemento de información está el ganarle la batalla a futuros abusos.

Por eso resulta incomprensible que la CNDH sea una autoridad indolente -por decir lo menos- al momento de garantizar el acceso a aquella información que ellos mismos resguardan.

A menos de que crean que por ser los defensores de los derechos humanos ellos deben ser medidos con una vara distinta.

El estudio que a solicitud del IFAI realizó el Centro de Investigación y Docencia Económica deja muy mal parada a la CNDH (www.ifai.org.mx).

En este trabajo de Sergio López Ayllón y David Arellano Gaut se evalúa el cumplimiento con la Ley de Transparencia de los Otros Sujetos Obligados (OSOS): la UNAM, el Banco de México, el Infonavit, la Suprema Corte, entre otros.

La posición global de la CNDH es el lugar 11 de 16. Pero si nos vamos al desglose de la evaluación, las incongruencias de la CNDH se vuelven más evidentes.

El estudio hace una distinción pertinente entre dos conceptos que frecuentemente -incluso en esta columna- se usan como intercambiables, pero cuyos significados difieren: "transparencia" y "acceso a la información".

"Transparencia" es un concepto más general relacionado con la obligación de los órganos del Estado de ampliar su oferta informativa sin que haya peticiones específicas de por medio. El cumplimiento con esta parte de las obligaciones derivadas de la Ley se mide, entre otros indicadores, revisando lo que está permanentemente disponible en la red.

Al decir "acceso a la información" nos estamos refiriendo a aquellas situaciones en las que una persona hace una petición determinada sobre algún elemento de información de su interés particular.

Estamos hablando del ejercicio de un derecho fundamental y el cumplimiento con él. En el estudio del CIDE se mide a través de usuarios simulados que siguen los procedimientos para obtener la copia de un documento público.

Es en esta segunda parte, es decir, en el cumplimiento con un derecho humano fundamental, donde la CNDH sale pésimamente evaluada, en el lugar 14 de 16. En una escala de 0 a 100, el Infonavit saca 95 y la CNDH, 31.

La calificación obtenida por la CNDH es consistente con antecedentes conocidos de la Comisión de resistirse y arrastrar los pies cuando una solicitud le resulta incómoda, como en el caso de los 208 expedientes concluidos en enero del 2003 que le fueron solicitados por el Programa Atalaya del ITAM y que la CNDH se negó a entregar por meses.

Sobre el trabajo de investigación del CIDE, los miembros de la CNDH seguramente se defenderán diciendo que les faltan recursos para atender mejor a los solicitantes y que a los usuarios simulados les faltó cumplir con algún requisito para completar la solicitud.

Aquí el punto es que todos los órganos evaluados recibieron solicitudes idénticas bajo circunstancias también iguales y, seguramente en algunos casos, fue necesaria la orientación de la dependencia hacia el solicitante.

Lo inaceptable es que, examinado en igualdad de circunstancias contra sus pares, el órgano que defiende los derechos humanos esté lejísimos de ser el campeón en el respeto al derecho de acceso a la información pública.

Juan Ciudadano es el nombre de pluma de un grupo de personas preocupadas por el derecho a la información.

Garantizar enseñanza de calidad, uno de sus objetivos

Presentan el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos

http://www.jornada.unam.mx/2006/11/07/index.php?section=sociedad&article=048n2soc

Tortura a México en Ginebra

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/35916.html

Plantea CNDH ante la ONU fallas en la lucha contra tortura

http://www.jornada.unam.mx/2006/11/11/index.php?section=sociedad&article=036n1soc

Las profundas raíces de la tortura en México

http://www.jornada.unam.mx/2006/11/11/index.php?section=edito

CNDH: Fox permitirá la impunidad en el caso Atenco

http://www.jornada.unam.mx/2006/11/13/index.php?section=politica&article=003n1pol

La SSP federal, encubridora

http://www.jornada.unam.mx/2006/11/13/index.php?section=edito

Desigualdad, pobreza y explotación sexual infantil, los pendientes de México: ONU

http://www.jornada.unam.mx/2006/11/15/index.php?section=sociedad&article=049n1soc

Cartones

http://www.jornada.unam.mx/2006/11/15/cartones.php

Los feminicidios en Juárez, de tipo "sexual sistémico", señalan expertos

http://www.jornada.unam.mx/2006/11/16/index.php?section=sociedad&article=053n1soc

Proyectarán 23 películas en ciclo internacional sobre derechos humanos que comienza mañana

http://www.jornada.unam.mx/2006/11/22/index.php?section=espectaculos&article=a12n1esp

Miguel Concha/ Agendas ciudadanas de derechos humanos

http://www.jornada.unam.mx/2006/11/25/index.php?section=opinion&article=018a2pol

Tortura en México: ¿hacia adelante o hacia atrás?

http://www.jornada.unam.mx/2006/11/25/index.php?section=edito

Salarios precarios y sobrexplotación, realidad de obreras en el norte del país

http://www.jornada.unam.mx/2006/11/29/index.php?section=estados&article=041n1est

Equiparable a Africa subsahariana, pobreza en once municipios del país: PNUD y Cdi

http://www.jornada.unam.mx/2006/11/29/index.php?section=sociedad&article=051n1soc

Combatir la tortura debe ser ''una prioridad como el sida o la miseria''

http://www.jornada.unam.mx/2006/11/29/index.php?section=cultura&article=a05n1cul

Viven con sida 39.5 millones de personas en el mundo: ONU

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/01/index.php?section=sociedad&article=052n1soc

En México, Brasil, Argentina y Colombia, dos tercios de los seropositivos de AL. Grupos de alto riesgo, sin acceso a programas contra el sida: OMS

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/02/index.php?section=sociedad&article=041n1soc

Desata cómic el inicio de una gran cruzada por el salario mínimo justo

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/02/index.php?section=cultura&article=a02n1cul

En México se requiere un aumento al salario mínimo de 300%, afirman grupos sindicales

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/03/index.php?section=sociedad&article=041n1soc

Critica UE derechos humanos en México

La UE destacó como interés prioritario en el País el apoyo a las mujeres defensoras de derechos humanos y procurar las garantías de indígenas

Bruselas, Bélgica (5 diciembre 2006).- La falta de una reforma al sistema judicial está poniendo freno a la lucha efectiva contra los abusos a los derechos humanos en México, advirtió ayer la Unión Europea (UE).

"La gran reforma jurídica y judicial, que pudo haber atendido muchos de los problemas estructurales que conducen a los abusos de derechos humanos, permanece estancada en el Congreso mexicano", lamentó la UE en su reporte anual sobre garantías individuales.

"La situación de los derechos humanos en México continúa enfrentando desafíos significativos", enfatiza el estudio.

El documento publicado por el máximo órgano comunitario, el Consejo Europeo, presenta una visión actualizada de la situación en el mundo de los derechos humanos, y hace un repaso de los programas patrocinados por Bruselas.

En el caso mexicano, la UE destaca como interés prioritario el apoyo a las mujeres defensoras de las garantías individuales y la promoción de los derechos de los indígenas.

ONU: el 2% de la población mundial acapara la mitad de la riqueza global

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/06/index.php?section=economia&article=031n1eco

Sergio Aguayo Quezada / Tema por tema...

...cargo por cargo. El enfoque es útil para analizar las similitudes entre algunas acciones del nuevo secretario de Gobernación y del ex jefe de Gobierno capitalino.

La idea central. Uno de los retos más difíciles para los gobernantes democráticos es la conciliación de diversos derechos y la contención del impulso a favorecer a los suyos y menospreciar a los otros. En los casos que a continuación expongo, dos funcionarios de signo ideológico encontrado se olvidaron de que gobiernan para todos.

Un viernes en los medios. El 1o. de diciembre fue tenso y confuso. Desde temprano vimos en la televisión a los legisladores del PRD y del PAN transpirando sudor frío por los desvelos, los jaloneos y los empujones. Todo se transformó cuando inició la cadena nacional que nos transportó a algún Cantón suizo porque los conductores, y en especial Diane Pérez, se pusieron a pintar de rosa las heridas de un país dividido. Con un desparpajo ofensivo, aseguraba que el "salón de sesiones se encuentra en calma" y para ajustar la realidad a su palabra de la pantalla desaparecieron las vistas panorámicas y le bajaron el volumen al rumor de la discordia.

La señal venía del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), una dependencia de la Secretaría de Gobernación cuya principal función es filmar y difundir la imagen presidencial. En su leyenda negra sobresalen los años de Carlos Salinas cuando silenciaba las protestas en el Congreso para presentar imágenes al gusto del gobernante. El pasado viernes repitió las viejas mañas y violó el derecho a la información garantizado por la Constitución. Es justo agregar que el Canal del Congreso siguió transmitiendo y que hubo conductores en la radio (Carmen Aristegui, Leonardo Curzio y José Gutiérrez Vivó, entre otros) que ignoraron la orden de enlazarse a la cadena nacional e informaron sobre lo que pasaba en la Cámara y sobre las protestas en las calles capitalinas.

La manipulación hecha por el Cepropie es relevante porque ese día estrenaba como jefe al nuevo secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña, quien al tomar el cargo dijo: "vengo a despeinarme" para "aplicar la ley". ¿Estaría Diane Pérez -la nueva estrella del firmamento televisivo- siguiendo instrucciones cuando engolaba la voz para decir que el presidente Felipe Calderón "empieza un sexenio como debe de ser, con mano dura"?

Un sábado en la capital. Al día siguiente Ricardo Ruiz, secretario del gobierno del Distrito Federal con Alejandro Encinas, envió una larga carta a la Comisión de Derechos Humanos capitalina informándole que había decidido "no acepta[r] la Recomendación 16/2006".

Los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador protestaron obstruyendo vialidades capitalinas durante mes y medio. Novecientas cuatro ciudadanas y ciudadanos reaccionaron presentando quejas ante la Comisión que realizó una minuciosa investigación para averiguar si las autoridades habían respetado "de manera integral" los derechos de los capitalinos. Es decir, si habían conciliado el derecho a protestar con el de transitar (entre otros). La CDHDF llegó a una conclusión negativa y el 10 de noviembre envió la Recomendación antes mencionada en la que solicitaba al gobierno de la ciudad que impulsara la regulación de las manifestaciones y estableciera criterios para evitar que afectaran los derechos de terceros. Una petición sensata si tomamos en cuenta que toda la capital es susceptible de transformarse en marchódromo.

El gobierno rechazó la sugerencia apoyándose, sobre todo, en la preeminencia del derecho a protestar; "tener derechos políticos -argumentó Ruiz- no es poca cosa" además de ser una "cuestión de principios". Aunque hace algunas consideraciones dignas de tomar en cuenta, al final domina la lógica del militante, y se hace a un lado la del gobernante preocupado por todos.

Las implicaciones. Los derechos humanos están de capa caída porque además de las campañas de desprestigio en su contra es bastante común que los gobernantes tomen decisiones pensando en los suyos e ignorando o minimizando la necesidad de conciliarlo con los derechos de los demás. Al final sólo importan los intereses del "jefe", el partido o las ideologías. Han incorporado a su retórica los derechos humanos pero no los han hecho parte integral de su acción o de la política pública; tal vez porque no los entienden o no les interesan.

Felipe Calderón ha hablado muy poco de los derechos humanos y cuando lo ha hecho es en relación, sobre todo, a la política exterior. Tal vez por ello le pareció natural nombrar como titular en la Secretaría que coordina el Programa Nacional de Derechos Humanos a un personaje con un sólido prestigio... como violador de derechos humanos. El dictamen es incontrovertible y plural; coinciden la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional de los Derechos Humanos, el Parlamento Europeo y más de 100 organismos civiles del país. Con su instrucción al Cepropie, Ramírez Acuña mostró la decisión con la que busca obtener la medalla al puño más duro del sexenio.

El gobierno capitalino y Andrés Manuel López Obrador han incorporado al discurso contestatario la intención de refundar las instituciones a partir de la superioridad ética que tienen frente a los otros partidos... para luego rechazar en su totalidad una Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos capitalina bastante sólida en su fundamentación y propuestas. Esa tendencia a ignorar los derechos de quienes no piensan totalmente como ellos es parte de un patrón observado durante los últimos años.

En el México actual también hay funcionarios de todos los colores empeñados en respetar de manera integral los derechos. Sin embargo, es preocupante la relevancia de quienes se empeñan, desde diferentes plataformas y lógicas, en torpedear principios indispensables para la superación de la crisis política que padecemos.

La Miscelánea

Otra para el historial de parcialidades. El gobierno federal adoptó una línea dura contra quienes repudian en Oaxaca al gobernador Ulises Ruiz que, orondo y satisfecho, presume de su impunidad y amenaza con la inflexibilidad. Ese mismo gobierno se transforma en gatito de ornato a la hora de perseguir a quienes han asesinado a opositores o amenazan a defensores de derechos humanos como el sacerdote Wilfrido Mayrén Peláez.

Vigente, el problema de los derechos humanos en México, dice la UNESCO

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/07/index.php?section=sociedad&article=050n1soc

Derechos humanos, materia pendiente del gobierno federal

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/10/index.php?section=edito

México tiene poco que festejar en materia de derechos humanos: CNDH

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/11/index.php?section=sociedad&article=051n1soc

Juristas critican el código de ética elaborado por Azuela Güitrón

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/13/index.php?section=politica&article=023n2pol

Avance de 30% en los murales que ocuparán las escaleras de la SCJN

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/13/index.php?section=cultura&article=a08n1cul

Pide el Papa respeto a los derechos humanos

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/13/index.php?section=sociedad&article=051n1soc

Pinochet!

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/13/index.php?section=opinion&article=026a1pol

Ejército y derechos humanos

Manuel Camacho Solís

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/36263.html

DDHH: entre las palabras y las acciones

http://www.jornada.unam.mx/2006/12/19/index.php?section=edito

Hijos no deseados

Rossana Fuentes-Berain

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/36349.html

Por ser dolorosa la muerte a través de una inyección aplazan en California la ejecución de 34 mexicanos

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=278402

Gabriel Guerra Castellanos/La pena de muerte en el mundo moderno

La ejecución de Saddam Hussein ha desatado comentarios y críticas no sólo por la forma primitiva y brutal en que se realizó, sino también por lo que nos dice acerca del país en que se dio y el gobierno que la ordenó

Lo que en realidad deberíamos estar discutiendo es si se trata de un castigo adecuado para el siglo XXI.

De no tratarse de un asunto tan grave, sería francamente de dar risa la manera en que el gobierno y el ejército estadounidense han tratado de esquivar su responsabilidad de fondo y de forma en la muerte del ex dictador iraquí, mediante un intrincado manejo mediático que solamente los ha puesto aún más en evidencia.

Como a aprendices ingenuos se nos pretende hacer creer que el gobierno estadounidense y sus virreyes fueron incapaces de detener al Primer Ministro iraquí en sus ansias y apresuramiento por ejecutar a Saddam, además de que no fueron capaces de persuadirlo de que lo hiciera con un mínimo de humanidad y decencia.

La clásica "filtración" interesada la leímos en el New York Times la semana pasada, en un largo reportaje basado en declaraciones de funcionarios y militares estadounidenses que buscaban -me parece que infructuosamente- lavar las culpas de su gobierno.

En el artículo firmado por John F. Burns podemos leer como Saddam Hussein le agradeció personalmente a cada uno de sus celadores y médicos (americanos, claro) por el trato recibido, para después encontrarnos con el recuento de sus últimas horas, en el que no podía faltar el color y la anécdota: los comandantes militares estadounidenses molestos por haber sido "obligados" a entregar a Saddam; las críticas directas al Primer Ministro iraquí, Nuri Kamal al-Maliki; la circunstancial -y altamente conveniente- ausencia del embajador y del comandante de las fuerzas estadounidenses, ambos de vacaciones (¡!) y fuera del país al momento de la ejecución más anticipada de los últimos tiempos...

No tiene porque sorprendernos el intento de control de daños por parte de la Casa Blanca y el Pentágono, aunque no deja de ser interesante observar cómo el gobierno de Irak intenta -con torpeza- su propia ofensiva mediática, que difiere de la versión estadounidense y por lo tanto lo confronta con ella. Pero dejemos el asunto relativamente anecdótico de esta catástrofe propagandística para volver al tema que hoy me ocupa, el de la pena de muerte y su cabida en un mundo civilizado.

En un ensayo recientemente publicado en la revista Foreign Affairs, el Primer Ministro británico Tony Blair se refiere a la "Batalla por los Valores Globales" como prueba contundente -para él- de la superioridad de los de Occidente, aunque con una construcción y un fraseo complejos: a lo largo de su texto Blair habla repetidamente de "nuestros" valores, así, en el plural de la primera persona, aunque se esfuerza en subrayar que estos valores no son "ni occidentales ni mucho menos americanos o anglo-sajones... sino valores universales..."

Para infortunio de la argumentación de Blair, sus supuestos casos de éxito tienen que ver con Afganistán e Irak. Nos dice: "Sabíamos que no queríamos otro Talibán o a un Saddam Hussein diferente. Sabíamos que no se puede derrotar a una ideología fanática encarcelando o matando a sus dirigentes, hay que derrotar a sus ideas".

Hmmm. Pues si no es matando a sus dirigentes, o al menos intentándolo, no sé de qué manera la alianza estadounidense-británica lo está haciendo. Si para muestra bastara un botón ahí tendríamos el de Saddam, pero están también sus hijos, o los muchos líderes talibanes asesinados con misiles y/o muertos en combate.

A estas alturas ya tanto Bush como Blair han expresado su incomodidad por la manera en que aconteció la ejecución de Saddam Hussein. En su tibieza sólo los supera el nuevo Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon. Sus tenues quejas acompañan a las mucho más directas de gobiernos de numerosos países, que no sólo se refieren a la manera sino al fondo del asunto: el de si la pena de muerte está o no justificada.

De acuerdo a datos publicados por Amnistía Internacional (AI) hoy en día 69 países conservan la pena de muerte mientras que 128 la han abolido o nunca la ejercen. Según AI, en 2005 hubo al menos 2,148 ejecuciones confirmadas en el mundo, sin contar las extrajudiciales o las no confirmadas.

La lista de los países ejecutores es muy indicativa: China tiene con mucho el primer lugar, con más de 1,770 ejecutados, mientras que la segunda plaza se la disputan Irán (90), Arabia Saudita (86) y EEUU (60).

Ahora que si hablamos de menores infractores, la lista es igualmente interesante: siempre de acuerdo a datos de AI, Irán y EEUU la encabezan, seguidos no muy de cerca por Paquistán, Nigeria y Congo, entre otros países que han ejecutado a menores desde 1990.

En cualquier debate serio queda suficientemente establecido que la pena de muerte no tiene un efecto disuasivo mayor al de otros tipos de castigo como la cadena perpetua; que subsiste un importante riesgo de equivocación en las condenas, lo cual puede llevar fácilmente a la ejecución de inocentes y, finalmente, que desde un punto de vista ético y moral es difícil hoy en día aplicarla simplemente bajo la premisa de la venganza o de un perverso sentido de retribución.

En los muy viejos tiempos tal vez podría hacer sentido la justicia del "ojo por ojo...". Los crímenes y los castigos eran más fáciles de medir, la proporcionalidad también. Los castigos, aunque brutales, correspondían más adecuadamente al delito, además de que se ajustaban con mayor apego a los valores de la época.

Hoy resulta imposible de aplicar para cualquier sociedad y nación que presuma de ser más justa que vengativa. Y ahí si, en verdad, estamos hablando de valores.

Foro Social Mundial: el despertar africano. Esperanzas en el combate a la pobreza por el encuentro de hoy en Nairobi

http://www.jornada.unam.mx/2007/01/20/index.php?section=economia&article=040n1eco

Miguel Concha / El derecho humano a la tortilla

http://www.jornada.unam.mx/2007/01/20/index.php?section=opinion&article=019a1pol

Los gobernantes rechazaron 25% de recomendaciones sobre violación de derechos, afirma

Alentó el Ejecutivo la persecución política contra la CNDH en 2006, acusa Soberanes

http://www.jornada.unam.mx/2007/01/25/index.php?section=politica&article=021n1pol

Magdalena Gómez / Derechos humanos de ocasión

http://www.jornada.unam.mx/2007/01/30/index.php?section=opinion&article=021a2pol

Buena fe y buena técnica, "clave" para reforma del RJP y modernización del contrato colectivo. El régimen de jubilaciones no es el mayor problema del IMSS: Molinar. En el seguro de enfermedades y maternidad el déficit es muy superior, afirma el director del instituto

http://www.jornada.unam.mx/2007/01/31/index.php?section=sociedad&article=042n1soc

Giro inesperado de la Corte: atenderá el caso de San Salvador Atenco

http://www.jornada.unam.mx/2007/02/07/index.php?section=politica&article=009n1pol

Demanda a Calderón comprometerse con los derechos humanos. Crisis de seguridad y justicia en México: AI

http://www.jornada.unam.mx/2007/02/08/index.php?section=politica&article=003n1pol

Arriesgado, aprobar la eutanasia en un país de pobres, como México

http://www.jornada.unam.mx/2007/02/08/index.php?section=sociedad&article=043n1soc

Los ombudsman

Señor director:

El informe del ombudsman sonorense estaba listo, la ceremonia, los diferentes eventos para lucimiento de los defensores de derechos humanos, la comida y la celebración para tan insignes personajes. Por fuera del recinto legislativo un grupo más grande de lo usual, integrantes de Tribunal Ciudadano “Víctor Abdiel”, se manifestaba para denunciar la serie de anomalías, deficiencias y tácticas retardatarias con que son tratados sus casos.

Y fueron llegando uno a uno los diferentes ombudsman, se les llena la boca con tan significativa palabra, el ser humano que debe llenar una serie de requisitos para poder ostentarlo, sobre todo su sensibilidad ante la defensa de lo más sagrado, aquello que debe estar ajeno a la ambición, la codicia, el servilismo, etcétera, los derechos humanos.

Los defensores del pueblo ni siquiera se dignaron a leer las pancartas con buena o mala ortografía (disculpas anticipadas para el periodista Moncada, por si no se escribieron correctamente), escuchar de propia voz las quejas de aquellos hombres y mujeres que ahí protestaban.

Tuve oportunidad de hablar con el doctor Soberanes, precisamente ahí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, obviamente no me esperaban, pero ahí les hice ver que nunca más deben de tratar a las personas como lo hicieron, no los ombudsman mexicanos, y sobre todo nunca más salir por la puerta trasera para evitar ver de frente a los ciudadanos, de no ser así que se les llame como sea pero que borren ese término de su nombramiento.

Las personas, después de hacer manifiesta su inconformidad en el recinto de la CEDH, pudieron hablar con el primer visitador de la CNDH, mientras los demás visitantes e invitados se aprestaban a degustar la deliciosa carne asada en ese famoso restaurante, ése que “si no vas a él, es como si no hubieras venido a Hermosillo”.

El trago amargo ya había pasado.

¡Salud! señores “defensores de los derechos humanos.”

Rosa María O´Leary Hermosillo, Sonora

°°°

Acusan al Estado de coartar a CEDH

HERMOSILLO, Sonora (PH)

El Gobierno del Estado no está comprometido con los derechos humanos de los sonorenses al mantener a la CEDH con un “grillete” financiero y presupuestal, aseguró Guillermo Noriega Esparza.

El director de Sonora Ciudadana señaló que la Ley de Presupuesto efectivamente habilita al Gobierno a realizar ampliaciones presupuestarias, pero no hace que la Comisión Estatal de Derechos Humanos las reciba, ya que esto sí violenta su propia ley y autonomía.

Reiteró que el organismo que preside reafirma su compromiso indefectible con los derechos humanos de los sonorenses, por lo que enfatizó que no existirá autonomía real mientras no exista autonomía financiera del Organismo con respecto del Gobierno.

EN LA LUPA

La autonomía de la CEDH/Guillermo Noriega Esparza

Esta semana, estimadas y estimados lectores, se puso buena la cosa.

Resulta que el presidente de la CEDH, el Mtro. Jorge Sáenz Félix, presentó su informe de labores en la Cámara de Diputados. De hecho, lo presentó ante los representantes de los tres poderes, contando con la presencia del titular del Ejecutivo y el del Judicial.

Es importante destacar que no existe precedente en nuestro marco jurídico local de una sesión de tal solemnidad. Ni siquiera el informe anual del Gobernador.

Lo anterior nos haría pensar que en Sonora los derechos humanos son una verdadera prioridad, pero desafortunadamente no es así. Impera la simulación y varios problemas estructurales que han generado que el tema no sea de primer orden en la agenda política de la entidad.

El Informe

Tuvimos la oportunidad de asistir al citado evento y fuimos testigos que se centró en resaltar como extraordinarias las actividades que por obligación debiera realizar y minimizar los retos de la institución, ¡que sobran! Además, llamó mi atención un particular: La insistencia del ombudsman en realizar su trabajo “sin estridencias” y los constantes halagos hacia la figura del Gobernador, sus programas y secretarios.

Un organismo público de derechos humanos tiene su principal fuerza en la opinión pública. Cuando un derecho humano es violado el organismo deberá, con toda su fuerza moral, buscar que la autoridad violatoria lo restituya. Una recomendación es el instrumento más fuerte que tiene la Comisión para cumplir con su cometido, y es precisamente el posible eco que tenga en la opinión pública (la estridencia) el que impulsará su éxito.

No es la “voluntad” política de los funcionarios públicos la clave del éxito de la labor de la CEDH, por el contrario, es la fuerza y legitimidad que tiene ante la población, para que se obligue a la autoridad violatoria corregir sus acciones.

Ésa es una obligación de quien esté al frente de la Comisión: Cuidar su legitimidad.

Por lo anterior y por lo visto, el actual ombudsman no está haciendo esa tarea. Sus halagos hacia el Poder Ejecutivo, los recursos que le ha aceptado ilegalmente y las pocas quejas y recomendaciones que recibió este año, son “focos rojos” en su desempeño.

Tan sólo fueron cinco recomendaciones las que este año emitió la Comisión y, huelga decir, que ninguna ha sido totalmente aceptada por la autoridad. Por su parte, el número de quejas se redujo en un 23.5% con respecto del año anterior y, se faltaría a la verdad si se pretende adjudicar a una mejora en la situación de los derechos humanos.

Todo ello llevó a Sonora Ciudadana AC a emitir un posicionamiento y buscar centrar el debate público en los problemas operativos del organismo.

La autonomía

Sonora Ciudadana AC realiza desde hace más de un año un monitoreo a la CEDH. Se realiza porque se detectó que el organismo no operaba como debiera y ello iba en detrimento de los derechos de los sonorenses. Como la organización ciudadana trabaja con recursos internacionales, cuyo interés es legítimo en la promoción de una democracia funcional, la Fundación Ford otorgó recursos para llevar a cabo dicho proyecto.

De 80 solicitudes de información pública que se le presentaron al organismo en 2006, el 90% (72) fueron realizadas por el Monitoreo. Con ellas se sacó una radiografía de la institución y, así, con información oficial, se documentaron diversas fallas estructurales en su operación. La principal: La falta de una autonomía real, generada por controles financieros que se le tienen impuestos desde el Ejecutivo. El diagnóstico, como publicación, será dado a conocer a la opinión pública en poco tiempo.

El que el organismo haya solicitado y recibido los casi 4 millones de pesos que ilegalmente le ha dado el Gobierno en dos años, no solamente viola su propia ley, ya que no fueron aprobados por el Congreso para que los ejerciera, sino que violenta su autonomía y genera prácticas poco sanas, reitero, en detrimento de la defensa de los derechos de los habitantes de la entidad.

En respuesta a esta situación, el Gobernador declaró que había que “echarle la mano” a ese organismo tan importante y lamentó su situación financiera, sin embargo, el monitoreo había documentado que es el mismo Gobierno quien anualmente le ha reducido su presupuesto, aún sin tener facultades para ello. ¿Cuál compromiso con los derechos humanos y con esa importante Institución? ¿Eso es echarle la mano?

Simplemente en 2005 el Gobierno le redujo el presupuesto en un 41% de lo que solicitaba la Comisión. En 2006 fue un 49.9 y, en 2007 un 74.1%.

Es ampliamente sabido que el compromiso de los gobernantes con las diversas problemáticas de la población debe verse reflejado en el presupuesto, con recursos suficientes, si no, definitivamente es mera demagogia.

En este caso es más que obvio que el compromiso del Gobierno del Estado con los derechos humanos no pasa del discurso.

Al igual, buena parte de la responsabilidad la tiene la presidencia de la CEDH. Primero por no evidenciar públicamente estas situaciones (me imagino por su política de no estridencias). Segundo por solicitarle recursos a quien no debiera, la incidencia debiera ser en el Congreso del Estado. Tercero, por mantener una estructura demasiado costosa, centralizada en Hermosillo, con programas que erróneamente promocionan el para qué sirve la Comisión.

La bola realmente está en la cancha de nuestros legisladores. Son nuestros representantes quienes debieran llamar a rendir cuentas a la CEDH, analizar cómo se están ejerciendo sus recursos para determinar es prudente aprobarles un incremento, como lo hicieron para este 2007 con 2 millones de pesos (la CEDH pidió 58 millones, el Gobierno pidió 15 para ella, el Legislativo aprobó 17).

Mucho hace falta por recorrer para tener un organismo libre que defienda cabalmente a la población frente al abuso y ejercicio arbitrario del poder público. Si no empezamos ahora, nunca lo haremos.

Respeto a los derechos humanos de todos los migrantes

http://www.jornada.unam.mx/2007/02/11/index.php?section=edito

Magdalena Gómez / La Corte y los derechos humanos

http://www.jornada.unam.mx/2007/02/13/index.php?section=opinion&article=023a2pol

La Corte y la CNDH/Miguel Carbonell

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/36787.html

Encuentra SCJN violaciones de la policía en Atenco

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que las autoridades policíacas que intervinieron en los enfrentamientos registrados en San Salvador Atenco sí "incurrieron en violaciones graves a las garantías individuales de la población".

La Suprema Corte aprobó hoy la resolución emitida el pasado 6 de febrero en relación con los acontecimientos acaecidos los días 3 y 4 de mayo de 2006, en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México.

La SCJN informó que a partir del 21 de este mes la Comisión investigadora, integrada por los magistrados federales Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé, habrá de concentrar sus indagatorias en las razones por las cuales la policía procedió de esa manera.

Por tanto, la investigación no deberá centrarse sobre si existieron o no dichas violaciones, pues ya se tienen por demostradas. Es decir, los comisionados deberán investigar por qué se dieron esas violaciones; si alguien las ordenó; o bien si obedeció a una estrategia estatal, si la situación los rebasó; o en todo caso a la deficiente capacitación de los policías.

Concluida la investigación por parte de los magistrados federales, se informará al Tribunal en pleno de los resultados, para que en su oportunidad se acuerde lo que en derecho proceda, concluye la Corte.

La mañana del 3 de mayo de 2006 floricultores de San Salvador Atenco se enfrentaron con policías estatales y municipales por el desalojo de los ejidatarios de una plaza municipal.

Por la tarde, cerca de 500 elementos de las policías estatales ingresaron al domicilio de la calle Manuel González en la colonia San Mateo, donde detuvieron a 31 floricultores y ejidatarios del municipio.

Horas más tarde, el Servicio Médico Forense se llevó el cuerpo del menor Javier Cortés Santiago, de 14 años, quien murió por un petardo que recibió en el pecho.

Poco antes de las 7 de la mañana del 4 de mayo, elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la policía estatal, ingresaron al centro de San Salvador Atenco, lanzando gases lacrimógenos.

19 de febrero de 2007

Notimex

CNDH: espiral de violencia, por la "aparente falta de autoridad"

http://www.jornada.unam.mx/2007/02/24/index.php?section=politica&article=003n1pol

Declaran genocidio masacre de Srebrenica. La CIJ determinó que pese a que Serbia no actuó para impedir la masacre, no puede ser considerada responsable de dicha matanza

La Haya, Holanda (26 febrero 2007).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máxima instancia jurídica de la Organización de las Naciones Unidas, calificó de genocidio la masacre de Srebrenica en la que fueron asesinados 8 mil musulmanes bosnios.

Los asesinatos perpetrados en julio de 1995 después de la toma de Srebrenica, un enclave que se encontraba bajo la protección de los cascos azules de las Naciones Unidas, "fueron actos de genocidio cometidos por miembros del Ejército serbiobosnio", dijo la Presidenta del tribunal, Rosalyn Higgins.

La CIJ determinó que pese a que Serbia no actuó para impedir la masacre, no puede ser considerada responsable de dicha matanza

"Las acciones de quienes cometieron un genocidio en Srebrenica no pueden ser atribuidas directamente al acusado (Serbia)", determinó Higgins.

La matanza de musulmanes en Bosnia es considerada como la peor masacre en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial.

Este fallo es resultado de un juicio promovido por Bosnia, que inicio formalmente en agosto de 2006, para determinar si los actos cometidos por Serbia en esta localidad habían violado la Convención de Prevención de Genocidio de 1948, que fue adoptada por la ONU tras la persecución y asesinato masivo de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Esta es la primera ocasión que la Corte Internacional de Justicia se pronuncia sobre un caso basándose en ese Tratado

Critican a CNDH por su opacidad

Cuestiona estudio falta de información sobre resolución de expedientes

Ciudad de México (1 marzo 2007).- Por cuarto año consecutivo, la gestión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue calificada como poco transparente por el programa Atalaya.

En el reporte "Gestión y Rendición de Cuentas de la CNDH en el 2006", el programa -en el que participan investigadores del ITAM, FLACSO y Fundar- indica que en 7 de cada 10 expedientes concluidos por el organismo no es posible verificar si la solución adoptada satisfizo los intereses legítimos de los usuarios.

La comisión, sostiene, proporciona información "ambigua e imprecisa", lo que hace imposible analizar su gestión en la promoción y protección de los derechos humanos.

Además, según el reporte, califica una parte importante de presuntos hechos violatorios con categorías que no denotan la naturaleza de la conducta reprochada a los servidores públicos.

"Se trata de conceptos excesivamente amplios, que en realidad pueden ser aplicados a prácticamente cualquier conducta ilegal, arbitraria, irregular o violatoria de los agentes del Estado", detalla.

"Resulta imposible descifrar en qué campo de la actividad pública están ocurriendo esos hechos, así como qué autoridades deben ser prevenidas por la frecuencia de los mismos".

En su informe del 2006, la CNDH informó que el año pasado 71.7 por ciento de los expedientes concluidos fueron terminados por "solución durante su tramitación y/o conciliación".

Sin embargo, señala el reporte, con los datos aportados no es posible comprobar si los usuarios están conformes con dicha solución.

La CNDH, agrega, no deja en claro las razones por las que el número de expedientes de queja abiertos contra la Secretaría de Desarrollo Social aumentaron de 35 a 247 entre el 2005 y el 2006 y porqué se registraron 159 expedientes menos contra la Procuraduría General de la República en el mismo periodo.

Según Miguel Sarre, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el principal problema es la falta de acceso a la mayoría de los expedientes de queja, es decir, los que no emiten recomendación.

"La comisión mantiene bajo reserva todos sus expedientes concluidos por un periodo de 12 años, o sea, tiene un nivel de restricción mayor que el que tiene la Suprema Corte", indicó en entrevista.

La información sobre las quejas que ha analizado el Programa Atalaya, explicó, se han obtenido a través de las autoridades señaladas, no por medio de la CNDH.

En tanto, Raúl Plascencia, primer visitador de la CNDH, calificó como generalidades los cuestionamientos del programa.

"Se hace referencia a que hay una burbuja de opacidad en la CNDH. Yo necesitaría saber en todo caso el sustento de un afirmación de estas características, porque el 90 por ciento y un poco más de las solicitudes de acceso a la información que se presentan se otorgan", comentó.

Carmen Aristegui F.

Niñ@s jornaler@s

"Son miles. Decenas de miles", dijo el relator especial para los derechos de los migrantes de la ONU, el mexicano Jorge Bustamante, al responder sobre cuántos niños y niñas existen trabajando en los surcos del campo mexicano en condiciones de semiesclavitud. Esta semana dimos cuenta de una de las realidades más lacerantes y desgarradoras que existen en el país y sus niños, a raíz de la denuncia sobre lo ocurrido en el caso de David Salgado Aranda, un menor de 9 años que murió el 6 de enero pasado en un campo agrícola de Sinaloa. David aportaba 71 pesos diarios a la economía familiar por una jornada de cinco y media de la mañana a cuatro y media de la tarde, un dinero que resultaba fundamental para el sustento de la familia, según explicó su padre, Cruz Salgado. David fue atropellado por un tractor cuando recolectaba tomates en el campo Los Pinos, junto con su hermano Silvestre, pese a lo cual la empresa Agrícola Paredes se niega a indemnizar adecuadamente a la familia del menor, originario de la comunidad de Ayotzinapa, en Tlapa de Comonfort, Guerrero. El relator se colocó al lado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", quienes exigen justicia por la muerte del niño guerrerense atropellado hace 50 días, y tomó el caso como punto de partida para denunciar sobre los menores de 15 años que son obligados a trabajar bajo pésimas condiciones laborales en diferentes estados del norte del país. El caso ejemplifica la situación de miles de niños que trabajan en los campos agrícolas del norte de México en condiciones que violan sus derechos humanos, ante la indiferencia del gobierno y del resto de la sociedad mexicana.

Bustamante acusó al gobierno mexicano de incumplir las leyes locales y los tratados internacionales que, como la Constitución, prohíben el trabajo infantil, y anunció que pediría al gobierno mexicano, se formalice una visita oficial de él mismo para elaborar un documento que contenga las recomendaciones necesarias para enfrentar el fenómeno. Hay que decir que, algunas horas después de la conferencia conjunta de prensa entre el relator, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña y los padres de la víctima, se le comunicó a Bustamante que el gobierno aceptaba solicitar oficialmente la investigación. Más allá de la formalidad del futuro documento, el relator define su postura al decir que "no es justo que las autoridades presuman que están haciendo mucho por los derechos humanos. El caso de David muestra de una manera dramática que eso es mentira... el gobierno mexicano está violando leyes nacionales y compromisos internacionales pero, además, también es responsable de una política económica ligada a los factores de expulsión de los trabajadores migrantes que estamos viendo". Margarita Nemesio, responsable del Programa de Jornaleros Agrícolas del Centro "Tlachinollan", afirmó que en los campos agrícolas mexicanos se sigue contratando a menores de 14 años sin que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cumpla con su tarea de inspección para evitar esta irregularidad. Sólo entre noviembre de 2006 y enero de este año, emigraron desde la región de La Montaña en Guerrero, a los campos agrícolas, más de 10 mil trabajadores agrícolas, de los cuales 4 mil 496 eran niños menores de 15 años. La situación de los pobladores de la zona en donde nació el pequeño David puede conocerse mejor en el documento que ha elaborado el Centro "Tlachinollan" titulado Migrar o Morir. El dilema de los Jornaleros agrícolas de la Montaña de Guerrero. Ahí, Margarita Nemesio escribe lo que han recogido a lo largo de sus recorridos con los trabajadores. Se lee, por ejemplo, en alguna de sus partes: "Era impresionante la cantidad de menores de edad que se encontraban laborando al lado de sus padres, haciendo uso de su única herramienta de trabajo, que por cierto es una navaja conocida también como 'cutter' de 15 o 20 centímetros de largo... Sin ninguna protección o guantes que pudieran evitar de alguna forma que se lleguen a cortar algún dedo, están habilitados con lo único que caracteriza la imagen típica del jornalero: un pañuelo sobre su cabeza con una gorra encima, suéteres o blusas de manga larga, pantalones y otros aditamentos, mismos que les sirven para protegerlos de los insectos o molestos mosquitos, así como de los rayos del sol, ése es su único equipo de trabajo". En otra parte se lee: "...ni mucho menos dispone de albergues para que las madres que tienen bebés los dejen mientras ellas van a laborar al campo, por el contrario, los llevan sobre su espalda y a orillas de los surcos dejan a los más pequeños y los que pueden trabajar van a su lado". Se va desgranando ahí "La geografía de la pobreza; las razones profundas para salir de casa; las rutas de los migrantes; el viaje de la ignominia y el enganchamiento para la esclavitud", entre otros capítulos de una realidad que no debe ser ignorada. Hace unas semanas, en alusión al pequeño David, el senador Heladio Ramírez López hablaba de la explotación de, por lo menos, 1 millón de niños que viven en los campos agrícolas de México, hacinados en galeras, en condiciones infrahumanas. "Prisioneros del desamparo", les llamó. Y eso son, a los que sólo alcanza para su fatal disyuntiva: migrar o morir.

Retrasa a México capital humano. Tendrá el País amplia fuerza laboral para el 2020, pero con una escasa preparación

Reforma, Distrito Federal (10 marzo 2007).- Los niños y jóvenes mexicanos de hoy harán al País en el 2020, el más rico en fuerza laboral entre los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Pero esa generación difícilmente mejorará la condición económica de México, debido a su baja preparación, advierte el estudio de la OCDE "Capital Humano: Cómo Tus Conocimientos Formará Tu Vida".

De acuerdo con el documento, uno de cada 5 niños mexicanos vive en la pobreza, lo que limita su acceso a la educación; además, sólo un tercio de los estudiantes termina una carrera profesional, cuando en Alemania este factor es del 99 por ciento.

"En los países nórdicos, sólo uno de cada 25 niños vive en la pobreza", señala la OCDE.

"La pobreza en la niñez afecta a los niños por el resto de sus vidas, continuamente. Limita su capacidad de desarrollar talentos y habilidades", agrega.

Por si no bastara este problema, la urgencia de los países más poderosos por obtener personal calificado, podría quitarle a México sus pocos talentos durante los próximas dos decenios, refiere el texto.

Al final del próximo decenio, en Francia, Japón, Hungría, Italia y Grecia, los trabajadores retirados conformarán la mayoría de la población.

En contraste, en Estados Unidos, Irlanda, Islandia, Turquía y México, no representarán siquiera un tercio del total.

En el corto plazo los mexicanos más preparados, como médicos y enfermeras, encontrarán en países desarrollados una mejor área laboral con acceso a mayores ingresos económicos, advierte el estudio.

"Las remesas de médicos y enfermeras, como de otros trabajadores, podrán contribuir a las economías de países como Filipinas o México.

"Pero hay inconvenientes. La partida de staff médico se come el capital humano de las naciones", advierte.

México perdería personal entrenado para curar los males de la región, señala el estudio.

Así, los contribuyentes mexicanos que pagan la educación de los jóvenes, podrían terminar subsidiando a las naciones más poderosas que padecerán una insuficiencia de personal calificado.

México podría quedar marginado de la sociedad del conocimiento actual, en la que la información desplazó a las máquinas como el bien más preciado.

"Las habilidades que necesitamos en las áreas laborales están aumentando y se está acelerando esa evolución", dice el organismo.

En su texto de 150 páginas la OCDE urge a México a realizar reformas fiscales que le permitan incrementar su gasto en educación pública, pero destaca la poca voluntad de los legisladores a cargar con el costo político de cobrar mejor los impuestos.

"Una niña puede nacer hoy en un hospital, pero tan pronto llegan a casa, empieza la primera decisión difícil ¿debe ir su mamá a trabajar o quedarse en casa?", expone el texto.

Eso dependerá del país en donde viva, algunas naciones subsidian a madres que deciden quedarse; otras prefieren que las mamás sigan trabajando para no deteriorar la economía, manifiesta la OCDE.

"Así que aún faltan años para que esa persona llegue a la edad de votar, pero las tendencias sociales y las políticas de gobierno ya están afectando su vida profundamente".

Se daría al Estado poder inaudito para combatir el crimen... y otras cosas, advierte Carrancá. Aberración jurídica, iniciativas del Ejecutivo sobre justicia: expertos

http://www.jornada.unam.mx/2007/03/11/index.php?section=politica&article=005n1pol

Persiste tortura en México, admite el gobierno federal ante la CIDH

http://www.jornada.unam.mx/2007/03/11/index.php?section=sociedad&article=037n1soc

La procuraduría capitalina reabre la investigación del caso Digna Ochoa

http://www.jornada.unam.mx/2007/03/13/index.php?section=politica&article=015n1pol

Refuta parte médico declaraciones de Calderón sobre anciana violada

http://www.jornada.unam.mx/2007/03/15/index.php?section=estados&article=038n1est

La CNDH protege a Ulises Ruiz, acusan legisladores

http://www.jornada.unam.mx/2007/03/16/index.php?section=politica&article=012n1pol

Aprueban países expulsión; en México no

Al amparo de la Comisión de Derechos Humanos, aun cuando cometan faltan graves, los alumnos no pueden ser sancionados

Reforma, 17 marzo 2007.- En Estados Unidos, España y Canadá, los directores de escuelas de educación básica tienen el poder de sancionar con la expulsión a los alumnos que cometen faltas graves, como introducir armas o drogas al plantel, agredir a maestros o condiscípulos o realizar actos injustificados que perturben gravemente el desarrollo escolar.

Pero en México, prácticamente en todos los Estados, las leyes y normas prohiben a los directores actuar contra los estudiantes con graves faltas de disciplina.

Al amparo de la Comisión de Derechos Humanos, aun cuando cometan faltan graves, los alumnos no pueden ser sancionados con una expulsión, ni siquiera sanción, incluso si directores o autoridades educativas regionales o federales lo consideran necesario.

Además, el derecho de los niños a recibir educación, bajo cualquier circunstancia, está protegido en México por la Constitución, la Ley General de Educación, y la Ley General para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

También existen reglamentos internos sobre el funcionamiento de las escuelas --en el Distrito Federal, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Chiapas e Hidalgo, entre otros-- que de manera tácita prohiben la expulsión.

Así, un director de escuela, a pesar de ser la figura máxima en el plantel, no tiene autoridad para contratar, incentivar o despedir a maestros, pero tampoco siquiera para sancionar a los alumnos.

Aunque en México la Secretaría de Educación Pública no tiene reglas para permitir o prohibir la expulsión, en ocasiones es la Comisión de Derechos Humanos de cada Estado la que establece el criterio.

Un caso reciente es el de Nuevo León, en donde a través de una circular enviada el pasado 26 de febrero a los directores y autoridades escolares por la Secretaría de Educación del Estado, cuyo titular es Reyes Tamez, se les prohibe expulsar o suspender a los alumnos, aunque sean problemáticos, a raíz de una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

"Por ningún motivo se expulsará o suspenderá a los alumnos que presenten alguna problemática", establece el documento. "En caso de considerarse necesario su traslado a otra institución, el director de la escuela asegurará la integración de estos alumnos en otro centro educativo".

En Guerrero, pese a que se han registrado problemas extremos como portación de armas de fuego, armas blancas, drogas, robos, pleitos de pandillas y amenazas entre alumnos, las sanciones son relativas y casi no se aplican porque el reglamento no precisa qué sanciones corresponden en cada caso, explicó Remedios Ramírez, Supervisora de la Subcoordinación del Distrito Acapulco-Coyuca, de la Secretaría de Educación en la entidad.

Y en Tlaxcala, en lo que va del ciclo escolar, al menos 50 de los 300 alumnos que atiende una institución educativa fueron castigados con un reporte de mala conducta y cuatro de ellos fueron expulsados por faltar al respeto a sus maestros, pero allá también, la CEDH señala que con estas medidas se violan los derechos de los estudiantes.

La SEP no cuenta con una normativa nacional que prohiba claramente la expulsión.

"No está regulada (la expulsión). No tengo conocimientos de alguna regulación específica y, si la hay, es una regulación muy vieja", señaló Lorenzo Gómez Morín, quien fue Subsecretario de Educación Básica durante el sexenio pasado.

"Cada entidad tiene sus propios criterios y, finalmente, los criterios los aplican los directores y la expulsión es decisión del director", aseguró.

Raúl Plascencia Villanueva, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, advirtió que ningún niño puede ser privado de su derecho a la educación y que sólo en aquellos casos en que se demuestren faltas administrativas graves, el estudiante puede ser dado de baja de una institución educativa.

"La Constitución establece de manera muy clara en el Artículo tercero un derecho muy claro de toda persona a que se le imparta educación preescolar, primaria y secundaria", dijo.

"En ese sentido, evidentemente no hay la posibilidad alguna de que pueda ser delimitado tal derecho, salvo evidentemente, tratándose de la comisión de delitos, o de faltas administrativas muy graves, que para ello tendrían que seguirse primeramente los procedimientos legales correspondientes", señaló.

Y en Tlaxcala, en lo que va del ciclo escolar, al menos 50 de los 300 alumnos de la secundaria Loma Florida del municipio de Apizaco fueron castigados con un reporte de mala conducta y cuatro de ellos fueron expulsados por faltar al respeto a sus maestros, pero allá también, la CEDH señala que con estas medidas se violan los derechos de los estudiantes

Miguel Concha / Amenazas contra los derechos humanos

http://www.jornada.unam.mx/2007/03/17/index.php?section=opinion&article=020a1pol

La pérdida de credibilidad de la CNDH

http://www.jornada.unam.mx/2007/03/17/index.php?section=opinion&article=002a1edi

Sociedades de convivencia: tema de derechos humanos

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/37065.html

Fidel Castro Ruz

La internacionalización del genocidio

http://www.jornada.unam.mx/2007/04/06/index.php?section=opinion&article=010a1pol

Miguel Concha / Nueva visita de la CIDH a México

http://www.jornada.unam.mx/2007/04/14/index.php?section=opinion&article=016a2pol

México, el mayor expulsor de migrantes del planeta, dice el BM

http://www.jornada.unam.mx/2007/04/16/index.php?section=politica&article=003n1pol

Sergio Aguayo Quezada

Extranjeros

México se abrió al mundo y hoy llegan visitantes que hace algunos años hubieran sido declarados indeseables por el supremo gobierno. ¿A quién sirve la apertura?

En 1964 el Fondo de Cultura Económica publicó Los hijos de Sánchez de Oscar Lewis. El gobierno federal enfureció porque describir la vida de los marginados ofendía, difamaba, denigraba a una sentida patria; resolvió el agravio despidiendo al director del Fondo, Arnaldo Orfila. En 1990 la revista Vuelta organizó un apasionante coloquio de invierno que alebrestó a los defensores de la honra nacional porque el peruano Mario Vargas Llosa declaró que México era una dictadura tan perfecta que hasta le pagaba a sus críticos para simular la oposición. Durante décadas escuché que traiciona a México quien se reúna con organismos extranjeros de derechos humanos.

Con esos antecedentes, sorprende lo acontecido en los últimos días. Mario Vargas Llosa fue una de las estrellas del seminario organizado por la Fundación Grupo Mayan y opinó sobre asuntos mexicanos; Jonathan Fanton, presidente de la influyente Fundación MacArthur, vino a entregar un importante reconocimiento al Instituto para la Seguridad y la Democracia, Insyde, un espléndido organismo civil mexicano especializado en seguridad pública; y el viernes pasado concluyó una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezada por su presidente Florentín Meléndez. Se acepta sin chistar la presencia de extranjeros que opinan o hurgan en nuestras miserias. Pero, ¿afecta en algo la realidad? Respondo con la misión de la CIDH.

Lo primero a subrayar es su capacidad de convocatoria: se reunió con unos 300 organismos civiles de todo el país. El viernes pasado asistí a la audiencia dedicada a las violaciones a los derechos de las mujeres. Cada 3 o 4 minutos una expositora relataba una historia de vejación e indefensión. Mientras escuchaba la precisión quirúrgica de sus relatos, me preguntaba si han crecido las violaciones o simplemente se documentan mejor. Lo que sé es que el salón estaba repleto por quienes buscaban entre los extranjeros la justicia y protección que su país les niega. Si sólo funcionaran mejor nuestros organismos públicos de derechos humanos, no acudirían tantas víctimas ante la CIDH. Es paradójico que una institución (la CIDH) con un presupuesto anual de 3 millones de dólares para toda América Latina venga a suplir las insuficiencias de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con un presupuesto anual de 70 millones de dólares.

Pero, ¿servirá de algo el esfuerzo de quienes acudieron ante el presidente de la CIDH que no paraba de hacer anotaciones en una minúscula libreta negra? Eso dependerá de la gravedad del abuso y de la forma en que se presenten los casos. Desde otro punto de vista, la visita sí es útil porque es posible que la presión extranjera influya sobre un gobierno federal bastante indiferente frente a lo que sucede en ese terreno.

Los derechos humanos aparecen poco en el discurso y las políticas de Felipe Calderón Hinojosa. Su prioridad está en la seguridad y está dispuesto a que la sociedad pague los costos asociados. Un indicador del desdén de los cargos más importantes del gobierno panista hacia los derechos sería que ni el Presidente, ni los secretarios del área de seguridad (Defensa, Gobernación y Procuraduría) concedieron audiencias a la CIDH. En las tres últimas dependencias la entrevista fue con subsecretarios. Las excepciones fueron el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y la canciller, Patricia Espinosa. Se reconfirmó, una vez más, que la SRE es la más comprometida con el respeto a los derechos humanos.

Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH, asegura en entrevista que el balance fue positivo porque además de acercarse a los grandes problemas en esta materia pudieron transmitir al gobierno de Calderón su preocupación por el futuro del Plan Nacional de Derechos Humanos y por el significado de la desaparición de la decepcionante Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Femospp. Ambas fueron ocurrencias de Vicente Fox; después de crearlas se desentendió y las arrinconó en dos secretarías del área de seguridad. Que la CIDH las trajera en su agenda confirma que algunos temas y asuntos difícilmente serán olvidados por un sector de la sociedad mexicana y la comunidad internacional.

Esto me lleva a un principio bastante elemental. Los derechos existen en la medida en la que existan personas o instituciones dispuestas a reconocerlos. Gustavo Díaz Ordaz negaba que en México hubiera abusos... y se distinguió por la brutalidad de sus acciones. Entre los componentes de la verborrea foxista iba el elogio de los derechos pero luego se desentendía y no respaldaba a las dependencias interesadas en el tema.

La bandera de los derechos humanos ha sido relegada por el gobierno de Felipe Calderón cuando las violaciones están teniendo un preocupante repunte. El terreno es propicio para que otros actores llenen el vacío. Una posibilidad serían los gobiernos estatales, algunos de los cuales ya están impulsando una política exterior propia. Otra corresponde a los organismos civiles que durante la visita de la CIDH mostraron una gran capacidad para documentar violaciones y que podrían incrementar su influencia si logran unificarse en torno a una agenda mínima. Un tema de consenso podría ser la exigencia de una reforma a fondo del gigantesco, caro e ineficiente sistema de organismos públicos de derechos humanos.

México se abrió al mundo y las repercusiones han sido multidimensionales. Quienes buscan justicia podrían seguirse beneficiando si siguen encontrando la forma de apalancarse en los extranjeros dispuestos a preocuparse por el México ultrajado.

El contrapunto

Por mi columna de la semana pasada ("¿Ombudsman?") hubo quienes dijeron que mis críticas a la CNDH se originan en que aspiro a ese cargo y porque arrastro fobias personales. Ni lo uno ni lo otro. Reitero lo escrito en este mismo espacio: ni aspiro ni aceptaría ningún cargo en la CNDH. Me intereso tanto por esa dependencia por su importancia estratégica y me preocupa su debilidad. A la evidencia me remito. La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó nuestro país ni siquiera solicitó una entrevista con el ombudsman nacional, José Luis Soberanes. El significado es obvio, las implicaciones inquietantes.

Jorge A. Bustamante

Crítica y autocrítica

Varios diarios del Distrito Federal, entre ellos el nuestro, informaron el martes 17 de abril de la conferencia que impartió el señor Javier Solana, jefe de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea en un auditorio de la Cancillería mexicana.

Sin mencionar fuente alguna en la que se apoyara su aserto, el señor Solana dijo que: "México es un país que cumple con todas las normativas internacionales en derechos humanos". Eso, señor Solana, no es verdad. Cómo es posible que un personaje de su nivel pueda estar tan mal informado como para ignorar que el gobierno de México tolera abiertamente el trabajo infantil en violación de la normatividad internacional de la materia y que más de 90 mil menores de 14 años trabajan en los campos agrícolas y en algunas minas del país, además de ser una práctica común en los servicios domésticos en todo el país, en violación de la Constitución mexicana en su artículo 123 y de su Ley Federal del Trabajo (artículo 173). Cómo es posible que el señor Solana haya expresamente exculpado al gobierno de México de las violaciones a los derechos humanos de los transmigrantes centroamericanos que se internan a México para atravesarlo y llegar a Estados Unidos, precisamente cuando varias ONG están denunciando al Instituto Nacional de Inmigración (INM) de la Secretaría de Gobernación, por el endurecimiento de sus prácticas antiinmigrantes. Cierto que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU la preside un destacado mexicano, pero este hecho no puede esgrimirse como evidencia de que el gobierno de México está cumpliendo con sus obligaciones internacionales de respetar los derechos humanos, de lo cual ese destacado mexicano no es responsable.

El actual gobierno de México no sólo es responsable de la violación flagrante de la normatividad internacional que ha suscrito, que lo obliga a proteger los derechos humanos de los niños y niñas, de los indígenas, de las mujeres y de los inmigrantes, sino del cinismo con el que presume, ahora por interpósita persona, de un cumplimiento que es totalmente falso y que se hace impune cuando los legisladores mexicanos guardan silencio sobre tal falsedad. No ayuda a nuestro país que se invite a autoridades internacionales, como sin duda lo es el señor Javier Solana, a decir mentiras sobre nuestra realidad nacional. No nos ayuda que le creamos al señor Solana que el gobierno de México está cumpliendo con sus compromisos de respetar los derechos humanos en nuestro país. Esos incumplimientos, cuando son tan masivos, como lo son: la tolerancia del trabajo infantil y la discriminación de nuestros indígenas, nuestras mujeres y nuestros inmigrantes, llega un momento en que "revientan" ante la opinión pública internacional como un absceso purulento.

Las evidencias del carácter masivo de esas violaciones siguen creciendo. El gobierno de El Salvador ya está reclamando por un supuesto uso de gases en contra de un grupo encerrado de inmigrantes de ése y otros países centroamericanos, que la policía mexicana ha negado. A principios de febrero en Arriaga, Chiapas, medio millar de centroamericanos, entre ellos niños y embarazadas, fueron detenidos a punta de macanazos por agentes de inmigración, según la nota de Gardenia Mendoza Aguilar del diario La Opinión, publicada el pasado 17 de abril. "Los tratan como a animales", dijo el sacerdote Alejandro Solalinde con referencia a los tratos que reciben los centroamericanos en los centros de detención del INM. Denuncia que ha respaldado el diputado Edmundo Ramírez.

Es necesario que mantengamos una capacidad autocrítica que nos permita superar voces de fuera que nos dicen que somos lo que en realidad no somos, aunque esas voces de afuera nos suenen bonito. Sólo una sana autocrítica nos impedirá que esas voces de afuera nos saquen de la realidad. Sólo un conocimiento objetivo de nuestra realidad nos permitirá cambiarla. Sólo cambiándola podremos tener la legitimidad de exigir el respeto de los derechos humanos de los nuestros en ese otro país que es donde viven cerca de 20 millones de los nuestros. Sobre todo ahora, que está triunfando en Estados Unidos la peor de las prácticas antiinmigrantes que en estas páginas ya califiqué como correspondientes a un virtual "estado de sitio". Las escenas que Hollywood nos ha mostrado como representativas de los regímenes fascistas se están repitiendo en la realidad de los mexicanos que residen en Estados Unidos. Arrestos domiciliarios que se anuncian con el rompimiento violento de cerraduras y el arresto inconmovible de padres y madres frente a sus hijos menores son escenas que se están repitiendo en Estados Unidos mientras se leen estas líneas.

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Rechazan conocer las pruebas y ''peritajes científicos'' que iba a presentar el ombudsman. Naufraga Soberanes ante diputados al comparecer por el caso Ascensión

http://www.jornada.unam.mx/2007/04/26/index.php?section=politica&article=003n1pol

Descrédito de la CNDH

http://www.jornada.unam.mx/2007/04/26/index.php?section=opinion&article=002a1edi

Miguel Ángel Granados Chapa

¿Usted le cree a Soberanes?

Interrogado expresamente sobre si había anticipado el informe sobre Oaxaca a la Secretaría de Gobernación, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo negó enfáticamente. Y sin embargo, hay una prueba inequívoca de que sí lo entregó en Bucareli

Yo tampoco. Porque es claro que a veces miente y en otras sospecho que lo hace. Como en el caso de la señora Ernestina Ascensio Rosario, probablemente asesinada, en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que preside el doctor José Luis Soberanes, ha adoptado una línea de investigación que permita exonerar a priori a miembros del Ejército, inicialmente señalados como presuntos responsables del ataque sexual a la anciana de habla náhuatl que moriría a causa de esa agresión.

El primero en establecer como médica y no mecánica la causa de la muerte de la señora que pastoreaba sus animales la tarde del domingo en que fue agredida (o en que, para compartir esa absurda tesis, comenzó su agonía) fue el presidente Calderón, quien espontáneamente, sin pregunta expresa, en una entrevista para festejar sus 100 días de gobierno dictaminó sobre el caso. Dijo textualmente el 12 de marzo, a La Jornada, que "la CNDH intervino y lo que resultó de la necropsia fue que falleció de gastritis crónica no atendida" y agregó contundente "no hay rastros de que haya sido violada". Soberanes y la Comisión han negado haber informado a Calderón, antes que a nadie -porque la CNDH sólo emitió un boletín sobre el caso el 14 de marzo-, sobre el resultado de la segunda necropsia, practicada el viernes 9 de marzo (en cuyo documento, por cierto, se lee sin lugar a dudas que la causa de la muerte fue mecánica, no médica). Ha sugerido que personal militar presente en la exhumación pudo haber sido la fuente de la información presidencial. Que no es así lo indica no sólo la mención expresa de Calderón a la CNDH sino el silencio de la autoridad militar (el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, pudo haberlo dicho a los diputados en su comparecencia del jueves pasado) que no tendría empacho en reconocer que había ofrecido tal información a su jefe supremo.

Refuerza la hipótesis de que Soberanes miente sobre la filtración indebida de información a los afectados, la infidencia del diputado panista, general retirado Jorge González, que el 28 de marzo blandió ante reporteros un documento de la CNDH, donde se desarrolló el esbozo iniciado el 14 anterior, que sólo se publicaría al día siguiente, 29 de marzo, con esa fecha.

El descrédito de la palabra de Soberanes creció por un hecho en torno al informe de la CNDH sobre Oaxaca, presentado ante diputados el 15 de marzo anterior. Explícitamente la reportera Marcela Turati preguntó a Soberanes si había hecho conocer ese documento a Gobernación antes de su comparecencia legislativa. El ombudsman lo negó enfáticamente: "No, no, no... nosotros no lo presentamos a Gobernación ni mucho menos. Sería suicida, ¿no? (Excélsior, 26 de abril).

Pero ocurre que sí lo entregó, y hay constancia documental inequívoca a propósito. Se trata de una carta escrita en el papel membretado de Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación, signada por él y fechada el 6 de marzo, cuyo breve texto es elocuentísimo. El destinatario es el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. Las seis líneas de la carta dicen así, mayúsculas respetadas:

"El de hoy (sic, pues falta la palabra día) recibí el Informe Especial sobre los Acontecimientos de Oaxaca, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentará ante las Comisiones del Congreso de la Unión el próximo día 15.

"El compromiso que asumimos con el Presidente de la Comisión, fue hacerle llegar nuestras observaciones y opiniones en un término de 72 hrs, por lo que le solicito atentamente los comentarios que el referido informe le merezca, a la brevedad posible".

Podría haber ocurrido que la primera línea del primer párrafo de la carta (recibí el Informe especial...) reflejara sólo una situación de hecho, resultante de que un informante de Gobernación obtuviera un ejemplar del documento citado. Pero la primera línea del segundo párrafo de la carta desnuda al informante sin lugar a dudas: Soberanes entregó a Ramírez Acuña el informe, no sólo para su conocimiento sino invitándolo a participar con observaciones en su configuración final, con la condición de que eso ocurriera en las 72 horas siguientes al recibo del documento en Bucareli.

Simple y llanamente, Soberanes mintió en ese caso. No disponemos aun de constancias documentales de que lo haga en otros, especialmente en el de la señora Ascensio Rosario. Es probable que la intervención de la CNDH en ese asunto no haya sido tan espontánea como sugiere el que la ejerza de oficio, sino por pedido de alguna autoridad federal, porque parte de la misma fecha en que la Procuraduría militar iniciaba una averiguación previa que carecía de sentido de no ser porque algunos elementos del Ejército estaban involucrados en el momento inicial de la ventilación del caso.

Insistir en la evidencia (admitida en comunicados de la Sedena) de que hubo ataque sexual y probable participación de soldados es considerado en algunos medios de comunicación como terquedad que obedece a prejuicios o intereses. Y ha sido pretexto para torpes descalificaciones como la que pretendió Carlos Marín respecto de Carmen Aristegui, la más inteligente y acuciosa informadora de medios electrónicos. Pensé de pronto en la fábula del sapo y la luciérnaga en que ésta, sorprendida, pregunta al batracio por qué la aplasta y desde su rencor el agresor pregunta a su vez: ¿por qué brillas? Pero es una mala comparación porque en la vida real la luciérnaga sigue iluminando y el sapo se queda sapo.

"Desaparecen" los hijos de Ernestina Ascensión

http://www.jornada.unam.mx/2007/05/07/index.php?section=politica&article=007n1pol

Los hijos de Ascensión están de visita en el DF, confirma Herrera Beltrán

http://www.jornada.unam.mx/2007/05/08/index.php?section=politica&article=010n1pol

CNDH: graves abusos de militares en Michoacán

http://www.jornada.unam.mx/2007/05/16/index.php?section=politica&article=003n1pol

CNDH: Las conclusiones y las pruebas

http://www.milenio.com/mexico/milenio/firmawp.asp?id=511047

Al rendir protesta no contrajo ningún compromiso claro con los derechos humanos, dice

Cuestiona AI el controvertido proceso en que resultó electo Felipe Calderón

http://www.jornada.unam.mx/2007/05/23/index.php?section=politica&article=005n1pol

CNDH: "responsabilidad directa" de Ulises Ruiz por la represión en Oaxaca

http://www.jornada.unam.mx/2007/05/25/index.php?section=politica&article=007n1pol

Rechaza Carpizo impugnación de CNDH a la reforma sobre aborto

http://www.jornada.unam.mx/2007/05/28/index.php?section=capital&article=038n1cap

Luis Hernández Navarro / José Luis Sumisiones

http://www.jornada.unam.mx/2007/05/29/index.php?section=opinion&article=017a2pol

Abortar es asunto de pareja.- Soberanes

Según el recurso legal presentado por el presidente de la CNDH, el derecho a la procreación pertenece también al hombre

Reforma, 31 mayo 2007.- Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que una mujer decida abortar es inconstitucional, porque debe ser un asunto de pareja.

Según el recurso legal presentado por el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, en contra de la ley que despenaliza el aborto en el DF, el derecho a la procreación pertenece a también al hombre.

"Se encuentran en conflicto dos derechos fundamentales:

"Por un lado el de la mujer, para decidir de manera libre y responsable la interrupción del embarazo y, por otro, el derecho del varón para decidir sobre su derecho a la procreación", detalla el resumen de la controversia presentada ante la Suprema Corte de Justicia.

De acuerdo con este principio, la mujer sólo puede elegir sobre su cuerpo antes de la concepción y, posteriormente, ambos padres tienen mismo rango de decisión.

"La madre, decidiendo interrumpir el embarazo, y el padre, decidiendo que se le respete su derecho a la procreación. Procreación que fue realizada de manera conjunta", indica el documento.

En tanto, la Asamblea Legislativa del DF presentó un punto de acuerdo en el que solicita al Congreso de la Unión investigar la actuación de Soberanes y su posible violación a la legislación en sus actuaciones recientes.

José Woldenberg

No es delito

La PGR y la CNDH tienen el derecho de iniciar una acción de inconstitucionalidad contra las reformas a las leyes que despenalizaron el aborto en el Distrito Federal. Así está diseñado nuestro sistema de pesos y contrapesos institucionales. No obstante, parece impertinente que el Poder Ejecutivo, a través de la PGR, intente revertir disposiciones aprobadas por el órgano legislativo de la capital. ¿No debería mantenerse por encima de las partes como "Presidente de todos los mexicanos"? Y resulta difícil de entender el cuadro de prioridades que rige la actuación de la CNDH. ¿No debería en primerísimo lugar defender los derechos humanos de la mujer que decide abortar?

Pero vayamos por partes con el auxilio de un texto de reciente publicación. "A lo largo de casi toda la historia de la humanidad, el fenómeno reproductivo permaneció fuera del ámbito de la ética... puesto que su realización tenía lugar sin la participación de la conciencia y la voluntad" (Gregorio Pérez-Palacios, Raymundo Canales de la Fuente y Raquel Gálvez, "El aborto y su dimensión médica y bioética", en Pérez Tamayo, Lisker y Tapia, La construcción de la bioética, FCE, México, 2007). Desde esa perspectiva la acción humana en materia de reproducción no se diferenciaba suficientemente de lo que acontece entre el resto de los animales. La actividad sexual desembocaba de manera inercial en la reproducción y muy poco se podía hacer.

No obstante, "la función reproductora del ser humano... se convierte en objeto de estudio de la ética (y el derecho)... en el momento en que... a través de la ciencia logra el conocimiento que le permitirá intervenir en su función reproductiva". Hoy se puede regular la fertilidad a través de muy distintos métodos anticonceptivos (ello tiende a liberar a la actividad sexual de su anclaje animal para ampliar los horizontes del disfrute sexual, poniendo entre paréntesis la finalidad reproductiva), se puede ayudar a la concepción a hombres y mujeres que en principio se encuentran incapacitados para procrear, y por supuesto se puede interrumpir el embarazo. Eso se puede -gracias a los avances de la ciencia-pero, ¿se debe?

En relación a la utilización de métodos anticonceptivos y las posibilidades que abre para la planificación familiar o a las técnicas terapéuticas para auxiliar a las parejas o mujeres infértiles a tener hijos, se ha construido un consenso aprobatorio. No obstante, en relación a la interrupción del embarazo subsisten objeciones.

Los autores antes citados informan lo siguiente:

1) El aborto inducido es una realidad del tamaño del Océano Atlántico: el "17.8 por ciento de las mujeres en edad reproductiva se han practicado un aborto".

2) El aborto inducido, realizado de manera clandestina, en condiciones inseguras e insalubres, "representa la tercera causa de mortalidad materna".

3) "50 países, que representan poco más del 40 por ciento de la población mundial, permiten de forma legal la realización del aborto sin restricciones en cuanto a razón o motivo, con tiempos límites de gestación que van desde las ocho hasta las 24 semanas".

4) Si el aborto se realiza antes de 20 semanas, "no existen posibilidades reales, ni con la ayuda de toda la tecnología moderna, para la sobrevivencia fetal fuera del seno materno". Lo que quiere decir de manera inequívoca que durante ese lapso de tiempo existe una dependencia total y absoluta del feto en relación a la madre; que resulta inviable fuera del útero.

5) En un extremo, "el embrión inicia su desarrollo individual hasta después del día 14 posfertilización, lo que marca el inicio del embarazo. Las dos semanas previas del cigoto se consideran como un estadio de preembrión y bajo ninguna circunstancia puede decirse que se trata de un individuo "potencial". Ello ha llevado al Parlamento inglés -según los autores citados- a "que la investigación biomédica se permita hasta el día 14 después de la fertilización y que la destrucción de cigotos humanos antes de ese día, en los procedimientos de reproducción asistida, no sea punible".

6) "El Comité de Ética de la Asociación Médica Canadiense identifica el surgimiento de la 'vida cerebral' fetal con el inicio de la vida de una persona. La vida cerebral fetal debe entenderse como la capacidad de desarrollar conciencia, autoconciencia y otras funciones neurológicas especializadas. Todo ello ocurre (empieza a ocurrir digo yo) a finales del sexto e inicio del séptimo mes de embarazo, cuando el feto ya es viable, esto es, cuando tiene la posibilidad de sobrevivir fuera del útero en caso de nacer antes del término. Los productos que nacen antes es común que presenten daños cerebrales de diverso tipo".

Si todo ello es así, la conclusión de los científicos no puede ser más contundente: "En México, un Estado laico, plural... se tendría que garantizar a todas las mujeres la maternidad voluntaria, saludable y sin riesgos... Debemos hacer todo lo posible para que se difunda el conocimiento y el ejercicio de los derechos humanos de toda la población -incluidos los derechos a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres-; exigir la cobertura amplia de información y servicios de salud reproductiva y planificación familiar -incluida la anticoncepción de emergencia-; promover los cambios pertinentes en los códigos penales, leyes generales de salud, población y desarrollo para la elaboración de lineamientos técnicos que permitan la atención con calidad y calidez en la interrupción del embarazo cuando sea permitido por la ley; continuar la lucha por la despenalización del aborto...". ¿O qué? ¿Vamos a meter a la cárcel a las mujeres que interrumpen su embarazo en las primeras 12 semanas?

“¿Tu le crees a Soberanes? yo tampoco”

josé gil olmos

México, D.F., 30 de mayo (apro).- Con un presupuesto de más de 700 millones de pesos anuales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es la institución en su género que más dinero tiene en el mundo. Pero ni con todos estos recursos su presidente José Luis Soberanes ha hecho su labor de defensor del pueblo. Al contrario, ha demostrado que sus intereses particulares van primero.

Ninguna de las tres presidencias anteriores en la CNDH ha sido tan mal vista y cuestionada como la del doctor Soberanes. Y no sólo por su protagonismo histriónico en los medios y en la política, sino también por la falta de autonomía e independencia ante las autoridades, la pésima administración de sus recursos y su ineficacia como defensor del pueblo.

En los últimos meses, el protagonismo y los intereses políticos le han ganado al ombudsman mexicano. Contrario a la naturaleza de su tarea, a contracorriente de lo que el país necesita, el doctor Soberanes no desperdicia una oportunidad para hacerse ver en la opinión pública o para defender al Ejército y al presidente Felipe Calderón, sin importar que ponga en riesgo la credibilidad de la institución como ha ocurrido con los casos de Ernestina Ascencio, Oaxaca, Atenco y la reciente controversia constitucional contra la despenalización del aborto que presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A Soberanes le cuesta trabajo deslindarse de sus propios intereses. Si bien es cierto que, en los primeros años de su larga gestión iniciada en 1997 tuvo un bajo perfil, también es cierto que en todos estos años no se ha comprometido en denunciar las tropelías cometidas por el Ejército y el Ejecutivo federal.

Todo parece indicar que son ciertas las versiones de que el presidente de la CNDH pretende saltar de la defensoría de los derechos humanos a la Procuraduría General de la República o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para ello necesita de los favores de Felipe Calderón desde la Presidencia de la República.

Sólo de esta manera se puede entender el comportamiento del doctor Soberanes: está tratando de quedar bien con el presidente y su partido, el PAN, para avanzar en sus pretensiones políticas.

Sin embargo, lo que no se puede entender o aceptar es el enorme gasto que tiene en comidas exquisitas con facturas de hasta 16 mil pesos en la compra de caviar, patés y otros gustos carísimos cuando tiene el papel de defender a un pueblo que vive en la miseria.

Tampoco se puede comprender cómo ha dejado en la impunidad casos claros de violaciones a mujeres por parte de militares, como el de la señora Ernestina Ascencio.

En un juego de palabras, bien se podría aplicar al presidente de la comisión la máxima que Elba Esther Gordillo le impuso a Roberto Madrazo: “¿Tu le crees a Soberanes? Yo tampoco”.

¿Quién puede creerle al presidente de la CNDH cuando dice que, de motu propio, presentó la queja contra la despenalización del aborto en la Suprema Corte de Justicia, cuando al mismo tiempo lo hizo la PGR con la anuencia del presidente Felipe Calderón? ¿Quién le va a creer cuando afirma que él no ha actuado por consigna en los casos de Oaxaca, Zongolica, Guerrero y Coahuila, en los que militares y policías han cometido graves violaciones a los derechos humanos de ciudadanos?

Todavía se pueden recordar las palabras de Soberanes cuando presentó tardíamente el informe de Oaxaca y deslindó de toda responsabilidad al gobierno de Calderón: “No tiene porque pagar los muertos del pasado”, dijo de manera obsequiosa sobrepasando sus propios límites, pues su papel es enviar las recomendaciones al gobierno en turno para que se tomen las medidas necesarias y resarcir parte del daño causado.

Estas actuaciones han dañado de manera grave la credibilidad y la confianza social en la CNDH. Ha habido casos en los que los quejosos prefieren no entrevistarse con los visitadores, pues de antemano saben que no servirá de nada buscar su protección, ya que estos representantes de la comisión están coludidos con las autoridades estatales o federales, como ocurrió en Oaxaca.

Conocedora de esta situación, de esta crisis de credibilidad, la CNDH pagó recientemente inserciones en algunos medios con los resultados de una encuesta, según los cuales ésta institución sigue siendo confiable para la mayoría de los ciudadanos.

A pesar de los gastos de esta campaña de expiación de culpas y de autopromoción, en el fondo se da un efecto a la inversa, pues sólo se refuerza la percepción de que ha crecido la desconfianza en la autonomía e independencia de la CNDH presidida por el doctor Soberanes.

De poco sirve a una sociedad en crisis una comisión de derechos humanos sin peso, sin moral ni ética. Por eso, ya es tiempo de realizar cambios en la presidencia de la CNDH, no obstante que el tiempo fijado sea hasta 2008.

Y a partir de estos cambios iniciar una limpieza en su estructura y dejar a un lado los favores políticos para dedicarse a la función para la que fue creada: proteger y promocionar la defensa de los derechos humanos.

Otra claudicación del Estado laico

Diego Valadés

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/37787.html

Paz Fernández Cueto

Pendiente resbaladiza

Gracias a las mejoras en cuidados paliativos, con la legislación vigente se puede proporcionar a los pacientes la atención necesaria para que mueran con dignidad

Iniciativas que parecerían orquestadas por el mismo autor obligan a pensar en estrategias poblacionales vinculadas a razonamientos económicos. El aumento exponencial de la población mayor de 60 años, en contraste con la disminución drástica de nacimientos a nivel mundial, no tarda en convertirse en carga, pesando sobre un sector minoritario económicamente productivo. Así, mientras la ciencia avanza en busca de alternativas para el prolongamiento de la vida, se busca por otra parte la posibilidad de eliminarla, según ésta les resulte más o menos incómoda, más o menos productiva, o más o menos conveniente a intereses particulares. Todo esto a propósito de las tres iniciativas de ley sobre eutanasia que a la fecha existen en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para ser discutidas por las comisiones de Salud y Procuración de Justicia.

Es preciso formarse un criterio ético con respecto a la eutanasia, reconociendo en primer lugar, la diferencia esencial entre la eutanasia pasiva y la eutanasia activa, opciones que aparecen entre las distintas iniciativas propuestas que habrá que analizar.

La eutanasia es causar la muerte a otro, con o sin su consentimiento, para evitar dolores físicos u otros padecimientos. Para que se considere eutanasia la muerte debe ser buscada directamente, independientemente de los sentimientos compasivos que suelen esgrimirse para justificar la decisión. La muerte del otro puede producirse por una acción directa, como es la administración de substancias tóxicas o mortales o bien, por omisión dejando de proporcionar la asistencia médica o la alimentación básica como fue el caso de Terry Schiavo. Se busca la muerte de otro, no la propia, y la intención al menos aparente sería eliminar el dolor o las deficiencias físicas del paciente, de otra manera estaríamos ante otras formas de homicidio.

Antes de aprobar la eutanasia simplemente porque les suena progresista, los legisladores deberán analizar lo sucedido en países como Holanda, en donde la iniciativa se ha presentado como solución en casos extremos que sin embargo, empieza a preocupar tanto a tribunales como a la Real Asociación Médica, por el aumento acelerado en los decesos.

Un estudio realizado por Javier Vega Gutiérrez, profesor de medicina legal, publicado en Cuadernos de Bioética (enero-abril, 2007), califica de "pendiente resbaladiza" lo que ha sucedido en las tres jurisdicciones del mundo que han autorizado la eutanasia: Holanda, Oregon (Estados Unidos) y Bélgica. Haciendo énfasis en el caso de Holanda, Vega señala con preocupación la falta de transparencia en su aplicación, el control sanitario prácticamente nulo y el aumento notable de casos en los que los médicos acortaron, por acción u omisión, la vida de sus pacientes.

Es preciso además distinguir la eutanasia de la distanasia conocida también como ensañamiento terapéutico, que consiste en prolongar innecesariamente el sufrimiento cuando no hay esperanzas de curación. Los cuidados paliativos, como son el empleo de analgésicos o sedantes que no buscan directamente la muerte del paciente sino aliviar el dolor, no se consideran actos de eutanasia, aunque su empleo ocasionara como efecto secundario un adelanto de la muerte.

El Parlamento francés aprobó hace unos años una ley que sin legalizar la eutanasia, instaura el derecho a dejar morir como una tercera vía para que, los enfermos terminales que lo deseen, puedan interrumpir o rechazar el ensañamiento terapéutico. La ley no despenalizará la eutanasia ni cubrirá legalmente el suicidio asistido, pero cuando un paciente en grado avanzado o terminal decida limitar o interrumpir el tratamiento, el médico deberá respetar su voluntad, informando sobre los riesgos de su decisión. Si el enfermo está inconsciente, la decisión será tomada en forma colegial entre el equipo médico y la persona de confianza del paciente.

José Luis Lezama

Bioética y biopoder

Reforma, 24 junio 2007. El nombramiento del doctor Adolfo Martínez Palomo como presidente del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, además de un reconocimiento a los aportes de uno de los más destacados científicos mexicanos, representa la elección de un hombre comprometido con el diálogo, que busca la conciliación y gusta de la tolerancia.

La bioética surge de la necesidad del diálogo, no sólo entre quienes producen ciencia y aquellos que la hacen útil y aplicable mediante la tecnología, sino también con quienes viven sus consecuencias, sean éstas positivas o negativas. Nace como expresión elevada de la democracia, cuando ésta propone que el derecho a elegir y a disentir debe comprender todos los ámbitos de la vida social. Expresa un cambio valorativo, esa nueva moral que emerge en los años sesenta que es, al mismo tiempo, una rebelión cultural, que se hace visible en el movimiento del 68, pero que da cuenta de cambios profundos en la vida moderna, algunos de los cuales tienen que ver tanto con los riesgos e incertidumbres como también con las posibilidades de libertad que abren los desarrollos científicos y tecnológicos. Los años sesenta vieron nacer una nueva y más tolerante moral sexual, el feminismo, el movimiento ambientalista, las luchas por los derechos cívicos y humanos y, al mismo tiempo, los inicios de una profunda reflexión sobre el sentido de la existencia, como consecuencia de la creciente capacidad de la ciencia y la tecnología para intervenir en el curso de la vida de humanos y no humanos. La bioética expresa estos cambios, surge como protesta contra la relación autoritaria y paternalista médico-paciente y lleva la democracia y los derechos humanos a esos ámbitos de indiscutible dominio de los expertos como son el hospital, el consultorio y el laboratorio. Exige la participación del paciente en todo aquello que tiene que ver con las decisiones sobre su cuerpo y su vida, defendiendo el derecho a elegir y oponerse aun a aquellas prácticas médicas o científicas que vayan dirigidas a procurarle el bien, si éstas se hacen contra su voluntad, de sus derechos como ser humano y de sus libertades fundamentales. La bioética cuestiona también el quehacer científico y, sobre todo, el desarrollo tecnológico cuando éste se independiza de los fines sociales que originalmente lo alientan, cuando persigue intereses que no son generalizables a la sociedad en su conjunto, a los hombres en su totalidad sino a individuos, grupos o sectas.

La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos aprobada por la UNESCO en octubre del 2005 constituye un avanzado cuerpo normativo para orientar la práctica médica y aquella que materializa en los actuales desarrollos tecnológicos. Alienta el respeto a la dignidad de la persona y la defensa universal de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la vida humana y el medio ambiente como valores y fines por encima de cualquier bien individual o colectivo.

La bioética demarca con cierta claridad lo que corresponde al campo de decisiones de la ciencia y de la tecnología, lo mismo que a la práctica de la medicina. La libertad individual, profesional o gremial debe ser regulada allí donde se generan consecuencias que trascienden el consultorio, el despacho o el laboratorio y se afecta al resto de la sociedad y a los fundamentos naturales sobre los que ésta se sustenta.

La bioética pone también límites a la manipulación, dominación y control puestos en manos de agentes públicos y privados por la tecnología moderna y que se expresan en una voluntad para decidir sobre la vida, los cuerpos y mentes tanto a nivel individual como social. Las políticas gubernamentales para controlar los ritmos de la población han sido justificadas éticamente con el argumento de que son medios para lograr los fines más elevados del bienestar de la personas y de los grupos sociales. No obstante, carecen de legitimidad moral cuando no van acompañadas de políticas de redistribución del ingreso, de combate a la pobreza y la desigualdad y de empoderamiento de ciudadanos y grupos sociales para ejercer derechos y practicar la democracia. El biopoder lo ejercen también los grandes consorcios privados en el campo de la ingeniería genética que monopolizan la producción agropecuaria para generar dependencia económica y política, o quienes se ocupan de la producción de armas de destrucción masiva, no sólo en el mundo no desarrollado, sino sobre todo en el desarrollado y en los centros de poder mundial. El diálogo y la apertura serán virtudes y herramientas necesarias en la gestión del doctor Martínez Palomo para actuar en un terreno que, como el de las implicaciones éticas y sociales de la práctica médica, del ejercicio de lo que se llama las ciencias de la vida, así como del de la moderna tecnología, se caracterizan por la divergencia, la pluralidad y también por ser territorio propicio a los sentimientos, las emociones, los dogmas y la fe.

Santiago Corcuera

México: ¿torturador habitual?

Reforma, 26 junio 07.

Hoy es el día internacional de apoyo a las víctimas de la tortura.

Lo primero que vale la pena aclarar es que la tortura, para que sea tortura, requiere haber sido cometida por agentes del gobierno o por terceros que lo hacen con el consentimiento o tolerancia de agentes del gobierno. El acto de tortura consiste en provocar dolores o sufrimientos, físicos o mentales, a una persona, con cualquier fin. También se considera tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. La Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y el Código Penal del Distrito Federal no cumplen con definir correctamente la tortura. Primer factor que favorece su impunidad.

Existen ciertas circunstancias en donde la posibilidad de que la tortura se presente es mayor, o dicho de otro modo, en las que la persona envuelta en dichas circunstancias se encuentra en un estado de tremenda vulnerabilidad.

El primer momento de vulnerabilidad, en donde se puede presentar la tortura, es en el de la detención. Para detener a alguien, el policía debe usar solamente la fuerza necesaria para someter a la persona que se pretende detener. Es decir, la fuerza debe guardar proporción a la resistencia que ofrezca el que deba ser detenido. Pero si ya ha sido sometido, el policía no debe agarrarlo a patadas, como para castigarlo por la resistencia que ofreció. Por desgracia, en México, con mucha frecuencia, se cometen abusos policiacos constitutivos de tortura en los momentos contemporáneos y aledaños a la detención. Decir esto no es una exageración.

Otro momento de gran vulnerabilidad es el estado de privación de libertad. En los centros de detención o en las prisiones se puede dar la tortura con mayor facilidad. Es por eso que se ha adoptado un protocolo adicional a la convención internacional contra la tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes, que tiene como fin, precisamente, hacer visitas a centros de detención con fines preventivos. México es parte de este protocolo, pero todavía no se instrumenta. Por desgracia, en México se comenten habitualmente abusos contra las personas privadas de libertad, que constituyen tortura. Decir esto no es una exageración.

La tortura es particularmente frecuente cuando se usa para obtener información o una confesión. En México, por ejemplo, prevalece el sistema inquisitorio como régimen de enjuiciamiento penal, que favorece la tortura. Aunque la Constitución diga que nadie está obligado a declarar y que en el momento de rendir la declaración ante el Ministerio Público el inculpado debe estar en presencia de su abogado o de persona de su confianza, el problema verdaderamente tenebroso se presenta por el hecho de que antes de esa declaración el inculpado se encuentra bajo custodia policiaca, y después de rendida la declaración, el inculpado regresa al mismo cuartito, bajo custodia de los mismos policías. Tal vez no se le torture durante la declaración, pero lo que pasa antes y sobre todo después de la declaración, ya se lo imaginará, si es que no le ha tocado a usted o a alguien que usted conozca. Por desgracia, en México, se cometen muchos abusos policiacos en contra de los que se encuentran en esta situación. Decir esto no es una exageración.

El relator de la ONU contra la tortura, después de su visita a México en 1997, dijo que en nuestro país la tortura era una práctica generalizada. Amnistía Internacional, en su reciente informe sobre México, ha dicho que la tortura en nuestro país es una práctica habitual. Esto no es una exageración.

Lo primero que tiene que hacer un marido alcohólico para dejar de beber es dejar de decirle a su mujer que es una exagerada cuando ella le dice que bebe mucho. Si no reconoce que tiene el problema, no va a dejar de beber. Primero debemos reconocer que tenemos el problema, y que el de la tortura es grave y vergonzoso. Lo peor es que haya funcionarios que se regodeen y vanaglorien de que sus subalternos hayan torturado, pues para ellos las víctimas de tortura recibieron su merecido. Esta actitud, por ejemplo, se le atribuyó al actual secretario de Gobernación en los tiempos en los que era gobernador de Jalisco, cuando dejó impunes a torturadores y negó que hubieran hecho algo malo. Ahí está el informe de la CNDH sobre los abusos policiacos, incluyendo casos de tortura, ocurridos el 28 de mayo de 2004, y que el entonces gobernador de Jalisco desestimó, rechazó, negó. La negación del problema... Ante la provocación de los manifestantes, se respondió con fuerza desproporcionada. Ante cabezazos y gargajos, macanazos. Esos policías necesitaban, antes de sacarlos a controlar manifestaciones públicas, un curso teórico-práctico sobre el significado de los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. El gobernador tampoco lo entendió.

Posibles soluciones a la habitual práctica de la tortura en México:

1. Reformar las leyes para que el delito de tortura quede bien definido, como lo exige la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

2. Reformar el sistema de enjuiciamiento penal, para abandonar el inquisitorio y adoptar uno acusatorio: que el inculpado no regrese a custodia policiaca después de haber rendido su declaración ministerial. Mejor aún, que las declaraciones de un inculpado solamente tengan valor legal si son rendidas ante un juez.

3. Poner en marcha el mecanismo nacional del protocolo facultativo de la convención internacional contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, para vigilar centros penitenciarios.

4. Perseguir eficazmente casos de tortura, para lo que es necesario que las procuradurías no dependan de las autoridades que también son cabeza de los policías. Es decir, establecer procuradurías independientes de los poderes ejecutivos, sobre todo respecto de delitos cometidos por funcionarios públicos.

Ahí las medidas.

Falta la voluntad.

Rafael Segovia

La pena de muerte

Reforma, 29 junio 2007. Todos los aspectos repugnantes de la política siguen presentándose en Iraq. Ahora, un tribunal desconocido dicta tres sentencias de muerte, seguramente filmadas cuando se lleven a cabo las ejecuciones para beneficio de los verdugos. No está claro si las tropas de la llamada coalición se beneficiarán de los derechos de filmación.

No se puede poner en duda la barbarie de Sadam Hussein y de su gobierno, y de la crueldad de los instrumentos utilizados contra los kurdos, los chiitas y todos aquellos que disintieron de su gobierno, que pervivió por voluntad de Bush padre, como consecuencia de unos de esos errores estratégicos que parecen estar patentados por Estados Unidos. Cuando Bush hijo decidió terminar la tarea, su intervención estuvo acompañada por errores aun peores, por informaciones falsas que él se empeño en creer y por un deseo de venganza motivado por algo que aún no se conoce. Lo único conocido y comprobado es el aislamiento de Estados Unidos y de manera notoria de su gobierno; como conocida es la condena de la opinión pública mundial y el miedo-pánico de los gobiernos europeos, latinoamericanos y asiáticos a provocar el enojo del gobierno norteamericano, al que incluso contra la voluntad de los gobernados proporcionan tropas y votos en el Consejo de Seguridad.

La necesidad de tener una buena conciencia es un rasgo norteamericano desde su nacimiento, necesidad que no se limita al gobierno de aquella nación, sino que es compartido por la inmensa mayoría de sus habitantes. Sustentados por ese deseo de no aceptar ser culpables en ningún caso ni circunstancia, exigen en el caso de Iraq la constitución de un tribunal compuesto por jueces de su devoción, para juzgar y condenar a quienes fueron leales servidores de Sadam Hussein. La horca es una de sus diversiones.

La pena de muerte, privar a una persona de la vida, es algo abolido por todos los países civilizados. Ninguno de quienes la mantienen en vigor tienen un solo alegato valedero. Aquello de humanizarla, de aprovechar los avances en la química médica para que matar sea menos doloroso es de una hipocresía indignante. No da lo mismo matar a diez que a diez mil, aunque matar a diez sea un crimen que responde al mismo tipo de moral de quien mata a millares.

Sólo los países convencidos de no haber superado las etapas y por lo tanto los métodos precivilizados mantienen este castigo inhumano, apostando por el terror para llegar a una sociedad superior. El terror puede ser individual o colectivo, pero sigue basado en los mismos principios y va guiado por las mismas intenciones. China es seguramente el ejemplo más llamativo de este tipo de pensamiento y de conducta, pues en él encontramos comportamientos inhumanos donde la esclavitud infantil o de adultos -aunque la primera es más indignante- se encuentran aún difundidas pese a los esfuerzos de su gobierno. Pero éste no puede con esa lacra ni con otras muchas, por su importancia recurre a matar a determinados delincuentes. Pasan del millar al año y los fotógrafos pueden regodearse con una fila de hombres arrodillados, perfectamente alineados, con un cartel colgado del cuello, como en la gloriosa época de Chiang Kai-shek. Ya no los cuecen en aceite hirviendo, como hicieron con algunos misioneros jesuitas; los jefes chinos de nuestros días se conforman con el tiro en la nuca, siguiendo la regla staliniana o maoísta.

La pena de muerte o crimen de Estado, para designarla por su verdadero nombre, encuentra su correlato en el asesinato de individuos por parte de organizaciones que aun en las sociedades modernas no se atreven a arrogarse el derecho a asesinar. Asesinan, mientras la prensa escribe, impropiamente, ejecutan. La supresión de la vida de una persona pasa ahora a un sistema estadístico comparativo. Se llevan tantos asesinatos en Nuevo León y tantos en Tabasco. El crimen termina por trivializarse y, consecuente lógico, por aceptarse como un mal inevitable. Con atribuirle a los narcos todos los asesinatos cometidos en el país, se encuentra un respiro sin preocuparse por la muerte de un número inaceptable de personas que pierden la vida ante lo que ya es la aceptación del Estado, incapaz de detener el número creciente de asesinatos.

México no ha vivido nunca con un régimen capaz de asegurar a los habitantes de este país una seguridad, así no sea más que relativa. Los tumultos, los asesinatos y robos fueron una constante. En un reciente y espléndido libro, La política de una rebelión, Natalia Silva Prada analiza la de 1692 en la Ciudad de México. Fue una de tantas, con el mismo origen de algunas más cercanas: la miseria, los problemas nacionales, las crisis de subsistencias de las clases populares -indios y mestizos. Sorprende, como sorprendió en 1968, la ausencia de fuerzas de seguridad. Cuando se pensó en ellas era demasiado tarde: no se pudo atender ni a las causas ni a las consecuencias; los resultados son demasiado conocidos para volver a hablar de ellos. Fue, por lo demás, un caso especial. Pero la normalidad a la que se refiere Natalia Silva Prada sigue presente en nuestros días. Las fuerzas encargadas de la represión de la delincuencia, la Santa Hermandad primero y la Acordada después, trabajan como hoy en vano. Detenían a los delincuentes, los entregaban a la justicia y ésta los soltaba. A algunos se los condenaba a muerte, a la mayoría se los soltaba. La razón, ayer como hoy, la corrupción. Las cartas al rey eran tan olvidadas como hoy lo son las representaciones de los medios de comunicación o de los particulares al presidente de la República. En 200 años de revoluciones y guerras civiles, las caídas de gobiernos y los fraudes electorales, las intervenciones extranjeras y las protestas de los cuerpos constituidos, todo lo que es la vida social, cultural y política de la nación sigue enfrentando las mismas situaciones, el mismo desastre desde hace cuatro siglos.

Critican antidoping en derechos humanos

Para la CNDH y la CDHDF podrían vulnerar derechos humanos de los escolares

Ciudad de México (04 de julio de 2007).- A pesar de que la propuesta de aplicar un examen antidoping a los alumnos, previa autorización de los padres, es una medida "light", ya enfrenta resistencias.

Comisiones de derechos humanos y varios Gobernadores, expresaron ayer sus dudas respecto a la medida anunciada el lunes en Monterrey por el Presidente Felipe Calderón.

Para el ombusdman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, la eventual aplicación del antidoping en escuelas públicas vulneraría los derechos humanos de los niños y adolescentes.

"La miro con reserva (iniciativa) porque tenemos que entender que en esta ecuación los niños son víctimas. No sólo hay que pedir la opinión de los padres, de los maestros, los jóvenes también deben participar.

"Creo que el principal motivo es por qué la droga está llegando a las escuelas, entonces creo que el principal foco de atención debe ser hacia el narcomenudeo y hacia los narcotraficantes", dijo el presidente de la CDHDF.

La CNDH informó que la posible aplicación de medidas y exámenes médicos en las escuelas para detectar el uso de drogas deberán comprender la autorización expresa de los padres de cada alumno menor de edad y, llegado el caso, realizarse con pleno respeto a las garantías fundamentales de los menores.

Gerardo Sauri, director de la Red por los Derechos de la Infancia, opinó que para aplicar un mecanismo serio, el gobierno debe mejorar la prevención de adicciones.

"Están dejando de lado el combate a las redes organizadas, criminales, que están vendiendo drogas, que están traficando con armas, y que están afectando a los niños. Se da una criminalización de la situación, de los derechos de la infancia", dijo.

Los Gobernadores panistas de Jalisco y San Luis Potosí reconocieron que la aplicación de exámenes antidoping en las escuelas constituye un tema "delicado".

A diferencia de lo planteado por Calderón, el Gobernador de Jalisco, Emilio González, se pronunció por que los exámenes solamente se hagan cuando surjan de una petición de las propias familias.

El Gobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos, dijo que la medida se debe manejar con sensibilidad para convencer a los padres de familia de su aplicación.

Primera donación intrafamiliar en el mundo: Universidad de McGill

Canadiense congela sus óvulos para solucionar infertilidad filial

http://www.jornada.unam.mx/2007/07/05/index.php?section=ciencias&article=a03n1cie

Echeverría:

Escenarios de impunidad

http://www.proceso.com.mx/analisis_int.html?an=52385

México, tercer sitio en AL en agresiones a defensores de derechos humanos

http://www.jornada.unam.mx/2007/07/27/index.php?section=sociedad&article=043n1soc

Homofobia

Miguel Carbonell

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/38194.html

Descalificaciones alarmantes

http://www.jornada.unam.mx/2007/08/03/index.php?section=opinion&article=002a1edi

No hay peor sordo · Rocha

http://www.jornada.unam.mx/2007/08/03/index.php?section=cartones&id=2

Amnistía Internacional

Carmen Aristegui F.

Irene Khan, secretaria general de AI, se encuentra en México con motivo de una misión de alto nivel. El objetivo: evaluar al sistema de justicia de México y su relación con los derechos humanos. Sus investigaciones y los testimonios que ha recogido directamente de familiares y víctimas de abusos arrojan un balance desolador. Casos como el de Lydia Cacho, San Salvador Atenco, Oaxaca, Ciudad Juárez o los delitos del pasado muestran un denominador común: falta de acceso a la justicia e impunidad. Lo que cabe, tal como lo ha hecho AI, es un señalamiento serio al Estado mexicano por su incapacidad para mejorar la situación de los derechos humanos en México. Estamos ante el fracaso de la justicia en forma reiterada sobre situaciones como éstas. Fallas sistémicas de la justicia mexicana, "cáncer con raíces largas" -les llamó Khan- que se ceba en mujeres, pobres e indígenas principalmente. Khan ha contrastado lo que México hace en el ámbito internacional con lo que no se hace aquí. Candil de la calle, oscuridad de la casa, en un tema crucial para el país. Además de los múltiples encuentros con personas relacionadas con las problemáticas más agudas de violación a derechos humanos, de un trabajo de investigación amplio y continuo -coordinado por Rupert Knox, experto sobre México de AI en la situación mexicana- la mirada de Irene Khan se alimenta de los encuentros que también ha tenido y tendrá en estos días con diversas autoridades de alto nivel que explican -o tratan de- lo que desde sus respectivas responsabilidades hacen a favor de los derechos humanos. La lista de funcionarios que componen la agenda de encuentros de esta en apariencia frágil pero firme mujer, empieza por el presidente de la República, la secreta- ria de Relaciones Exteriores, el secretario de Gobernación, el de Seguridad Pública y otros de alto nivel como los ministros de la Suprema Corte de Justicia con quienes también se ha programado un encuentro. El impacto de un pronunciamiento de Amnistía, a raíz de una visita de esta importancia a nivel internacional, puede ser tan fuerte y tan costoso para un gobierno que prácticamente no hay quién se rehúse a una reunión con la representante del más alto nivel de una organización tan influyente como ésta. Ni siquiera Ulises Ruiz. El gobernador de Oaxaca acordó un encuentro con Khan en un hotel de aquella ciudad (ya se sabe que el gobernador no puede despachar en sus propias oficinas como producto del continuado y largo conflicto que ha escalado bajo su propia actuación); lo de menos es que el gobernador la hiciera esperar durante unos 20 minutos según me contaron colegas que estaban cubriendo la información; lo de más es la calidad y tipo de encuentro que ahí se desarrolló. Amnistía Internacional ha puesto especial atención en el caso Oaxaca por considerarlo ya como un asunto emblemático de las peores prácticas que se pueden hallar en contra de los ciudadanos por parte de las autoridades en los diferentes niveles de gobierno. El informe "Oaxaca, clamor por la justicia" es amplio, exhaustivo y sin contemplaciones. Obviamente no le gustó al gobernador lo que ahí le dijeron, como normalmente no le gusta a ninguna autoridad que le lean la cartilla. Habitualmente, en casos similares, la autoridad atiende los señalamientos y presenta alguna respuesta retórica en el peor de los casos, o bien, en lo deseable, se compromete a tomar acciones que ayuden a resolver la situación. Aquí no. El encuentro mostró uno de los peores rostros del conflicto: la negación de los hechos y la absoluta falta de voluntad para enfrentar una situación crítica en materia de derechos humanos. La principal autoridad responsable de impulsar procesos de investigación sobre situaciones que involucran incluso la pérdida de vidas humanas se muestra totalmente renuente para enfrentar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante más de un año, muchas de las cuales presentó documentadas Amnistía Internacional. No extraña que Khan haya calificado como "decepcionante" la respuesta del gobernador quien no quiso "...ni siquiera escuchar y mucho menos decir qué estarían dispuestos a hacer para resolver la situación". Me imagino la tensión del encuentro. Khan contó que el gobernador le dijo que ese documento era parcial y que representaba a la APPO. Salida fácil y grosera frente a un informe hecho con los rigores de investigación a los que está sometida una organización del alcance de Amnistía Internacional, la más grande e importante del mundo. El informe, hay que decirlo, también describe conductas de ciudadanos que en medio del conflicto pudieron haber transgredido la ley en asuntos que también deben ser investigados. Lo de Ulises es sólo otra manera de no encarar una responsabilidad que hasta el momento también han eludido las demás autoridades del país, que por evidentes condicionamientos políticos han permitido que Oaxaca se convierta en la vergüenza que hoy es. Muertes sin investigar, arrestos arbitrarios, brutalidad policiaca, tortura y -sobre todo- la impunidad rampante. Ni la política ni la justicia han hecho su tarea. La bancarrota, pues.

Fracasa la justicia en México; urge atender la impunidad: AI

http://www.jornada.unam.mx/2007/08/04/index.php?section=politica&article=003n1pol

Entrevista a IRENE KHAN, SECRETARIA GENERAL DE AMNISTIA INTERNACIONAL

Tras el federalismo, oculta Calderón la impunidad estatal

http://www.jornada.unam.mx/2007/08/05/index.php?section=politica&article=005e1pol

Su política, esquizofrénica: AI

En lo internacional México es "campeón" en la promoción de garantías, pero en lo interno persisten violaciones, sostiene

http://www.jornada.unam.mx/2007/08/08/index.php?section=politica&article=007n2pol

http://www.jornada.unam.mx/2007/08/09/index.php?section=cartones&id=2

La pobreza en el mundo se ha agudizado en los últimos 15 años, afirma experto

Al menos 1,500 millones de personas viven con menos de un dólar al día

http://www.jornada.unam.mx/2007/08/12/index.php?section=politica&article=009n1pol

Miguel Sarre/Las policías mexicanas: a un paso (trasatlántico) de Scotland Yard

http://www.jornada.unam.mx/2007/08/24/index.php?section=opinion&article=016a1pol

La invención de un país

http://www.jornada.unam.mx/2007/09/02/index.php?section=edito&article=002a1edi

Ernestina Ascensión no fue violada, murió por “anemia aguda”: CNDH

http://www.jornada.unam.mx/2007/09/03/index.php?section=politica&article=013n1pol

Con algún desorden mental, 30% de la población mundial

Males como la depresión son estigmatizados y desdeñados en muchos países. nfermedades mentales superan al cáncer y a las cardiopatías

http://www.jornada.unam.mx/2007/09/06/index.php?section=ciencias&article=a02n1cie

Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda votaron en contra del documento

Aprueba ONU Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas

http://www.jornada.unam.mx/2007/09/14/index.php?section=mundo&article=031n1mun

Adelfo Regino Montes / Declaración de la ONU sobre derechos indígenas

http://www.jornada.unam.mx/2007/09/15/index.php?section=opinion&article=019a1pol

Autonomía, el reto en derechos humanos

http://www.eluniversal.com.mx/notas/450179.html

Un general y un coronel, involucrados en abusos sexuales y el asesinato de una familia

Castigar a militares violadores de derechos, exige CNDH a Calderón

http://www.jornada.unam.mx/2007/09/22/index.php?section=politica&article=003n1pol

Los retenes, sin sustento constitucional, advierte el ombudsman a Gobernación

http://www.jornada.unam.mx/2007/10/11/index.php?section=politica&article=015n1pol

Stavenhagen exhorta al Congreso a incluir el documento en la reforma del Estado

Rango constitucional a declaratoria sobre derechos indígenas, pide ONU

Lamenta que en México se reservaran artículos sobre autonomía, territorio y recursos, entre otros

http://www.jornada.unam.mx/2007/10/13/index.php?section=politica&article=003n1pol

Aprueba el Senado declaración de Derechos de Pueblos Indígenas

http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=32164

Derechos Humanos a la Constitución

http://www.proceso.com.mx/analisis_int.html?an=54513

Miguel Concha / Reforma constitucional en derechos humanos

http://www.jornada.unam.mx/2007/10/20/index.php?section=opinion&article=019a1pol

Multiculturalidad y derechos humanos

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=331888

Hubo irregularidades menores; insuficientes para considerar complot: Ortiz Mayagoitia

Sepulta la Corte agravios contra Lydia Cacho; Marín, exonerado

Sí está probado el quebrantamiento de derechos, sostuvo el ministro ponente Silva Meza

Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos se sumaron a la posición mayoritaria

http://www.jornada.unam.mx/2007/11/30/index.php?section=politica&article=003n1pol

Infamia en la Corte

http://www.jornada.unam.mx/2007/11/30/index.php?section=edito&article=002a1edi

Brindis por la impunidad · Rocha

http://www.jornada.unam.mx/2007/11/30/index.php?section=cartones&id=3

Repartiendose el pastel · Helguera

http://www.jornada.unam.mx/2007/11/30/index.php?section=cartones&id=2

EL INFORME OPPENHEIMER

Un día triste para los derechos humanos

Andrés Oppenheimer

14 Dic. 07

No hubo mucho que festejar en el Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebró esta semana. Desde su creación, se ha dedicado a condenar a Israel, y no así a docenas de otros países como Corea del Norte y Zimbawe

Hay cada vez más evidencias que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que fue creado hace dos años para denunciar los abusos a los derechos humanos en todo el mundo, ha resultado ser un fiasco.

Tanto es así que, tal como me enteré en una entrevista telefónica con el líder de la mayoría demócrata en el Senado de los Estados Unidos, Harry Reid, tanto demócratas como republicanos en el Congreso -que hoy día no se ponen de acuerdo en casi nada- están apoyando un proyecto de ley para retener unos $3 millones de las contribuciones anuales de Estados Unidos a las Naciones Unidas como protesta por la actuación del Consejo.

"No tendría que haber violadores de derechos humanos en un comité de derechos humanos, y eso es lo que tenemos ahora con países como Angola y Cuba", me dijo Reid.

Añadió que "hay una probabilidad mayor del 50 por ciento" de que se apruebe el proyecto de ley que retendría los fondos destinados al Consejo.

El Consejo, de 47 miembros, fue creado en el 2006 después de varios años de discusiones para reemplazar a la desacreditada Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se había convertido en un club de protección mutua de gobiernos totalitarios. Sin embargo, el Consejo no ha resultado ser muy diferente.

Desde su creación, ha dedicado prácticamente todas sus energías a condenar a Israel, mientras que no ha condenado a docenas de otros países como Corea del Norte y Zimbawe. Lo que es más, el Consejo ha decidido cerrar sus veedurías especiales para monitorear los abusos de Cuba y Bielorusia.

El Consejo ha emitido 13 condenas, de las cuales 12 han sido en contra de Israel, y una en contra de Birmania.

La mayoría de grupos defensores de derechos humanos coinciden en que aunque Israel debe ser monitoreado de cerca, el Consejo se ha convertido en un organismo monotemático. Y sus condenas a Israel son totalmente sesgadas, porque no incluyen denuncias a los actos de terrorismo de los Palestinos en contra de civiles israelíes.

"Estamos muy decepcionados", dice Peggy Hicks, del grupo Human Rights Watch, una organización que denuncia abusos en todo el mundo, incluido Estados Unidos.

"El Consejo se ha centrado en una agenda muy limitada, y no se ha ocupado de muchos temas de los que debería ocuparse".

Hay al menos 26 países que merecen ser monitoreados por el Consejo, según Human Rights Watch. Entre ellos están Afganistán, Bielorusia, China, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, Haití, Irán, Iraq, Corea del Norte, Rusia, Arabia Saudita, Sri Lanka, Sudán, Turkmenistán, Uganda, Estados Unidos, Uzbequistán y Zimbawe.

"El Consejo es mucho peor de lo que era la (ahora difunta) Comisión de Derechos Humanos", me dijo Hillel Neuer, director de U.N. Watch, un grupo con sede en Ginebra afiliado al Comité Judío Americano.

"La Comisión, a pesar de sus muchos defectos, por lo menos hacía algo por las víctimas de los derechos humanos en Corea del Norte, Cuba, y otros países".

La mayoría de los grupos defensores de los derechos humanos no llegan a decir que el Consejo es peor que la comisión que lo antecedió, porque el nuevo organismo incluye más democracias.

Pero señalan que el Consejo conserva docenas de miembros con dudosas credenciales en materia de derechos humanos -como China, Cuba y Arabia Saudita- que canjean sus bancas en otras agencias de las Naciones Unidas por asientos en el Consejo, para luego defenderse mutuamente.

Estados Unidos no es un miembro del Consejo, porque la Casa Blanca decidió no presentar su nominación para una banca.

Funcionarios de Estados Unidos dicen que la Casa Blanca no quiso legitimizar el Consejo, pero los críticos del Gobierno señalan que Estados Unidos no hubiera logrado los votos que necesitaba para ganar una banca después de los escándalos de Abu Ghraib y Guantánamo.

A pesar de sus críticas al Consejo, Human Rights Watch y otros grupos de derechos humanos todavía albergan alguna esperanza de que el organismo obtenga alguna credibilidad cuando inicie su mecanismo de "revisión periódica universal" de todos los países en el 2008.

Bajo el nuevo sistema, todos los países miembros de las Naciones Unidas serán objeto de escrutinio por el Consejo cada cuatro años.

Mi opinión: si el Consejo no empieza a denunciar los abusos de derechos humanos en China, Cuba, Corea del Norte -y también, por ciento, en la base de Estados Unidos en Guantánamo y los campos de detención en Iraq- cuando inicie su revisión periódica el año próximo, los grupos de derechos humanos de todo el mundo deberían unirse para condenarlo.

Hasta ahora, ha sido una farsa.

En 2006 promediaron 5.9; ahora alcanzaron 6.2: visitador que elaboró el informe. Este año las prisiones del país pasaron de panzazo, según reporte de la CNDH

http://www.jornada.unam.mx/2007/12/18/index.php?section=politica&article=008n1pol

La defensa jurídica de paramilitares presos, punta de lanza de la estrategia

“Nueva” versión sobre Acteal busca diluir la responsabilidad del Estado

http://www.jornada.unam.mx/2007/12/19/index.php?section=politica&article=007n1pol

Año negro para defensores de derechos humanos

http://www.jornada.unam.mx/2007/12/27/index.php?section=politica&article=032n1pol

Pide cautela para que el crimen organizado no vea al Estado como un tigre de papel

Demanda Soberanes fechas para el retorno paulatino del Ejército a cuarteles

http://www.jornada.unam.mx/2008/01/24/index.php?section=politica&article=005n1pol

Los hebefrénicos

Sergio Aguayo Quezada

Reforma, 30 enero, 2008. Está por llegar a México Louise Arbour la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); preparémonos para escuchar al presidente Felipe Calderón refrendar su compromiso con esos principios.

¿Romperá su hermetismo y dirá algo sobre los abusos cometidos por el gobierno de su partido en Guanajuato?

El 2 de mayo del 2007 el secretario general del gobierno de Guanajuato, Gerardo Mosqueda Martínez, exigió a los delegados del gobierno federal en el estado "fidelidad" hacia el gobernador Juan Manuel Oliva porque, gracias a él, Calderón había ganado en el 2006. La información fue publicada por dos periódicos: el AM de León y El Correo.

Gerardo Mosqueda enfureció y el 11 de mayo arremetió contra los directores del AM y de Correo (Enrique Gómez Orozco y Arnoldo Cuéllar). Los tildó de "esquizofrénicos", de "escribir pendejada tras pendejada", de "explotar a sus trabajadores y extorsionar a sus interlocutores" y de "faunos rastreros". A Enrique Gómez le dedicó su adjetivo estrella: lo calificó de "hebefrénico" alardeando, así, de su formación (es licenciado en psicología industrial y maestro en lengua y literatura españolas).

La agresión era directa porque la hebefrenia es una esquizofrenia de mal pronóstico. Provoca una conducta tonta y desorganizada; risillas que parecen vacías y carentes de sentido; y gestos, posturas y amaneramientos que pueden desembocar en incoherencias. Un hebefrénico se encierra en un mundo interior de fantasías, en la evasión de la realidad.

Los directores de ambos medios se consideraron injuriados y difamados, y consideraron que Mosqueda había agredido la libertad de expresión. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato se declaró incompetente y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entró al quite atrayendo el caso. Bien pronto les dio la razón a los periodistas y buscó una conciliación que pasaba por una disculpa pública de Mosqueda quien reaccionó convocando a una rueda de prensa en la cual, en palabras de la CNDH, se desbordó. Pidió excusas a "los comunicadores, a la opinión pública, a los directores de 'todos los medios', al gobernador del Estado, a los miembros del gabinete, a los funcionarios que dependen de la estructura del secretario de Gobierno, a sus cinco hijas y a su esposa".

Después de eso informó a la CNDH: "cumplí puntual y con largueza, con generosidad".

El director del AM, Enrique Gómez, consideró insuficiente el modo (El Correo dejó el asunto por la paz) y ratificó su queja ante la CNDH. El 2 de junio, el AM de León publicó un suplemento de ocho páginas sobre los métodos y la fuerza del Yunque una organización secreta de ultraderecha a la cual pertenecen docenas de funcionarios; entre ellos, según diversas fuentes, el gobernador y el secretario de Gobierno.

Mosqueda respondió publicando un libro (Libertad de expresión) en el cual excluye la visión de los contrarios o los textos producidos por la CNDH.

Procedió luego a cancelar la publicidad del gobierno estatal en el AM pese a ser el diario más importante del estado (34 mil ejemplares) y presionó a los presidentes municipales para que hicieran lo mismo.

La CNDH siguió investigando y el 21 de diciembre del 2007 emitió una recomendación para el gobernador de Guanajuato en la cual le solicitaba una "disculpa pública inequívoca a Enrique Gómez Orozco y Arnoldo Cuellar Ornelas". El gobernador, Juan Manuel Oliva, respondió el 18 de enero que como "respetamos a la CNDH" con "todo respeto le hemos señalado que no aceptamos la recomendación" porque en "Guanajuato se respetan y se promueven los derechos humanos".

Es difícil conciliar la libertad de expresión y de información con el derecho al honor y a la vida privada. En este asunto, el Programa Permanente de Agravios a Periodistas y la Quinta Visitaduría de la CNDH hicieron un excelente y equilibrado trabajo. Reconocen, por ejemplo, la posibilidad de que los dos diarios no hubieran informado objetivamente sobre las declaraciones de Mosqueda y registran su queja de que ambos periódicos pudieron haberlo difamado exhibiéndolo ante la sociedad como un mal hablado. Sin embargo, le señalan que podía haber presentado una demanda por difamación. En lugar de hacerlo se erigió en juez y decidió que como sus derechos humanos habían sido violados, no pediría disculpas y castigaría al AM de León cancelando la publicidad. Como en los viejos tiempos el Ejecutivo toma la justicia en su mano. A este paso cada entidad elaborará su propia versión de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos.

Se confirma nuestra indefensión ante los abusos de autoridad y sorprende el silencio del Partido Acción Nacional. Sólo el dirigente estatal, Fernando Torres Graciano, ha declarado que el gobierno estatal debía disculparse. La dirección nacional y el presidente de la República han guardado un silencio hermético que, en el caso de Calderón puede deberse a que está conteniéndose para los sentidos discursos que dirá ante Louise Arbour, la funcionaria internacional más importante en la materia. Se nos viene otro alud de palabras en el que el gobierno de la República dirá cuánto admira y respeta a los derechos humanos. Lástima que no le pongan contenido.

Situaciones como ésta explican las romerías al exterior de quienes buscan auxilio. El director del AM de León ya prepara los escritos que presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la representación en México de la OACNUDH.

Pero el choque entre el AM de León y el gobierno de Guanajuato trasciende la individualidad; es parte del viejísimo conflicto entre liberales y conservadores. En entrevista telefónica el director del AM da una explicación bastante lógica y directa sobre el enfrentamiento: "Quienes gobiernan Guanajuato son fanáticos religiosos y el peso de Mosqueda se origina en su jerarquía dentro del Yunque. Su inquina contra mí viene de que soy un liberal juarista que sin llegar al jacobinismo, rechaza la intromisión de la religión en la política". El secretario de Gobierno no respondió a mi petición para una entrevista.

El lenguaje del maestro Mosqueda tiene un par de aciertos. Refrenda la vigencia de esas crónicas del absurdo pergeñadas por el guanajuatense Jorge Ibargüengoitia y sugiere la pertinencia de utilizar el concepto de hebefrenia para explicar las conductas tontas, las fantasías y las evasiones de la realidad que tanto abundan en la política mexicana.

Audiencia pública en la CIDH

Jorge G. Castañeda

Reforma, 30 enero 08.El próximo 8 de febrero en San José de Costa Rica será la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del "Caso Castañeda". Se trata de las demandas de este autor y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por violar los artículos 23 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir por violar los derechos humanos en materia de acceso a justicia y el derecho a ser votado.

La semana entrante trataré de explicar el programa previsto para la celebración de la audiencia y los argumentos previsibles de las partes; por el momento quisiera recapitular el curso de mi lucha por las candidaturas independientes. No porque sea la única ni la más venturosa, sino porque es la que conozco bien y la que llegó a esta instancia del derecho internacional. Vale la pena mencionar: ésta es sólo la segunda vez en que el Estado mexicano es demandado ante esta Corte; y de ser admitida -que no se declare incompetente la Corte Interamericana como lo hizo en el caso Martín del Campo- sería la primera vez en que México pudiera ser condenado por violar los derechos humanos de uno de sus ciudadanos.

Algunos recordarán cómo a principios de 2004 se presentó ante el IFE una solicitud de registro como candidato independiente que fue rechazada por dos motivos: porque el Cofipe reserva el derecho a postular candidatos sólo a los partidos, y porque la solicitud se hizo antes de abrirse el periodo de registro de candidatos para el 2006. Al recibir la notificación del rechazo nos amparamos invocando el artículo 41 de la Constitución (el derecho a votar y ser votado), así como diversos instrumentos internacionales firmados y ratificados por México.

El amparo siguió su curso hasta llegar a la SCJN en agosto de 2005. Ahí, después de tres días de un debate cáustico, y en ocasiones confuso, la Corte, que en un primer momento tuvo una votación empatada 5 a 5 entre aceptar el amparo y sobreseerlo, resolvió al final 7 a 4 sobreseerlo. Así, la SCJN por una pequeña mayoría decidió no entrar al fondo del asunto: no resolver si las candidaturas independientes son un derecho constitucional que no puede ser coartado por la legislación secundaria.

Al agotarse las instancias nacionales pertinentes se decidió con mis abogados -Gonzalo Aguilar Zinser, Fabián Aguinaco, Santiago Corcuera y en un inicio también Alberto Székely- acudir a las instancias internacionales. Tal y como lo planteamos en su momento, nunca acudimos al TEPJF por dos razones: primero, en 2002 la SCJN puso en claro que el TEPJF no podía resolver sobre la constitucionalidad de la legislación electoral y su inaplicación en un caso concreto; y la segunda, porque para la defensa del derecho a ser votado, en materia de sustancia, sólo pueden acudir al TEPJF los ciudadanos postulados para un cargo de elección popular por un partido político. Recurrimos a la Comisión Interamericana

de Derechos Humanos solicitando que resolviera si el Cofipe contradice o no la Convención Americana de Derechos Humanos y mientras lo hiciera que otorgara las medidas cautelares pertinentes.

La Comisión otorgó las medidas cautelares, pero al no ser vinculantes estas recomendaciones el Estado mexicano las rechazó. En seguida la Comisión solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenara medidas provisionales y esa instancia, cuyos fallos sí son vinculantes, negó el otorgamiento de dichas medidas. Con esa decisión concluyó la posibilidad de presentar una candidatura independiente en 2006. Pero no concluyó el proceso.

A finales de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió sobre el fondo: el Estado mexicano había violado mis derechos humanos sobre acceso a justicia y el artículo 23 de la Convención, y procedió a demandar al Estado mexicano por dicha violación, lo que me permitió presentar un escrito de solicitudes en forma autónoma, reclamando al Estado mexicano haber violado mis derechos consagrados en el artículo 25 de dicha Convención.

Durante 2007 el Estado mexicano y el equipo de abogados que me representa intercambiaron observaciones y argumentos, de los que se desprendía una evidente conclusión: el gobierno de México, tanto el de Fox como el de Calderón, se oponía de manera tajante a las candidaturas independientes y a reconocer haberme negado el acceso a justicia, y reparar el daño consiguiente.

Así llegamos a la decisión que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho pública, de fijar para el próximo 8 de febrero la audiencia donde se presentarán argumentos orales de las partes sobre este tema, mismo que ha ido adquiriendo una importancia creciente, en vista de la consolidación de la partidocracia de estas últimas semanas.

Audiencia pública

Jorge G. Castañeda

Reforma, 6 febrero 08. La semana pasada informamos de la inminente audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica sobre las demandas interpuestas por el que escribe y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano por violar los artículos 23 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Recapitulamos los pasos que se habían seguido para llegar a este desenlace, y prometimos informar en esta nueva entrega semanal de lo que posiblemente ocurra pasado mañana en San José. La audiencia es pública: comparecerá la parte demandada, a saber, el Estado mexicano, representado por las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, y las partes demandantes -la Comisión Interamericana y un servidor. Ambas partes expondrán sus argumentos ante la Corte y ésta los tomará en cuenta para rendir su fallo en un plazo aún por determinar. Insistíamos ya hace ocho días que ésta es apenas la segunda vez en la historia en que el Estado mexicano es colocado en el banquillo de acusados, y si la Corte no se declara incompetente -objetivo que busca el Estado mexicano- será la primera vez que el Estado mexicano y su Presidente sean juzgados por un tribunal internacional por violar los derechos humanos de un ciudadano mexicano.

He aquí la primera paradoja de la audiencia. Resulta difícil de entender por qué los burócratas de Gobernación y Relaciones Exteriores no supieron evitar que el presidente Felipe Calderón corriera el riesgo de ser el primer jefe del Estado mexicano en ser condenado por violar los derechos humanos de uno de sus connacionales. Peor aún: por un asunto relativamente fácil de subsanar -acceso a justicia y candidaturas independientes- y que en el fondo no le costaba nada. Supongo que Calderón tenía plena conciencia, al decidir en contra de un simple allanamiento unilateral ante ambas demandas, que corría este riesgo; y supongo también que la SRE y Gobernación le aseguraron que el asunto era pan comido. Mis abogados me aseguran que en un verdadero litigio, como será el juicio en la Corte Interamericana, nunca hay pan comido: se puede ganar o se puede perder.

El Estado mexicano seguramente argumentará que no agotamos las instancias nacionales al no acudir al TEPJF; que no presentamos la solicitud de registro de una candidatura independiente a la Presidencia en los tiempos previstos por el Cofipe; y que la prohibición en el Cofipe -obviamente no en la Constitución- de las candidaturas independientes, no contradice el llamado Pacto de San José, firmado y ratificado por México a principios de los años ochenta.

Las partes demandantes argumentaremos, como ya lo hemos hecho ante las instancias nacionales, que no teníamos, ni tenemos, aun con las nuevas reformas a la Constitución, locus standi ante el llamado Trife; que la propia Suprema Corte habría resuelto que el Trife no puede conocer de asuntos relacionados con la constitucionalidad de una norma; y que los plazos previstos por el Cofipe lo son para los sujetos de derecho del Cofipe, a saber, los partidos políticos. Y sostendremos también que la Convención Americana es muy clara, así como lo es la jurisprudencia de la propia Corte, en señalar que los únicos requisitos aceptables para reglamentar el derecho a ser votado son aquellos que se consideran intrínsecos a la persona, a saber, nacionalidad, edad, inexistencia de antecedentes penales y quizás algunos otros por el estilo, pero de ninguna manera la pertenencia a, la asociación con, o la postulación por, un partido político. Éste es el escenario jurídico que se va a empezar a dilucidar el próximo viernes en Costa Rica.

El escenario político es más complejo. La única explicación que encuentro para entender la rabiosa oposición del gobierno de Fox y del de Calderón a las candidaturas independientes radica en la rabiosísima oposición del PRI y del PAN a ésas mismas. El PRD -une fois n´est pas coutume- se contradice a sí mismo: en principio está a favor de las candidaturas ciudadanas y en los hechos se hace tonto. Pero el PRI y el PAN las rechazan con verdadera ferocidad, probablemente por la misma razón, aunque con matices. El PRI sabe que, a nivel local y estatal, la posibilidad de candidaturas independientes abriría la puerta a que cada perdedor de una interna se fuera por la libre y, en muchos casos, ganara: Cuauhtémoc Cárdenas, versión 1988, bis. Le tiene pavor al vacío, a la división y a la independencia. Por su parte, el PAN, como Fox lo confesó varias veces en privado, teme que cualquier candidatura independiente, razonable y presentable, a cualquier nivel, le reste votos en el seno del sector de la sociedad que más le importa y con toda razón, la clase media. Así, por razones de estricto interés partidista, corporativista, partidocrático, el PRI y el PAN prefieren evitar el surgimiento de candidaturas ciudadanas para puestos de regidores, presidentes municipales, diputados locales, gobernadores, diputados federales y senadores. Ya ni hablemos, como decía el albañil, de la Presidencia de la República. Fox, en esta materia como en tantas otras, hizo todo lo que estuvo a su alcance para nunca correr el riesgo de restarle votos a Creel o a Calderón; Calderón, por su parte, no quiere hacer nada que moleste al PRI. El resultado: la consolidación del monopolio electoral de la partidocracia.

La lucha antimonopólica en México reviste varias facetas. Los ciudadanos de a pie no podemos conducirlas todas; pero sí estamos en condiciones de pelear en ciertos frentes. Éste es uno de ellos. El costo no es menor, como se deriva de los golpes bajos de los últimos días. Pero la satisfacción de una lucha bien dada siempre supera los rasponcitos en el camino.

Audiencia pública

Reforma, 6 Feb. 08

La semana pasada informamos de la inminente audiencia convocada por la

Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica sobre las

demandas interpuestas por el que escribe y por la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano por violar los

artículos 23 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Recapitulamos los pasos que se habían seguido para llegar a este

desenlace, y prometimos informar en esta nueva entrega semanal de lo

que posiblemente ocurra pasado mañana en San José. La audiencia es

pública: comparecerá la parte demandada, a saber, el Estado mexicano,

representado por las secretarías de Relaciones Exteriores y de

Gobernación, y las partes demandantes -la Comisión Interamericana y un

servidor. Ambas partes expondrán sus argumentos ante la Corte y ésta

los tomará en cuenta para rendir su fallo en un plazo aún por

determinar. Insistíamos ya hace ocho días que ésta es apenas la

segunda vez en la historia en que el Estado mexicano es colocado en el

banquillo de acusados, y si la Corte no se declara incompetente

-objetivo que busca el Estado mexicano- será la primera vez que el

Estado mexicano y su Presidente sean juzgados por un tribunal

internacional por violar los derechos humanos de un ciudadano

mexicano.

He aquí la primera paradoja de la audiencia. Resulta difícil de

entender por qué los burócratas de Gobernación y Relaciones Exteriores

no supieron evitar que el presidente Felipe Calderón corriera el

riesgo de ser el primer jefe del Estado mexicano en ser condenado por

violar los derechos humanos de uno de sus connacionales. Peor aún: por

un asunto relativamente fácil de subsanar -acceso a justicia y

candidaturas independientes- y que en el fondo no le costaba nada.

Supongo que Calderón tenía plena conciencia, al decidir en contra de

un simple allanamiento unilateral ante ambas demandas, que corría este

riesgo; y supongo también que la SRE y Gobernación le aseguraron que

el asunto era pan comido. Mis abogados me aseguran que en un verdadero

litigio, como será el juicio en la Corte Interamericana, nunca hay pan

comido: se puede ganar o se puede perder.

El Estado mexicano seguramente argumentará que no agotamos las

instancias nacionales al no acudir al TEPJF; que no presentamos la

solicitud de registro de una candidatura independiente a la

Presidencia en los tiempos previstos por el Cofipe; y que la

prohibición en el Cofipe -obviamente no en la Constitución- de las

candidaturas independientes, no contradice el llamado Pacto de San

José, firmado y ratificado por México a principios de los años

ochenta.

Las partes demandantes argumentaremos, como ya lo hemos hecho ante las

instancias nacionales, que no teníamos, ni tenemos, aun con las nuevas

reformas a la Constitución, locus standi ante el llamado Trife; que la

propia Suprema Corte habría resuelto que el Trife no puede conocer de

asuntos relacionados con la constitucionalidad de una norma; y que los

plazos previstos por el Cofipe lo son para los sujetos de derecho del

Cofipe, a saber, los partidos políticos. Y sostendremos también que la

Convención Americana es muy clara, así como lo es la jurisprudencia de